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La idolatría al Estado
El destacado pensador marxista y revolucionario Antonio Gramsci le dedicó, en su multifacética obra, algunas líneas al problema que representa la lógica del Estado para un proceso de transición socialista. Él vislumbró, desde su experiencia histórica, las deficiencias que sufriría el socialismo soviético, sobre todo por la preponderancia desproporcionada que se le otorgaba al Estado en ese sistema.
A esa actitud deformada Gramsci la llamó estatolatría, y la definió como una “determinada actitud respecto del ¨gobierno¨ de los funcionarios o sociedad política, que, en el lenguaje común, es la forma de vida estatal a la que se le da el nombre de Estado y que vulgarmente se entiende como la totalidad del Estado”. También dijo que, en un proceso de transición, “esta estatolatría no tiene que dejarse entregada a sus propias fuerzas, ni tiene, sobre todo, que convertirse en fanatismo teórico y concebirse como ¨perpetua¨; tiene que ser criticada, precisamente para que se desarrolle y produzca formas nuevas de vida estatal en las cuales la iniciativa de los individuos y de los grupos sea ¨estatal¨, aunque no debida al gobierno de los funcionarios”.
Estas reflexiones gramscianas podrían ser muy útiles para los revolucionarios cubanos, que cada día nos esforzamos en la búsqueda de soluciones para enrumbar nuestro proyecto político. Sucede que en Cuba también existe una fuerte estatolatría, visible en todos los aspectos de la vida social. Esto se debe tanto a la influencia que tuvo sobre nuestro socialismo el modelo soviético como a causas endógenas relacionadas con nuestra historia. Y lo peor es que parece no haber conciencia del peligro que eso representa para el desarrollo del socialismo y para la supervivencia del propio proyecto nacional.
A estas alturas nadie podría negar que la revolución cubana, en su etapa insurreccional y en su etapa de radicalización durante la década de los sesenta, fue un proceso esencialmente liberador. Los individuos y los grupos participaron espontáneamente, algunas veces ofreciendo su vida por el triunfo de la causa. Sin embargo, un elemento central que no debe olvidarse es que, a partir de 1959, el proceso de liberación y de subversión cubano se desarrolló en los marcos de la creación de un nuevo Estado. La lógica que prevaleció en aquellos años fue la lógica de la vanguardia, tal y como queda tácitamente reconocido en el brillante texto El socialismo y el hombre en Cuba.
El quid de la cuestión está en que, en aquellos primeros años de la Revolución, era posible hacer coincidir la liberación de los sujetos con la estricta obediencia a la vanguardia política. El nuevo poder surgido de las luchas era popular en su proyección y en sus acciones. Desde que se promulgaron las primeras leyes revolucionarias se desarrolló una dialéctica en la que las masas reaccionaban a cada medida popular del gobierno con una mayor participación en el proceso de transformación. El país entero se vio sacudido por un cambio en los hábitos y en los esquemas valorativos. Entre los sucesos que ayudaron a consolidar el sujeto revolucionario estuvo la creación de las Milicias Nacionales Revolucionarias, en las que mucha gente interiorizó una imagen épica, combativa y militar de la Revolución. Se puede decir que en aquellos momentos el Estado cubano estuvo bastante cerca del ideal marxista de un Estado que no es más que la sociedad civil organizada, sin que ello estuviera reñido con la existencia de una vanguardia política que centralizaba la toma de decisiones.
Esa luna de miel entre libertad y centralismo, no obstante, no podía durar para siempre. Solamente fue posible mientras existieron elementos de la antigua sociedad que subvertir, enemigos internos e invasiones que derrotar, grandes transformaciones que realizar, etc. Existe un momento en las revoluciones en el que se agotan aquellas tareas para las cuales es necesaria una movilización extraordinaria de las masas. Y si no faltan posibles tareas, por lo menos terminan aquellas que el pueblo puede proyectar como de perentoria necesidad. En fin, llega, después de la tormenta, el momento en que la sociedad regresa a un proceso de reproducción relativamente estable. En ese momento, ante la falta de un enemigo común visible y presente, la libertad de los actores sociales tiene que manifestarse como conflictividad interna. Entonces, la lógica de la vanguardia se convierte en un obstáculo.
Uno de los principales problemas que han tenido los proyectos socialistas está en no haber captado el momento en que era necesario pasar de una lógica de vanguardia a una lógica del poder popular. Además, han sido refractarios a aceptar la necesidad de que dentro del poder popular se despliegue un debate y una lucha entre posiciones divergentes. Libertad es siempre libertad para los que piensan diferente, diría Rosa Luxemburgo. La libertad es lo mismo que la negatividad, diría Hegel. El deseo de no mostrar ninguna fisura y pretender que es posible vivir sin conflictos, es una muestra de inmadurez política y de incomprensión de nuestras características antropológicas, sociológicas e históricas. Si a la conflictividad interna no se la reconoce y no se le da un espacio dentro del nuevo sistema, el Estado se convertirá en lo mismo que ha sido desde hace siglos: la expresión coercitiva de una falsa unidad social. La lógica de la vanguardia, cuando se la utiliza más allá del período en que está justificada históricamente, se transforma en la lógica del Estado.
Algunos responderán a esto que ese paso fue justamente lo que se dio en Cuba con la creación de los órganos del poder popular. En parte tienen razón. Yo no puedo olvidar de niño aquellas reuniones del CDR, muchas veces con una bandera de Cuba presente, donde la gente tiraba “al duro y sin guante” contra los problemas, a pesar del calor, la muela y la inminente novela. Pero todo el mundo sabe que esa lógica no fue la que predominó, solo hace falta ver cuánto presupuesto se le dio a los órganos locales para atender los problemas de la población. Lo que ha predominado ha sido una lógica del Estado, que se preocupa por la “seguridad del Estado”, que alega “razones de Estado”, que se preocupa por las relaciones con otros Estados. Ejemplos sobran de esta deformada praxis.
Las causas de esta estatolatría son muy variadas. Sin embargo, una de las principales hay que buscarla en la falta de madurez política tanto de la vanguardia como del pueblo, que les hace confiar excesivamente en que son “los de alante”, los preparados, los más valientes, los que deben dirigir. Es muy cómodo para mucha gente poner toda la responsabilidad por su bienestar en el Estado, y así no tener que cargar consigo mismos. En el caso de Cuba, es necesario destacar la manera inmadura en que las masas rodearon a Fidel con una veneración excesiva y acrítica, poniendo su destino en sus manos como si se tratase de un salvador mítico. De este modo, las masas fueron- como lo siguen siendo- el principal cómplice de la estatolatría.
Aunque no se puede decir aún que la Revolución Cubana llegó a su fin, ni que las relaciones de dominación sean irreversiblemente las predominantes en nuestra sociedad, el futuro del socialismo cubano depende íntegramente de la medida en que sea capaz de combatir la estatolatría. La lógica del poder popular debe pasar a ser la fundamental en nuestra sociedad, aunque ciertas condiciones reales- como la guerra cultural contra un capitalismo que posee hegemonía mundial- hagan necesaria la existencia de una vanguardia organizada. La dictadura del proletariado, ante la imposibilidad de triunfar a escala mundial, debe ceder paso a la república socialista.
Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, es difícil creer que exista una verdadera conciencia de lo que está en juego por parte de nuestros dirigentes, que son los únicos que pueden emprender las transformaciones necesarias. Por un lado, algunas modificaciones de la Constitución, como las referidas a los derechos y la autonomía municipal, nos hacen tener esperanzas. Por otro lado, nos encontramos con que se dice en el nuevo Proyecto de Constitución: “ARTÍCULO 21. Se reconocen las formas de propiedad siguientes: a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario…” Mientras más estatal sea una empresa menos socialista será. Increíble: después de tantos años criticando la democracia representativa, ahora queremos que el Estado nos represente como propietario. En nuestra concepción de la empresa estatal deberían tomarse en cuenta experiencias de democracia obrera como la autogestión yugoslava, así como las nuevas ideas sobre economía social y solidaria. Son los trabajadores los que deben dirigir la empresa, porque los trabajadores deben tener el poder estatal.
Una Revolución que se hizo para conquistar toda la justicia no tiene que sufrir el triste destino de otros procesos revolucionarios. Nosotros tenemos a Martí, quien nos enseñó que la patria es ara, no pedestal. No basta con un Estado libre, necesitamos una sociedad libre.
Por un Tribunal Constitucional
Para que la constitución sea de veras la ley suprema es preciso cuidarla, interpretarla según la letra y el espíritu de sus creadores y poder defenderla ante cualquier violación de sus postulados por una norma de menor rango (leyes, decretos-leyes, decretos, etc.) y/o la actuación de cualquier sujeto jurídico que pretenda ignorarla de cualquier manera.
A nivel planetario, para amparar la Ley de leyes se han ideado dos modelos: el austríaco, basado en un tribunal constitucional, y el estadounidense que establece una Corte Suprema encargada, entre otras funciones, de proteger la constitucionalidad. La Constitución liberal de 1901 optó por el sistema americano, y entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia incluyó la de Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre partes (Art. 83). La del 40, más progresista y democrática, cambió al europeo y creó un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales (Art. 182).
El TGCS era competente para conocer sobre: recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o actos que negaran, disminuyeran, restringieran o adulteraran los derechos y garantías que impidieran el libre funcionamiento de los órganos del Estado; consultas de jueces y tribunales sobre la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones; recursos de habeas corpus, por vía de apelación, o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales; validez del procedimiento y de la reforma constitucionales; cuestiones jurídico-políticas y de legislación social y recursos contra los abusos de poder.
Según su Art. 183, podrían acudir ante el TGCS: el Presidente de la República, el Presidente y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno, Senado, Cámara de Representantes, Tribunal de Cuentas, Gobernadores, Alcaldes y Concejales; Jueces y Tribunales; Ministerio Fiscal; Universidades; organismos autónomos autorizados por la la Ley y toda persona individual o colectiva que hubiera sido afectada por un acto o disposición que considerara inconstitucional (el subrayado es mío). En uso de esas atribuciones ciudadanas, Fidel impuso ante el TGCS, en 1952, un recurso de inconstitucionalidad por la violación de la Carta Magna del 40 que significaban los Estatutos Constitucionales impuestos por el tirano Batista.
Con la Ley Fundamental de 1959, que adecuó la constitución del 40 al nuevo status revolucionario, no se eliminó el TGCS sino que se transformó en una Sala del TSJ. Según su Art. 150: “El Tribunal Supremo de Justicia se compondrá de las Salas que la Ley determine. Una de estas Salas constituirá el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.”
En 1974, fue ante esta sala que apelaron los afectados durante el Quinquenio Gris -representados por sus sindicatos y amparados por la ley de Justicia Laboral-, y obtuvieron un dictamen histórico, único hasta hoy. En él la “parametración” fue considerada una medida inconstitucional, de «abuso de poder» contra los trabajadores de la cultura y los reclamantes tendrían que ser indemnizados con el abono de todos los salarios no percibidos desde su destitución hasta aquel momento. Fue el canto del cisne de aquel órgano.
Poco tiempo después, la constitución socialista de 1976, adaptando a nos el modelo del Soviet Supremo de la URSS, otorgó esta facultad a la propia Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), mediante una Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Cual avestruz que metiera la cabeza en la arena ante el peligro inminente, la ANPP en 42 años de existencia jamás ha usado su facultad de emitir recursos de inconstitucionalidad.
Realmente un TGCS, si hubiera funcionado de veras, hubiera tenido mucho trabajo de 1976 acá. Téngase en cuenta que cuando la Universidad de Oriente hizo un estudio sobre unas ochenta cuestiones (reservas) que la Constitución estimó que debían ser desarrolladas y complementadas por la ANPP, se reveló que la inmensa mayoría no fue implementada por ella sino por el Consejo de Estado. En general, la cantidad de decretos-leyes del CE –más de 300- casi triplica la de leyes dictadas desde 1976, poco más de 100. Y ni hablar de los decretos del Consejo de Ministros, que suman una cifra mucho mayor.
En 42 años de existencia jamás la Asamblea Nacional ha usado su facultad de emitir recursos de inconstitucionalidad
Otra práctica reiterada ha sido la aprobación de decretos -ejemplo, el 302/2012, de la reforma migratoria- que modificaron una ley. Pero lo peor han sido las aberraciones constitucionales que se han vuelto masivas y sistemáticas como la aceptación del otorgamiento a decenas de miles de cubanos de una segunda ciudadanía, cuestión prohibida por la del 76 en su art. 32 que reza: “No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana.”
O, peor aún, la violación sistemática de sus artículos 14 y 21 al admitirse el renacimiento de la explotación capitalista con la apertura a las inversiones de capital trasnacional en importantes sectores y la proliferación de la pequeña y mediana empresa mediante el llamado TCP. Por eso, al efectuarse la Conferencia del PCC (2012) un delegado cuentapropista estuvo a punto de formar un pandemónium al pedir ingenuamente a los decisores que le aclararan si sacarle plusvalía a sus obreros era, o no, una violación de la constitución socialista.
El establecimiento de un TGCS en nuestra segunda constitución socialista vendría a contribuir al empoderamiento ciudadano y a brindarle un instrumento poderoso a los comunes para ejercer la democracia socialista directa, tan venida a menos. De esta forma, el litigante no tendría que perderse en el laberinto de sistemas representativos y canales establecidos para obstruir el libre ejercicio del derecho a defender la Ley de leyes.
Nueva Carta Magna
En 2019 Cuba tendrá nueva Constitución. Mucho se habla en la calle sobre el tema, y eso, es buena señal. El interés y el debate que suscita en el país este cambio, permitirá lograr el ejercicio popular que se quiere. Todos y cada uno de los que tienen algo que decir, podrán hacerlo y aportar, a lo que a partir de ahora será por mucho tiempo, la nueva Carta Magna de este país.
Aunque la experiencia ha demostrado que en Cuba hay seriedad y responsabilidad para alcanzar resultados positivos antes estas consultas, lo más novedoso en estos casos será el debate mismo y lo que las personas sean capaces de decir.
En esta ocasión el diálogo trasciende las fronteras y llega a cada uno de los rincones donde están los cubanos. No solo en la Isla sino también en el exterior, se debatirá este Anteproyecto que cambiará alrededor del 70 por ciento de lo que hoy rige al país.
Hablar de temas tan delicados como la familia, la tolerancia, la discriminación; analizar las nuevas formas de gobierno, cómo organizar estructuralmente mejor al país; reconocer nuevas figuras sociales y económicas, declarar derechos internacionales, de ciudadanía, posiciones diplomáticas y otros muchos temas en un documento como este, pone a Cuba en una posición muy avanzada con respecto a otros países de la región y del mundo.
Sin embargo, lo fundamental es que los cubanos se sientan identificados con todo lo que proponga la nueva Constitución, que se domine, que se cumpla que haga de Cuba un mejor país, pero que sobre todo sea capaz de representar a los que vivimos en esta Isla.
(Editorial de la revista número 18 de La Joven Cuba)
La Constitución de un pueblo libre
Por estos días, la noticia más trascendente en el escenario político cubano es la presentación del nuevo proyecto de Constitución. El texto ha provocado diversas reacciones, aunque en general son reconocidos los avances que trae en materia de ampliación y garantías de los derechos, reconocimiento de la propiedad privada, modernización de la estructura del Estado, matrimonio igualitario, autonomía municipal, entre otros aspectos. Pero para muchos de nosotros lo más importante es que dicho proyecto será sometido a una consulta popular, lo cual va a abrir un espacio para la participación ciudadana en un momento decisivo. La nueva Constitución será objeto de discusión en barrios, centros de trabajo, escuelas y organizaciones. También desde aquí, desde el ciberespacio, habrá que alzar la voz para acompañar ese gran debate.
Mucho es lo que hay que decir y aportar sobre el nuevo texto constitucional, tanto que el autor de estas líneas lamenta que no quepa en un post. No queda más remedio que limitarse a comentar un aspecto de la cuestión, que no por parcial y periférico deja de ser importante. Desde hace algún tiempo, se ha hecho común encontrar en el escenario cubano críticas en materia constitucional que se hacen desde el punto de vista de la división de poderes. Los individuos que llevan a cabo estas críticas suelen ser destacados profesionales de las ciencias sociales, los cuales sin embargo piensan dentro de la constelación conceptual de lo que es una república liberal burguesa, sin ser capaces de ir más allá. Recientemente, algo de ese espíritu se ha puesto de manifiesto en el debate sobre la necesidad de un Tribunal Constitucional.
Algunos han argumentado que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no puede ser «juez y parte».
Se trata de una crítica hecha, sin dudas, en el espíritu de la división de poderes y de su visión del Estado como una maquinaria hecha de pesos y contrapesos. Frente a ese punto de vista, el autor de estas líneas respetuosamente disiente. En Cuba existen grandes problemas en la formulación técnica y en la aplicación de los principios que rigen su sistema político. Pero esos principios, que se mantienen fundamentalmente sin variación en el proyecto de nueva Constitución, son los adecuados para una república socialista.
Una república, tradicionalmente, es la forma de gobierno en la que no existe un monarca. Sin embargo, tal y como revela la etimología de la palabra- la cosa pública-, se supone también que en una república el cuerpo político esté al servicio del interés público general. Se trata sin duda de un ideal muy hermoso; no obstante, no se puede dejar a un lado cuál ha sido la historia concreta de esta forma de gobierno en las sociedades divididas en clases. Las repúblicas, en el pasado, han sido sostenidas por aquellas clases que tenían su principal forma de obtener poder en la esfera privada estrictamente económica, como los esclavistas en la antigüedad, los gremios de artesanos en el medioevo y la burguesía en la modernidad. Estas clases, con su ventaja social garantizada en la esfera privada, y necesitadas de reglas claras que asegurasen la convivencia y la estabilidad de los negocios, fueron las pioneras en estructurar el espacio público como un área de resolución de conflictos y en someter el poder político al sostenimiento de las leyes.
En el capitalismo, la forma principal de obtener poder es mediante la acumulación de capital, algo que ocurre totalmente en la esfera privada. La vida es un casino y por eso en los buenos tiempos lo más recomendable es que haya reglas claras. La alianza de clase de la burguesía, que sabe lo que le conviene, es lo que sostiene los actuales «Estados de Derecho», en los que la ley está por encima de todos los actores, y existe todo el sistema de los pesos y contrapesos. De más está decir que estas repúblicas son el engaño supremo, aunque ciertamente son un avance con respecto al absolutismo y la dominación franca y abierta del medioevo.
Ahora bien, una república muy difente tiene que surgir cuando son las clases populares, tradicionalmente explotadas en la estructura económica, las que fundan el Estado. Y es que estas clases no pueden estructurar el espacio público como un «área secundaria», como un sitio donde no ocurre lo fundamental, sino que por el contrario deben hacer de lo público lo central, ya que el poder político es la única forma de poder con que cuentan, al menos al principio. En la contemporaneidad, por supuesto, el signo bajo el que surgen estas sociedades contrahegemónicas no puede ser otro que el del socialismo.
La dialéctica de una sociedad gobernada por «los de abajo» es muy diferente a la dialéctica de una república de poderosos. Las leyes no pueden ser el valor supremo en la nueva república, pues se sobreentiende que en el proceso de construcción de una sociedad totalmente nueva las leyes deben ser flexibles y temporales. El valor supremo lo constituye el Proyecto, alrededor del cual se ha desarrollado el sujeto colectivo revolucionario. A partir de ese Proyecto se debe crear un Poder, que debe estructurarse lo mejor posible como un gobierno directo de la sociedad civil revolucionaria.
En la república socialista, no se necesita que el estado esté lleno de pesos y contrapesos, porque la idea es que se exprese directamente la voz del soberano, que es el pueblo. El peligro de la arbitrariedad y la dictadura no se combate con reglas claras, sino modificando la naturaleza del estado, transformándolo «de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella».
No se reparte el pastel, se elimina el pastel
Para entender el proyecto de nueva Constitución cubana y el papel que juega en ella la ANPP, es necesario recordar algo que hoy en día casi nadie quiere recordar: las raíces que tiene nuestro magno texto en el costitucionalismo soviético. Nuestra ANPP es el equivalente a lo que en la Unión Soviética era el Soviet Supremo, y eso es algo que debería ser objeto de reflexión más a menudo.
Las constituciones soviéticas, desde las primeras, no plantearon ninguna división de poderes, porque se concebía un único poder, el del proletariado. A la hora de definir la estructura del estado, aquellas constituciones se guiaron por la aspiración marxista de que en el socialismo se elimine la separación burguesa entre la sociedad y el estado. Lo que se buscó fue fijar en normas la absorción de todos los poderes por parte de la nueva clase dirigente, el proletariado, así como el ejercicio del mismo a partir de los nuevos órganos de participación popular, que en el contexto de aquel proceso revolucionario eran los soviets. Como es sabido, el derrotero histórico de la Unión Soviética llevó a una seria distorción de aquellos principios que estaban plasmados en la Constitución: sin embargo, eso no niega la justeza en sí de los principios surgidos al calor de la Revolución de Octubre.
El proyecto de nueva Constitución cubana ha respondido en su confección, lo cual es muy saludable, más a cuestiones prácticas y contextuales que a presupuestos teóricos. Pero la única razón válida para que se mantenga la existencia de una Asamblea que en última instancia concentra todos los poderes y que tiene facultades constituyentes, es porque se quiera establecer un poder popular donde la voz del soberano esté todo el tiempo presente.
Nuestra república queda definida en el nuevo proyecto como un Estado Socialista de Derecho, lo cual es muy positivo, en el sentido de que refuerza el papel de las leyes y la noción de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En el pasado, una de las distorsiones ocurridas en el socialismo estuvo en dejar desprotegidos los derechos de los individuos, por un abuso de la prioridad del proyecto colectivo. La república roja, socialista, debe crear las condiciones para que haya un equilibrio entre los derechos de la comunidad, defendidos por el sujeto colectivo revolucionario, y los derechos de los individuos, incluso de aquellos que no se sienten parte del proceso.
No se debe sacrificar, por la justicia del futuro, la justicia del presente.
Hablando con propiedad, incluso puede que sea muy útil un Tribunal Constitucional, o una sala constitucional en el Tribunal Supremo. Lo que no se puede pretender es que deba crearse una ley o un tribunal que estén por encima del poder popular, o que sean independientes de él. La ANPP lo que debe ser es democrática, terriblemente democrática, debe ser casi parte de la sociedad civil. La Constitución, las leyes y los tribunales son solo herramientas a través de las cuales un Poder Revolucionario lleva adelante su Proyecto. Un Proyecto que, en el caso cubano, debe tener como portador y garante al Partido Comunista de Cuba.
Si se cumple con la estructuración popular del poder, no es necesario preocuparse porque este sea juez y parte. Un pueblo libre siempre deberá ser juez de sí mismo.
Rescatar el sandinismo
Lo usual es escribir sobre Cuba pero lo que ocurre en otras naciones también importa. Tal es el caso de Nicaragua, país del cual intenté mantenerme al margen, quizá por no concientizar la gravedad del asunto, quizá por valorar la reacción que desataría una postura al respecto.
Hace unas horas, una destacada revolucionaria y amiga latinoamericana me envió sus impresiones y las de otros compañeros. Me hizo comprender que Nicaragua es asunto de todos y que hoy para mí, hablar de Nicaragua tiene la misma importancia que hablar de Cuba.
Ya una parte de la intelectualidad de izquierda, revolucionaria y amiga de Cuba, se ha pronunciado al respecto. Entre ellos Atilio Borón, quien afirma: “No se puede entender lo que está ocurriendo en Nicaragua sin tener en cuenta los síntomas de esta involución del sandinismo y el desgaste de su filo revolucionario.”
Muchos todavía parten del supuesto de que Ortega es revolucionario, socialista, progresista y líder de izquierda. Eso se dice en Cuba, y muchos lo defienden a ultranza y culpan de todo al imperio. Si bien es cierto que este último considera legítimo inmiscuirse en política interna de sus vecinos, no quiere decir que todo el que se le enfrentó a él y aparentemente aún lo hace, sea bueno. Los malos también pelean entre sí.
No se puede pensar a Nicaragua con ninguna clase de fanatismo. Por eso, hago un llamado a la objetividad, a dejar de buscar la culpa siempre fuera, típica reacción, muy recurrente en las izquierdas, que solo sirve para exculpar los propios errores, ocultar fracasos propios y desplazar la responsabilidad a fuerzas externas. Búsquese qué ocurrió y ocurre en Nicaragua.
Lo primero sería reconocer -guste o pese- que la rebelión ya tiene un carácter significativo, por lo que no se puede tapar el descontento popular, por tanto, descontento con el gobierno. ¿Culpa del imperio?
No se puede hablar de la historia reciente de este país sin mencionar “la piñata”, proceso en el cual, muchos de sus cuadros y algunos comandantes, en nombre del bienestar y preservación de la “sacrosanta revolución” se hicieron de muchas propiedades. Hecho que decepcionó a la izquierda regional.
Entre esos beneficiados estaba Daniel Ortega, quien ha agregado negocios como petróleo y combustibles, canales de televisión y radioemisoras, negocios turísticos, empleando en la gestión a sus hijos.
Ocurrió el caso de Zoilamérica, hija política de Ortega que lo acusó de abuso sexual, proceso en el cual un juez “sandinista” hizo un artilugio y desapareció la causa. Saltaron a decir que era cosa de la CIA. ¿Cómo alguien va a creerse que si la hijastra lo acusa de abuso va a ser cosa de la CIA? Es como si se pudiera hacer todo mal y después echarle la culpa al imperio.
Algunos afirman la pureza del líder por su participación en gestas liberadoras, aunque después pudiese desertar, cambiar de parecer o simplemente haber atentado contra la integridad de la revolución. En Cuba también hemos tenido de esos héroes, que luego han se han comportado como canallas.
Entrando ya en lo ocurrido realmente: Ortega se alineó con el FMI. Este felicitó al presidente por su gestión y le auguró una buena racha económica al país. Ya que algunos les gusta a aplicar el dime con quién andas… ¿podemos pensar que un gobierno obrará en favor de los desposeídos de la mano del FMI? Respuestas positivas ofenderían a la Revolución cubana misma.
No podemos defender lo mal hecho solo porque es de los nuestros. Estamos denigrando la imagen de las izquierdas cuando apoyamos casos como el del gobierno de Nicaragua.
Recuerdo que en Venezuela Maduro siempre ha intentado dialogar con la oposición, intentando encauzar el descontento de ciertos sectores, siempre dispuesto a dar su brazo a torcer al pueblo; mientras Ortega gestiona a base de decretos, como el más puro caudillo.
Siempre estará la garra del Norte, ahora camuflada en USAID y NED. La Seguridad del Estado en Nicaragua ha calificado como subversivos programas de la USAID encaminados al fortalecimiento de derechos ciudadanos, participación ciudadana, o la creación de una cultura de exigencia de transparencia a las instituciones de gobierno. Si bien todo eso es positivo, seguro lo apoyan porque beneficia a la desestabilización de la izquierda en la región.
Ahora, suponiendo que el apoyo exterior no viniera condicionado a objetivos políticos, ¿Ortega o su gobierno se sentirían amenazados con un aumento de la democracia, la transparencia y la participación?
Una cosa es ser conscientes del acecho y otra pensar que la gente molesta es cosa del imperio. Fue el gobierno, solito, el que apostó por subir impuestos y bajar ingresos de los ciudadanos. Eso lo hace el gobierno, ¿y el descontento tiene que inducirlo la CIA? Disturbios financiados de seguro hubo, pero la rebelión es resultado del descontento que se ha acumulado por el desgaste de un modelo económico y político.
Para los que sospechan, hoy las huelgas y demás se convocan en las redes. Estas, como muchos saben, encuentran un efecto viral si el mensaje tiene una base social, sin ningún organizador, con muchos centros a la vez. En todo caso, si la gente se siente mal, solo culpará al causante de la molestia.
Considero que un gobierno cuyos líderes se han enriquecido como clásicos burgueses de la región, que han sido partícipes de escándalos de abuso sexual, que han gobernado la crisis sin ceder -como si el pueblo se debiera a ellos-, y que entregaron su país a las políticas del FMI, no es para nada de izquierda, ni revolucionario ni progresista. Se ha convertido en otro caudillo.
No hay que aguantar a un traidor por no seguirle la rima al imperio. La izquierda debe combatir al primero, pero también a los segundos. La CTC no murió tras el período mujalista, fue rescatada por otros revolucionarios posteriormente. La revolución nicaragüense ha sido traicionada pero el sandinismo no ha muerto. Suéltela quien ya no la merece y dele paso a otros revolucionarios.
¿Fines sin medios o medios sin fines?
El consejo de Nicolás Maquiavelo a su príncipe: “el fin justifica los medios”, asume el pragmatismo a ultranza por encima de cualquier principio, aún los éticos. No siempre el fin justifica los medios, pero sí debe existir correspondencia entre ellos. La coherencia en la política, es una virtud.
La decisión de eliminar de los artículos del proyecto de Constitución la aspiración de llegar al comunismo, debe ser analizada como un cambio trascendental en los principios del Partido Comunista de Cuba, que, no obstante, se mantiene en el aludido proyecto como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” (Art. 5).
Muy poco trascendió de los debates en la Asamblea Nacional sobre ese aspecto, sin embargo, lo observado fue suficiente. A continuación transcribo el intercambio televisado entre un diputado y su presidente Esteban Lazo:
Diputado (no identificado en el fragmento televisivo): “En la Constitución del 76, la anterior, el artículo 5 habla de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista, y hoy estamos detenidos, o nos detuvimos, en la construcción del socialismo”.
Esteban Lazo: “Hay un problema importante que explicaba ahora el compañero Andollo, hay muchas cosas que en el año 76… el país vivía una situación totalmente diferente, incluso el mundo vivía una situación totalmente diferente a la situación que actualmente tenemos. Después vino el derrumbe del campo socialista y todas aquellas cosas que nosotros conocemos, pero cuando nosotros estamos analizando la Constitución, que como bien se ha dicho aquí es un documento que tiene que plantear determinadas políticas que después se ampliarán en leyes, nosotros no podemos olvidar que nosotros tuvimos un 6to. Congreso del partido y un 7mo. Congreso del Partido, y que en ese congreso del Partido y en este parlamento, en la anterior legislatura, nosotros aprobamos la conceptualización de nuestro modelo, y en nuestra conceptualización precisamente no es por gusto que no planteamos la palabra comunista. Nosotros no perdemos la ideología nuestra Marxista-Leninista, pero tenemos que ver el problema también en épocas, por eso en la conceptualización, cuando se plantea la visión, se habla de lograr un país socialista”.
Reconocer la influencia de las “épocas” es correcto, aunque demorar 28 años para hacerlo es, cuando menos, irresponsable. Claro que recordamos “el derrumbe del campo socialista y todas aquellas cosas”; también recordamos la actitud intransigente del IV Congreso del PCC en 1991 y el hecho de que un cambio así no se incluyera en la reforma constitucional del 92. Pero apartando el contenido extemporáneo de la anterior explicación, el hecho cierto es que la eliminación del término comunismo es fundamentada solamente desde una perspectiva epocal, en consecuencia, ajena al PCC, y ello intenta pasar por alto el quid de la cuestión: que la aprobación de la propiedad privada en la nueva Constitución vacía de sentido la aspiración de llegar a una sociedad sin ella; por eso es al terreno de los principios y no al de las épocas donde hay que remitirse.
Me parece realista el cambio, estoy de acuerdo con él. Pero el giro que da al horizonte ideológico en Cuba debe ser dialéctico, es decir, en forma de sistema. Si no pretendemos arribar a una sociedad comunista, ¿por qué la fuerza dirigente superior mantiene ese término en su nombre?
No es la primera vez que los comunistas llegan a una encrucijada semejante. Cuando en 1944 entendieron que no podían “saltarse a la torera (…) una etapa que (…) será realizada bajo el sistema de la libre empresa”,[1] de manera inmediata decidieron cambiarle el nombre a su organización. La Asamblea Nacional del Partido fundamentó de este modo su decisión:
«Sería larga la lista de los partidos realmente marxistas que cambiaron el nombre frente a razones trascendentales (…) En nuestro caso, el nombre socialista es justo porque el socialismo es nuestro ideal y nuestro objetivo y es oportuno porque en la etapa en que vamos a entrar han de producirse, y a ello tenderemos y por ello pelearemos, notables avances de franco carácter socialista. Y somos fieles a nuestros principios porque, si queremos de veras la transformación social, llevada a su mayor justicia, debemos adecuar nuestra actividad, tanto en orientación como en el nombre, a lo que cada etapa posibilita y señala hacia el camino en el propósito más alto. Se traicionan los principios cuando no se ponen todos los cuidados en hacerlos avanzar en el curso de una realidad y no en la imaginación generosa y desbocada de unos cuantos». (pp. 12-13)
La reacción de algunos antiguos militantes fue contraria a esa determinación, pero, como explicara Juan Marinello, presidente de los comunistas: “como son precisamente los principios los que empujan al cambio de nombre, es fácil deducir y esperar que estos viejos compañeros (…) aceptarán convencidos el cambio” (p. 12).
A los que piensan que luchar por el socialismo y crear un partido afín con esa lucha es una traición, debemos recordarle que un pensador auténtico como el marxista peruano J.C. Mariátegui defendía el criterio de que un Partido Socialista daba mayor posibilidad de abrirse a diversos actores sociales o políticos, clase media e intelectuales; de ahí sus polémicas con la dirección del Comintern que esgrimía una estrategia sectaria. Solo después de su muerte se le cambia el nombre por Partido Comunista de Perú.
Si tal como ocurriera en el pasado, ahora también el socialismo es “nuestro ideal y nuestro objetivo” —es decir nuestro fin—, entonces deberemos adecuar igualmente a esa meta los medios políticos. Es evidente que un Partido Socialista, que represente e incluya a los actores sociales que nacerán de los cambios constitucionales, personificará mejor los nuevos principios partidistas que el actual nombre. De no hacerlo, estará en juego la credibilidad ideológica del Partido y, lo que es peor aún, correremos el riesgo de llegar muy pronto a la situación que describe el título de este post.
[1] Juan Marinello: “El Partido Socialista Popular”(folleto), Imprenta Luyanó 13, p. 9. En Archivo del Instituto de Historia de Cuba: Fondo 1 (Primeros Partidos Comunistas, Mov. 26 de julio y otros).
Una Constituyente digital
La aparición del Proyecto de Constitución 2018 ha creado un alto nivel de expectativas en la población y abundan los lectores que, tanto en la tranquilidad del hogar como en la vorágine de los parques convertidos en zonas wifi, la analizan y comentan con sus allegados en franca competencia con la reciente participación cubana en los Juegos Centroamericanos.
Ya la transmisión pública de amplios resúmenes de los debates del anteproyecto en la Asamblea Nacional (ANPP) nos permitió conocer por donde vienen los cambios, aquilatar la complejidad y profundidad de varios temas y la seriedad con la que fueron analizados por los diputados/constituyentes. Además, se constató el trabajo concienzudo de la comisión encargada del proyecto y los fundamentos que sostienen aquella parte del articulado cuyo análisis se socializó.
Ahora vendrá un proceso de mucha mayor trascendencia popular donde la participación directa de los ciudadanos/ciudadanas tendrá el rol primordial. Sin olvidar el fenómeno de masas que significaron las deliberaciones radiadas de la Constituyente de 1940, las experiencias más inmediatas de discusión popular para la aprobación primero (1976) y modificación después (1992 y 2002)[1] de la primera constitución socialista son precedentes honrosos e inolvidables que estamos llamados a superar.
En 1975, al someterse a consideración el anteproyecto, elaborado por una Comisión Redactora encabezada por el Dr. Honoris Causa en Ciencias Jurídicas de la UH Blas Roca Calderío –uno de los más importantes constituyentes del 40- el pueblo debatió y opinó con creces. Participaron más de 6 millones de personas y sus 12,883 propuestas de enmiendas y 2,343 adiciones al proyecto originalmente presentado llevaron a modificar 60 de los artículos iniciales, lo que demuestra la activa deliberación popular en la génesis de aquella ley fundamental que hoy cambiamos por obsoleta.
En 1990, cuando el “Llamamiento al IV Congreso del PCC” convocó a un amplio debate popular sobre las necesarias reformas al modelo cubano, en pocos meses se realizaron más de 70,000 asambleas, donde se vertieron casi un millón de opiniones. De aquí partieron los criterios que se plasmaron en la amplia y profunda reforma constitucional de 1992. En los debates parlamentarios efectuados entre el 10 y 12 de julio se produjeron 296 intervenciones de diputados, que dieron lugar a la supresión de 16 artículos, la transformación de 64 y la introducción de 13 nuevos en el texto finalmente aprobado.
Una década después, entre los días 15 y 18 del mes de junio del 2002, la mayoría del pueblo (más de 8 millones de firmas) expresó su apoyo al proyecto de reforma constitucional mediante el cual se propuso la inserción en la constitución de dos cláusulas de intangibilidad que declararan el carácter irrevocable del socialismo y la prohibición de negociar bajo coerción de un gobierno extranjero. Era la categórica respuesta a las exigencias y amenazas contra la Revolución lanzadas por el pequeño Bush en su discurso por el centenario del 20 de mayo de 1902. La ANPP aprobó esta reforma en sesión extraordinaria de la V Legislatura, celebrada los días 24, 25 y 26 de ese mismo mes.
Ahora la situación es diferente y la magnitud de la propuesta es mucho mayor, pues se trata de un nuevo texto constitucional que deroga el anterior. En este 2018 hay condiciones creadas para que el debate del proyecto pueda escapar de los estrechos límites de las reuniones de los CDR y los colectivos laborales y llegue a ser mucho más participativo y directo. Para algo estamos en la era de internet y existe un grado de conectividad en todo el país como nunca antes.
Sin dudas, este entorno propiciará que millones de cubanos y cubanas pueden dar sus criterios digitalmente –espero que con menos seudónimos, ya que la seriedad del tema amerita la participación ciudadana sin mascarillas electrónicas-. Avizoro que la mayor parte de nuestro ya numeroso y diversificado ciberespacio contribuirá al debate y enriquecimiento del documento desde sus miles de sitios web, blogs y foros.
Por mi parte, después de hacer una inesperada cola que engrosaba sin cesar, pude comprar el tabloide del proyecto y ya lo leí detenidamente. Esta primera lectura me permitió constatar su superioridad respecto al anterior, sobre todo en la actualización de cuestiones medulares como los fundamentos económicos, derechos individuales y el empoderamiento de los municipios. Ya tengo una lista de dudas, observaciones y añadidos de los que prometo escribir varios post en función de contribuir a esta constituyente digital que se nos avecina.
[1]En 1982 se le introdujo una primera modificación al cambiarse el nombre de Isla de Pinos por Isla de la Juventud pero esto no trajo consigo ningún debate trascendente.
