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Democracia

Mecanismos de participación que garantizan el poder popular sobre la toma de decisiones políticas en función de una democracia saludable

Soberanía

Soberanía nacional y del pueblo e independencia económica en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 24 mayo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El concepto soberanía tiene una connotación eminentemente jurídica y política. En su Teoría del Estado, Hermann Heller define a un Estado como soberano cuando ejerce el «poder supremo, exclusivo, irresistible y sustantivo» dentro de su territorio. El tal sentido «el Estado, como organización territorial soberana, es creador supremo de las normas y tiene el monopolio del poder de coacción física legítima (…)».

Tanto el referido autor como Stefan Kaiser —en su artículo «El ejercicio de la soberanía de los Estados»—, aclaran que «la soberanía es independiente de la forma de gobierno de un Estado». A tenor con ello, se puede ejercer la soberanía desde un Estado democrático o desde una dictadura.

En la dictadura, como en el caso particular de la autocracia —poder del autócrata—, la soberanía se ejerce de arriba hacia abajo; mientras en las democracias suele ejercerse de abajo hacia arriba, aunque es sabido que existen distintos niveles de democratización de las sociedades.

Por lo general, en las constituciones modernas de países democráticos se declara que la soberanía reside en el pueblo y que de él dimana todo el poder del Estado. Sin embargo, para hacer realidad este precepto, resulta imprescindible que existan mecanismos que garanticen que ese poder pueda ser ejercido de forma efectiva. En unos casos de forma directa y en otros a través de representantes.

En este último caso se impone la necesidad de diferenciar cómo se eligen y si se pueden revocar esos representantes a partir de una acción popular legal y pacífica, establecida en las Constituciones, como es el caso de la recolección de firmas de los electores encaminada a revocar a ciertos mandatarios antes de concluir sus períodos o a partir de elecciones periódicas.

Soberanía

Hermann Heller

Soberanía nacional y del pueblo en Cuba en la experiencia republicana

(1902-1958)

Cuba fue la última de las colonias de Hispanoamérica en obtener su independencia. (1) El ideal independentista se había forjado a la par de la conformación de la nación cubana y había conducido al desarrollo de diversos movimientos independentistas en el siglo XIX, que tuvieron su máxima expresión en las tres guerras de independencia de 1868-1878, 1880-1881 y 1895-1898.

Un elemento significativo y diferenciador de las gestas independentistas cubanas con sus similares latinoamericanas fue la importancia de la organización civil republicana, que llevó a la proclamación de Constituciones y a la creación de un Gobierno Civil de la República en Armas.

Como es sabido, la independencia de la Isla fue retrasada por la intervención estadounidense en la guerra contra España en 1898. La firma del Tratado de Paz de París entre ambos gobiernos, excluyó a la República de Cuba en Armas.

El 20 de mayo de 1902 nació la República de Cuba, con una Constitución fruto de una Asamblea Constituyente elegida en 1900 y a la que, sin embargo, se le impuso el grillete de la Enmienda Platt, adoptada por el Congreso de los Estados Unidos en 1901.

Ella limitaba ciertamente la soberanía nacional porque excluía la Isla de Pinos —hoy llamada de la Juventud—, de los límites de la República y dejaba su destino pendiente a determinarse por un tratado posterior, autorizaba la cesión o arrendamiento de tierras para el establecimiento de bases navales o carboneras estadounidenses, permitía a ese país intervenir militarmente en el nuestro «para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno “adecuado” para la protección de vidas, propiedad y libertad individual (…)», e incluso, limitaba la posibilidad de que el gobierno cubano realizara tratados con otros Estados que significaran el asiento de esos poderes en porción alguna del territorio.

En la práctica, el nuevo Estado no era plenamente soberano, tal y como se verificó con la segunda intervención estadounidense, entre 1906 y 1909. No obstante, a pesar de estas limitaciones y de la frustración del ideal auténticamente independentista, la inauguración de la República, evidenció el fracaso del ideal anexionista, que había existido como una de las corrientes políticas durante el siglo XIX y primeras décadas del XX.

Sólo los anexionistas pueden celebrar el 20 de Mayo. Izar nuestra bandera sin otra al lado, en 1902, fue un acto de independencia simbólica. La soberanía de la República estuvo secuestrada por el imperio hasta 1959. #CubaViveEnSuHistoria #TenemosMemoriahttps://t.co/kohWl6WNDL

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2022

La lucha por la soberanía sobre Isla de Pinos fue un clamor popular en las primeras décadas de existencia republicana. Finalmente se logró en 1925, con la ratificación del Tratado Hay-Quesada por parte de Estados Unidos, en el cual se reconocía la soberanía cubana. Mientras tanto, el Tratado de Relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que 1934 sustituyó al de 1903, aseguraba al país norteño mayores beneficios arancelarios para un universo mayor de productos del que se beneficiaba Cuba; además, mantenía el derecho del poderoso vecino a disponer de la base naval de Guantánamo.

La Revolución del 33, a pesar de haberse ido «a bolina», como escribió Raúl Roa, sentó las bases para el fortalecimiento de la soberanía nacional cubana, así como para la transformación política del país, a partir de la aparición de un espectro político mucho más diverso al existente en décadas anteriores. Esa realidad se constató en la conformación de la Asamblea Constituyente de 1939-1940, que produjo la Constitución del 40, en aquella época una de las más progresistas de América Latina, sobre todo en lo referido a derechos políticos y sociales.

En su Artículo 2 se estableció que la «soberanía reside en el pueblo y de este dimanan todos los poderes públicos». Esa soberanía se planteaba no solo a través de los Derechos Fundamentales, sino también de la capacidad de elección libre, mediante sufragio universal directo y secreto de hombres y mujeres, del presidente y vicepresidente, los miembros del Congreso de la República, gobernadores, alcaldes y concejales municipales.

Mientras tanto, el sistema establecía una independencia de poderes que podían ejercer contrapeso entre ellos y evitar la preeminencia de uno sobre los otros. Adicionalmente, establecía la figura del Tribunal de Garantías Constitucionales independiente de todos los poderes, para determinar la constitucionalidad de las leyes.

La historia política de los doce años posteriores (1940-1952), resulta muy interesante e ilustrativa del desarrollo de la conciencia nacional independentista, democrática y nacionalista en Cuba; si bien persistía una fuerte relación de dependencia respecto a los Estados Unidos. Adicionalmente, en esos años, la economía progresó notablemente, aunque se mantuvieron la exclusión social, las desigualdades y la pobreza, especialmente en el caso del campesinado sin tierras.

El golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo de 1952, puso fin a esa experiencia democrática cubana, cuya recuperación fue uno de los principales objetivos del movimiento revolucionario que llegó al poder en 1959 que, sin embargo, no restauró dicha Constitución a pesar de que hacerlo era parte del llamado «Programa del Moncada».

Soberanía

Soberanía nacional y del pueblo en la experiencia del Socialismo Real

El triunfo de la Revolución Cubana significó la indudable recuperación de la soberanía nacional y la independencia política respecto a los Estados Unidos. La política de nacionalizar propiedades estadounidenses enfrentó al proceso revolucionario con aquel gobierno, que decidió aplicar medidas de coerción económica y llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas, así como al financiamiento y apoyo directo a movimientos contrarrevolucionarios y de oposición.

La ruptura con Estados Unidos facilitó el acercamiento —que luego se trasformó en alianza política y económica—, con la Unión Soviética y significó el establecimiento, desde arriba, de un sistema socialista similar al predominante por entonces en la URSS, los países de Europa Oriental que pertenecían al bloque soviético, China, Corea del Norte y Vietnam del Norte.

Aunque las relaciones especiales con la Unión Soviética fueron muy profundas, no significaron la pérdida de la soberanía nacional, aun cuando la dependencia económica respecto a Estados Unidos se sustituyó por la de la URSS. La economía insular dependió del trato preferencial otorgado al azúcar en términos de precios, indexándolos a los del petróleo soviético; así como de los suministros de combustibles, materias primas y maquinarias procedentes de la URSS y otros países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME); así como de recursos financieros en forma de «ayuda económica».

Tan alta dependencia provocaría más adelante la más grave crisis económica en Cuba, entre 1990 y 1994, al desaparecer el campo socialista. El producto interno bruto se contrajo en más de un tercio de su nivel en 1989, y se derrumbaron tanto la industria como la agricultura, con efectos muy negativos sobre el nivel de bienestar de la sociedad, al punto de golpear la viabilidad de beneficios que resultaron de la política social adoptada desde el principio de la Revolución.

El sistema socialista había tardado diecisiete años en institucionalizarse, y lo hizo a través de la Constitución de 1976. Esta norma abandonó la formulación de que la soberanía residía en el pueblo, y en su artículo 4 estableció que «todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado (…)». Es decir, ese poder ya no podía ejercerse directamente.

De hecho, el pueblo trabajador elegía directamente únicamente a los delegados municipales, si bien años después se modificó la ley electoral para establecer asimismo la elección directa de diputados a la Asamblea Nacional, pero mediante listas únicas, elaboradas por «comisiones de candidatura».

Esta norma legal introdujo en su Artículo 5 el carácter dirigente del Partido Comunista respecto a la sociedad y el Estado. Por otra parte, una enmienda que fue aprobada en 2002 por la Asamblea Nacional estableció el carácter «irrevocable» del socialismo como sistema político y social, lo que evidentemente privaba al pueblo trabajador de decidir soberanamente el sistema político, económico y social que considerara más conveniente.

En el Artículo 3 de la nueva Constitución de 2019 se reitera la formulación de la soberanía del pueblo: «del cual dimana todo el poder del Estado», y se aclara que el pueblo la ejerce directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular. Sin embargo, no son establecidos mecanismos a través de los cuales se pueda ejercitar esa soberanía de forma directa.

En realidad, la referida Ley de leyes mantiene la elección indirecta de todos los cargos ejecutivos del país, así como la elección de diputados a través de listas únicas confeccionadas por «comisiones de candidatura» que, claramente, excluyen a candidatos independientes.

Soberanía

Conserva también el Artículo 5, que otorga al Partido Comunista la condición de «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Ello contradice la hipotética soberanía del pueblo, del que asevera igualmente la Constitución dimanan los poderes del Estado. En realidad, los poderes del Estado dimanan del Partido Comunista, y específicamente de un pequeño núcleo de su dirigencia.

Por demás, los Artículos 4 y 229 ratifican el carácter irrevocable del sistema socialista, lo cual es una limitación evidente a la soberanía del pueblo. La nueva Carta Magna incluye asimismo el contrasentido de que la constitucionalidad de las leyes es determinada no por un tribunal independiente sino por la propia Asamblea Nacional, que es el órgano encargado de legislar. Entonces, el legislador es, al mismo tiempo, quien determina la constitucionalidad de las leyes.

Soberanía e independencia económica

En las más de seis décadas de existencia del Socialismo Real en Cuba, se ha reivindicado una mayor soberanía política del Estado —aunque la base naval de Guantánamo permanece en manos estadounidenses en contra del gobierno de la Isla y de una parte considerable de la población cubana—, (2) no solo sobre el territorio nacional sino también en lo referido a su política interna y exterior.

Sin embargo, en la misma medida se ha deteriorado la soberanía del pueblo, a pesar de que ella constituye un precepto constitucional. No existen mecanismos reales que aseguren la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan su bienestar; no posee el derecho a elegir directamente a sus gobernantes a nivel nacional y territorial; y se carece de mecanismos de control por parte de la sociedad respecto a la gestión de los funcionarios públicos o de los administradores de la propiedad pública.

Los sucesos acaecidos el 11 de julio de 2021, y una serie de acontecimientos ocurridos antes y después, demuestran que los derechos individuales y políticos consignados en la Constitución pueden ser obviados por el Estado y la fuerza pública cuando, a criterio de los gobernantes, se produzca «una práctica abusiva de los derechos constitucionales». La anterior formulación probablemente no tenga igual en el resto del mundo, a pesar de que la Constitución define al Estado cubano como «socialista de Derecho y justicia social (…)».

Mientras tanto, desde hace décadas resulta cuestionable el grado real de soberanía e independencia económica de la nación. Ciertamente, Cuba ejerce soberanía sobre sus recursos naturales, y si bien existe propiedad foránea a partir de la inversión extranjera directa, existen mecanismos legales y políticos para asegurar que se mantenga la soberanía nacional sobre los recursos del país. No obstante, desde los años noventa, cuando se autorizó la circulación interna del dólar estadounidense y la dolarización parcial de la economía —y más recientemente la creación de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC)—, el peso cubano perdió su soberanía como moneda nacional, en la medida en que una parte importante de las transacciones se realiza en divisas extranjeras.

Por otra parte, los sistemáticos reclamos gubernamentales respecto al impacto destructivo de las sanciones de Estados Unidos sobre la economía cubana —que sin duda impactan negativamente—, al punto de presentarlo como principal causa de los problemas del país, llevan a pensar que se ha incrementado la dependencia económica respecto al vecino del Norte, ya que casi nada puede hacerse mientras existan dichas sanciones.

En realidad, el gobierno cubano no ha adoptado las reformas estructurales imprescindibles para remontar la situación de crisis que afecta a la Isla, y que son independientes de dichas sanciones. En consecuencia, ante la incapacidad para estimular el relanzamiento de la industria y la agricultura, el fomento de la infraestructura y los servicios; ha aumentado la vulnerabilidad externa de la economía, lo que constituye una limitación a la soberanía nacional.

Para fortalecerla, es indispensable asegurar la soberanía del peso cubano en todas las transacciones dentro del territorio nacional, así como adoptar las medidas necesarias para impulsar la industria, la agricultura, la infraestructura y los servicios.

La mayor independencia económica, que no es total debido al alto grado de internacionalización de los procesos productivos, puede lograrse en la medida en que se potencie la producción nacional de bienes y servicios y la moneda nacional cumpla todas las funciones del dinero dentro del territorio nacional.

Finalmente, es imprescindible que el pueblo pueda ejercer de forma directa su soberanía, siendo responsable de la elección libre de sus representantes por períodos delimitados de tiempo; que consiga controlar su gestión, así como la de los administradores de la propiedad pública, y disfrute la libertad plena de decidir democráticamente el futuro del país.

***

(1) Puerto Rico aún no es independiente y, al parecer, la mayor parte de la población prefiere la estadidad dentro de los Estados Unidos, según resultados de los plebiscitos efectuados en 2012 y 2020. En el de 2012, la estadidad obtuvo el 44,61% de los votos totales (61,13% de los votos válidos), contra un 24,32% a favor de un «Estado Libre Asociado Soberano» y un 4,04% a favor de la independencia, mientras que el 26,04% fueron votos en blanco. En 2020 solo se presentaba la estadidad como opción a los votantes a través de un voto: SI o NO. El Sí obtuvo el 52,52% de los votos contra el 47,48% del No.

(2) No existen encuestas publicadas sobre este tema en Cuba.

24 mayo 2022 30 comentarios 684 vistas
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Protección

Perspectivas en torno a la protección de los derechos constitucionales en Cuba

por Fernando Almeyda Rodríguez 17 mayo 2022
escrito por Fernando Almeyda Rodríguez

¿Estado de derecho socialista?

El texto constitucional de 2019 es uno de los más sui generis en la historia constitucional cubana. Combina instituciones heredadas del Estado Socialista consagrado en la Constitución de 1976, con instituciones de un Estado de Derecho; incluso, de acuerdo a su artículo 1, Cuba es un «Estado socialista de derecho».

La Organización de Naciones Unidas define el concepto Estado de Derecho como «un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos» (Resolución S/2004/616).

En otras palabras, se trata de un Estado donde rige el imperio de la ley. Supone por tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero a su vez, la existencia de mecanismos que hagan efectiva su protección.

La Constitución de 2019 reconoce prácticamente la totalidad de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual fue un gran acierto. Pero por otro lado, en su artículo 5 establece que la dirección de la sociedad y del Estado está determinada por un órgano supra estatal y supra constitucional: el Partido Comunista de Cuba (PCC) (único).

Es decir, una organización política de ideología única es la fuerza fundamental que determina y rectorea todos los procesos dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo puede ser esto posible? El artículo 1 declara el imperio de la Ley, mientras que el artículo 5 declara el imperio del Partido Único.

De facto, tal situación ha generado una contradicción interpretativa del texto constitucional: de una parte, la ciudadanía busca reivindicar el amparo del ejercicio de los derechos consitucionalmente reconocidos; mientras, otra interpretación pondera los derechos en función del imperio del Partido Único. En la práctica, dicha contradicción se ha saldado en beneficio del Partido y no de los derechos. La razón reside en que no existen mecanismos de control social o jurídico por encima de las decisiones e influencias del PCC.

Según la narrativa estatal y gubernamental, amparada en el artículo 4, la protección del modelo de Partido Único es la prioridad del sistema, que considera como una amenaza para la seguridad nacional cualquier ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos que cuestione su diseño.

Protección

(Foto: laicismo.org)

Las constantes violaciones de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, asociación y reunión en todas las sedes y escenarios posibles, ha hecho patente la ausencia de voluntad política para proteger los mismos. La reciente promulgación del nuevo Código Penal entraña tipos delictivos cuyo objetivo es la penalización del «abuso» en el ejercicio de los derechos constitucionales.

Así lo estipula textualmente el nuevo texto penal en su artículo 120.1, que sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constiucional del Estado y el Gobierno cubano».

Además, el código insiste en la permanencia de tipos delictivos cuya finalidad es la penalización del ejercicio de derechos fundamentales. Cualquier jurista decente entiende que el ejercicio de derechos fundamentales no puede estar supeditado a la autorización por parte del poder, de lo contrario no se trata en buena lid de «derechos» sino más bien de «permisos».

En definitiva, el subtexto tras el nuevo Código Penal es que los derechos reconocidos en la Constitución solo son válidos en tanto no se opongan al imperio del Partido Comunista y del Estado. Y un Estado que considere como una amenaza el ejercicio de los derechos fundamentales, no es un Estado de Derecho.

Alcance real de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales

No obstante, también en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció la próxima aprobación de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. La promulgación de esta normativa daría cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que establece:

«La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización».

El mandato constitucional contenido en la Disposición Transitoria Décimosegunda, establecía un plazo de dieciocho meses para que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobase las modificaciones legislativas encaminadas a hacer efectivo lo previsto en el artículo 99; sin embargo, la aprobación de ese proyecto de ley ha tardado mucho más de lo previsto. Y no ha sido por falta de oportunidad.

Más interés han suscitado las leyes que restringen el ejercicio de los derechos de libertad de expresión —como el Decreto Ley 370, el Decreto Ley 35— y finalmente el nuevo Código Penal.

#Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho. Este domingo fue histórico con la aprobación de la Ley del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. #CubaLegisla pic.twitter.com/cOgor6FXhK

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 16, 2022

No existe en la Constitución de 1976 precedente de una protección directa a los derechos. El último precedente fue la Constitución de 1940, que establecía en su artículo 182 las funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el cual sería una sala especial del Tribunal Supremo.

El proyecto de Ley de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece una jurísdicción especializada en el amparo de los derechos constitucionales, con un proceso «expedito» y «preferente» para su protección. Estipula en su artículo 5 que «corresponde a los tribunales de esta jurisdicción conocer de las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa propia en procesos judiciales de otra materia; salvo que, por la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada, requiera de una actuación urgente y preferente».

Sin embargo, a diferencia de la Constitución del 40, quedan excluidos de esta jurisdicción «las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos; las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país».

La determinación de la constitucionalidad de las leyes continúa siendo función de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal y como establece la Constitución de 2019. Para que la Ley introdujera modificaciones en este aspecto, debiera ser modificado con antelación el texto Constitucional.

También excluye de su conocimiento las reclamaciones relativas a la «defensa y la seguridad nacional», y en esto es preciso hacer hincapié. Los asuntos de la Defensa y la Seguridad Nacional son rectorados directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas y por el Ministerio del Interior respectivamente; por ende, la propia ley está limitada en el conocimiento de las materias que entren dentro del control de esos organismos.

En otras palabras, el trabajo de órganos como la Contrainteligencia Militar y el Departamento de la Seguridad del Estado no pueden ser perseguidos en sede judicial, aun si implican una vulneración de los derechos constitucionalmente establecidos.

En materia administrativa existe la misma exclusión, en tanto la Ley 142 del Proceso Administrativo establece en su artículo 8, inciso b) que se excluyen de la jurisdicción en materia administrativa las cuestiones «de índole militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales».

Es decir, que el accionar de los órganos de la Seguridad del Estado (principales responsables de constantes violaciones de derechos fundamentales), la policía y los militares no pueden ser suceptibles de impugnación ni en sede administrativa, ni en sede constitucional.

ProtecciónProtección

En la práctica, los tribunales han permanecido siendo órganos comprometidos con las directrices del Partido y sus órganos represivos. Decenas de Hábeas Corpus son presentados todos los años ante los tribunales sin que sean admitidos o dados a lugar. Todos los años se cometen violaciones por parte de las autoridades que podrían ser punibles por el Código Penal, pero las denuncias son archivadas o desestimadas. Todos los años, tanto fiscalía como tribunales privan de libertad a personas por el ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos.

A los efectos, si el imperio del Partido Único y el funcionamiento de los cuerpos represivos no es controlable, o siquiera objetable, y tanto las leyes como el actuar de los funcionarios está blindado por un excesivo sistema de restricciones, contravenciones y sanciones penales ¿Qué amparo podrá brindar en la práctica la nueva Ley de Amparo?

Mientras el ejercicio de las libertades elementales de las personas permanezca siendo contenido de delitos o perseguido por motivos ideológicos, la protección judicial de los derechos constitucionales seguirá teniendo el mismo alcance que ha tenido el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación reconocidos en los artículos 54 y 56 del texto constitucional de 2019: presentes de iure, inexistentes de facto.

17 mayo 2022 11 comentarios 996 vistas
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Cultura política

Cultura política, discriminación y cambio en Cuba

por Ivette García González 10 mayo 2022
escrito por Ivette García González

El incremento de la discriminación política y la represión, así como la tolerancia y participación de una parte de los ciudadanos en esas prácticas, están muy relacionados con la cultura política dominante en Cuba. Una compleja problemática e importante obstáculo para el cambio.

Las personas discriminadas y reprimidas por sus ideas políticas constituyen un sector vulnerable cada vez más amplio, sobre el cual recae todo el peso del Estado. No es un fenómeno nuevo, pero sí más visible durante los últimos años.

A lo largo de décadas, tal fenómeno se fue naturalizando hasta convertirse en una cultura de la discriminación política. Su origen estructural —indica el sociólogo Roberto Gutiérrez—, está en la «asimilación de tradiciones, prejuicios, miedos, manipulaciones ideológicas y esquemas de organización de la vida social» que han sido hegemónicos en el entorno formativo de grupos e individuos.

Tal cualidad supone su conexión directa con la cultura política. A escala de la sociedad, ella constituye una «síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, creencias, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas y la manera de representar, imaginar, legitimar y proyectar a futuro el mundo de la política».

Cultura política

Roberto Javier Gutiérrez López (Foto: Luis Humberto González)

-I-

En la cultura política se manifiestan la relación Estado-Sociedad, las dinámicas estabilidad-cambio y consenso-disenso, y la conexión pasado-presente-futuro. Está muy vinculada a la legitimidad del poder y su capacidad de fomentar obediencia y consensos a través de realizaciones concretas e incentivos.

Desde América Latina ella se entiende a partir de la diversidad y divergencia, y alude a la(s) cultura(s) política(s). Puede ser más o menos rica, diversa y conflictiva según el contexto, el régimen imperante y la libertad de los individuos para formar sus propias valoraciones y traducirlas en comportamientos. Su formación transcurre a través de un proceso de socialización en el que intervienen como actores claves: familia, escuela, grupos generacionales, movimientos, partidos y medios de comunicación. A través de la comunicación política se generan matrices e ideas básicas para la relación entre los individuos y el entorno político.

La crisis sistémica que vive Cuba hace años, la quiebra del consenso, así como la erosión de la institucionalidad y la represión política agotan cada vez más la capacidad de obediencia y legitiman la resistencia. Ello se relaciona con tres dimensiones de la cultura política que se mueven entre lo que existe y lo que se desea que exista: poder político (capacidad de construir un entorno y existencia deseados), sueños políticos (esperanzas de poder construir algo distinto, nuevo y mejor) y desafección política (alejamiento de los ciudadanos respecto al sistema y falta de confianza en la acción colectiva).

-II-

En la formación de la cultura política hegemónica en Cuba han intervenido durante más de medio siglo: el sistema educativo, la demagogia, la propaganda y la reiteración de un discurso tóxico en los medios, así como la justificación de los fracasos gubernamentales y de la falta de incentivos y realizaciones ciudadanas. La intención ha sido reforzar el status quo, justificar el rechazo, la discriminación y represión de los diferentes y ganar apoyos «conscientes» o «disciplinados».

La intolerancia, estigmatización y exclusión de personas y grupos, se fomentan a través del tiempo e impactan en la cultura política. Las instituciones y normas de funcionamiento del sistema dan cabida, e incluso estimulan, esos fenómenos, por eso se ha se ha expandido y arraigado, muchas veces sin que las personas se percaten.

Cultura política

(Foto: Logan Mock-Bunting / GTRES)

Casi todos los actores clave que intervienen en la formación de la cultura política están supeditados en Cuba al Partido/Gobierno/Estado. Por ello, ciertas ideas  y matrices de opinión están incorporadas a la conciencia social en amplios segmentos de la ciudadanía: la Revolución es el Gobierno; revolucionario es quien lo apoya y contrarrevolucionario quien disiente; Patria equivale a Revolución y Socialismo; la entrega al Partido y al líder es incondicional; los críticos son enemigos o sirven al enemigo externo; toda información no conveniente es falsa o está manipulada por el enemigo y sus acólitos; el derecho de la Revolución a existir y defenderse es incontestable y hay que apoyarlo; los problemas de Cuba obedecen a la política del enemigo externo, ante lo cual es imprescindible la unidad en torno al gobierno.  

Otras son la supeditación e incluso la renuncia al ejercicio de derechos individuales y mínimos democráticos en aras de un supuesto bien colectivo y de unidad, y la noción de soberanía restringida frente a los EE.UU.

En la práctica política sobreviven de ese modo, por ejemplo, las «Brigadas de Respuesta Rápida» y los «mítines de repudio», así como el contubernio de los «factores» en las instituciones para violar derechos laborales de quienes disienten. Cuentan también la orfandad cívica de amplios sectores, lo que a veces pareciera Síndrome de Estocolmo en política, la autocensura y hasta la «resignación revolucionaria» ante la represión y violaciones flagrantes de los derechos humanos que se cometen a diario en Cuba.

Es una construcción cultural en la cual el liderazgo de Fidel Castro fue esencial. En su discurso por la constitución del Comité Central del PCC (octubre de 1965) se encuentran ideas claves:

(…) solo hay un tipo de revolucionario, Una nueva época (…), una forma distinta de sociedad, un sistema distinto de gobierno; el gobierno de un partido (…) marcharemos hacia formas administrativas y políticas que implicarán la constante participación (…) a través de los organismos idóneos, a través del Partido, en todos los niveles. E iremos (…) creando la conciencia y los hábitos (…) con un partido que deberá dirigir, que deberá atender todos los frentes (…) Nuestro Partido educará a las masas (…). Entiéndase bien: ¡Nuestro Partido! ¡Ningún otro partido, sino nuestro Partido (…)! Y la prerrogativa de educar y orientar a las masas revolucionarias es una prerrogativa irrenunciable de nuestro Partido, y seremos muy celosos defensores de ese derecho. Y en materia ideológica será el Partido quien diga lo que debe decir. Y todo material de tipo político, excepto que se trate de enemigos, solo podrá llegar al pueblo a través de nuestro Partido en el momento y en la oportunidad en que nuestro Partido lo determine.

-III-

Varias generaciones de cubanos recordamos que aquellos discursos, que fueron cientos, se ponían en cadena por televisión y luego se retransmitían, se publicaban en periódicos y además se orientaban para ser estudiados en barrios, colectivos laborales, núcleos del PCC, la UJC, etc., mientras, no existían otras fuentes de información.

Nunca olvidaré lo dicho por una instructora municipal del PCC a inicios de los noventa en un encuentro de mi zona de residencia para que viéramos un video de Fidel que muchos habíamos visto dos veces: «Ya sabemos que muchos de ustedes han visto este video, eso no importa, recuerden que nuestra ideología tiene un carácter repetitivo». Me sorprendí y recriminé a mí misma por recordar los principios de la propaganda nazi de Goebbels.

En la Cuba de hoy, fenómenos como la indiferencia de tantos ciudadanos hacia lo político, la renuncia al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, la tolerancia —cuando no participación— frente a actos represivos y de extremismo político institucional, son evidencias de la cultura política fomentada durante décadas por el Partido/Gobierno/Estado. Sus códigos principales se han inoculado en el tejido social con la intención de mantener el poder y un modelo de sociedad que necesita súbditos, no ciudadanos.  

Sin embargo, vivimos en otro tiempo, la naturaleza diversa y dinámica de la cultura política asociada a las diferencias generacionales, clasistas y existenciales, revelan significativas fisuras en el diseño hegemónico. Dos recientes reportajes de CHV Noticias son ilustrativos al respecto.

Los cubanos convivimos hoy con cuatro realidades que muestran cambios en el escenario y la cultura política: reducción de las bases sociales de apoyo del gobierno frente a nuevas demandas y grupos, cuya actuación política choca con las normas tradicionales; pérdida de legitimidad y capacidad integradora de las instituciones estatales; ensanchamiento de las brechas sociales y, con ello, de los pilares que garantizaban consenso; profundas insatisfacciones respecto a la gestión gubernamental y el discurso oficial, cada vez menos creíble; emergencia de nuevas formas de participación política por grupos sociales emergentes, que no encajan en las estructuras existentes y también socavan el apoyo al gobierno.

A pesar de la falta de realizaciones e incentivos desde hace décadas, el poder se ha sostenido en Cuba gracias a la represión, pero, sobre todo, por la persistencia de una cultura política funcional al totalitarismo en amplios segmentos de la ciudadanía, que se queda a la deriva sin alternativas. Eso ha comenzado a cambiar, pero es un problema mayúsculo, un serio obstáculo para el presente y futuro de la nación. El reto continua siendo cómo encararlo, si desde la desafección y la apatía, o haciendo valer los sueños de un mejor país.

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com 

10 mayo 2022 58 comentarios 1.389 vistas
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Primavera de Praga

La Primavera de Praga. Realidades y lecciones

por Mauricio De Miranda Parrondo 28 abril 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El 5 de abril de 1968, el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia (PCCH) adoptó en sesión plenaria el Programa de Acción para una profunda reforma económica, política y cultural que debería conducir a un «socialismo con rostro humano».

El documento contenía las transformaciones que se pretendían como parte de lo que entonces se llamó la Primavera de Praga. Como es sabido, la dirección del PCCH, encabezada por Alexander Dubček, no pudo aplicarlo debido a la invasión de tropas soviéticas y de otros países del Pacto de Varsovia, ocurrida en agosto de ese mismo año bajo el argumento de «evitar la restauración del capitalismo».

Las reformas de Checoslovaquia se planteaban en momentos en que la dirigencia soviética, encabezada por Leonid Brezhnev, descartaba algunas de las medidas adoptadas bajo la dirección de Nikita Jruschov y prácticamente engavetaba las reformas económicas que trató de impulsar Alexei Kosyguin a fines de 1964, al asumir el cargo de primer ministro.

El rechazo soviético fue compartido por los líderes de Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Bulgaria. La Rumania de Ceaușescu defendió el derecho de cada partido a adoptar soberanamente sus políticas, pero no apoyó las reformas de Dubček, y, al igual que en los demás países, impidió la publicación del Programa de Acción.

La crisis checoslovaca

Checoslovaquia fue uno de los países que menos profundizó en el proceso de desestalinización impulsado por Jruschov. Klement Gottwald, principal dirigente comunista checoslovaco, y representante fiel del estalinismo, falleció el 14 de marzo de 1953. Fue sucedido por Antonín Novotný, miembro del grupo más conservador y pro-estalinista del Partido. En 1957, tras el fallecimiento de Antonín Zapotocký, asumirá también la presidencia de la República como era usual en otros estados socialistas.

Bajo su gobierno se mantuvo una fuerte censura sobre la literatura, las artes y los medios de comunicación, así como métodos de administración centralizada de la economía. En materia económica, la versión checoslovaca del estalinismo fue un modelo de desarrollo basado en la industria pesada, a pesar de que ese país contaba, a diferencia de la mayor parte de los de Europa Oriental, con una tradición industrial en la parte checa que se remontaba al siglo XIX, cuando integraba el Imperio Austrohúngaro, pero centrada principalmente en la industria ligera y de bienes de consumo.

Primavera de Praga

Alexander Dubček

El cambio de modelo, unido a la ruptura de vínculos comerciales tradicionales con Occidente, trajo consecuencias negativas al desarrollo económico del país y al nivel de vida de la población. La atención a las demandas del mercado fue reemplazada por directrices centralizadas del Partido y del Gobierno. La dirección del país, parafraseando al Premio Nobel Paul Samuelson, escogió cañones en lugar de mantequilla. Para fabricar armas y otras maquinarias, redujo la producción de bienes de consumo y alimentos.

En la década de los sesenta, la economía checoslovaca había perdido dinamismo. El crecimiento promedio anual del producto material neto (PMN) (1) descendió de 8,1% en el quinquenio 1951-55,  a 7,0% en el período 1956-60 y a solo 1,9% entre 1961-65. (2) Ese descenso se notó especialmente en el bienestar de la población que, no obstante, era uno de los más altos de los llamados países socialistas.

Entre los principales problemas estructurales se identificaban: deficiencias del sistema de planificación centralizada que llevaba a decisiones voluntaristas sin considerar las realidades económicas; severos problemas logísticos; escasa diferencia salarial entre trabajadores con formación profesional y técnica y aquellos que no la tenían; escasez de materias primas; retraso tecnológico; escasa iniciativa empresarial en las empresas estatales; ralentización de la producción agropecuaria debido a la colectivización y a falta de incentivos de los agricultores.

En consecuencia, comenzaron a escucharse dentro de la academia y los sectores reformistas del Partido, voces favorables a la adopción de reformas que impulsaran el crecimiento y mejoraran el bienestar de la sociedad. En 1963 se creó una comisión de expertos encabezada por el economista Ota Šik, director del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia y miembro del Comité Central del Partido, con el fin de proponer medidas que permitieran superar el estancamiento.

Las conclusiones de la comisión resultaron una severa crítica a la burocratización de la economía, debido a la administración centralizada. Plantearon la necesidad de introducir mecanismos de mercado en la regulación de la producción, junto al mantenimiento de una planificación sustentada en realidades económicas y no en los deseos subjetivos de la burocracia; el uso de estímulos económicos para el impulso de la producción; el reconocimiento de la función económica de los precios y de su flexibilidad; que los colectivos laborales eligieran a los gerentes y existiera una mayor democratización de las decisiones económicas; entre otras cuestiones fundamentales de la construcción socialista.

El XIII Congreso del PCCH, en 1966, puso en marcha algunas propuestas de la comisión, pero no se obtuvieron resultados significativos, debido a que —de acuerdo con Luis Zaragoza en Las flores y los tanques. Un regreso a la Primavera de Praga— las medidas se aplicaron «de manera parcial, retardada e inconsecuente». El grupo conservador encabezado por Novotny, frenó las reformas porque ellas desmontaban el sistema centralizado en que se sustentaba su inmenso poder. El inmovilismo político se impuso a la reforma económica. Sin embargo, dentro de las máximas estructuras del poder político apareció un sector partidario de cambios económicos profundos.

En aquellos tiempos la idea del socialismo no era cuestionada por la mayor parte de la sociedad, pero se discutía sobre la gestión de la dirigencia y especialmente respecto a la desvinculación del partido con el resto de la población. Asimismo, se planteaba la necesidad de introducir cambios conducentes a una democratización, de ahí que, en la medida que se mantenían el estancamiento económico y la censura ideológica, crecieron los reclamos para una profunda reforma política.

Primavera de Praga

Antonín Novotný

Durante el 4º Congreso de la Unión de Escritores Checoslovacos, en junio de 1967, varios destacados miembros demandaron la eliminación de la censura e hicieron duras críticas a la política nacional e internacional. Entre ellos estuvieron Milan Kundera, Pável Kohout, Ludvík Vaculík, Jan Procházka, Antonín Liehm y Václav Hável. Esto desató una respuesta represiva por parte del aparato ideológico partidista, consistente en estigmatizaciones públicas y expulsiones del Partido.

El 30 de octubre comenzó la sesión plenaria del Comité Central, en la que el equipo dirigente presentó una resolución «sobre la posición y el papel del Partido en la fase actual de desarrollo de nuestra sociedad socialista» que, según Luis Zaragoza, causó decepción en un grupo importante de miembros del Comité Central por su enfoque conservador.

En dicho Pleno, Alexander Dubček —entonces primer secretario del PC de Eslovaquia—, pronunció un discurso crítico con el estancamiento y el conservadurismo; insistió en que potenciar los logros del socialismo significaba alcanzar victorias económicas y sociales; planteó la necesidad de adoptar nuevos métodos de dirección política y gestión económica; señaló la acumulación de funciones en el Partido y el Estado; reclamó la participación de las organizaciones de base en la vida del Partido, y un cambio de actitud de las autoridades centrales respecto a las demandas eslovacas.

Novotny y sus aliados atacaron a Dubček acusándolo de «nacionalismo» y «reformismo burgués», pero varios miembros del Comité Central lo apoyaron, lo cual marcó una fractura en este órgano e incluso también en el Presídium —equivalía al Buró Político en otros partidos—, que se tradujo en una lucha por el poder.

El siguiente pleno, entre el 3 y el 5 de enero de 1968, aprobó la separación de funciones en la máxima dirección del Partido y el Estado. Antonín Novotný fue reemplazado como primer secretario del PCCH por Alexander Dubček, sin embargo, en esencia persistía la falta de unidad entre el grupo partidario de las reformas y el grupo conservador.

Entre enero y abril de 1968, se desató un amplio debate en medios de comunicación y círculos intelectuales. Dentro de los temas en discusión estaban, tanto el modelo económico como el sistema político y el rol del Partido. Se publicaron en tal sentido numerosos artículos que exigían revisar los procesos judiciales de los años cincuenta y la rehabilitación total de las víctimas de represión estalinista.

También se expresaron opiniones que cuestionaban abiertamente al socialismo y eran favorables a restablecer el sistema de democracia representativa. Sin embargo, una parte considerable de la sociedad estaba a favor del establecimiento de una verdadera democracia socialista. La cuestión de la democracia pasó inmediatamente a primer plano, pues su ausencia era entendida como la razón que obstaculizaba los cambios necesarios en el modelo económico.

Los debates en medios culturales y académicos no se tradujeron en protestas populares o manifestaciones, como las ocurridas en Berlín Oriental en 1953 o Hungría y Polonia en 1956. Tampoco se produjeron protestas en fábricas ni revueltas campesinas.

No obstante, entre los líderes soviéticos y del Pacto de Varsovia existía preocupación por la eliminación de la censura y la posible pérdida de control por parte del Partido, así como por el efecto de contagio que esto podría tener en sus propios países. Por ello presionaban a Dubček y a otros dirigentes checoslovacos en la línea de frenar las críticas al pasado y prohibir los cuestionamientos al «socialismo realmente existente». En sus memorias, tituladas en inglés Hope Dies Last, el dirigente checoslovaco expone sus intentos por tranquilizar a los líderes de los «partidos hermanos» sin ceder en el objetivo de transformar la sociedad checoslovaca.

Novotný, a pesar de no dirigir el Partido, conservaba un poder considerable desde la jefatura del Estado y contaba con importantes aliados entre los países del Pacto de Varsovia. A pesar de ello, en marzo de 1968 uno de los principales apoyos internos del presidente, el general Jan Šejná —jefe del secretariado del Partido en el Ministerio de Defensa—, escapó a Occidente antes de ser apresado por una investigación de corrupción, según la cual se había apropiado ilegalmente de 300.000 coronas checas. La prensa comenzó a exigir la renuncia del presidente, que finalmente fue reemplazado por el general Ludvík Svoboda, héroe en ambas guerras mundiales y represaliado durante el estalinismo.

Primavera de Praga

Ludvík Svoboda

El Pleno de abril y el Programa de Acción

Tras la caída de Novotný, el grupo reformista logró la mayoría en el pleno del Comité Central a principios de abril, donde se ratificó a Dubček como primer secretario, se eligió un nuevo Presídium y se adoptó el Programa de Acción. Este último planteó una profunda reforma en el sistema político, el mecanismo económico, el rol del Partido en la sociedad, el papel del Estado en la economía, la política exterior, así como las cuestiones relacionadas con la ciencia, la educación y la cultura.

Es pertinente que mencionemos a continuación las principales cuestiones abordadas en el Programa de Acción, con el fin de que los lectores extraigan lecciones adecuadas de las ideas que inspiraron la Primavera de Praga.

– En la reforma del sistema político, la principal decisión se centró en el establecimiento de una «democracia socialista», garantía de la libertad de elección de los cuerpos colegiados del Estado; así como en la libertad de reunión, asociación y expresión para todos los ciudadanos y grupos sociales en la vida política del país, y en la eliminación de todo tipo de censura ideológica.

También se decidió establecer una estructura federal del Estado, con una república checa y otra eslovaca que detentaran autonomía e igualdad de derechos y representación en los órganos federales de poder. Además, se defendían los derechos de las minorías nacionales húngara, polaca, ucraniana y alemana. En tal sentido, se consideró la necesidad de elaborar una nueva Constitución.

El Programa incluyó la separación de funciones entre el Partido y el Estado, y trasladaba a los órganos estatales y de gobierno la responsabilidad de las funciones que les eran inherentes. Encaminado a ello, se conminaba a la Asamblea Federal a ejercer su función como órgano supremo del poder del Estado y controlar la gestión del gobierno. Por otra parte, se establecía la obligatoriedad de rendición de cuentas de los dirigentes del Estado, no solo ante el parlamento sino ante la sociedad, a través del escrutinio de su labor en los medios de prensa.

-En la reforma económica se promovió un modelo de desarrollo intensivo, orientado a mejorar el nivel de vida de la población a partir de una mayor productividad y calidad de la producción, utilizando incentivos económicos en lugar de mecanismos de movilización ideológica y métodos coercitivos.

El Programa le apostaba a un cambio estructural de la economía a través del despliegue del «mercado socialista», combinado con un sistema de planificación que tuviera en cuenta «las condiciones objetivas» y estuviera desprovisto de su tradicional estilo directivo. Al mismo tiempo, se insistía en la independencia y total responsabilidad de las empresas en su gestión, así como en que los cuerpos directivos de las mismas fueran elegidos por los trabajadores.

También incluía el derecho de los consumidores a determinar su consumo y estilo de vida, a la libre selección de su actividad laboral, así como la posibilidad real de los grupos de trabajadores y ciudadanos a formular y defender sus intereses en la determinación de la política económica.

Por otra parte, instaba a democratizar la labor de los sindicatos y a rescatar su primordial función de defender los intereses de los trabajadores. Exhortaba a los miembros del Partido dentro de estas organizaciones a cumplir con esa función, debido a que la simbiosis entre el Partido, el Estado y la administración había desnaturalizado su razón de ser.

Primavera de Praga

Ciudadanos no armados les gritan “Fascistas” y “¡Regresen a sus casas!” a los militares soviéticos. (Foto: PhotoQuest/Getty Images)

En el caso de la producción agrícola, defendía la independencia de las granjas estatales y las cooperativas en sus decisiones económicas, financieras y operativas, así como la responsabilidad de las mismas sin la tutela de organizaciones estatales, planteaba igualmente una política de apoyo a los campesinos privados.

También enfatizaba en el desarrollo de un marco legal que permitiera la creación de pequeñas empresas privadas en el sector de los servicios.

El Programa analizó con amplitud el rol del Estado en la economía. El proceso de toma de decisiones respecto al plan y la política económica debía ser resultado tanto de un proceso de confrontación mutua, como de armonización de los diversos intereses —empresas, consumidores, empleados, diversos grupos sociales, naciones, etc.— y de la combinación entre el desarrollo a largo plazo de la economía y la ineludible prosperidad inmediata.

Se atribuía especial importancia a la fundamentación científica del proceso de planificación frente al tradicional subjetivismo de decisiones sin fundamento económico. Se convocaba a desmontar monopolios estatales que generaban sobrecostos, ineficiencia e insuficiente calidad en la producción de bienes y la prestación de servicios. Por otra parte, se pretendía que la economía checoslovaca ganara en flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios del mercado internacional, a partir del desarrollo científico y su aplicabilidad a la producción.

De manera especial, el Programa de Acción insistía en que la política económica debería centrarse en el mejoramiento del nivel de vida de la población, sumamente deteriorado, para lo cual era forzosa la adopción de una política inversionista que favoreciera a los sectores que influyen directamente en esto, además de una política que permitiera la elevación de salarios de acuerdo a los niveles de calificación y resultados del trabajo.

De igual modo se fundamentó que los precios en el mercado se basaran tanto en los costos de producción como en la correlación entre oferta y demanda. Se reconoció la existencia de bajas pensiones de jubilación que debían ser incrementadas, como también debía  facilitarse el empleo a las personas jubiladas e incrementar las provisiones de Seguridad Social, considerando el envejecimiento de la población. Los subsidios a la maternidad se incluían en estos aumentos.

-Respecto al rol del Partido Comunista en la sociedad, el Programa insistía en que su posición solo debería asegurarse a partir del libre reconocimiento a la calidad de su labor, su comprensión de los problemas reales y su capacidad de solucionarlos mediante su participación en los órganos de decisión del país.

En el documento puede leerse: «El Partido no puede hacer valer su autoridad. La autoridad debe ser ganada una y otra vez por la actividad del Partido. No puede forzar su línea a través de directivas. Debe depender del trabajo de sus miembros, de la veracidad de sus ideales».

Se rechazó así la concentración monopólica del poder en manos de la dirigencia del Partido, que se correspondía «con la falsa idea de que el Partido es el instrumento de la dictadura del proletariado», la cual debilitaba la iniciativa y la responsabilidad de los órganos estatales y de las instituciones económicas y sociales.

Incluso se planteó la necesidad de que el Partido fuera capaz de defender los derechos y las libertades de los no comunistas en la sociedad. Finalmente, en la definición de su rol en una sociedad socialista desarrollada, como se había proclamado en el 13º congreso del PCCH, resultaba imprescindible la democratización de la vida interna del Partido, reemplazando el «centralismo burocrático» por la democracia interna, de forma tal que se garantizara a los militantes de base influir en las decisiones principales de los órganos de dirección, que deberían ser elegidos democráticamente. Se planteó establecer mecanismos encaminados a  una dirección colectiva que impidiera la concentración del poder en una persona.

Teniendo en cuenta las graves violaciones a la legalidad cometidas en el pasado estalinista, se exigió investigar con toda transparencia los procesos de fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, que llevaron a condenas injustas y, en muchos casos, a la pena de muerte.

Primavera de Praga

Partido Comunista de Checoslovaquia.

Entre las esperanzas de la población y el rechazo de la burocracia

Con los aires de libertad que se respiraban en el país, también crecía la confrontación de ideas entre los partidarios de las reformas —que veían en ellas la esperanza de salvación del socialismo—, y sus oponentes, para quienes los cambios conducían al derrumbe del sistema.

Ambas posiciones podrían estar en lo cierto. El carácter burocrático del «socialismo real» era incapaz de construir una verdadera sociedad socialista, y su persistencia solo iba a conducir a lo que finalmente ocurrió veintiún años después: su derrumbe. Pero, al mismo tiempo, el socialismo únicamente podía tener esperanzas de éxito si era capaz de transformarse en una sociedad libre y democrática.

En otros países de la llamada comunidad socialista, aunque la población no disponía de información suficiente y precisa acerca de los cambios que tenían lugar en Checoslovaquia, comenzaron debates en ciertos medios intelectuales, e incluso dentro de los partidos dirigentes sobre la pertinencia de dichas transformaciones.

No cabe dudas de que la propuesta del Programa de Acción representaba una profunda sacudida al sistema predominante durante dos décadas, pero reflejaba la convicción de sus autores de que las reformas debían ser integrales, sistémicas y estructurales, porque los cambios parciales no conducirían a resultados positivos y demorarían excesivamente las transformaciones.

El Programa de Acción atacaba precisamente los fundamentos del «socialismo burocrático», que se impuso como único modelo posible a partir de la experiencia generalizada del estalinismo y que aún predominaba en la Unión Soviética y la «comunidad socialista».

El tipo de socialismo que proponía recogía los avances políticos y las libertades logradas en las democracias burguesas —de las que Checoslovaquia hizo parte entre 1918 y 1938—, y proponía construir sobre ellos una democracia socialista, en la que la clase trabajadora —obreros, campesinos, intelectuales y trabajadores en general—, no fuera una simple espectadora del proceso, sino que participara libre y directamente de la vida política. Pero ese tipo de socialismo atacaba los fundamentos del poder de la burocracia y amenazaba severamente sus intereses de clase.

En sus memorias, Dubček menciona la reacción negativa de la dirigencia soviética frente al Programa de Acción del PCCH. Brezhnev directamente los acusó de pretender la restauración del capitalismo. Reacciones similares se produjeron en los círculos de poder de Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria y en menor medida en Hungría. Y también dentro de los grupos conservadores que aún permanecían en la dirigencia checoslovaca.

A diferencia de Hungría en 1956, Checoslovaquia no se planteaba en 1968 cambios esenciales en su política exterior. El programa ratificaba la alianza y cooperación con la Unión Soviética y los demás países socialistas como eje central del estatus internacional del país y aseguraba su permanencia en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y en el Tratado de Varsovia, con lo cual no se afectaba, en principio, el equilibrio político y militar europeo.

Sin embargo, de haber podido aplicarse este Programa de Acción, se habría erosionado la idea del único camino posible al socialismo que Stalin había impuesto a través del culto a su personalidad y a una despiadada represión ante cualquier tipo de disidencia, muy especialmente las que se producían desde posiciones revolucionarias y que, en lo fundamental, seguían existiendo en los países que se autodenominaban socialistas.

La supresión de la experiencia checoslovaca significó el triunfo de la contrarrevolución burocrática, que ha sido el peor enemigo del ideario socialista, porque al desvirtuarlo creó las condiciones para su incapacidad de transformación en otro modelo que pudiera rescatar sus valores en un clima de democracia y libertad, que fuera capaz de desplegar plenamente las capacidades productivas, intelectuales y creativas de los miembros de la sociedad en medio de relaciones basadas en la cooperación.

Por esa experiencia que fue vedada, la siguiente crisis, a fines de los años ochenta, arrasó con el sistema, pero propiciando, ahí sí, la restauración del capitalismo y en muchos casos en ausencia de democracia.

28 abril 2022 16 comentarios 1.427 vistas
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Año

A un año del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba

por Alina Bárbara López Hernández 20 abril 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Ayer se cumplió un año de la clausura del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). En los doce meses transcurridos hemos aprendido una lección: existe, conserva un nombre, funcionarios, sedes y estatutos; sin embargo, perdió la función que distingue a un partido político: actuar políticamente.

No le sirvió de nada al Buró Político debatir, pocos meses antes del congreso, el informe «Estudio del clima sociopolítico de la sociedad cubana». Tampoco pudo prever que en el país existían las condiciones para un estallido social, que ocurrió apenas ochenta y cuatro días después de la clausura del congreso, y, luego de ello, ha demostrado una notable incapacidad para interpretar las verdaderas causas del conflicto y actuar en consecuencia.

Todavía esperamos conocer lo discutido en la reunión urgente del Buró Político celebrada el 12 de julio, cuando aún se producían acciones de protesta en el barrio de La Güinera, pero todo indica que los dirigentes de la organización quedaron totalmente descolocados ante el inédito escenario.

Jamás se ha ofrecido una declaración oficial de la dirección partidista en la que se analicen los hechos bajo un prisma político y se brinden cifras exactas de ciudades y pueblos implicados así como de participantes en las protestas. Ha sido el aparato judicial y policiaco el que ha asumido un rol que debió ser, sobre todo, político.

Ante la profunda crisis económica, política y social que existe en el país, agravada por el inmovilismo del modelo de socialismo burocrático, la situación de la pandemia y las medidas hostiles del gobierno norteamericano; hubiera sido lógico un profundo debate y replanteo de estrategias y tácticas. Ello no fue lo que ocurrió.

En su discurso como primer secretario ante el Congreso, el también presidente Miguel Díaz Canel prometió: «Continuaremos trabajando en la implementación de la Constitución y en la búsqueda de equidad y justicia social y el ejercicio pleno de los derechos humanos para alcanzar un socialismo próspero, democrático y sostenible. El éxito de esos propósitos depende de la capacidad para dialogar con nuestra población, entusiasmar y reconstruir valores (…)». Todas han sido promesas incumplidas.

El Partido parece no saber cómo actuar, qué hacer, hacia dónde ir; solo tiene algo muy claro: se aferra con todas sus fuerzas al poder. La Seguridad del Estado es su escudo, pero esa no es una actitud política. Olvídense del artículo cinco de la Constitución. Ni orienta ni dirige; si acaso resiste.

Año

La Seguridad del Estado es el escudo del Partido, pero esa no es una actitud política.

De espaldas a la política

Un Partido que vuelva la espalda a la actividad política se está auto-eliminando. La política engloba aquellas actividades orientadas ideológicamente para explicar la toma de decisiones encaminadas al logro de objetivos. La ideología es un elemento fundamental en la vida de los partidos. Es la que lo define claramente y guía su accionar.

Sus componentes son: doctrinas (creencias que considera aceptables como base de su actividad), teorías (interpretaciones de la realidad social, económica y política), plataforma (los problemas más importantes que tiene una sociedad), programas (acciones a corto y mediano plazo para resolver los problemas y conflictos) y consignas (lemas o eslóganes que lo representan).

Entre estos componentes debe existir coherencia. Por ejemplo, un partido político de tendencia liberal nunca propondrá la abolición de la propiedad privada, ya que eso sería contrario a sus creencias. De igual modo, un partido que se defina comunista no debiera implementar medidas que favorezcan la desigualdad social (como los Mercados en MLC).

Si analizamos la actividad del partido en los últimos tiempos, especialmente a partir de su 8vo. Congreso, veremos que de todos estos componentes el único claramente apreciable son las consignas (hasta los Lineamientos, discutidos durante años, fueron prácticamente desaparecidos). Pero las consignas por sí solas, enajenadas de la realidad, son objeto de burla y escarnio público, restan credibilidad a la organización y provocan la pérdida de confianza de los ciudadanos. Es así que al Partido solo le van quedando «municiones semióticas» donde antes hubo argumentos y convicciones políticas.     

Aun los partidos únicos deben tener presentes ciertas reglas generales que no es posible ignorar sin consecuencias. Precisan trazar estrategias para crear una base social que los sostenga y legitime su permanencia en el poder. Un partido único se puede mantener si existen estas condiciones: 1) control casi absoluto de la información y de la opinión pública y 2) ciertos niveles de consenso y prosperidad social, incluso en condiciones de austeridad. Puede fallar una de ellas, pero no ambas. Ninguna está presente en Cuba hoy.

Año

Un partido único se puede mantener si existen ciertos niveles de consenso y prosperidad social.

El PCC, sin embargo, no se percata de la gravedad que implica este escenario. La interrogante sería: ¿no desea cambiar o no puede hacerlo? De algún modo me referí a esa paradoja en el artículo «Cuba: el partido único ante la crisis», de hace varios meses:

No tener que negociar el poder, dar por sentado que no le será disputado, despliega a nivel político una perniciosa actitud que supone inaceptable cualquier indicio de presión social y, cuando ella ocurre, la reacción consiguiente muestra una ineptitud absoluta bajo un disfraz de temeridad.    

Esa perspectiva autoritaria se fortalece asimismo con el enfoque teleológico, mecanicista y antimarxista de la historia que asume que la revolución socialista, una vez victoriosa, no puede retroceder. Este optimismo a ultranza clausura la posibilidad del éxito a cualquier proceso de perfeccionamiento o reformas.

La falta de sensibilidad y empatía ante la pobreza y la desigualdad, el desprecio con que se ha tratado a las personas más humildes, la ferocidad del estado policial que se impuso al estado político, son muestra de su inconsistencia e ilegitimidad.     

El Partido sabe muy bien que desde hace tiempo no aspira al comunismo, ni siquiera al socialismo (Que lo diga GAESA). Nosotros también lo sabemos, aunque el aparato propagandístico continúe anclado en antiguas declaraciones de fe. De hecho, intentaron ser honestos cuando se discutía el proyecto de Constitución aprobado en 2019.

Recordemos que la comisión redactora había eliminado de los artículos del proyecto de Constitución la aspiración de llegar al comunismo, lo cual era en sí mismo un cambio trascendental en los principios de la organización que, no obstante, se mantenía en el aludido proyecto como «la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado» (Art. 5). En la versión final se decidió mantener la redacción de la Constitución de 1976. Explicaron que fueron tenidas en cuenta algunas observaciones realizadas en la consulta popular; está muy claro no obstante que solo fue en la letra, jamás en el espíritu de la ley.

Lo cierto es que en condiciones de una ciudadanía activa y cada vez más decidida a participar, con posibilidades reales de interpelar al poder y determinada a hacerlo; el único modo en que el Partido podría mantener su autoritarismo sería garantizando una mejoría evidente y en corto plazo de las condiciones de existencia de las personas, que le devuelva, al menos, una parte de la base social que ha perdido (Modelo asiático). Pero no es posible conseguir esto sin realizar cambios de naturaleza política.

El Partido se niega a dialogar, eso es evidente. ¿Qué nos ofrece entonces para que soportemos estoicamente sus imposiciones y arbitrariedades? ¿La Zona de desarrollo del Mariel? ¿Recuperar la industria azucarera que fue destruida hace décadas por decisión suya? ¿Un programa de soberanía alimentaria asesorado por un sacerdote brasileño que sugiere alimentos y hábitos inaceptables? Seamos serios.

La situación es revolucionaria, el Partido no

Estamos en presencia de una situación revolucionaria de manual: los de arriba (nunca mejor dicho) no pueden seguir administrando y gobernando como hasta ahora; y los de abajo estoy segura de que no quieren seguir soportando esos métodos de dirección (y el Partido lo sabe, por eso la Seguridad del Estado y los espacios televisivos propagandísticos han sustituido a las tesis y resoluciones, los círculos de estudio y los debates).

Año

Hace varios años, en el texto «Pulgas o Dragones», argumenté:

En Cuba se manifiesta un estancamiento de las fuerzas productivas, reprimidas por relaciones de producción que se deciden a nivel político, por ello, sin cambios en esa esfera no avanzaremos. El marxismo considera como una ley la correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas, pues cuando no se manifiesta tal correspondencia, se abre un camino que puede determinar la transición de un régimen social a otro.

En la economía cubana nada es verdaderamente lo que parece. Las relaciones de propiedad, núcleo de las relaciones de producción, se manifiestan como una mistificación de la realidad: la propiedad socialista no es verdaderamente social, ya que ha sido suplantada por una propiedad estatalizada que escapa al control de los trabajadores; y la propiedad privada —reconocida en esta constitución— no es suficientemente privada, dados los excesivos obstáculos con que la rodean las determinaciones políticas. La propiedad cooperativa no despliega sus alas a pesar de todas las declaraciones y lineamientos que en el mundo son.

Presenciamos hoy el agotamiento definitivo del modelo político de socialismo burocrático. Nuestros gobernantes no logran hacer progresar la nación con los viejos métodos, pero no son capaces de aceptar formas más participativas, con un peso mayor de la ciudadanía en la toma de decisiones.  El estallido social del 11 de julio pudo ser un parteaguas en la historia del proceso, pero el Partido decidió atrincherarse y desafiar al propio marxismo al que jura adscribirse.

Entiéndase de una vez que sin base económica que lo sustente, no puede mantenerse ningún modelo social. No es viable en Cuba un modelo extensivo de desarrollo como el que existió durante la alianza con la URSS primero y con Venezuela después, porque la Isla no posee recursos propios y combustible en abundancia; y porque la fuerza laboral calificada y barata emigra constantemente o puede moverse a sectores donde no existan intermediarios estatales entre sus salarios y los empleadores.

El modelo intensivo de desarrollo es menos probable, porque requeriría fuentes de financiamiento para lograr una industrialización, y ello está limitado por varias razones: Cuba no se inserta en los mecanismos financieros internacionales, está afectada por el bloqueo norteamericano, es un país moroso en el pago de las deudas que contrae, desdeñó hasta hace muy poco a sus migrantes como posibles inversores (prefirió constitucionalizar a la inversión extranjera), y, para colmo de males, los sectores medios con capacidad de emprender e invertir están quemando las naves y marchándose del país en un éxodo alarmante, una verdadera sangría que complicará mucho más la situación demográfica. 

Quizás los dirigentes partidistas piensan que pueden vivir parásitos de las remesas, con un mercado cautivo, como hicieron por mucho tiempo. Malas noticias, están emigrando familias enteras, incluyendo a los ancianos, y los que se van ahora están indignados y mucho más politizados que los que lo hicieron en las décadas del ochenta y noventa. No creo que las remesas crezcan de ahora en lo adelante.

Año

Están emigrando familias enteras, incluyendo a los ancianos.

Pero tan preocupante como el éxodo constante, que apunta a record en poco tiempo, debería ser para el Partido el constatar quiénes se están quedando en Cuba. Esas son las personas que no disponen de los recursos necesarios para una travesía costosa. Esos son los pobres —que el Partido ha bautizado como vulnerables—, los que no tienen nada que perder, excepto las cadenas (Marx dixit). Esos son los presos políticos y sus familias indignadas por los atropellos. Con ellos van a tener que vérselas. Y es cierto que no están armados, pero el hambre y la desesperación son consejeros audaces.

Hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen. Un año después del congreso partidista la situación es desesperada. Compatriotas de todas las edades arriesgan sus vidas para irse de la Isla. Lo hacen a través de selvas y ríos, de escenarios de guerra o resistiendo el frío invierno eslavo. Se cansaron de esperar.  

El Partido puede autoproclamarse, como hizo en el 8vo Congreso, «el alma de la Revolución», pero no lo es. Vistos los resultados a largo plazo de su gestión como «fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado», se ha comportado más bien como un arma, una muy destructiva.  

20 abril 2022 50 comentarios 2.691 vistas
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Continuidad

La Continuidad del extremismo de Estado

por Mario Valdés Navia 13 abril 2022
escrito por Mario Valdés Navia

En un modelo socialista como el cubano, el extremismo de Estado se torna omnipresente en las diferentes esferas de la vida social (ideológica, política, económica, educativa, artística-literaria, deportiva…). En cada una de ellas adopta modalidades y niveles de aplicación, acordes con la naturaleza del sector y los grados de resistencia que encuentra.

El extremismo del Partido/Gobierno/Estado se asienta en un dogmatismo que halla expresión actual en el Discurso de la Continuidad. Fundamentado en el mito de la lealtad a la tríada ficticia Patria/Revolución/Socialismo; lo que la Continuidad expresa realmente hoy es la defensa a ultranza de las conquistas alcanzadas por el grupo de poder hegemónico y sus acólitos, a contrapelo de los genuinos intereses populares.

¿A partir del principio de la Continuidad, es posible entonces explicar las actitudes extremistas del establisment cubano ante los problemas del país?. Ni siquiera eso: veamos por qué.

-I-

La idea original de la Revolución Cubana de 1959 se asentó en tres pilares fundamentales que actuaban como conquistas recientes y compromisos de futuro: regreso a la democracia, en suspenso tras el zarpazo del 10 de marzo; logro de la independencia nacional más completa, y lucha por la mayor justicia social posible. La convicción de que valdría la pena ofrendar la vida por esos ideales inspiró el lema terrible de «Patria o Muerte» —planteado por Fidel en el entierro de las víctimas de La Coubre (marzo 5, 1960)—, complementado tres meses después con el optimista «Venceremos», que el pueblo revolucionario hizo suyo.

Muy mal andamos si esos son los principios fundadores a los que hay que dar continuidad seis décadas después. La nueva democracia socialista, supuestamente menos representativa y más directa, dio lugar al remedo actual de democracia representativa del Poder Popular, que ha traído consigo un parlamento sin debates, iniciativa legislativa ejercida solo por el propio Gobierno y amplio absentismo popular.

La independencia nacional carece de sustento real tras años de conducción errática de la política económica, destrucción y saqueo del patrimonio industrial y laboral del país, y daños causados por el bloqueo estadounidense. Al unísono, la búsqueda ansiosa de relaciones internacionales preferenciales con países amigos  —entiéndase, enemigos de EE.UU.—, en lugar de «la unión con el mundo» que preconizaran Martí y el Papa Juan Pablo II; convierten la política exterior en un paisaje azaroso, siempre pendiente de los resultados electorales en otros países y de los vaivenes geopolíticos.    

La justicia social, por su parte, se sitúa en su nivel más bajo del último medio siglo, con un incremento de la pobreza absoluta y relativa, coeficientes de Gini y Palma cada vez más desfavorables, y una falta de perspectiva de futuro en la población, en particular los jóvenes, que promete convertir al 2022 en el año de mayor éxodo de cubanas y cubanos.

Ante estos objetivos incumplidos, ¿a qué continuidad se alude como invariable? ¿Puede relanzarse el proyecto revolucionario y abrir nuevas perspectivas a la población ante los desafíos internos y externos sin cambiar a su vez el actual modelo socialista burocrático de Estado?

Continuidad

-II-

La idea de la continuidad de un proceso histórico reciente como garantía de supervivencia de la identidad nacional no es nueva, ni en Cuba ni en el mundo. Por lo general, en política se apela a ella para legitimar el nuevo estatus quo a partir de la manipulación de la memoria histórica, más cercana al mito y la ideología que a la verdadera ciencia de la Historia.   

Según Umberto Eco, el culto a la tradición como baluarte del adoctrinamiento masivo es la primera característica del fascismo. En España, la vejez hizo al dictador Franco obsesionarse con la continuidad de su régimen tras su muerte. Encaminado a ello, creyó encontrar el sucesor ideal en el príncipe Juan Carlos, a quién designó como sucesor en 1969. Sin embargo, en 1975, tras asumir la corona, el joven rey se convirtió en paladín de la transición española a la democracia y terció a favor de los llamados rupturistas en su porfía con los ortodoxos franquistas, los continuistas.

En Cuba, marcó un hito en la tesis de la continuidad el discurso de Fidel a raíz del centenario del Grito de La Demajagua. Al referirse a la labor revolucionaria de los hombres del 68, proclamó una idea afín al uso político de la memoria histórica: «[…] en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes». El quid de la cuestión se resumía en la concepción antihistoricista de que: «Nosotros ayer, hubiéramos sido como ellos. Ellos hoy hubieran sido como nosotros».

Casi treinta años después (octubre, 1997), en medio de una ola de atentados terroristas en varios hoteles de La Habana que provocaron daños materiales y la muerte de un turista italiano, el Llamamiento al V congreso del PCC reafirmaba: «Hoy está más claro que nunca, que Revolución, Patria y Socialismo son una y la misma cosa. En Cuba no habrá restauración del capitalismo porque la Revolución no será derrotada jamás. La Patria seguirá viviendo y seguirá siendo socialista».

La tesis de la continuidad de la Revolución se radicalizaba in extremis. Ya no se trataba de que fuera una sola durante un siglo, sino que se identificaba por secula seculorum con la Patria y el socialismo, en una especie de respuesta cubana a la teoría de «El Fin de la Historia» (Fukuyama, 1992).

Si norteamericano se refería a la historia universal y el triunfo definitivo del capitalismo como sistema, la versión insular postulaba como único futuro la eternización del modelo socialista de Estado existente desde 1960. No obstante, hace poco una cantante exaltada se atrevió a acotarlo, aunque en una fecha lejana: 62,000 milenios.

-III-

Desde el 19 de abril de 2018, cuando tomó posesión en Cuba un mandatario sin el apellido Castro por primera vez en casi seis décadas, el discurso de la Continuidad adquirió mayor significado en la comunicación política, pero su contenido y lugar en los fundamentos ideológicos del país han cambiado profundamente.

Lo primero que salta a la vista es que la política del Gobierno/Partido/Estado se aleja cada vez más de la defensa de las conquistas populares, aun dentro de un obsoleto modelo socialista burocrático. Cada vez se sustituye más Socialismo por emprendimientos e inversión extranjera, Patria por país y Revolución por Lineamientos y Ordenamientos.

Mientras tanto, cuestiones medulares para los sectores populares: salario real, nivel de inflación, normas y contratos de trabajo, jubilaciones y pensiones, viviendas, atención a personas discapacitadas, ingresos estudiantiles, calidad de los servicios de educación y salud y posibilidades para la recreación, han sido cada vez más postergadas en una especie de neoliberalismo pseudo-comunista que nada tiene que ver con la política social fundacional de la Revolución Cubana.

En cambio, las transformaciones que se operan tienden a defender y propiciar las conquistas del grupo de poder hegemónico y sus  acólitos, no solo en cuanto a sus altos cargos y prebendas correspondientes, sino en propiedades y patrimonio. A la conversión del pulpo oligopólico GAESA —surgido en las FAR, pero con total autonomía económica e independencia del presupuesto nacional— en el propietario de prácticamente todo lo que origine ganancias en MLC; se añaden la proliferación de negocios de dirigentes, familiares y sacristanes, nacionales y extranjeros, y la posibilidad legal de transferir propiedades públicas a manos privadas.

La nueva etapa de crisis iniciada en 2019 con las medidas de Trump, agudizó este proceso, provocó la extensión del malestar y la desesperación en la población y motivó diferentes iniciativas y proyectos para salvar el país mediante reformas, en muchos casos respetando su carácter socialista. Sin embargo, el principio a seguir por el Gobierno/Partido/Estado ha sido el de la Continuidad, pero ya no para salvar la tríada Patria/Revolución/Socialismo.

Lo que se continúa, cada vez con más extremismo y virulencia, es la entrega del patrimonio de la Nación a empresas e individuos ligados al grupo de poder hegemónico. Junto a ello, crecen la intolerancia ante las posturas críticas, disidentes u opositoras, dentro y fuera del campo revolucionario; represión excesiva a las protestas populares; tratamiento de delincuentes políticos a los detenidos; deportación ilegal de opositores e inconformes; abandono de principios constitucionales recién aprobados y postergación de la aprobación de leyes vinculadas a los derechos individuales y el control ciudadano del magno texto.

La continuidad histórica del pueblo cubano lo que exige son mayores cuotas de libertad, emprendimiento y garantías legales para todos y todas; no el blindaje creciente del estatus especial de un pequeño grupo de oligarcas privilegiados, que no cree en los ideales y las practicas del Socialismo, e ignora sistemáticamente que la Patria es ara y no pedestal.

13 abril 2022 30 comentarios 1.819 vistas
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Código Penal

El nuevo Código Penal: la «orden de combate» legislada

por Fernando Almeyda Rodríguez 4 abril 2022
escrito por Fernando Almeyda Rodríguez

Según el cronograma legislativo establecido por el acuerdo IX-115 y publicado en la Gaceta Oficial no. 5 de 2022, la aprobación del proyecto de Código Penal está prevista para este mes de abril. Poco se ha dicho en la prensa oficial cubana sobre el mismo, silencio que contrasta con la propaganda que ha recibido el proyecto de Código de Familias. Pero tanto la prensa independiente como algunos exponentes del gremio jurídico no vinculados al Estado, han expuesto datos alarmantes sobre el referido Código Penal.

Legalización de la violencia política

El código en cuestión exhibe algunos aciertos, como la desaparición del «Estado Peligroso», las «Medidas Predelictivas» (1), los delitos que penalizan la Bigamia, la Homosexualidad (2), así como la regulación de un mejor marco penal contra la violencia intrafamiliar, sexual y de género (3); no obstante, estos aspectos positivos quedan opacados ante un proyecto legislativo de naturaleza draconiana.

El marco sancionador de casi todos los delitos anteriormente previstos aumenta de forma notable, tanto en los llamados delitos comunes como en los políticos; la pena de muerte está prevista para veinticuatro figuras delictivas, cuatro más que en el Código de 1987, vigente hasta la fecha; la sanción de privación perpetua de libertad está diez veces más presente que en el vigente; aumentan los tipos delictivos, lo que incluye nuevas tipificaciones penales que pueden ser empleadas para reprimir el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales.

Si bien el Código Penal de 1987 podemos considerarlo un texto jurídico poco garantista de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, el proyecto en discusión llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado.

En su artículo 23.1.4 se exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para «repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado». Como contraparte, incluye un apartado nuevo al delito de «Atentado», encaminado a sancionar a quienes a través de «violencia o intimidación» intenten impedir que personas que no ostentan autoridad actúen «en cumplimento de su deber ciudadano, contribuya al enfrentamiento de actos de indisciplina que afecten la tranquilidad ciudadana, el orden y la convivencia».

Tomando como ejemplo el escenario del 11-J, se exoneraría de responsabilidad a quienes agredieran a manifestantes en interés del Partido y el Gobierno, en tanto se sancionaría por «Atentado» a aquellos que intentaran impedirlo.

Y no solo eso, en el artículo 27 del nuevo proyecto se conserva la eximente de responsabilidad penal por «obrar en cumplimiento de un deber», lo que libra de cualquier castigo a quienes violen derechos o cometan delitos en cumplimiento de órdenes. Nuevamente tomando como contexto al 11-J, esto supondría que aquellos oficiales de la PNR y el Ministerio del Interior responsables de la muerte de Diubis Laurencio pueden quedar impunes pues «cumplían órdenes»; como contraparte, se castiga a quienes no acaten las órdenes de un superior, sin importar su contenido.

Código Penal

Diubis Laurencio (Foto: Facebook / Yissell Fernández)

Esta es una línea que el Código Penal de 1987 nunca había cruzado: proteger el ejercicio de la violencia por parte de los ciudadanos contra otros habitantes en cumplimiento de la voluntad o interés del Partido y el Estado. Aunque el proyecto no se refiere textualmente al Partido Comunista, basta remitirse al artículo 5 de la Constitución, que declara que el Partido es la «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado»; por ende, no existe diferencia alguna entre «intereses» estatales y partidistas. La violencia institucionalizada contra el disenso ya no se oculta, sino que ahora se premia.

«Tolerancia cero» al disenso

En el Código de 1987 existen múltiples figuras delictivas empleadas en la represión de los derechos fundamentales. En algunos casos se usaban arbitrariamente —como el delito de Desacato—, y en otros convenientemente —como el delito de Asociaciones, Reuniones y Manifestaciones Ilícitas. La Constitución de 2019 reconoce no solo el derecho a la libertad de expresión y manifestación en sus artículos 54 y 56 respectivamente, sino que incluye un mandato constitucional dirigido a establecer mecanismos legales para el amparo de estos derechos.

Ello dio a pie a una dicotomía: por un lado las normativas penales y la práctica judicial en sede penal son extremadamente represivas, mientras que el texto constitucional es más garantista.

Según el artículo 7 de la Constitución, la Ley de leyes tiene supremacía sobre otras normativas, por ende, la aplicación de normas penales, al ser de menor jerarquía, deberían respetar los derechos constitucionalmente reconocidos. Sin embargo, la abierta y brutal represión llevada a cabo desde 2020 hasta la fecha, ha puesto en evidencia que es el Partido Comunista y no la Ley quien goza de supremacía.

Se esperaba que la reforma del Código Penal eliminara la contradicción con los derechos cívicos y políticos que la Constitución reconoce. Pero resulta todo lo contrario: la dicotomía que en la práctica se observaba es resuelta en favor del Partido y no de los derechos constitucionales. Mientras que la Ley de Amparo Constitucional ha sido pospuesta, el Código Penal se prioriza, lo cual evidencia la voluntad del Estado de reprimir en lugar de proteger.

En vez de eliminar de las figuras penales aquellas lesivas a los derechos fundamentales, estas se potencian, se aseveran o se agregan nuevas. Si el Código de 1987 es poco garantista, el nuevo penaliza por completo la existencia del disenso.

El intercambio de información de cualquier tipo a un Estado extranjero, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, asociaciones o personas naturales o jurídicas, se sanciona con penas de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte, bajo el delito de «Espionaje». Esto quiere decir que por el acto de suministrar datos públicos a ONGs de Derechos Humanos, o intercambiar con personal diplomático de otro país, un ciudadano cubano podría ser condenado a muerte.

Código Penal

(Imagen: accionverapaz)

En el artículo 120.1 del nuevo Código, se sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano». El legislador indica que para el ejercicio de los derechos en Cuba (incluidos los humanos) es preciso contar con una autorización por parte de la autoridad, es decir, que no se reconocen «derechos» sino «permisos».

El delito de Sedición se conserva íntegramente en el artículo 121, el cual equipara a civiles que se manifiesten pacíficamente y formulen exigencias o practiquen la desobediencia civil, con un motín militar. Para tal delito se establecen sanciones de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte. De esta forma, se da el mismo tratamiento a un asalto armado contra un cuartel que a una manifestación pacífica.

El artículo 124 del nuevo Código reforma el delito de «Propaganda Enemiga» (4) nombrándolo «Propaganda contra el Orden Constitucional»; el mismo sanciona de dos a cinco años a todo aquel que «incite» contra el orden establecido, la solidaridad internacional o el Estado socialista, sea de forma oral o escrita. El verbo rector incitar es poco claro y permite una interpretación arbitraria por parte de las autoridades contra cualquier ejercicio de expresión del pensamiento.

Se conserva el delito de «Difusión de Noticias Falsas» en el artículo 133, que permite sancionar a quien difunda tales noticias con el propósito de «poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado Cubano, o sus buenas relaciones con otro Estado». A sabiendas de que el régimen cubano califica de falsa cualquier noticia que no coincida con las emitidas por sus órganos de propaganda, es de iure y de facto una forma de represión contra la libre emisión del pensamiento y el periodismo independiente.

El artículo 143 permite sancionar a cualquier persona con penas de cuatro a diez años de privación de libertad por el mero hecho de apoyar, fomentar, financiar, proveer, recibir o tener en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Al amparo de esta figura, el Estado puede sancionar y encarcelar a cualquier persona incómoda por el solo hecho de recibir, por ejemplo, una recarga del exterior.

Invitación a la violencia

La sociedad cubana se encuentra en una crisis sin precedentes, que ha convertido la supervivencia en un calvario. Desde el 11-J el ejercicio del disenso se ha naturalizado, lo cual pone en peligro las bases de un sistema político incompatible con la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. En consecuencia, el Estado reacciona agresivamente contra cualquier signo de malestar.

En lugar de respetar la desobedienca civil, la protesta pacífica y la libertad de expresión como válvulas de escape naturales, ha decidido recrudecer el control y el miedo, apostándolo todo a la emigración, una opción que no está al alcance de todos y cuyos efectos a largo plazo serán devastadores.

Si como es el caso, manifestarse pacíficamente será sancionado con la misma severidad que un alzamiento armado, si la libertad de expresión es tratada al mismo nivel de la violencia física, si la crítica será castigada con igual severidad que un sabotaje, entonces se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales.

Código Penal

Se está cerrando la puerta a la protesta cívica al tiempo que se la abre a actitudes mucho más radicales. (Foto: Internet)

Si bajo ningún concepto es posible expresar el desacuerdo a través de vías pacíficas, el Estado está enviando una clara invitación a hacerlo a través de la violencia y la clandestinidad. Eso ya está ocurriendo. Mientras se recrudece la represión contra activistas, opositores y disidentes; ocurren hechos de naturaleza violenta y de causa misteriosa, principalmente en forma de incendios o carteles antigubernamentales.

Aprobar un proyecto de Código Penal con tales características en un contexto semejante —en que el deterioro de las condiciones sociales de existencia es creciente y no se avizora la capacidad del gobierno para establecer políticas que reviertan este escenario a corto plazo—, es un suicidio político y marcará el inicio de una escalada de violencia política en Cuba.

***

(1) El «Estado Peligroso» y las medidas «pre-delictivas» son figuras ampliamente condenadas nacional e internacionalmente por implicar una severa violación de principios penales básicos, como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa. Bajo el régimen de medidas pre-delictivas el Estado puede castigar arbitrariamente a personas sin que exista un hecho delictivo, sin juicio contradictorio y sin garantías legales; en la práctica, la aplicación de las mismas estaba determinada por prejuicios raciales, sexuales, culturales y políticos, estando reportados por la ONG Prisoners Defenders más de 18 mil personas bajo tales medidas.

(2) Otro de los aciertos de esta nueva Ley es la mejor tipificación de delitos en el entorno sexual y familiar, así como la desaparición de tipos delictivos carentes de sentido que penalizaban la homosexualidad (artículo 303,inciso a del Código Penal vigente), la bigamia (artículo 306) y el matrimonio ilegal (artículo 307).

Es especialmente válida la regulación de figuras penales relacionadas con la violencia de género y contra las violaciones de derechos en el marco intrafamiliar, dado que hasta el momento las leyes penales carecen de un marco legal de protección mínimo para este ámbito. No obstante, no fue capaz de eliminar el delito de Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor, ni de elevar la edad penal.

(3) No deja de ser curioso como ya se incorporan terminologías establecidas en el proyecto de Código de Familias, cuya aprobación está pendiente de votación y referendum en julio; lo que los voceros del aparato jurídico estatal valoran positivamente puede interpretarse como que las autoridades están dando por sentado que el Código de Familias se aprobará, lo cual no deja de levantar suspicacias respecto a la pre-aprobación de un Código tan polémico.

(4) Luis Robles, después de más de un año en prisión provisional, ha sido sancionado a cinco años de privación de libertad por este delito.

4 abril 2022 29 comentarios 3.260 vistas
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Escarmientos

Entre leyes y escarmientos

por Rodolfo Alpízar Castillo 24 marzo 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

Nota previa: No firmé el Manifiesto publicado en La Joven Cuba por razones de forma que expliqué a sus redactores, pero considero que las penas aplicadas en los juicios por los hechos del 11 de julio de 2021 son exageradas y desproporcionadas, dirigidas a castigar y no a reeducar, a escarmentar y no a establecer la legalidad.

1. Nadie en su sano juicio desea ver delincuentes paseándose libremente por las calles. Todos queremos, necesitamos, sociedades con leyes que protejan la tranquilidad ciudadana, e instituciones que las hagan cumplir.

Pero en el mundo civilizado la aplicación de la ley se rige por principios éticos y normas, escritas o consuetudinarias, no por la doctrina del «ojo por ojo» ni por la búsqueda del escarmiento.

Al calificar el delito y dictar sentencia, el juzgador moderno evalúa la proporcionalidad entre acto, daño provocado y marco sancionador establecido; grado de realización de la acción, condición del reo (edad, motivaciones, condiciones sociopsicológicas, carácter de reincidente o no), etc., además del grado de participación, si hay varios comisores. Para ser justas, las penas han de ser individualizadas.

Aunque se siga el debido proceso y se condene según el marco sancionador, no hay verdadera justicia si no se toman en cuenta esos elementos.

Tampoco es posible hablar de justicia si se juzga a partir de consideraciones  generales sobre lo que pudo ocurrir, o sobre posibles motivaciones de los instigadores. Podrá ser legal, pero no justo.

Escarmientos

El Tribunal Provincial Popular de La Habana celebró, entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022, los juicios orales y públicos correspondientes a las causas penales por los hechos de la Esquina de Toyo y La Güinera. (Foto: Cubadebate)

2. Las sanciones aplicadas a los implicados en los sucesos del 11 de julio de 2021 en Cuba, aunque se afirme lo contrario, no parecen encaminadas a punir hechos delictivos y restituir la legalidad, sino a enviar un mensaje a quien sienta la tentación de repetir hechos similares.

En abstracto, podría aceptarse como correcto aplicar medidas para evitar la aparición de imitadores en la comisión de determinados delitos. Pero solo en abstracto. En lo concreto es una arbitrariedad.

Si se comprobó la existencia de un plan desestabilizador detrás de protestas y actos vandálicos, es obligación de los acusadores probar de manera fehaciente la participación y el grado de implicación en dicho plan de cada inculpado. Sancionar sin esa individualización puede ser buen escarmiento, pero no es justo.

«Dar un escarmiento» es absolutamente contrario al concepto moderno de justicia, y no tiene nada que ver con un sistema democrático.

3. El 11 de julio de 2021 se produjeron manifestaciones de protesta en varias localidades cubanas. Aprovechando la situación, algunas personas violaron las leyes y realizaron actos vandálicos.

Por tanto, las penas solo serían aplicables a quienes, con pruebas materiales irrefutables, puedan ser acusados de actos vandálicos y atracos. El resto de los manifestantes no cometió delito alguno.

Afirmar, sin mostrar evidencias irrefutables, que quienes se manifestaron o delinquieron estaban complotados para derribar el sistema de gobierno establecido es, cuando menos, un absurdo. Es difícil imaginar una coordinación tan perfecta que ponga de acuerdo a miles de personas, a lo largo y ancho del país, sin que lo descubrieran los órganos encargados de velar por la seguridad del Estado. Si fue así, esos órganos no cumplieron su cometido.

Es cierto que el derecho de libre manifestación no se recoge en ninguna norma jurídica, pues nuestros legisladores han priorizado otras (como el Código Penal, que será aprobado dentro de poco por la Asamblea Nacional). Pero la Constitución, norma madre de todas las demás, lo establece como derecho de todos los ciudadanos.

En consecuencia, los manifestantes del 11 de julio de 2021, con gritos o sin ellos, coordinados o no, no cometieron delito: Los amparaba la Constitución vigente en la República de Cuba, la misma que define el Estado cubano como Estado de derecho. Ni siquiera un «acta de advertencia» debieron recibir, pues considerar delito lo protegido por la Constitución va contra la esencia de un Estado de Derecho.

Delitos cometieron quienes aprovecharon la ocasión para su beneficio personal o para saciar apetitos destructivos. Ellos, y solo ellos, clasifican para ir a los tribunales, ser sometidos a juicio y recibir sanciones según la calificación individualizada de sus actos.

Escarmientos

Las penas solo serían aplicables a quienes, con pruebas materiales irrefutables, puedan ser acusados de actos vandálicos y atracos. (Foto: AFP)

4. En Cuba no es costumbre que las personas protesten en forma abierta y masiva contra el actuar de los gobernantes. Que lo hicieran sorprendió a todos, gobierno y ciudadanía incluidos. Por su rareza, es cómodo afirmar que las protestas respondieron a acciones desestabilizadoras de una red de conspiradores a lo largo del país.

Es inimaginable una conspiración con el grado de coordinación que refiere la argumentación de las sentencias. Cualquier abogado medianamente calificado y con deseos de sacar adelante a su defendido pudo demostrar lo insostenible de tal afirmación.

Lo que realmente hubo (y, lamentablemente, hay), es un desgaste, cuando no un verdadero descrédito, de las instituciones que deberían actuar como mecanismos de participación popular en las decisiones gubernamentales. El Poder Popular, nacido a mediados de los setenta como novedoso y prometedor  modo de gobierno democrático, pronto perdió efectividad: Los delegados de circunscripción se convirtieron en meros recaderos, sin poder alguno.

Por su parte, la elección de diputados, aunque difería del método aplicado con los delegados, al menos permitía a los ciudadanos elegir entre dos o tres candidatos. Pero desde mediados de los noventa no se elige, se «aprueba». Gracias a la fórmula «valen todos», un diputado, supuestamente representante de un municipio con más de cien mil habitantes, puede serlo por el «voto» (sin contrincantes) de menos de 300 electores.

Y no tiene cuentas que rendir a sus «electores», pues no les promete nada.

Si, para colmo, algunos diputados responden a cuotas según los cargos que ocupan en el gobierno o en las organizaciones que lo integran (ministros, generales, cuadros centrales de la CTC, la FMC, la UJC y la FEU), es evidente que la distancia entre diputados y «electores» es inmensa.

En conclusión, el ciudadano real, no el de los discursos o los medios oficiales, no tiene a quien exigirle atención para sus problemas (calles rotas, albañales desbordados, casas en ruinas, maltrato en los comercios, basura acumulada en las aceras…). Hasta asombra que estallidos como el del 11 de julio no se hayan producido antes.

Quien crea que exagero pregúntese cómo es posible que, luego del 11 de julio y las subsiguientes «intervenciones en los barrios vulnerables», hayan aparecido recursos que hasta ese momento no existían para resolver los problemas. Contabilice además cuántas veces, en los reportajes sobre dichas «intervenciones», aparece el término «planteamientos históricos», que son reclamos de la población cuya solución se pospone una vez y otra, algunos durante décadas.

Escarmientos

5. Meter en el mismo saco a quienes se manifestaron en las calles y a quienes realizaron actos de violencia o actuaron como vándalos demerita el actuar de los juzgadores y desacredita el sistema que se pretende defender.

Castigar a quien lanzó piedras contra una vitrina, o a quien se introdujo en una propiedad y la saqueó, es una acción justa que cualquier ciudadano respalda. Pero imponerles penas más severas que las aplicadas a violadores y asesinos es un absurdo jurídico.

Mal están los tribunales de un país si sancionan para dar escarmiento y no para impartir justicia. Peor si castigan con más rigor a quien protesta, con violencia o sin ella, que a quien arrebata una vida.

La dictadura batistiana condenó a quince años o menos a los principales implicados en el asalto a dos cuarteles, y luego los indultó. Hoy los herederos políticos de aquellos asaltantes castigan con penas superiores a quienes cometieron delitos de menor gravedad.

6. El derecho constitucional a la manifestación pacífica continúa sin ley que lo materialice. Los resultados de los recientes juicios muestran la urgencia de su redacción y puesta en vigor.

Las sanciones previstas en el proyecto de Código Penal que aprobará la Asamblea Nacional son, en algunos casos, más severas que las aplicadas en las causas por el 11 de julio. En él se mantiene la pena capital, vigente en muy pocos países. Los medios de difusión no hablan de eso.

El Estado cubano considera conveniente someter a escrutinio popular el proyecto del llamado «código de los afectos», pero no aplica el mismo método al de las sanciones.

Si la opinión del pueblo vale para los afectos, debe valer también para los castigos. Si se plebiscita uno, con más razón se debe plebiscitar el otro. Las sanciones aplicadas por los sucesos del 11 de julio demuestran por qué. El país necesita un código penal, no un código de escarmientos.

24 marzo 2022 36 comentarios 2.213 vistas
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