Si bien la Revolución Cubana de 1959 tuvo enorme apoyo popular, especialmente en sus años iniciales, ese apoyo no se reflejó en iniciativas autónomas de poder desde abajo. Ese no fue el caso durante la frustrada revolución del 1933, cuando la clase obrera desempeñó un papel mucho más importante que en 1959.
Así lo señaló, en 1935, la Foreign Policy Association en su conocido estudio Problems of the New Cuba, donde cita el gran número de huelgas ocurridas en agosto y septiembre de 1933, cuando no menos de treinta y seis centrales fueron ocupados por los trabajadores, quienes además formaron «soviets» en varios de ellos, como los del Mabay, Jaronú, Senado, y Santa Lucia (183). Dichas acciones fueron luchas autónomas desde abajo, similares a las acaecidas en las revoluciones de México y Bolivia, entre otras en la América Latina, así como en la Revolución Rusa de 1917 y la Húngara de 1956.
Es significativo que a principios de la Revolución de 1959 en Cuba, cuando algunos comunistas procedentes del Partido Socialista Popular (PSP) que todavía se mantenían a cierta distancia del Gobierno Revolucionario fomentaron la ocupación de tierras por campesinos, Fidel Castro condenara pública y enérgicamente esas acciones.
En entrevista televisada el 19 de febrero del referido año, el máximo líder se opuso a la distribución «anárquica» de la tierra e insistió en que las personas involucradas en cualquier reparto previo a la nueva ley, perderían el derecho a obtener los beneficios que la misma otorgara. Asimismo, denunció como criminal cualquier iniciativa independiente para distribuir tierras que pasara por alto al Gobierno Revolucionario y a la futura ley de reforma agraria.
Durante las semanas anteriores a que la ley fuera emitida, se perfilaron otros aspectos que caracterizarían el modus operandi desde arriba del gobierno presidido por Fidel Castro. Por un lado, casi todos los cubanos, sin distinción de clase, se declararon partidarios de la todavía desconocida normativa. Los diversos «apoyos» prometidos al nuevo orden agrario por una extensa gama de grupos sociales incluyeron hasta el de los grandes hacendados y colonos, que donaron tractores y otros implementos con el pretendido propósito de apoyarlo, aunque por supuesto mantuvieron que esta reforma debía preservar sus enormes propiedades agrícolas.
Por otro lado, nadie sabía en realidad qué incluiría la ley y cuán radical sería. Cuando por fin fue decretada, el 17 de mayo de 1959, ni siquiera había sido discutida por el gabinete del Gobierno Revolucionario —mucho menos por ninguno de los grupos u organizaciones revolucionarias. De hecho, fue redactada por un pequeño grupo de líderes del Partido Comunista (PSP) y del ala del Movimiento 26 de Julio cercana al PSP, durante una serie de reuniones en la casa de Ernesto Che Guevara, en la playa de Tarará.
Fue sin duda una ley radical en el sentido de que de un golpe eliminó el latifundio en Cuba. Su radicalidad es particularmente evidente cuando se le compara con la muy modesta Ley #3 de reforma agraria que Fidel Castro dictó el 10 de octubre de 1958 en la Sierra Maestra y que fue una breve declaración de principios que prometía que el futuro gobierno se enfrentaría con el tema agrario y su primer paso consistiría en garantizarle al campesino cubano su permanencia en la tierra.
Más allá de eso, los pronunciamientos respecto al asunto evitaron cualquier tipo de promesa específica y evadieron temas escabrosos, como la compensación a los viejos propietarios por las tierras confiscadas por el estado, cuestión que menos de veinte años antes había dividido a los constituyentes de 1940. Esa falta de especificidad caracterizó la política social moderada adoptada por los líderes revolucionarios aproximadamente desde 1956 hasta 1958, para evitar desacuerdos dentro de la amplia coalición opuesta a la dictadura batistiana.
Fidel Castro junto al doctor Osvaldo Dorticós, ministro Encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias, firma la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959. (Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas)
Fue durante esa época que Fidel Castro se alejó, por las mismas razones tácticas, de los pronunciamientos sociales y económicos más radicales de La Historia Me Absolverá de 1953, con el fin de acomodar el creciente apoyo de la clase media cubana e inclusive de algunos capitalistas importantes. Al mismo tiempo intensificó su militancia contra Batista, lo que resultó en una política que combinaba la militancia armada con una postura moderada en cuestiones socioeconómicas.
Es significativo que el breve giro moderado de Fidel Castro en materia socioeconómica fuera aceptado incluso por toda la oposición armada. En tal sentido vale notar que cuando el Buró Obrero del supuestamente más izquierdista Segundo Frente, dirigido por Raúl Castro en Oriente, se declaró a favor de una reforma agraria, lo hizo también en términos muy generales.
La Ley de Reforma Agraria de mayo del 1959 gozó de enorme apoyo por parte de una población cada vez más radicalizada debido a las medidas que el Gobierno Revolucionario había adoptado, como la reforma urbana que redujo substancialmente los alquileres, y por el creciente sentimiento antimperialista que provocara la hostilidad de Washington y la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos a la Revolución.
La gran popularidad de la mencionada ley no detrae del hecho de que fue una reforma de arriba hacia abajo, de la misma manera que las otras reformas lo habían sido: anunciadas de repente como un fait acompli, sin ningún proceso previo de discusión sobre su contenido organizado por las organizaciones revolucionarias y por el gobierno.
El gobierno se aseguró también de mantener su control durante la etapa de implementación de la ley, otorgando ese papel al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Ejército Rebelde. Se aseguraba así de no involucrar la actividad autónoma de los campesinos deseosos de obtener sus propias tierras, aunque hubieran seguido al pie de la letra lo dispuesto en la nueva legislación.
La popularidad de la reforma agraria y otras medidas adoptadas por el Gobierno Revolucionario, se evidenció en las enormes manifestaciones de carácter plebiscitario que también caracterizarían el proceso. Todo lo cual pone de manifiesto que, si bien hubo un amplísimo apoyo y participación popular en la Revolución, esto no se reflejó en un control democrático desde abajo. El gobierno decidió cada paso y se encargó de impedir cualquier acción independiente organizada desde abajo; la población apoyó las decisiones del gobierno pero no participó en la toma de decisiones.
La reforma agraria del 1959 fue un paso muy importante en la consolidación del modus operandi desde arriba del Gobierno Revolucionario. Le confirió a Fidel Castro y a su grupo un enorme poder y la libertad para ejercerlo con un mínimo de obligaciones limitantes.
El formidable capital político acumulado en los primeros meses de la Revolución, no solo les permitió consolidar la política agraria, sino también radicalizarla y reorientarla hacia la propiedad estatal de la agricultura con la Segunda ley reforma agraria, dictada cuatro años más tarde, el 3 de octubre de 1963. La misma limitó la extensión de tierras que podían poseer los campesinos privados de 402 a 67 acres (5 caballerías), al tiempo que extendió considerablemente las Granjas del Pueblo (del estado) hasta convertirlas en la institución principal de la agricultura cubana.
Hay que advertir, sin embargo, que mientras la reforma agraria de 1959 significó la satisfacción de los grandes anhelos campesinos y populares, no se puede afirmar lo mismo respecto a la reforma agraria de 1963, que significó, más que nada, el anhelo burocrático de un régimen que ya se había declarado «socialista» y estaba abiertamente tratando de implantar una versión caribeña del modelo soviético de colectivización de la agricultura.
Eso no quiere decir que los campesinos, obreros y el pueblo en general se opusieron al monopolio estatal de la agricultura y la industria. Mientras las grandes mayorías sintieron que se habían beneficiado por las acciones del Gobierno Revolucionario —a través por ejemplo de la reforma urbana y la movilidad social—, continuaron su identificación con la política antiimperialista del gobierno y siguieron apoyándolo. Los que se opusieron al régimen tuvieron que pagar un alto precio, como su exclusión de la educación superior y discriminación en el empleo. Y si estas medidas no eran suficientes para doblegar a los descontentos, siempre quedaban la represión sistemática de la Seguridad del Estado, la cárcel y el paredón.
Transición del sistema político hacia el control desde arriba
Es cierto que en 1959 Fidel Castro y su grupo de allegados tuvieron que lidiar con otra serie de individuos y grupos relativamente independientes que no se ajustaban fácilmente a sus orientaciones políticas. Aprovechando hábilmente las oportunidades que iban surgiendo, las fue eliminando una a una. Así ocurrió en los casos del presidente Manuel Urrutia, forzado a dimitir en julio del 1959 y del Comandante Huber Matos, acusado de traicionar a la Revolución por haberse atrevido a renunciar a su cargo y condenado, en octubre de 1959, a veinte años de prisión; o como en el caso de la prensa y medios de comunicación independientes, que desaparecen a mediados de 1960 con el control por el gobierno de casi todos los periódicos y estaciones de radio y televisión en la Isla.
Más importante aún fue el control del movimiento sindical por el nuevo régimen revolucionario. Fidel Castro intervino personalmente en las elecciones del liderazgo obrero nacional en el X Congreso de la CTC, llevado a cabo en noviembre de 1959, para asegurar la victoria de los elementos procomunistas en el movimiento sindical.
El proceso de elecciones a la convención del Congreso había iniciado en la primavera del 59 con elecciones libres a nivel local, seguidas por elecciones a nivel provincial. Desde un principio fue claro que los candidatos asociados con el Movimiento 26 de julio eran los grandes ganadores; en tanto, los comunistas obtuvieron solamente alrededor del diez por ciento de los puestos sindicales (aunque es necesario reconocer que algunos candidatos electos que pertenecían al 26 de julio simpatizaban con el PSP).
Los resultados de las elecciones a nivel nacional para escoger delegados al Congreso fueron muy similares. Era claro que los comunistas serían derrotados y excluidos del liderazgo obrero. Fue entonces que Fidel Castro intervino para impedirlo, imponiendo su propia lista que, si bien no incluyó a los comunistas sindicales más conocidos, puso el control de la CTC en manos de los llamados elementos unitarios del Movimiento 26 de julio, favorables a los comunistas y encabezados por el líder sindical Jesús Soto.
Después de la conclusión del congreso, el Ministerio del Trabajo, en colaboración con los sindicalistas comunistas y unitarios a la cabeza del sindicalismo nacional, purgaron como al cincuenta por ciento de los líderes sindicales que se habían opuesto a los comunistas. No lo hicieron a través de nuevas elecciones, sino de comisiones de purga y asambleas sindicales cuidadosamente preparadas y manipuladas. Este sería el primer gran paso para establecer un sindicalismo totalmente controlado por el estado.
El XI Congreso de la CTC, en noviembre de 1961, no pudo haber sido más diferente del celebrado dos años antes. En ausencia de una real competencia entre candidatos que representaran diferentes corrientes autónomas del movimiento obrero, los nuevos líderes, previamente aprobados por los personeros del régimen, fueron electos por aclamación. A la cabeza de ellos estaba Lázaro Peña, antiguo líder sindical estalinista, que asumió el cargo de secretario general.
El origen ideológico del poder ejercido desde arriba
La política que Fidel Castro estaba implementando era coherente con las ideas sobre el poder y la revolución que había articulado cuando estuvo preso en Isla de Pinos (1953-1955) por motivo del fallido ataque al Cuartel Moncada. Probablemente impresionado por lo que describiera como caos, desorden y falta de disciplina que presenció como activista, tanto en la fracasada expedición de cayo Confites organizada con el propósito de derrocar al dictador Trujillo en República Dominicana en 1947, como en la gran explosión social y política (llamada Bogotazo) en Colombia en 1948; reaccionó situándose al otro extremo. Desarrollaría, en consecuencia, una visión monolítica de lo que debía ser una organización revolucionaria.
Así escribe, por ejemplo, el 14 de agosto de 1954 en el diario que mantenía en el mal llamado Presidio Modelo de Isla de Pinos:
No puede organizarse un movimiento donde todo el mundo se crea con derecho a emitir declaraciones públicas sin consultar con nadie; ni puede esperarse nada de aquel que se integre por hombres anárquicos que a la primera discrepancia toman el sendero que estiman más conveniente, desgarrando y destruyendo el vehículo. El aparato de propaganda y de organización debe ser tal y tan poderoso que destruya implacablemente al que trate de crear tendencias, camarillas, cismas o alzarse contra el movimiento.
Años más tarde, el periodista de Radio Rebelde Carlos Franqui escribe sobre el liderazgo poco colectivo y democrático de Fidel Castro cuando colaboró con él en la Sierra Maestra, a finales de 1958:
He observado que muchas de nuestras reuniones son más bien una especie de consulta. O una conversación, casi siempre la prodigiosa conversación de Fidel, en la que se da por sentada una decisión, sin que casi nunca se tome un acuerdo ampliamente discutido por todos. Situación por lo que todos somos responsables por acción y omisión.
Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Carlos Franqui.
No cabe duda de que las tendencias revolucionarias, pero políticamente autoritarias y desde arriba de Fidel Castro, no eran originales ni se limitaban a su persona. De hecho, esas tendencias facilitaron la creación de un grupo cercano y leal al líder cubano que compartía su visión revolucionaria y políticamente autoritaria, y que habían sido adquiridas, o por lo menos reforzadas, en sus experiencias dentro o cerca del movimiento comunista.
Así, por ejemplo, Raúl Castro había sido miembro de la Juventud Socialista (ala juvenil del PSP) a principios de los cincuenta; y el Che Guevara desarrolló una orientación procomunista muy a favor de Stalin a mediados de la misma década, durante su estancia en Guatemala, aunque nunca se unió al partido comunista de dicho país. Es obvio también que la ideología estalinista del PSP (el viejo partido comunista cercano a Moscú) poseía una «afinidad electiva» con las ideas y prácticas autoritarias de Fidel Castro y sus colaboradores cercanos.
El contexto socio-político del poder desde arriba
La gran popularidad de Fidel Castro y su indudable habilidad política no hubieran sido suficientes para lograr imponer con tanto éxito sus perspectivas políticas y controles organizacionales de no haber existido una serie de coyunturas políticas que le fueron sumamente favorables. No olvidemos que llegó al poder contando con una hegemonía revolucionaria indiscutible, ya que ni el Directorio Revolucionario ni el PSP estaban en condiciones de cuestionar, y mucho menos de oponerse, a sus pronunciamientos y decisiones, pues no disponían de su abrumadora popularidad.
Por su parte, los partidos políticos que fueran importantes en vísperas del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, como los ortodoxos y auténticos, habían colapsado años antes de 1959. En contraste, consideremos la revolución política ocurrida en Venezuela exactamente un año antes, en enero de 1958, que derrocara al dictador Pérez Jiménez.
A diferencia de Cuba, en vísperas de su revolución política Venezuela contaba con partidos políticos significativos y estables, como Acción Democrática y Copei, organizaciones que poco después de la victoria sobre Pérez Jiménez llegaron al Acuerdo de Punto Fijo, en octubre de 1958, precisamente para garantizar el estatus quo político y económico del país y evitar una revolución social. Esos partidos venezolanos no tenían equivalente en la Cuba de 1959, por lo tanto, Fidel Castro no tenía contrincantes políticos con la fuerza necesaria para obligarlo a ceder o negociar acuerdos.
En la Cuba de 1958 tampoco existían formaciones oligárquicas integradas por los estratos superiores de la burguesía, la Iglesia Católica y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas que hubieran podido funcionar como bastión contra las fuerzas revolucionarias. Como se mencionó anteriormente, en vísperas de la Reforma Agraria de 1959, los hacendados y colonos, conscientes de su falta de poder político para evitar una reforma radical, trataron inútilmente de seducir al Gobierno Revolucionario.
Respecto al ejército de Batista, era dirigido por un cuerpo de oficiales de origen de clase media y baja, que se había convertido en casta privilegiada y generalmente corrupta sin ideología alguna que justificara su poder. Cuando el coronel Ramón Barquín y varios oficiales de carrera denunciaron la corrupción en el ejército durante el Consejo de Guerra a que eran sometidos por conspirar contra Batista en 1956, fueron burlonamente denominados «los puros», lo que ilustra claramente la actitud cínica prevaleciente en las fuerzas armadas en la Cuba de Batista.
Un ejército así es por naturaleza débil, y solamente pelea mientras los beneficios recibidos justifiquen los sacrificios. No por gusto las fuerzas armadas batistianas colapsaron cuando tuvieron que combatir en serio al Ejército Rebelde.
Fidel Castro tuvo además muy buena suerte respecto a situaciones sumamente difíciles y peligrosas, un factor que los estudiosos a veces rehúsan considerar. La «buena suerte» en sobrevivir en este contexto se refiere a una serie de eventos concretos que suceden fuera del control de los actores políticos y que tienen gran impacto en la vida política de ellos y de la sociedad.
En el caso de Fidel, un ejemplo fue la muerte en combate tanto de José Antonio Echevarría, líder del Directorio Revolucionario, como de Frank País, uno de los líderes principales del Movimiento 26 de Julio, en 1957. Ello eliminó del escenario político revolucionario a dos figuras que pudieran haber realmente competido con él por el supremo liderazgo.
Cadáver de Frank País. (Foto: Archivo Cubadebate)
Aún más impresionante fue el hecho que, de los ochenta y dos combatientes que habían partido del puerto mexicano de Tuxpan en el Granma, a finales de 1956, menos de veinte sobrevivieron al desembarco en el suroeste de Oriente. Esa representa una tasa de sobrevivencia de menos del veinticinco por ciento, si se la compara con la tasa de sobrevivencia de las decenas de miles de tropas que participaron en la invasión de Normandía, la que varió entre el treinta y cuatro y el cincuenta por ciento en dependencia de la naturaleza de las unidades combatientes.
Los dos períodos del Gobierno Revolucionario y las presiones desde abajo
Es pertinente notar, sin embargo, que en el caso de Cuba se manifiesta una diferencia significativa en la manera en que el gobierno se ha comportado entre el período que va de 1959 hasta el colapso del bloque soviético en el 1990, y desde esa fecha hasta ahora.
Si bien tuvo que admitir ciertas licencias durante la primera etapa, como la apertura de mercados campesinos en los ochenta, en general la ayuda material del bloque soviético compensó en gran parte los serios daños causados por el bloqueo económico norteamericano, y permitió al gobierno mantenerse firmemente en el poder sin dar muchas concesiones, presidiendo sobre una austeridad que generalmente satisfacía las necesidades más básicas de la población, y una significativa movilidad social, en parte generada por la emigración de amplios sectores de las clases medias y altas.
No obstante, desde que comenzaran las crónicas y profundas crisis económicas causadas por la desaparición de la URSS, y el subsiguiente descenso en el apoyo popular y legitimidad política del régimen, este último se ha visto obligado a una serie de concesiones, algunas de ellas importantes, como la significativa relajación de la posibilidad de emigrar para los cubanos (excepto los cientos de «regulados» políticos a los cuales no se les permite).
Por todo esto, no sorprende que mientras por una parte las crisis económicas y políticas han hecho al régimen más vulnerable a cierto tipo de presiones sociales y económicas; su relativa debilidad política lo torna decididamente represivo, como demuestran las largas condenas de prisión a cientos de cubanos acusados de participar en las protestas mayormente pacíficas del 11 de julio del 2021.
Es necesario aclarar que las estructuras políticas y sociales de Cuba distan del grado de pluralismo implícito en muchas de las nociones sobre el supuesto poder de las «presiones desde abajo», tanto en la etapa temprana de la revolución cubana como en la etapa actual. Por supuesto, eso no quiere decir que al gobierno no le importe lo que la gente piensa o quiere, o que no haga todo lo posible por manipular al pueblo para evitar no solamente explosiones populares como las del 11 de julio de 2021, sino cualquier manifestación independiente de descontento por pacífica que sea.
Es por eso, por ejemplo, que antes de que se aprobara la Constitución de 2019 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, fueron organizadas discusiones para que la gente expresara opiniones e hiciera sugerencias sobre el texto constitucional.
Pero vale notar dos características claves de estas discusiones: las autoridades decidían sin consulta democrática de ningún tipo cuáles sugerencias serían adoptadas y cuáles rechazadas, característica típica de la cooptación burocrática desde arriba; y más que nada, los cubanos que asistían a esas reuniones no tenían la posibilidad ni el poder de coordinar sus propuestas con las de otros compatriotas que asistían a reuniones en otros lugares, y muchísimo menos podían utilizar los medios de comunicación para hacer propaganda y agitar a favor de sus propuestas u objetar otras.
Basta comparar este tipo de cooptación con el amplio debate público en periódicos, revistas y emisoras de radio, y las elecciones libres de delegados entre los muchos candidatos de todos los partidos políticos, incluyendo notablemente al Partido Comunista, antes de la Convención Constituyente de 1940, para apreciar la enorme diferencia entre los dos procesos constitucionales.
Entre los constituyentistas de 1940 había seis comunistas y tres mujeres entre los delegados. En la foto, Salvador García Agüero y Juan Marinello. (Foto: Trabajadores)
La Reforma Agraria: ¿radicalizada por presiones desde abajo?
Quizás porque la ley de Reforma Agraria de 1959 marcó un punto de inflexión en la radicalización de la revolución, algunos estudiosos han argumentado que fue la «presión desde abajo» la que explica el rumbo radical tomado por el gobierno revolucionario. Así lo hace un estudio conducido en 1972 por los científicos sociales Juan y Verena Martínez Alier, en los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el que concluyeron que cuando la clase obrera rural demandó tierra o trabajo, esta demanda creó una gran presión de clase sobre el gobierno cubano que causó su radicalización.
Es importante notar que los investigadores no reportaron nada que demostrara impaciencia, descontento o desconfianza de los campesinos respecto a las acciones y políticas del Gobierno Revolucionario, lo que generalmente sucede cuando un campesinado inquieto y demandante confronta a gobiernos moderados, cautelosos o vacilantes de tipo reformista, liberal o conservador.
En todo caso, los principales líderes cubanos ya hacía mucho que se habían radicalizado, aunque antes de la victoria, como se señaló, se mantuvieron muy discretos. Más que nada, Fidel Castro y sus colaboradores cercanos disfrutaban, sobre todo en aquellos años, de un enorme crédito político con el pueblo, y especialmente con los más desposeídos, así que por lo menos en aquel momento tenían poco de qué preocuparse, en particular cuando no existía ninguna fuerza política significativa que los pudiera rebasar, después de mayo de 1959, al proponer una política más anticapitalista que la de ellos.
Por supuesto, los líderes revolucionarios, así como la gran mayoría de los cubanos, estaban sumamente conscientes de las grandes expectativas populares respecto al logro de una mejora apreciable en su nivel de vida, lo que en realidad ya estaba ocurriendo a un grado importante en 1959 e inicios de 1960, antes que se destaparan las crisis económicas y en especial agrícolas en el país.
A la luz de esa realidad, es posible que las expectativas populares puedan apreciarse como un tipo de presión, excepto que no fue ejercida como una fuerza externa que alterara el rumbo de los líderes revolucionarios, que es el modo en que lo asumen Juan y Verena Martínez Alier en «”Tierra o trabajo”: Notas sobre el campesinado y la Reforma Agraria, 1959-1960”, en Cuba: Economía y Sociedad, París, Ruedo Ibérico, 1972, 109-208).
A la referida obra hay que añadir un trabajo reciente de Sarah Kozameh que propone igualmente que las presiones populares alteraron el rumbo de los líderes revolucionarios. («Agrarian Reform and the Radicalization of Revolutionary Cuba», Cuban Studies, #51, 2022, 28-46.) Kozameh asume que los avances de la Reforma Agraria, después de su aprobación en 1959, se debieron a presiones que los campesinos cubanos ejercieron sobre el gobierno cuando este actuaba de una manera que ella califica como «moderada» (sin que explique cuál hubiera sido entonces una actuación «radical»
Basándose en las cartas enviadas a las oficinas del INRA, Kozameh concluye que los campesinos presionaron al gobierno a conceder los beneficios prometidos cuando se aprobó la ley de reforma agraria, presionó al INRA a actuar contra los intereses de los terratenientes y, de esta manera, propulsó la radicalización de la revolución.
No hay duda de que la autora estudió archivos del INRA, pero dudo que haya leído con cuidado los periódicos y revistas de la época, que la hubieran informado acerca del radicalismo del gobierno antes y después de mayo de 1959, especialmente cuando ignora o le da poca importancia al rol del Ejército Rebelde en el proceso de Reforma Agraria. (Por cierto, fue el Ejército Rebelde el que en la Sierra convocó, en 1958, a los campesinos a organizarse y no al revés, según sostiene Kozameh).
Es claro, como afirma la autora, que los terratenientes y latifundistas trataron por todos los medios de mediatizar, sino eliminar, la reforma agraria. Pero fue el INRA, obviamente apoyado por el gobierno y el Ejército Rebelde, el que, por ejemplo, despidió a Manuel Artime, líder católico que había tratado de «moderar» la reforma agraria desde las mismas filas del INRA. Y, como señalé antes, fueron el Ejército Rebelde, los funcionarios del INRA y no los campesinos mismos, los que en la práctica diaria llevaron a cabo las «intervenciones» de tierras que establecieron los fundamentos de la revolución en el campo.
Finalmente, la gran mayoría de quejas al INRA no pueden ser consideradas presiones de índole política. Quejas sobre posible corrupción, decisiones erróneas y mal implementadas, ineficiencia, y lo que seguramente constituyeron numerosos errores administrativos dada la falta de experiencia de los nuevos funcionarios agrícolas; no significan de manera alguna «presiones políticas» en el sentido de lo que Kozameh reclama radicalizó a los líderes revolucionarios.
En el actual edificio que ocupa el MINFAR, se encontraba el INRA.
De hecho, el primer ejemplo de protesta citado por Kozameh es acerca de un tal Juan Triana Fernández, a quien los funcionarios del INRA en Matanzas le confiscaron los bueyes indispensables para transportar sus cosechas y hasta permitieron que un rebaño de doscientas vacas pisotease sus tierras lo que incidió en que perdiera la cosecha de arroz.
Triana fue claramente víctima de una increíble incompetencia, negligencia y abuso burocrático, que hubiera requerido por lo menos el reemplazo inmediato de los funcionarios responsables. Pero eso no tiene que ver con la supuesta presión desde abajo para radicalizar la legislación agraria. Por supuesto, nada de esto quiere decir que no existieran conflictos reales entre campesinos y terratenientes. ¿Sin embargo, cómo actuaron en esos casos los funcionarios locales del INRA y los oficiales del Ejército Rebelde? Es poco probable que hayan apoyado a los antiguos propietarios. De haber ocurrido así, cuando los campesinos escribieran al INRA para quejarse y protestar vigorosamente, eso sí sería una verdadera «presión política».
Los motivos de estas interpretaciones
Varios estudiosos de la Revolución Cubana siguen la pauta de lo que pudiéramos denominar «la Historia desde abajo, pero al revés». Hay dos factores principales involucrados en tales procesos: primero, las usanzas académicas, que frecuentemente tienen una relación complicada y no necesariamente directa con imperativos políticos. La influencia intelectual de los enfoques relativamente nuevos «desde abajo», que en general considero muy positivos, pueden sin embargo crear presiones académicas para que los estudiosos los traten de aplicar de manera acrítica en condiciones poco propicias.
Segundo, hay también motivaciones, sobre todo políticas, cuando los estudiosos, comprensiblemente, tratamos de aplicar raseros y preferencias ideológicas a tareas académicas e intelectuales. Para los que simpatizan con el régimen cubano no es fácil demostrar, por razones obvias, que ahora, o aun en 1959, este haya estado sometido a controles populares de índole democrática desde abajo.
Entonces, como no pueden pretender que ha existido control democrático por parte de la población, tratan de mostrar que existieron presiones populares desde abajo que han tenido impacto significativo en las decisiones políticas del gobierno, tratando de crear de esa manera una visión más positiva y aparentemente más democrática, aunque irreal, del mismo.
