Las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, conocidas como bloqueo o embargo, han marcado no solo los vínculos de la Isla con su vecino del norte, sino también su política interna y relación con otros países. Durante más de sesenta años ha tenido variaciones y generado reacciones diversas en las comunidades cubanas de dentro y fuera. ¿Cuál es la historia de esta política? ¿Qué afectaciones ocasiona? ¿Qué argumentos esgrimen a favor y en contra los diferentes sectores?

Una política con más sesenta años

Las sanciones económicas surgieron como represalia a la nacionalización de empresas extranjeras por parte del naciente Gobierno Revolucionario, tras la negativa de las refinerías estadounidenses establecidas en Cuba de procesar crudo proveniente de la Unión Soviética. Desde entonces, los gobiernos norteamericanos las han mantenido más allá de periodos de tensiones y distensiones.

Desde el año 1960 la administración de Eisenhower empezó a reducir la cuota azucarera que Estados Unidos compraba a Cuba, la cual queda totalmente suspendida en 1961 con John F. Kennedy. En 1962, bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, Kennedy aprueba el Decreto presidencial 3447 que restringía las exportaciones e importaciones entre ambos países.

Pese a que, como en un inicio, también durante la Guerra Fría las medidas buscaban generar carencias con el fin de dañar la estabilidad interna de Cuba, la entrada de la Isla en 1972 al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que ofrecía ventajas como la tasa de cuota fija, generó un espacio de inserción que minimizaba los daños. No obstante, con el colapso del campo socialista y la desintegración de su mecanismo económico, la situación se precarizó, por lo que la derogación del bloqueo se convirtió en una prioridad para la política exterior de la nación antillana.

La desaparición de la URSS, además, redujo el interés geopolítico que Cuba había generado para los Estados Unidos, y si bien el gobierno de Washington se acercó a sus homólogos declarados socialistas como China y Vietnam, el mercado cubano no era atractivo como el de estos para constituir un incentivo determinante. Por otro lado, contribuir a la falta de prosperidad en la Isla resultaba conveniente para demostrar el fracaso del socialismo como modelo a nivel de narrativa política.

Por ello, en el periodo la política se recrudeció y adquirió un carácter extraterritorial. En 1992 el Congreso norteamericano aprobó la Cuban Democracy Act o Ley Torricelli, que autorizaba al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones a los países que mantuvieran relaciones comerciales o financieras con Cuba.

Además de los mencionados, otro factor de peso en el mantenimiento de las sanciones económicas contra Cuba radica en la presión que ejerce parte de la comunidad de cubanoamericanos residentes en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno norteamericano, en diferentes momentos ha tomado decisiones no respaldadas por dichos grupos. Prueba de ello fue el regreso de Elián González o la flexibilización de las sanciones en la época del presidente Barack Obama.

En treinta ocasiones la Asamblea de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución que rechaza las medidas unilaterales coercitivas, con apoyo mayoritario de países no necesariamente cercanos al gobierno cubano. En la más reciente votación solo tuvo la oposición de Estados Unidos e Israel, y la abstención de Brasil y Ucrania.

Entre los 185 votantes en contra de las mencionadas medidas se encuentran administraciones de derecha como la de Uruguay o Ecuador, que han criticado en varias ocasiones al gobierno en la Isla, por tanto, su voto no debe ser asumido como una señal de apoyo al sistema político cubano, sino como una condena a una medida extraterritorial que afecta intereses económicos de los demás países.

Entre afectaciones y justificaciones

Desde el inicio de la crisis de los noventa, durante el llamado Período Especial, y con más fuerza en la actualidad, se ha vuelto medular el debate sobre la incidencia de las sanciones en la situación cubana y cuál es el papel de otras problemáticas internas como la ineficiencia de la gestión gubernamental, la corrupción o las fallas en la planificación económica.

Debe tenerse en cuenta que Estados Unidos es un mercado natural para Cuba, por la cercanía geográfica y por ser la potencia hegemónica de la región. Pueden citarse ejemplos de cómo las medidas extraterritoriales desaniman a gobiernos y empresas extranjeras a establecer relaciones comerciales con la Isla. Multas a bancos por procesar transacciones o el impedimento a navíos de tocar puerto norteamericano si entraban en territorio cubano antes, son solo algunas de las más aplicadas.

No obstante, también debe señalarse que en los últimos años han tenido lugar  excepciones en cuanto a la implementación de las medidas del bloqueo, lo cual ha permitido que el gobierno cubano pueda comprar con pago al contado diversos productos básicos de la agricultura norteamericana. También en los últimos meses han aumentado las compañías que se les autoriza volar a la Isla. A pesar de esto, las mercancías cubanas siguen vetadas en el mercado norteamericano, también remesas y viajes están sujetas a las intencionalidades de la administración de turno.

Además de las afectaciones económicas, estas medidas unilaterales coercitivas  inciden directamente en la política interna de Cuba. Constituye una excusa del gobierno no solo para justificar ineficiencias, sino para evadir la implementación de un sistema de transparencia para las organizaciones estatales, al tener que ocultar sus vínculos comerciales con empresas extranjeras para evitar la persecución de activos por parte de Estados Unidos

 Múltiples posturas en las comunidades políticas cubanas

Si se exploran medios de comunicación y redes sociales pueden encontrarse diversas posturas, las más evidentes son: 1. posición pro gobierno cubano que intenta achacar todos los problemas nacionales a la existencia de las medidas; y 2. la postura clásica de la oposición tradicional que exige un aumento de las sanciones o minimiza sus impactos.

Sin embargo, más allá del binarismo antes mencionado, también es posible apreciar a defensores del Estado cubano que, si bien reconocen las trabas que representan las medidas para Cuba, consideran que debe contrarrestarse con la búsqueda de soluciones para el desarrollo, en lugar de esgrimirse de manera reiterada como  la justificación por excelencia para  los problemas de la nación.

De igual forma, opositores al gobierno solicitan una flexibilización de las medidas que afectan directamente a las familias cubanas —como las remesas o los viajes— aunque se consideran reticentes o escépticos ante su levantamiento total por temor a fortalecer al Estado cubano.

Por otro lado, también es visible dentro de sectores de la oposición considerar la mayoría de las sanciones como una política fallida, que no ha sido capaz de derrocar al gobierno de la Isla y, por el contrario, le ha dado justificaciones para mantenerse en el poder pese a su incapacidad para generar bienestar social.

La ineficiencia del también llamado embargo ha sido un criterio compartido no solo por figuras públicas, sino en parte significativa de la comunidad cubanoamericana. Una encuesta aplicada por la Universidad Internacional de la Florida en 2022 constató que un 68% de los cubanos residentes en Miami-Dade County cree que esta política no ha funcionado; sin embargo, un 57% apoya su continuidad.

Al segmentar la muestra por afiliación a partidos, se observa  una marcada tendencia de los demócratas a no suscribir su mantenimiento, al contrario de los republicanos, independientes y no ciudadanos. En otras partes de la citada encuesta se refleja que los emigrados, si bien apoyan medidas de presión contra el gobierno en la Isla, se muestran a favor de la venta de alimentos, medicinas y otras políticas que mejoren el bienestar del pueblo cubano.

El mantenimiento por parte de una administración extranjera de sanciones que afectan el normal desenvolvimiento de la economía cubana, desoyendo además el criterio de organizaciones internacionales y la mayoría de los países, constituye una muestra de extremismo político que incide directamente en el entendimiento entre ambos gobiernos y dificulta la solución no violenta de los problemas en la Isla. El respeto a la autodeterminación de los pueblos es un principio esencial en las relaciones internacionales y su violación provoca conflictos que afectan, sobre todo, a la sociedad civil.