En la mente de los que repensamos los asuntos cubanos rondan varias preguntas de compleja respuesta: ¿Por qué si la naturaleza autoritaria del Gobierno/Partido/Estado data de inicios de los años sesenta, es ahora que ocurren la mayor cantidad de protestas callejeras?
Si la Revolución afectó a los ricos para beneficiar a los pobres, ¿por qué la mayoría de los manifestantes y encarcelados actualmente pertenecen a los sectores más pobres? ¿Es que antes no éramos tan pobres, o es que la naturaleza de la pobreza cambió?
La respuesta del Gobierno/Partido/Estado y sus medios oficiales es la esperada: Ni siquiera emplean el término pobreza y sus derivados al informar sobre Cuba, sino subterfugios tales como vulnerables, población en riesgo o en desventaja, deambulantes, siempre en vías de superar su inopia momentánea.
No obstante, los espectros de la miseria que parecían exorcizados de nuestras calles y campos han vuelto por sus fueros con su triste cortejo de limosneros, buzos, personas famélicas y viviendas paupérrimas siempre a punto de derrumbarse. Analicemos el casi invisibilizado problema de la pobreza y por qué cada vez los cubanos y cubanas pobres parecen tornarse más obstinados y revoltosos.
-I- La pobreza estatizada
En 1958, la economía cubana era de las más productivas del mundo, por tanto, sus dificultades y contradicciones no eran por escasa producción, sino por la forma tan desigual en que se creaba y redistribuía la copiosa renta nacional. De ahí que en La Historia me absolverá (1955), Fidel enfatiza en que las grandes riquezas del país se debían distribuir con más equidad y justicia.
En aras de ese objetivo, desde enero de 1959 se inició el desmantelamiento, no solo de la anterior forma de gobernanza ?alterada por un septenio de dictadura militar y guerra civil?, sino de toda la sociedad anterior. La proclamación del nuevo estatuto constitucional de 1959, que concentraba los poderes ejecutivo y legislativo en el Consejo de Ministros, debió alertar a todos de que se venía una revolución socialista, no una vuelta al status anterior al diez de marzo.
En menos de un año, la rica y diversa vida política que caracterizó a la república y que luchaba por subsistir aún en el Batistato, fue sustituida por un nuevo modelo centrado en multitudinarias asambleas populares donde el líder supremo y la masa enardecida se fundían en un proceso de comunicación que discurría en un solo sentido.
La manera en que Fidel encarnó los más profundos anhelos de redención social y nacional de los sectores populares, mezclados a promesas incumplibles y sueños utópicos, y los presentara como tareas realizables en el lapsus de sus vidas, hizo que millones se sumaran al Gran Ejército de la Revolución y abandonaran las tradiciones cívicas de la república burguesa. Las mismas por las que apenas unos meses antes estaban dispuestos a dar la vida.
Con el nuevo concepto de Revolución en el Poder, esta ya no vendría desde abajo, sino «desde arriba» y las masas no la protagonizarían, sino que «se sumarían a ella», «se incorporarían», «participarían», «serían convocadas» y, para ello, tendrían que serle «fieles», «leales» y «estar dispuestas a cualquier sacrificio». Su marcha fue asumida como un mítico viaje nacional en pos del nuevo Vellocino de Oro: la sociedad comunista —reforzada con la imagen simbólica del yate Granma—, con apresuramientos, avances lentos y descansos antes de nuevas cargas.
Las familias humildes fueron beneficiadas con la garantía estatal de trabajo seguro, salario estable, precios fijos, distribución equitativa normada y acceso gratuito o asequible a educación, salud, centros recreativos e instituciones culturales, antes elitistas. A ello se sumaba un cuantioso régimen de becas en universidades cubanas y extranjeras que facilitaba la entrada de los hijos de familias pobres en el hasta entonces estrecho círculo de los estudios superiores. «Pobreza amparada» la llamaría Aurelio Alonso.
De esta forma, el Estado concentraba en sus manos casi todo el ingreso nacional y lo redistribuía centralmente, lo que acrecentaba su imagen paternalista de benefactor de la sociedad. En el imaginario social prevaleciente parecía que cualquier hombre o mujer del pueblo podía asegurar, como Luis XIV: «L´Etat c´est moi» («El Estado soy yo»). Tal era el sentido que adquirían, para las familias trabajadoras, los mencionados eventos derivados de la desaparición de la hegemonía de propiedad privada capitalista, con su corolario de desigualdades y vejámenes hacia los proletarios.
Sin embargo, pronto los enormes gastos de defensa por el conflicto con los Estados Unidos y los errores/horrores de los experimentos económico-sociales se unieron a otros factores adversos propios de las economías estatalizadas y centralizadas como las que primaban en Europa del Este —predominio de grandes monopolios estatales, pérdida de calidad por la falta de competencia, pocos incentivos para trabajar más y mejor…—. A causa de esto, el país entró en una espiral de crisis económica que duró hasta los años setenta.
En la etapa del socialismo real cubano (1971-1991), el nuevo pacto social que se impondría —especie de copia cubanizada del modelo soviético— aceptó la estimulación material de los trabajadores tanto por la vía salarial como por los premios y otros fondos colectivos a nivel de empresa. El fomento de un amplio mercado complementario (paralelo) permitía la realización sistemática de los ingresos adicionales de los trabajadores de forma más o menos amplia.
Tras la aceptación del tutelaje soviético y el ingreso al CAME (1972), se asignó a Cuba el papel de suministradora a gran escala de tres productos primarios (azúcar, cítricos y níquel), a cambio de todo un tropel de mercancías y servicios a precios subvencionados que permitieron a la Isla obtener pingües ingresos y mantener, artificialmente, un elevado nivel de consumo durante casi dos decenios de vacas gordas que muchos creyeron sostenible en el tiempo.
Por eso, la primera generación de la Revolución, nacida durante el baby boom del quinquenio 1959-1964 pudo disfrutar durante su adolescencia y juventud de un entorno asegurado estatalmente que les permitió estudiar, empezar a trabajar y formarse proyectos de vida futura que luego quedarían truncos. La existencia del Estado como benefactor y repartidor de premios por buena conducta era la base para el adoctrinamiento y la obediencia de las mayorías ante la evidente falta de libertades y democracia que se manifestaba por doquier.
-II- La pobreza por cuenta propia
La desaparición del campo socialista y la URSS y el estallido de la crisis del Período Especial dieron al traste con aquel modelo y su contrato social. Ni siquiera el espejismo transitorio de la alianza con la Venezuela Bolivariana pudo suplir el incontable apoyo de los subsidios soviéticos. La pobreza estatizada mutó y se transformó cada vez más en una pobreza por cuenta propia.
En la nueva sociedad mixta imperaría la crisis de valores, fruto de la convivencia entre diferentes actores económico-sociales: sector estatal depauperado; capitalismo de Estado (empresas mixtas, asociaciones, redes de comercio mayorista y minorista…); pequeños y medianos productores (campesinos, transportistas, cuentapropistas); economía subterránea; familias y comunidades que sobreviven en el rebusque y la miseria en entornos marginales.
En este nuevo escenario, la continuidad en el poder oligárquico —caracterizado por clientelismo, prebendas, devoción al jefe protector, secretismo, soborno, burocratización, etc.—, se fue tornando cada vez más insoportable para el resto de la sociedad que sufre ante el parasitismo de este grupo social devenido en clase, y clama por mecanismos democráticos transparentes, de control popular, que le pongan coto.
Para los sectores populares en su conjunto la situación ha ido de mal a peor. Desde inicios del siglo XXI, la adopción de una política de austeridad para reducir gastos del presupuesto y pagar los compromisos de la deuda externa provocó la disminución de las personas atendidas por la seguridad social. El coeficiente Gini, indicador que mide la desigualdad, no es publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) desde 1999; en 1988 era de 0,25%, en el 2005 —acorde a lo dicho por el economista José Luis Rodríguez— ascendía a 0,45%, hoy debe bajar del 0,60.
El ineficaz empleo de la agroindustria azucarera —y desvío hacia otros fines de los fondos de amortización y acumulación— la hizo quebrar estrepitosamente, lo cual condujo a su desmantelamiento por decisión gubernamental. Fue enorme el cataclismo sociocultural provocado en cientos de bateyes, poblados y municipios por el cierre de los centrales y granjas cañeras. Esta situación marcó con el sello de la inopia y el abandono a regiones enteras del país antes florecientes.
Para la población se hizo evidente que, si al Período Especial se había entrado como país, la salida de la crisis habría que buscarla de manera personal y/o familiar. Remesas del exterior; migración a cualquier otro lugar del mundo; conversión de más de 160 000 pobladores en «súbditos» de la corona española; posposición —a veces eternas— de los embarazos, se volvieron tendencias crecientes que no pudieron ser detenidas con anuncios de reformas salvadoras, Lineamientos, estrategias y hasta una nueva constitución para un supuesto Estado Socialista de Derecho.
La lealtad de los sectores populares se resiente en particular cuando las diferentes generaciones, en particular las más jóvenes, perciben que no podrán salir de la pobreza por mucho que aporten. Sobre todo, si se parte del enfoque desarrollado por el premio Nobel Amartya Sen, quien la define como pobreza cultural: aquella que afecta las libertades positivas de las familias y expresa la falta de capacidad del individuo para realizar a plenitud su potencial productivo.
En 2021, a los problemas en el ejercicio efectivo de la democracia y la participación política, la desestimulación al trabajo asalariado en condiciones de doble moneda y múltiples tasas de cambio, la Tarea Ordenamiento sumó una correlación lapidaria para los trabajadores: la caída del 38,2% del salario en la conformación del PIB, junto a una elevada inflación. Esto se acompañó de la disminución de todos los indicadores de la industria alimentaria nacional y la importación de alimentos. En adición, la posterior desaparición de varios medicamentos dejó su adquisición en manos del mercado informal.
Esta ecuación genera una elevación galopante de los precios de los alimentos y otros productos básicos que diluye literalmente el salario en manos de los consumidores, al punto de estimarse el salario medio real (ajustado a la inflación) de 2022 era un 39% menos que el del 2020. Salarios, pensiones y jubilaciones no alcanzan para vivir más de una semana.
Desde el punto de vista de la desigualdad social, más de tres décadas de acumulación cultural desgastante en el imaginario colectivo, y la situación particular de crisis a partir de 2019, debilitan la legitimidad del Gobierno/Partido/Estado sobre todo en aquellos sectores que han tenido menos oportunidades para aprovechar los nuevos nichos de ingresos; según la socióloga Mayra Espina: «Mujeres, negros y mestizos, los adultos mayores, y algunos territorios específicos». Una situación así, mantenida en el tiempo, sería el caldo de cultivo más propicio para un estallido social, cuyos protagonistas no serían agentes pagados por el Imperio, sino hombres y mujeres de los estratos menos favorecidos por las parciales e ineficaces reformas acometidas.
Para superar este empobrecimiento generalizado es preciso que se asuma un proyecto de país genuinamente popular y nacional, no oligárquico y antinacional, donde los recursos de inversión pública se empleen en beneficio de las grandes mayorías. En él todas las personas serán sujetos activos y recibirían dosis cada vez mayores de empoderamiento y participación.
Urge una participación real y efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, libertad para los presos políticos del 11J y otras protestas ciudadanas posteriores, y un reconocimiento de la sociedad civil independiente. Estas acciones y garantías contribuirían profundamente a la creación de una sociedad más democrática, solidaria y participativa donde los diferentes sectores sociales, principalmente los populares, recuperen las ansias de hacer y prosperar en el bien común empezando por el de sus familias, amigos y comunidades.
