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El Inicio del Verano en la encrucijada del proyecto político cubano

Por
Rubén Padrón Garriga
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Para muchas de las familias cubanas, este inicio del verano es cualquier cosa menos una fiesta. Para quien no tiene una Ecoflow que pueda hacer más llevaderos los apagones —la mayoría de los hogares— la llegada de estos meses no puede representar otra cosa que calor, mosquitos, y desvelos por la imposibilidad de tener encendido un ventilador que pueda aliviar las cada vez más calurosas noches tropicales. 

Si se carga con la responsabilidad de mantener o sobrellevar un hogar sin privilegios, el día no es menos hostigante. El sol de junio, más que broncear, quema la piel de quien espera durante horas por un triciclo eléctrico que lo lleve al trabajo, o camina kilómetros buscando la mipyme que vende el pollo más barato. 

En este fin de curso, los niños de familias trabajadoras, aunque hayan sacado buenas notas, no podrán ir de paseo más allá de los predios hasta donde sus pies les permitan caminar. No habrá playas, ni piscinas, ni viajes al campo. Muchos de quienes se han roto el lomo todo el año para mantener a su familia con el sudor de su trabajo tampoco podrán disfrutar de un ocio accesible; cines, teatros, salas de fiesta estatales permanecen cerrados en casi todos los lugares por la situación energética. El país está sobreviviendo a las agresiones de Trump y Marco Rubio, pero, según el presidente, «con la heroica resistencia del pueblo cubano defendemos la soberanía y apostamos al perfeccionamiento de la enorme obra de justicia social que ha erigido la construcción socialista en Cuba». 

Sin embargo, esa «heroica resistencia» tiene formas muy diversas de expresarse en este verano. Algunos se desvelan por el calor del apagón y otros en una piscina de un hotel bailando al ritmo del reggaetón. Para ellos, el Inicio del Verano tiene un significado totalmente diferente.

El llamado «Inicio del Verano» se celebró entre el 29 y el 31 de mayo en el Hotel Resonance Musique de Varadero —aunque parte de la fiesta se extendió también al Meliá Internacional—. Según reportes de medios no estatales estuvo organizado por los proyectos Fiesta Havana y Rey Puma, con la plataforma mediática La Familia Cubana como su principal promotor. No hay información clara del precio de estas entradas; algunas publicidades que circularon en redes indicaban unos 170 USD la noche por dos personas, e igualmente estos reportes señalan que una mesa en la zona VIP costó entre 600 y 1.000 dólares.

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Cartel promocional del evento

El evento reunió a figuras del género urbano cubano como Yomil, Charly & Johayron, Ja Rulay, Wildey, Zurdo MC, El Micha, Hallel Génesis, Helabusador y Rey Tony, entre otros. El equipo de influencers de La Familia Cubana se encargó de documentar cada momento desde adentro: backstage, entrevistas, clips de los conciertos… donde todo el mundo se la estaba pasando «de maravilla», todo brilla, todo abunda y todo fluye… 

Entre los asistentes más «ilustres» estuvo el polémico influencer y empresario Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, quien compartió en sus redes imágenes de almuerzos en la Casa Dupont, paseos en moto acuática, fiestas en playa, y un video enseñando el tan mítico, como cada vez menos creíble cartel de «Lo que se recauda aquí es para el pueblo». También aprovechó para comentar que los delfines que protegieron a Elián González en alta mar, ahora estaban trayendo gente desde Miami para el Inicio del Verano, y lanzó su nueva bebida energética: el «Vampirash». 

Cualquiera que vea las imágenes sin contexto pudiera pensar que el evento se desarrollaba en Cancún o en Punta Cana, y no en un país «socialista» donde los apagones por lo general superan las 20 horas diarias, el agua escasea, los medicamentos brillan por su ausencia en las farmacias, y cuyo gobierno lleva meses pidiendo ayuda internacional para sostener las necesidades básicas de su población en medio del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos. 

Por supuesto, la polémica no se hizo esperar. Quien no conozca Cuba pudiera pensar que los que salieron indignados a atacar la opulencia en medio de la «resistencia» fueron los militantes comunistas, enarbolando aquella máxima de los manuales sobre la transición socialista: «a cada cual según su trabajo». Pero no. El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, no se dio por enterado del suceso. Quienes salieron a indignarse fueron, por lo general, periodistas e influencers de la oposición, en su gran mayoría defensores declarados del capitalismo —en su variante más neoliberal—, ese modelo que asume la desigualdad, no como una distorsión, sino un mecanismo básico de su funcionamiento.

Curiosa paradoja, al parecer, la moral comunista cambió de bando. Y hoy son los apologistas del capital quienes se escandalizan ante sus consecuencias más crudas.

Cabe destacar que no siempre fue así. En la Cuba «socialista» de mi infancia (finales de los 90 y principios de los 2000), a pesar de los rezagos del llamado Período Especial, buena parte de las familias trabajadoras aún tenían mecanismos para vacacionar garantizados por el Estado. Los campismos populares —instalaciones modestas pero accesibles, distribuidas en zonas de playa y naturaleza a lo largo del país— permitían pasar unos días fuera de casa a precios módicos. Unido a esto, las organizaciones sindicales gestionaban villas de descanso que se asignaban a los «trabajadores destacados». Igualmente se reforzaba el transporte hacia las zonas de playa en verano, y se ponían puestos de comida económica para que el trabajador y sus hijos pudieran disfrutar la temporada sin que el dinero fuera el único árbitro. 

Por supuesto, no era la igualdad perfecta —nunca lo fue—. Los mejores campismos populares casi siempre estaban «reservados» para personas con contactos, en la asignación de villas había favoritismos, y en las guaguas para la playa viajabas como sardina en lata. No obstante, había un piso que compensaba mediante transferencias sociales los salarios que no alcanzaban para hospedarse en un hotel. Un piso que reconocía que el verano, el descanso, el derecho a que tus hijos vean el mar, no podían ser privilegios exclusivos de quienes tuvieran dinero para pagarlos.

Hoy ese piso desapareció. En 2010, Raúl Castro anunció la eliminación de las llamadas «gratuidades innecesarias» como parte de la actualización del modelo económico, y en aquel momento a muchos nos pareció razonable, pues había subsidios que distorsionaban la economía y premiaban el despilfarro. Pero lo que no ocurrió fue la mejora de los ingresos de los trabajadores en el sector estatal, ni una red de protección social que absorbiera a quienes quedaban fuera del mercado que sustituiría estas gratuidades. Por el contrario, la economía se dolarizó más —impulsada por el propio Estado—, mientras los salarios se congelaron, y la inflación hizo el resto del trabajo. 

Por tanto, quienes hoy se emplean en el sector estatal —que sigue absorbiendo a la mayoría de los trabajadores cubanos, con presencia dominante en áreas tan sensibles como la salud, la educación, la ciencia, y otros espacios productivos— han quedado en tierra de nadie, sin gratuidades, ni salarios justos. Y el resultado es que hoy ni un médico, ni un maestro, ni un científico, ni menos un obrero de una empresa pública, puede permitirse vacacionar sin ayuda de sus familiares en el exterior o sin un ingreso complementario en divisas.

Por lo que muestran los videos, el Inicio del Verano en Varadero, no se llenó de turistas extranjeros. La inmensa mayoría de los presentes eran cubanos, parte de la misma sociedad de la que salen miles de familias que hoy malviven en la crisis. Entonces es inevitable que nos venga a la mente la pregunta: ¿quiénes son los que pueden asistir a un evento así?

Acá es importante no caer en maniqueísmos típicos como «todos son hijos de políticos y dirigentes». En esas mesas VIP había cubanos de muy diversos perfiles. Están quienes llevan años fuera de la Isla y regresan con divisas ahorradas en el «capitalismo». Están los dueños de negocios privados que han logrado prosperar genuinamente —y vale hacer la distinción, no cualquier negocio, sino uno suficientemente rentable como para destinar cientos de dólares al ocio—. Están los «influencers» que cobran por promocionar esos negocios. Están también quienes supieron capitalizar activos que adquirieron por mecanismos de redistribución social y que durante décadas no tenían precio de mercado, como una casona en el Vedado que de repente se puede vender o alquilar. Y están, no hay que ignorarlo, quienes han acumulado a través del desvío de recursos y la corrupción.

Lo cierto es que, más allá de las razones por las que cada quien tiene dinero —algunas legítimas y otras no—, hoy varios cubanos pueden exhibir que están en condiciones de gastar cientos de dólares en hoteles mientras otros subsisten. Recuerdo que cuando era niño —antes de la ampliación del sector privado en 2016 y la aprobación de las empresas privadas en 2021—, todavía existía un cierto temor a mostrar que se vivía «por encima de las posibilidades». El sistema estaba pensado para que no acumularas, y si lo hacías, la sospecha de que estabas haciendo algo fuera de las normas era inminente. Incluso quienes vivían de las remesas mostraban cierta discreción ante lo que la mayoría no tenía. 

Hoy el escenario es radicalmente distinto. La desigualdad y los privilegios de clase dejaron de ser algo que se oculta para convertirse en algo que se exhibe con orgullo. Cuando se ve a los hijos de los dirigentes en las redes dándose la gran vida ¿quién puede sentir vergüenza por vivir por encima del «pueblo trabajador»? Paradójicamente, la desigualdad solo se vuelve tema de conversación cuando un evento como el Inicio del Verano nos pone de frente esas contradicciones, pero por lo general el debate se queda en un tono moralizante que rara vez logra ir más allá y desmenuzar las causas y consecuencias de este problema. 

La socióloga Mayra Espina Prieto, quien lleva décadas investigando pobreza y desigualdad en Cuba, lo explicó con precisión en la entrevista realizada por La Joven Cuba. Lo que está ocurriendo no es simplemente una reconcentración de riqueza, sino el resultado de un proceso que ella llama reestratificación social. Hasta los años 80 el proyecto revolucionario logró un proceso real de desestratificación —la pirámide social se aplanó, la distancia entre la base y la cima disminuyó—, pero ese avance nunca fue completo, y a partir de los 90 comenzó a revertirse. Como bien apunta, «con el agravante de que quienes avanzan hacia las nuevas posiciones que representan mejores oportunidades, casi siempre son grupos que históricamente ya estaban mejor».

Advirtiendo que son cifras que deben tomarse con cautela —pues resultan estimados a partir de datos espejo, ya que Cuba no publica cifras de pobreza por ingresos—, Espina estima que entre el 40 y el 45% de la población cubana no logra cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos, mientras que un grupo reducido —la socióloga aproxima que no más del 11 o 13 por ciento de la población— se encuentra en una franja con ingresos muy superiores a la media, con capacidad real de resolver su vida cotidiana de forma cómoda y, en algunos casos, de exhibir los accesos ventajosos que le pueden proporcionar esos ingresos. Entre esos dos extremos, se encuentra una franja intermedia cada vez más inestable que puede caer hacia abajo con cualquier golpe, una enfermedad, la pérdida de un ingreso en divisas, la muerte de un familiar en el exterior…

Esta reestratificación tiene efectos que corroen el tejido social, pues desaparece la confianza en que el esfuerzo conduce a una vida digna, se naturaliza que unos pocos accedan a lo que la mayoría no puede, y se debilita el sentido de proyecto común. 

En una sociedad que durante décadas construyó su legitimidad sobre la promesa de equidad, esa erosión tiene un peso político que trasciende la indignación cuando se ve una muestra de opulencia como el Inicio del Verano. Significa que cada vez más personas dejan de creer que el sistema en que viven tiene algo que ofrecerles. Y todo esto tiene un efecto claro sobre la manera en que las familias cubanas organizan su vida cotidiana en medio de la situación actual en la que la inflación, la paralización del transporte público, los apagones y la desaparición progresiva de las transferencias sociales han empujado a cada hogar a buscarse la vida por su cuenta: una Ecoflow para no depender de la red eléctrica; un triciclo para no depender de la guagua; un ingreso paralelo para no depender del salario estatal; compras en el sector privado porque la oferta en pesos cubanos estatal es prácticamente inexistente… son soluciones individuales a los problemas colectivos. 

En esa trampa está quizás el efecto más silencioso de la crisis actual —que en ese sentido dista de la transcurrida en los años 90— las soluciones dejan de buscarse en el proyecto colectivo para convertirse en una responsabilidad personal.

Mientras tanto, en el discurso oficial se sigue hablando de resistencia, de justicia social, de soberanía popular, de socialismo, cuando en paralelo la vida cotidiana se organiza a partir de la lógica del sálvese quien pueda, alúmbrese como pueda, muévase como pueda, festeje como pueda. Cuando un sistema obliga a las personas a existir de ese modo, cada vez se hace más difícil convencerlas de que siguen formando parte de un proyecto colectivo. Y cabría preguntarse ¿por qué habría que hacerlo?

Al trabajador que hoy «resiste» el verano con 20 horas de apagón y hace una comida al día, ¿cómo le explicas que en ese mismo país hay quien puede festejar rodeado de lujos? ¿cómo lo convences de que tiene que seguir luchando para salvar el socialismo? 

Por eso sería ingenuo escandalizarse porque muchos cubanos ya no sientan apego alguno por la palabra socialismo. ¿Desde qué experiencia concreta podrían sentirlo? ¿Desde un salario estatal que se va en un cartón de huevos y una bolsa de leche? ¿Desde un apagón interminable mientras el vecino se alumbra con el panel que le mandó la familia del «imperialismo»? ¿Desde ver cómo el descanso, el ocio, la movilidad, el acceso al bienestar, se convierten poco a poco en marcadores de clase? Lo que quieren, entonces, es que el capitalismo que ya tenemos de facto se administre y gestione mejor, para que ellos también puedan acceder al capital necesario para una vida digna. 

Sin embargo, tampoco en nuestro menú político abundan las alternativas. La izquierda oficial sigue aferrada a una retórica que ya no consigue nombrar la experiencia real de la mayoría, invocando un horizonte igualitario mientras administra una sociedad cada vez más desigual, más fragmentada y más dependiente de soluciones privadas para problemas que antes se asumían como colectivos. Del otro lado, buena parte de la oposición —mayoritariamente ubicada en la derecha— denuncia con razón la hipocresía del discurso oficial, pero suele hacerlo desde una visión idealizada del capitalismo, esa donde «todo el mundo puede llegar» si se esfuerza lo suficiente. El problema es que rara vez se detienen a pensar qué pasa con quienes, a pesar del esfuerzo, no podrán, desde la lógica del mercado, garantizarse un piso mínimo de dignidad, como también ocurre en los países capitalistas subdesarrollados. 

Lo que proponen, en la mayoría de los casos, no es un capitalismo con mecanismos de redistribución, con servicios públicos fuertes, con subsidios para personas vulnerables, ancianos o familias pobres, ni un modelo donde la empresa privada conviva con instituciones públicas para garantizar un piso mínimo para todos. Lo que proponen es, más bien, que el Estado se retire y que «San Mercado» regule la vida social. Y en esa sociedad imaginada desde el llamado «liberalismo clásico» ya no debería importar demasiado que algunos puedan festejar en Varadero mientras otros no tienen para comer, porque al final el que festeja sería visto como alguien que se lo ganó, y el que no llega, como alguien que no supo o no quiso llegar. 

***

A quien de manera genuina se indigna con el Inicio del Verano le digo que no es más que el síntoma del problema. Esos hoteles iluminados en medio de la oscuridad generalizada son la postal que refleja la principal contradicción del modelo cubano. Uno que ha hecho del socialismo y la justicia social su bandera, pero que hoy no puede hacer otra cosa que mal administrar un capitalismo deficiente. 

Por eso escandalizarse en redes, o prohibir la próxima edición no resolverá nada. Tapar ese espectáculo apenas serviría para esconder las marcas de una sociedad que hace rato viene reorganizándose alrededor del privilegio, la desigualdad y la capacidad individual por encima del proyecto colectivo. Lo más grave es que esa reorganización ocurre sin asumir su nombre y sin ofrecer tampoco las mediaciones que en otros contextos capitalistas, gobiernos progresistas han implementado para amortiguar la caída de los de abajo o ayudarlos a llegar al medio. 

La crisis cubana, tal como hoy como está, resultará insostenible durante mucho más tiempo. Tenga el desenlace que tenga, reconstruir el país, con este sistema o con el que venga, tendrá que ser una tarea colectiva de la cual la gente tiene que sentirse parte. Sin embargo, ninguna reconstrucción será posible sin asumir de frente las causas que nos trajeron hasta este punto, en medio de la asfixia externa y los errores internos que han terminado por vaciar de contenido buena parte de las promesas que durante décadas sostuvieron la legitimidad del proyecto nacional. 

Afrontar esas contradicciones implica dejar de administrar sus síntomas, dejar de esconderlas detrás de consignas o de vender salidas milagrosas, y empezar a discutir con honestidad qué país existe realmente, qué mayorías están quedando fuera, pero, sobre todo, qué condiciones materiales, sociales y políticas habría que reconstruir para garantizarles una vida digna, y cómo hacerlo. Todo lo demás —el escándalo pasajero, la indignación selectiva y las promesas fáciles— sigue siendo una forma más de dar vueltas en el vacío. 

La cancelación de Visa y Mastercard en Cuba explicada por economistas cubanos

Por
Redacción
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Imagen: CNN

La administración Trump afirma estar al lado del pueblo cubano, y el secretario de Estado Marco Rubio no ha dejado de invocar su derecho a la libertad y la dignidad en sus declaraciones sobre la Isla. Sin embargo, con cada nueva orden ejecutiva firmada desde Washington, se añade una capa más a la crisis cotidiana de quienes viven en la Isla. 

El 3 de junio, una nota del Banco Central de Cuba informó que un banco extranjero que procesaba en la Isla operaciones realizadas con tarjetas Visa y Mastercard comunicó a FINCIMEX S.A. la interrupción de su relación comercial. Solo quedarían disponibles el efectivo y las tarjetas prepago nacionales Clásica y Tropical, así como las internacionales Mir y UnionPay.

Según la información oficial, la decisión fue recibida el 2 de junio y se vinculó de forma directa con la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo. El comunicado añadió que, a partir del 6 de junio, cuando entraría en vigor la medida, se hacía «ilícito e imposible» continuar la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana, por lo que el país quedaba imposibilitado de recibir ingresos por comercialización de bienes y servicios mediante esas dos redes internacionales de pago.

Para conocer el impacto de esta medida La Joven Cuba consultó a tres economistas que analizaron sus efectos sobre la economía nacional.

Para Carlos Enrique González es una «pésima noticia». A su juicio, el pago con estas tarjetas era una de las escasas vías de entrada de dinero por medios no efectivos que aún quedaban disponibles para Cuba. Según explicó, la sustitución de esos flujos por efectivo complica tanto a las familias como al Estado y también a los actores privados, pues manejar divisas en metálico supone mayores costos, dificultades logísticas y más obstáculos para insertarlas luego en circuitos comerciales y financieros.

«El efectivo, si va al Estado, tiene que luego el Estado reportarlo, encontrar un banco que se lo acepte y eso es un problema tremendo», señaló. En su opinión, los privados también se verán afectados, pues se podrían complicar las formas de pago en dólares hacia proveedores extranjeros: «lo que hace es encarecer todo el proceso de importación y de poner productos». Sobre el efecto que tendría en las familias precisó que hay «familias en Cuba con parientes en el extranjero cuya forma de mandarles las remesas es precisamente poner dinero en una de esas tarjetas», que la gente tiene dentro del país y usa «principalmente comprando en las tiendas».

Sin embargo, el economista, sin justificar la política de Washington, consideró que la concentración de estos procesos financieros en FINCIMEX, una entidad dentro del GAESA, le da a Estados Unidos una justificación para aplicar sus sanciones: «Si hubiera varias empresas a través de las cuales tú pudieras procesar eso, o que Fincimex no estuviera dentro del GAE [Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias], le quitabas el argumento a los del lado de allá para hacerlo». Por eso concluyó que, en lugar de ayudar a evadir el bloqueo, el proceso de concentración en el GAE «lo que ha hecho es facilitar el trabajo del bloqueo».

Por su parte, Omar Everleny Pérez Villanueva coincidió en que «evidentemente es un gran golpe para la economía cubana», aunque, a su juicio, no toda la población cubana utiliza esas tarjetas, por lo que, en su opinión, no se puede hablar de un colapso inmediato para el día a día del ciudadano de a pie. 

Sobre el impacto en el sector privado, según el experto, un dueño de negocio que paga en el exterior con su tarjeta no encuentra problemas para realizar compras internacionales, pues la opera de forma remota; el obstáculo surge cuando la operación depende de una pasarela de pago cubana. «Lo que no puedes es pagarle a un negocio que funciona en Cuba, una empresita que está en Cuba que te dice: “Yo le voy a traer a usted tantos kilogramos de mantequilla, págame por esta pasarela de pago”. Ya eso no va a existir». Por lo que esa limitación corta una infraestructura que venía articulando parte del comercio privado dentro del país.

Donde sí prevé un golpe estructural de mayor alcance es en el turismo. Aunque señaló que ese sector «está en el piso» y por tanto el impacto no es todavía demoledor, advirtió que la medida cierra una puerta que no será fácil volver a abrir: «En la medida en que se recupere el turismo, si no recuperas el uso de tarjetas internacionales, es un país que no existe». 

En otro orden, Ricardo González Águila amplió el horizonte del análisis hacia las consecuencias macroeconómicas. A su criterio, la medida «incide en el sistema de pagos, encarecerá aún más las transacciones internacionales de Cuba con el resto del mundo, un hecho con consecuencias sobre las finanzas y el comercio exterior». Aunque reconoció que es difícil estimar la magnitud exacta del impacto en este momento, advirtió que «la decisión supone un problema añadido para una economía con demasiadas vulnerabilidades acumuladas», y que en el contexto actual «cualquier presión adicional —por mínima que parezca— tiene el potencial de desatar eventualmente una crisis humanitaria de dimensiones desconocidas».

Su análisis también señala el riesgo de un mayor aislamiento geoeconómico: la medida hará a Cuba «más dependiente de los intercambios bilaterales con aliados como Rusia y China». En el plano interno, prevé que los efectos sobre el comercio y las finanzas internacionales «podrían trasladarse hacia el sector real —oferta de bienes y servicios— y hacia los equilibrios monetarios —inflación y tipo de cambio informal—, acelerando la tendencia al deterioro que se viene observando en los últimos meses». Una advertencia que conecta  con procesos ya visibles en la economía cotidiana de la Isla.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, autoriza bloquear propiedades e intereses de personas o entidades vinculadas —directa o indirectamente— con sectores considerados estratégicos de la economía cubana, entre ellos el de servicios financieros. Unido a esto, permite sancionar a quienes operen en esos sectores, actúen en nombre del Gobierno de Cuba o le presten asistencia material o financiera.

Uno de sus apartados más relevantes para entender lo ocurrido con Visa y Mastercard es el referido a las instituciones financieras extranjeras: el secretario del Tesoro puede imponer sanciones a cualquier banco o entidad foránea que haya facilitado transacciones significativas para o en nombre de una persona bloqueada bajo esa orden, incluida la prohibición de operar cuentas corresponsales en Estados Unidos. 

Por tanto, el mecanismo, al enunciar términos tan generales, empuja a que, incluso antes de ser sancionados, bancos y operadores internacionales se retiren de cualquier relación que Washington pueda interpretar como un vínculo con actores cubanos sancionables. Es lo que se conoce como overcompliance o sobrecumplimiento, y expresa la tendencia de instituciones financieras a ir más allá de lo que la norma exige y cortar vínculos con países o entidades sancionadas por simple precaución, para evitar cualquier riesgo de multa o represalia futura.

La cancelación del procesamiento de Visa y Mastercard en Cuba se suma a una secuencia de restricciones que en los últimos meses ha alcanzado a navieras, proveedores de combustible y operadores logísticos internacionales. En todos los casos las medidas se anuncian como instrumentos dirigidos contra estructuras estatales, pero sus efectos concretos terminan recayendo sobre la población. 

En una economía donde la inflación debilita el poder adquisitivo, la oferta de bienes básicos es insuficiente y las familias dependen de los recursos que llegan desde el exterior, cualquier restricción adicional sobre los canales de remesas o de pago electrónico es una presión directa sobre las condiciones materiales de existencia de personas que ya viven al límite.

Resulta legítimo y necesario analizar con rigor las responsabilidades internas del gobierno cubano en el deterioro económico acumulado, y las decisiones que, como señaló Carlos Enrique González, han facilitado el trabajo del cerco. Pero el análisis honesto de la situación también exige reconocer que una política de sanciones que lleva décadas aplicándose sin producir los cambios políticos que declara buscar, y que en cambio contribuye a agravar indicadores de salud, alimentación y bienestar de la población civil, merece ser cuestionada en sus propios términos. 

Cuando la presión económica alcanza un nivel capaz de «desatar eventualmente una crisis humanitaria de dimensiones desconocidas»,como advierte Ricardo González Águila, conviene recordar que, independientemente de los errores que cometa la administración de un país, ningún gobierno extranjero tiene derecho a infligir ese costo sobre una población civil.

Cuba en el interregno

Por
Hiram Hernández Castro
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La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer; en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados.

Antonio Gramsci

I. Cuba entre precarización y disputa geopolítica

Desde hace demasiado tiempo, Cuba viene siendo analizada como si fuera una pieza congelada de la Guerra Fría. Para unos, sigue siendo la última trinchera del socialismo y la épica revolucionaria. Para otros, no es más que una dictadura agotada, un sistema postotalitario a la espera de un derrumbe semejante al del bloque soviético, de una intervención externa o un estallido social.

Esas miradas, aunque parten de posiciones opuestas, comparten la simplificación de toda una sociedad. La convierten en símbolo, en museo, en amenaza, en causa, en consigna; pero muchas veces dejan fuera a la sociedad cubana concreta, a la gente que vive, espera, resiste, emigra, se cansa, protesta o simplemente intenta llegar al final del día.

No estamos ya en la coyuntura de adrenalina de los primeros años de la Revolución: Playa Girón, la Crisis de Octubre, la confrontación bipolar clásica. Tampoco estamos ante una multipolaridad que, al menos en el Caribe, haya producido márgenes reales de autonomía. Al contrario, en este lado del Atlántico parece reactivarse una vieja lógica hemisférica, cercana al reflejo doctrinario de Monroe: la idea de que Cuba pertenece, por geografía y por poder, a la zona de influencia de Estados Unidos.

La crisis cubana ocurre en un mundo que habla de multipolaridad, aunque en esta región Washington vuelve a comportarse como si América Latina fuera su patio estratégico. Bajo Trump, con figuras como Marco Rubio impulsando una política de asfixia, esa lógica ya no aparece disfrazada de diálogo, sino como presión directa, castigo energético colectivo y pedagogía imperial.

Con todo, reducir la crisis cubana exclusivamente a Estados Unidos también implicaría simplificar un proceso histórico mucho más complejo. Cuba condensa hoy, de manera extrema, muchas de las tensiones del mundo contemporáneo: crisis de legitimidad política, desigualdad creciente, agotamiento institucional, migraciones masivas, polarización digital, desgaste de los relatos históricos y disputa geopolítica entre potencias.

La precariedad material es profunda. A ello se suma otra crisis menos visible: el duelo silencioso por el agotamiento de un horizonte colectivo que durante décadas dio sentido a la vida nacional y que hoy parece incapaz de producir esperanza.

Mientras todo eso ocurre, la vida cotidiana transcurre entre apagones, inflación, pobreza creciente, precarización cotidiana y pérdida de horizonte. No hablo de una abstracción llamada «el pueblo». Hablo de hogares donde se decide qué comida se sacrifica, qué medicina no se compra, qué objeto se vende, qué joven se va, qué anciano queda solo, qué familia se fragmenta.[1]

La Isla no solo enfrenta falta de combustible, alimentos, divisas o inversión. Enfrenta algo más profundo: la dificultad de imaginar un futuro compartido que no sea ni la continuidad empobrecida ni una restauración neoliberal tutelada desde afuera.

Antonio Gramsci llamó interregno al momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no logra nacer.[2] Pocas sociedades contemporáneas expresan hoy esa tensión con tanta claridad como Cuba.

La Isla vive un interregno histórico donde confluyen precarización de la vida cotidiana, coerción geopolítica y crisis del horizonte social.

II. Asfixia externa y cierre interno

Hoy Cuba —su sociedad, su gobierno y su propia estructura estatal— enfrenta uno de los momentos más extremos de la histórica política de sanciones y bloqueo articulada por Estados Unidos durante más de seis décadas. Bajo la segunda administración de Donald Trump, sectores de la ultraderecha republicana y del anticastrismo más intransigente han reforzado una lógica restauradora que continúa pensando la relación con Cuba en términos de rendición total del adversario político.

Aquí también hay que ser claros. El bloqueo no explica todos los problemas internos de Cuba, pero minimizar su impacto real sería intelectualmente deshonesto.

Durante décadas, las sanciones han condicionado estructuralmente la economía cubana: acceso financiero restringido, persecución bancaria internacional, encarecimiento de importaciones, dificultades energéticas, limitaciones tecnológicas y obstáculos permanentes para comerciar con terceros países.

Las sanciones secundarias, la presión sobre bancos extranjeros y las amenazas a empresas energéticas buscan asfixiar la Isla. Sin embargo, la dirigencia cubana tampoco consiguió —más allá de la dependencia soviética primero y venezolana después— construir un modelo suficientemente abierto, flexible y democrático capaz de generar alternativas sostenibles frente a esa presión externa. El cierre político terminó limitando también la capacidad de deliberar y decidir sobre otros proyectos para el país.

Conviene decir algo incómodo para ambos extremos ideológicos: el bloqueo fracasó tanto en provocar la caída del sistema como en producir democratización; el cierre interno fracasó en producir prosperidad y alternativas. Entre ambas lógicas, el gran perdedor histórico ha sido el ciudadano cubano de a pie.

Como advierten los académicos estadounidenses William LeoGrande y Peter Kornbluh, las nuevas sanciones impulsadas por Washington buscan estrangular el suministro energético y financiero de la Isla mediante mecanismos de presión extraterritorial sobre terceros países y empresas. Los autores sostienen que esta política de «diplomacia coercitiva» está empujando a Cuba hacia una crisis humanitaria cada vez más profunda.[3] Y como ha señalado la socióloga cubana Mayra Espina, esas crisis no impactan de manera homogénea: terminan profundizando desigualdades sociales, territoriales y racializadas, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, entre ellos mujeres, ancianos y hogares empobrecidos.[4]

Eso es importante porque obliga a romper otra falsa dicotomía. Criticar el autoritarismo burocrático interno no obliga a legitimar políticas de asfixia externa. Y rechazar el bloqueo tampoco obliga a romantizar el inmovilismo estatal cubano, ni a justificar un despotismo que frente a las disidencias suele responder con criminalización de la protesta, castigos desproporcionados y cierre político.

El 11 de julio de 2021 mostró precisamente esa fractura. Miles de ciudadanos salieron a las calles reclamando por la escasez, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida, mientras consignas como «Libertad» y «Patria y Vida» expresaban también un malestar cívico y generacional.

Más allá de las disputas sobre aquellas protestas, el 11-J reveló fisuras profundas entre la dirigencia política y sectores importantes de una sociedad empobrecida y fatigada.[5]

La respuesta inicial del gobierno fue convocar a un «combate» contra «mercenarios», «vándalos» y «confundidos». Y ahí probablemente ocurrió uno de los grandes errores políticos del aparato estatal cubano contemporáneo, el de responder a la protesta social más desde la lógica de la seguridad que desde la escucha política. La existencia de intentos de instrumentalización externa —los hubo— no elimina el imperativo ético y estratégico fundamental de hacer política intentando colocarse en el lugar de quienes protestan.

Ahí radica uno de los problemas centrales del debate sobre Cuba: la incapacidad para pensar simultáneamente varias verdades incómodas. Muchas veces el debate intenta reducir la densidad histórica y política a una contabilidad mecánica de culpas y responsabilidades.

Sabemos, por ejemplo, que el ser humano no es 50% biológico y 50% social. Es 100% biológico, 100% social y 100% cultural al mismo tiempo. Aquí tampoco estamos ante una ecuación simple de porcentajes de culpas. No se trata de decidir cuánto corresponde al bloqueo y cuánto a la ineficiencia interna, como si pudiéramos separar quirúrgicamente procesos históricos que llevan décadas interactuando entre sí.

La Revolución Cubana triunfó en plena Guerra Fría, dentro de la zona de influencia histórica de Estados Unidos y en el corazón del mundo bipolar. De ahí surgieron la dependencia soviética, la consolidación de una estructura estatal burocratizada, un bloqueo persistente y una economía periférica extremadamente vulnerable. A ello se sumó una política de sanciones diseñada para erosionar capacidades estatales y ampliar las oportunidades para la contienda política. Frente a ese escenario, la dirigencia cubana respondió reforzando el verticalismo, el cierre político y la lógica represiva del aparato estatal.

Todo eso actúa al mismo tiempo sobre la vida cotidiana de los cubanos. Y por lo general el debate público ha tomado una parte del fenómeno —el bloqueo o el régimen cubano— y la ha convertido en la explicación total, de acuerdo con su ideología, sus sesgos de confirmación y los poderes hegemónicos y mediáticos más próximos.

El resultado es una creciente polarización de los relatos sobre Cuba. Hace apenas unas semanas, mientras el gobierno afirmaba reunir millones de firmas «en defensa de la soberanía», una encuesta difundida por medios digitales opositores sostenía que una parte importante de quienes respondieron desde la Isla apoyaría incluso el derrocamiento armado del sistema y valoraba positivamente figuras como Marco Rubio.

Ninguno de esos dispositivos puede leerse de manera ingenua. Ambos relatos están profundamente condicionados. El problema no es decidir cuál expresa la «verdadera voz» de Cuba, sino advertir que entre esos relatos enfrentados suele desaparecer la experiencia de una sociedad diversa, contradictoria y fragmentada, desplazada una vez más del debate sobre su propio destino.

III. La sociedad cubana y la ventriloquía

Quizás uno de los grandes problemas de la discusión contemporánea sobre Cuba sea hablar constantemente «sobre» los cubanos, pero mucho menos «desde» la experiencia concreta de los cubanos de la Isla.

Y aquí me parece útil recuperar la idea del antropólogo ecuatoriano Andrés Guerrero de la ventriloquía política. Es decir, situaciones donde distintos actores hablan en nombre de otros y terminan sustituyendo su voz.

En torno a Cuba pareciera funcionar hoy una especie de ventriloquía múltiple. Miami-Washington habla por Cuba. El Estado habla «por el pueblo». El exilio habla «por la nación». Las redes hablan «por la Isla».

Entre todas esas voces, la experiencia cotidiana de los cubanos de a pie suele quedar parcialmente borrada.

En ese sentido, es central comprender que, incluso en medio de la precarización extrema, la sociedad cubana sigue produciendo formas cotidianas de adaptación, solidaridad, negociación, crítica y supervivencia que no encajan fácilmente ni en la narrativa heroica oficial ni en la retórica del derrumbe inminente. No todo es obediencia. No todo es resistencia épica. Tampoco toda la sociedad vive esperando una salvación externa o un estallido inevitable.

En Cuba hay también redes familiares que sostienen barrios enteros; economías informales que reemplazan funciones estatales colapsadas; ciudadanos que critican al sistema y rechazan igualmente cualquier forma de intervención extranjera; jóvenes que desean cambios profundos sin imaginar necesariamente una restauración neoliberal. Al mismo tiempo, esas formas de adaptación y supervivencia se distribuyen de manera profundamente desigual. El acceso diferenciado a remesas, divisas y redes transnacionales está profundizando jerarquías sociales cada vez más racializadas y territoriales, debilitando la relativa igualdad social construida durante décadas, que fue uno de los pilares históricos de legitimidad de la Revolución.

Quizás una de las expresiones más interesantes del entramado de tensiones sea la emergencia, en los últimos años, de intelectuales, periodistas, académicos y ciudadanos que resultan difíciles de encajar en la vieja polarización cubana. Se trata de voces diversas que intentan pensar el país más allá tanto del lenguaje oficial como de los imaginarios de restauración política que circulan en determinados sectores del exilio, revelando la persistencia de una sociedad que continúa buscando alternativas para sí misma, alejada tanto del inmovilismo burocrático como de formas de tutela externa.

A veces pareciera que Cuba solo pudiera imaginarse desde dos futuros extremos: o la continuidad empobrecida del presente o una especie de refundación traumática dirigida desde afuera. Ambos imaginarios resultan profundamente peligrosos.

Por eso conviene insistir en que reconocer la gravedad de la crisis cubana no obliga a romantizar escenarios de caos o implosión social. Las sociedades no son laboratorios geopolíticos. Los pueblos no deberían pagar con sufrimiento ilimitado las fantasías estratégicas de ningún poder.

No sé si Cuba se dirige hacia un estallido social, una transición negociada, una apertura administrada o una prolongación incierta del deterioro actual. Lo evidente es que Cuba ya cambió profundamente. Y ninguna estructura política puede permanecer indefinidamente ajena a las transformaciones de la sociedad que la sostiene.

Un viejo orden que pierde capacidad de organizar consenso mientras el nuevo todavía no logra nacer plenamente. Y en ese claroscuro proliferan fenómenos muy complejos: cinismo político, fatiga social, emigración masiva, desigualdad creciente, repliegue hacia la supervivencia individual, pero también nuevas formas fragmentarias de ciudadanía y de crítica pública.

La pregunta entonces no es solamente cómo cambiar el sistema político cubano sino ¿cómo reconstruir un horizonte colectivo de país?

Cuba necesita transformaciones profundas. Necesita prosperidad y, a la vez, disminuir desigualdades, reconstruir institucionalidad pública, abrir espacios reales de participación, procesar democráticamente sus conflictos y generar condiciones mínimas de dignidad cotidiana. Cuba necesita hacerlo sin quedar subordinada a nuevas formas de tutela externa, restauración oligárquica o dependencia geopolítica.

Alcanzar ese equilibrio será extremadamente difícil. Porque el futuro de Cuba probablemente no consista en elegir entre un socialismo autoritario y un capitalismo colonial. Se decidirá, más bien, entre distintos modos de gestionar soberanía, desigualdad, participación, derechos y supervivencia social.

Martí advirtió que «los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos» [6]. Rosa Luxemburgo sostuvo, por su parte, que «la libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa de manera diferente»[7]. Tal vez el desafío cubano contemporáneo consista en intentar sostener ambas intuiciones al mismo tiempo. Solo entonces Cuba podrá volver a reconocerse como sujeto de su propia historia.

El presente texto retoma y amplía ideas expuestas en el panel «Cuba: posibles desenlaces de la crisis actual», realizado en FLACSO Ecuador el 20 de mayo de 2026.

[1] Mayra Espina, entrevistada por CEDA en “Poverty in Cuba Today: From Structure to Daily Life” (2026).

[2] Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel (Vol. 3). Ediciones Era. (Trabajo original escrito entre 1929 y 1935).

[3] LeoGrande, W., & Kornbluh, P. (2026, marzo). Los planes de Trump para «tomar Cuba». Nueva Sociedad.

[4] Espina Prieto, M. (2008). Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad: Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

[5] Hall Lujardo, A. (Coord.). (2023). Cuba 11J: Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales. Marx21. https://marx21.net/2023/07/11/libro-cuba-11j/

[6] Martí, J. (1975). Las guerras civiles en Sudamérica. En Obras completas (Vol. 6, p. 46). Editorial de Ciencias Sociales. (Trabajo original publicado el 22 de septiembre de 1894).

[7] Luxemburgo, R. (2003). La revolución rusa. Fundación Federico Engels. (Trabajo original escrito en 1918 y publicado en 1922).

La salud emocional, otro rostro de la crisis

Por
Ariel Dacal Díaz
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Es cosa del sentido común afirmar que la prolongada y múltiple crisis que vive Cuba impacta en la salud mental, individual y social. Como parte de los asuntos que merecen atención urgente, es necesario mirar más a fondo sus manifestaciones, sus causas, y sus potenciales soluciones.

Con esa pretensión, dialogué con algunas personas, cuyo denominador común es trabajar directamente el tema de la salud mental en centros asistenciales, comunidades y espacios docentes. Ellas conversan, acompañan, comprenden y ayudan a personas impactadas por la realidad. Al tiempo que proponen soluciones específicas a cada caso, imaginan modos de organizar la asistencia de salud mental para lograr un mejor impacto.

Como resultado de la riqueza de esas conversaciones, aparecen ideas que, reconociendo la voz específica de cada una de estas personas, he organizado en cuatro temas fundamentales: la salud mental, su condicionante sociocultural, sus manifestaciones concretas en la crisis cubana y algunas potenciales soluciones.

Es cada vez más recurrente escuchar hablar sobre salud emocional.
¿Qué significa este término?

Salud emocional, salud mental, bienestar psicológico, son términos que parecieran ser usados sin saber realmente lo que significan, alerta Isachi Peña Pinos (Licenciada en Psicología, Universidad de la Habana). Se establecen como búsqueda constante del bienestar, de la felicidad, como fin último, parecería que se trata de estar bien a toda costa.

Con esta compresión se pasa por alto que la felicidad no es un punto permanente, sino un proceso, un camino. Estar bien no es un estado constante.

Sin embargo, la salud emocional es un estado de bienestar mental, psicológico, subjetivo, que permite a la persona estar lo mejor posible, desarrollarse, aprender a estar en comunidad.

A esta idea añade Elizabeth Hernández Álvarez (M.Sc en Psicología de la salud, Pinar del Río) que la salud emocional implica enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. No se trata simplemente de la ausencia de trastornos mentales, sino de la capacidad de gestionar las emociones de manera adaptativa para lograr un equilibrio ante las adversidades.

Larissa Turtos Carbonell (Dra. C., Psicóloga, Santiago de Cuba) acota que la salud, de forma general, y la salud emocional de forma particular, se relacionan con la posibilidad y capacidad de aprendizaje en el vínculo con los otros. No se es «sano» por no tener conflictos. Es poder usar las emociones, los conflictos, los sentimientos y su relación con las creencias y conocimientos para organizar, entender y transformar la realidad, lo que incluye afrontarla.

Alguien sano emocionalmente logra reconocer lo que le genera malestar y activar recursos para afrontarlo, aun cuando no logre eliminar el malestar en ese proceso.

Para Laziel Cánova Rodríguez (Jefe Departamento de Salud mental, policlínico Docente, Hermanos Cruz, Pinar del Río) implica, además, saber aceptar, resolver y soltar, aprender que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente.

Un término recurrente lo es, también distorsionado, el de resiliencia, asumida como esa respuesta que convierte los problemas estructurales, la sobrevivencia, en gesto heroico, romántico, destaca Isachi. Esto refuerza la idea de que siempre tenemos que estar bien, incluso en circunstancias adversas.

Pero la resiliencia no es sinónimo de «aguantar», tampoco lo es el bienestar, es hacer las paces con lo que sentimos, darnos el lugar y permitirnos sentir diferentes emociones. No siempre es estar bien, no siempre es estar alegre, no siempre es la felicidad a toda costa.

En el contexto cubano, la salud mental, como equivalente de la resiliencia, se manifiesta en frases como, «hay que luchar», «aguantar», «resolver» sin que ello implique la pérdida total de la capacidad para sentir esperanzas a consecuencias del desgaste constante con que se vive, afirma Elizabeth.

Algunas lecturas críticas al término salud mental anotan una suerte de mecanismo de adaptación a una realidad que, básicamente, es la causante del malestar emocional.
¿Este es un asunto meramente personal o tiene condicionantes de carácter sociocultural?

En opinión de Isachi, en esta disyuntiva se encuentran hoy muchas personas. Pareciera que la salud mental dependiera solo de uno. Sin embargo, conceptos como salud y bienestar emocional tienen que ver con el equilibrio entre la persona y el entorno sociocultural en que se encuentra.

Los otros son muy importantes para este bienestar emocional. Los otros entendidos no solo como las personas más cercanas, las principales redes de apoyo, si no la sociedad en la que se está inserto, los estereotipos que perviven en ella, las expectativas y los ideales de cómo deberían ser, de cómo debería ser yo en sociedad.

En este análisis, Laziel destaca lo familiar como variable, pues en nuestros genes y en nuestro inconsciente genealógico portamos todas las situaciones familiares (conflictos, traumas, patrones y conductas adaptativas o desadaptativas), las cuales constituyen factores que pueden influir, pero no determinar que el sujeto posea o no una adecuada salud emocional.

Sobre este particular, Larissa enfatiza que entender la adaptación y la salud no indica que la realidad tiene la culpa. Sin duda, hay un carácter eminentemente sociocultural, pero como aprendizaje y materia para la construcción de esos recursos de adaptación, y además como trasfondo que valida o denuncia formas de afrontamiento.

La realidad impacta emocionalmente a la persona a través de la evaluación cognitiva que cada individuo hace de la situación en que vive, con independencia incluso de lo objetivo de esa situación. Desde este acierto, Alina María Rivero Brito (MSc en Psicología Clínica, Profesora, Universidad Ciencias Médicas Pinar del Río) ve como un primer marco de análisis el personal, más intrapsicológico, sin que se pueda aislar del sistema de relaciones, de los vínculos con otras personas, con el ambiente, con la sociedad.

Incluso es importante la evaluación que las personas hacen de hasta qué punto todos estos sistemas o estos vínculos satisfacen sus necesidades como individuo.

Para Elizabeth, el malestar emocional en Cuba tiene, indudablemente, condicionantes socioculturales y económicas profundas. Es cierto que la forma en que cada persona maneja estas presiones es única, sin embargo, la fuente principal del malestar es estructural y colectiva.

No es posible separar el estado anímico de un cubano/a de factores como: la precariedad económica crónica, la diáspora familiar, la falta de perspectivas de futuro, la desconfianza en las organizaciones políticas que dirigen el país.

Desde la experiencia clínica,
¿qué impacto consideras tiene la crisis múltiple en la salud emocional de las personas?

Isachi considera que la crisis multifactorial que tenemos en nuestro país incide grandemente en el bienestar de las personas.

Un aumento de la migración, como variable, hace que se ausenten muchos de esos otros que son significativos para nosotros (parejas, hijos, madres, padres, hermanos, amigos, colegas), o que su presencia sea de una forma distinta a la que estábamos adaptados, por ejemplo, la comunicación.

Esto genera efecto de vacío, de abandono, de soledad. También un aumento del estrés, de la sobrecarga, que no es solo sobrecarga laboral por la ausencia de estos otros, sino una sobrecarga emocional porque vamos acumulando los malestares con los miedos, con la angustia, con la incertidumbre, uno de los problemas más presentes hoy.

El aumento de la violencia es otro dato de esta crisis, violencia que se expresa en el miedo a salir de la casa, a estar en determinados lugares.

Se añade el miedo de desempeñarnos socialmente, a vincularnos con otros, el miedo a “yo no sé si el otro me puede hacer daño y por eso no me vinculo”, entonces eso nos aísla más de nuestro entorno.

Otro de los malestares que estamos sufriendo, por ejemplo, es el consumo de drogas. Las crisis en cuanto a las adicciones es uno de los problemas que están presentes en Cuba, resultado de todas estas crisis que hacen que la vida de las personas adictas se desestructure hasta llegar a ese punto.

Elizabeth condensa estas y otras manifestaciones de la crisis en la salud mental en el incremento de la ansiedad generalizada y el estrés crónico. Entre sus principales causas figuran la incertidumbre diaria («¿habrá comida?», «¿llegaré a mi trabajo?», «¿se irá la luz?»). Las personas se mantienen en un estado de alerta constante. Esto se traduce en irritabilidad, insomnio, problemas de concentración y una fatiga que no se alivia con el descanso.

Se añaden a esta manifestación los cuadros depresivos y la apatía: no se visualizan mejorías en el horizonte, lo que conlleva a una profunda tristeza y desmotivación. Los duelos múltiples y no resueltos: seres queridos que no están, los proyectos de vida truncos. No hay tiempo para procesar una pérdida antes de que llegue la siguiente.

Los conflictos relacionales, las somatizaciones, los intentos suicidas agudizan el panorama.

Alina agrega una perspectiva sensible: la situación es particularmente visible entre niños, niñas y jóvenes. El impacto de la desestabilización o de la función educativa de la familia, del poco tiempo de comunicación de calidad se verifican en situaciones vinculadas a las relaciones entre coetáneos por temas de poder y prejuicios, estereotipos que llegan ser verdaderos problemas.

La forma en que los niños y niñas expresan la propia ansiedad familiar, con preocupaciones que trasciende su edad, con una disfunción de su rol queriendo resolver problemas o preocupándose por situaciones de la vida cotidiana o de la situación de los padres.

Tengamos en cuenta la agravante de que en hogares disfuncionales la respuesta es indirectamente la agresión, el maltrato, el desplazamiento; los niños y niñas como víctimas de esta problemática en una relación de subordinación.

Elizabeth agrega la mirada de género a este panorama. Los perfiles de pobreza o vulnerabilidad tienen rostro de feminidad. Las mujeres, con salarios igualmente bajos, suelen llevar la carga mental y física de la «resolución» de los problemas del hogar, que muchas veces se hacen más complejos, pues la falta de corriente dificulta la realización de tareas cotidianas como cocinar o conservar alimentos, lavar, bombear agua… Esta sobrecarga es un factor de estrés crónico y ansiedad de origen claramente estructural y patriarcal.

Aumenta la violencia de género (física, psicológica, económica) provocando un profundo daño emocional. Y en el caso de los hombres, la presión social sobre ellos para que sean «proveedores exitosos» choca frontalmente con la realidad económica cubana, donde es casi imposible. Esto genera sentimientos de fracaso, impotencia y frustración que no pueden expresarse abiertamente, lo cual alimenta problemas de salud mental.

Las personas históricamente marginadas, como las racializadas o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, suelen ver agravada su situación, ya que enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos ventajosos. Además, sus redes de apoyo tienden a estar conformadas por personas en condiciones similares de vulnerabilidad. En el caso de hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans que alcanzan la tercera edad, la situación actual puede tener un impacto particular.

Larissa considera que, más que la crisis, el problema está en que se eliminó, poco a poco, la capacidad de aprender de la realidad como base de la adaptación. La Revolución intentó satisfacer todas las necesidades en corto tiempo, por lo que muchos crecimos sin tener que aprender de la realidad ni tener que transformarla.

Se nos eliminó la necesidad de aprender y luego la centralización del poder y las decisiones eliminaron la posibilidad de pensar, arrasando incluso con los gustos y patrones familiares y personales: no importa qué te gusta, hay que ser médico, hay que ser internacionalista, hay que ser de la juventud. La crisis está dada porque es una sociedad totalitaria donde «el hombre se pierde en la masa».

Estamos viviendo una adaptación reactiva y no activa, por tanto, la sociedad misma está enferma emocionalmente, porque no ha desarrollado recursos, mecanismos para transformarse. Este fenómeno se conoce como «desesperanza aprendida»: no hay más nada que hacer, solo sufrir.

Si pudieras participar en la elaboración de pautas generales de un programa nacional sobre salud emocional,
¿qué aspectos recomendarías tener en cuenta?

En un contexto tan deprimido y con una situación de crisis tan grande, afirma Isachi, es muy difícil hacer un programa nacional sobre salud emocional, para eso hacen falta bases estructurales que no tenemos y que resultan bastante improbables.

Lo cierto es que no debe ser un programa solo del Ministerio de Salud Pública, o solo de la Sociedad Cubana de Psicología o de Psiquiatría. Se debe involucrar a otros actores: gubernamentales, instituciones estatales, proyectos comunitarios, así como a nuevos actores del sector privado que tengan alguna responsabilidad en estos procesos.

Debe fortalecerse la atención primaria, sumamente deprimida hoy. Ante la carencia de profesionales de la psicología, se debe capacitar a todo el personal asistencial en primeros auxilios psicológicos, en el trato digno hacia las personas, empático, que estén preparados para un primer acercamiento, primera orientación y acompañamiento.

Elizabeth complementa esta idea con la potenciación de promotores de salud mental: capacitar a líderes comunitarios, maestros, médicos de familia y trabajadores sociales para que sepan detectar signos de alarma y ofrecer un primer acompañamiento.

Isachi comenta que desde la Sociedad Cubana de Psicología se ha pedido la inserción del psicólogo o la psicóloga en la institución de educación. Ese rol no existe, lo que existe es el profesional de la psicopedagogía.

Esto es fundamental para trabajar las habilidades emocionales desde las primeras etapas de la vida, también la prevención del acoso, de la violencia. Este acompañamiento y orientación familiar de las edades tempranas fomenta la inteligencia emocional en la niñez. 

Otra incorporación necesaria serían las casas de acogida y servicios de atención y acompañamiento para víctimas de violencia de género.

Se debería desarrollar campañas de sensibilización sobre los malestares emocionales, normalizar pedir ayuda profesional. Entre sus contenidos, por ejemplo, normalizar que no siempre se puede estar bien, explicar los efectos del estrés crónico, enseñar técnicas de autocontrol, desmitificar la terapia psicológica, presentándola como un acto de autocuidado y no como algo para «locos».

Es importante develar la mediación en las redes sociales, desmentir falsos contenidos. Hay muchas personas consumiendo contenidos no beneficiosos para la salud mental, lo cual está causando mucho daño.

Puede añadirse a ese programa establecer atención online, como una plataforma, llamadas la «telepsicología» que es un acompañamiento a distancia para aquellas personas que no puedan moverse o que tengan dificultades de transporte; establecer líneas telefónicas para este acompañamiento puede ser una de las alternativas. 

Por último, pudiera ser asumida la cultura, el arte, también el deporte que es muy beneficioso para liberar el estrés, como herramientas para elevar el bienestar psicoemocional de la población en sentido general.

A estas propuestas la especialista Elizabeth añade llevar talleres de manejo de estrés, grupos de apoyo y psicoeducación a los barrios, centros laborales y escuelas. Fortalecer las redes de apoyo social, que son el primer escudo contra el malestar.

Larissa propone desde su práctica, trabajar un análisis de la realidad desde la responsabilidad y el posicionamiento interno y social. Esto implica activar nuevas visiones e interpretaciones de la realidad, para encontrar la explicación que se ajusta más a la posibilidad de cambio. Luego activar, reestructurar, crear, sanar el vínculo incluso consigo mismo, y con los otros y las otras.

Un punto a tener en cuenta es la especificidad de los grupos vulnerables, por ejemplo, trabajar con los jóvenes la construcción de proyectos de vida en un contexto adverso; abordar con los adultos mayores la soledad, el abandono y la precariedad económica; apoyar a familias de emigrantes en el manejo de la separación y los duelos complejos; ofrecer respiro y apoyo a las personas cuidadoras.

Como asunto global, las autoridades del país deben reconocer abiertamente las causas estructurales del malestar. No se puede pedir «pensamiento positivo» a quien está en la miseria.

Las estrategias deben enfocarse en fortalecer la agencia personal y la resiliencia comunitaria, sin obviar la necesidad de cambios estructurales que alivien las fuentes de dicho malestar. La salud emocional colectiva es también un indicador de la salud de la sociedad.

Como parte de estas pautas, Alina comenta que se debe educar, desde la comprensión del lugar de las emociones en el comportamiento humano, en la solución de problemas, en la capacidad de empatía, en la capacidad de comunicación adecuada, en la capacidad de autodeterminación, de reconocimiento de emociones.

¿Reformar ahora? Lecciones de una década y los límites del presente

Por
Ricardo González Aguila
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Imagen generada con Inteligencia Artificial

El debate sobre las reformas económicas ha vuelto. Basta con abrir cualquier medio de comunicación en estos días para verificarlo. Ese renovado interés ocurre, además, en un contexto político especialmente complejo para Cuba: una negociación abierta con los Estados Unidos, acompañada de un bloqueo energético, severas sanciones sobre la inversión extranjera y una retórica de confrontación que incluye amenazas de escalada militar.

En medio de tal situación, en algunos espacios se discute sobre el sentido de avanzar, bajo las actuales condiciones, en un programa de reformas económicas profundas o, por el contrario, postergar este programa para priorizar otros objetivos tácticos más inmediatos: aliviar la emergencia energética, asegurar suministros básicos, evitar un deterioro humanitario mayor o ampliar márgenes diplomáticos de negociación.

La pregunta es compleja. Pero antes de reflexionar sobre ella conviene examinar la historia reciente de las reformas económicas cubanas. No porque esta ofrezca recetas concretas, sino porque la última década deja lecciones importantes sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, lo que funcionó y lo que no y, sobre todo, arroja luces sobre los márgenes de lo posible en las condiciones actuales.

Una historia corta de las reformas económicas en Cuba

Cuba es una economía que necesita reformas profundas. La afirmación es cierta bajo cualquier circunstancia, no cambia. Se fundamenta en la idea de que el país arrastra problemas estructurales persistentes, como baja productividad, débil capacidad exportadora, incentivos insuficientes a la producción, limitada autonomía empresarial y mecanismos de asignación de recursos poco eficientes. Estos constituyen problemas horizontales compartidos, que van desde la generación de energía hasta la producción de alimentos.

La reforma entre 2011 y 2019: la pérdida de momentum

Una cosa es necesitar reformas y otra muy distinta tener condiciones para implementarlas. Entre 2011 y 2019 —y probablemente, sobre todo, hasta 2016— Cuba tuvo la mejor oportunidad en décadas para avanzar más profundamente en esa dirección. Sí, persistía el diferendo histórico con Estados Unidos y la restricción externa seguía formando parte del paisaje económico nacional. Pero a una escala incomparablemente menor que la actual.

La Actualización del modelo económico que inició en 2011 brindó el marco general para este propósito. Durante los primeros años confluyeron, además, condiciones externas excepcionales: Venezuela aún aportaba importantes flujos comerciales y financieros; persistían programas regionales de cooperación; el acercamiento con la administración Obama abrió expectativas económicas inéditas; crecía el turismo norteamericano, el interés de inversionistas extranjeros y la percepción —correcta o no— de que Cuba comenzaba a abrirse al mundo.

Sería impreciso afirmar que no hubo transformaciones al calor de la Actualización: se amplió el espacio al trabajo por cuenta propia, se promovió una nueva ley de inversión extranjera, se introdujeron cambios tributarios y se descentralizaron parcialmente algunos mecanismos financieros y de gestión empresarial.

Sin embargo, los cambios promovidos fueron insuficientes para corregir los problemas estructurales de la economía. Persistieron restricciones fundamentales: un sector privado limitado a unas pocas actividades, un sector estatal atado a las cadenas de la asignación centralizada de recursos, un sistema de precios distorsionado, pocos incentivos productivos, un ambiente monetario segmentado, un sector exportador asfixiado por un tipo de cambio sobrevaluado, obstáculos regulatorios sobre la inversión, el comercio y la gestión económica, entre muchos otros.

Faltó voluntad política para aprovechar un contexto favorable y atacar restricciones estructurales más profundas. Las condiciones externas amortiguaban parcialmente los costos de no reformar y, en cierto sentido, maquillaban desequilibrios acumulados.

A medida que avanzó la década, el contexto comenzó a deteriorarse. Venezuela entró en crisis, se redujeron programas regionales de cooperación y Donald Trump —en su primera administración— desmontó buena parte del deshielo con Cuba y reimpuso sanciones. En 2019 el país entró en recesión debido a una crisis de ingresos externos en desarrollo.

La segunda etapa: reformar bajo shock (2020–2025)

Sin los deberes hechos en la etapa previa, sanciones crecientes y una crisis del sector externo, llega el año 2020. La pandemia desplomó el turismo, redujo drásticamente los ingresos externos y forzó un severo ajuste de importaciones. Combustibles, alimentos e insumos productivos comenzaron a escasear con mayor intensidad.

El shock externo se tradujo rápidamente en un agravamiento de los problemas monetarios internos. En 2020, el déficit fiscal alcanzó un pico, la brecha cambiaria (diferencia entre el tipo de cambio formal e informal) se amplió y la inflación se disparó hasta 18,5 %, alcanzando los dos dígitos por primera vez en décadas.

Este contexto más complejo exige reformas más complejas. No resultará suficiente con atender los problemas estructurales heredados. Se requerirá abordar desequilibrios monetarios creados por el shock externo y el Ordenamiento Monetario de 2021. Encima, el contexto se agrava por otras causas. Por un lado, una desproporcionada concentración de recursos escasísimos en la infraestructura del turismo; y, por otro, un complejo escenario internacional, marcado por una crisis inflacionaria significativa (2022). Para completar el cuadro, las consecuencias de la crisis empeoran aún más la situación; una crisis migratoria (2022–2024) hace perder al país uno de sus activos más importantes —su capital humano joven—, mientras la fractura de la infraestructura energética complejiza cualquier estrategia de salida inmediata.

En el período se implementaron reformas estructurales. No sin vaivenes e incongruencias, la apertura al sector privado ha sido bastante amplia. Por ejemplo, más del 50 % de la circulación minorista de mercancías pasa por esta forma productiva, presente de forma significativa, además, en cadenas logísticas, de comercio exterior, de transportación de cargas, energía solar fotovoltaica, servicios informáticos y entre otros. Más recientemente, se anunciaron cambios para la inversión extranjera (2025) con participación de la diáspora (2026), la constitución de un mercado cambiario para ciertas empresas (segmento III), se dolarizaron transacciones en el sector estatal y se transformaron algunos mecanismos de pagos internacionales para dotarlos de mayor flexibilidad.

También hubo desaciertos y ausencias, pues no se favoreció una mayor convergencia entre precios estatales y privados; no se puso al sector exportador en el centro de la reforma; se concibió la estabilización macroeconómica como un proceso exclusivo de corrección del déficit fiscal y no como un proceso más amplio que incorporara la dimensión productiva y cambiaria. No se reformaron las competencias empresariales (ley de empresas) y como consecuencia no pudieron adaptarse al nuevo entorno. Y, quizá el mayor desacierto de todos fue perder tiempo y actuar sin suficiente pragmatismo en un contexto de creciente deterioro económico y social.

De los varios aprendizajes que dejan estos dos períodos, señalaré cinco que son, en mi opinión, los más relevantes.

  • Primera lección: los problemas estructurales no desaparecen; se agravan. La pandemia no creó los principales problemas económicos de Cuba; los expuso y profundizó. Postergar reformas estructurales no eliminó sus costos; solo desplazó su expresión hacia condiciones más difíciles de manejar. Al no solucionar los problemas se perdió credibilidad, un ingrediente clave de cualquier proceso de cambio. 
  • Segunda lección: las reformas deben estar guiadas por el pragmatismo y el sentido común. Lo importante es promover cambios que funcionen y resuelvan problemas. Cuba no necesita diseñar «una reforma perfecta» en el momento «cero»; necesita diseñar una reforma que funcione. Como recordó un reformista pragmático alguna vez: «no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones».
  • Tercera lección: las transformaciones mal secuenciadas empeoran los problemas. El Ordenamiento Monetario constituye probablemente el ejemplo más visible. Muchos fallos de implementación suceden porque se desmontan mecanismos existentes —por malos que sean— antes de construir otros capaces de reemplazarlos. Con el Ordenamiento se eliminó un esquema monetario profundamente imperfecto para sustituirlo por otro inexistente; y cuando el vacío de reglas y el desanclaje institucional ocuparon el espacio, la incertidumbre y los problemas de expectativas desataron nuevos desequilibrios.
  • Cuarta lección: atender desequilibrios macroeconómicos sin enfrentar simultáneamente los desafíos estructurales que lo originan solo reproduce y amplifica el estancamiento productivo y la pobreza.
  • Quinta lección: reformar significa también contraponer intereses. Haber priorizado la inversión en hoteles por encima de otros objetivos estratégicos profundizó los efectos de la crisis y restringió la posibilidad de salir de ella. Las decisiones de inversión también son decisiones de renuncia: recursos dirigidos a un objetivo dejan de estar disponibles para otros.

2026: ¿se puede reformar en las condiciones actuales?

En 2026 entramos en una nueva fase del problema, más difícil y compleja que la anterior (si es que acaso es posible). Las sanciones coercitivas y unilaterales que siempre han estado presentes evolucionaron. Por un lado, hacia algo que cualquier analista político interpretaría como un acto de guerra —el bloqueo de combustibles— y, por otro, hacia una mayor institucionalización de su alcance extraterritorial, particularmente sobre la inversión extranjera. Por si lo anterior fuera poco, aumentan las tensiones y las expectativas sobre una posible escalada militar, un hecho que disuade aún más cualquier interés por el destino Cuba, afectando las perspectivas de inversión y la demanda turística.

Entonces, ¿tienen las reformas algún rol en este contexto?

Aunque la necesidad de reformas económicas sigue ahí, el principal cuello de botella actual ya no es únicamente económico. Resulta extremadamente difícil promover transformaciones profundas sin acceso estable a un insumo básico como la energía, sin inversión ni financiamiento y sin suficiente demanda externa.

Siempre existen pequeños espacios de maniobra, pero son marginales y difícilmente tendrán los efectos generales que se necesitan para alterar el equilibrio actual. Porque una cosa es reformar una economía con problemas estructurales —como la Cuba de 2011— y otra muy distinta es intentar hacerlo en medio de una emergencia prolongada, con una severa crisis energética, restricciones financieras crecientes y sanciones sobre algunos de los principales resortes económicos del país.

Las reformas profundas requieren tiempo, financiamiento, una estabilidad mínima e insumos básicos para sostener la actividad económica. Y hoy Cuba enfrenta precisamente la ausencia de esas condiciones.

Hoy, por lo tanto, es momento de hacer política, no economía. No porque la política sustituya las reformas económicas, sino porque las restricciones más severas ya no son únicamente técnicas. Incluso la burocracia económica más eficiente y con mayor voluntad de cambio tendría enormes dificultades para reorganizar una economía en este contexto.

Promover reformas económicas hoy significa, primero, recuperar márgenes mínimos de maniobra: aliviar la asfixia energética, reconstruir espacios de negociación internacional y recuperar acceso a financiamiento e inversión. Y eso, bajo las actuales condiciones, solo parece posible a través de la política como instrumento. No pedirle a la economía lo que la economía no puede dar.

Hay un par de problemas añadidos. Uno es el tiempo: mientras este pasa, los problemas estructurales siguen ahí, no esperan, se agravan y la crisis humanitaria se profundiza. El otro es la endogeneidad, de la cual emerge una importante paradoja. En las condiciones actuales, las transformaciones necesitan apoyo financiero internacional. Y nadie parece dispuesto a financiar cambios si no percibe señales creíbles de transformación. Pero, al mismo tiempo, el deterioro del contexto hace cada vez más difícil producir esas señales.

Son probablemente los tiempos más complejos que ha enfrentado el país en décadas y, como sociedad, atravesamos múltiples tensiones simultáneas. La historia reciente deja, sin embargo, una lección incómoda: cuando existieron mejores condiciones, las reformas se hicieron a medias y se perdió tiempo valioso; hoy, cuando las reformas siguen siendo necesarias, las condiciones extremas reducen drásticamente los márgenes para implementarlas con profundidad.

La contradicción es evidente. Cuba necesita transformaciones más que nunca, pero probablemente dispone hoy de menos condiciones que antes para impulsarlas. De ahí que el desafío inmediato no sea escoger entre política o economía, sino entender su secuencia: sin mínimos márgenes políticos y financieros será difícil reorganizar la economía; pero sin señales creíbles de transformación también será difícil construir esos márgenes.

Espero y deseo por mi país que la actual situación encuentre una salida mediante la paz, el alivio de tensiones y la reconstrucción de espacios de cooperación. Si ese momento llegara, la lección de la última década debería estar clara: no volver a desperdiciar otra ventana de oportunidad.

El costo invisible de la crisis cubana 

Por
Redacción
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Foto: Telemundo

La estrategia de asfixia económica hacia Cuba ha obtenido una de sus victorias más silenciosas: convertir las sanciones en un hecho normalizado, incluso para sectores académicos, mediáticos y políticos que durante años reconocieron sus efectos económicos y humanitarios. Mientras las medidas coercitivas se endurecen y expanden hacia actores internacionales que antes comerciaban con la Isla, el debate público sobre la crisis parece concentrarse casi exclusivamente en los palpables errores e incapacidades del gobierno cubano, como si ambos fenómenos transcurrieran en universos separados. 

Concebida originalmente como una estrategia de cambio de régimen —que ha resultado fallida—, la política de sanciones ha terminado mutando de forma exitosa hacia una forma de castigo colectivo, donde el deterioro de las condiciones de vida de la población funciona también como mecanismo ejemplarizante. Cuba se convierte así en el «mal ejemplo» que debe exhibirse ante el mundo para que su crisis sirva como advertencia permanente contra cualquier alternativa política o económica que desafíe el poder de los Estados Unidos. 

En este sentido, la reciente decisión de las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM de suspender nuevas operaciones vinculadas a Cuba constituye una señal alarmante del efecto expansivo que están teniendo las nuevas sanciones estadounidenses sobre la economía cubana y, sobre todo, sobre la vida cotidiana de millones de personas que ya sobreviven en condiciones extremadamente precarias.

La medida ocurre apenas semanas después de la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, la cual amplió significativamente el alcance de las sanciones contra Cuba y habilitó represalias contra empresas o entidades extranjeras que mantengan vínculos económicos con sectores considerados estratégicos para el Estado cubano. Aunque las navieras han presentado la suspensión como una decisión cautelar mientras evalúan los posibles riesgos legales y financieros, diversos reportes de prensa citan fuentes del sector que estiman que Hapag-Lloyd y CMA CGM manejan cerca del 60 % del tráfico de contenedores hacia Cuba, lo que tendría drásticos efectos inmediatos sobre las cadenas de suministros. Asimismo, es posible que ocurra un efecto dominó con otras compañías, que por temor a posibles represalias y multas, decidan suspender sus operaciones en la Isla. 

Aunque las autoridades estadounidenses suelen presentar estas medidas como herramientas dirigidas contra el aparato estatal cubano, la realidad demuestra que sus impactos terminan trasladándose de manera directa a la población civil. Cuando dos de las mayores navieras del mundo paralizan reservas hacia un país insular altamente dependiente de las importaciones, las consecuencias son inmediatas en el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles, materias primas, entre otros insumos imprescindibles para la reproducción de la vida. 

Cuba atraviesa actualmente una de las crisis económicas y sociales más severas de su historia. Recientemente altos funcionarios de la ONU señalaron que la escasez de electricidad, combustible y medicamentos está llevando al límite al sistema sanitario y afectando el acceso de millones de personas a servicios esenciales. La organización alertó que hospitales y clínicas han tenido que interrumpir cirugías, programas de vacunación y servicios de emergencia debido a la falta de recursos básicos. Además, advirtió que «las personas más vulnerables, los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas, serán quienes más sufran» si continúa la situación actual.

Igualmente la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de las familias, la producción nacional continúa deprimida y la escasez o los precios exorbitantes de productos básicos se ha convertido en una experiencia diaria. 

El problema no radica únicamente en las sanciones directas, sino también en el llamado «efecto disuasorio» o overcompliance, que repercute en empresas extranjeras, bancos, aseguradoras y operadores logísticos, los cuales prefieren retirarse o limitar sus vínculos con Cuba para evitar posibles represalias, multas o restricciones futuras por parte de Estados Unidos. El resultado es un aislamiento económico que va mucho más allá de las disposiciones formales que configuran las medidas unilaterales coercitivas.

En este caso, la suspensión cautelar de operaciones por parte de estas navieras podría traducirse en mayores costos de transporte, retrasos en las importaciones y dificultades para garantizar la estabilidad de los suministros. En una economía donde buena parte de los alimentos depende del exterior, esto derivará en nuevas presiones inflacionarias, desabastecimiento y un aumento de la ya evidente inseguridad alimentaria. Las familias más vulnerables serían, nuevamente, las principales afectadas.

Medidas así también golpean de manera significativa al emergente sector privado cubano, que necesita de las importaciones para sostener pequeños negocios, servicios y cadenas de abastecimiento. Muchos emprendedores utilizan intermediarios logísticos y navieras internacionales para adquirir alimentos, piezas de repuesto, insumos tecnológicos, materias primas y productos de primera necesidad que luego comercializan o emplean en sus actividades económicas. El aumento de los costos de transporte, las restricciones financieras y el temor de proveedores extranjeros a operar con Cuba reducen aún más las capacidades de este sector, que en los últimos años ha funcionado como uno de los principales amortiguadores del desabastecimiento interno. 

También existe un impacto psicológico y social que suele pasar desapercibido. La incertidumbre sobre la llegada de productos básicos incrementa la ansiedad colectiva, estimula el acaparamiento y profundiza la percepción de inestabilidad permanente. Si se tiene en cuenta que Cuba es un país donde amplios sectores destinan gran parte de sus ingresos únicamente a la alimentación, es previsible que cualquier alteración en las cadenas de suministro tenga efectos inmediatos sobre la vida cotidiana.

A menudo las sanciones son justificadas por figuras del exilio y congresistas cubanoamericanos como la «quimioterapia» para eliminar el «cáncer», sin embargo, se trata de una terapia aplicada por más de 60 años, que no ha podido producir una transición política en Cuba, y sí ha contribuido al deterioro material de la población, que es quien termina pagando sus principales costos.

Resulta legítimo cuestionar políticas internas del gobierno cubano, exigir reformas estructurales y demandar mayores libertades y eficiencia económica. Sin embargo, también es necesario reconocer que las medidas coercitivas externas tienen consecuencias humanas reales sobre una sociedad ya golpeada por años de crisis acumulada.

La Cuba de hoy tiene un paisaje de creciente fragilidad social. Profundizar mecanismos que obstaculicen aún más la inserción económica de la Isla en el comercio internacional, solamente incrementará la pobreza, acelerará la migración y ampliará las desigualdades existentes. Ninguna estrategia política puede considerarse legítima cuando sus principales consecuencias recaen sobre la población civil. 

Conviene recordar hoy a Martí cuando dijo: «La América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos, y de abominar todo lo que los aparte. En esto, como en todos los problemas humanos, el porvenir es de la paz»”.

Polarización, o quién decide lo que sientes

Por
Mariana Camejo
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Las redes deberían implementar un «gritómetro». Se me ocurre que serviría para medir cuán inflamado está un discurso, y penalizarlo en alcance.Y no es que las redes sean exclusivamente determinantes de lo que consumimos, pero es evidente que el algoritmo influye, y a partir de ahí, quienes hacen comunicación toman decisiones sobre su oferta de contenidos. 

¿De qué sirve cuestionarse el efecto de estar siempre expuestos a una comunicación que apuesta por la polarización? El efecto que tiene en ti, en mí, en nosotros. Me atrevo a decir que no son pocos los actores comunicativos que desprecian siquiera hablar de esto: a muchos los afecta directamente; le da claves a los públicos para medir críticamente lo que ven y reciben, sin tragarse de plano la píldora azul con los recursos discursivos que los impulsan a la reactividad histérica sobre otras formas de interacción, esas que priorizan refutar argumentos más que personas o ideologías.

Y es que hay una dimensión de lo polarizante que podríamos llamar la «educación negativa». No solo porque busque permanentemente negar al otro (entiéndase el adversario ideológico u otro distinto de sí), sino porque no apela a emociones positivas, no genera espacios seguros, ni confianza, ni validación que no sea la propia. La comunicación polarizante apela necesariamente a la negación de todo discurso diferente, sin matices, y al descrédito irrespetuoso, violento y a menudo caricaturizado de todo lo que venga de ese otro.

Ir a espacios polarizados, que ya han cultivado y educado a una comunidad / audiencia polarizada, y que por tanto se afirma en sus criterios extremistas e invalidantes, y creer que se puede sostener un discurso distinto es, cuanto menos, una ingenuidad. Lo digo precisamente por la «educación negativa». 

Las audiencias que consumen y se identifican con discursos polarizantes interactúan con estos contenidos escalando en severidades y condenas, con un repertorio de posibilidades de emociones y reacciones muy limitado. Primero porque se recurre a la indignación, la ira, el enojo permanente, y la invalidación. El extremo político no admite reconocimiento de absolutamente nada que pueda involucrar al otro, y puesto que necesita además de negarlo, atacarlo, recurre al insulto o la burla humillante o deshumanizante como recursos discursivos. 

Las comunidades de espacios polarizados son educadas sistemáticamente, día a día, con el contenido que consumen, en una sensibilidad negativa particular hacia lo opuesto, y a menudo lo opuesto es sencillamente todo lo que no sea reconocido como parte de lo propio. Se educan en ver antagonistas —a aniquilar—, y por tanto en reproducir insultos, calificativos y no diálogo con las ideas, como marcajes identitarios del discurso que comparten. Acostumbrarse a reaccionar siempre de esa forma, solo desde la indignación y la molestia, es un aprendizaje que luego es muy difícil de desaprender. 

Pongamos, por ejemplo, el video de un youtuber donde ataca a alguien —estoy segura que como mínimo, alguna vez lo hemos visto—. La comunidad frecuente de ese youtuber, ¿cómo reacciona en comentarios? O con afirmaciones inflamadas donde reproducen el ataque tal cual, o con afirmaciones que lo superan negativamente. De eso se trata la llamada «escalada condenatoria»  —otros autores la nombran «espiral de indignación moral»—. 

Cuando el recurso es la burla humillante, aplica lo mismo. Por supuesto que puede existir un comentario que lo adverse desde la argumentación, porque un contenido digital tiene alcance más allá de la comunidad frecuente, pero lo más común de ver es la audiencia polarizada reaccionando dentro de la limitada emocionalidad de la polarización. Y lo preocupante de esto, además de naturalizar la violencia como forma de interacción, es que estos entornos reducen al mínimo la capacidad del sujeto polarizado de distanciarse críticamente de un contenido ideológicamente afín. Por eso, toda la agresividad con el adversario se convierte en pasividad con el aliado, lo que hace mucho más difícil romper el ciclo. 

La comunicación polarizante se apropia de lo peor que han identificado las teorías de la comunicación en su mirada a lo mediático. Su resultado más significativo es la reducción de la complejidad de la realidad, la simplificación, el patrón de opacidad/visibilidad sobre determinados temas de la agenda pública. Se reduce lo complejo a par de afirmaciones generalistas que como epifanía lo develan todo, y se simplifica desconociendo matices; en no pocos casos, incluso la historia y la diversidad de miradas sobre un mismo asunto.

Es cierto que toda comunicación mediatizada elige conscientemente qué visibilizar y qué no, y a qué darle espacio y atención, dirigiendo ahí la mirada de la audiencia, lo que en consecuencia también implica dejar de lado otros temas, porque un medio o espacio comunicativo no puede abarcar la totalidad de intereses que se mueven en una sociedad. Todos tienen una agenda. Sin embargo, una comunicación de calidad intenta que esa agenda se parezca a la diversidad de las agendas ciudadanas; selecciona la información acorde a estándares de noticiabilidad y veracidad, y cuando no es seguro dar una opinión, mejor siempre será recurrir al tono y el código informativo con aquello que se sabe con certeza; y esperar antes de posicionarse. 

Sin embargo, cuando los actores polarizantes recurren al tono informativo generalmente lo hacen como salida a la desorientación para emitir una opinión, porque hay un riesgo reputacional en equivocarse frente a su comunidad, así que mejor dejar la opinión en manos de la divina sensibilidad polarizada de la audiencia y solo después sumarse a ella. También es recurrente que en la información dada se muestre solo una parte de la historia, y se construya con un titular que asegure emoción negativa. A fin de cuentas se trata de facilitar que audiencias indignadas por la situación que viven, reaccionen a la noticia con molestia, y muchas veces solo leyendo el titular. Signo este de que no se esperan ideas y argumentos, sino emoción inflamada, razón por la cual en no pocos casos los espacios de comunicación polarizante, yendo más allá, rechazan (o descartan) el conocimiento experto, a no ser que les sirva para la reproducción de su discurso y la negación del otro. 

(Tampoco creamos que se trata de convertir a los públicos en víctimas. Los espacios polarizados ofrecen recompensas que también configuran el régimen emocional que ofrecen: certezas ante incertidumbres, sentido de pertenencia y superioridad, supuesta claridad moral, identidad).

Pero ¿qué diálogo o intercambio puede existir si no se sabe qué significa reaccionar sobre una idea con otra, responder a un argumento con otro? Si esa habilidad no existe, se prefiere siempre atacar a la persona por encima de la idea. Construir interacciones sobre el debate, no en torno al qué eres (calificativo) o a lo que represento yo, ser superior (exhibicionismo moral), amerita, además de competencias informativas y opinativas, de una sensibilidad empática, reconocimiento del otro, escucha, y de una educación dialógica, que naturalice centrar el debate sobre las ideas. No son los únicos componentes necesarios sobre un fenómeno que trasciende el espacio político cubano, y para el que no hay soluciones mágicas, sobre todo cuando son imprescindibles miradas diversas, desde diferentes campos de experticia. 

Pero, sin duda, hay formas de escapar a esa polarización, tanto desde el hacer como desde el consumo. Porque si algo explota la comunicación polarizante —me atrevo a afirmar— es la «incapacidad» de buena parte de sus audiencias de ser conscientes sobre el efecto que les produce en cuanto a emoción inflamada y educación negativa para reaccionar frente a todo aquello que se sienta y escuche distinto. En ese sentido los hace ciegos a la mirada con matices —porque todo tiene necesariamente que ser blanco o negro— y reactivos si encuentran análisis que escapan a la polarización, incluso aunque coincidan con parte de los argumentos; si no se hacen absolutizaciones, el discurso deja de ser atractivo. Por esa razón se trata de un aprendizaje en negativo que no se resuelve fácil; cualquier alternativa que no ofrezca un paquete de recompensas equivalente al que ofrece la polarización, no compite por atención. 

Usemos otro ejemplo: una persona polarizada que tiene múltiples cuestionamientos al sistema económico cubano escucha un programa sobre economía donde se le hacen críticas a la gestión económica del gobierno, con las que se coincide plenamente. Si en algún momento el experto señala los efectos de las medidas coercitivas de Estados Unidos, basta entonces con no estar de acuerdo en ese único argumento, para descalificar el resto del programa, aunque esto fuera un 10% de todo el contenido. O por el contrario, un sujeto polarizado defensor del gobierno cubano puede estar viendo un discurso que apuesta por la soberanía nacional y señala las agresiones extranjeras, pero en cuanto escucha la primera crítica interna, deslegitima todo el espacio. 

Por eso, cuando se naturaliza la polarización, se reduce al mínimo la diversidad hacia lo interno de los espacios, porque se genera el temor de indignar a las audiencias con una complejización que escape de los rígidos marcos ideológicos en los que se mueven. 

Ahora bien, por supuesto que cualquier trabajo de comunicación, desde lo que se conceptualiza, se piensa en términos de emociones. Apelar al intercambio argumentativo en el ecosistema comunicativo tal y como lo conocemos y tenemos hoy, no significa apelar a la racionalidad y desestimar la emoción. (Imaginemos algún programa de debate muy inteligente pero muy aburrido: fracaso asegurado). Pensarlo desde las emociones que se quieren transmitir es parte fundamental de una estrategia de comunicación, y se  construye el producto teniendo eso en cuenta, tomando lo que sirve a ello y desechando lo que no. 

Insisto en este punto porque quiero remarcar que el abanico emocional con el que trabaja cualquier producto comunicativo es una decisión estratégica, no es azar, no pasa de casualidad. Una decisión, para lo que nos ocupa, editorial y también política, por tanto, decisión consciente. De ahí que hacer algo distinto a polarizar, es también una decisión, responsabilidad de quienes la tomen.

Me explico un poco más: digamos que una persona puede empezar comunicando de un modo determinado y se da cuenta de que si hace más extremo su discurso ganará en tracción de audiencia, y monetización, relevancia y «prestigio» dentro de su comunidad. Entonces conscientemente decide polarizar más, sonar radical, incrementar los calificativos que usa para desacreditar, asumir los que ya están —para que la audiencia reconozca sus códigos y se identifique— y colocar nuevos si se cuenta con un poco de «creatividad» —que también la hay para lo negativo—. Al paso del tiempo mirar la trayectoria de ese actor desde que empezó permite entresacar qué recursos utilizó para polarizar su discurso, ¡y a su audiencia!

No significa que las audiencias sean ingenuas y pasivas. Siempre hay segmentos importantes y considerables que se invisibilizan un tanto en entornos polarizados, pero que rechazan los códigos de la comunicación polarizante y a quienes la hacen, y que reconocen necesarios los debates y miradas complejizados sobre la realidad. Sin embargo, en el ecosistema comunicativo cubano hoy, para ellos, es para los que hay menos oferta de contenidos. La mayor oferta de contenidos para cubanos es polarizada. 

No obstante, vale tener en cuenta que no todo conflicto es polarización tóxica y que lo político comprende conflicto. Y es un error frecuente que espacios políticos y medios de prensa en la Isla intenten borrar el conflicto, para suponer que hay consenso total, o que este es posible sin que existan voces discrepantes o tendencias varias.  

El conflicto es inherente a la sociedad, sobre todo en una atravesada por una crisis multidimensional como la cubana. Y no tiene por qué ser un conflicto infértil, porque de ahí pueden surgir soluciones. Sin embargo, para que este conflicto pueda generar algo más que indignación, es imprescindible tener herramientas de diálogo y confrontación respetuosa. Conducir y canalizar conflictos implica que el debate público se centre, más que en descalificar y atacar a quien piensa diferente, en contraponer argumentos e ideas; y esto también significa aprender a ceder y admitir errores, y a reconocer cuándo el adversario tiene la razón. En otras palabras, se trata de apostar por el bien común, por encima de a qué polo político pertenezca el otro —aunque suene idílico—. Ese es uno de los horizontes clave para superar la polarización, no solo en el discurso, sino en la manera misma que tenemos hoy de entender la política. 

Dos ideas quiero dejar en claro en esta reflexión. Ese moldeado de la sensibilidad hacia la polarización y la negación del otro es un fenómeno al que contribuyen conscientemente actores comunicativos/políticos, y genera una emocionalidad inclinada hacia la violencia simbólica que puede luego pasar a ser física. 

Y en segundo lugar: la indignación, la frustración, y la molestia justa con las condiciones de realidad, también pueden producir análisis desde la empatía, engendrar humor no únicamente como válvula de escape, sino también como otro camino de aproximación a mirar la realidad, otro recurso. También puede servir a la escucha y el acompañamiento del otro como sostén. Hacer comunicación desde esa postura conduce a una práctica distinta, que por decisión se aleja de lo polarizante. 

¿Esa es una decisión que querrán asumir quienes hoy lideran proyectos comunicativos y políticos sobre Cuba? Lamentable esta respuesta, pero no lo creo.

Nuevas Leyes de Migración y Ciudadanía: implicaciones económicas para los cubanos residentes en el exterior

Por
Rafael J. Betancourt Abio
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Veintidós meses después de que fueran aprobadas las Leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura en julio de 2024, finalmente surtieron efecto al ser publicadas en la Gaceta Oficial de la Republica en mayo. En la misma edición se publicaron los Reglamentos correspondientes1. Todos entrarán en vigor dentro de 180 días.

Dichos instrumentos definen los deberes y derechos migratorios de todos sujetos del proceso migratorio del país, tanto cubanos como extranjeros, y pretenden consolidar los vínculos con los cubanos residentes en el exterior al tiempo que adecuar el régimen jurídico a las dinámicas actuales de movilidad de la población.

De este modo, Cuba aspira a modernizar su política migratoria, fortalecer los vínculos con su emigración y garantizar un marco legal más inclusivo, ordenado y acorde a las transformaciones económicas y sociales del país. Asimismo, categorías como residencia efectiva en el país, residencia en el exterior, ciudadanía efectiva, que se encuentran definidas en esta legislación, conllevan ajustes y adaptaciones en otras —como las normas relativas a los sectores privado y cooperativo— así como interpretaciones para el trazado de políticas estatales. Tocará al gobierno definir algunas de esas políticas centralmente, así como el grado de discrecionalidad que tendrán los organismos en interpretarlas. 

Residentes en el exterior y emigrados

La Ley de Migración define dos categorías migratorias para los ciudadanos cubanos: residente en el territorio nacional y residente en el exterior (Art. 26). Se elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos, y se establece que no existe restricción de tiempo para su estancia en el país. Con esta medida se detiene el incremento de la categoría de emigrado, que antes de 2020, automáticamente se usaba para calificar a todo cubano que se ausentaba del país, primero por 11 meses y después de 2013 por dos años. 

A partir de ahora, todos los nacionales que se domicilian en el exterior se consideran cubanos residentes en el exterior (CRE), sin perder sus derechos como ciudadanos cubanos. Aquellos que tienen la condición migratoria de emigrado tienen derecho de adquirir la de residente en el exterior, en tanto presenten un escrito de solicitud ante la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC), que constituye la Autoridad Migratoria.

Coincidente con las mencionadas leyes, se estableció mediante un Decreto-Ley la categoría de Inversores y de Negocios, para los residentes del exterior o emigrados que quieren participar en el modelo económico cubano en alguna de las modalidades de la economía nacional aprobadas por la ley, incluyendo el sector privado, como inversionistas2. Los cubanos residentes en el exterior o emigrados pueden solicitar dicha condición a través de las representaciones diplomáticas y consulares cubanas en el exterior, o en las oficinas de trámites del Ministerio del Interior. Mientras se encuentren en Cuba y ostenten esta condición migratoria, se equipararán a los ciudadanos a cubanos residentes en el territorio nacional.

Lo que sí sabemos es que solo los residentes efectivos pueden ser propietarios de empresas, socios de cooperativas o trabajadores por cuenta propia. Seguramente no fue coincidencia que, en agosto de 2024, un mes después de que la ANPP aprobara la Ley de Migración, se suscribieron tres nuevos Decreto-Leyes sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias3, sustituyendo los que se emitieron en 2021. 

Las diferencias entre los dos conjuntos de leyes no son marcadas, pero las nuevas sí señalan que los sujetos que pueden ejercer el trabajo por cuenta propia (TCP), ser socios de mipymes privadas y de cooperativas, deben ser «personas naturales cubanas con residencia efectiva en el territorio nacional y extranjeras residentes permanentes en Cuba», mientras que los decretos de 2021 sólo especificaban que debían ser «residentes permanentes en el territorio nacional», equivalente a tener Carnet de Identidad.

Entonces ¿es la residencia efectiva un requisito para invertir en Cuba? No, según la Ley 118/2014 de Inversión Extranjera, que define al Inversionista extranjero como «persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero, que participa como accionista en una empresa mixta o participe en una empresa de capital totalmente extranjero o figure como parte en un contrato de asociación económica internacional». Eso quiere decir que ciudadanos cubanos con residencia permanente en el exterior pueden invertir en la Isla al amparo de esta ley, hasta hace poco, solo en el sector estatal. 

Sin embargo, en marzo de este año, el vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINVEC), Oscar Pérez-Oliva Fraga, dio a conocer que los cubanos residentes en el exterior, sin residencia efectiva en el país, podrán invertir en empresas privadas en Cuba y asociarse con actores económicos privados cubanos, como parte de un paquete de medidas «en correspondencia con los lineamientos de actualización del modelo económico y como parte de las transformaciones encaminadas a fortalecer la economía»4.

De hecho, se estima que un número significativo de los actuales negocios privados ha contado con inversiones de capital de cubanos residentes en el exterior a través de familiares y amigos5. Aquellos que hasta la fecha se aventuraron a invertir en el sector no-estatal en Cuba, corriendo todos los riesgos que implica la informalidad6, ahora podrán hacerlo al amparo de la ley, aunque aún está pendiente la reglamentación correspondiente que posibilite la inversión extranjera en el sector privado o cooperativo. 

No obstante, un flujo de capital significativo de los cubanos emigrados hacia la economía de la Isla sólo se logrará con una Política de Estado hacia la migración y los migrantes, que abarque todos los sectores y tome primacía sobre las políticas sectoriales.

Residencia efectiva migratoria: tres variantes

Un concepto muy discutido en todo el proceso de elaboración de la Ley de Migración fue el de «residencia efectiva migratoria». Se define como la condición que tienen los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando acumulan, en el término del año anterior a la fecha en la que se determina, al menos 180 de los pasados 360 días, sin necesidad de ser continuos (Ley de Migración, Art. 42-1). Su primer objetivo es demográfico: conocer la población residente en el país en un año en particular. Es una condición de oficio, y solo se retira al cierre del año si se determina una ausencia acumulada del ciudadano de más de 180 días.

Según cifras oficiales, la población media de Cuba disminuyó entre los años 2020 y 2024, de 11,2 millones a 9,7 millones —una pérdida de 1,4 millones de habitantes—. El saldo migratorio externo fue de 1,256 millones menos, lo cual representa casi el 90 por ciento de esa pérdida7. Ahora, la pérdida de residencia efectiva de los que se ausentan del país por más de seis meses, de acuerdo a la nueva ley, podría indicar una disminución de la población aún mayor. Por su parte, cifras del gobierno de Estados Unidos indican que entre 2021 y 2024, más de 860 mil migrantes cubanos entraron al territorio estadounidense8. 

Una segunda variante es para personas interesadas en mantener ese estatus, pero que no alcancen el período de residencia efectiva requerido en el año anterior. Estas pueden solicitar la residencia efectiva migratoria si acreditan ante las autoridades su arraigo en el país, para lo cual deben demostrar un período de permanencia en el territorio nacional de más de 120 días, acompañado de otras evidencias o actos que demuestren su interés de residir en él, tales como matrimonio o parentesco de primer grado con una o un ciudadano residente, un empleo remunerado en Cuba, una inversión en el país, una vivienda en propiedad donde residir, disponer de cuentas bancarias en Cuba o el pago de impuestos.

Por último, los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que, por razones de trabajo, salud, estudio u otras causas similares permanezcan fuera del país durante un período de tiempo prolongado, mantienen esta condición cuando así lo acrediten ante la Autoridad Migratoria.

En los últimos dos casos, la persona debe solicitar al Ministerio del Interior la residencia efectiva migratoria que habrá perdido automáticamente cuando superó los 180 días de ausencia en el año.

Los extranjeros comprendidos en la categoría migratoria de residentes se clasifican en Residente Temporal, Residente Humanitario, Residente de Inmobiliaria, Residente Provisional y Residente Permanente. Incluye comerciantes, representantes, empleados, inversionistas y hombres de negocios, cooperantes y familiares acompañantes, entre otros.

Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el residente en el territorio nacional en comparación con el residente en el exterior? La Ley no entra en detalles, más allá de establecer que «el residente permanente tiene derechos a la salud, trabajo, seguridad social» y otros.  Queda por definir el alcance de las prerrogativas de los organismos de la administración central del Estado (OACE), si dispondrán de discrecionalidad en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos según su status migratorio. ¿Tendrán los no residentes efectivos derecho a la salud, la educación y la seguridad social cuando se encuentren en Cuba? ¿Qué sucede, por ejemplo, con una persona que trabajó 30 años, en los que se le descontó de su salario un por ciento por la seguridad social, se jubila y se va a vivir temporalmente con su familia en el exterior, y sobrepasa los 180 días de ausencia del país en un año? ¿Pierde su derecho al pago de la jubilación? Queda mucho por aclarar aún. 

Está por ver cómo se maneja la residencia efectiva en las leyes de seguridad social, educación y asilo que, según el cronograma legislativo, deben aprobarse en los próximos años.

Por otro lado, una de las preocupaciones y molestias principales para los residentes en el exterior es tener que pagar en dólares algunos trámites dentro de la Isla. A partir de normativas recientes (como la Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia, vigente desde finales de 2025), se ha establecido un sistema de doble precio para servicios notariales y legales, basado en la condición migratoria de la persona.

Trámites como la Certificación de notas o títulos académicos y la Certificación de nivel académico o equivalencia de estudios, para residentes en Cuba cuestan 6,250 CUP (11.57 USD a la tasa informal de hoy); para residentes en el exterior la tasa es de hasta 260 USD. De igual modo, tanto la Certificación de experiencia laboral, como la Certificación de identidad, capacidad legal o situación migratoria, cuestan 2,500 CUP para residentes en Cuba y 104 USD para residentes en el exterior; y la Legalización de documentos educativos o del registro civil cuesta 3,750 CUP para residentes en Cuba y desde 156 USD en adelante para residentes en el exterior.

Por último, no olvidemos el posible efecto subjetivo de sentirse privado de la residencia efectiva en Cuba por una ausencia prolongada del país, voluntaria u obligada por las circunstancias, y la molestia de tener que solicitar a las autoridades migratorias el reintegro de esa condición. El sentimiento de pertenencia de la población cubana a su Nación se debe preservar con una política coherente que permita articular los cuerpos de leyes y las vidas cotidianas de las personas, las familias y los grupos sociales. Los vínculos económicos de los cubanos en el exterior con su país de origen pueden ser instrumentales, de intereses lucrativos o de colaboración, pero tienen en el fondo un sentimiento de pertenencia que los sustenta, y que debemos proteger a toda costa. 

Ciudadanía, por nacimiento o por naturalización

La Ley de Ciudadanía establece que la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son ciudadanos cubanos por nacimiento los nacidos en el territorio nacional de padres cubanos, así como los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos que lo soliciten. 

Para los nacidos en el extranjero, se requiere ser hijo o nieto de padres o madres ciudadanos cubanos nacidos en Cuba. El interesado, o los padres cuando se trata de menores, debe presentar una solicitud en el consulado cubano competente, donde conste expresamente la voluntad de adquirir la ciudadanía cubana por nacimiento. 

¿Se puede tener más de una ciudadanía? La Ley establece que «la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana». Solo en Estados Unidos, hay 840,000 cubanos nacidos en Cuba y muchos de ellos presentan ambos pasaportes. La ciudadanía efectiva significa que mientras se encuentren en el territorio nacional, los ciudadanos cubanos se rigen por esa condición en los términos establecidos en la presente Ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. 

Además de ratificar los derechos de los ciudadanos cubanos asegurados en la Constitución «de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional» (Art. 52), la nueva Ley de Migración le otorga a el derecho de «restablecer la residencia en el territorio nacional» (Art. 57.1). Eso quiere decir que todo cubano residente en el exterior que cumpla los requisitos de la ley —en particular, tener una dirección donde residir en Cuba— puede obtener la residencia y el correspondiente Carnet de Identidad, con todos los derechos y deberes que ello implica.

Otra condición de la Ley es que los ciudadanos cubanos deben contar con pasaporte vigente. El pasaporte corriente de todos los ciudadanos cubanos tiene vigencia diez años, sin necesidad de prórroga. Los residentes en el exterior «que a su entrada en el territorio nacional posean un pasaporte cubano vencido… pueden solicitar la expedición de un nuevo documento en las oficinas de trámites del MININT, los bufetes colectivos o las consultorías jurídicas».

Un aspecto que ha despertado controversia es el derecho de todo ciudadano de renunciar a la ciudadanía cubana, a pesar de que es característica de casi todas las leyes migratorias internacionales. Para renunciar a la ciudadanía cubana los ciudadanos cubanos deben presentar una solicitud por escrito. Una vez aceptada por la autoridad correspondiente, son considerados extranjeros y, en consecuencia, están sujetos a lo establecido en esta norma, la de Extranjería, sus reglamentos y la Ley de Ciudadanía.

Igualmente, un ciudadano cubano puede ser privado de la ciudadanía; las causas pueden ser «alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba», lo cual también ha traído polémica sobre la posibilidad de que estas causales sean interpretadas de forma ambigua para quitar la ciudadanía a personas que se oponen al gobierno. 

***

Como parte de la gran nación cubana, los cubanos residentes en el exterior constituyen un potencial para contribuir a su desarrollo y bienestar, particularmente al desarrollo local de las comunidades de origen y otras donde están vinculados. El retorno virtual o implícito, donde el migrante puede acompañar al país de origen sin necesidad de regresar físicamente, crea el marco propicio para estas aportaciones. Viajar de visita, enviar remesas (en dinero o en especie), invertir, colaborar con proyectos de desarrollo local, todas son formar de retorno virtual, que también es una vía de recuperar los aportes económicos de nuestros connacionales en el exterior. Esta relación puede superar o compensar las pérdidas producto de la emigración mediante la movilidad e intercambios de los recursos altamente calificados entre Cuba y los países de destino. Los nexos entre redes locales y redes globales de desarrollo científico y tecnológico lo hacen posible. 

La coyuntura actual contrasta una desfavorable y compleja situación externa e interna para la posible contribución de los cubanos residentes en el exterior a la economía cubana, con el tardío, pero decidido empeño del gobierno cubano para crear facilidades que la potencie. 

En resumen, están claros los múltiples obstáculos que existen para la plena inserción económica de los cubanos residentes en el exterior en la economía cubana. Sin embargo, se observa los inicios de una política de Estado para la emigración y los migrantes que produzca un cambio significativo en la relación del país con sus connacionales, teniendo en cuenta intereses de ambas partes y siendo funcional al desarrollo de la sociedad cubana actual. 

Referencias bibliográficas

  1. Ley 171/2024 “Ley de Migración” (GOC-2026-290-O39); Ley 172/2024 “Ley de Ciudadanía” (GOC-2026-291-O39); Ley 173/2024 “Ley de Extranjería” (GOC-2026-292-O39); Decreto 136/2025 Reglamento de la Ley 171 “Ley de Migración” (GOC-2026-293-O39) Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Justicia, Edición Ordinaria, La Habana, Martes 5 de mayo de 2026
  2. Decreto-Ley 117/2026 “De la condición migratoria de inversores y de negocios de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior” (GOC-2026-296-EX60) Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Justicia, Edición Extraodinaria, La Habana, Martes 5 de mayo de 2026
  3. Decreto-Ley 88/2024 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas” (GOC-2024-440-O78); Decreto-Ley 89/2024 “De las cooperativas no agropecuarias”; (GOC-2024-441-O78); Decreto-Ley 90/2024 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia” (GOC-2024-442-O78). Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria, Ministerio de Justicia, La Habana, 19 de agosto de 2024. http://www.gacetaoficial.gob.cu.
  4. https://www.granma.cu/cuba/2026-03-16/informan-medidas-que-amplian-la-participacion-en-la-economia-nacional-de-cubanos-en-el-exterior-16-03-2026-22-03-34
  5. Auge. (Octubre 2022). Informe Analítico. Las 100 MIPYMES de auge. La Habana: Auge Consultoría
  6. Betancourt Abio, R. (2023). Contribución de los cubanos residentes en el exterior a la economía cubana: turismo y remesas. Novedades En Población, 19(37), 298–321. https://revistas.uh.cu/novpob/article/view/7184
  7. ONEI, Anuario Demográfico de Cuba 2024, edición 2025.
  8. United States Customs and Border Protection https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters
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