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Economía

Análisis de dinámicas que influyen en el desarrollo de la economía nacional

Punto A

Del Punto A al Punto B o la increíble persistencia en el error

por Mauricio De Miranda Parrondo 5 agosto 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Las autoridades económicas cubanas anunciaron hace días que se establecería un mercado formal —léase estatal— de divisas. Sin embargo, en el programa Mesa Redonda de la tarde del 3 de agosto, al que acudieron el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil y la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, confirmaron que, «de momento», las instituciones bancarias del país y las casas de cambio solo comprarían divisas a partir de una tasa de cambio de referencia entre un dólar estadounidense (USD) por 120 pesos cubanos (CUP); que en realidad se convertirían en 110,40 debido a la aplicación de un «margen» por la operación.

Llama poderosamente la atención que el gobierno cubano, en lugar de intervenir el mercado cambiario para reducir la brecha existente entre el tipo de cambio del mercado informal y el oficial, adopte, en la práctica, el informal que, dicho sea de paso, había sido desautorizado por el propio ministro en exposiciones anteriores cuando lo denominara «especulativo». ¿Ahora deja de serlo porque es oficial o más bien el gobierno ha decidido extraer las rentas que produce la adopción de un tipo de cambio al que el banco central no es capaz de vender la divisa extranjera y que es responsable de la existencia de un mercado paralelo?

A este mercado podrían acudir las personas naturales, los turistas e incluso los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agrícolas, micros y pequeñas empresas; es decir, todos los actores económicos, con excepción del Estado que se seguirá rigiendo por la tasa ficticia de 1 USD por 24 CUP. Sin embargo, Alejandro Gil reconoció textualmente que «el mercado cambiario no puede operar a ese tipo de cambio».

Valdría la pena que le respondiera al país por qué entonces se mantiene un tipo de cambio ficticio, por demás sobrevalorado, que afecta a los exportadores que reciben menos pesos de los que deberían si esos dólares se vendieran en el mercado y, al mismo tiempo, beneficia a los importadores porque les permite adquirir los dólares a un precio inferior, aunque en este caso deberían esperar por una asignación discrecional.

Por el momento —dijeron los funcionarios— solo se comprarían las divisas, debido a que la venta se producirá en un impreciso después, como también será para después la soberanía del peso cubano en todas las transacciones domésticas, que el ministro definió como «objetivo estratégico» pero que en este momento —según él— no puede lograrse. Entonces nos sugiere «ir del Punto A al Punto B, es decir, no hacerlo de un salto».

Una vez más las autoridades cubanas parecen decididas a persistir en el error al desconocer las realidades objetivas de la economía, creyendo que las pueden vulnerar y que tienen todo el tiempo del mundo para llegar a los «objetivos estratégicos», en un largo camino que cada vez menos ciudadanos están dispuestos a aceptar. En medio de este proceso, combinan el excesivo voluntarismo y la irresponsabilidad política con una notoria debilidad teórica y conceptual.

La soberanía plena del peso y el tipo de cambio único

La conversión del peso cubano en la única moneda en la que se produzcan todas las transacciones en la economía es urgente e imprescindible. No es cierto que no existan las condiciones en el país para adoptar una medida de este calado. La existencia de un segmento del mercado al que solo se puede acceder con divisas es una de las razones, además de su escasez, para que la moneda nacional se desvalorice en el mercado doméstico y se reduzca su capacidad adquisitiva.

Adicionalmente, esto significa una inaceptable marginación para aquella parte de la población que no recibe remesas, que no tiene familiares en el exterior o que no tienen ingresos en divisas, lo cual, además de un problema económico es también político.

La existencia de una moneda única permite a los Estados usar tanto la política monetaria como cambiaria junto a otras, como la fiscal, comercial, laboral, etc., cual instrumentos para orientar la coyuntura en función de objetivos estratégicos definidos. No obstante, para ello es imprescindible la existencia de un tipo de cambio único, que refleje las condiciones del mercado, opere para todas las transacciones internacionales en la economía y permita el establecimiento de los precios relativos que aseguran la conexión entre la economía doméstica y la global.

Un tipo de cambio establecido por el mercado, cualquiera que este sea —y no por una decisión discrecional de las autoridades—, permitiría al peso cubano tener una convertibilidad real en el territorio nacional, de manera que los bienes importados puedan ser pagados a su precio real en pesos.

Como ese tipo de cambio seguramente será más alto que el que el gobierno se empecina en fijar como oficial, las empresas que generen exportaciones —sean estatales, cooperativas o privadas—, quienes ofrezcan servicios turísticos con independencia del tipo de propiedad, u otros servicios transables internacionalmente, se beneficiarían de mayores ingresos en moneda nacional por cada dólar ingresado.

Punto A

Por el contrario, quienes realizan importaciones de bienes o servicios, deberían destinar más pesos por cada dólar, con el consecuente encarecimiento de las mismas, lo que debería permitir a los productores nacionales que estén en capacidad de sustituir esas importaciones con producción nacional, competir en precios con los bienes extranjeros. Obviamente, para que ello sea posible debería existir un sector productivo con capacidad de sustituir importaciones, porque de lo contrario se incrementaría el déficit comercial, se deterioraría el balance de pagos y, en consecuencia, la capacidad financiera externa del país.

Por tales razones, resulta imprescindible que se eliminen las inmensas restricciones que en la actualidad obstaculizan el emprendimiento en las diversas actividades productivas, muy especialmente en la industria, la agricultura, el transporte y las comunicaciones, entre otros.

En lugar de esto, las autoridades cubanas apelan al fracasado expediente de los tipos de cambio múltiples, que crearán nuevas distorsiones en los precios relativos con un impacto nocivo sobre la estructura de la economía, la competitividad de la producción nacional y los equilibrios macroeconómicos.

Es absurdo que los sectores económicos que resultan transables internacionalmente deban operar en un tipo de cambio ficticio que no resulta de las condiciones de un mercado libre —aunque pueda ser regulado, no controlado— y transparente; mientras que la población, los turistas y los actores económicos no estatales deban operar internamente a otra paridad, cinco veces superior.

¿Qué incentivo tendría un inversionista institucional para colocar su capital en el país —incluso haciendo abstracción de la ausencia de condiciones institucionales que favorezcan las inversiones foráneas— y recibir 24 pesos por dólar invertido cuando en un mercado paralelo podría recibir 110,40 CUP? Con esta decisión le están asestando un golpe, también, a la inversión extranjera directa.

Por otra parte, muy probablemente quienes han estado operando en el mercado informal comiencen a subir el precio al que pagan la divisa extranjera, toda vez que quienes necesitan comprarla deberán continuar acudiendo —por ahora— a ese mercado.

Así las cosas, el efecto de corto plazo podría ser una elevación del tipo de cambio informal y un mayor deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, que debe concurrir a las tiendas en monedas libremente convertibles para satisfacer necesidades básicas; así como un mayor costo para esa inmensa cantidad de cubanos que a diario emigran buscando una opción de vida que su propia tierra no les ofrece.

Punto A

Ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González.

La estabilidad del tipo de cambio

La pretendida estabilidad cambiaria no se asegura —como pareciera interpretarse de las palabras del ministro— estableciendo tipos de cambio fijos por decreto, sino a partir de la estabilidad del mercado cambiario que resulta de la de la economía en su conjunto.

Los tipos de cambio flexibles funcionan en la mayor parte del mundo, y que haya flexibilidad cambiaria no implica que haya inestabilidad, porque las variaciones suelen no ser sustanciales, salvo en el caso de crisis cambiarias que resultan de crisis de balanzas de pagos.

La razón por la que la mayor parte de los países abandonaron los tipos de cambio fijos después de la crisis del sistema de Bretton Woods y de la desvinculación del dólar y las demás divisas internacionales del oro; radica en que mientras las monedas estaban atadas al oro, eran el metal precioso, o las divisas plenamente convertibles en él, los que aseguraban el valor relativo de las demás monedas, en tanto, a partir de dicha crisis, han sido la producción de bienes y servicios, y muy especialmente los resultados de la balanza de pagos, los que crean las condiciones para la determinación de los tipos de cambio en los mercados.

A lo largo de estos más de cincuenta años, es mucha la experiencia acumulada por los bancos centrales en la utilización de mecanismos de regulación de los mercados cambiarios para evitar oscilaciones exageradas que conlleven a una volatilidad claramente nociva para el desarrollo de los negocios.

Establecer un tipo de cambio fijo oficial que resulte de una decisión administrativa, es una medida errónea y para nada asegura la estabilidad de la economía. Todo lo contrario, genera distorsiones en el establecimiento de los precios relativos, afecta negativamente las operaciones de comercio exterior y desvincula la economía nacional de las condiciones de los mercados internacionales. Cuando esto ocurre en una economía abierta, como la cubana, el efecto negativo adopta mayores proporciones.

El problema es el modelo, ¡una vez más!

En la argumentación de las autoridades cubanas para tratar de explicar este nuevo desatino, se evidencia la pretendida intención de acomodar las realidades económicas al mantenimiento de un modelo económico probadamente ineficaz y agotado histórica y políticamente. La administración centralizada de la economía no funciona. Persistir en ella es un error económico y una irresponsabilidad política.

Lo más importante para el bienestar de un pueblo es que la economía funcione, que mejore el nivel de vida de las personas y que estas puedan desarrollarse en condiciones de libertad, que las fuerzas productivas se desplieguen sin los absurdos obstáculos que impone la burocracia, ávida de mantener el control a toda costa sin advertir que, en cada retroceso o en cada situación que agrave las condiciones de vida de la población, se está conduciendo al país al colapso, lo cual suele traducirse en estallidos sociales.

A partir de lo que se constata, las autoridades cubanas parecen no estar a la altura de las necesidades de la sociedad y, con sus errores, son las principales responsables del agravamiento de las condiciones de vida de la población. Por ello es imprescindible reconocer que no hay soluciones económicas posibles sin transformaciones políticas e institucionales.

5 agosto 2022 25 comentarios 1.640 vistas
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Poco

Poco, tarde y enredado

por Domingo Amuchastegui 3 agosto 2022
escrito por Domingo Amuchastegui

En el 9no período de sesiones de la Asamblea Nacional de Cuba, celebrado a finales de julio, se anunciaron numerosas medidas con la intención de influir en algo sobre el modelo económico imperante. El presidente Díaz-Canel, en una intervención del 21 de julio ante la Comisión de Asuntos Económicos, precisó: «Todo lo que vayamos a hacer, será siempre salvando el socialismo, no vendiendo ni privatizando el país; podemos tener ahora privaciones y carencias, pero tenemos dignidad humana y seguridad para vivir, así como conquistas sociales que permiten un acceso gratuito a la Salud y la Educación, para todos, sin distinciones». Con permiso de Díaz-Canel, algunas precisiones se imponen:

Empiezo por comentarle que todo el lenguaje empleado —como se ha venido haciendo desde el VII Congreso— resulta en extremo enredado, difícil de comprender hasta por especialistas; una suerte de neolengua cantinflesca de la que se dificulta aprehender el núcleo central de cada frase o medida y, para colmo, saturada de triunfalismo. No es solo mi criterio, sino el de no pocos economistas y sociólogos. Me limito a citar el juicio responsable de un conocido sociólogo y economista, Carlos García Pleyán, quien ha subrayado: «Es sorprendente y preocupante el nivel de abstracción o la falta de concreción» presente en la mayoría de los documentos presentados.

Si por socialismo entendemos el inoperante modelo de estatización absolutista  y de monopólica gestión económica, de escaso parentesco con las ideas de Karl Marx y mucha imitación de las aberrantes fórmulas del estalinismo, agotado ya hace décadas, podemos decir con certeza que ese modelo no merece ser salvado. Las privaciones y carencias han alcanzado un nivel en extremo crítico —como nunca antes—, y eso incluye a los simbólicos servicios de salud y educación, buenos ejemplos del pasado distante.

Nadie sugiere vender ni privatizar el país, aunque sí introducir una remodelación integral del presente modelo y sus chapisteos de hace apenas un año. Se trata de una remodelación multi-estructural, con amplios espacios para los sectores de propiedad privada, inversión extranjera, mixta y estatal; mas no para las calendas griegas, la urgencia se transforma en imperativo a muy corto plazo dada la caótica situación existente.

No creo que chinos y vietnamitas hayan vendido ni privatizado sus países. El socialismo de mercado en una sociedad multi-estructural, es un recurso válido y exitoso en estos tiempos sin apadrinamientos tutelares a lo soviético y en pleno apogeo de la globalización.

En este punto, vale traer a colación lo que no pocos economistas cubanos en la Isla gustan citar pues le reconocen más audiencia y credibilidad: Silvio Rodríguez, el cantor por excelencia de la Revolución cubana, quien ha sido preciso al destacar: «Mi opinión personal es que las experiencias de China y Vietnam son lo mejor hasta ahora: gobiernos socialistas, dirigiendo economías capitalistas. No estoy de hablando de calcar, sino de interpretar. Para mí es obvio que Cuba necesita revolucionar la Revolución».

Poco

Para mí es obvio que Cuba necesita revolucionar la Revolución. (Foto: Twitter @elpce)

¿Son las 75 medidas anunciadas la remodelación integral que al país urge? ¡Muy lejos de ello! Es cierto que se anuncian avances en materia de flexibilización de la importación por personas naturales con carácter no comercial (a lo que el Estado estuvo opuesto por más de tres décadas). Así habrá de fluir la pacotilla de no pocos bienes de consumo con más libertad y costos menores para familiares y amigos en Miami y otras latitudes de la emigración cubana, que en menos de un año agrega ya 160 000 personas más.

Otro ángulo no menos positivo, es la formación de un nuevo mercado para la compraventa de divisas, lo que deberá ampliar en medida considerable el sector y actividades vinculados a este proceso, que amplía los niveles de dolarización (aunque ello se niegue por los medios oficiales) tanto para cubanos como para visitantes. Todavía no se han anunciado los tipos de cambio, pero ya ha llegado a su fin el arbitrario e insostenible recurso oficial de 24×1, en tanto en los mercados informales el cambio ha oscilado en 120×1.

No menos importante es el propósito —tantas veces anunciado desde hace décadas— de identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e impulsar las producciones nacionales, industriales y agro-pecuarias y procurar el equilibrio financiero del sector presupuestado. Optimismo rampante para un país que muy poco hace para ingresar divisas, superar los déficits presupuestarios que se acumulan, con más de 500 industrias en franca bancarrota por décadas y el grueso de las restantes —como destaca en un trabajo bien documentado el economista José Luis Rodríguez—, clasificadas  como «sin avance»  o «avance bajo» desde hace décadas.

Brillan por su ausencia políticas y medidas que liberen a una agricultura completamente estancada por las políticas y mecanismos estatales que sigue imponiendo el Estado a los diversos sectores agrícolas (privado, UBPC, cooperativas), por medio de los mecanismos monopolistas que se siguen aplicando por intermedio del nefasto mecanismo de Acopio. Esto sigue erosionando directamente a cuatro de los pilares más apremiantes de la crisis en su situación actual: desayuno, almuerzo, comida y precios (inflación desbocada).

¿Cuántas medidas se promulgaron hace años para liberar las UBPC y dónde fueron a parar? A un fracaso estrepitoso, oficialmente reconocido. ¿Y dónde ha ido a parar la «racionalización» de la industria azucarera del 2002? Al peor desempeño en su historia.

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¿Y dónde ha ido a parar la «racionalización» de la industria azucarera del 2002? Al peor desempeño en su historia. (Foto: Oscar Alfonso Sosa)

Otros aspectos clave, cuya ausencia o tratamiento completamente superficial son inexplicables en estas medidas, son los siguientes:

Deuda Externa: el tema es tratado como algo marginal y poco importante, pese a que Cuba logró a mediados de la década pasada la negociación más exitosa que ningún otro país en la etapa (gracias a las expectativas que despertó la coyuntura fallida de la normalización de relaciones con EE.UU.). Pero, como apunta con su buen tino, el economista Juan Triana: «Lamentablemente fue mal aprovechado, y hemos vuelto a caer en una situación insostenible. La deuda eleva el riesgo país, daña las finanzas y enturbia el ambiente de negocios, eleva el costo financiero de cualquier operación mercantil».

Son múltiples los casos de pésima gestión y falta de profesionalismo que ha desembocado en materia de financiamientos, inversiones y proyectos. Se pregunta Triana en este orden de cosas: «Alguien ha sido sancionado por eso, por contribuir a que Cuba pierda miles de millones para su desarrollo? O nos ponemos a tono con el mundo o nos quedamos fuera de él».

Inversión extranjera: se continúa anunciando la cartera de oportunidades desde hace una década, con proyectos evaluados en 3000 o 5000 millones de dólares. El caso que le hacen las grandes empresas, capaces de aportar capital y tecnologías, brilla por su ausencia; a excepción de algunos sectores como: ron, tabaco, níquel y turismo ¿Cuántos se han logrado instrumentar o poner en práctica? Se cuentan hasta ahora poco más de 285 proyectos establecidos, casi todos con empresas extranjeras pequeñas o medianas, excepto algunos que se localizan en la ZDEM (Mariel), en la que operan cuarenta y nueve proyectos y veintinueve reinversiones.

La ZEDM es un proyecto que apenas logra despegar hasta hoy. Ejemplo elocuente es que en el primer semestre del 2022 únicamente se concretaron nueve negocios por veinte millones. Entre 2020 y 2021, solo cuarenta y siete negocios fueron aprobados, pero exclusivamente veinticinco de ellos se han establecido. Todas estas cifras son de una indigencia enorme, con escasa gravitación sobre el desarrollo del país.

El proyecto de dar luz verde a la inversión extranjera en asociación con las MPYMES viene —como es habitual— acompañado de muy diversas restricciones, incluyendo la prerrogativa del Estado de determinar cuáles son las prioridades que le interesan y cuáles no, lo que —una vez más— amarra las manos de las MPYMES en su articulación efectiva con el sector externo. El ministro de Inversión Extranjera y Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, promete nuevamente actualizar la legislación vigente (Ley de Inversión Extranjera del 2014) a «fin de eliminar obstáculos» que limitan el acceso a la inversión extranjera, noción con la que vienen especulando desde hace ocho años sin efectos positivos hasta el momento. El propio Malmierca debió reconocer el pasado diciembre que los resultados deseados «no han sido alcanzados».

La crisis energética por la que atraviesa el país fue objeto de algunas observaciones e ideas de menor importancia (que las personas compren equipos de energía solar, que ni el Estado mismo tiene suficientes para cubrir sus necesidades, o el uso más generalizado de biocombustibles). No hubo un debate medular que indicara el camino. Plantea con razón el economista Triana: «¿Acaso para crecer no hace falta tener un sector energético sólido, moderno, eficiente y estable? Entonces cómo se resuelve la ecuación pollo versus kilowatt/hora?». Conclusión elemental: simple y llanamente, sin semejante sistema, la totalidad del funcionamiento económico y social se estanca, se degrada, paraliza y tiende a colapsar.

El sistema electro-energético nacional (SEN) de Cuba continúa descansando —desde hace más de cinco décadas— en veinte termoeléctricas (y apenas un 5% aportado por otras fuentes). Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que todas ellas, que eran un montón de cacharros de viejas tecnologías ya en el momento de su instalación por la Unión Soviética, hoy están degradadas en extremo.

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Se puede afirmar que todas las termoeléctricas, que eran un montón de cacharros de viejas tecnologías ya en el momento de su instalación por la Unión Soviética, hoy están degradadas en extremo. (Foto: Néster Núñez)

Incluso las menos viejas, como Felton, Guiteras y Cienfuegos (tras su remodelación capital aportada por el chavismo), ya se han sumado a este desastroso estado. Excelente juicio al respecto proporciona el experto en la materia y conocedor directo del sistema cubano, Jorge Piñón, al razonar lo siguiente:

«When you keep running the equipment past its capital maintenance scheduled it falls into a downward spiral with no short-term solution» y advierte: «The announced scheduled blackouts are not insolidarity but rather a necessity to avoid a possible total collapse of the system». («Cuando el equipo sigue funcionando más allá de su mantenimiento capital programado, cae en una espiral descendente sin solución a corto plazo» y advierte: «Los apagones programados anunciados no son en solidaridad, sino una necesidad para evitar un posible colapso total del sistema»).

Es cierto también que Cuba ha acudido a Rusia en repetidas ocasiones en los últimos veinte años en búsqueda de las tan necesitadas modernizaciones capitales y nuevas plantas, encontrando solo promesas incumplidas hasta hoy; es verdad que el chavismo prometió villas y castillosen este terreno y apenas cumplió con la reparación de la termoeléctrica de Cienfuegos; y que los chinos han hecho —hasta ahora—, mutis por el foro en tan sensible tema.

No menos importante es destacar que en julio del 2016, Cuba firmó un memorándum de entendimiento con la firma alemana Siemens AG. De acuerdo a este documento, Siemens —en coordinación con las autoridades cubanas—, acometería el desarrollo de proyectos y provisiones de servicios en la generación de energía, transmisión y distribución; proyectos de energía renovable y automatización, además de aportar tecnologías para el suministro de energía y «futuras plantas de energía en Cuba».

Parecería sensacional, pero las autoridades de la Isla no han explicado hasta hoy por qué no se instrumentó semejante acuerdo. Lo mismo —si bien en menor medida— ha ocurrido con firmas británicas y españolas (parques eólicos con 100% de propiedad extranjera). Y, nuevamente, todo se diluyó en el tiempo por la pésima gestión empresarial a la que aludía Triana.

En abril del 2018 se anunciaba un posible acuerdo con la empresa francesa Total S.A. con vistas a re-gasificar (LNG) su SEN por semejante movida hacia el rediseño de una nueva política energética. El especialista Piñón congratulaba a los cubanos por semejante iniciativa. Cuatro años más tarde, ni un solo paso en esta dirección se había dado por Cuba, ni tampoco una explicación coherente. Y así llegamos al presente, donde presenciamos el cuasi colapso del SEN insular. Así se paga ahora este pésimo desempeño en materia de negociación y captación de IE, de capital y tecnologías.

Con estos antecedentes, la conclusión más atinada es la que el reconocido economista Humberto Pérez —asesor económico de Raúl Castro en otros tiempos, miembro del Buró Político y presidente de la Junta Central de Planificación entre 1970 y 1986—extendió en carta personal a Alejandro Gil Fernández, actual ministro de Economía y Planificación:

«Sólo te auguro, sin demasiado riesgo de fallar en este vaticinio, y deseando fallar, que veremos pasar el tiempo con un “cuartico que se mantendrá igualito” en lo fundamental, que nos llevará a valorar a estas 75 medidas actuales como un acumulado más de medidas insuficientes que nos conducen a un gran esfuerzo burocrático, pero que lo hoy aprobado, aunque puede renovar por el momento algunas esperanzas, no ha sido más que “más de lo mismo”, con la consiguiente pérdida sucesiva de cuotas de la confianza política que aún mantiene el gobierno entre la población». 

3 agosto 2022 22 comentarios 1.496 vistas
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Crisis

Crisis económica, crisis de confianza y crisis de esperanza

por Mauricio De Miranda Parrondo 27 julio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Para nadie es un secreto que la crisis económica que vive Cuba es de carácter estructural y solo puede remontarse con cambios radicales. Cada día es más evidente que las transformaciones económicas estructurales deben acompañarse de importantes cambios políticos e institucionales que permitan la democratización de la sociedad.

No cabe dudas de que la pandemia tuvo un efecto devastador y que el endurecimiento de las sanciones por parte del gobierno de Trump creó nuevas dificultades económicas, pero a diferencia de lo que expresan algunos funcionarios del gobierno cubano, en ningún caso son la causa de la crisis estructural que, insisto, está determinada por antiguos y sucesivos errores de política económica que hicieron al país más vulnerable y contribuyeron a la profundización del subdesarrollo.

El actual gobierno heredó una etapa de inmovilismo y ha seguido el guión trazado desde hace décadas, según el cual, las transformaciones solo se producen cuando la crisis llega a un grado extremo y, en lugar de abordar una reforma estructural sistémica, ha optado por medidas puntuales, con errores de diseño, secuencia e implementación. A tenor con ello, su política económica ha tenido carácter reactivo frente a la agudización de la crisis, en lugar de anticiparse mediante cambios estructurales.

Errores de política y crisis económica

En otros textos he abordado los errores cometidos en la política económica reciente. Estos errores definen las principales medidas adoptadas en medio de la pandemia. La creación de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) echó por tierra cualquier esperanza de unificación monetaria, —aprobada como un lineamiento de política económica en el 6º Congreso del PCC y ratificada por el 7º—, porque revitalizó la segmentación de mercados establecida desde que el dólar comenzó a utilizarse en transacciones domésticas para acceder a bienes y servicios de primera necesidad.

La llamada «Tarea Ordenamiento», en lugar de conducir a la unificación monetaria y cambiaria, logró una pseudo-unificación cambiaria a una tasa de cambio oficial fija y sobrevalorada, por ende, ficticia, porque al precio de 24 pesos cubanos (CUP) por dólar era imposible que la autoridad cambiaria pudiera satisfacer la demanda de divisa extranjera. En consecuencia, ese mercado informal de divisas, que cobrara fuerzas desde que las CADECA dejaron de venderlas, adquirió mayor impulso ante una situación económica especialmente desfavorable y se cotizan a cifras entre cuatro y cinco veces más respecto al valor oficial.

El reajuste de salarios, pensiones y precios, derivado de la devaluación sin respaldo en la oferta de bienes y servicios, condujo a una inflación que ha superado las expectativas de quienes diseñaron la medida, sin considerar adecuadamente los factores de incertidumbre que afectan a los diferentes actores económicos. La necesidad de adquirir bienes de consumo en los mercados en MLC propicia que las divisas se aprecien sostenidamente en el mercado informal, lo que ocasiona que la devaluación se traslade en forma de incremento de los precios por encima de los valores que muestra la estadística oficial, contrayendo significativamente el ingreso real de los cubanos.

Crisis

El impacto negativo de la «Tarea Ordenamiento», junto al hastío acumulado por las inmensas dificultades de la vida cotidiana y la incapacidad para canalizar políticamente el descontento de la ciudadanía, están en la base de las protestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, en las que participaron, desde trabajadores sencillos hasta artistas e intelectuales, así como cubanos y cubanas que expresaron abierto rechazo a su situación de pobreza.

Pocos días después, se anunció la adopción de decretos que autorizaban las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias. Desde hace años, varios economistas insistimos en la necesidad de aprobar una ley de empresas que garantizara igualdad de condiciones con independencia del carácter de su propiedad; así como en la pertinencia de autorizar micro, pequeñas y medianas empresas privadas y potenciar las cooperativas no agropecuarias.

Personalmente considero que no debe restringirse la creación de empresas por el tamaño de las mismas, ni por sectores de actividad. Soy partidario del establecimiento de un mecanismo de libertad de emprendimiento, con un marco regulatorio preciso y transparente que evite la formación de monopolios de cualquier tipo. La libertad y la competencia propician un clima adecuado al desarrollo de actividades económicas que se traduzcan en mayor bienestar para la sociedad, especialmente cuando la regulación estatal permite que el bienestar se generalice mediante mecanismos redistributivos.

La apertura de mipymes y cooperativas no agropecuarias fue una decisión correcta pero lamentablemente demorada y con demasiadas restricciones. Este debió ser el primero en la secuencia de cambios económicos para dinamizar el emprendimiento y, sobre todo, la oferta de bienes y servicios.

Política económica y crisis de confianza y de esperanza

El pasado 21 de julio se anunciaron setenta y cinco medidas «para recuperar la economía cubana», una larga lista de buenos deseos pero que no precisa cómo van a lograrse. El gobierno apuesta nuevamente a cambios cosméticos, con algunas opciones que ciertamente representan un avance y otras que contradicen los objetivos propuestos. La redacción de muchas de ellas despide el tufillo burocrático típico de los documentos soviéticos, tan bien asimilados por la burocracia criolla. Me referiré a ejemplos concretos, pues sería imposible abordarlas todas en este texto.

En la presentación del ministro Alejandro Gil, se observa que la primera medida es «Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan». ¿No se supone que eso es lo que debería hacer siempre un gobierno con una concepción estratégica del desarrollo? Pero al margen de esto, una vez identificadas esas posibilidades ¿qué se hará con ellas? ¿Implementar por decreto cuáles son los sectores a desarrollar? Eso es lo que normalmente hace un mercado de forma objetiva, no una oficina gubernamental con alto nivel de discrecionalidad y criterios subjetivos.

Otra muestra: «Implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país». ¿De qué manera? Para disminuir el déficit hay dos opciones: reducir el gasto público o aumentar los ingresos presupuestales. La sociedad cubana está perdiendo oportunidades de ingresos fiscales con las restricciones que se mantienen al emprendimiento, porque por vía de un sistema progresivo de impuestos podrían obtenerse importantes recursos resultantes de la dinamización de la actividad económica.

En realidad, resulta imprescindible una nueva ley tributaria que apunte a un sistema fiscal progresista e incluyente y permita que un gobierno —ojalá elegido democráticamente— cumpla su función de asegurar la oferta de bienes públicos y desarrollar un programa orientado a la superación de la pobreza que hoy afecta a tantas familias cubanas.

La idea de reducir el gasto público se pretende con una medida enunciada, pero sin mayor concreción: «Redimensionar el sector presupuestario, optimizando su funcionalidad». Sería mejor si se aceptara de forma clara lo que realmente hay que hacer, que es disminuir el excesivo gasto resultante de una administración central y territorial abultada, ineficaz y con funciones paralelas en muchos casos; del cargo al presupuesto estatal de las organizaciones políticas y sociales; y del sostenimiento de los diversos mecanismos de control político y social, entre otros.

Tienen mucho sentido las medidas relativas a la reducción —que podría ser mayor— de las tasas arancelarias para la importación no comercial de ciertos bienes, así como la posibilidad de formar empresas mixtas entre entidades estatales y privadas, entre privadas y extranjeras y entre las tres.

No obstante, en este último caso se percibe el mecanismo del cuentagotas utilizado para realizar transformaciones económicas, así como el carácter improvisado con el que se adoptan medidas que deberían tener enfoque estratégico y sistémico y ser resultado de una construcción colectiva en la que participaran diversos actores sociales, incluidos especialistas. Resulta necesaria la elaboración de una ley de empresas que no tenga como objetivo determinar sus límites, sino expandir sus posibilidades.

Sin embargo, la perla del paquete es el anuncio de la apertura de un mercado cambiario «diferenciado» para la población y los turistas, sobre lo cual he insistido antes. Reitero ahora que se trata de un error más que generará nuevas distorsiones económicas.

Hasta hace pocos meses, los funcionarios cubanos insistían en que la tasa del mercado informal no reflejaba la realidad pues el monto principal de transacciones cambiarias se realizaba a través del sistema estatal. También afirmaban que no podían vender divisas porque no las poseían, e incluso, llegaron a prohibir los depósitos de dólares en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible, aludiendo que había reservas que no podían ser utilizadas dadas las sanciones de Estados Unidos, lo cual contradecía el otro argumento que mencionaba la inexistencia de suficientes reservas para operar el mercado. ¿Qué cambió desde entonces en cuestión de poco más de un año?

Crisis

«Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan», aseguró Alejandro Gil.

Para nadie es secreto que el mercado informal de divisas permite la obtención de beneficios a sus operadores. Pareciera que el gobierno, que tozudamente, defendió la irracional tasa de 24 CUP por USD, ahora está decidido a recoger rentas con el establecimiento de un mercado diferenciado para la población y los turistas, con un tipo más al alto que el oficial.

Con ello se produce un retorno a los tipos de cambio múltiples, que generaron distorsiones macroeconómicas y de precios y han probado su ineficacia donde quiera que se han implementado y, de paso, se aspira a participar de la apropiación de rentas emanadas de los diferenciales cambiarios. A la par, se refuerza la discrecionalidad de los decisores, que históricamente se ha caracterizado por la opacidad.

Por otra parte, el mantenimiento de una tasa sobrevalorada en el comercio exterior contradice los objetivos de aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, porque los productores de bienes exportables no hallarán estímulos en recibir 24 CUP por cada dólar exportado en tanto los turistas reciben muchos más pesos por sus dólares vendidos. Los importadores, mientras tanto, se benefician de una tasa que les permite importar a precios más bajos en pesos porque logran obtener dólares —si se los asignan— a un precio relativamente más bajo al que se opera en otros mercados. Esta medida impugna los objetivos de promover exportaciones y sustituir importaciones.

En mi opinión, es imprescindible eliminar el tipo de cambio fijo y adoptar uno flexible, único para todas las transacciones dentro del país, que resulte de un mercado libre, aunque inicialmente, para evitar la especulación, se establezca una banda de intervención del banco central cuando el tipo oscile excesivamente por encima o por debajo del central.

Para ello se necesita un banco central independiente que adopte sus decisiones con fundamento técnico y en función de facilitar el crecimiento y controlar la inflación. En ese escenario, considero imprescindible que se garantice la soberanía del peso cubano en todas las transacciones del país y se elimine el mercado en moneda libremente convertible que, además de constituir un error económico, es un grave error político porque mantiene a una parte importante de la población, que no recibe ingresos en divisas, al margen de la posibilidad de satisfacer necesidades básicas.

Los vaivenes de la política económica en Cuba, la excesiva discrecionalidad que se reservan los decisores y el prácticamente inexistente control social sobre la gestión del gobierno e incluso del parlamento, han cimentado a lo largo de los años una crisis de confianza de una parte importante de la sociedad respecto a quienes dirigen el país. Esto no puede ser demostrado por un estudio sociológico científicamente fundamentado, entre otras cosas porque no se permite realizarlos fuera de los canales oficiales y jamás se divulgan los resultados de los encargados por las autoridades.

A pesar de ello, la crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses, que ya superó la cantidad de los que emigraron por el Mariel en 1980, en las opiniones vertidas por muchos cubanos en diversos medios alternativos que resultan de la diseminación de las redes sociales, así como en la cotidianidad de los ciudadanos sencillos.

crisis

La crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses. (Foto: Cubacute)

Nuevamente se desangra el país al perder miles de jóvenes con capacidad productiva y de emprendimiento, muchos de ellos profesionales, en medio de una verdadera crisis demográfica determinada también por el descenso de la tasa de natalidad y la elevada esperanza de vida, que refuerzan una marcada tendencia al envejecimiento de la población. Esta situación tendrá impacto nocivo en las posibilidades de crecimiento económico y en la superación del subdesarrollo y la pobreza.

La crisis de confianza presente en parte de la sociedad cubana, se ha convertido además en una crisis de la esperanza. Varias generaciones han realizado un inmenso sacrificio personal en sus vidas con la expectativa de que estaban contribuyendo al desarrollo y, en consecuencia, a mejorar el bienestar de la sociedad con el fin de impactar positivamente en la vida de sus hijos, nietos y demás descendientes.

Lejos de lograrse esto, la economía cubana ha retrocedido notablemente, al punto de comprometer la sostenibilidad de las principales conquistas sociales de la Revolución de 1959. Mientras tanto, el pleno desarrollo de las libertades individuales y la construcción de una sociedad democrática y plural son una quimera en el sistema político del país.

Las condiciones actuales en que se desenvuelve la vida en la Isla son suficientes para explicar un nuevo estallido social, que podría rebasar las proporciones del anterior y cuyas consecuencias serían terriblemente dolorosas para muchas familias.

El gobierno debería reconocer que los tiempos cambiaron, que los discursos y la propaganda vacua no son suficientes para asegurar la estabilidad social, y convocar a toda la sociedad a un proceso libre, pacífico e incluyente de transformaciones económicas y políticas que conduzcan a la construcción de una verdadera República democrática «con todos y para el bien de todos», basada en el respeto a las libertades humanas, la pluralidad de ideas y posiciones políticas y el derecho de todas ellas a constituir una opción de gobierno.

O de lo contrario, persistir en el desconocimiento de estas realidades, creer que es suficiente con expulsar a los disidentes más visibles y amedrentar a quienes protestan, y en algún momento enfrentar una nueva crisis política. La alternativa es entre el sentido común y la soberbia.  

27 julio 2022 24 comentarios 1.693 vistas
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Deudas

Las otras deudas del Estado

por Arturo Mesa 15 julio 2022
escrito por Arturo Mesa

El jueves 16 de julio del 2020, en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, fue aprobada la Estrategia económico-social para el impulso de la economía bajo la doctrina de que no se podía continuar haciendo lo mismo en el ámbito económico  porque de esa manera no se obtenían los resultados deseados.  Mañana se cumplirán dos años de que fuera certificada la mencionada estrategia, así como de la implementación de una serie de medidas para intentar vencer la crisis, y lo que sí resulta evidente es que hoy, veinticuatro meses después, no nos encontramos ni remotamente mejor que entonces.   

El panorama económico nacional sigue mostrando inusitado desabastecimiento,  enorme limitación productiva y precios que sobrepasan por mucho el poder adquisitivo de la gran mayoría. Es decir, la estrategia que —en medio del bloqueo y pensada para contrarrestarlo— debió marcar el inicio de una paulatina recuperación, lo único que ha dejado han sido más dudas y deudas que alegría en  la población.

Una de esas deudas radica precisamente en el propio discurso oficial; cabría recordar que al día siguiente de los anuncios, el presidente de la corporación CIMEX, Héctor Oroza Busutil, encargado de explicar el nuevo diseño monetario, explicó que «los productos de línea económica, principalmente de alimentos, aseo e higiene, se continuarían vendiendo y asegurando en la red del comercio tanto en CUP como CUC». Sin embargo, actualmente en las tiendas en CUP apenas se encuentran productos alimenticios, lo cual  genera malestar, violencia y colas,  mientras las tiendas en MLC son las únicas que muestran cierta presencia de esos productos, aunque a precios inalcanzables.

Por aquella misma fecha, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa aseguraba que en Cuba nadie quedaría desamparado ni se tomarían medidas de choque. El uso de un lenguaje económicamente correcto resulta hoy bastante complejo y lleno de interpretaciones, pero lo cierto es que el desabastecimiento y la existencia de una moneda y un mercado inaccesibles para muchos, han llevado a situaciones de verdadero desconsuelo en un segmento de la población que carece de tales posibilidades. Asegurar que nadie quedará desamparado no es discurso aconsejable en estos momentos en una cola de dos días para adquirir un litro de aceite.

Deudas

Cola para adquirir aceite en la esquina de Toyo.

El mismo presidente Miguel Díaz-Canel, en su argumentación sobre lo que se consideraba una nueva fase estratégica, mencionó el loable objetivo de que esta se centraría en la producción de alimentos y el desarrollo de la soberanía alimentaria, para lo cual se han trazado cientos de medidas en el sector agrícola. Dos años después comprobamos que incluso el azúcar, que fue durante siglos el producto insignia de la nación, acaba de tener su peor desempeño histórico, en tanto las carnes, viandas y vegetales continúan con marcado incremento en sus precios.

Mucho más desalentador resulta escuchar los análisis de quienes se encargan de trazar la política de precios para los tan necesarios alimentos. En un texto publicado por Cubadebate —fechado el 21 de junio del 2022 y titulado «Precios estatales sin tope oficial, ¿inflar la inflación?»— Félix Granada, especialista de precios de CIMEX, detalló que importar un kilogramo de queso Gouda cuesta al país 113 CUP. No obstante, se sabe que su precio de venta ha llegado hasta los 14.75 MLC el kilogramo, lo cual dista mucho de la intención comercial de proveer un artículo y conseguir un margen lógico de ganancias.

 ¿Cuántos productos no pasan hoy por esa estrategia tan desatinada para estos tiempos? En su explicación, el directivo comenta a seguidas que muchas veces para fijar precios a producciones nacionales primero se analiza el mercado —¡entiéndase informal!— y en otros casos se valora cuánto costaría importar un producto con similar calidad al nacional para luego fijar su precio, lo cual incluiría trámites y procedimientos costosos de importación que igualmente van a parar al precio aunque el producto no pase por dichos trámites.

Los pueblos, las comunidades, los electores, desean escuchar de sus elegidos promesas concretas que involucren mejoría en sus niveles de vida y mayor acceso a empleos y alimentos. Quienes dirigen, llegan al poder gracias a esas promesas; pero dos años de gestión resulta tiempo suficiente para mostrar resultados incipientes o, al menos, esperanzadores. Ese no es el escenario que se vive en Cuba.  

En las referidas alocuciones, el presidente aseguró que se iban a mantener, «a un costo tremendo», un nivel de venta en las tiendas en CUC. Confieso que la expresión: «a un costo tremendo» me resultó tremendamente innecesaria entonces. Hoy, tras comprobar la situación de las ofertas existentes, tenemos que aceptar que lo menos criticable a la fecha fue precisamente aquella triste acotación.

Alejandro Gil, ministro de Economía, también ha hecho reiteradas afirmaciones que se constituyen en deudas. En un análisis sobre la posible solución al tema inflacionario, explicó que no se podía vender divisas para intentar reducir la tasa de cambio contra el CUP porque, de usarse esas divisas con tal objetivo, después no podría garantizarse la compra de los tan necesarios  barcos de pollo o de combustible.

En comparecencias anteriores se había anunciado que ya los bancos no podían continuar recibiendo depósitos en dólares. Si esos dólares, sea por exceso o por imposibilidad de uso, no circulan, ¿qué peligro implicaría llevarlos al mercado cambiario para reducir la inflación de la divisa, como han sido propuesto diversos economistas? También cabría preguntarse ¿cómo existe la opción de comprar el barco de pollo en dólares, como él afirmó y, sin embargo, no se puede seguir aceptando esa moneda?

Posteriormente, ante la quinta Sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en su novena legislatura, el ministro de Economía anunció por fin la venta paulatina de divisas o MLC a «ciertos actores de la economía» que lo requieren para mejorar su gestión productiva. Dos meses después, aún la medida no se ha ejecutado, como si no estuviésemos urgidos de acciones inmediatas.

Siguiendo con el tema de las deudas, en octubre del 2021 el ministro Gil explicó, ante la Asamblea Nacional,  que de las ventas en MLC se habían utilizado más de 300 millones de dólares para surtir la red de comercio en moneda nacional. Y aquí se impone la pregunta: ¿qué significan 300 millones de dólares en materia de alimentos cuando el país requiere desembolsar anualmente más de 2000 millones con ese objetivo?

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Viceprimer ministro cubano y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández. (Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)

¿Valdrá la pena realizar tal ecuación —¡con sus efectos!— por una décima parte de lo que necesita el país solamente para alimentos? ¿Es esta la única opción a mano, o la única que se ha querido ver?  ¿Se tuvo en cuenta la opinión de aquellos que no poseen dichas monedas? ¿Se podrá convencer a esas personas de que esta medida no es una terapia de choque?  

Otra de las deudas palpables, pasados dos años, se relaciona con el turismo y la cantidad de recursos dedicados al desarrollo del sector.  Al respecto, el profesor Juan Triana Cordoví  en su texto del 21 de febrero del 2022 señala que en este año, según el plan de la economía aprobado por la Asamblea Nacional, se proyecta la terminación de 4 mil 607 habitaciones nuevas para alcanzar una cifra de 84 mil 906 en el sector estatal.

Se aprobó también —nos dice el profesor— que 27 443,5 millones de pesos (el 24% de la inversión total del país) se dedicarán al turismo, a pesar de ser una industria riesgosa y requerir de inversiones en áreas de producción de alimentos para recobrar estabilidad en los precios además de una presencia más constante en tarimas.  

Para reafirmar lo erróneo de esta política, el aludido economista explica, en texto del 27 de junio pasado, que según la ONEI  la tasa de ocupación habitacional en el primer trimestre del 2022, para todo el país, fue de apenas 14%. Es decir, el 86% de la capacidad ocupacional en el sector se ha visto inutilizada o con un muy bajo nivel de retorno y, a pesar de ello, se decide continuar construyendo nuevas y lujosas instalaciones.

Tampoco se  ha esclarecido cómo se piensa reajustar el pésimo diseño que realizara la Comisión de implementación de los Lineamientos. Esto implicaría otro ordenamiento, que a la fecha no se vislumbra. La Comisión no solo no cumplió con su mandato, sino que diseñó un sistema salarial y económico causante de una inflación que hasta la fecha no se detiene, y nos coloca entre los países de más alta inflación reconocida.

A la cuantiosa deuda habría que sumar asimismo los salarios y gastos de representación que durante diez años recibieron los miembros de la Comisión para el supuesto diseño efectivo de cambios que nunca sucedieron. Entre estos anunciados cambios sobresale la eliminación de una  dualidad monetaria, que hasta la fecha se mantiene y agrava.

  Si tal comisión, en sus análisis, pensó y defendió la tesis de que la canasta básica era el punto de partida del salario —según enfatizara públicamente Marino Murillo—, hoy nuestros salarios apenas permiten acceder a otros productos que no sean alimentos y aseo y, hasta la fecha, ninguna nueva Comisión se ha expresado sobre la manera de revertir la situación. Esta parte resulta particularmente preocupante, pues se trata de una deuda contraída con la esperanza.

Otra explicación pendiente por parte de las autoridades resulta la presencia de tiendas virtuales, tipo Katapulk o Supermarket 23, que ofertan productos alimenticios desde cuentas foráneas y sacan así, de la escasa oferta de alimentos, a otros productos nacionales que se pudieran vender en la moneda de acceso común.  

Nada más pertinente para concluir este análisis que las palabras del presidente Díaz-Canel cuando alertó que no se pueden seguir aplicando medidas que aumenten la desigualdad social. Me detengo en esta frase porque resulta muy válido que un funcionario, a cualquier nivel en la escala gubernamental, sea capaz de reconocer que eso es precisamente lo que han venido promoviendo las medidas adoptadas en el plano económico. Encontrar soluciones efectivas en plazos de tiempo definidos es lo que más urge al país. Un buen ejercicio para ello sería empezar por responder estas interrogantes y deudas con el propio discurso oficial.

15 julio 2022 16 comentarios 1.593 vistas
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Economía

La economía cubana un año después del 11-J

por Mauricio De Miranda Parrondo 11 julio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La economía cubana en 2022 muestra signos evidentes de debilidad. Aunque no se dispone de toda la información sobre su desempeño en 2021 —ya que no se han publicado hasta la fecha los capítulos del Anuario Estadístico relacionados con las cuentas nacionales, la agricultura, el sector externo, el turismo o las finanzas públicas—, las cifras de la industria, la agricultura y las inversiones no permiten suponer un buen desempeño.

En el mes de diciembre de 2021, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anunció que se esperaba un crecimiento del 2% para ese año. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimó en su Balance Preliminar de 2021 que el Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba crecería solo un 0,5%, mientras en su informe del segundo trimestre de 2022, The Economist Intelligence Unit estimó una variación de -0,2% del PIB. Esta última entidad calculó la inflación anual en 255,2% y un balance fiscal en torno a -16,2% respecto al PIB, todo lo cual muestra un panorama macroeconómico muy negativo.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2021 el volumen físico de la producción azucarera se contrajo en 63,7% respecto a 2020, y el de la industria manufacturera no azucarera en 2,3%. La zafra azucarera de 2021/2022 cerró con una producción aproximada de 431 mil toneladas de azúcar, la más baja desde 1900, al punto de resultar insuficiente para asegurar el consumo doméstico.

Para 2022, el ministerio de Economía y Planificación anunció un crecimiento previsto del 4% que, vistos los datos anteriores, muy difícilmente se logre.

La situación actual

Más allá de las cifras, la realidad cotidiana que marca la vida de la inmensa mayoría de los cubanos es muy grave. Han regresado los largos y sistemáticos cortes de energía, que no solo provocan gran malestar en la población, sino que están ocasionando la rotura de equipos electrodomésticos que es muy difícil y costoso reparar y mucho más adquirir nuevos. Se ha agravado la escasez de alimentos y de bienes de consumo en general. Los precios de los alimentos continúan en una espiral ascendente, en tanto los ingresos obtenidos por la población a partir del trabajo resultan insuficientes para asegurar condiciones básicas de vida.

La escasez de combustible ocasiona, además de los cortes de energía, una notable reducción del transporte de pasajeros, servicio en crisis desde hace varios años. En reciente entrevista al medio digital El Toque, el doctor Omar Everleny Pérez afirmó que en La Habana solo estaba funcionando el 30% del parque automotor.

Economía

(Foto: EFE/Yander Zamora)

Aunque hasta el mes de mayo se habían recibido 811.479 viajeros, de los cuales 564.847 eran internacionales, lo que representó un 591,7% de incremento respecto al mismo período de 2021 —un año impactado aún por las restricciones de viajes causadas por la pandemia de Covid-19—, esta cifra es considerablemente inferior a la alcanzada en 2019, que ya mostraba un descenso respecto a la de 2018.

Dicho fenómeno constituye una significativa limitación a la oferta de divisas en el país. Mientras tanto, su demanda crece ante las evidencias de una nueva estampida migratoria, causada por la percepción de muchos cubanos —sobre todo jóvenes— de que no existen en la Isla opciones de prosperidad, o incluso, de satisfacer necesidades elementales para la vida moderna.

Frente a esto, el gobierno ha continuado concentrando sus inversiones en el sector inmobiliario, los servicios empresariales y de alquiler, que en 2021 recibieron el 51,2% de toda la inversión pública. En contraste con la cifra anterior, la industria no azucarera apenas recibió el 13,5%, la azucarera el 0,5%, la agricultura el 2,6%, educación el 1.0% y salud el 1,7%. De acuerdo con un informe elaborado por Ricardo Torres y Ricardo González para el Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) «para 2022 las autoridades prevén construir más de 4.000 habitaciones adicionales, sin embargo el nivel de ocupación en 2021 fue de solo 11,9%, incluyendo el turismo nacional».

En esta crítica situación, se profundizan las desigualdades y la pobreza. Las familias que pueden obtener remesas en divisas tienen oportunidades que parecen negarse a quienes deben vivir por cuenta de sus salarios y pensiones. Especialmente difícil resulta la situación de los adultos mayores, dependientes de pensiones que solo pueden reproducir condiciones de pobreza extrema.

Los errores de política económica

El contexto internacional es especialmente complicado para Cuba, debido a factores como: la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado entre sus efectos el encarecimiento de varias materias primas esenciales, en particular combustibles, fertilizantes y alimentos; la persistencia de las principales sanciones económicas estadounidenses —aunque recientemente el gobierno de Biden desmontó algunas de las que había estipulado Trump— y el encarecimiento de los pasajes aéreos, lo que limita el movimiento de turistas; entre otros.

Sin embargo, los problemas de la economía cubana tienen un componente estructural asociado a errores de política económica de larga data no resueltos. Las autoridades han persistido en una posición inmovilista respecto a los pilares principales sobre los que pretenden conducir la economía del país, a saber: la planificación central, que se ha tornado en realidad administración centralizada, y el predominio de las empresas estatales, que en varias actividades poseen una condición de monopolio. Ello demuestra el desconocimiento de la experiencia histórica.

Economía

(Foto: Diario de Cuba)

En tal sentido, los cambios producidos han sido parciales y carentes de integralidad sistémica. Ni siquiera fueron capaces de cumplir los Lineamientos de política económica y social adoptados en el 6º Congreso del Partido Comunista y actualizados en el 7º, y jamás rindieron cuenta de ello ante la ciudadanía.

Históricamente, los principales cambios económicos se adoptan cuando el país está inmerso en crisis profundas. Así ocurrió a fines de los años sesenta, en los noventa y a inicios de la actual década. Mientras tanto, las medidas adoptadas apuntan siempre a problemas puntuales, sin tomar en cuenta adecuadamente el carácter sistémico de la economía y su relación con el nivel de consenso político de la sociedad.

La política económica implementada ha demostrado el desconocimiento de importantes postulados de la economía política marxista y de algunas reglas básicas de la ciencia económica moderna. No se ha afrontado con contundencia una transformación estructural del sistema productivo y se ha pretendido solucionar los graves problemas económicos desde la esfera de la circulación y no desde la producción.

Por otra parte, no se tuvo en cuenta adecuadamente el impacto inflacionario que tendría el incremento de la oferta monetaria resultado de una reforma de salarios y pensiones en condiciones de estancamiento productivo y escasez de oferta, con lo cual el incremento de los ingresos se ha diluido en los altos niveles de precios, produciendo un deterioro del ingreso real de la mayor parte de la población.

Los principales errores de la política económica reciente han sido:

1) el decreto que permite la creación de micros, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias fue adoptado de forma tardía y con excesivas restricciones;

2) no ha existido una política para la reconstrucción y el desarrollo de la industria y la agricultura y, en el caso específico de la industria azucarera, su descalabro actual es resultado de errores de la más alta dirección del gobierno en su momento, de los cuales no ha rendido cuentas ante la sociedad;

3) no se ha producido una unificación monetaria toda vez que persiste la existencia de un mercado segmentado, en el que el uso de monedas libremente convertibles crece sustancialmente e impide al peso cubano cumplir adecuadamente con las funciones del dinero;

4) la unificación cambiaria se produjo de forma ficticia, con un tipo de cambio sobrevaluado artificialmente y al cual el banco central no puede vender las divisas extranjeras, lo que ocasiona la potenciación de un mercado informal en el que el peso cubano se deprecia sistemáticamente;

5) la política inversionista ha estimulado la deformación estructural de la economía al no priorizar el desarrollo de actividades productivas y de la infraestructura, y ha conducido a reforzar la vulnerabilidad externa; y

6) persisten los monopolios estatales en las comunicaciones, la banca y el comercio exterior, que mantienen un considerable nivel de subdesarrollo respecto al resto del mundo y funcionan con elevados costos de operación que se trasladan a los clientes y conducen a altos niveles de ineficiencia.

Economía

Aglomeración de personas ante una oficina comercial de ETECSA. (Foto: AHORA!)

La economía ineficaz y subdesarrollada y la ausencia de democracia

Los errores de política económica mencionados se cometieron a pesar de las opiniones de la mayor parte de especialistas en economía, con independencia de su lugar de residencia, cuyos criterios y recomendaciones no fueron considerados a la hora de diseñar dichas medidas. Pero, al mismo tiempo, debido al sistema político e institucional existente, no se produce una rendición de cuentas del gobierno ante la sociedad. La ineficacia de la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano supremo del poder del Estado —que no cuestiona ni controla la gestión del gobierno, sino que limita su papel a la aprobación unánime de cuanta medida propone el ejecutivo—, ha contribuido sustancialmente a la debilidad institucional que padece Cuba.

La Constitución de 2019 ha reforzado el carácter autoritario del régimen político, y su validez ha quedado cuestionada en los últimos tiempos ante el incumplimiento por parte de las autoridades de los derechos reconocidos por la Carta Magna. En consecuencia, no es posible que se cumpla la soberanía plena que la Ley de leyes reconoce al pueblo y que este pueda hacer valer su condición de soberano y de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

Tampoco existen mecanismos legales para expresar pacíficamente el disenso o la insatisfacción por la gestión de las autoridades, ni la posibilidad real de elegir a otras, lo cual deja solo el expediente de la protesta social como mecanismo para expresar el descontento frente al desempeño gubernamental. Y este derecho, que está reconocido en países democráticos en los que los ciudadanos disfrutan de libertades políticas, es violado por las autoridades cubanas a pesar del reconocimiento constitucional de dichas libertades.

En 2021 estaban creadas las condiciones para que estallara la protesta social que finalmente se produjo los días 11 y 12 de julio, la cual fue reprimida de forma violenta por las autoridades a través de fuerzas policiales y para-policiales. Sin embargo, las causas reales de dicho estallido social persisten.

La vida cotidiana es cada vez más difícil, la precariedad en la satisfacción de necesidades materiales de la sociedad se agrava, la emigración parece ser la opción más viable para quienes no desean que su vida transcurra sin expectativas de mejoramiento, las desigualdades sociales se agrandan y ellas no resultan de las diferencias de esfuerzos productivos, sino del acceso a vínculos con el poder o a remesas desde el exterior; se refuerza el carácter parasitario del sistema económico y político y se ha incrementado el nivel de pobreza, especialmente en la población mayor y en importantes sectores de la población negra.

Mientras tanto, se han reforzado la represión contra las expresiones de descontento respecto a la gestión gubernamental y la política de exclusiones a quienes desafían al pensamiento único que pretende imponerse. La coerción social y la represión política, junto a una persistente crisis económica que eterniza la insatisfacción de necesidades elementales, constituyen una mezcla explosiva que podría volver a estallar si no se adoptan las transformaciones necesarias para encaminar al país hacia una sociedad más libre políticamente y próspera económicamente.

11 julio 2022 18 comentarios 1.600 vistas
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Débito - bancos

«¿Débito o crédito?» Los bancos comunitarios contra la extorsión del sistema financiero

por Redacción 7 julio 2022
escrito por Redacción

por Hamilton Rocha (1) y Fernando Bretas (2)

La lógica capitalista, basada en la distribución de la miseria y la apropiación individual de la riqueza, tiene su máximo exponente en el capital financiero. Uno de los ejemplos de esta extorsión son las tasas y comisiones bancarias cobradas por el sistema financiero.

En Brasil, por ejemplo, una población de diez mil personas que gasta, en media, diez reales brasileños por día, permite que el banquero desvíe aproximadamente 1 800 000 reales por año, gracias a las comisiones —de entre 2% y 5% por operación de pago— solo por el uso de tarjetas bancarias. Todo eso sin contar los intereses, cuotas pagadas por mantenimiento y los servicios asociados a la cuenta bancaria corriente.

Debido a tantos problemas que debe enfrentar una población desprevenida y con déficits en educación, salud y condiciones mínimas de sobrevivencia, como es el caso de la brasileña, era necesario pensar en una nueva forma de relacionar a esas poblaciones excluidas con este sistema perverso que, a pesar del discurso aparentemente maravilloso y democrático, esclaviza y mata.

La economía solidaria se presenta como un fenómeno social a contracorriente del sistema financiero. Basada en un sistema de propiedad colectiva de los medios de producción e intercambios solidarios, busca resolver los problemas reales de las poblaciones donde se implementa, como el desempleo, el acceso a los ingresos, el perjuicio económico que a veces se expresa brutalmente a través de la simple eliminación de las condiciones de vida de los miserables, negándoles la posibilidad de trabajar.

Siempre tiene presente que la socialización del control sobre los medios de producción es un movimiento cargado de contradicciones por vivir dentro del capitalismo, pero que, en oposición a él, alberga el embrión de una nueva posibilidad de sociedad con las relaciones que se propone construir.

Se estima que aproximadamente dos millones de personas están involucradas de alguna manera con la economía solidaria, entre los más de tres mil diversos grupos existente en comunidades y periferias. Se trata, por tanto, de un fenómeno creciente de organización económica.

Entre las variadas maneras de materialización de esta organización, los Bancos Comunitarios son la forma más característica. Son organizaciones formadas en las comunidades, por iniciativa de sus habitantes y bajo su dirección, con la tarea de actuar en los territorios como un movimiento social organizado y estructurado de intervención económica.

Débito - bancos

Banco Comunitario. Chapada Gaúcha, Minas Gerais, Brasil. (Foto: Divulgación/Banco Central do Brasil)

Su objetivo principal es brindar a los participantes la posibilidad de acceder a productos financieros que los bancos tradicionales les niegan, al considerar «inviable» desde el punto de vista del beneficio económico atender a las personas más pobres.

De esta forma, su dinámica termina por retirar el velo que cubre toda la crueldad del sistema, demostrando en la práctica cómo se produce la apropiación de los ingresos del trabajo de cada participante de la comunidad por parte de la banca convencional.

Esto ocurre independientemente del aspecto ideológico, en la medida en que, ya sea en una economía planificada u otra regida por el mito del libre mercado, la concentración del capital es una realidad y su apropiación por parte de quienes no generan la riqueza producida es una triste verdad.

La idea de la Economía Solidaria y de los Bancos Comunitarios (BC) no es nueva. Su génesis remite al período de crisis económica de los gobiernos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso, a fines de la década de los noventa del siglo pasado. Presionadas por el empobrecimiento de la población y su literal exclusión como sujetos económicos, las periferias comenzaron a organizarse para ofrecer alimento y techo a sus habitantes.

Después de garantizar, aun tímidamente, la creación de ingresos y trabajo remunerado dentro de sus territorios a través de pequeñas iniciativas: venta de productos artesanales, alimentos producidos en sus patios o en sus cocinas, servicios de carpintería, remodelaciones de edificios, trabajo doméstico, salones de belleza, clases particulares, pequeñas negocios y emporios, en definitiva, un sinfín de actividades antes inviabilizadas, comenzaron a verse y a valorarse. La falta de recursos provocó que el trueque fuese la moneda de cambio más frecuente. Era difícil ver que en los albores del siglo XXI Brasil regresaba a los inicios del feudalismo.

Con el advenimiento de los gobiernos populares de Lula y Dilma, este tipo de economía alternativa ganó mayor peso y comenzó a estudiarse en las academias. El movimiento, fragmentado y desarticulado, empezó a articularse y presionar al gobierno por la creación de un marco legal para el sector, además de su institucionalización dentro del aparato estatal. Así se realizó el Congreso Nacional de Economía Solidaria y se crearon los foros municipales, estaduales y nacionales sobre Economía Solidaria, además de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria en el ámbito del Ministerio de Economía.

A pesar del aparato institucional conquistado, la lucha contra el sistema financiero no es tarea fácil. La Economía Solidaria y los bancos comunitarios intentaron fortalecerse como entidades autónomas, pero varios problemas políticos e institucionales las convirtieron en rehenes de las políticas sociales gubernamentales. Lo que era un apoyo político-institucional pasó a ser una dependencia económica de las iniciativas del poder político de turno, y los bancos comunitarios no lograron establecerse.

Era necesario revertir el golpe militar-parlamentario perpetrado contra el pueblo brasileño para que le diésemos la debida importancia al movimiento que antes se manipulaba. Con la reinstauración de la pobreza en el país, este tipo de organización ha cobrado relevancia, ya que las clases más pobres, que habían acumulado importantes ganancias en ingresos y prestigio social a través de las políticas sociales y económicas de los gobiernos de izquierda, ahora enfrentaban el retorno de exclusión social y económica, agravado por el prejuicio social tras la elección del fascista Bolsonaro.

Débito - bancos

En el mercado Lucena, ciudad de Igaci Alagoas, se aceptan monedas comunitarias. (Foto: Beto Macário / UOL)

El resultado del revés fue el regreso del hambre y la precariedad a las comunidades pobres, que quedaron huérfanas de los programas sociales gubernamentales y debieron organizarse para no sucumbir. En esa coyuntura, el sector se estructuró al margen del Estado. Pasamos de uno a 150 bancos comunitarios, que se asociaron a la Red Brasileña de Bancos Comunitarios.

Esta red, además de la importancia institucional de reunir las luchas del sector y su representatividad ante otros organismos públicos y privados nacionales, promueve la creación de ese tipo de banco en todo Brasil y gestiona la aplicación desarrollada por la red, que es utilizada por sus asociados para el trabajo de cada uno de los bancos afiliados, denominados E-dinheiro.

En 2021, E-dinheiro tenía alrededor de 140.000 cuentas activas, con más de 20.000 comercios locales registrados. Por su cuentas circularan cerca de 450 millones de reales y devolvió a las comunidades unos 4 millones de reales por concepto de tasas; proporcionalmente al uso de la aplicación por parte de sus clientes/participantes. Se pagaron más de un millón de facturas y se ofrecieron sinfín de servicios más: pago de cuentas de luz, agua, gas, nóminas de empresas colaboradoras, etc., a través de monedas sociales establecidas por los bancos comunitarios afiliados.

Dichas monedas son administradas de forma autónoma por cada banco comunitario. A lo anterior debemos agregar los fondos de microcrédito solidario para financiar actividades locales en las comunidades o para financiar actividades comunitarias que aumenten la calidad de vida o la riqueza de las comunidades. Hoy cada banco tiene uno o más fondos de solidaridad para actividades específicas, que van desde microcréditos para desempleados hasta financiamiento de infraestructura de energía limpia para uso de las comunidades.

De forma bien simplificada, la metodología de los bancos comunitarios se puede describir de la siguiente manera. Todos estos recursos son administrados a través de monedas sociales que tienen algunas características establecidas por la regulación del Banco Central de Brasil:

– Paridad con el real;

– Convertibilidad en reales

– Fondo en reales depositados en Bancos Públicos Federales.

– Cada moneda solo circula en una región determinada por el Banco Comunitario.

De esta forma se garantiza la convertibilidad de la moneda social en reales, en cualquier momento, brindando seguridad institucional a los participantes. La operacionalización del proceso es simple:

Supongamos que trabajas y recibes tu salario en reales. Depositas el dinero en el banco comunitario y este convierte los reales en la moneda social que administra. El banco, por su parte, deposita los reales que usted le entregó en su  cuenta en un banco público federal con control gubernamental y pone a disposición la misma cantidad en su cuenta, solo que en la moneda social.

Débito - bancos

Moneda Mumbuca. (Foto: Evelen Gouvêa)

Luego vas de compras en el territorio que cubre la moneda social, generalmente el municipio o un barrio específico de una gran ciudad. Compras en la carnicería, panadería, mercado —todos registrados en el banco comunitario y también sus clientes. Pagas las compras con moneda social y el empresario recibe el valor en su cuenta del banco comunitario, a través de una transferencia bancaria entre el cliente y el comerciante.

Esta operación genera un costo que es un porcentaje de la compra realizada. La mitad de este porcentaje se utiliza para mantener la aplicación digital y el trabajo institucional de la Red de Bancos Comunitarios. La otra mitad se destina al propio banco y sirve para costear su mantenimiento.

El comerciante puede entonces transformar el monto transferido a su cuenta en reales para abastecer su negocio fuera de la región cubierta por la moneda social, o puede abastecer su negocio con productos de productores locales que serán pagados con la moneda social. Así, la moneda social circula de mano en mano en ese mercado específico, haciendo que la riqueza circule en la propia región, desarrollando y apalancando negocios que antes no hubieran podido existir y contratando personas cuyo trabajo generará más riqueza. Se crea así un círculo virtuoso que alimenta la economía y ayuda a desarrollar la comunidad de manera autónoma e independiente de instituciones, personas y gobiernos.

Imagine el carácter liberador y concientizador de este proceso para las comunidades. Hay numerosos relatos de compañeros que han cambiado sus vidas, las de sus familias y de las de sus comunidades con la llegada de los bancos comunitarios a sus regiones.

Los bancos comunitarios muestran, en la práctica, el modo en que toda actividad capitalista apunta a la acumulación privada de capital a costa de excluir del sistema bancario a los estratos más pobres; además de apropiarse de gran parte de la renta y de los derechos comerciales y financieros que le corresponden. Para ello, utiliza los más variados métodos, como tipos de interés superiores al 300% anual, comisiones desorbitadas por servicios bancarios irrelevantes y gestión de capital privado y público con el fin de maximizar los resultados financieros de los bancos a costa de los  propios clientes que depositan sus ahorros.

En Brasil, esa irresponsabilidad social produce una alta tasa de exclusión de personas del mercado de trabajo con derechos laborales reconocidos: si sumamos los 14 millones de desempleados formales, los 5 millones que abandonaron la búsqueda de empleo y los 38 millones de trabajadores informales o precarios, tenemos una masa de 57 millones de trabajadores.

Eso significa que la mitad de las personas económicamente activas del país son excluidas del sistema de protección social, condición que afecta directamente a los miembros de sus familias. El resultado es claro: la mitad de los brasileños (más de 100 millones) ganan hasta R$ 438,00 por mes, en un país donde la educación, la salud y la vivienda son actividades económicas mayoritariamente privadas.

Mientras tanto, en 2020, año de inicio de la pandemia, los bancos crecieron un 27% y los tres mayores bancos del país obtuvieron 52 mil millones de reales en ganancias. Vale recordar que en Brasil ningún empresario o patrón paga impuestos por sus ganancias. Por eso no es difícil entender que el sueño de tener un buen trabajo, dependiendo de los capitalistas, será cada vez más imposible para la gran mayoría de los trabajadores y que será necesario encontrar, colectivamente, una solución política, económica y social que ofrezca condiciones dignas de empleo e ingresos.

Débito - bancos

Moneda social palma en mercado comunitario, en Río de Janeiro. (Foto: J. Cardiano/ A Voz das Comunidades)

Los trabajadores necesitan saber cuáles son sus necesidades e intereses comunes, comprender la importancia de unirse y organizarse, definir tácticas y estrategias para movilizar al mayor número de personas y ganar fuerza para enfrentar gobiernos y organizaciones de la élite gobernante, forjando un liderazgo capaz de operar una lucha victoriosa y favorable a su comunidad, estableciendo, como resultado, lazos cada vez más profundos de confianza y reforzando su autoestima, factor fundamental para el logro de los objetivos comunitarios.

El pueblo trabajador necesita asumir la tarea de rediscutir sus intereses y organizarse de manera independiente, sentir su fuerza, percibir su capacidad de transformación, ya sea en el lugar de trabajo o en los barrios donde se concentran muchos jóvenes y trabajadores desocupados o precarizados.

Con su uso a gran escala, este sistema de bancos comunitarios fortalece las relaciones dentro de las comunidades, al posibilitar la oferta de créditos a bajo interés, accesibles sin discriminación social, racial, de género, política o por orientación sexual religiosa. Todas las operaciones, incluidas las de compra y venta, se realizan a través del celular, eliminando el uso de “tarjetas y pos”, y así las operaciones económicas resultan mucho más baratas.

Las personas que no cuentan con celular también pueden participar del sistema, mediante una tarjeta especial que se utiliza en los comercios por medio del celular del comerciante. Esto permite la reducción de los precios finales al consumidor y elimina los intermediarios financieros.

Finalmente, los bancos comunitarios también tienen la vocación de promover la educación, ya sea en el área de la economía y las finanzas; social, política o en las áreas de formación profesional y de gestión, para equipar al trabajador con conocimiento para cualificar su trabajo y enfrentar nuevos desafíos, un nuevo trabajo, o articulando grupos de trabajadores cooperativistas. La adopción de este sistema por parte de la comunidad refuerza la confianza como colectivo y da fuerza política para poder luchar por otras reivindicaciones mayores.

Sin embargo, implementar una opción como esta no es un paseo por el malecón. Detrás de estos objetivos tan auspiciosos hay una experiencia de más de veinte años de luchas, avances y retrocesos, negociaciones y presiones de grupos económicos que, conscientes del potencial explosivo de la propuesta, hacer todo lo posible para dificultar la implementación de esta tecnología social en las comunidades.

Débito - bancos

Moneda-social digital Araribioa, lanzada por la alcaldía de Niteroi, Río de Janeiro.

Ante estas dificultades, el foro de bancos comunitarios de São Paulo, asociado a la Red Brasileña de Bancos Comunitarios, ha jugado un papel muy importante en la sistematización y difusión de estrategias para la implementación de bancos comunitarios de desarrollo. Entre ellos, el más reciente y prometedor es la creación de un curso para la creación de bancos comunitarios. En este se condensan y sistematizan veintidós años de experiencias, avances y retrocesos, presentados en módulos que pueden ser secuenciados según el deseo y/o falta de colectivos en relación a los temas abordados.

El curso tiene una duración de diez meses, con una clase por semana. Estamos brindando el curso en español y esperamos que esté listo en este año. El objetivo es hacer que esta tecnología social esté disponible en toda América Latina de manera sistemática, para que pueda ser replicada en todas las comunidades marcadas por la escasez, miseria y exclusión.

***

(1) Hamilton Rocha es sociólogo, investigador en bancos comunitarios y ha colaborado con el Banco Comunitario União Sampaio de la Unión Popular de Mujeres. Participa de la coordinación de la Red Paulista de Bancos Comunitarios y promueve la creación de bancos comunitarios, realizando seminarios y conferencias sobre el tema.

(2) Fernando Bretas es administrador especialista en Gestión Estratégica Pública y Privada, desarrolló trabajos de Economía Solidaria y microcrédito en Bancos Públicos en las décadas de 1990 y 2000. En los últimos años ha trabajado en la movilización comunitaria en torno a proyectos de autonomía local y organización social y política.

7 julio 2022 3 comentarios 867 vistas
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Industria

La crisis estructural de la industria no azucarera en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 30 junio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Para nadie es un secreto que la economía cubana afronta una crisis estructural desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad externa y se ha reforzado el subdesarrollo, entendido como incapacidad para el desarrollo. Desde los años noventa, tras la implosión del llamado campo socialista, comenzó a derrumbarse el tejido productivo nacional, tanto en la industria como en la agricultura. La dirigencia cubana apostó por un cambio estructural a favor del desarrollo del turismo, con escasos encadenamientos productivos internos.

En la actualidad, se ha deteriorado notablemente el patrón de inserción internacional del país, que depende de las importaciones para mal afrontar la mayor parte de sus necesidades, tanto de materias primas como de bienes de consumo en general, y muy especialmente de alimentos. Esto es insostenible económicamente, pero también desde el punto de vista social y político. Por eso resulta imprescindible superar la crisis que afecta al sistema productivo y abarca a la agricultura, la industria azucarera y la industria manufacturera no azucarera. Al análisis de esta última está dedicado el presente texto.

La industria no azucarera cubana: entre el desarrollo y el estancamiento

Antes de 1959 la economía cubana era altamente dependiente de la industria azucarera y aseguraba su inserción internacional a través de exportaciones de azúcar, tabaco y algunos otros bienes primarios. Sin embargo, es sabido que a partir de la década del cuarenta se habían comenzado a desarrollar varias ramas de la industria transformadora, entre ellas, la producción de alimentos, bebidas, manufactura del tabaco, textiles, prendas de vestir, calzado, papel y sus productos, imprenta e industria editorial, madera y sus productos, muebles y accesorios, cuero y sus productos, jabonería y perfumería, caucho e industria del plástico, productos químicos, metalurgia y manufacturas diversas.

A partir de informaciones del Tribunal de Cuentas, puede constatarse que en 1954 dichas industrias solo requerían un 11,5% de componentes importados.(1) Entre 1952 y 1956 se habían creado 154 nuevas plantas industriales, dieciséis generaban exportaciones y 117 sustituían importaciones.(2) Según datos del Consejo Nacional de Economía, en 1958 el 21% de la fuerza laboral empleada lo hacía en actividades industriales, y de acuerdo con Claes Brundenius, en su libro Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity (1984), en el año anterior al triunfo revolucionario, la industria no azucarera representaba el 32,2% de la producción material estimada.

El Gobierno Revolucionario —a través de la ley 890 de octubre de 1960— nacionalizó, mediante expropiación forzosa, la mayor parte de las empresas industriales, comerciales y de trasporte del país. Luego las nacionalizaciones se hicieron extensivas a otras empresas subsidiarias y colaterales, con lo que la estatización de los medios de producción fue casi total desde inicios de la Revolución. La mayor parte de las empresas, algunas previamente intervenidas, fueron puestas bajo la dirección de revolucionarios con escasos conocimientos profesionales y técnicos, lo que unido al idealismo predominante condujo a graves errores en su dirección, a la caída de la producción y de la eficiencia.

Industria

No obstante, la industria ocupó un lugar central en la estrategia económica de los primeros años de la Revolución, en correspondencia con las ideas desarrollistas predominantes en América Latina y teniendo en cuenta la experiencia de otros países socialistas. Sin embargo, la excesiva centralización de las decisiones operativas y administrativas, el abandono de criterios financieros, los excesivos costos y el despilfarro predominante, lastraron rápidamente la actividad industrial.

La ruptura de vínculos económicos con Estados Unidos obligó a la mayor parte de la industria cubana, tanto a una reconversión tecnológica como a un cambio radical de proveedores de materias primas, maquinarias y equipos de repuesto. Pasó entonces a depender de suministros recibidos desde la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, en muchos casos tecnológicamente inferiores a sus similares procedentes de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.

De hecho, se incrementó el componente importado en una serie importante de industrias. En su artículo «La planificación del comercio exterior» —Cuba Socialista, # 28 de 1963—, el futuro presidente del Banco Nacional Raúl León Torras, afirmaba que en 1962 la dependencia de insumos importados afectaba al 79% de la refinación de petróleo, 58% de la industria química, 44% de la metalurgia, 40% de la minería, 22% de la textil, 21% de la energía eléctrica, 12% de la construcción, 8% de la industria alimenticia y 4% de la azucarera.

A pesar del énfasis en el desarrollo industrial, la producción bruta de este sector tuvo una caída promedio anual de 2,7% entre 1960 y 1964. En consecuencia, a partir de la segunda mitad de los sesenta la estrategia de desarrollo se reorientó hacia la industria azucarera, aprovechando así el establecimiento de acuerdos ventajosos con la Unión Soviética, que posteriormente se readecuaron con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) a partir de 1972.

Ello no significaba abandonar la idea de la industrialización, sino utilizar la industria azucarera y a su mercado seguro y estable en los principales socios económicos de Cuba, como pivote del desarrollo posterior de una industria más diversificada. Más allá de tales intenciones, el resultado fue un reforzamiento del carácter monoproductor y monoexportador de la economía cubana.

No obstante, la industria no azucarera cubana se benefició de inversiones estatales y, sobre todo en los años ochenta, aparecieron algunas producciones industriales de relativamente baja calidad, orientadas al consumo nacional. Entre los principales rubros pueden mencionarse la industria alimentaria, con producciones de lácteos, embutidos, pastas alimenticias, cervezas, rones y aguardientes, maltas y refrescos, carnes deshuesadas y en conserva, pescados y mariscos; jabonería y perfumería; textiles; pinturas; materiales de construcción; fertilizantes; ensamblaje de ómnibus, camiones, vagones de ferrocarriles, montacargas; así como aparatos electrónicos para el hogar: televisores, radios y refrigeradores.

También se inició la fabricación de combinadas azucareras, aunque hacia el final de la década comenzó su descenso. En la segunda mitad de los ochenta se apreciaban descensos sostenidos en varios de los rubros industriales no azucareros.

Con el advenimiento del llamado Período Especial, la industria manufacturera cubana entró en su más profunda crisis, debido a múltiples factores, sobre todo: obsolescencia tecnológica; alta dependencia de componentes importados; escasez de combustibles, materias primas, maquinarias y demás insumos; así como escasa capacidad de ahorro e inversión del Estado cubano, propietario de todas las fábricas industriales de envergadura.

Industria

(Foto: Cibercuba)

A ellos debe añadirse el escaso interés de inversionistas extranjeros por dicho sector ante las dificultades del país para conectarse a cadenas globales, debido tanto a las restricciones impuestas por las sanciones económicas estadounidenses como a dificultades tecnológicas.

La situación actual de la industria manufacturera en la Isla es catastrófica. De acuerdo con cifras de UNCTADStat, basadas en datos oficiales cubanos, ella ha tenido una variación promedio anual de -1,14% en el período comprendido de 1989 a 2020. Entre 1990 y 1999 fue de -1,95%, desde 2000 hasta 2009 de 3,4% y entre 2010 y 2020 de -0,3%.(3) 

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba ha publicado recientemente el capítulo dedicado a la industria manufacturera del Anuario Estadístico 2021. El índice físico de producción de la industria no azucarera en 2021, respecto a 1989, es de 60,5, el más bajo del último lustro.

Ciertas industrias, como las de bebidas, productos del tabaco o fabricación de muebles, que en los últimos años habían logrado superar los niveles de 1989, volvieron a caer por debajo de la producción alcanzada en aquella fecha, que resultó previa al Período Especial pero que ya reflejaba una tendencia hacia el descenso. En algunos rubros, como equipos de transporte, aparatos eléctricos, papel y sus productos, cuero y sus productos, fertilizantes, productos textiles y prendas de vestir; los niveles de producción varían entre 0,1% y 8,8% del alcanzado a fines de los años ochenta.

El relanzamiento de la industria no azucarera cubana

La economía cubana en general y la industria en particular, enfrentan una grave crisis de la que no podrán salir si no se producen profundos cambios estructurales. El modelo de una industria estatal administrada centralmente probó su ineficacia porque la estatización de los medios de producción no condujo a su socialización, algo que ha lastrado toda la experiencia socialista contemporánea. No tiene sentido persistir en un modelo fracasado que lo único que hace es perpetuar y profundizar el subdesarrollo y agravar el deterioro del nivel de vida de la población.   

Con una economía esencialmente en manos del Estado, la inversión bruta fija ha sido de solo 8,28%(4) respecto al producto interno bruto entre 2000 y 2020, lo cual resulta a todas luces insuficiente para conducir a un proceso de crecimiento económico sostenido. Como es sabido, en los últimos años la prioridad inversionista del gobierno han sido los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluyen todo el andamiaje de hoteles y servicios asociados al turismo; ello, a pesar de la persistencia de niveles insuficientes de ocupación hotelera.

Mientras, la industria, la agricultura, la educación y la salud han recibido muchos menos recursos de inversión. Entre 2017 y 2021, las actividades inmobiliarias y hoteleras atrajeron el 50,5% de la inversión del país, en tanto la industria no azucarera ha recibido el 11,3%, la azucarera 1,2%, agricultura 2,8%, educación 0,8% y salud 1,3%.

Industria

Más allá de los insistentes cuestionamientos realizados por algunos economistas y otros profesionales sobre lo erróneo de esta política, la dirección del gobierno no ha sido conminada a explicar sus decisiones ante los organismos de control político —como debería ser la Asamblea Nacional— o de control fiscal —como debería ser la Contraloría General de la República—, a pesar de que los errores en política económica se traducen normalmente en deterioro del bienestar de la población.

Sin duda alguna se impone una reorientación de la política inversionista del gobierno hacia los sectores productivos y aquellos que tienen un mayor impacto en el bienestar material y social. Sin embargo, hasta ahora el reconocimiento público de sus errores y el enfrentamiento de sus responsabilidades no ha sido el punto fuerte de las autoridades cubanas.

Después de una larga sucesión de errores entre los cuales vale mencionar la Zafra de los Diez Millones que nunca se cumplió, la infructuosa siembra de café en el Cordón de La Habana, el desmonte de la mitad de las tierras sembradas de caña y el cierre de la mitad de los centrales azucareros, la dolarización parcial de la economía, unidos a los defectos de los mecanismos de dirección de la economía impuestos a contrapelo de la realidad; no quedan opciones diferentes al desmonte de una economía estatizada que no funciona.

La industria cubana no tiene futuro en manos de una burocracia incompetente. Sin embargo, entregarla a manos privadas sin la existencia de mecanismos democráticos transparentes, lo único que facilitará es que la supuesta propiedad del pueblo sea feriada a favor de intereses corruptos, no importa de dónde provengan. Por tanto, será necesario pensar en la combinación de alternativas verdaderamente socialistas con el estímulo a la inversión privada.

Ello podría lograrse, entre otras medidas, mediante la creación de  cooperativas obreras en ciertas empresas industriales; establecer el control democrático y directo de los trabajadores como representantes de la sociedad en aquellas que no se establezcan como cooperativas; «equitización» de empresas industriales, como ocurrió en Vietnam, donde se convierte a los trabajadores en propietarios de una parte considerable de las acciones emitidas por las empresas; arriendo mediante contratos a largo plazo de empresas estatales o de las partes que mantenga el Estado de las empresas «equitizadas» a inversionistas y gerentes privados para su gestión.

Finalmente, es imprescindible abrir la posibilidad al sector privado nacional y extranjero de crear empresas industriales privadas, eliminando las inmensas restricciones que pesan en la actualidad sobre las micros, pequeñas y medianas empresas.

Un proceso de esta naturaleza debe producirse en el contexto de la democratización de la sociedad, de forma tal que se evite la privatización corrupta de la propiedad que la Constitución define como «de todo el pueblo», pero que no lo es en realidad si el pueblo no puede decidir sobre ella.

***

(1) Cálculos del autor a partir de datos del Tribunal de Cuentas de Cuba, citados por José R. Álvarez Díaz et al (1963) Un estudio sobre Cuba. Grupo Cubano de Investigaciones Económicas, University of Miami, página 1101.

 (2) Banco Nacional de Cuba. Programa de Desarrollo Económico. Informe 2, Ibídem, página 1102.

 (3) Cálculos del autor con base a UNCTADStat (2022) a partir de datos oficiales cubanos.

 (4) Ibídem.

30 junio 2022 24 comentarios 1.557 vistas
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Empresa

De la empresa estatal a la empresa-Estado

por Mario Valdés Navia 23 junio 2022
escrito por Mario Valdés Navia

Indagar en los orígenes de los extremismos políticos y fenómenos de radicalización que tipifican la sociedad cubana conduce inexorablemente al mundo de la economía. El establecimiento de un sistema económico estatista, planificado y gestionado de manera centralizada y vertical, trajo consigo un torrente de experimentación voluntarista, basado en dogmas ideológicos, consignas radicales y promesas de futuro.

Elemento distintivo en este proceso han sido los cambios en el sistema empresarial a partir de fundamentos más ideo-políticos que económicos. Esas lluvias trajeron los actuales lodos, en tanto el sujeto principal de la economía cubana no es la empresa socialista —como reitera el discurso oficial—, sino una supra-entidad concreta: GAESA, que actúa totalitariamente como una verdadera Empresa-Estado.

El afán por superar la competencia y anarquía de la producción en el sistema de libre empresa, estuvo presente desde el inicio del proceso revolucionario. Sin saber cómo hacerlo, pero con poder para intentarlo una y otra vez según el método de prueba-error, el Gobierno/Partido/Estado ha impuesto formas variopintas a la empresa estatal hasta derivar en el todopoderoso holding oligopólico actual.

 -I-

En agosto de 1960, la Ley de Nacionalización de las Empresas Extranjeras marcó la primera incautación masiva de la gran propiedad capitalista en Cuba. Incluyó los monopolios eléctrico y telefónico, dieciocho refinerías, treinta y seis centrales azucareros, sesenta y una empresas textiles, once cines, trece grandes comercios y otras empresas.

En septiembre de ese año se nacionalizó la banca norteamericana (Bank of Boston, City Bank y Chase Manhattan). En octubre, tras la prohibición de exportaciones a Cuba —excepto comida y medicamentos—, dictada por el  gobierno de EE.UU., nacionalizadas las restantes 166 empresas estadounidenses. Asimismo, serían intervenidos forzosamente los bancos cubanos, el resto de las corporaciones extranjeras y 382 grandes firmas de capitalistas criollos (industriales, comerciales y de transporte).

Las empresas cambiaban de nombre y eran dirigidas por un interventor —por lo general un joven oficial del Ejército Rebelde, o cuadro del PSP—, asesorado por un consejo de obreros seleccionados y los pocos ingenieros y técnicos que quedaban. Los insumos estadounidenses se sustituían paulatinamente por soviéticos y se trataba de mantener el flujo productivo normal.

La visión de la economía socialista cubana funcionando como una gran empresa la planteó el Che al ser nombrado ministro de Industrias (1961). De esa forma, pretendía establecer un método socialista de gestión que superara el modelo de capitalismo periférico existente, a partir de aprovechar el amplio bagaje de experiencias y saberes acumulados por las filiales criollas de grandes monopolios estadounidenses.

Al respecto afirmaba:

En la parte técnica, nuestro sistema [el de financiamiento presupuestario (SFP)] trata de tomar lo más avanzado de los capitalistas y por lo tanto debe tender a la centralización. Esta centralización no significa un absoluto; para hacerla inteligentemente debe trabajarse de acuerdo con las posibilidades. Podría decirse, centralizar tanto como las posibilidades lo permitan […] No podemos tener una General Motors que tiene más empleados que todos los trabajadores del Ministerio de Industrias en su conjunto pero sí podemos tener una organización, y de hecho la tenemos, similar a la General Motors.

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Ernesto Che Guevara en el desempeño de su cargo de ministro de Industrias. (Foto: Granma)

Para ello estableció dos tipos de empresas: las nacionales consolidadas —por diferentes ramas— y sus respectivas fábricas. En todas, la estructura de dirección, simple y ejecutiva, era la misma: un director y tres jefes de departamentos: Económico, Producción e Intercambio. A ellos se añadían, el Sindicato y el Consejo Técnico Asesor.

Su diferencia principal con el tradicional sistema soviético de cálculo económico (CE), imperante en los demás sectores, estaba en la concepción de la empresa. Según el Che: «Mientras para el sistema de financiamiento presupuestario una empresa es un conglomerado de fábricas o unidades que tienen una base tecnológica parecida, un destino común para su producción o, en algún caso, una localización geográfica limitada; para el sistema de cálculo económico, una empresa es una unidad de producción con personalidad jurídica propia».

Pronto, las empresas industriales consolidadas y grandes propiedades agrarias comenzaron a mostrar una tendencia decreciente de la producción y la productividad del trabajo, achacable tanto a problemas extraeconómicos (bloqueo, gastos de defensa, éxodo de especialistas, etc.) como a factores ligados a la falta de motivación interna y errores en la gestión.

El desbarajuste productivo, éxodo de clases medias —más de 200,000 profesionales, directivos, técnicos, empleados y obreros calificados entre 1960 y1962—; disparidad de formas de gestión y agotamiento de los stocks acumulados, hizo que en 1963 el PIB cayera al 0,2% y la zafra disminuyera hasta 3 882 500  TM, la  más baja del país hasta el Período Especial —¡aunque ocho veces mayor que la de 2021!

Para superar las diferencias entre el SFP y el CE, Fidel implantó un nuevo sistema: el Registro Económico (1965-1975). En este se negaba el uso de relaciones monetario-mercantiles entre las empresas y la contabilidad comercial. En su lugar, se promovían las gratuidades, horarios de conciencia y trabajo voluntario.

Unido a ello, en 1968 se lanzó una radical Ofensiva Revolucionaria, mediante la cual se estatizaron forzosamente todas las pequeñas empresas privadas urbanas —unas 57 600—, lo que incluía a tiendas minoristas de alimentos y productos industriales, pequeñas fábricas (chinchales), restaurantes populares (fondas) y demás producciones y servicios personales o familiares, hasta los limpiabotas. Cuba pasó a ser el país de la comunidad socialista con el mayor volumen de propiedad estatizada: 100% en las ramas principales; excepto en la agricultura, donde ascendía al 70% del suelo cultivable.

El extremismo económico llegó a su clímax entre 1969 y 1970, etapa en que todos los recursos nacionales se volcaron a la realización de una zafra de diez millones de toneladas, versión antillana del Gran Salto Adelante de Mao. El funcionamiento del  sistema empresarial prácticamente se detuvo ante el drenaje de mano de obra, insumos y  producciones para las necesidades de la zafra, como si de una guerra se tratase.

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«Viva la victoria del método revolucionario del presidente Mao».

Los efectos desastrosos de esos errores de idealismo obligaron al Gobierno Revolucionario a adoptar el modelo soviético y aceptar la llamada «división socialista internacional del trabajo». Según los intereses del CAME, se asignó a Cuba el rol de suministradora a gran escala de tres productos primarios (azúcar, cítricos y níquel) para la comunidad socialista, a cambio de un tropel de mercancías y servicios provenientes de aquellos países a precios subvencionados.

Tras años de esfuerzos y privaciones de todo un pueblo por obtener la independencia económica, se volvía al viejo paradigma plantacionista de los tres monos —productor, exportador e importador—, con niveles de dependencia exterior mucho mayores que los alcanzados en la Colonia y la República. No obstante, las relaciones preferenciales con la URSS y el CAME permitieron a la Isla obtener pingües ingresos y mantener artificiales niveles de consumo durante casi dos decenios.

La industrialización derivó hacia grandes empresas nacionales y provinciales, como los complejos agro-industriales azucareros (CAI), que revivieron los bateyes y las comunicaciones; industrias transformadoras; grandes fábricas con materia prima importada y una vasta de red de talleres de mantenimiento industrial, transporte y fabricación de partes y piezas.

En la misma medida en que se extendía el nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía basado en el CE, el consumo familiar se fue ligando indisolublemente a los ingresos personales y empresariales, lo cual reproducía una de las contradicciones del sistema económico soviético: Estado vs empresas. Frenar la autonomía empresarial y devolver la hegemonía absoluta al poder central sería uno de los objetivos de la llamada Rectificación de Errores y Tendencias Negativas (1985-1989).

Tres acontecimientos trascendentes para el mundo empresarial ocurrieron en 1987: creación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); inicio del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial del MINFAR; y creación del Contingente Blas Roca, abanderado de una supuesta fórmula donde los factores de movilización política se vincularían con una apropiada racionalidad económica.

El CIGB, como empresa socialista de alta tecnología, impulsó la creación de otros centros de investigación/producción (Biocubafarma) y los éxitos mundiales de Cuba en campos de la biotecnología médica y farmacéutica. Como forma de organización empresarial socialista constituye el mayor éxito histórico de la empresa socialista.

Con la llegada del Período Especial (1990) hizo su entrada un nuevo sujeto económico: el capitalismo de Estado. Aunque nunca es mencionado por ese nombre en el discurso oficial, sino por el de sus formas empresariales (mixtas, asociaciones, concesiones, sociedades mercantiles), ese cóctel entre propiedad estatal y capital trasnacional no puede catalogarse de otra forma.

Con el tiempo, los socios han estrechado su relación hasta conformar un extraño dúo, que ya no parece ser de compañeros de viaje sino de hermanos siameses en completa hibridación. Así, desde arriba, la sociedad socialista se va convirtiendo en su contrario: un capitalismo de Estado que explota a las clases trabajadoras desde su triple condición de propietario, patrono y comerciante.

El botón de muestra de este sector es la publicitada Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). Inaugurada en 2013 como supuesta punta de lanza y eslabón más dinámico de la economía cubana, su funcionamiento ha sido demasiado lento. Hasta 2019 solo había recibido 2,300 millones de dólares en inversiones de una treintena de países y contaba con cincuenta negocios aprobados (veintinueve extranjeros, doce empresas mixtas, dos asociaciones internacionales y siete de capital cubano), aunque solo veintiséis estaban operando.

En 2011 se aprobó la liberalización y ampliación del trabajo privado personal y familiar (TCP). Desde entonces, comenzó a entrar al país a través de las remesas una cantidad inmedible de inversiones con el objetivo de ser fuente primaria de financiamiento a negocios privados.

Como contrapartida, en el sector estatal se adoptaron medidas centralizadoras bajo el paraguas de una nueva etapa de transformaciones. La más importante fue la creación de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), mediadoras entre los ministerios y la empresa con el pretexto de separar las funciones estatales de las empresariales y adecuarnos, supuestamente, a lo que se hacía en el mundo.

La nueva estructura empresarial tendría niveles de control: Junta de Gobierno/ OSDE/ Empresa/ Unidad Empresarial de Base (UEB). Esta última es la única creadora de valor y carga con los enormes costos de todo el andamiaje administrativo mencionado, que den ser pagados por el consumidor final. Su principal efecto fue la multiplicación de la burocracia, al convertirse las OSDE en mini-ministerios y frenar la autonomía empresarial al reducir a las fábricas, centrales y hoteles a la categoría de simples UEB.

Sin embargo, el nivel de extremismo económico es tan elevado que en un mercado desabastecido, creciente solo en divisas foráneas y con precios fuera del alcance del ciudadano común, uno de los problemas mayores de las empresas estatales son los enormes superávits de muchas de ellas. En los dos primeros meses de 2022, 479 empresas estatales reportaron utilidades por encima del 150%.

-II-

Al tiempo que se ignoraban las propuestas de medidas para estimular los sectores privado y cooperativo e impulsar la empresa estatal —restitución del peso como medio de circulación único; eliminación de las OSDE; derechos de exportación e importación libres de la explotación de entidades monopólicas; paso del comercio interior y exterior a manos de empresas estatales autogestoras, cooperativas y cuentapropistas, etc.)—, un Leviatán empresarial crecía en la sombra y engullía  todo lo que produjera amplias ganancias en divisas.

Desde que se implantó el bloqueo estadounidense, el Gobierno Revolucionario intentó burlarlo mediante operaciones económicas encubiertas. Tales prácticas crearon amplios márgenes para la corrupción y el desvío de recursos entre sus ejecutantes, cubanos y extranjeros. Las más conocidas fueron las Causas 1 y 2 de 1989, que terminaron con el fusilamiento de héroes militares, prisión del ministro del Interior y cuasi absorción de esa poderosa institución por el MINFAR.

empresa

Arnaldo Ocho durante el juicio de la Causa 1. (Foto: OnCuba)

Al ocurrir la apertura a la circulación del USD y crecer los intercambios con la emigración, el control de las remesas fue entregado a la corporación CIMEX SA, creada en 1978 en Panamá por la inteligencia cubana. Para hacerlo, se instituyó Financiera CIMEX SA (FINCIMEX, 1984). Otra empresa, Havanatur SA, se encargaría de los viajes de los exiliados a Cuba. El mercado interno dolarizado también estaría controlado por CIMEX.

En 1995, se organiza el holding GAESA (Grupo de Administración Empresarial, SA), al que se otorgó el control de docenas de grandes empresas en varios de los sectores más rentables en divisas: Cubanacán (turismo), Gaviota, SA (hotelería), Servicio Automotriz, SA (alquiler de coches para turistas), Tecnotex (importación-exportación  de tecnologías  y servicios), Agrotex  (agricultura),  Sermar (astilleros), Geocuba (cartografía), etc.

Los negocios de GAESA irían ampliándose desde el período centralizador iniciado en 1999 (reducción de asociaciones mixtas, eliminados los negocios inmobiliarios extranjeros, disminuidas las empresas cubanas autorizadas a realizar operaciones directas de comercio exterior, reavivada la animosidad hacia el trabajo privado, etc.). En 2006 absorbió a CIMEX (inmobiliarias, bancos, restauración, gasolineras, supermercados y almacenes). 

Durante 2009, el Gobierno decidió extinguir el grupo CUBALSE y asimilarlo a CIMEX. De ahí se beneficiarían distintas empresas de GAESA al transferírsele, entre otros activos, la red de estaciones de gas Oro Negro, arrendadoras de autos, y una naviera con destinos regulares a Centroamérica y el Caribe.

GAESA desplazó en 2011, mediante un pago millonario, a la multinacional italiana TELECOM ITALIA del floreciente negocio de la telefonía celular cubana. Un año después, el Gobierno otorgó a ETECSA los derechos del servicio de la telefonía celular para las comunicaciones móviles terrestres hasta 2036 y la autorizó, hasta 2023, a abonar el cinco por ciento de sus utilidades netas al Estado cubano en pesos cubanos, no en dólares.

Igualmente GAESA pasó a dirigir, en 2013, la recién creada ZEDM, la más importante inversión extranjera efectuada en la Isla en el período revolucionario. Construida por el grupo brasileño Odebrecht, es uno de los puertos más modernos de la región y enclave decisivo en las relaciones comerciales, actuales y potencialmente futuras, con los EE.UU.

empresa

(Foto: La República)

En 2017, la referida mega-corporación asumió al grupo Habaguanex, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, con su vasta red comercial del Centro Histórico de La Habana, área privilegiada para el turismo y los cruceros. Al año siguiente, ETECSA habilitó los servicios de navegación por zonas wifi,  Nauta Hogar y datos móviles desde los celulares. Aunque el precio continúa siendo uno de los más caros del mundo, el país se ha convertido en uno de los que más rápidamente ha crecido en la navegación por Internet en los últimos años.

La ampliación de la cantidad de internautas ha hecho crecer asimismo el acceso a información no controlada por el Gobierno/Partido/Estado y contribuido a crear espacios de debate sobre los asuntos cubanos en el ciberespacio. En ellos, la esfera económica ocupa un lugar primordial.

Uno de los temas recurrentes en el último trienio es el creciente fondo de inversiones dedicado por GAESA a la construcción de hoteles, aun en medio de la pandemia, lo que contrasta con la crisis en los demás sectores de la economía nacional.

¿Será que los intereses particulares de maximización de la ganancia de esta supraentidad se hallan por encima de las necesidades de la nación? La falta de información pública sobre sus finanzas y operaciones y la imposibilidad de controlarla por entidades civiles, incluyendo la Contraloría General de la República, hacen difícil responderlo con evidencias.

Por demás: ¿es GAESA una entidad del MINFAR o una empresa de capital privado? No está claro. Sea civil o militar, estatal o privada; el extremismo de constituir y privilegiar una supraentidad empresarial que controle las esferas más rentables de la economía cubana, va más allá de cualquier experimento socialista anterior. Según se observa, constituye un oligopolio in extremis que se multiplica, parasitando el corpus nacional a partir de privilegios monopólicos, que afectan tanto al resto del sistema empresarial como a  la inmensa mayoría de cubanos y cubanas, residentes dentro y fuera de la Isla.

23 junio 2022 23 comentarios 1.676 vistas
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