Como el concepto de país hace referencia sobre todo a elementos naturales ?geografía de un territorio o datos de sus habitantes?, casi siempre prefiero reflexionar empleando categorías culturales: nación, pueblo, clases sociales, partidos y grupos de poder. No obstante, el país es el crisol materno donde se forjó la nación y siempre está con nosotros; allí radican el pueblo natal, la casa familiar, el barrio en que crecimos y las tumbas de nuestros ancestros.
Un país no es el Gobierno, un credo político, o una ideología determinada. Menos aún puede identificarse con los intereses de un grupo de poder político por muy importante que haya sido, o parecido. «Pensar como país» ha de ser pensar en el bien de los diferentes componentes de la nación, por encima de los intereses particulares de alguna de sus facciones.
Es obrar en función, no solo del legado de las generaciones pasadas sino, ante todo, del país que entregaremos a las generaciones futuras. Para eso, como solo se vive una vez, lo más pertinente para cada individuo de las generaciones actuales es pensar y actuar, aquí y ahora, por el país que nos merecemos.
Nadie que se sienta cubano puede vivir tranquilo en medio de la crisis estructural que asola a nuestro bello país y su sufrido pueblo. Es preciso cambiar la realidad existente, pero, ¿a dónde queremos enrumbarlo? ¿Cuál es el país que nos merecemos? ¿Qué hacer para asegurarle a las futuras generaciones un país del que puedan ufanarse en el concierto de las naciones?
(Foto: ADN Cuba)
-I-
Al Viejo Hegel se atribuye el aserto: «Cada pueblo tiene el Gobierno que merece». Cruel en su lapidario enunciado, no deja de tener parte de razón el filósofo, partidario del autoritarismo de Bismarck. Es que los cambios sociales pueden ser anunciados y argumentados por los intelectuales como conciencia crítica de la nación y divulgados por los activistas políticos, pero solo los pueblos son capaces de forzarlos y ejecutarlos.
Como bien afirmara Paulo Freire: «El cambio no puede dejar de venir de afuera, pero no puede dejar de salir de adentro». Lo primero que llama la atención en el análisis de los asuntos cubanos es la laxitud con que la mayoría del pueblo asume el anuncio y/o la realización de cambios que involucran a todo el país y pueden marcar los destinos de la nación por largo plazo. Ahí es donde empieza a chocar, ante la sonrisa maquiavélica de Hegel, lo que tenemos con lo que merecemos.
Más que la eficaz represión que el Gobierno/Partido/Estado ha ejercido durante décadas contra enemigos, disidentes y críticos, el factor que puede explicar mejor esta actitud de modorra política colectiva ?salvo honrosas y cada vez más numerosas excepciones? es el adoctrinamiento. Décadas de enajenación de sus derechos ciudadanos a expresarse libremente y manifestar en público sus desacuerdos e insatisfacciones con la gestión de los mandamases, forman parte de los valores inculcados a las actuales generaciones por familias, escuelas, amistades, organizaciones sociales y medios de comunicación.
(Foto: Jung/ullstein bild via Getty Images)
Si bien en el primer medio siglo de la Revolución suele achacarse al liderazgo carismático de Fidel el logro de una especie de hipnosis colectiva que hizo posible buena parte del sostenido apoyo masivo al proceso a pesar de sus errores e insuficiencias, los que hemos vivido en la Isla repensándola continuamente no podemos quedar satisfechos con esa explicación. Aun cuando el 11J marcó un parteaguas definitivo en la historia de las protestas populares durante el período revolucionario, lo cierto es que nada como eso se ha repetido después y causas han sobrado.
Con los aires rusófilos de estos días se pone a prueba como pocas veces el espíritu de resistencia de la ciudadanía y su disposición a defender el país, no solo en los juegos de guerra de los Domingos de la Defensa, sino ante la proclamada alineación del Gobierno, en momentos tan peligrosos de la política internacional, tras una de las grandes potencias que se disputan la hegemonía mundial.
-II-
El reciente anuncio de lo que parece más una recolonización rusa del archipiélago bajo las banderas del putinismo que una alianza entre países, apenas ha enervado a algunos observadores y críticos contumaces del Gobierno. Por su parte, los fanáticos de las narrativas oficiales están de plácemes porque: «Una vez más el solidario gigante eslavo viene a rescatarnos del peligro que representa para Cuba la siempre creciente amenaza del imperialismo [estadounidense, por supuesto] y sus mercenarios internos».Mientras, la mayoría parece opinar: «Si los rusos traen al menos un poco de lo que antes nos mandaban, no importa que vuelvan sus militares y pongan sus bases. Lo que necesitamos ahora es curarnos, comer y salir de la inflación, apagones y falta de combustible.» El peso del agobiante ritual de la subsistencia agudizado sin descanso tras la Tarea Ordenamiento, pesa más sobre el imaginario colectivo que los peligros de los conflictos mundiales actuales.
Olvidadas parecen de nuestra memoria histórica las experiencias de que en la geopolítica de la Era Nuclear los grandes actores en pugna siempre se ponen de acuerdo entre ellos (Crisis de Octubre, 1962), y ninguna superpotencia pone en riesgo su seguridad por defender a un pequeño país de otra de ellas (amenazas de invasión de Reagan, 1981). El propio Putin, en momentos de distensión con Estados Unidos (EE.UU.) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los complació ordenando el cierre y desmantelamiento de la base radioelectrónica de Lourdes (1964-2002) sin tener en cuenta los intereses cubanos.
Respecto a las perspectivas halagüeñas de los que sueñan con esta solución para nuestros problemas sostengo que la relación con Rusia es importante, igual que lo es con China, la Unión Europea y los EE.UU., pero no es sensato poner todos los huevos en la cesta de Putin porque podría ponerse en juego la soberanía y con ello, los cubanos correríamos el peligro inminente de ser arrastrados a un conflicto global donde estaríamos irremediablemente solos en medio del Caribe.
Tampoco creo mucho en que la ayuda económica rusa pueda ser decisiva para sacar a Cuba de la crisis actual. Rusia es la oncena economía mundial, no la segunda como era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (CCCP). Sus leyes son las del mercado: comprar y vender para maximizar ganancias, no las de la solidaridad socialista. No habrá combustible, bienes y servicios llegándonos en tropel con precios subsidiados y jugosos créditos firmados sobre la arena.
(Foto: Sumarium)
Por mucha experiencia que tengan sus think tanks en el desmantelamiento de viejas economías socialistas estatizadas y el tránsito a un capitalismo de compadres, sus especialistas no saben de Cuba ni la centésima parte de lo que han investigado y recomendado los nuestros, radicados tanto dentro como fuera del país. En las grandes haciendas que el Gobierno les ha prometido en usufructo por treinta años (sic) qué van a sembrar que los cubanos no puedan producir mejor: ¿trigo, cebada o centeno?
Nos merecemos un país donde las inversiones se hagan en los sectores que requieren los intereses nacionales, no los de una oligarquía enquistada en un oligopolio todopoderoso; los emprendimientos industriales, agrarios y comerciales sean litigados públicamente con preferencia para actores nacionales, incluyendo los radicados en el exterior; se eliminen los ineficaces monopolios que lucran parasitando a las empresas y la población consumidora; y el peso cubano recupere su soberanía en la circulación monetaria interna, sin USD, euros, MLC y ahora también rublos.
Nuestros hijos y nietos merecen que les dejemos un país con democracia y justicia social, sin presos políticos ni persecución a los que piensan y opinan diferente a los dictados del Gobierno/Partido/Estado. Un país que esté verdaderamente no alineado tras ninguna de las superpotencias mundiales, al tiempo que comercie e intercambie con todas en pie de igualdad.
Solo que ese país no se logrará sin esfuerzos y sacrificios de las grandes mayorías. Grupos intelectuales, redes sociales, organizaciones de la sociedad civil independiente de la Isla y la diáspora, podrán contribuir a hacerlo cada vez más próximo, sobre todo si se unen en un frente común. Pero la última palabra la tendrán siempre las grandes mayorías del pueblo en el momento en que expresen pública y honestamente, su voluntad política respecto a los cambios que merece el país y todos y cada uno de sus hijos e hijas.
Las redes sociales se han convertido en espacios de activismos, en los que usuarios forman parte de comunidades virtuales y emiten comentarios para llamar la atención, contradecir o redefinir criterios y aspectos visibles en las agendas públicas. Una de las formas más controversiales de lucha política en ellas es la llamada cultura de la cancelación, y su forma más extrema, el boicot.
El presente texto debate sobre cómo se entienden estos conceptos, sus causas y consecuencias, reflexiona en torno a algunas manifestaciones de la cultura de la cancelación en el contexto cubano y analiza la última polémica a raíz de la cancelación de conciertos al dúo Buena Fe en España.
***
El español Manuel Castells en su obra Redes de indignación y esperanza: movimientos sociales en la era de internet, indica que la política, la comunicación e internet se articulan en una nueva estructura del poder que se ha individualizado y democratizado en las audiencias, y en ocasiones resulta en la deslegitimidad de las organizaciones o instituciones políticas, surgiendo un contrapoder ciudadano emergente.
Al tener mayor conciencia de su realidad, los usuarios en redes sociales enfrentan los paradigmas del poder tradicional o hegemónico en las sociedades, visibilizando situaciones que no hallan suficiente difusión en los medios de comunicación tradicionales.
Sin embargo, el activismo en las redes sociales también puede practicar formas de extremismo, al fomentar comportamientos agresivos e incitadores al odio o la violencia, tanto en el espacio virtual como en el físico, actitudes que se convirten en su lado oscuro, con su expresión más genuina en la cultura de la cancelación.
Cultura de la cancelación. ¿Libertad o censura?
Tomada de: vox.com
Como concepto acuñado a inicios del presente siglo, la cultura de la cancelación consiste en activar las redes sociales para retirar el apoyo a personas, grupos o instituciones por medio de ataques o descalificaciones, en respuesta a acciones entendidas como erradas por parte de algunos usuarios o comunidades políticas.
Al respecto, los académicos Edixela Burgos y Gustavo Hernández indican que, por norma general, la práctica de la cancelación ocurre guiada por las emociones y no por la razón, de ahí que, en buena parte de los casos, carente casi siempre de análisis complejos, busque destruir reputaciones y desaprobar a personas u organizaciones por expresiones y acciones puntuales o afinidades ideológicas.
En el campo de la creación artística aún sigue muy presente el debate de si resulta posible separar al autor de su obra, y si es válido, en consecuencia, limitar o eliminar determinada creación por las actitudes de su creador, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes enjuician dichas actitudes no son autoridades competentes, sino un grupo de usuarios en redes sociales o los medios de comunicación.
Tomada de: puntoconvergente.uca.edu.ar
Entre los principales argumentos para defender la cancelación sobresalen los siguientes:
Se asume como un arma de los grupos oprimidos ante el poder hegemónico;
constituye una forma viable de combatir las injusticias cuando el sistema judicial no tiene vías para contrarrestarlas o se hace su cómplice;
pone en agenda pública problemáticas invisibilizadas por los medios de comunicación o los partidos políticos;
les hace saber a los agresores que no quedarán impunes, aun cuando su estatus socioeconómico les permita corromper al sistema de justicia.
En contraste, las principales críticas pueden resumirse en:
Son los tribunales, y no las redes sociales o los medios de comunicación los que deben juzgar a los sujetos y organizaciones que dañan a la sociedad.
Las prácticas de cancelación corren el riesgo de tornarse extremistas y vulnerar derechos humanos, cayendo en el amarillismo, el escándalo y la incitación al odio;
pueden ser manipuladas por actores u organizaciones políticas para perjudicar arbitrariamente a sus adversarios;
limitan la libertad de expresión y creación al cancelar a artistas por su forma de pensar o expresarse.
Boicot, la expresión máxima de la cancelación
La expresión más extrema de la cultura de la cancelación es el llamado boicot. Este se dirige a personas, gobiernos, economías o patrones culturales, con el propósito de ejercer control social y suscitar indignación en las personas, generando acciones colectivas que obstaculicen el desarrollo de actividades de cualquier índole.
Como activismo político, el boicot emplea estrategias de propaganda y movilización para aislar al boicoteado, cuya conducta reprueban los boicoteadores. Dicha forma de cancelación se evidencia comúnmente en asuntos que provocan polarización en la sociedad, en los cuales una determinada comunidad política toma partido.
Las formas del boicot pueden ir desde la solicitud por vías legales para cancelar eventos o proyectos, la organización cívica en lo físico o lo virtual para expresar inconformidad con los boicoteados, o demostraciones más violentas como la agresión física o la destrucción de productos o instalaciones.
Campaña de Boicot al mundial de fútbol Qtar 2022 / Tomada de elserenoindiscreto.com
Varios autores[i] desde las ciencias jurídicas han analizado los riesgos de que campañas de boicot iniciadas en redes sociales o medios de comunicación evolucionen hacia actos de terrorismo y vandalismo, y reconocen que suele ser muy difusa la línea entre la expresión legítima de la inconformidad y el enjuiciamiento extrajudicial con posibilidad de degenerar en violencia.
Por otro lado, se carece de consenso al diferenciar el boicot de la censura. Algunos criterios asumen que la principal separación está en que la censura parte de un gobierno o empresa hegemónica y el boicot proviene de la lucha civil. No obstante, cuando los grupos de poder apoyan o ejercen acciones en el boicot, no hay claridad de cuán cívica es esa lucha y cuándo responde a intereses estatales o empresariales.
Por tanto, el boicot puede incluir medidas gubernamentales de aislamiento comercial hacia Estados o empresas, o acciones de cancelación hacia figuras públicas por actitudes que se entienden moralmente reprochables, desde presuntos actos de acoso o abuso sexual hasta apoyo a políticos u organizaciones.
Ejemplo de campaña de Boicot a Israel / Tomada de asociacionunadikum.org
Ejemplos de la combinación en el boicot de acciones de Estado con otras cívicas es el realizado a Israel para frenar su ocupación del territorio palestino —que incluyó aislamiento comercial por parte de varios Estados e iniciativas cívicas organizadas por comunidades políticas para evitar la compra de productos israelitas—, o los más recientes boicots hacia Rusia por la invasión a Ucrania, que además de las sanciones comerciales, ha sumado censura de los medios rusos y cancelaciones a artistas y obras.
El boicot y la cancelación en Cuba. El caso de Buena Fe
Si bien —como se mencionó anteriormente— la cancelación y la censura estatal no deben entenderse como sinónimos, sí pueden tener puntos de contacto, que en Cuba se hacen más visibles a partir de la instauración de un Estado que, al calcar varias de las prácticas del llamado Socialismo Real en Europa del Este, naturalizó la censura a artistas críticos con el sistema político.
En los primeros años de la Revolución cubana, el solo acto de emigrar era motivo de cancelación y censura en los medios nacionales, recrudecidas si el emigrado mantenía un discurso crítico hacia el gobierno de la Isla. Bajo ese principio se prohibieron en medios y editoriales nacionales las interpretaciones de Celia Cruz o los libros de Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante, entre otros. Aunque esta política cambió con algunos, aún se registran denuncias por parte de artistas, dentro y fuera del territorio nacional, por actos de censura con motivo —si bien ya no de haber emigrado— de sus opiniones políticas.
Además de la censura estatal, en los últimos 60 años las organizaciones políticas y de masas —con respaldo del Estado— han organizado actos de cancelación y boicot político. Entre los más recordados están los llamados mítines de repudio ocurridos principalmente durante los años 80’s, aunque más adelante se han repetido con menor masividad —no ya hacia quienes pretenden emigrar, pero sí a miembros activos de la oposición—. En adición, son también recordadas las acciones organizadas por el Partido Comunista de Cuba ante el estreno del filme Alicia en el pueblo de Maravillas a principio de los 90’s, que consistieron en intentar llenar los cines con sus militantes.
Dicho historial de censura y cancelación por parte del gobierno cubano y sus organizaciones afines suele emplearse como argumento por activistas y grupos opositores para boicotear a figuras públicas que defienden a dicho gobierno o se niegan a criticarlo.
A partir del año 2016, con el auge del intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, aumentaron las presiones para que artistas populares asumieran un discurso crítico hacia el Estado de la Isla, algunos de los cuales se retractaron de declaraciones en las que evitaban calificar de dictadura al sistema político cubano luego de que se les cancelaran conciertos; incluso, el cantante Eduardo Antonio debió pedir disculpas por subir una foto junto al conocido músico Pedrito Calvo, por ser este considerado por los boicoteadores un cómplice del gobierno.
Recientemente trascendió la cancelación en Miami de un concierto de la reconocida orquesta Van Van por sus presuntos vínculos con el Estado cubano, luego de una fuerte campaña por parte de activistas opositores como el influéncer Alexander Otaola, y las peticiones del comisionado de Miami Beach, Alex Fernández.
En los últimos días se ha avivado aún más la polémica sobre la legitimidad del boicot y la cancelación como estrategia política de la oposición cubana a raíz de las acciones organizadas contra el grupo Buena Fe en España. La controversia se desencadenó luego de que los activistas opositores Lucio Enríquez Nodarse y Emilio Arteaga Pérez pidieran a gritos libertad para los presos políticos en Cuba durante la presentación del 12 de mayo en Madrid, lo cual trajo que fueran golpeados por integrantes del público.
Dspués de ello, líderes y grupos de la oposición intensificaron la campaña de boicot y amenazaron con repetir el mismo proceder en próximos conciertos. A tenor de esto, algunas salas cancelaron las presentaciones programadas, según lo declarado por el cantante Israel Rojas, por no tener condiciones para enfrentar posibles actos violentos. No obstante, se llevaron a cabo otros recitales en instalaciones que mantuvieron lo programado, algunos no exentos de altercados similares al primero, como el de Torrelavega, Cantabria.
Estos boicots se acompañaron de otros actos de cancelación como la convocatoria a una manifestación, la firma de una carta pública en la plataforma Change, que pedía a las autoridades españolas suspender la gira de la agrupación, y una agresión a los vocalistas mientras se encontraban en un Burger King en Barcelona.
Mientras las cancelaciones fueron vistas como una victoria política por los protagonistas del boicot, organizaciones afines al Estado cubano como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o la Asociación Hermanos Saiz las condenaron por medio de declaraciones. Asimismo, personalidades de la política cubana —como el mandatario Miguel Díaz-Canel— y otros músicos —como el cantautor Silvio Rodríguez— se solidarizaron con Buena Fe. Figuras públicas de la oposición contrarespondieron afirmando que no se trataba de censura, sino de una acción de boicot legítima dentro de las luchas civiles.
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La más reciente polémica cubana redunda sobre una temática que sigue a debate en el mundo: la posibilidad o no de que la ciudadanía o determinadas comunidades políticas cancelen organizaciones, artistas u obras que les resultan ofensivos o contrarios a sus ideas.
Cabría preguntarse entonces hasta dónde son legítimas tales acciones en el terreno de lo artístico, en especial si se pone en juego la libertad de expresión, por limitar a los cancelados su posibilidad de ejercer su defensa. Al transgredir tal derecho, se desinstitucionaliza el modo de regular la justicia, máxime cuando las conductas de los cancelados (léase artistas), aunque mal vistas por los boicoteadores y catalogadas de amorales, deshonrosas o políticamente incorrectas, no puedan ser tipificadas como delitos. La cancelación por razones políticas incluye, además, el riesgo de que los grupos dominantes boicoteen a sus adversarios sin dejar espacio a la pluralidad de ideas y el debate cívico.
La cultura de la cancelación, aunque es una problemática mundial, tiende a hacerse más extrema en sociedades polarizadas y con mecanismos inefectivos para garantizar el diálogo entre las diversas posturas políticas. El Estado cubano se ha caracterizado por recurrir a la censura —en la mayoría de las ocasiones aplicada de forma arbitraria y sin consenso ciudadano— como uno de los recursos para preservar la hegemonía cultural dentro de la Isla.
Al limitarse, además, los espacios de participación y debate que incluyan abiertamente el disenso, una zona de la oposición justifica esta práctica como natural y efectiva para canalizar sus demandas, ante la ausencia de otros mecanismos formales que le posibiliten participar en la sociedad.
No obstante, cabría preguntarse, asimismo, si estos procedimientos reiterados que intentan silenciar o destruir la postura ideológica de quienes piensen distinto o no suscriben su lucha, se conservarían si Cuba transitara hacia otro escenario, en el cual esta oposición pudiera tomar decisiones vinculantes a la política.
Tomada de: theconversation.com
Para concluir, resulta oportuno revisar la carta publicada en julio de 2020 por la revista estadounidense Harper’s Magazine —y reproducida por varios medios internacionales— con la firma de más de 150 personalidades de la cultura, de distintas tendencias políticas y procedencias, en relación con la polarización generada en el país bajo el trumpismo y las secuelas de luchas sociales inacabadas.
El texto resulta una crítica a la cultura de la cancelación y otros aspectos que ponen límites a la libertad de expresión, por lo que propone hacerles frente con la creación de espacios de debates abiertos, encaminados a la participación de grupos con posturas plurales defendidas desde la ética, que expongan y discutan sus ideas para hallar soluciones conjuntas y revertir comportamientos vinculados a esa cultura de la cancelación: «Debemos preservar la posibilidad de discrepar de buena fe sin consecuencias profesionales funestas. Si no defendemos aquello de lo que depende nuestro propio trabajo, no deberíamos esperar que el público o el Estado lo defiendan por nosotros».
Queda claro, finalmente, que enarbolar la bandera de la cultura de la cancelación constituye una forma de activismo en nombre de lo que se cree justo, mas su aplicación no modifica los modos de pensar o actuar de los cancelados y de la sociedad en general, como ha demostrado la historia.
Un híbrido enchufable es la solución perfecta. Te da la autonomía eléctrica que necesitas para tus trayectos diarios y la flexibilidad del motor de gasolina para viajes más largos)
De Matanzas a La Habana los carros particulares cobraban mil pesos el pasaje, y a esa hora de la tarde (2:00 p.m.) ya no había camiones. Pero una guagua que iba de Varadero al aeropuerto José Martí paró enseguida y fui turista mientras duró el viaje: buena música, no reguetóny, con aire acondicionado incluido.
Antes de bajar en el Parque Central, el chofer avisó: “Son cincuenta pesos por persona”. Casi hago por pellizcarme, por si era un sueño, y cuando vi que era real hasta pensé en dejarle propina, pero me dije que los canadienses o los argentinos que recogería tendrían mejor economía que yo. Bastó el solicitado billete de Máximo Gómez más un bien sentido: “Gracias, chofe”, y puse el pie derecho en la acera, para que la suerte no se fuera de mi lado.
No voy a negarlo: antes, yo iba directo al Capitolio. Claro, uno no iba así, al pecho, sino con esa cautela del que no quiere que sepan que vienes de una “provincia del interior”, que eres un guajiro, vaya. Me encantaba el señor de la cámara vieja sobre el trípode, el que se metía debajo de la tela negra para hacer su magia, su química, y entregarte luego unla foto de bastante mala calidad y aún mojada.
Esta vez, primero, no vi a ningún fotógrafo de esos. Y segundo, no quería no distraerme de las cosas prácticas por las que había ido a la capital de todos los cubanos, a la Poma, como se decía en mis tiempos. Tenía que ir al Cerro a arreglar unos lentes, y de paso, conseguir comida más barata. La idea era ir a La Cuevita,porque allí venden de todo, según me dijeron. Estuve como tres minutos decidiéndome bajo la sombra de los árboles frente al Teatro Nacional, y terminé por hallar el equilibrio: paseo y comida para lo que quedaba de tarde. Los lentes en El Cerroserían para el otro día.
(Cuando la autonomía eléctrica del Santa Fe Híbrido Enchufable se acaba, se activa el modo híbrido, lo que te permite utilizar el motor de gasolina, el motor eléctrico, o ambos. Ve hasta donde lo necesites…)
La Habana tiene esto del Morro, los hoteles nuevos, muchos más negocios que en otras provincias… pero la mayor partede la gente que vive allí pasa el mismísimo trabajo que el resto de los cubanos. El cigarro que venden en la bodega no es el Popular feo de la fábrica de Holguín, sino el Popular azul, con filtros, que parecen de juguete por serlo chiquitos. Y hay esos módulos de pollo, picadillo y salchicha todos los meses; más gas de la calle en muchos barrios; y las “gacelas” que siguen surcando con su amarillo de taxi el gris sucio de buena parte de la ciudad, parece que soncomo si fueran de petróleo.
Y muchos más almendrones. Y muchos más edificios en ruinas. Ah, y Gaesa y la Revolución están levantando el hotel más alto de Cuba. Pregunto y un constructor me responde que ya llegaron al tope. Cuarentaiún pisos, creo que dice. Aspiran a llenarlos de turistas algún día, o si no, ¿para qué lo construyen? Para un cochero por la Catedral, el negocio está bien malo. “Se hace alguito, pero nada comparable a antes de la pandemia. El que te diga otra cosa te está mintiendo. Hazme caso, que yo soy viejo en esto”.
Hay más banderas cubanas que en otras ciudades. Y más grafitis. El conjunto escultórico dedicado a Antonio Maceo no está rodeado de cercas de hierro, como el de José Martí en el Parque de la Libertad de Matanzas, y por eso unos adolescentes juegan allí como si estuvieran en la mismísima Expocuba o en el parque Lenin.
(MÁS GRANDE. MEJOR. PREPARADO PARA EL FUTURO. Con su increíble diseño, el Santa Fe Híbrido enchufable está listo para conectarse y ofrecerte una gran gama de servicios inteligentes)
Hablando otra vez de la gente de La Habana: normales. Ni más oscuros ni más lindos ni más feos que el resto de nosotros. Es más, ni se les ve en las caras que estén a punto de protestar por cualquier cosa. Transporte hay mucho menos que antes, se nota en La Rampa, por ejemplo, casi vacía a las cinco de la tarde. Y hay perras colas en los servicientros, o no, si total, están desabastecidos. Y los habaneros tranquilos, sentados en las aceras sentadosconversando mientras conversan con los vecinos o buscando igual que yo el lugar de la comida más barata. Cerveza encontré en muchas partes, incluso importada, a ciento cuarenta, la importada. Eso es como a 75 centavos de dólar, dado el cambio actual. ¿Qué estaba hablando?: La Habana sí tiene su talla.
Una señora me ve con la cámara y pregunta si yo mando a concursos. Le doy un poco de muela para ver por dónde viene y lo que me dice es que tiene una foto que gana en cualquier parte. Está sentada en el quicio de su casa con la bisnieta y una vecina. Me muestra el celular. Es María de Las Mercedes, su bisnieta. “Faltaba un mes para que naciera y mira ya como empujaba”. Sonríe ella. Le digo que tremenda foto, que me la mande por WhatsApp para ver qué se hace.
En fin, que recorrí en esos dos días unos cuantos municipios: Habana Vieja, Centro Habana (los amigos que me alojaron viven en un cuarto en El Vedado), Plaza, El Cerro y… Marianao. Allí vi la prosperidad con mis propios ojos, que casi se quedan bizcos: estaban vendiendo ciruelas, como diez o doce en un pozuelo plástico, y no estaban ni tan siquiera maduras. A lo que me refiero es que no fui a Miramar ni a los otros repartos de la gran alcurnia, y aun así conseguí queso blanco a 450 pesos (¡me ahorré 50! En mi ciudad está a 500 la libra).
Lo otro que novedoso que vi fue un Hyundai Santa Fe cogiendo carga en una de esas casonas venida a menos, en la mismísima Centro Habana. O no sé si me llamó más la atención la escalera de mármol, la estatua que perdió la cabeza o los sofisticados adornos que algún día también terminarán destruyéndose, al paso que vamos.
Esto tampoco voy a negarlo: lo del Hyundai tuve que googlearlo, porque vi el cable pero no estaba seguro de que fuera un Híbrido enchufable. Y sí, confirmado. En España cuesta 48 860 euros. No quise ni buscar el precio en Cuba porque, total, dicen en las redes que ya hay un Tesla de más de 100 000 circulando por las calles de la Poma.
Una última cosa, a modo de chisme. Alguien hoy está jugando con el catao aquí en mi barrio. Han cortado la corriente tres veces en lo que escribo esto, y la batería de mi backup no sirve desdeya hace rato. Voy a buscar en Google a ver si algún compatriota inventó una PC que funcione con petróleo. La verdad, no me asombraría. Hubo algunos que sacaron gasolina del plástico ahí mismo, en el patio de su casa.
Algunos opositores al gobierno aseguran que el cubano es un Estado fallido, a partir de las falencias materiales —y las espirituales que les son inherentes— a las cuales no se les ve solución en un plazo razonable.
Como sistema de instituciones dotado de estructuras de funcionamiento, colocado por encima de la sociedad y dirigiéndolo, con independencia de las fallas de dicho funcionamiento, el Estado cubano tiene vida, está sólidamente posesionado en todos los rincones del territorio nacional, ostenta la representación internacional del país, y mantiene relaciones diplomáticas con prácticamente el mundo entero.
Las relaciones de poder están bien jerarquizadas y solidificadas. Mediante la articulación de las instituciones gubernamentales, policiales y militares con el conjunto de organizaciones sociales, sindicales, etc., más los organismos educacionales y culturales, mantiene control sobre el actuar de la ciudadanía y los opositores.
A pesar de las crecientes insatisfacciones populares, no se asiste a graves conmociones sociales, ni campean por sus respetos las bandas criminales por campos y ciudades; por lo demás, los índices de delitos, salud, mortalidad y otros medidores de la eficiencia gubernamental son estables y se encuentran en niveles relativamente aceptables.
En ese sentido, no es exacto afirmar que el Estado cubano actual es fallido.
Las relaciones de poder están bien jerarquizadas y solidificada y el Estado mantiene el control sobre el actuar de la ciudadanía y los opositores.
Entiéndase bien: Que la ciudadanía esté satisfecha o no con la situación general del país es otro asunto. Es también otro asunto que varios de los índices «positivos» o «aceptables» enunciados por vía oficial se acercan cada vez más a niveles inaceptables, como es inaceptable que las relaciones sociales se enturbian día tras día.
Esto último es algo que los gobernantes no deberían descuidar: Existe en la sociedad el caldo de cultivo para la destrucción del Estado cubano tal cual se conoce hoy, y para provocar la ruptura social de la nación y la quiebra total de sus instituciones, para que este sea un Estado fallido. Negarlo es suicida.
Vistas las condiciones objetivas presentes, solo desde un optimismo sin base real, como el que caracteriza a la propaganda oficial, se puede negar la probabilidad a mediano plazo de una conmoción social de grandes proporciones en Cuba. Si se produjera un estallido, el Estado cubano se vería obligado, para sobrevivir, a obviar su discurso histórico y su autodefinición como Estado de derecho, y asumirse sin tapujos como represor.
Se impone una mirada objetiva a la realidad del país, no sesgada por posiciones ideológicas. Es imprescindible que las autoridades gubernamentales dialoguen en serio con la sociedad. Esto implica escuchar, atender, tomar en cuenta a quienes piensan distinto o ven los problemas desde un ángulo diferente, en lugar de reunirse —como es habitual— con grupos escogidos que solo parafrasean las mismas ideas del discurso oficial.
La existencia de un sistema de leyes protectoras de los derechos ciudadanos y garantes de la convivencia social, armónicas entre sí, es un importante elemento para el sostenimiento de un Estado, con independencia de ideologías o tendencias políticas que lo sustenten.
El Estado cubano, amén de tomar medidas de índole económica, hasta el momento desfasadas en el tiempo, insuficientes o ineficientes —por sí mismas o por el omnipresente acoso económico y financiero extranjero—, se ha involucrado en un proceso de adopción de elementos legales con los cuales sostenerse en el poder y blindarse contra la posibilidad de convertirse en Estado fallido.
Como resultado de dicho proceso se ha aprobado un conjunto de normas que, por una parte, garantizan el acallamiento de las voces discordantes (varios elementos de la Constitución, buena parte del Código Penal, Ley Electoral y otros textos legales de control en diversas esferas); por otra, le ganan el apoyo de ciertas capas de la población y lo muestran al mundo como Estado moderno y progresista (Código de las Familias y algunos derechos reconocidos por la Constitución).
Un elemento diferenciador en este proceso, además de la unanimidad de criterios habitual en el parlamento cubano, es la rapidez con que se han aprobado las normas.
Llegados aquí, cabe la pregunta: ¿Ese sistema de normas, a toda prisa montado por la estructura de poder en Cuba, es realmente capaz de blindar al Estado contra la posibilidad de ser fallido, en medio de la crisis generalizada del país?
El Estado anómico…
La anomia es, ante todo, la condición de un país o una región donde las reglas sociales no existen, se han degradado al punto de ser inoperantes, o han dejado de existir porque no son respetadas por los integrantes de esa sociedad, incluidos los encargados de aplicarlas. Es la carencia de normas legales funcionales en una comunidad humana y la desprotección jurídica del ciudadano.
El término Estado anómico es bastante reciente (Peter Waldmann, El Estado anómico…, Venezuela, Nueva Sociedad, 2003, traducción del alemán), aunque en la literatura es posible encontrar referencias anteriores a la anomia política. En síntesis, se caracteriza por cuatro elementos fundamentales: a) inclinación al desorden por parte de la sociedad, b) debilidad de las instituciones estatales, c) actuación de los funcionarios de la administración pública (jueces, fiscales, policías) contraria a la normativa vigente, d) carencia de legitimidad del Estado, por no otorgar seguridad jurídica a los habitantes.
Un punto inferible del último inciso es la falta de correspondencia de las normas entre sí, pues deja al ciudadano desamparado en la práctica. Sucede, por ejemplo, cuando el goce de derechos estipulados en la constitución de un Estado no está consolidado mediante normas subsidiarias que los viabilicen, lo que subordina su aplicación al criterio de las autoridades, o cuando normas de inferior nivel limitan o impiden la aplicación de otras de mayor nivel.
La anomia no significa que no haya normas en absoluto, sino que estas no garanticen la vida en armonía en la sociedad, por la debilidad de las instituciones estatales, porque los encargados de hacerlas funcionar no sean capaces de cumplir su cometido, o porque estos se valgan de ellas para su propio beneficio o las apliquen según sus conveniencias particulares o sus preferencias ideológicas.
Según datos publicados por la prensa, solo en 2022 se aprobaron 27 leyes y 15 decretos leyes. Ante tamaña cifra, pareciera que el Estado cubano está muy lejos de ser considerado anómico. Empero, también cabe dudar de que el total de normas aprobadas en los últimos tiempos —entre las cuales se incluye una nueva constitución para el país— cumpla con el criterio de correspondencia armónica entre sí, y entre ellas y la Ley fundamental; habida cuenta de que esa actividad legislativa se sumó a la realización de las funciones habituales del parlamento, y que el tiempo promedio de trabajo en plenario de los diputados suma menos de 30 días al año.
Foto: Ismael Francisco / Tomada de Cubadebate
La existencia de normas no garantiza por sí sola su cumplimiento, además, hay que considerar el valor práctico de cada una de ellas. Es evidente que se aprobaron ante todo las más favorables a las autoridades, como el Código Penal y las relativas al funcionamiento del sistema judicial, convenientes para un mejor control de la oposición, y el de las familias, importante para la imagen internacional del Estado. En cambio, en ese maratón legislativo no hubo espacio para la norma llamada a garantizar el cumplimiento del derecho a la libre manifestación pacífica de los ciudadanos, estipulado por el artículo 56 de la Constitución.
El derecho a la libre manifestación pacífica no es un derecho cualquiera; es el reconocimiento a la libertad que tiene el ciudadano de manifestar públicamente su inconformidad con las autoridades, cuando lo desatienden, lo sojuzgan, lo discriminan, etc. Que la Constitución de 2019 lo reconozca es una victoria democrática del pueblo cubano. Sin embargo, han pasado los años, los diputados han aprobado normas legales de todo tipo, pero la llamada a garantizar ese derecho constitucional ni siquiera tiene anunciada fecha de elaboración.
Para el buen funcionamiento de un Estado democrático es imprescindible que el derecho a la libre manifestación pacífica esté garantizado. Por la vía de su ausencia hace agua la nave de cualquier Estado que se califique a sí mismo como Estado de derecho, pues pierde legitimidad. Y perder legitimidad es uno de los elementos que pueden calificarlo como Estado anómico. En síntesis: Al no aprobarse una norma que garantice el artículo 56 constitucional, el Estado cubano ha dado un paso largo hacia la anomia.
Represión durante la manifestación pacífica del 11 de mayo de 2019. Tomada de ABC
Las autoridades y la prensa oficial han cantado loas al maratón legislativo reciente, usando términos como «récord olímpico» y «actividad legislativa sin precedentes en el mundo». Pero cualquier ser racional puede preguntarse de qué tiempo dispuso la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del parlamento cubano para confrontar ese cúmulo de normas entre sí y con la Constitución, para garantizar que no sean contradictorias, sean efectivas y no dejen espacio a la prevaricación o el simple desconocimiento de sus respectivos alcances y limitaciones.
¿Es posible evaluar con detenimiento el articulado de 27 leyes y 15 decretos leyes, confrontarlos entre sí y con lo dispuesto en la Constitución, en apenas un año?
La prisa no suele ser aliada de la calidad. Ante la realidad de tantas normas aprobadas en tan corto tiempo, es difícil creer en una revisión exhaustiva de los entresijos de cada una de ellas. La presión por «cumplir con el cronograma» hace tender a la superficialidad en los análisis. Si al escaso tiempo de que se dispone para discutir se suma la carga horaria dedicada en las sesiones plenarias del parlamento a saludos, repetición de consignas, discursos de autoelogio, ¡y hasta lectura de poemas laudatorios!, confiar en un resultado de alta calidad resulta un acto de fe.
La aprobación del Código Penal fue, por ejemplo, un acto de fe. Dicho Código contiene elementos que no estarían presentes en su articulado (o estarían redactados de manera diferente), si de veras se hubiera sometido a una discusión informada por los diputados que lo aprobaron, y si la Comisión revisora hubiera sido más esmerada al comparar su articulado con la Constitución. En otros momentos he señalado algunas incongruencias, no me detengo en ello ahora, pero el hecho de que, por una parte, la Constitución establezca que el voto es voluntario, y por otra exista un artículo del Código Penal que impone penas de prisión y multa a quien intente convencer a otro de no votar, resulta no solo contradictorio, sino también risible.
Y un código risible no es código para respetar.
Tomada del sitio web del Parlamento cubano
Es muy preocupante, además, la inclusión en dicho Código de una figura llamada «uso abusivo de derechos constitucionales», término no definido ni delimitado en su extensión, que coloca al ciudadano en completa indefensión ante la interpretación de cualquier agente policial, fiscal o incluso juez.
No solo ese código contiene contradicciones. La propia ley fundamental del país, la Constitución de 2019, es un ejemplo de norma contradictoria consigo misma, como revela una lectura detenida de su articulado. La principal contradicción es que, a pesar de definir en su artículo 1 al Estado cubano como Estado de derecho, contiene artículos opuestos a esa definición. En la propia Constitución, pues, está presente el riesgo de anomia para el Estado cubano.
Que un artículo constitucional (artículo 4) establezca como una condición ideológica como definitoria del país ad aeternum contradice la esencia del concepto de Estado de derecho. Y no es el único.
Una contradicción más grave todavía es que la formulación del artículo 5 puede interpretarse en el sentido de que una agrupación política está por encima de la de la propia Constitución y de la Asamblea Nacional (representación, según la propia Constitución, del pueblo de Cuba, donde reside la soberanía de modo intransferible, artículo 3). Esa interpretación llevó a un diputado a aseverar públicamente que la Asamblea Nacional no puede dictarle pautas a esa agrupación política, lo cual es un contrasentido y va contra toda lógica, pues coloca a la parte por encima del todo. Una afirmación de tanta trascendencia fue, no obstante, aplaudida por los diputados, lo que hace dudar a cualquiera del verdadero valor del sistema de normas jurídicas del país.
Por otra parte, según lo estipulado en el artículo 156 constitucional, los ciudadanos tienen derecho a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Algunos ciudadanos han intentado hacer realidad ese derecho. No siempre han recibido respuesta satisfactoria, y nunca si las quejas se refieren a la actuación de los organismos encargados del orden interior, al primer ministro o al presidente del país. Aunque en la prensa no se comenta nada sobre el tema, en las redes sociales hay denuncias de personas que han presentado quejas y no han obtenido respuesta después de cumplidos los plazos establecidos.
La Constitución blinda al primer mandatario del país contra quejas y denuncias contra su actuar, al hacerlas carentes de valor jurídico: Según su artículo 157, la Fiscalía General está subordinada al presidente de la República, pero es impensable que un subordinado enjuicie a su superior. Por otra parte, entre las atribuciones de la Asamblea Nacional no se cuenta la revocación del mandato del presidente de la República, a pesar de que ella lo elige. En consecuencia, el presidente de la República está fuera del alcance de la ley.
A diferencia de lo que la televisión nacional muestra en muchos países, en Cuba no existe la posibilidad de juicio político, o de ningún otro tipo, contra ese servidor público.
Fiscalía general de la República. Tomada de: Minrex
Una curiosidad en este sentido, que muestra las discordancias internas de la propia Constitución, es que el artículo 109 f) establece que la Asamblea Nacional elige al fiscal general de la República, a propuesta del presidente de la República (artículo 128 f). Dicho más claramente: Según el artículo 109 f), la Asamblea Nacional elige al fiscal general, pero el artículo 157 establece que la Fiscalía General no se subordina a ella, sino al presidente de la República, a quien ella misma eligió antes.
No imagino mediante qué malabares sofísticos se puede demostrar la armonía entre esos artículos.
En otro orden de cosas, la Constitución no establece la existencia de algún órgano independiente que dictamine sobre el carácter inconstitucional parcial o total de ciertas normas, o del actuar de servidores públicos. El ciudadano que desee denunciar la violación de sus derechos constitucionales (derecho de queja establecido en los artículos 98 y 99 constitucionales) debe acudir a los tribunales ordinarios y, en última instancia, a la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo Popular. Pero la Sala de lo Constitucional es, como indica el nombre, un órgano subordinado a dicho Tribunal Supremo Popular, cuyo presidente, al igual que el fiscal general, es elegido por la Asamblea Nacional a propuesta del Presidente de la República.
Dicho de otro modo: El ciudadano que se sienta lesionado en sus derechos constitucionales no cuenta con ningún elemento con independencia del poder central que lo proteja contra posibles excesos gubernamentales. Y jamás contra excesos que pudiera cometer el presidente de la República, o contra sus omisiones.
Se trata, en definitiva, de un vacío legal que desprotege al ciudadano contra el actuar de las principales autoridades del país.
¿Acaso estamos, en este punto, ante un Estado anómico? ¿Queda algún recurso legal al ciudadano para protegerse de esa indefensión? Supuestamente, su recurso es acogerse al derecho estipulado en el artículo 56 constitucional: el derecho a la protesta pacífica.
Hay quienes han intentado ejercer el mencionado derecho consignado en el artículo 56 constitucional. ¿El resultado?: desencuentros de todo tipo con las autoridades. La prensa oficial, al referirse a estos ciudadanos, presenta a algunos como elementos provocadores pagados desde el exterior, y a otros como «personas confundidas por la propaganda enemiga». Aun concediendo algo de veracidad al discurso oficial en determinados casos, lo real, lo innegable por más que se quiera ocultar, es que hay personas sufriendo indefensión jurídica en estos momentos en Cuba, y todo apunta al empeoramiento de la situación. El silencio de la prensa oficial no alcanza para esconderlo.
Tomada de El Nuevo Día
Si en el país existen normas, pero estas son inoperantes en cuanto a las garantías que ofrecen al ciudadano para vivir y desarrollarse en libertad y seguridad, presentan falta de concordancia entre sí o con la ley suprema, establecen excepciones en favor de un grupo social o político en detrimento de otros, o permiten que una institución política se coloque por encima de la propia Constitución y de su máximo órgano legislativo representante del poder soberano de la ciudadanía, ¿se puede afirmar que en ese país rige un Estado de derecho, o que se trata de un Estado anómico?
Un hecho recientemente ocurrido, aunque pudiera entenderse como menor, es ilustrativo del camino que se transita. A pesar del silencio oficial, ha sido muy comentado, por la calidad de la persona involucrada. En un municipio de Villa Clara, un padre conocido por su correcta actitud ciudadana y sus reconocimientos como intelectual, cuyo hijo menor fue golpeado por un hombre en estado de embriaguez, resultó acusado al presentar la denuncia ante la policía, con juicio señalado para el día 18 de mayo.
Algunos de los conocedores del hecho comentaron en las redes que el agresor es una persona de cuantiosos recursos económicos, «un poderoso», según la expresión más usada. Ante la inmediata movilización de muchas personas de prestigio social en las redes, el juicio está en suspenso.
Si las redes no hubieran funcionado, el padre que salió en defensa de su hijo hubiera sido juzgado y condenado, y el agresor habría salido indemne, a pesar de la existencia del tan propagandizado Código de las Familias. Todavía no ha concluido el proceso, pero ya hay conclusiones que extraer. Todas apuntan a lo mismo: El ciudadano está indefenso, las normas, cuando existen, no se cumplen, las autoridades carecen cada vez más de legitimidad.
Si las normas son contradictorias, insuficientes o sesgadas ideológicamente, si no hay ante quién apelar por violaciones de la Constitución, si las principales autoridades están blindadas contra denuncias populares, y si el derecho a protestar pacíficamente consignado en la Constitución vigente está vedado al ciudadano, se está sumando condiciones objetivas y subjetivas para salidas violentas.
Duele admitirlo, pues es una dolorosa posibilidad para cualquier patriota, pero los testarudos hechos insisten en afirmar que Cuba, si no lo es ya, está en vías de convertirse en un Estado anómico, con los resultados desastrosos que son de esperar. Si quienes rigen sus destinos no despiertan de los cantos de sirena entonados por ellos mismos, el futuro de nuestra patria será la violencia.
La represión no es la salida, sino la democratización inmediata de la sociedad. En carta abierta a los nuevos diputados he expresado mis ideas acerca de algunas medidas que es imprescindible aplicar de inmediato, apenas como primer paso para impedir la irrupción de la violencia en nuestras calles. Como ha sido costumbre durante décadas, la respuesta fue el silencio.
Pero se acaba el tiempo. La paz social peligra. La patria peligra.
(Este texto forma parte de la columna «Más allá del Malecón», que abordará temas de política y relaciones internacionales)
La campaña presidencial norteamericana hacia el año próximo ha comenzado y ya, un poco menos de 18 meses antes, se puede avizorar quiénes muy probablemente serán los candidatos de sus respectivos partidos. A pesar de que año y medio es una eternidad en los procesos políticos de ese país, y cualquier cosa pudiera suceder desde ahora hasta el martes 5 de noviembre de 2024, tal y como están las cosas en este momento, es muy probable que tengamos una repetición del 2020, Joe Biden vs. Donald Trump.
Claro, para confirmarse ambos, tendrán que pasar por el prolongado proceso de primarias y Convención Nacional (la republicana en Milwaukee, Wisconsin, del 15 al 18 de julio, y la demócrata en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto). Quizás sea un signo de los tiempos que los dos partidos hayan elegido dos ciudades del Medio Oeste para sus respectivos cónclaves cuatrienales. Es posible que prevean que en esos estados se va a decidir la elección.
Donald Trump fue el primero en lanzarse al ruedo el 16 de noviembre del 2022. Las encuestas lo favorecen por amplio margen para ganar la nominación de su partido, incluso frente a una figura que la mayoría de los analistas consideran como su contrincante más fuerte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
(Foto: Redradiove)
Pero Joe Biden no se ha quedado muy atrás y lo anunció el 25 de abril, acallando así a los que pensaban que su avanzada edad y estado de salud podría ser una impedimenta para aspirar seriamente a la reelección.
Lo viejo. La contienda del 2020 entre Biden y Trump casi seguro se repetirá
Una apreciación importante puede sacarse ya de estos dos hechos: ambas aspiraciones se ceban mutuamente. Para los demócratas, imbuidos del espíritu de «Never Again Trump» (Más nunca Trump) puede ser irrebatible el argumento de que Biden ya derrotó al ex mandatario en una elección general, por lo que habría que ir al seguro. Por otro lado, para una significativa mayoría de la base social del republicano, Biden es un presidente incompetente, que se pliega a las demandas de sus correligionarios progresistas. Además, su presencia en la Casa Blanca es resultado de un fraude que resulta necesario revertir.
(Foto: Sky News UK)
En la situación política actual, Biden parece no tener ningún adversario que ponga seriamente en peligro su nominación. Sólo dos contendientes han anunciado: Marianne Williamson, una activista de justicia social, que ya se presentó en el 2020 pero tuvo que abandonar después del segundo debate entre los candidatos demócratas; y Robert F. Kennedy Jr., hijo del difunto Senador y Secretario de Justicia asesinado en 1968 cuando buscaba la nominación de su partido, cuyas radicales posturas ambientalistas y antivacunas han sido sumamente cuestionadas por los grandes medios norteamericanos.
Las posiciones de ambos se apartan demasiado de lo convencionalmente aceptado por lo que se puede concluir que sus candidaturas son prácticamente imposibles frente a un presidente en funciones. Si no sucede algo importante antes, Joe Biden debe navegar sin problemas hacia la nominación en la convención de Chicago en agosto del 2024.
Aunque un nuevo enfrentamiento Trump vs. Biden casi seguro se repita en el 2024, va a haber una diferencia importante. Se revierten los roles. El primero será el retador; y el segundo el incumbente. En estos casos, el candidato que ocupa la Casa Blanca se ve por lo general favorecido.
Lo nuevo I. Posibles candidatos republicanos: Trump, De Santis y los demás
La probable nominación de Trump tiene dos obstáculos a superar. En primer lugar, un número sustancial de candidatos. Ya han anunciado o están a punto de anunciar: la ex embajadora en la ONU y ex gobernadora de Carolina del Norte, Nikki Haley; el gobernador floridano Ron DeSantis; el ex presidente Mike Pence; el emprendedor indo-americano Vivek Ramaswamy; el ex gobernador de Alabama, ex representante y ex miembro del gabinete de George Bush, Asa Hutchinson, quien ganó notoriedad en la década de 1990 por ser uno de los fiscales designados por la Cámara para incriminar a Bill Clinton cuando el Monicagate; el emprendedor Perry Johnson; y Tim Scott, único Senador negro republicano y el candidato, de quien se dice que cuenta con el fondo de campaña más sustancial.
Pero a esos candidatos seguros o casi seguros se podría unir la ex representante Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney y muy respetada en el partido hasta que rompió con Trump a raíz de sus enjuiciamientos siendo presidente; el gobernador de Virginia Glenn Youngkin; el emprendedor Larry Elder; y cuatro gobernadores o ex gobernadores: Greg Abbott de Texas; Kristi Noem de Dakota del Sur; Chris Christie de New Jersey; y Chris Sununu de New Hampshire.
Ron DeSantis (Foto: RTVE)
Sea el caso que sea, simple y sencillamente es un roster muy amplio de posibles rivales hacia los cuales se pueden mover los republicanos que se cuestionan la conveniencia de seguir con Trump. Pero, por supuesto, tendrían que probar que pueden emular el atractivo que tiene la figura del ex presidente para los simpatizantes de base del GOP (Great Old Party), algo que hasta ahora nadie en el partido ha logrado.
Algunos asesores del ex mandatario consideran que, mientras más amplio sea el cuadro de candidatos, mejor para para Trump que, al final, es el que lleva mayor ventaja en las encuestas, y ello hace de forma inevitable áspero el enfrentamiento entre los retadores. Esto es particularmente perjudicial para DeSantis cuyo status de contrincante principal lo pone en la mirilla de los demás.
Recuérdese que en el 2016, Trump enfrentó un desafío similar y logró imponerse al final para asombro de muchos. Sin duda lo ayudó que su candidatura “sorprendió” a todo el funcionariado del partido, quienes subestimaron su popularidad y resiliencia. Eso no sucederá esta vez. Ya todos conocen las fortalezas y debilidades de Trump. Pero nuevamente, el control que ha adquirido Trump sobre el partido republicano hace muy difícil que cualquier candidato lo pueda derrotar.
Lo nuevo II: Los problemas legales de Donald Trump de ahora al 2024
Esta es la tercera vez que Donald Trump aspira a la presidencia de Estados Unidos. De las dos veces anteriores ganó en una ocasión (2016) y perdió en la otra (2020). A pesar de toda su indiscutible aceptación por parte del sector conservador republicano del electorado estadounidense, debe recordarse que en ninguna de las dos ocasiones anteriores ganó el voto popular. Si bien este hombre de negocios y «celebridad» televisiva ha logrado manipular muy hábilmente a un sector importante de la ciudadanía norteamericana —apelando sobre todo a sus aprensiones y recelos—, su trayectoria está plagada de escándalos que hubieran arruinado cualquier aspiración presidenciable.
Es repudiado no sólo por los votantes demócratas sino también por buena parte del electorado independiente y es en este terreno donde el segundo gran obstáculo puede perjudicarlo, no en la obtención de la nominación republicana, que algunos observadores dan como un hecho consumado, sino en el enfrentamiento con Biden en noviembre del 2024.
(Foto: Kevin Lamarque / Reuters)
Ya desde antes de su anuncio, se sabía que Donald Trump estaba enfrentando varios problemas legales. Enfrenta investigaciones federales y estaduales por actos aparentemente delictivos y hasta criminales y al menos una demanda civil por algo que se le acusa a menudo: abuso de género. Debe reconocerse que esto no es nuevo, el expresidente ha sido objeto de múltiples acusaciones e incluso de dos juicios políticos siendo primer mandatario.
En resumen, cuáles son esos problemas legales y en qué situación se encuentran:
La fiscalía general del estado de Nueva York ha venido investigando las actividades financieras de Donald Trump, sus familiares y sus empresas. Hasta ahora hay un caso que ya se materializó en un encausamiento delictivo por manipulación de declaraciones financieras relacionadas con el ocultamiento del soborno de la actriz porno Stormy Daniels, a quién el abogado Michael Cohen, hombre de confianza del exmandatario, pagó US$ 130,000 dólares durante la campaña electoral del 2016, supuestamente para que mantuviera silencio sobre una relación sexual que ambos (Daniels y Trump) mantuvieron en el 2006. Una corte del estado de Nueva York ha proyectado celebrar el juicio público en febrero o marzo del 2024, en plena campaña electoral.
También la fiscalía del estado de Nueva York viene investigando las actividades de Donald Trump y sus hijos en relación con la compañía de la que son accionistas: la Organización Trump. Estas investigaciones se encaminan en dos direcciones: una acusación por delitos cometidos por la familia en el manejo de las finanzas de la corporación y un juicio civil por fraude. Ya el Chief Financial Officer de la empresa, Allen Weisselberg, ha sido condenado a un año de prisión por fraude. Ambas investigaciones pueden conducir a un enjuiciamiento que podría tener lugar en octubre del presente año.
Asimismo, en el estado de Nueva York tuvo ya lugar el juicio civil en el cual la escritora E. Jeanne Carroll logró un veredicto a su favor en contra de Donald Trump por la acusación de acoso sexual y violación. Aunque el jurado no encontró evidencias de esto último, sí consideró que el expresidente había abusado de la escritora y lo sancionó a pagarle US$ 5 millones por daños y perjuicios. Aunque está apelando, es la primera vez que Trump pierde públicamente un juicio y algunos observadores llaman la atención que puede sentar un precedente para otros jurados. En cualquier circunstancia, el caso seguirá resonando en los medios de comunicación durante todo este año.
En Georgia se espera que este verano la Fiscal Fani Willis, del condado de Fulton, anuncie el resultado de su investigación sobre alegatos de que Donald Trump instó al secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, a cometer un fraude electoral en una llamada telefónica en que le pidió que consiguiera los votos necesarios para superar a Biden en ese estado. Hay también evidencias de su intento por que falsos compromisarios votaran por él en el Colegio Electoral, a pesar de que el conteo había arrojado el triunfo de Biden. Muchos expertos consideran que este proceso es el que tiene más posibilidades de prosperar.
El Departamento de Justicia está investigando la actuación del ex presidente durante el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero del 2021, a instancias de un comité de la Cámara de Representantes que ya examinó el asunto. Este es un tema muy politizado, pero hay razones para sospechar que el ex presidente instigó ese asalto.
(Foto: AP Photo/Evan Vucci)
El Departamento de Justicia está también investigando el caso de los documentos altamente clasificados que aparecieron en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago.
Para Trump nunca ha sido un problema estar en las noticias, aunque se trate de informaciones en su detrimento. Hasta ahora ninguno de estos casos parece haber afectado el nivel de simpatías que ya posee con su base social. Por el contrario, pudieran favorecerlo entre una parte importante de los republicanos, para quienes existe la sospecha que las elites liberales están tratando de encausar injustamente al expresidente. Sin embargo, otras pueden ser las consecuencias entre los votantes independientes, quienes decidirán las elecciones del 24.
Lo feo: Y para los cubanos, ¿qué significa esto?
El pronóstico que se puede hacer a partir de estos elementos, aunque está lejos de ser definitivo, es que nuevamente se enfrentarán Biden y Trump y que la elección será cerrada una vez más.
Donald Trump fue uno de los presidentes que más utilizó las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba y los cubanos. No lo hizo a partir de una posición ideológica específica, sino de su concepción patrimonial del gobierno de Estados Unidos. Entre 2017 y 2021 fue «su» gobierno e hizo todo lo que lo beneficiaba personalmente. A partir de esto, percibió que sería muy favorable para sus aspiraciones políticas aplicar medidas como el cierre de los servicios consulares de la Embajada en La Habana; la suspensión de las remesas; el restablecimiento de Cuba en la lista de Estados colaboradores con el terrorismo —a pesar de no haber evidencias—; o la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton. Revertió todas las licencias emitidas por el expresidente Barack Obama que tanto favorecieron al sector privado cubano.
(Foto: Lynne Sladky / AP)
Por su parte Joe Biden, lejos de repudiar las medidas de su antecesor y ser fiel a la política de Obama —como prometió durante la campaña electoral del 2020— continuó con varias de ellas. Es difícil que, en este complejo panorama, el presidente tome ninguna medida nueva con Cuba desde ahora hasta el 2024, y mucho menos que revierta la designación de Cuba como estado promotor del terrorismo.
En cuanto a Donald Trump no tiene mucho sentido adoptar hacia Cuba una posición electoral distinta a la que ya adoptó cuando fue presidente. Probablemente, la Florida no esté en juego. Ya no es el estado pendular que una vez fue.
Nadie recuerda ya que Barack Obama ganó la Florida en dos ocasiones, en el 2008 y el 2012, a pesar de haber sido siempre partidario de abandonar una política hacia Cuba que había fracasado. Pero ni Biden, ni el liderazgo establecido del partido demócrata hasta el momento parecen interesados en proyectarse como una vez lo hizo este presidente que alegó querer poner fin a la Guerra Fría con Cuba e impulsó un proceso de normalización de las relaciones.
James P. McGovern es uno de los promotores de la ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Telegram & Gazette
El congresista Jim McGovern representa al Segundo Distrito de Massachusetts en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Con una mirada sobre Cuba más sofisticada que la de sus homólogos en la Florida, compartimos esta reciente intervención suya en el Congreso de Estados Unidos:
“Señor presidente, me levanto hoy para expresar mi profunda frustración con la administración Biden, especialmente con el Departamento de Estado y su indiferencia ante el sufrimiento del pueblo cubano. Estuve en Cuba en diciembre, he viajado allí a menudo durante las últimas cuatro décadas. Tengo lazos profundos con muchos cubanos comunes, pequeños empresarios y personas de fe. Nunca he visto al pueblo cubano sufrir tantas penurias como en este momento.
El principal impulsor de la migración humana en este momento es el hambre y la desesperación por un futuro mejor. Hay muchas razones para esta desesperación: el colapso económico de la economía turística durante la epidemia de Covid-19, rígidos controles económicos del gobierno cubano que cambiaron con demasiada lentitud, una dura represión de las protestas y la negación de los derechos y libertades básicos. Pero un factor importante que contribuye a este sufrimiento son las políticas de los Estados Unidos.
Foto: AP
A pesar de las promesas hechas como candidato, el presidente Biden no ha logrado deshacer las restricciones económicas y financieras impuestas por su antecesor. No ha logrado eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo contra toda razón, información y análisis que debería haber llevado a su eliminación inmediata al asumir el cargo. Estas restricciones han estrangulado las actividades cotidianas de la gente común, las transacciones financieras, el sector privado cubano, las actividades de otros gobiernos occidentales e incluso la entrega de ayuda humanitaria.
En diciembre jóvenes empresarios me suplicaban que sacara a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Los gobiernos de Colombia, México y muchos otros han pedido a la administración Biden que elimine a Cuba de esta lista. Han recibido la misma respuesta que muchos miembros del Congreso: un silencio indiferente.
Sin duda, la administración Biden jugará hasta el infinito y anunciará reformas limitadas que podrían permitir que algunos pequeños empresarios sobrevivan uno o dos años más, pero no prosperarán. Y tales medidas difícilmente aliviarán el sufrimiento del pueblo cubano en su conjunto.
Hasta que esta administración se mire al espejo y tome seriedad, hasta que saque a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y termine con las restricciones económicas y financieras impuestas durante la administración Trump, Estados Unidos seguirá contribuyendo al sufrimiento del pueblo cubano cada día, cada hora.
La administración Biden ha tenido casi dos años y medio para deshacer las restricciones de Trump, ha decidido intencionalmente dejarlas en su lugar, incluso los has abrazado, sin importarle el costo para el pueblo cubano. Estas políticas ya no son las políticas del presidente Trump, son de Biden.
La migración cubana es sólo un síntoma de este sufrimiento, no se detendrá hasta que la política de Estados Unidos cambie y comience a trabajar en nombre del pueblo cubano en lugar de sentarse y continuar con las duras políticas que han llevado a miles a abandonar sus hogares.
Sí señor orador, estoy enojado, estoy frustrado y cansado de darle excusas a esta administración sobre este tema. Tenemos que cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacerlo hoy no es suficientemente pronto.”
Nací en los años noventa, cuando en la Isla había pasado el tiempo de la abundancia. En esos años ya la pirámide se había torcido y el contrabando permitía a mi familia comprar algunos cereales importados para mi alimentación. Fuimos privilegiados, pues recibíamos apoyo de un primo de mi abuela emigrado en los años 60 y de otras amistades que extendían sus manos desde el exterior del país. Así crecí yo, en una burbuja creyendo que todo iba bien porque los amigos de mi familia eran demasiado amables.
Esa es la Cuba que conozco, donde escribimos a aquel familiar residente en el «mundo libre» cuando se nos agotan los recursos en casa, y nos saca más o menos del apuro. Con la pandemia y el llamado ordenamiento aumentaron las vías para enviar alimentos desde el exterior y cubrir parte de la dieta básica. Eso amortizaba a los que seguíamos siendo privilegiados, pero. ¿acaso será siempre así o en Cuba se podrá sostener la eficacia productiva en la industria alimentaria? ¿Cuándo el Estado garantizará los nutrientes necesarios para que el cubano tenga una dieta digna?
Hace un año, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la norma 148/22 correspondiente a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual tuvo como antecedente el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Tales disposiciones se someten a lo concebido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual tiene como finalidad erradicar el hambre, asegurar la alimentación, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible; y que esto, a su vez, se traduzca a una mayor sostenibilidad económica, ambiental y social.
En este sentido, la más reciente legislación señaló tres líneas principales orientadas a la producción de alimentos por parte del Estado cubano y su esfuerzo real para garantizar nutrientes, hacerlos accesibles física y económicamente a la población, así como fomentar la educación para «modificar o mejorar las prácticas alimentarias de las personas, (…) optimizar su estado nutricional, de salud y bienestar».
(Foto: Alexandre Meneghini/Reuters)
Dieta Nacional
Desde hace más de 50 años, el gobierno garantiza la canasta básica mensual que contempla 19 productos alimenticios de primera necesidad y se distribuyen de manera equitativa por grupos etarios y las zonas urbanas y rurales, desde los núcleos familiares hasta los programas de atención escolares y de salud. Con el paso de los años, los recursos normados han sufrido disminuciones en cantidad y opciones, y los mercados y tiendas están desabastecidos. Acceder a alimentos de calidad y con precios justos es una gran dificultad, principalmente para trabajadores públicos que perciben el salario mínimo o son pensionados.
De acuerdo con el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) correspondiente al año 2022, en Cuba se depende de importaciones que tensan el presupuesto nacional para sostener las garantías estatales, que incluyen la asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, frente a la carencia de alimentos, todos los ciudadanos son vulnerables, pues el acceso sigue siendo un problema y la búsqueda de comida posiblemente sea la conversación más recurrente y estresante en las casas cubanas.
No tener garantizado un plato de comida, hacer filas por horas para obtener los alimentos, pagarlos a sobreprecios, y tener que adquirir buena parte en el mercado informal —con los riesgos que presupone en cuanto a la garantía de su calidad y seguridad—, es un problema que, si bien tiene antecedentes, desde 2019 se ha hecho sumamente preocupante.
(Foto: La Nación)
El cumplimiento de las promesas del gobierno se prolonga y cada vez son más comunes las justificaciones ante una gestión deficiente. Los cubanos no quieren más políticas con resultados invisibles, ni informes que ofrezcan cifras que no se ven traducidas en el bienestar de la población.
Esto incluso ha sido reconocido por el mandatario Miguel Díaz-Canel cuando afirmó a finales del pasado año en la Asamblea Nacional del Popular «tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero y no hay ganado, tenemos una Ley de Pesca y no hay pescado».
Hecho en Cuba
El PMA reconoce que en el país, entre 70 el 80 por ciento de las necesidades alimentarias, son suplidas a partir de la importación. En el mencionado reporte anual se señala que «la economía experimentó una ligera recuperación con un aumento del 2 por ciento después de la abrupta caída del 11 por ciento en el Producto Interno Bruto en 2020», hecho poco significativo considerando que la producción de alimentos no manifiesta avances.
El Estado dispuso que más del 70 por ciento de su presupuesto para el 2023 esté destinado al sector social con la finalidad de garantizar beneficios obtenidos luego 1959. El país tiene muchas oportunidades para fomentar la producción agrícola y expandir este sector, sin embargo, no se atienden de manera sistemática y a conciencia las potencialidades que tienen las localidades para producir sus propios alimentos. La carencia de resultados parte mucho del desinterés de los gobiernos locales para poner en práctica acciones, no se incentiva a la población ni se le ofrecen alternativas para que se desarrollen y expandan la producción de alimentos.
El presupuesto estatal destinado al sector agroalimentario, en vez de apuntar a las grandes producciones como el café y la caña —igualmente deprimidas y previstas para la exportación— debería estar destinada a crear mecanismos a nivel comunitario.
Cuba no es un país con grandes recursos y los pocos que tienen son mal explotados. La industria pesquera es un ejemplo. A finales del año 2021 publiqué un texto donde precisamente se abordaba por qué en la Isla no se venden productos del mar, y estos no son contemplados en la dieta del cubano, siendo muchas veces más saludables y ricos en nutrientes. ¿Por qué no hay industria pesquera? ¿Por qué el gobierno no regula correctamente el comercio ilegal de pescado y mariscos?
La especialista entrevistada comentaba que el Estado, en vez de considerar el mar como fuente primera de alimentación, lo explota principalmente para el turismo de sol y playa. También se dan fenómenos como la sobrepesca y la depredación. Unido a esto es inexistente una educación sistemática de la población en materia alimentaria y no se incentivan soluciones factibles como el maricultivo y la acuicultura en el sector privado y en comunidades pesqueras.
¿Qué presupuesto destina Cuba para las importaciones? De acuerdo con datos publicados en el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en 2021, Cuba importó bienes por un total de $3,45MM de dólares; entre los productos principales se contemplan la carne de ave, el trigo, la leche concentrada, el crudo de petróleo y el arroz, siendo España, China, Estados Unidos, Canadá e Italia los emisores más importantes.
Por su parte, la última actualización de datos en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) registra, hasta el diciembre del 2022, el volumen de inversiones por 18 clases de actividades económicas, donde se ejecutaron 71 069 millones de pesos distribuidos en su mayoría al servicio empresarial, actividades inmobiliarias y de alquiler (1), la industria manufacturada excepto la industria azucarera (2), transporte, almacenamiento y comunicaciones (3), suministro de electricidad, gas y agua (4) y explotación de minas y canteras (5).
La agricultura, ganadería, caza y silvicultura cae en el octavo puesto, seis veces menor que el sector con mayores inversiones, mientras que la pesca y la industria azucarera están entre las tres áreas menos favorecidos. Si se analiza la serie histórica de los últimos diez años, queda en evidencia que la inversión en el mencionado renglón durante el año 2022 es aproximadamente 2,4 veces menos que la de 2012, mientras lo invertido en actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler se multiplicó por más de 3.
Tierra ociosa, platos vacíos
Entre exigencias más recurrentes que se le hacen desde los expertos a la actual gestión del gobierno cubano sobresale el establecimiento de políticas públicas focalizadas. Por años se vivió bajo un sistema que contemplaba «las necesidades y potencialidades de los ciudadanos cubanos» por igual. Quizá en esa homogenización de la sociedad se descartó la posibilidad de que germinaran actores sociales capaces de dar un impulso a la economía nacional, como consecuencia, vinieron la inactividad, la poca creatividad y la improductividad.
Cuando se comenzaron a «abrir» las oportunidades, se diversificaron las formas de producción y comercialización, y se liberalizaron varios precios, nos olvidamos de que había una población que no pudo ni puede acceder por igual a estas opciones protagonizadas principalmente por el sector privado. Hoy enfrenta la crisis con mucho menos garantías y protecciones, y su alimentación se ha visto sumamente afectada en los últimos años debido a la baja oferta de alimentos en los mercados estatales en moneda nacional, sumado a atrasos en la entrega de algunos productos canasta familiar normada y la desaparición o reducción de otros —principalmente los vinculados a dietas médicas.
Como mismo muchas familias dependen de la ayuda de los parientes emigrados —y el gobierno de esa inyección de capital en moneda dura—, el Estado cubano se benefició por años de los subsidios y tratos ventajosos con el extinto bloque socialista en Europa del Este, y no desarrolló una agricultura e industria alimentaria que le permitiera suplir las necesidades de sus ciudadanos.
Uno de los principales problemas que aquejan a los cubanos hoy es la inseguridad alimentaria. Por tanto, es urgente que el presupuesto del Estado aporte más a la producción en el sector agroalimentario. Hay que fomentar la producción local, las huertas, educar a la ciudadanía, demostrar la importancia y lo necesario de incorporar nutrientes a través de otros alimentos ricos en vitaminas y proteínas, mientras se diversifica la oferta, se reducen los precios los precios, y se exploran vías expeditas para la cosecha y la distribución de productos. Ello requiere equipos de organizados e incentivos para trabajar en el sector.
(Foto: Radio Bayamo)
Sin los referidos incentivos no habrá producción, sin producción habrá hambre, descontento y emigración, y los resultados a mediano plazo serán peores: una economía más deformada, una población más empobrecida, y menos personas en edad laborable que sostenga, no solo el sector agroalimentario, sino los otros que hoy son prioridad en la estrategia inversionista.
El pasado 18 de mayo sesionó en La Habana la XX Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia para la colaboración económico-comercial y científico-técnica, dentro de la cual se desarrolló la XI Reunión del Comité Empresarial, con la presencia de altos funcionarios de ambos países.
De acuerdo con una información difundida en el periódico Granma, las partes rubricaron un Acta final, que “materializa el estado de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación, así como las perspectivas y líneas de acción para el trabajo conjunto”.
El medio oficial también destaca que el vicepresidente del Gobierno ruso, Dmitri N. Chernyshenco, “destacó que Rusia y Cuba avanzan en el proceso de pagos mutuos en monedas nacionales, en especial en rublos”, sin que se ofrecieran más detalles ni declaraciones de la contraparte cubana.
En esta jornada, el perfil del influencer El Necio en Twitter, publicó que de acuerdo con el vicepresidente ruso, “en un futuro no muy cercano, en tiendas, cafés y restaurantes de Cuba se podrá pagar en rublos”.
🇨🇺💰 Cuba se enlista en la aceptación de moneda rusa para circulación nacional
📌El vicepresidente ruso, informó que, en un futuro muy cercano, en tiendas, cafés y restaurantes de Cuba se podrá pagar en rublos
Sin embargo, una búsqueda de LJC en los principales sitios del gobierno cubano como la Presidencia de Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el del Comercio Exterior (Mincex) arrojó la inexistencia de notas oficiales que confimaran estas declaraciones.
Ante la relevancia de la noticia para la soberanía económica nacional se extraña que sea anunciada en detalles por un influencer cubano, a partir de las declaraciones realizadas por un alto funcionario extranjero, sin que medie un pronunciamiento por parte del gobierno de la Isla; por lo que La Joven Cuba expresa su preocupación sobre la necesidad de estimular el flujo de información de interés nacional por medio de los canales oficiales.
Mientras, la mayoría parece opinar: «Si los rusos traen al menos un poco de lo que antes nos mandaban, no importa que vuelvan sus militares y pongan sus bases. Lo que necesitamos ahora es curarnos, comer y salir de la inflación, apagones y falta de combustible.» El peso del agobiante ritual de la subsistencia agudizado sin descanso tras la Tarea Ordenamiento, pesa más sobre el imaginario colectivo que los peligros de los conflictos mundiales actuales.
