La justicia social en Cuba: muerte en tres tiempos

Pocas imágenes ilustran la deriva del proceso sociopolítico en Cuba con tanta claridad como la de Esmeralda Cárdenas Hidalgo —mujer negra, trabajadora de Servicios Comunales, que protestaba por los apagones, la falta de alimentos y la pobreza—; abofeteada y tirada al pavimento de una calle habanera por un hombre que se presentaba como defensor de la Revolución.

Si alguien hubiera profetizado algo así en la época de los actos multitudinarios, cuando Fidel Castro declaraba que esta era la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, nadie le hubiera creído. Pero no se trata de juzgar un hecho que indica el alejamiento de ideales y principios por mucho tiempo compartidos; es más importante explicar cómo se ha llegado al punto en que la justicia social ha desaparecido como meta del horizonte político cubano.

Primera estocada

La noción de justicia fue una de las apelaciones de la Revolución que más impregnó el imaginario social. Aun cuando era evidente que el proceso fue autoritario desde sus inicios, que cercenó libertades individuales que conducirían con el tiempo a un Estado todopoderoso en detrimento absoluto de la autonomía ciudadana; también es cierto que la gente contó por muchos años con una serie de beneficios, entre los cuales los sólidos y eficaces sistemas de Salud, Educación y Seguridad Social fueron pilares. Hubo una época en Cuba en que la consigna: «Nadie quedará desamparado» no era, como hoy, una burla cruel.

Esa noción fungió como amalgama que permite explicar el mantenimiento de altas cotas de consenso frente a evidentes errores de política económica y social, y a prácticamente ninguna libertad política.

El derrumbe del socialismo europeo, fuente nutricia del modelo insular, dio su primera estocada a la justicia social entre nosotros. Como se ha repetido hasta la saciedad, todos entramos en similares condiciones en el Período Especial, pero no todos salimos igual… y muchos jamás salieron. Desde entonces, la clase burocrática que nos dirige ha recargado en los sectores más pobres su incapacidad para reformarse y desarrollar la economía.

La pobreza ha crecido no solo debido a las restricciones del bloqueo norteamericano y a las medidas del gobierno de Donald Trump —como se afirma con ánimo justificativo—, sino motivada por los propios paquetes de políticas y medidas que en los últimos treinta años, y de manera paulatina, han olvidado la esencia de lo que debiera ser una revolución socialista. Porque concebir como socialismo el control de la propiedad estatal y la planificación económica centralizada, olvidando al humanismo y la justicia social; es lo mismo que pretender disfrutar de una bella melodía únicamente leyendo su partitura.

Fidel Castro estuvo convencido siempre de que defender la justicia social era la forma de mantener, contra todo pronóstico adverso, una base social que sustentara con su apoyo al sistema político. A tenor con ello confirió un peso decisivo al tema, incluso en los años noventa, en que la realidad mostraba los contrastantes modos de vida de personas y familias que recibían o no remesas del exterior; o que trabajaban en el turismo y las firmas extranjeras, con presencia creciente en la Isla.

Las reformas de los noventa incidieron en el aumento de la desigualdad social y la pobreza. Primero, al legalizarse el uso y tenencia de divisas, en agosto de 1993, y cuando en septiembre del propio año fue autorizado el trabajo por cuenta propia. Tales determinaciones, necesarias y positivas, evidentemente beneficiaban más a ciertos sectores sociales.

El surgimiento de tiendas que vendían ropas y alimentos en dólares, dejó fuera de ese mercado a los sectores más humildes, obligados a subsistir con los escasos productos que se podían adquirir por la libreta de racionamiento.

Durante el Período Especial hubo mayores niveles de protección social que los actuales. (Foto: Hakan Ronnblad)

En 1994, durante los meses de mayo y julio, se determinaron dos nuevas directrices: el aumento de precios y la eliminación de gratuidades. El Estado debía enfrentar un gran déficit presupuestario, intentó entonces sanear sus finanzas incrementando precios y disminuyendo gastos. Anunció con ese fin un considerable aumento de precios en el transporte público, agua, electricidad, servicios postales, combustible y artículos de amplio consumo popular, como tabaco y bebidas alcohólicas.

Subieron un 566 % las dos cajas de cigarros mensuales por libreta de racionamiento; un 270 % el galón de gasolina, un 116 % el costo del pasaje del transporte interprovincial, y 122 % en la electricidad para los núcleos familiares que consumían más de 100 kilovatios hora al mes. Se empezó a cobrar por primera vez treinta centavos mensuales por persona a cada núcleo familiar para sufragar gastos de alcantarillado.

Así lo valoraba Pablo Alfonso en un texto de ese año:

«A mediados de julio el gobierno dio un nuevo paso en su reorganización financiera que algunos observadores han calificado como “política de choque progresivo”.

Apremiado por la dramática realidad económica que enfrenta, el régimen comunista cubano dejó a un lado los sueños del estado paternalista que durante tres décadas fueron acuñados por el respaldo de la ex Unión Soviética. Esta vez el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros suspendió un amplio número de servicios que se ofrecían gratuitamente a la población en las áreas de educación, deportes, cultura y salud pública».

Las gratuidades eliminadas se evidencian en las siguientes medidas:

1.Cobro del almuerzo a estudiantes de la enseñanza pre-escolar, primaria y media, con una tarifa de siete pesos mensuales por alumno.

2.Los matriculados en cursos de idiomas, fuera del sistema regular de educación o de los programas de capacitación de las empresas estatales, tendrían que pagar 20.00pesos

3.Los estudiantes becados debían comprar sus uniformes en la red comercial y recibirían un estipendio para gastos personales con carácter de préstamo.

4.Empezaron a cobrarse las tabletas de Neovitamin 2 que desde 1993 se distribuían gratuitamente para combatir la neuropatía epidémica. Las personas que recibían treinta tabletas mensuales, para cuya producción Cuba recibió ayuda humanitaria, debían pagar 1.50 pesos.

5.Cobro de entradas a museos, actividades, espectáculos y exposiciones en las Casas de Cultura, Comunales y Galerías de Arte.

6.Cobro de servicios en los gimnasios de cultura física, clases de gimnasia musical aeróbica y artes marciales.

7.Cobro de la entrada a competencias deportivas en estadios y salas, de acuerdo a una tarifa de entre 3.00 pesos para palco y 0.50 centavos para gradería.

A lo anterior se agregaba el establecimiento del pago de impuestos por razones diversas y el pago de derechos fiscales para la obtención de numerosos documentos públicos.

Aunque en esa oportunidad no fueron incrementados los precios de la canasta básica normada, los aumentos mencionados representaban un duro golpe al presupuesto familiar de los trabajadores. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo en la etapa era de cien pesos, y que un trabajador promedio devengaba aproximadamente 150 pesos mensuales, podremos calcular lo que significaban esas medidas para familias de bajos salarios, con varios hijos, que no recibieran remesas, laboraran en el sector estatal y no se vincularan con el emergente sector turístico.

Las medidas se aplicaron sin distinción a toda la sociedad. Ese sería un enorme error, pues al partir de una serie de privilegios existentes, aumentaban la pobreza de determinados sectores y familias. Es justo reconocer, no obstante, que incluso en medio de la crisis los sistemas de Salud y Educación, si bien muy afectados, no cayeron en los niveles de precariedad actuales.

El programa del médico de la familia se había inaugurado en 1984 y funcionó perfectamente. Contaba con instalaciones apropiadas, excelentes profesionales e interconsultas de especialistas que hacían innecesaria la afluencia y hacinamiento en policlínicos y hospitales. Por su parte, la mayoría de los municipios disponía de servicios de obstetricia y cirugía, lo que permitía que los hospitales provinciales no tuvieran que asumir toda la responsabilidad en esos casos.

Hubo asimismo mayores niveles de protección social que los actuales. Por ejemplo, en 1994 las mujeres embarazadas tenían un programa de apoyo alimentario, que puedo describir con propiedad pues fui una de las beneficiadas. Una vez por semana, y organizado por consultorios, se garantizaba el acceso a un restaurante para una comida gratuita que incluía: fruta, carne y productos lácteos.

La oferta de papa y huevos, sin incremento sustancial de precios, permitió que las familias más pobres, sin acceso a los nuevos mercados en dólares, tuvieran al menos un sustento alimentario elemental, que no existe hoy por la ruina de la agricultura estatal.

El censo correspondiente al 2002, ya ofrecía datos preocupantes en cuanto al desempleo, el limitado acceso a la educación superior de sectores empobrecidos y la grave situación de la vivienda. Sin embargo, la alianza con Hugo Chávez había dado a Fidel los recursos para maniobrar en función de lo que sería su última gran campaña social, conocida con el nombre de Batalla de Ideas. Alrededor de 179 programas se establecieron con el fin de mantener la adhesión de trabajadores y jóvenes al proceso. Uno de los más significativos fue la universalización de la enseñanza.

Se ampliaron las oportunidades educacionales y el acceso a la cultura como vías de superación humana. No obstante, consignas políticas como: «La cultura salva» o «la cultura como escudo de la nación», daban fe de una óptica idealista que romantizaba la situación de personas, familias y barriadas venidas a menos. Entre tanto, se mantenía apartadas a esas personas, barriadas y familias, con preeminencia de población negra, de las nuevas formas productivas. Esos eran los que no podían entrar en la categoría de emprendedores, cuentapropistas y empresarios, pero tampoco de socios de cooperativas jamás creadas.   

La Batalla de ideas tuvo su óptica asistencialista, como evidenció la creación en 2000 de la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar. Recuerdo que por aquellos años, como profesora de la Universidad de Matanzas, debí asesorar metodológicamente a un grupo de trabajadores sociales. Era en el municipio de Jovellanos, donde un diagnóstico arrojaba resultados alarmantes: personas viviendo en condiciones paupérrimas, familias que dormían en el suelo por carecer de colchones, viviendas en precario estado y carencia de artículos electrodomésticos básicos, como refrigeradores y ventiladores.

Fidel en la inauguración del primer curso de Trabajadores Sociales en la Escuela de Cojimar, el 10 de septiembre del 2000. (Foto: Fidel, Soldado de las Ideas)

Las inversiones en salud, educación y asistencia social en la referida etapa ayudaron a paliar la situación. La pobreza crecía, pero las personas aún podían acudir a servicios médicos sin necesidad de comprar medicamentos e insumos para ser atendidos. Esto marcaría la diferencia en unos años.    

Segunda —y profunda— estocada

En 2006, con la enfermedad y consecuente retiro de Fidel, quedaba sellada la etapa heroica de la Revolución cubana. Demasiados errores habían lastrado la utopía. Raúl Castro, aún sin ser presidente en funciones ni primer secretario del Partido, favoreció un escenario de enorme expectativa. Su autocrítico discurso del 26 de julio de 2007, generó confianza en muchos sectores.

Su acceso al poder gubernamental tuvo dos períodos bien definidos: uno interino, entre julio de 2006 y febrero de 2008, y uno formal desde esa fecha y hasta 2018. En el primero, lanzó la campaña pro-reforma conocida como Actualización del modelo económico y social cubano, y tomó medidas que devolvían derechos constitucionales a los cubanos: viajar fuera del país, alojamiento en nuestros propios hoteles, compra-venta de casas y autos; todas muy positivas, pero que beneficiaban más a sectores sociales con la solvencia requerida para ejercer tales derechos.

A partir de su nombramiento oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas». Bajo la consigna «sin prisa pero sin pausas», pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico.

Las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias más pobres: cierre de 24 000 comedores obreros; aumento de la edad de jubilación en cinco años para hombres y mujeres; disminución de la edad de inicio laboral a quince años, es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación.

Más adelante se suspendería el derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en los centros de educación superior. Ello afectaba mucho más a las familias pobres, que ahora debían garantizar de sus deprimidos salarios, además del transporte, el gasto que implicaba el almuerzo diario de sus hijos, que a veces tenían dos sesiones de clases o actividades en las universidades.

La situación se agudizaba por la disminución sostenida de inversiones en sectores de impacto social directo, como Salud y Educación, que decrecieron en la misma medida en que aumentaban las inversiones en los sectores del turismo e inmobiliarias.

En un análisis de Mario Valdés para LJC, se explica que el mayor recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente durante el gobierno de Raúl Castro (2006-2018), en etapas en que la exportación de servicios médico-farmacéuticos fue la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo. Su conclusión lógica es: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción».

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre, sin embargo, lo que se hizo fue reducirla. Como demuestra la periodista Karla R. Albert, «entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».

Según el economista Carmelo Mesa-Lago, ello se explica «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles». En el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado aquellas responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo.

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo un 61 % en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total pasó del 5,3 % al 2,1 %. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de pesos por «depuración de beneficiarios».

En esa etapa hubo una campaña desde los medios estatales que culpaba al pueblo de su dependencia al Estado, como si ello no hubiera sido una directriz política incuestionable.

Llegó incluso a eliminarse, al considerarlos gratuidades indebidas, los estímulos a trabajadores vanguardias que les permitían acceder a instalaciones turísticas; a pesar de que en realidad no era gratis pues ellos sufragaban sus gastos, si bien en moneda nacional. Desafiando cualquier rasgo de decoro, la misma prerrogativa se mantuvo para altos dirigentes y sus familias. Evidentemente «algunos animales eran más iguales que otros».

Durante esos años, aun con medidas que encarecían la existencia cotidiana de la población, no se aumentaron los salarios de manera general, solo a determinados sectores como salud, educación y empresas priorizadas.

Los jubilados —alrededor de 1,7 millones en estos momentos— constituyen otro sector que sufrió las consecuencias de esas políticas. El economista Mauricio de Miranda demostró en un artículo el desfase del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida, y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

En julio de 2013, Raúl Castro se lamentaba ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: «Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de veinte años de período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás». Esa valoración, en realidad, podía atribuirse como anillo al dedo a la política del Partido y el gobierno cubano, especialmente bajo su mandato, respecto al aumento de la pobreza y el olvido de la justicia social.

Tiro de gracia

Con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en 2018 —luego de la Constitución de 2019 sería presidente de la República—, se proclamaba la continuidad de esa política antipopular. Tres evidencias apuntaban a ello: la apertura de comercios en MLC que han discriminado a una enorme cantidad de personas, la negativa a depósitos bancarios en dólares físicos si no es desde fuera de Cuba, y la tristemente célebre Tarea Ordenamiento, que disparó los precios y la inflación para convertir en nada las pensiones, jubilaciones y salarios.

En fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre de 2021, el presidente expresó como objetivos del Ordenamiento: «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo». Los políticos dicen una cosa, los datos muestran otra. Al respecto, el economista cubano Pedro Monreal valora: «los datos de ventas minoristas y de inflación en Cuba en el primer semestre de 2022 evidencian dos cosas: un ajuste económico apoyado en la inflación, y distribución desigual del costo del ajuste, con sesgo contra los hogares pobres».

No creo necesario reiterar lo que todos conocemos sobre este fracaso, cuya única consecuencia política fue el traslado de Marino Murillo, cara visible del fallido experimento, a un puesto de menor categoría para el que fue despedido con una ovación por el Parlamento que dice representarnos.  

No obstante, más allá del Ordenamiento, existen consecuencias sociales debidas a décadas de empobrecimiento y ajustes económicos. Las más notorias son: aumento de la mortalidad general, infantil y materna; disminución sostenida de la natalidad; incremento del número de suicidios; crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre las mayores per cápita del planeta; un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad.

La insensibilidad de la dirigencia política ante este escenario, llegó al punto de que en el Informe Central al 8vo Congreso del Partido, Raúl Castro —denominado en los últimos tiempos Líder de la Revolución, para asombro de muchos—, reprochó con molestia la «cierta confusión» de algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada.

El Partido ha vuelto la espalda a un problema de primera magnitud, que debió ser analizado profundamente y que condujo, menos de tres meses después del referido congreso, a un estallido social nacional. Pero esta no parece ser su intención. Prefiere catalogar los hechos del 11j como una operación financiada desde el exterior para no admitir su responsabilidad histórica y la razón que asistía a los que salieron a manifestarse ese día.

Durante 2018, en la versión original del proyecto de Constitución, la comisión redactora, en un repunte de honestidad, había decidido eliminar el comunismo como horizonte de aspiración futura, lo cual me pareció muy realista pero poco coherente con un partido que se designa con ese nombre. En la versión final sería devuelta a su lugar la referida aspiración, pero ya todos comprendemos que una cosa es la letra de la Constitución y otra la actitud de las autoridades ante ella, sobre todo cuando esas autoridades no tienen las mismas condiciones de existencia de las mayorías.

Justicia social se ha convertido en una frase usada en foros internacionales con el fin de recabar simpatía hacia el gobierno cubano, y también en medios oficiales para un discurso demagógico; pero no en los documentos y declaraciones programáticas partidistas.

Mientras el Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en su intervención ante la ONU del 3 de noviembre del pasado año, aseguró «que Cuba nunca renunciará a su sistema socialista de justicia social (…)», y en el sitio Cubadebate Agustín Lage afirmó hace poco que: «La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social»; las proyecciones del Comité Central del Partido para 2023 no mencionan NI UNA SOLA VEZ esas palabras.

La proyección no. 16 afirma la intención de: «Desarrollar políticas públicas para la atención a situaciones de vulnerabilidad y la eliminación de desigualdades, y también orientándonos hacia las políticas públicas para atender diferenciadamente un grupo de problemáticas de nuestra juventud». No obstante, es difícil creer realizables tales políticas en una sociedad cuya pobreza crece exponencialmente, dado que la proyección no. 20 será: «Reducir los gastos y orientar estos a la atención a las situaciones de vulnerabilidad».

En esencia, el Estado pretende el imposible de reducir sus gastos y a la vez orientarlos a una pobreza en expansión, porque eso es aunque la disfracen eufemísticamente de vulnerabilidad. Y lo peor es que no hace partícipe a las ciencias sociales cubanas de estudios que puedan diagnosticar la situación real y proponer soluciones viables, a pesar de que el gobierno de Díaz-Canel se presenta como un gobierno de ciencia e innovación y que la proyección no. 9 es: «Apoyar todos los procesos con la ciencia y la innovación, desarrollando la capacidad de acudir a la ciencia y a la investigación para resolver y atender nuestros principales problemas».

Lo cierto es que las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020. Pero desde antes, como hemos visto, comenzó el deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía.

El punto de vista de los científicos sociales

La socióloga cubana Elaine Acosta, en su enjundioso texto «Yo quiero fundamento. El 11j en Cuba y la necesidad urgente de una Sociología que incomode», analiza el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad y los límites de las ciencias sociales en la Isla para abordar esa cuestión. Ella se hace eco del criterio del economista Pedro Monreal acerca de que existe un «apagón estadístico nacional sobre la pobreza y la desigualdad».

En intercambio con la Dra. Mayra Espina, especialista en Sociología de las desigualdades, me explica que «no hay datos públicos de pobreza desde los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) del Ministerio de Economía y Planificación, fueron investigaciones oficiales realizadas en 1994 y a inicios de los 2000, esta última identificó una franja de 20% de pobreza urbana. Colegas me han dicho que se siguen haciendo las encuestas de hogares y se calcula la línea de pobreza, pero no se publica». También aclara:

«El informe voluntario que Cuba ha hecho sobre los ODS para Naciones Unidas ha incluido un cálculo a partir del índice de pobreza multidimensional, pero considero que subvalora por margen amplísimo la magnitud real de la pobreza y declara que el indicador ingresos no es relevante para Cuba, error grande si se considera que el régimen de bienestar vigente ha tenido un corrimiento hacia el mercado y la familiarización, con lo cual los ingresos se han vuelto decisivos para las satisfacción de necesidades».  

La opinión de Espina sobre la importancia de los ingresos es compartida por Monreal, que considera:

«El análisis de la desigualdad social en Cuba, además de los datos que hoy no se divulgan, debe reconocer que la desigualdad no es un accidente social. Es el síntoma de causas “estructurales”: funcionamiento de instituciones que crean privilegios y exclusiones.

Es plausible asumir que parte de la explicación del incremento de la desigualdad en Cuba radica en el efecto distributivo del paquete de política económica conocido como “reordenamiento”, específicamente el efecto diferenciado de cambios en precios relativos.

Asumir que la desigualdad en Cuba tiene causas “estructurales” equivaldría a reconocer el alcance limitado que tendrían las medidas de “ayuda” dirigida a grupos e individuos».

A finales del 2022, una nota del periódico Granma anunciaba que desde el 16 de octubre y hasta el 26 de noviembre se realizaría una Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares (ESEH), a cargo de la Oficina Nacional de Estadística e información (ONEI) cuyo objetivo era recabar información sobre los gastos e ingresos de la población cubana. Se explicaba que se efectuaría a partir de una muestra probabilística en alrededor de 12 000 viviendas de zonas urbanas en diferentes provincias.

En sus redes sociales, Monreal compartió esta noticia con la siguiente observación: «Con los datos de esta encuesta puede calcularse un indicador de pobreza y también indicadores de desigualdad. Veremos si los publican o si continúa la narrativa de la equidad».

Los economistas Omar Everleny Pérez Villanueva y Mauricio de Miranda comentaron respectivamente: «Hasta ahora nunca fue publicada esta encuesta. Ojalá hayan cambiado los tiempos», y «Amigo, cuando lo vea lo creo. Ya veremos qué pasa. Ojalá hayan cambiado los tiempos pero hasta ahora los cambios que veo no son para bien».

¿Tendrá razón tal escepticismo? Lo cierto es que casi dos meses después no se conocen todavía los resultados de la encuesta, cuyos datos serían de fácil tabulación mediante programas informáticos. Ocultar esa información, que debería estar al alcance de expertos y ciudadanos, indica falta de voluntad política para enfrentar con claridad la situación de la pobreza en Cuba, conocimiento sin el cual será imposible hablar seriamente de justicia social y socialismo.

Cuando en 2002 se aprobó la Ley de reforma constitucional que modificó la Constitución al adicionar este párrafo al artículo 3 del Capítulo 1: «se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella sean declarados irrevocables», ya ese sistema, en lo social, había empezado a cambiar aceleradamente. Lo ha seguido haciendo a lo largo de más de veinte años. Actualmente no se parece en nada al proyecto social por el que tantos se han sacrificado. ¿Qué es lo irrevocable entonces?