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Vulnerables en tiempos de oscuridad

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Tiempos
(Foto: ADN Cuba)

…ya hablé demasiado en otros tiempos para no decir nada.

Ahora mi discurso tiene una finalidad.

Albert Camus,  La caída

***

Pensar en voz baja

Leí en estos días El cuidado al adulto mayor en escenarios cubanos. Lecturas en clave sociológica, cuya coordinadora es Ángela Peña Farías, destacada profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana. En el plano metodológico la investigación resulta impecable. La mirada social está presente, elaborada en su mayoría por especialistas experimentados. Hay maestría en la distribución de los temas e importantes aristas que rozan a este sector de la población. Imagino que reciba algún premio por el impacto que el estudio supone.

Ese análisis colectivo, publicado recientemente, hace un recorrido por varias instituciones que se dedican a esta imprescindible actividad, incluso, aparece un artículo dedicado al sector privado, otro donde se destaca la labor de las agencias de cooperación, es decir, lo que se puede lograr con el apoyo internacional como es el caso del Convento de Belén y la sociedad civil en general; asimismo, se resalta la labor tremenda que despliega la iglesia católica a través de la Orden de las Carmelitas Descalzas en el hogar de San Francisco de Paula.

Algo que preocupa respecto a la ancianidad —dadas las actuales circunstancias que vivimos—, es la tibieza extrema con que es valorado el papel del Estado en el tratamiento a esta cuestión, mientras se le enseña a  los estudiantes que la Sociología es «una ciencia que incomoda».  Comprendo que es complicado sostener una posición diferente a la que exponen, y que una crítica bien fundamentada al mal desempeño oficialista en tales asuntos conllevaría la posibilidad de la no publicación, además de hacer peligrar incluso la estabilidad laboral, etc. Sin embargo, una cosa es el tema y otra el contenido de verdad de una obra. Ojalá estuviesen unidos, pero no siempre es así.

Mi objetivo no consiste en hacer trizas un texto porque sí, o recrearme en su simple detracción, estoy muy lejos de ese «enfrentamiento» inútil; al contrario, honrar honra, por ello saludo el trabajo de un grupo dedicado a reflexionar sobre la vejez. Concuerdo con Gilles Delauze, quien explicó que el tipo de crítica abierta y despiadada hacia determinados libros convertía a estos autores que juzgan a otros seres con un aire de superioridad a fuerza de ser tontos, pues lo importante es encontrar un tipo de bibliografía que llegáramos a amar.

Tuvo mucha razón el filósofo francés. José Martí, que no era amigo de murmuraciones implacables, escribió sobre ello en la Revista Universal de México el 29 de junio de 1875: «La crítica es siempre difícil y solo una vez noble: cuando […] censura las ideas esenciales con alteza de miras, e imparcialidad y serenidad de juicio». Lo que más deseo es que estos juicios míos sean serenos a la manera martiana. La verdad no requiere trompetas ni altavoces. Pero pensar en voz baja es una manera de mentir.

Esta afirmación contundente del mencionado libro parece describir otro contexto: «(…) se diseñan estudios y políticas de carácter general o enfocados en las diferentes etapas de la vida. Dentro de estos, se otorga particular atención al alcance de una longevidad satisfactoria, con calidad de vida para los ancianos». Es muy contradictorio afirmar algo así en un país donde resulta estremecedor constatar que ni los ancianos ni la población en general pueden acceder a medicamentos específicos para preservar la salud, y por tanto, la calidad de vida de los adultos mayores está deteriorada.

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(Foto: Invasor)

La situación es extremadamente tensa, se carece de muchas condiciones de vida con el riesgo a la salud que ello implica, lo que convierte en vulnerables a millones de personas que viven en territorio cubano. Es reciente el reclamo en las redes de la única sobreviviente del accidente de aviación ocurrido en mayo de 2018 en La Habana, en el que fallecieron 112 personas, para continuar con su tratamiento de cuadriplejia. A partir de él, se ha suscitado un debate entre defensores y críticos que la tildan de malagradecida. La joven bastante tiene ya con lo que sufrió y sus circunstancias actuales.

Es un hecho evidente que la alimentación es en extremo precaria y requiere largas filas y horas de espera enajenante; que impera una inflación monetaria, pensiones y salarios de miseria, el transporte continúa muy ineficiente, muchas edificaciones en ruina, una impactante falta de higiene en las ciudades acompañada de imágenes decadentes, apagones por tiempos prolongados que enervan a la población afectada, realización de juicios ejemplarizantes debido a las protestas del 11 de julio del 2021, destierros, emigración galopante de una gran parte de la sociedad eminentemente joven… Esas razones convierten a Cuba en un pueblo vulnerable en toda la extensión de la palabra.

Llamó mi atención sobremanera un artículo del texto que describe una residencia destinada a cuidar ancianos con excelencia como ejercicio privado.  Esta noticia resulta alentadora. No obstante, aunque aparecen en el estudio bajo anonimato, se conoce que están destinados a personas cuyas familias pueden pagar precios prohibitivos para un sector mayoritario de la población. En el momento en que se realizan las entrevistas, en el 2017, las familias pagaban mediante remesas en ese entonces 100, 200 y 300 CUC.

Ahora sería esa cantidad en dólares o euros. Me pregunto, ¿por qué tanto secretismo en ese análisis meramente descriptivo y ambiguo? ¿Dónde radica ese maravilloso lugar? En el reparto Kohly existe una residencia de ancianos que pertenece a una clínica exclusiva para la élite cubana.  

La Sociología como moral

Un hecho que me impactó en el artículo mencionado fue la respuesta de una cuidadora familiar a la socióloga que la entrevistó. La pregunta expresaba un distanciamiento con el objeto de estudio, hasta ahí es normal. Es necesario un no involucramiento con las personas que se estudian, eso los especialistas lo tienen muy claro, como mismo un médico no puede permitirse llorar cada vez que atiende a un paciente grave. Pero la valoración de la entrevistada demuestra que este tipo de aseveraciones e interrogatorios requiere una meditación pausada. El automatismo metodológico no debe impedir una pedagogía del testimonio. A continuación transcribo el párrafo:

 «Fueron pocas las entrevistadas que expresaron encontrar ventajas en dedicarse a esta labor; algunas hasta cuestionaron la veracidad de la interrogante cuando se les formuló: “¿En serio, después de todo lo que te he contado me preguntas por las ventajas que tiene mi situación?”. Reacciones como esta y otras asociadas a silencios profundos, actitudes pensativas o simplemente el no contestar reflejaron las encrucijadas que experimentan estas mujeres».

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(Foto: ADN Cuba)

Fíjense de nuevo en esta llamada de atención de la entrevistada, a mí me parece muy significativa: «¿En serio, después de todo lo que te he contado me preguntas por las ventajas que tiene mi situación?». Lo que intenta esta persona es transmitir una única experiencia, su dura realidad. La experta no fue capaz de bajar de su tarea y enterarse que el discernimiento también es sensibilidad.

La filósofa María Zambrano destacó que «ver con el corazón» es una forma primordial del conocimiento. Los sociólogos se desentienden muchas veces y solo se enfocan en el aspecto técnico de esta ciencia, van a los meros datos. Pretender encontrar en la labor estoica y resiliente de una cuidadora de un familiar enfermo una «ventaja» es intentar encontrar otros datos, lo que demuestra la ausencia de una reflexión ética que mida con otros parámetros la realidad. Salvador Giner, el español que era y ya es por siempre un grande de la Sociología, lo afirma de manera contundente en el prólogo a una publicación mía: El momento del agua. Papeles de Civismo (2011): «La sociología es la ética de la modernidad».

Lo que no ve

Otro aspecto digno de tener en cuenta es la situación de los indigentes, que ya tuve ocasión de explicar hace unos meses y que son los grandes ausentes en el mencionado estudio. ¿Quién cuida a estos seres humanos sin techo, sin SAF (Sistema de Atención a la Familia) y sin nada? Una cosa es el decir y otra el mostrar, son dos formas expresivas donde la  primera es lenguaje y la segunda silencio; esta última tiene  ruidos.

Hace pocos días se efectuó un encuentro entre varias instituciones estatales y no estatales con el objetivo de coordinar y ejecutar en La Habana la conversión del Municipio Plaza en una «ciudad amigable» ¡Por Dios! ¿De qué estamos hablando? Con solo caminar algunas calles palpamos el peligro de alguna caída, algo fatal en estos tiempos de oscuridad, cuando no se dispone ni del material requerido para inmovilizar un hueso. ¿Con cuántos ómnibus se cuenta para adaptarlos a las necesidades y peculiaridades de la gente envejecida físicamente? ¿Una ciudad amigable con seres humanos comiendo de la basura?  

Encontré en Internet una foto en la que se veía a un señor estaba acostado en una acera bebiendo directamente de un charco de agua que se encontraba en un cantero con fango. Preocupa que la mayor parte de los comentarios sobre esta estremecedora foto fueran burlas; es decir, se aprecia una indolencia total que manifiesta el estado moral en que nos encontramos.

Una cosa es el choteo como modo de sobrevivencia, típico de la identidad cubana; otra el abandono de la preocupación por el Otro, la ausencia de la más mínima solidaridad por el sufrimiento ajeno; precisamente la manera en que nos relacionamos con los demás es lo que nos hace ser mejores o peores. La responsabilidad por esos otros, que solo pueden expresarse desde su silencio, desde su grito, desde el dolor, es lo que nos hace seres humanos o monstruos.

Las Ciencias Sociales en Cuba deben vivir con los tiempos, ejercer su derecho a la crítica. Algo que daña su ejercicio es la hipocresía de ese derecho.

Radicalizaciones y extremismos post 11-J

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extremismos
(Foto: EFE)

Reza un antiguo proverbio maya: «Existen tres cosas que no tienen marcha atrás: la palabra dicha, la flecha lanzada, la oportunidad perdida». Como todo momento de crisis, el 11-J pudo dar paso a soluciones encaminadas a solventar sus causas; o, en su defecto, agravar aún más la situación de partida.

La intensa forma represiva que adoptó la respuesta gubernamental al estallido popular, no solo hizo que se perdiera tal oportunidad, sino que las palabras dichas, durante y después de los acontecimientos, y las flechas lanzadas a los temporalmente vencidos —protestantes, familiares y simpatizantes—, atizaron el fuego. En el año transcurrido desde entonces, los principales efectos generados son la radicalización de defensores y opositores al Gobierno/Partido/Estado y la adopción de posturas cada vez más extremas en el espectro político.

-I-

Recién ocurridos los hechos afirmé: «Restañar las heridas de estos días y sobrepasar este momento difícil exigirá valor, mesura y tacto político al gobierno y a sus oponentes. La hora actual de Cuba es más para el diálogo y la persuasión que para las redadas y los encarcelamientos». A falta de las condiciones enunciadas, el camino escogido por el Poder sería también el de la continuidad en el empleo de sus instrumentos de violencia física: redadas, detenciones y encarcelamientos.

Además de ellas, desde el primer momento hubo otras actitudes inapropiadas que tiñeron de extremismo la respuesta gubernamental:

— Atribuir los hechos a un intento de alzamiento contrarrevolucionario acorde a un plan subversivo forjado en el exterior y coordinado a través de las redes sociales, en lugar de reconocerlo como un estallido social impulsado por causas inmediatas —incremento exponencial de los enfermos de Covid-19, alta inflación y aumento del costo de la vida como resultado de la «Tarea Ordenamiento», cortes eléctricos y mantenimiento por el gobierno de Biden de las medidas reforzadoras del bloqueo de su predecesor Trump— y mediatas: no aplicación de las reformas anunciadas tres lustros antes, sumada a la discriminación política y la falta de libertades propias del modelo de socialismo burocrático.

La posibilidad de un estallido social había sido anunciada en posts, artículos, entrevistas y ensayos, escritos dentro y fuera de Cuba; todos fueron ignorados por el Gobierno/Partido/Estado, renuente a tomar al menos medidas liberalizadoras de la economía que mitigaran las penurias de la población.

— La convocatoria del secretario-presidente Miguel Díaz Canel en comparecencia pública —donde se olvidó del Estado de Derecho proclamado en la Constitución 2019—, a que los comunistas y seguidores de la Revolución salieran a los espacios públicos a imponer el orden por la fuerza, según el antiguo lema: «La calle es de los revolucionarios».

Aunque fueron pocos los civiles que salieron a cumplir el reclamo presidencial, la respuesta de las fuerzas represivas fue airada. Al estilo de un régimen pretoriano in crescendo, tropas especiales del MINFAR y cadetes de las escuelas militares se unieron a la policía y a los agentes de Seguridad del Estado en el empleo de la fuerza.  

— La suspensión del servicio de Internet en todo el territorio para evitar que se mostrara al mundo los acontecimientos en vivo.

— El apresamiento violento y la vejación bajo custodia de manifestantes detenidos; así como el irrespeto a sus familiares, que recorrieron en su busca, durante días, estaciones de policía, hospitales y prisiones.  

Desde el lado de los manifestantes, el sentimiento más presente en aquellas jornadas fue el asombro en una doble condición: por una parte, fascinación ante su propio gesto de salir a la calle a gritar anhelos constreñidos, sin orden ni concierto; por la otra, estupefacción y temor ante el cariz que tomaron las cosas, tanto la magnitud de la protesta como la represión oficial.

No obstante la inexperiencia, espontaneidad y obstinación que marcaran la actuación de los indignados, existen principios universales que rigen la expresión del derecho ciudadano a protestar y que no deben ser ignorados si se pretende que los actos transcurran en un clima de paz. Entre ellos destaco dos que considero fundamentales: el carácter pacífico, a partir de una actitud de no violencia, principio rector de una conducta cívica; y la no internacionalización del conflicto, menos aún la apelación a una intervención extranjera.

-II-

A tenor con el principio de la no violencia, hay que reconocer que, independientemente de la justeza de los móviles que lanzaron a las calles a miles de ciudadano/as, actuaron mal los que atentaron contra coches de la policía, rompieron y saquearon tiendas en MLC y apedrearon instituciones gubernamentales —aunque el supuesto asalto al hospital de Cárdenas, tan publicitado en los primeros días, terminara siendo sobreseído y desapareciera de los medios oficiales.

Es evidente que la falta de prácticas cívicas callejeras afectó a todos los participantes. En Cuba, donde los desfiles multitudinarios solo ocurren para congratular al Gobierno/Partido/Estado, los ciudadanos no protestaban masiva y públicamente contra el régimen desde el Maleconazo de 1994, veintiséis años atrás. Pero las diferencias entre ambos hechos son notables.

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Los ciudadanos no protestaban masiva y públicamente contra el régimen desde el Maleconazo de 1994.

El 5 de agosto de 1994, miles de personas salieron a manifestarse en Centro Habana y Habana Vieja y se cometieron actos vandálicos. El clima imperante era de agudización de la confrontación política por los efectos de la crisis del Período Especial y una fuerte influencia subversiva externa, evidenciada en el fomento al secuestro de embarcaciones y aeronaves para la emigración ilegal, y otras acciones violentas que habían provocado varias muertes.

La más relevante fue el intento de secuestrar el remolcador «13 de marzo» en la bahía de La Habana, y su posterior hundimiento tras chocar con lanchas guardafronteras que le cerraban el paso. En el fatal acontecimiento murieron ahogadas treinta y dos personas —veinte de ellas infantes—, y treinta y una fueron rescatadas. La atmosfera social estaba soliviantada por ánimos de violencia.  

En 1994 la reacción gubernamental también fue reprimir violentamente las manifestaciones con grupos de respuesta rápida y policías de civil, aunque sin llegar a las sádicas golpizas del 11-J. La presencia de Fidel en el lugar de los acontecimientos terminó de aplacar los ánimos. Hubo centenares de arrestos; pero casi de inmediato fueron liberados y muy pocos llevados a juicio y encarcelados.

La Crisis de los Balseros (julio-septiembre) terminó cuando el Gobierno firmó un nuevo acuerdo con EE.UU. que amplió la emigración legal; asimismo, implementó un paquete de medidas liberalizadoras que incluían la creación del Mercado Libre Agropecuario y la ampliación de las ventas en USD.

En julio de 2021 no existía tal grado de agudización previa de la confrontación Gobierno-disidentes ni de la intromisión externa; sin embargo, se hizo evidente que los niveles de obstinación —en su acepción cubana de cansancio, agotamiento, agobio— de la ciudadanía, eran tan altos y masivos que las protestas no se circunscribieron a la capital, sino que ocurrieron en unas cincuenta y cinco ciudades y poblados a lo largo del país. En lugar del centro comercial citadino, los escenarios principales fueron poblados y barriadas pobres, que yacían en la penuria agravada por el confinamiento pandémico y los apagones, en medio de la canícula veraniega.

Por eso, y ante la ausencia en el año transcurrido de un informe público oficial sobre los hechos que aporte nuevos datos, reitero que lo ocurrido el 11-J fue una manifestación espontánea de la ira popular que ni siquiera puede catalogarse de sublevación. A contrapelo de la versión oficial, sostengo que sucedió precisamente porque no estaba planificada, ni hubo concierto entre cientos de personas, menos aún integración en un plan subversivo coordinado y dirigido desde el exterior para generar acciones de violencia a nivel nacional.

Su sesgo espontáneo y popular tomó por sorpresa a las autoridades y al propio pueblo. De otra forma, siendo el Servicio de Seguridad interna lo que mejor funciona en el país, difícilmente hubieran podido acaecer hechos como aquellos.

En los doce meses transcurridos, el Poder ha mantenido un alto nivel de represión sobre los manifestantes del 11-J. Este incluye un repertorio diverso de medidas punitivas: vigilancia y acoso a ellos y sus familiares, tratos abusivos, arrestos domiciliarios, arbitrarias detenciones y prohibiciones de salir de la casa y transitar. En octubre/noviembre, de manera extremista, el Gobierno se negó a conceder el permiso solicitado por actores de la sociedad civil para realizar una protesta pacífica en varias ciudades: la Marcha cívica por el cambio.

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A su vez, el nuevo Código Penal, aprobado en marzo de 2022, fortaleció el arsenal represivo al reformular antiguos delitos contra el Estado como delitos hacia el orden constitucional, en pos de adulterar la aplicación del derecho a la libertad de expresión política. Así, añadió figuras que admiten una amplia gama de interpretaciones extremistas por parte de las autoridades, entre ellas:

— el deliberado «uso abusivo de los derechos constitucionalmente reconocidos, con fines de subvertir el orden político, económico y social de la nación»;

— «el financiamiento de la actividad contrarrevolucionaria, subversiva o cualquier otra que no esté legalmente establecida, a través de sujetos que la realizan en nombre de un gobierno, organizaciones de carácter internacional, no gubernamentales u otras»;

En particular, fue terrible para detenidos y familiares el momento de los juicios y la proclamación de las largas condenas aplicadas a la inmensa mayoría de los más de setecientos que aún permanecían en prisión a fines de año; condenados por delitos de tan difícil probatura como la sedición.

-III-

En el contexto histórico-cultural cubano, no puede ignorarse que el principio de la no internacionalización del conflicto interno adquiere un sentido agónico. El intento de radicalizar cualquier protesta social y presentarla como evidencia de que Cuba es un Estado fallido, incapaz de mantener el orden interior, peligroso para la seguridad regional y, en consecuencia, merecedor de una intervención internacional humanitaria, debería ser inadmisible para cualquier patriota, independientemente de su sesgo ideológico.

El 11-J, la manifestación actual del viejo Síndrome de la Enmienda Platt: el mantra extremista de «la intervención humanitaria», fue repetido por diferentes agencias, políticos y cibernautas, e inundó las redes sociales. También brotó desde la Isla, unas veces por radicalismos ideológicos y otras al calor de la represión violenta y la difusión de imágenes y narraciones de los excesos cometidos.

La cuestión esencial es que el viejo conflicto entre los cubanos que —independientemente de sus ideas políticas y opinión sobre el gobierno—  defienden la independencia y soberanía nacionales, y los que apuestan por la dependencia política respecto a EE.UU., continua vivo tras siglos de existencia. Los que rechazamos el actual modelo de socialismo estatizado, burocrático y militarista, al tiempo que defendemos el derecho de la Isla a la autodeterminación y la soberanía, hemos de lidiar con este fantasma una y otra vez.

Si bien es cierto que el Gobierno/Partido/Estado lo blande como anatema frente a cualquier crítica y/o disidencia, también lo es que destruir al régimen cubano por la fuerza de una intervención militar es una variante presente en el repertorio de opciones, no solo de sectores importantes del US Goverment, sino también de muchos cubanos opositores, tanto emigrados como residentes en la Isla.

Los radicales que prefieren, antes de soportar una Cuba socialista, verla destruida, masacrada y ocupada militarmente por fuerzas extranjeras, asumen una actitud no solo extremista en lo ideológico, sino profundamente antinacional. La historia de dos siglos de luchas del pueblo cubano por constituir una república independiente, ha costado sacrificios sin parangón para venir a terminar en un holocausto cuando el modelo obsoleto de socialismo estatizado no da para más. Solo una invasión extranjera y la consecuente guerra popular de resistencia podrían reservar a este régimen fracasado un final tan heroico e inmerecido como ese.

Por demás, los que clamaron ese día por la intervención humanitaria no deben hacerse ilusiones. La prioridad del actual gobierno norteamericano es disminuir la emigración masiva ilegal y lo menos que desea es una guerra en su inestable frontera sur. El propio Bob Menéndez dejó establecido que aquel país no pretendía intervenir ni permitir un éxodo masivo. Las soluciones tendrán que ser encontradas y aplicadas entre cubanos.

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-IV-

El Gobierno/Partido/Estado debe garantizar la gobernanza y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a todos los ciudadanos en un entorno de civilidad. Para ello es fundamental la implementación de mecanismos legales encaminados a la organización de actos de protesta y la protección a los participantes. Si a un año del 11-J el artículo constitucional que establece el derecho a las manifestaciones públicas ni siquiera ha sido habilitado, es porque no existe voluntad estatal de aprobar normas al respecto.  

Cuando se proclamó la Constitución en 2019, el Decreto Ley del Consejo de Estado sobre derechos de manifestación y reunión —que regularía el mecanismo para la autorización y realización de manifestaciones y reuniones—, se programó para septiembre 2020. Llegada esta fecha, se planteó que no se aprobaría por la pandemia. Sin embargo, se oficializaron otras normas ligadas a la organización del aparato estatal que ni siquiera estaban en el cronograma inicial. De haber contado con un instrumento legal como este, el pueblo del 11-J quizás hubiera planteado sus demandas en un clima de libertad y tolerancia y no hubiera existido espacio para la violencia callejera y las detenciones masivas.

Por otra parte, a un año del 11-J continúan sin ejecutarse con celeridad una serie de reformas plasmadas en importantes documentos del Partido y el Estado y aprobadas por la voluntad popular. Algunas son leyes programadas por la propia Constitución 2019 y postergadas una y otra vez, como la de Reclamación de los derechos constitucionales ante los Tribunales; otras, como la creación de las mpymes, ya fueron proclamadas, pero su aplicación se dilata absurdamente, a través de un proceso que incluye la aprobación del Consejo de Ministros.

Lo más preocupante en este primer aniversario del estallido social, es que el verano 2022 promete ser aún más difícil que el anterior. La espiral inflacionaria provocada por la «Tarea Ordenamiento» ha alcanzado cifras inimaginables impulsadas por los pobres resultados productivos en las ramas agropecuaria e industrial, la caída de las importaciones y la crisis mundial provocada por la guerra en Ucrania.

La extensión imparable del uso de divisa extranjera —mediante tarjetas MLC, VISA o MASTERCARD—, introduce una distorsión en los mercados que deteriora sin freno el valor del peso cubano y, con él, de los ingresos de las familias trabajadoras. De ahí que la pobreza alcance ribetes extremos en numerosas comunidades urbanas y rurales. Recientemente, manifestaciones airadas en las redes sociales de madres y padres que reclamaban sus derechos conculcados –tanto políticos como económicos?, y la amplia aceptación social que ellas logran, muestran los altos niveles de radicalización alcanzados por amplios sectores sociales.

Ojalá las voces que claman por un diálogo nacional, por la liberalización de la vida económica, la sociedad civil y las opiniones políticas; sean más fuertes que las de los extremistas, de ambos bandos, que se atrincheran en la defensa a cualquier costo de sus dogmas anacrónicos. Es hora de organizar un gran debate nacional con la presencia del Gobierno y actores de la sociedad civil para reorientar los destinos de Cuba hacia una sociedad más plural, democrática y participativa; acorde al modo de producción mixto que se promueve y a los derechos plasmados en la Constitución 2019.

Al odio y la soberbia de los extremismos de cualquier signo político-ideológico, ha de imponerse la voluntad de la mayoría para acabar de sacar a nuestro pueblo de esta sima de odio en la que nos vamos precipitando. El país no es de un grupo particular. Sus campos y ciudades, calles y plazas, no son del Partido/Gobierno/Estado y de los que los respalden: son públicos; es decir, de todo el pueblo cubano.

El Derecho y la Ley en Cuba a un año del 11-J

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(Foto: Cubadebate)

El 11 de julio de 2021 tuvo muchos significados para la sociedad cubana. También los ha tenido para el mundo del Derecho. A las manifestaciones, mayormente pacíficas, que se realizaron en decenas de ciudades del país, el gobierno dio una respuesta jurídica-política que ha zarandeado la precaria legitimidad que la legalidad y el Estado de Derecho conservaban en Cuba.

El Derecho cubano antes del 11 de julio

La bienvenida en 2019 a una Constitución con derechos humanos, supremacía constitucional, Estado socialista de derecho, consagración del habeas corpus y reglas del debido proceso, podía hacer creer que la respuesta a situaciones como las del 11 y 12 de julio de 2021 encontraría formas jurídicas distintas; sin embargo, la reacción del gobierno no dio margen a la prudencia ni a la moderación. El Derecho cubano, atado de forma asfixiante a directrices ideológicas y políticas concretas distintas a las que la Constitución y la ética informan, no pudo resolver —ni científica ni técnicamente— los dilemas jurídicos derivados de aquellos días.

Todos los ordenamientos jurídicos nacionales, del país que sea, han sido producidos por un aparato de poder estatal y tienen lastres políticos e ideológicos. El Derecho no se declara, entonces, independiente de una maquinaria política, pero su legitimidad depende, sin excepciones, de que él mismo produzca los límites de la intervención del Estado, y de los gobiernos que se sucedan, en el desempeño de la legalidad y en la administración de justicia.

El Derecho cubano es, por ende, el del Estado socialista; al menos el del Estado que emergió de la Constitución de 2019: un derecho de la reforma liberal de la economía cubana, jamás completada, y de la reforma de la democracia, jamás comenzada. Si se estudia el ordenamiento jurídico insular, encontraremos en él contradicciones típicas de las etapas de transición del socialismo con un estado todopoderoso, al socialismo con una economía mixta, con propiedad privada, que apuesta por la inversión extranjera y elimina el vocabulario y principios del constitucionalismo soviético.

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Votaron por el «Sí» a la Constitución de 2019, un total de 6.816.169 cubanos, lo que representa el 73.31 % de los electores. (Foto: BBC)

Por otro lado, el Derecho cubano padece graves problemas de unidad interna de su ordenamiento jurídico, pues en él coinciden propuestas de leyes como el Código de las Familias —avanzado, progresista, técnicamente complejo, al rescate de la autonomía de la voluntad para la solución de muchas relaciones jurídicas familiares—, con otras como el Código Penal, que conserva la pena de muerte frente a una Constitución que consagra el derecho a la vida, y penaliza conductas eminentemente civiles, como la manifestación política y la utilización de fondos extranjeros, legalmente recibidos, para desarrollar cualquier actividad que los intérpretes del Derecho consideren contraria al orden político vigente.

A este momento hemos llegado tras décadas de una férrea administrativización del Derecho civil cubano, en un ambiente donde el tráfico jurídico patrimonial —en el que debían resolverse la aplicación de las normas de los derechos de obligaciones y contratos, de propiedad, de sucesiones por causa de muerte, mercantil—, fue amarrado a decisiones menores del Ministerio de Justicia y a otras normas especiales, que redujeron estas ramas del Derecho a indicaciones que los notarios y notarias debían conocer con más profundidad que la ley.

En el ámbito penal la crisis tampoco es nueva. Las políticas penales han sido más importantes que la franca interpretación de la ley durante toda la historia de la institucionalización socialista. Se ha llegado a concebir abominaciones como el Índice de Peligrosidad Pre-delictiva, afortunadamente abrogado en la nueva Ley de Procesos Penales, o como los Delitos Priorizados, estos no reconocidos en la ley pero sí presentes en la vida cotidiana de los operadores del derecho penal en Cuba.

Un delito que se considere priorizado debe juzgarse de forma distinta a la que indica la ley, sus consecuencias trascienden el momento de la instrucción, y de su posible condena porque llega hasta a la prohibición de los beneficios penales que un sancionado merece. Si el delito es priorizado, el sancionado puede encontrarse ante un callejón sin salida.

Aquí también los controles administrativos han sido inmensos. Los jueces son inspeccionados por sus sentencias absolutorias, los fiscales por no mantener la petición de un marco sancionador alto para el acusado, y la propia administración de justicia se ha organizado para priorizar la sanción de los procesados y no precisamente el hallazgo incontestable de la verdad.

La Constitución de 2019 mantuvo la regla, ya existente en la de 1976, de que los Tribunales reciben directrices del Consejo de Estado. Con esto se redondea la influencia del Partido en la administración de justicia, porque en Cuba el Partido dirige al Estado y a la sociedad toda. A tenor con ello, queda en entredicho el principio, también constitucional, de independencia de los jueces.

Tal práctica pudo constatarse en el video, difundido recientemente por Diario de Cuba, de una reunión efectuada en el año 2018 entre dirigentes del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior. En ella, el presidente del Tribunal Supremo declara a viva voz que la administración de justicia se pacta entre los diferentes órganos intervinientes en el proceso penal y deja claro cómo los Tribunales Populares ayudan a la Fiscalía a arreglar sus expedientes y conclusiones provisionales acusatorias con el fin de sancionar de manera categórica a los acusados.

Todo esto ha sucedido en un contexto político de expansión del totalitarismo en el que el Derecho no es precisamente la baza preferida. La ojeriza manifiesta de los cuadros de dirección cubanos a las cuestiones jurídicas no es consecuencia únicamente de su acomodamiento en el burocratismo, sino del desprecio a los límites, a los valores de justicia, equidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, y a cualquier enfoque de derechos humanos en la administración pública y en el funcionamiento interno del Partido.

Se ganó la batalla por la inclusión de los derechos humanos en la Constitución, pero la batalla por la realización de los mismos no ha traído similar victoria. Cuba es, desde la incorporación de esta institución en el proyecto constitucional de Chile, el único país de América Latina que no cuenta con una Defensoría del Pueblo. Somos asimismo un Estado sin control constitucional como actividad especializada en un órgano, ya que no existen en la Isla un Tribunal Constitucional ni otra institución política independiente que realice dicha función, que recae esencialmente en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Para colmo de males, la reciente Ley de Amparo cubana ha reducido la defensa judicial mediante recurso interpuesto a salas de lo constitucional en los tribunales, a los derechos que no puedan defenderse por otra vía procesal, es decir, que no cuenten con un proceso propio de protección. De tal forma, se reducen mucho las posibilidades de desarrollo de esta garantía, esbozada en la Constitución de 2019.

El Derecho ante los hechos del 11 de julio

En este contexto el Derecho cubano no hizo otra cosa que responder como podía. La orden de combate dada el 11 de julio por el presidente de la República, no solo fue para que el pueblo que apoyaba al oficialismo y las instituciones armadas del país se enfrentaran a los manifestantes, sino que se extendió al ámbito de la justicia.

Los días posteriores a los hechos de julio no anunciaban una respuesta legal ajustada a Derecho. Tampoco lo hacían las cientos de detenciones arbitrarias del 11, 12 y días venideros. Además, las manifestaciones fueron consideradas como organizadas desde territorio de los Estados Unidos y orquestadas por la contrarrevolución, lo que dejaba el escenario listo para la represión, también penal.

Es en momentos como estos que una administración de justicia independiente es necesaria y se echa de menos. A la hora en que políticos y miles de personas exigen respuestas punitivas, alguien debe poner un paño frío sobre la zona candente de tensión. Cuando debió darse el ejemplo de una Fiscalía que protegiera los derechos humanos y la Constitución, nos encontramos con miles de detenidos sin garantías del debido proceso, sin paradero conocido, sin derecho a una defensa con las manos desatadas.

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A la hora en que políticos y miles de personas exigen respuestas punitivas, alguien debe poner un paño frío sobre la zona candente de tensión. (Foto: Adalberto Roque/AFP)

La petición fiscal de graves sanciones de privación de libertad por el delito de sedición a los acusados, demostraba que estos procesos no discurrían por un camino de independencia política e ideológica. Ningún fiscal en Cuba habría sido capaz de calificar las manifestaciones del 11 y 12 de julio como sedición, si no se les hubiese indicado cual solución ejemplarizante.

Los Tribunales también tenían las manos atadas. La propaganda política oficial que acompañó este proceso no permitía juzgar de forma independiente y neutral. Gran cantidad de personas menores de edad, pero imputables, habían sido detenidas; las sanciones que se solicitaban para ellas no eran lógicas, no eran educativas, no encontraban correspondencia con los hechos juzgados. Pero fueron sancionados, y cuando fue necesario reducir las sanciones, ello se hizo de la misma manera arbitraria con que se impusieron.

Muchos jueces, fiscales y abogados cubanos no quieren ser parte de ese carnaval dantesco, donde la justicia no importa y los juicios y procesos son resueltos en lugares y momentos distintos a los que manda la ley; pero ese es el ambiente real en el que trabajan y en el que tratan de ser honestos y honestas alguna que otra vez, cuando se les permite.

El Derecho cubano, la legalidad, el orden y la justicia, se tambalean desde mucho antes del 11 de julio de 2021. El golpe brutal que recibió la inocente quijada del Estado cubano hace un año, cuando supo que el pueblo  se podía cansar, gritar, andar, levantar, exigir; no lo ha hecho aprender la lección con humildad y respeto por el soberano a quien se debe, sino que lo ha conducido a reforzar las bases políticas y legales para responder con más severidad a cualquier intento semejante de la gente.

Tampoco es inocente ya el pueblo de Cuba. No lo fueron nunca los pobres que se lanzaron a las calles en julio, los más necesitados y los más preteridos por el proyecto socialista cubano, que hace mucho abandonó su camino hacia la socialización y se concentró en una sola vía hacia el poder absoluto e incontestable de un Partido y una forma exclusiva e incuestionable de organización política, económica, y su correspondiente administración.

La gente aprendió, eso sí, que la ley del pueblo no existe. Que el Derecho en Cuba debe ser cambiado, tanto como la economía y como las formas de hacer política. Que la ley no basta, que hacen falta un Estado y un gobierno que la defiendan, que la respeten, que la dejen ser y proteger, aun cuando esto tenga que ser muchas veces contra los intereses de los poderosos.

La economía cubana un año después del 11-J

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Economía

La economía cubana en 2022 muestra signos evidentes de debilidad. Aunque no se dispone de toda la información sobre su desempeño en 2021 —ya que no se han publicado hasta la fecha los capítulos del Anuario Estadístico relacionados con las cuentas nacionales, la agricultura, el sector externo, el turismo o las finanzas públicas—, las cifras de la industria, la agricultura y las inversiones no permiten suponer un buen desempeño.

En el mes de diciembre de 2021, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anunció que se esperaba un crecimiento del 2% para ese año. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimó en su Balance Preliminar de 2021 que el Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba crecería solo un 0,5%, mientras en su informe del segundo trimestre de 2022, The Economist Intelligence Unit estimó una variación de -0,2% del PIB. Esta última entidad calculó la inflación anual en 255,2% y un balance fiscal en torno a -16,2% respecto al PIB, todo lo cual muestra un panorama macroeconómico muy negativo.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2021 el volumen físico de la producción azucarera se contrajo en 63,7% respecto a 2020, y el de la industria manufacturera no azucarera en 2,3%. La zafra azucarera de 2021/2022 cerró con una producción aproximada de 431 mil toneladas de azúcar, la más baja desde 1900, al punto de resultar insuficiente para asegurar el consumo doméstico.

Para 2022, el ministerio de Economía y Planificación anunció un crecimiento previsto del 4% que, vistos los datos anteriores, muy difícilmente se logre.

La situación actual

Más allá de las cifras, la realidad cotidiana que marca la vida de la inmensa mayoría de los cubanos es muy grave. Han regresado los largos y sistemáticos cortes de energía, que no solo provocan gran malestar en la población, sino que están ocasionando la rotura de equipos electrodomésticos que es muy difícil y costoso reparar y mucho más adquirir nuevos. Se ha agravado la escasez de alimentos y de bienes de consumo en general. Los precios de los alimentos continúan en una espiral ascendente, en tanto los ingresos obtenidos por la población a partir del trabajo resultan insuficientes para asegurar condiciones básicas de vida.

La escasez de combustible ocasiona, además de los cortes de energía, una notable reducción del transporte de pasajeros, servicio en crisis desde hace varios años. En reciente entrevista al medio digital El Toque, el doctor Omar Everleny Pérez afirmó que en La Habana solo estaba funcionando el 30% del parque automotor.

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(Foto: EFE/Yander Zamora)

Aunque hasta el mes de mayo se habían recibido 811.479 viajeros, de los cuales 564.847 eran internacionales, lo que representó un 591,7% de incremento respecto al mismo período de 2021 —un año impactado aún por las restricciones de viajes causadas por la pandemia de Covid-19—, esta cifra es considerablemente inferior a la alcanzada en 2019, que ya mostraba un descenso respecto a la de 2018.

Dicho fenómeno constituye una significativa limitación a la oferta de divisas en el país. Mientras tanto, su demanda crece ante las evidencias de una nueva estampida migratoria, causada por la percepción de muchos cubanos —sobre todo jóvenes— de que no existen en la Isla opciones de prosperidad, o incluso, de satisfacer necesidades elementales para la vida moderna.

Frente a esto, el gobierno ha continuado concentrando sus inversiones en el sector inmobiliario, los servicios empresariales y de alquiler, que en 2021 recibieron el 51,2% de toda la inversión pública. En contraste con la cifra anterior, la industria no azucarera apenas recibió el 13,5%, la azucarera el 0,5%, la agricultura el 2,6%, educación el 1.0% y salud el 1,7%. De acuerdo con un informe elaborado por Ricardo Torres y Ricardo González para el Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) «para 2022 las autoridades prevén construir más de 4.000 habitaciones adicionales, sin embargo el nivel de ocupación en 2021 fue de solo 11,9%, incluyendo el turismo nacional».

En esta crítica situación, se profundizan las desigualdades y la pobreza. Las familias que pueden obtener remesas en divisas tienen oportunidades que parecen negarse a quienes deben vivir por cuenta de sus salarios y pensiones. Especialmente difícil resulta la situación de los adultos mayores, dependientes de pensiones que solo pueden reproducir condiciones de pobreza extrema.

Los errores de política económica

El contexto internacional es especialmente complicado para Cuba, debido a factores como: la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado entre sus efectos el encarecimiento de varias materias primas esenciales, en particular combustibles, fertilizantes y alimentos; la persistencia de las principales sanciones económicas estadounidenses —aunque recientemente el gobierno de Biden desmontó algunas de las que había estipulado Trump— y el encarecimiento de los pasajes aéreos, lo que limita el movimiento de turistas; entre otros.

Sin embargo, los problemas de la economía cubana tienen un componente estructural asociado a errores de política económica de larga data no resueltos. Las autoridades han persistido en una posición inmovilista respecto a los pilares principales sobre los que pretenden conducir la economía del país, a saber: la planificación central, que se ha tornado en realidad administración centralizada, y el predominio de las empresas estatales, que en varias actividades poseen una condición de monopolio. Ello demuestra el desconocimiento de la experiencia histórica.

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(Foto: Diario de Cuba)

En tal sentido, los cambios producidos han sido parciales y carentes de integralidad sistémica. Ni siquiera fueron capaces de cumplir los Lineamientos de política económica y social adoptados en el 6º Congreso del Partido Comunista y actualizados en el 7º, y jamás rindieron cuenta de ello ante la ciudadanía.

Históricamente, los principales cambios económicos se adoptan cuando el país está inmerso en crisis profundas. Así ocurrió a fines de los años sesenta, en los noventa y a inicios de la actual década. Mientras tanto, las medidas adoptadas apuntan siempre a problemas puntuales, sin tomar en cuenta adecuadamente el carácter sistémico de la economía y su relación con el nivel de consenso político de la sociedad.

La política económica implementada ha demostrado el desconocimiento de importantes postulados de la economía política marxista y de algunas reglas básicas de la ciencia económica moderna. No se ha afrontado con contundencia una transformación estructural del sistema productivo y se ha pretendido solucionar los graves problemas económicos desde la esfera de la circulación y no desde la producción.

Por otra parte, no se tuvo en cuenta adecuadamente el impacto inflacionario que tendría el incremento de la oferta monetaria resultado de una reforma de salarios y pensiones en condiciones de estancamiento productivo y escasez de oferta, con lo cual el incremento de los ingresos se ha diluido en los altos niveles de precios, produciendo un deterioro del ingreso real de la mayor parte de la población.

Los principales errores de la política económica reciente han sido:

1) el decreto que permite la creación de micros, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias fue adoptado de forma tardía y con excesivas restricciones;

2) no ha existido una política para la reconstrucción y el desarrollo de la industria y la agricultura y, en el caso específico de la industria azucarera, su descalabro actual es resultado de errores de la más alta dirección del gobierno en su momento, de los cuales no ha rendido cuentas ante la sociedad;

3) no se ha producido una unificación monetaria toda vez que persiste la existencia de un mercado segmentado, en el que el uso de monedas libremente convertibles crece sustancialmente e impide al peso cubano cumplir adecuadamente con las funciones del dinero;

4) la unificación cambiaria se produjo de forma ficticia, con un tipo de cambio sobrevaluado artificialmente y al cual el banco central no puede vender las divisas extranjeras, lo que ocasiona la potenciación de un mercado informal en el que el peso cubano se deprecia sistemáticamente;

5) la política inversionista ha estimulado la deformación estructural de la economía al no priorizar el desarrollo de actividades productivas y de la infraestructura, y ha conducido a reforzar la vulnerabilidad externa; y

6) persisten los monopolios estatales en las comunicaciones, la banca y el comercio exterior, que mantienen un considerable nivel de subdesarrollo respecto al resto del mundo y funcionan con elevados costos de operación que se trasladan a los clientes y conducen a altos niveles de ineficiencia.

Economía
Aglomeración de personas ante una oficina comercial de ETECSA. (Foto: AHORA!)

La economía ineficaz y subdesarrollada y la ausencia de democracia

Los errores de política económica mencionados se cometieron a pesar de las opiniones de la mayor parte de especialistas en economía, con independencia de su lugar de residencia, cuyos criterios y recomendaciones no fueron considerados a la hora de diseñar dichas medidas. Pero, al mismo tiempo, debido al sistema político e institucional existente, no se produce una rendición de cuentas del gobierno ante la sociedad. La ineficacia de la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano supremo del poder del Estado —que no cuestiona ni controla la gestión del gobierno, sino que limita su papel a la aprobación unánime de cuanta medida propone el ejecutivo—, ha contribuido sustancialmente a la debilidad institucional que padece Cuba.

La Constitución de 2019 ha reforzado el carácter autoritario del régimen político, y su validez ha quedado cuestionada en los últimos tiempos ante el incumplimiento por parte de las autoridades de los derechos reconocidos por la Carta Magna. En consecuencia, no es posible que se cumpla la soberanía plena que la Ley de leyes reconoce al pueblo y que este pueda hacer valer su condición de soberano y de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

Tampoco existen mecanismos legales para expresar pacíficamente el disenso o la insatisfacción por la gestión de las autoridades, ni la posibilidad real de elegir a otras, lo cual deja solo el expediente de la protesta social como mecanismo para expresar el descontento frente al desempeño gubernamental. Y este derecho, que está reconocido en países democráticos en los que los ciudadanos disfrutan de libertades políticas, es violado por las autoridades cubanas a pesar del reconocimiento constitucional de dichas libertades.

En 2021 estaban creadas las condiciones para que estallara la protesta social que finalmente se produjo los días 11 y 12 de julio, la cual fue reprimida de forma violenta por las autoridades a través de fuerzas policiales y para-policiales. Sin embargo, las causas reales de dicho estallido social persisten.

La vida cotidiana es cada vez más difícil, la precariedad en la satisfacción de necesidades materiales de la sociedad se agrava, la emigración parece ser la opción más viable para quienes no desean que su vida transcurra sin expectativas de mejoramiento, las desigualdades sociales se agrandan y ellas no resultan de las diferencias de esfuerzos productivos, sino del acceso a vínculos con el poder o a remesas desde el exterior; se refuerza el carácter parasitario del sistema económico y político y se ha incrementado el nivel de pobreza, especialmente en la población mayor y en importantes sectores de la población negra.

Mientras tanto, se han reforzado la represión contra las expresiones de descontento respecto a la gestión gubernamental y la política de exclusiones a quienes desafían al pensamiento único que pretende imponerse. La coerción social y la represión política, junto a una persistente crisis económica que eterniza la insatisfacción de necesidades elementales, constituyen una mezcla explosiva que podría volver a estallar si no se adoptan las transformaciones necesarias para encaminar al país hacia una sociedad más libre políticamente y próspera económicamente.

Oportunidades

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Oportunidades
(Imagen: Wimar Verdecia)

?Qué calor.

?Ya sé por dónde viene, periodista: que la gente no tiene corriente en su casa, mientras en mi oficina disfruto de la temperatura que brinda ese aparato.

?No quise…

?Pero lo hizo. Insinuó que los dirigentes gozamos de prebendas. Sepa que las grandes ideas deben cocinarse a temperatura adecuada. De una de ellas deseo hablarle.

?¿Incluida en la cartera de oportunidades?

?No está en la que se divulgó, sino en la que me carterearon. Se trata de una fábrica de durofríos.

?…

?El durofrío es una de las tradiciones más afincadas a la insularidad. «Defendiendo nuestra cultura popular y sus tradiciones, estamos defendiendo la Revolución», ha dicho Díaz-Canel.

?¿Sobre el durofrío?

?No precisamente, pero me sirve. «La única manera de contrarrestar la colonización cultural a la que se nos intenta someter es cuidando nuestras propias tradiciones», dijo también. Contrarrestar las altas temperaturas es consumir durofrío. La fábrica la construiremos en La Palma, Arroyo Naranjo, en un parque donde a principios de siglo desapareció una estatua.

?La de Justo Vega.

?El mismo. No lo mencione en la entrevista, los lectores pensarán que improvisamos, y nada más lejos de la verdad. La levantaremos justo allí porque anterior a las áreas verdes hubo una fábrica de hielo. La primera piedra la colocará el presidente, aprovechando una visita a La Güinera como parte de las celebraciones por la victoria del 11 de julio. Aquellos sucesos no se hubiesen desencadenado de existir la fábrica de durofríos.

Dice el periódico Trabajadores: «Cuando llegan los meses de verano y el calor se intensifica suelen producirse determinadas sensaciones físicas que promueven estados psicológicos no muy agradables. Incluso percibimos una suerte de molestia desde la que podemos ser invitados a actuar como no lo hacemos usualmente. ¡Alerta!: el calor puede ser un agente dilatador de reacciones inadecuadas. La temporada calurosa del año crea un escenario que el enemigo pretende aprovechar al recalentarlo con acciones abiertas y encubiertas que el pueblo tiene que enfrentar con firmeza y transparencia».

?Pensando como país.

?Ahora que habla de pensamiento: le hemos pedido a Arnaldo y su Talismán, para animar el acto, una versión en español de «La mirada del tigre», el tema del grupo de rock estadounidense Survivor que, como parte de la ola descolonizadora, acompaña el video de Díaz-Canel que colocó Presidencia Cuba en Tik Tok.

?La frase inicial de la canción es significativa: «Ascendiendo, de vuelta a las calles, me tomé mi tiempo, aproveché mis oportunidades».

?¡¿«De vuelta a las calles»?! Coño, con tantas canciones…

?¿Contaremos en este proyecto con inversores extranjeros?

?Como dejó claro el Parlamento en diciembre de 2021, la cooperación extranjera debe avanzar en aras de que halle en los municipios el escenario más apropiado, para que la Isla se convierta, lo desea Marrero, en un municipio autosustentable, siempre que no se olvide de que en el barrio se decide el socialismo, lo expone Lazo. Ya se firmó con Groenlandia un contrato para el traslado de seis témpanos de hielo al año, solo con la ayuda de un remolcador.

A pesar del calentamiento global, o gracias a él, llegarán a Cuba con más de un cincuenta por ciento de aprovechamiento neto, lo que significará cubrir la demanda provincial de durofríos y exportar alguna que otra cantidad a países africanos de secular sequía, con miras a amortizar la inversión.

?¿Funcionó la Ventanilla Única de Inversión Extranjera?

?Qué remedio. La compañera de la otra ventanilla pidió vacaciones.

?¿Se realizan estudios de mercado?

?En la fiesta de apertura del verano se distribuyó un lote de diez toneladas elaboradas artesanalmente. Los durofríos tuvieron una aceptación mayor que los helados, yogures, maltas y refrescos. Que en diez kilómetros a la redonda no se encontrara un helado, una malta, un yogur o un refresco no demerita dicha estadística y abre horizontes para una comercialización proactiva de los beneficios de la fábrica.

?¿No es contraproducente que se edifique en momentos en que el azúcar no satisface los compromisos con China y nos la pone en China para cumplir con nosotros mismos?

?Los durofríos serán elaborados con stevia, un edulcorante obtenido del vegetal de igual nombre que ya se cosecha experimentalmente en Ciego de Ávila, el terruño de Arnaldo, con sabor parecido al de las tisanas de anís que tomaban nuestros abuelos. Es 250 veces más dulce que el azúcar.

?Una cosecha gigante significaría una «Zafra de los 40 millares», etimológicamente más alcanzable.

?Muy sabio su apunte. El Ministerio de Economía insiste en que hay que «cambiar las maneras de pensar y rediseñar los procesos productivos de manera tal que temas como la industria 4.0, la inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y computación de la nube sean otro activo más del sistema empresarial».

?«Big data» vendría siendo un durofrío colosal.

?E «industria 4.0» es la Felton 2, que solo duró cuatro minutos encendida. En la nube estamos para asimilarlo.

?¿Y en cuanto a los sabores de los durofríos?

?Un vendedor callejero de caramelos ha revelado la fórmula del café con leche que oferta en la intersección de Calzada de Bejucal y Porvenir. Con ella comenzaremos. Más tarde serán incorporados el platanito con diaz-epán y otras delicias.

?¿Puede decirse que serán helados de categoría?

?El presidente ha sido enfático: «Las categorías económicas solas no nos darán desarrollo, la primera prioridad es ideológica». Analizado fríamente, quiso decir que lo más importante es hacerse la idea de que consumiremos una golosina gélida como el hielo ártico, no importa los tiempos durofríos que corren.

Tres penumbras

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Tres penumbras
(Foto: María Lucía Expósito)

Debido a la crítica situación energética que atraviesa Cuba, en las últimas semanas el Gobierno retomó la programación de cortes eléctricos. Una nota de la Agencia Cubana de Noticias, replicada por Cubadebate, informaba que hace unos días se encontraban fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la 3 de la CTE Ernesto Guevara, la 4 de la CTE Diez de Octubre y las unidades 3, 4 y 5 de la CTE Antonio Maceo. Detenidas por mantenimiento se informaban la unidad de la CTE Otto Parellada, las 1 y 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la 6 de la CTE Antonio Maceo.

Vía redes sociales, usuarios de la Isla han compartido quejas y aseguran que en sus localidades «los cortes de electricidad son excesivos», mientras, en lugares como La Habana resultan menos frecuentes, lo que indica que la medida no afecta a todos por igual. Este ensayo fotográfico visualiza el contexto de Bejucal, en la provincia Mayabeque; algunos municipios de Pinar del Río, y el barrio capitalino de Jesús María durante las tardes, noches y madrugadas.

Tres días de observación participante por Bejucal confirman que los apagones ocurren desde una mañana entera, las tardes, de 5 p.m. a 8 p.m. y, últimamente, en las madrugadas, a partir de las 12 de la noche hasta el otro día. Los cortes no suceden por igual en todos los barrios y así mismo es con el alumbrado público.

Un salto hasta Pinar del Río no muestra una situación distinta:

«Hace una semana no teníamos corriente doce horas al día», cuenta una estudiante de sexto año de Medicina. Desde su ventana puedo observar el resto de los vecindarios apagados, excepto algunas zonas más al centro de la ciudad de Pinar del Río. «Menos mal que también han priorizado el servicio en los hospitales, lo he visto en las guardias», suspira mientras oscurecemos más en el barrio Maceo, de la capital provincial.

«De día es insoportable igual. El miércoles pasado la quitaron dieciséis horas. Mi mamá, que vive en el municipio Sandino, me dijo que este jueves, por ejemplo, supuestamente por mantenimiento, después de que había venido a las 3 y media de la mañana la restablecieron a las 7 y ahora hasta las 5 no se la van a poner. Ustedes han corrido con suerte en La Habana», asegura.

No existe un plan unificado para organizar los apagones en el país. Cada provincia conforma un cronograma teniendo en cuenta la capacidad de generación eléctrica y la demanda de su territorio; a su vez, los valores dependen del comportamiento del Sistema Electro-energético Nacional (SEN). Las empresas eléctricas locales son las encargadas de diseñar, actualizar e informar a la ciudadanía las afectaciones en el servicio, al menos es lo que está establecido.

No obstante, una afectada comenta: «¡Nada de avisar! Eso es cuando les dé el deseo a ellos de tumbártela. La comida se echa a perder, yo me he quedado sin comer».

En La Habana, los cortes se organizan por municipios y zonas afectadas. En cambio, en el resto de las provincias se programan a partir del sistema de rotación de bloques o circuitos.

Según la cantidad de consumidores, existen entre tres y ocho bloques por territorio que se desconectan una o varias veces al día en horarios específicos. Inicialmente, la Unión Eléctrica (UNE) anunció que los apagones tendrían una duración de entre cuatro y ocho horas, luego advirtió que los cortes podrían cubrir hasta la mitad del día, una situación que desde hace semanas han denunciado los ciudadanos en redes sociales y que en determinadas localidades ha excedido ese tiempo. No hay normas claras al respecto, todo depende del aumento o disminución del déficit.

Jesús María es un consejo popular habanero cercano a varios hoteles, instituciones y sitios de referencia gubernamental. Allí es mucho menos frecuente el apagón. Cuando se producen, en su mayoría ocurren en horarios de la mañana y la tarde, y en menos intervalos de tiempo que en las comunidades antes mencionadas. Pablo Emilio Escobar, mi vecino de enfrente, dice jocosamente que eso es porque aquí miden exacto el tiempo para tirarse y eso se sabe.

Hace unos días, reporté telefónicamente un incidente en la zona de Misión y Suárez y la operadora añadió que ya había sido reportado diez veces. En menos de una hora estaba resuelto.

El SEN debe trabajar con una reserva igual o mayor a 500 megavatios (MW), pero las propias autoridades han reconocido que desde hace meses operan con bajos niveles o, incluso, sin reserva. En estas circunstancias, hasta un ligero aumento de la demanda puede desestabilizar el fluido eléctrico, en especial en horarios pico. Como consecuencia, se apagan varios circuitos para evitar que el consumo sobrepase la disponibilidad del servicio.

Ante el Consejo de Ministros, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel señaló como causas fundamentales la coincidencia de roturas, la falta de mantenimiento de las unidades generadoras y la escasez de combustible. Edier Guzmán Pacheco, director de Generación de la Unión Nacional Eléctrica, explicó en el programa Mesa Redonda que el país tiene una potencia de 6 499 MW instalados, cuya principal fuente son las centrales termoeléctricas, con 2 608 MW distribuidos en 20 unidades.

Un especial de análisis en la revista El Toque notifica que a partir de las denuncias en redes sociales sobre la situación energética, el equipo DeFacto realizó un seguimiento de la etiqueta #ReportoApagon en Twitter, entre el 17 de mayo y el 11 de junio. Además, se revisaron publicaciones de Facebook con opiniones al respecto. Con los datos recopilados, se conformó un registro de 126 reportes, que incluyen datos de catorce provincias, considerando únicamente las publicaciones que mencionan el lugar donde ocurrió la afectación. Si bien el procedimiento no representa de manera absoluta la realidad, es una alternativa ante la falta de datos oficiales y sirve como referencia.

Solo durante la jornada del 21 de mayo, se informaron cincuenta y dos cortes eléctricos en Cuba. En total, trece de las quince provincias sufrieron interrupciones, excepto La Habana, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Estos dos últimos territorios tampoco reportaron apagones en el resto de los días analizados y, según la ONEI, son los que menos energía eléctrica consumen en el país, lo cual justifica que sean menos afectados.

El presidente cubano reconoció el  pasado 16 de junio, en la televisión nacional, las insatisfacciones de la población derivadas de las dificultades en el servicio eléctrico durante las últimas semanas. Recordó que las plantas generadoras precisan de mantenimiento, unas en proceso y otras que necesitan de inversiones que ahora no están a la mano. No obstante, afirmó, se han contratado obras de mantenimiento con fondos provenientes de la incipiente recuperación del turismo, aunque reconoció que son insuficientes.

Se fue la luz. De nuevo. Se oye el murmullo de desaliento si esto es a la hora de la novela brasileña. Se encienden velas, mecheros de alcohol. Algunos hacen pequeñas fogatas. Huele a caldosa. No ha venido. Son ya las 2 a.m. Unos sillones han salido a las aceras. Los mecen los cuerpos con abanicos. El calor es insoportable. Por las ventanas, sobre el vapor, se sienten las gargantas de los que han podido quedarse dormidos.

Allá, donde la luz del parque es un alivio, un grupo de jóvenes parlotea y presume de la batería de sus teléfonos móviles. Unas cuadras adelante, la luz de alguna linterna trasluce las puertas de cristal y en el contén, sentado, alguien se queja de los mosquitos. Un tríptico común presenciado durante las noches de apagón en las localidades citadas.

El primer objetivo

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Primer objetivo
(Foto: themindfulword)

Uno de mis amigos, sagaz ingeniero, me cuenta con dolor que en la empresa a la que dedicó varios años de trabajo las cosas no han ido bien. Cada día se incumple más el plan laboral, y los nuevos que llegan apenas duran lo suficiente para decepcionarse. Terminan su servicio social y parten. Incluso, a veces se van sin finalizar siquiera esos dos años reglamentarios. Cuando le pregunto, casi en un ejercicio retórico, a qué se debe tal debacle, mi amigo solo señala: «Los directivos de allí todos los días repiten que el primer objetivo a cumplir es político-ideológico. Así, nada se desarrolla».

Aunque pudiera parecer un tanto absoluta la sentencia, cuando uno le mete cabeza al asunto, y lo va cotejando con esferas y sectores de la sociedad que hemos padecido durante décadas, no le falta razón al veterano ingeniero.

La maquinaria burocrática que se empoderó en Cuba luego de la genuina Revolución de 1959, fue poco a poco diseñando un método de funcionamiento social en el que la confiabilidad política, la incondicionalidad militante, el «compromiso» con la causa que desde las alturas se decía defender, constituían las prioridades de todas las instituciones y organizaciones. De ese dogma se derivaban cuanta normativa, estructura y forma de trabajo surgiera.

De tal suerte, lo mismo si usted iba a ser promovido para una dirección científica, estaba propuesto para viajar a un evento o iba a dirigir una cooperativa agropecuaria en la punta de Maisí; el principal parámetro para medirlo era su identificación total con la doctrina de los mandantes. En segundo plano podrían quedar su capacidad de análisis, su talento organizativo, la laboriosidad y profesionalidad de su desempeño. Verifíquenlo. ¿Es confiable? Póngalo en la tarea.

¿Alguien recuerda el nefasto artículo de 2019 de la entonces viceministra de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, titulado: «Ser profesor universitario»? En él, la autora comenzaba preguntándose: «¿Se podría ser un profesor en Cuba lejano a las políticas del país? ¿Se podría ser un profesor que no defienda a ultranza cada paso que se da en la Revolución?»; y concluía, sin el mínimo rubor: «El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario».

No importa que usted sea el mejor investigador, el más apasionado docente, el más constante tutor de tesis. Si no se siente el «activista» del PCC que se espera, entonces renuncie, o mejor, lo renunciamos, como tan bien ha documentado la prensa alternativa al bloque Estado/Partido/Gobierno.

Primer objetivo
El profesor René Fidel González García fue expulsado de la Universidad de Oriente por motivos políticos (Foto: Facebook / René Fidel González García)

Por supuesto, esta visión totalizadora y dogmática (valga la redundancia), se ha preocupado por blindarse en el ámbito legal. Desde la Constitución que consagra la fuerza del Partido por encima del Parlamento, las leyes y hasta de los dioses si vienen a cuento; hasta cada resolución, decreto e indicación desde arriba, todo está concebido para mantener el conservador y discriminatorio statu quo.

Un buen ejemplo al respecto podría ser el funesto Decreto-Ley no. 35: «De las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico (2021)», que si bien venía a establecer necesarias delimitaciones, se concibió más como una mordaza y un instrumento represivo que como una normativa para facilitar y ampliar procesos.

En su artículo 3, donde se declaran los objetivos generales de la regulación, el primer inciso reza: «Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución». Y es solo cuatro incisos más tarde que se afirma como meta: «promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones/TIC en función del desarrollo de la informatización del país». La realidad nos permite apreciar a simple vista cuán relegado ha estado este último objetivo.  

Tales aires han traído las tormentas que nos azotan. Y, en el turbión de chapucerías, ineficiencias e injusticias, el predominio de máscaras. Así, desde el simple trabajador hasta el encumbrado jefe, comprendieron hace mucho que había que «actuar»; simular en la lucha por la vida, diría el gran José Ingenieros. No importa que la escuela, la fábrica o el estadio deportivo vayan de mal en peor. Si los trabajadores gritan fuerte en el matutino su carácter revolucionario-patriótico-combativo, los «cuadros» asienten satisfechos, inflan planillas de sobrecumplimientos, contentan a los del nivel central y felices todos a seguir construyendo la utopía.

Con el único ligero detalle de que la utopía, cada segundo que transcurre, se cae a pedazos.

«¿Débito o crédito?» Los bancos comunitarios contra la extorsión del sistema financiero

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Débito - bancos
Moneda social palma. (Foto: Instituto Palma)

por Hamilton Rocha (1) y Fernando Bretas (2)

La lógica capitalista, basada en la distribución de la miseria y la apropiación individual de la riqueza, tiene su máximo exponente en el capital financiero. Uno de los ejemplos de esta extorsión son las tasas y comisiones bancarias cobradas por el sistema financiero.

En Brasil, por ejemplo, una población de diez mil personas que gasta, en media, diez reales brasileños por día, permite que el banquero desvíe aproximadamente 1 800 000 reales por año, gracias a las comisiones —de entre 2% y 5% por operación de pago— solo por el uso de tarjetas bancarias. Todo eso sin contar los intereses, cuotas pagadas por mantenimiento y los servicios asociados a la cuenta bancaria corriente.

Debido a tantos problemas que debe enfrentar una población desprevenida y con déficits en educación, salud y condiciones mínimas de sobrevivencia, como es el caso de la brasileña, era necesario pensar en una nueva forma de relacionar a esas poblaciones excluidas con este sistema perverso que, a pesar del discurso aparentemente maravilloso y democrático, esclaviza y mata.

La economía solidaria se presenta como un fenómeno social a contracorriente del sistema financiero. Basada en un sistema de propiedad colectiva de los medios de producción e intercambios solidarios, busca resolver los problemas reales de las poblaciones donde se implementa, como el desempleo, el acceso a los ingresos, el perjuicio económico que a veces se expresa brutalmente a través de la simple eliminación de las condiciones de vida de los miserables, negándoles la posibilidad de trabajar.

Siempre tiene presente que la socialización del control sobre los medios de producción es un movimiento cargado de contradicciones por vivir dentro del capitalismo, pero que, en oposición a él, alberga el embrión de una nueva posibilidad de sociedad con las relaciones que se propone construir.

Se estima que aproximadamente dos millones de personas están involucradas de alguna manera con la economía solidaria, entre los más de tres mil diversos grupos existente en comunidades y periferias. Se trata, por tanto, de un fenómeno creciente de organización económica.

Entre las variadas maneras de materialización de esta organización, los Bancos Comunitarios son la forma más característica. Son organizaciones formadas en las comunidades, por iniciativa de sus habitantes y bajo su dirección, con la tarea de actuar en los territorios como un movimiento social organizado y estructurado de intervención económica.

Débito - bancos
Banco Comunitario. Chapada Gaúcha, Minas Gerais, Brasil. (Foto: Divulgación/Banco Central do Brasil)

Su objetivo principal es brindar a los participantes la posibilidad de acceder a productos financieros que los bancos tradicionales les niegan, al considerar «inviable» desde el punto de vista del beneficio económico atender a las personas más pobres.

De esta forma, su dinámica termina por retirar el velo que cubre toda la crueldad del sistema, demostrando en la práctica cómo se produce la apropiación de los ingresos del trabajo de cada participante de la comunidad por parte de la banca convencional.

Esto ocurre independientemente del aspecto ideológico, en la medida en que, ya sea en una economía planificada u otra regida por el mito del libre mercado, la concentración del capital es una realidad y su apropiación por parte de quienes no generan la riqueza producida es una triste verdad.

La idea de la Economía Solidaria y de los Bancos Comunitarios (BC) no es nueva. Su génesis remite al período de crisis económica de los gobiernos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso, a fines de la década de los noventa del siglo pasado. Presionadas por el empobrecimiento de la población y su literal exclusión como sujetos económicos, las periferias comenzaron a organizarse para ofrecer alimento y techo a sus habitantes.

Después de garantizar, aun tímidamente, la creación de ingresos y trabajo remunerado dentro de sus territorios a través de pequeñas iniciativas: venta de productos artesanales, alimentos producidos en sus patios o en sus cocinas, servicios de carpintería, remodelaciones de edificios, trabajo doméstico, salones de belleza, clases particulares, pequeñas negocios y emporios, en definitiva, un sinfín de actividades antes inviabilizadas, comenzaron a verse y a valorarse. La falta de recursos provocó que el trueque fuese la moneda de cambio más frecuente. Era difícil ver que en los albores del siglo XXI Brasil regresaba a los inicios del feudalismo.

Con el advenimiento de los gobiernos populares de Lula y Dilma, este tipo de economía alternativa ganó mayor peso y comenzó a estudiarse en las academias. El movimiento, fragmentado y desarticulado, empezó a articularse y presionar al gobierno por la creación de un marco legal para el sector, además de su institucionalización dentro del aparato estatal. Así se realizó el Congreso Nacional de Economía Solidaria y se crearon los foros municipales, estaduales y nacionales sobre Economía Solidaria, además de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria en el ámbito del Ministerio de Economía.

A pesar del aparato institucional conquistado, la lucha contra el sistema financiero no es tarea fácil. La Economía Solidaria y los bancos comunitarios intentaron fortalecerse como entidades autónomas, pero varios problemas políticos e institucionales las convirtieron en rehenes de las políticas sociales gubernamentales. Lo que era un apoyo político-institucional pasó a ser una dependencia económica de las iniciativas del poder político de turno, y los bancos comunitarios no lograron establecerse.

Era necesario revertir el golpe militar-parlamentario perpetrado contra el pueblo brasileño para que le diésemos la debida importancia al movimiento que antes se manipulaba. Con la reinstauración de la pobreza en el país, este tipo de organización ha cobrado relevancia, ya que las clases más pobres, que habían acumulado importantes ganancias en ingresos y prestigio social a través de las políticas sociales y económicas de los gobiernos de izquierda, ahora enfrentaban el retorno de exclusión social y económica, agravado por el prejuicio social tras la elección del fascista Bolsonaro.

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En el mercado Lucena, ciudad de Igaci Alagoas, se aceptan monedas comunitarias. (Foto: Beto Macário / UOL)

El resultado del revés fue el regreso del hambre y la precariedad a las comunidades pobres, que quedaron huérfanas de los programas sociales gubernamentales y debieron organizarse para no sucumbir. En esa coyuntura, el sector se estructuró al margen del Estado. Pasamos de uno a 150 bancos comunitarios, que se asociaron a la Red Brasileña de Bancos Comunitarios.

Esta red, además de la importancia institucional de reunir las luchas del sector y su representatividad ante otros organismos públicos y privados nacionales, promueve la creación de ese tipo de banco en todo Brasil y gestiona la aplicación desarrollada por la red, que es utilizada por sus asociados para el trabajo de cada uno de los bancos afiliados, denominados E-dinheiro.

En 2021, E-dinheiro tenía alrededor de 140.000 cuentas activas, con más de 20.000 comercios locales registrados. Por su cuentas circularan cerca de 450 millones de reales y devolvió a las comunidades unos 4 millones de reales por concepto de tasas; proporcionalmente al uso de la aplicación por parte de sus clientes/participantes. Se pagaron más de un millón de facturas y se ofrecieron sinfín de servicios más: pago de cuentas de luz, agua, gas, nóminas de empresas colaboradoras, etc., a través de monedas sociales establecidas por los bancos comunitarios afiliados.

Dichas monedas son administradas de forma autónoma por cada banco comunitario. A lo anterior debemos agregar los fondos de microcrédito solidario para financiar actividades locales en las comunidades o para financiar actividades comunitarias que aumenten la calidad de vida o la riqueza de las comunidades. Hoy cada banco tiene uno o más fondos de solidaridad para actividades específicas, que van desde microcréditos para desempleados hasta financiamiento de infraestructura de energía limpia para uso de las comunidades.

De forma bien simplificada, la metodología de los bancos comunitarios se puede describir de la siguiente manera. Todos estos recursos son administrados a través de monedas sociales que tienen algunas características establecidas por la regulación del Banco Central de Brasil:

– Paridad con el real;

– Convertibilidad en reales

– Fondo en reales depositados en Bancos Públicos Federales.

– Cada moneda solo circula en una región determinada por el Banco Comunitario.

De esta forma se garantiza la convertibilidad de la moneda social en reales, en cualquier momento, brindando seguridad institucional a los participantes. La operacionalización del proceso es simple:

Supongamos que trabajas y recibes tu salario en reales. Depositas el dinero en el banco comunitario y este convierte los reales en la moneda social que administra. El banco, por su parte, deposita los reales que usted le entregó en su  cuenta en un banco público federal con control gubernamental y pone a disposición la misma cantidad en su cuenta, solo que en la moneda social.

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Moneda Mumbuca. (Foto: Evelen Gouvêa)

Luego vas de compras en el territorio que cubre la moneda social, generalmente el municipio o un barrio específico de una gran ciudad. Compras en la carnicería, panadería, mercado —todos registrados en el banco comunitario y también sus clientes. Pagas las compras con moneda social y el empresario recibe el valor en su cuenta del banco comunitario, a través de una transferencia bancaria entre el cliente y el comerciante.

Esta operación genera un costo que es un porcentaje de la compra realizada. La mitad de este porcentaje se utiliza para mantener la aplicación digital y el trabajo institucional de la Red de Bancos Comunitarios. La otra mitad se destina al propio banco y sirve para costear su mantenimiento.

El comerciante puede entonces transformar el monto transferido a su cuenta en reales para abastecer su negocio fuera de la región cubierta por la moneda social, o puede abastecer su negocio con productos de productores locales que serán pagados con la moneda social. Así, la moneda social circula de mano en mano en ese mercado específico, haciendo que la riqueza circule en la propia región, desarrollando y apalancando negocios que antes no hubieran podido existir y contratando personas cuyo trabajo generará más riqueza. Se crea así un círculo virtuoso que alimenta la economía y ayuda a desarrollar la comunidad de manera autónoma e independiente de instituciones, personas y gobiernos.

Imagine el carácter liberador y concientizador de este proceso para las comunidades. Hay numerosos relatos de compañeros que han cambiado sus vidas, las de sus familias y de las de sus comunidades con la llegada de los bancos comunitarios a sus regiones.

Los bancos comunitarios muestran, en la práctica, el modo en que toda actividad capitalista apunta a la acumulación privada de capital a costa de excluir del sistema bancario a los estratos más pobres; además de apropiarse de gran parte de la renta y de los derechos comerciales y financieros que le corresponden. Para ello, utiliza los más variados métodos, como tipos de interés superiores al 300% anual, comisiones desorbitadas por servicios bancarios irrelevantes y gestión de capital privado y público con el fin de maximizar los resultados financieros de los bancos a costa de los  propios clientes que depositan sus ahorros.

En Brasil, esa irresponsabilidad social produce una alta tasa de exclusión de personas del mercado de trabajo con derechos laborales reconocidos: si sumamos los 14 millones de desempleados formales, los 5 millones que abandonaron la búsqueda de empleo y los 38 millones de trabajadores informales o precarios, tenemos una masa de 57 millones de trabajadores.

Eso significa que la mitad de las personas económicamente activas del país son excluidas del sistema de protección social, condición que afecta directamente a los miembros de sus familias. El resultado es claro: la mitad de los brasileños (más de 100 millones) ganan hasta R$ 438,00 por mes, en un país donde la educación, la salud y la vivienda son actividades económicas mayoritariamente privadas.

Mientras tanto, en 2020, año de inicio de la pandemia, los bancos crecieron un 27% y los tres mayores bancos del país obtuvieron 52 mil millones de reales en ganancias. Vale recordar que en Brasil ningún empresario o patrón paga impuestos por sus ganancias. Por eso no es difícil entender que el sueño de tener un buen trabajo, dependiendo de los capitalistas, será cada vez más imposible para la gran mayoría de los trabajadores y que será necesario encontrar, colectivamente, una solución política, económica y social que ofrezca condiciones dignas de empleo e ingresos.

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Moneda social palma en mercado comunitario, en Río de Janeiro. (Foto: J. Cardiano/ A Voz das Comunidades)

Los trabajadores necesitan saber cuáles son sus necesidades e intereses comunes, comprender la importancia de unirse y organizarse, definir tácticas y estrategias para movilizar al mayor número de personas y ganar fuerza para enfrentar gobiernos y organizaciones de la élite gobernante, forjando un liderazgo capaz de operar una lucha victoriosa y favorable a su comunidad, estableciendo, como resultado, lazos cada vez más profundos de confianza y reforzando su autoestima, factor fundamental para el logro de los objetivos comunitarios.

El pueblo trabajador necesita asumir la tarea de rediscutir sus intereses y organizarse de manera independiente, sentir su fuerza, percibir su capacidad de transformación, ya sea en el lugar de trabajo o en los barrios donde se concentran muchos jóvenes y trabajadores desocupados o precarizados.

Con su uso a gran escala, este sistema de bancos comunitarios fortalece las relaciones dentro de las comunidades, al posibilitar la oferta de créditos a bajo interés, accesibles sin discriminación social, racial, de género, política o por orientación sexual religiosa. Todas las operaciones, incluidas las de compra y venta, se realizan a través del celular, eliminando el uso de “tarjetas y pos”, y así las operaciones económicas resultan mucho más baratas.

Las personas que no cuentan con celular también pueden participar del sistema, mediante una tarjeta especial que se utiliza en los comercios por medio del celular del comerciante. Esto permite la reducción de los precios finales al consumidor y elimina los intermediarios financieros.

Finalmente, los bancos comunitarios también tienen la vocación de promover la educación, ya sea en el área de la economía y las finanzas; social, política o en las áreas de formación profesional y de gestión, para equipar al trabajador con conocimiento para cualificar su trabajo y enfrentar nuevos desafíos, un nuevo trabajo, o articulando grupos de trabajadores cooperativistas. La adopción de este sistema por parte de la comunidad refuerza la confianza como colectivo y da fuerza política para poder luchar por otras reivindicaciones mayores.

Sin embargo, implementar una opción como esta no es un paseo por el malecón. Detrás de estos objetivos tan auspiciosos hay una experiencia de más de veinte años de luchas, avances y retrocesos, negociaciones y presiones de grupos económicos que, conscientes del potencial explosivo de la propuesta, hacer todo lo posible para dificultar la implementación de esta tecnología social en las comunidades.

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Moneda-social digital Araribioa, lanzada por la alcaldía de Niteroi, Río de Janeiro.

Ante estas dificultades, el foro de bancos comunitarios de São Paulo, asociado a la Red Brasileña de Bancos Comunitarios, ha jugado un papel muy importante en la sistematización y difusión de estrategias para la implementación de bancos comunitarios de desarrollo. Entre ellos, el más reciente y prometedor es la creación de un curso para la creación de bancos comunitarios. En este se condensan y sistematizan veintidós años de experiencias, avances y retrocesos, presentados en módulos que pueden ser secuenciados según el deseo y/o falta de colectivos en relación a los temas abordados.

El curso tiene una duración de diez meses, con una clase por semana. Estamos brindando el curso en español y esperamos que esté listo en este año. El objetivo es hacer que esta tecnología social esté disponible en toda América Latina de manera sistemática, para que pueda ser replicada en todas las comunidades marcadas por la escasez, miseria y exclusión.

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(1) Hamilton Rocha es sociólogo, investigador en bancos comunitarios y ha colaborado con el Banco Comunitario União Sampaio de la Unión Popular de Mujeres. Participa de la coordinación de la Red Paulista de Bancos Comunitarios y promueve la creación de bancos comunitarios, realizando seminarios y conferencias sobre el tema.

(2) Fernando Bretas es administrador especialista en Gestión Estratégica Pública y Privada, desarrolló trabajos de Economía Solidaria y microcrédito en Bancos Públicos en las décadas de 1990 y 2000. En los últimos años ha trabajado en la movilización comunitaria en torno a proyectos de autonomía local y organización social y política.