Introducción
Desde hace medio siglo, la política exterior de Washington hacia La Habana , cuyo objetivo es conseguir un cambio de régimen, se basa en dos pilares fundamentales: la imposición de sanciones económicas drásticas –que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana– y la organización y financiación de una oposición interna.
Así, el 6 de abril de 1960 Lester D. Mallory, subsecretario adjunto de Estado para los Asuntos Interamericanos, recordaba en un memorándum a Roy R. Rubottom Jr., entonces subsecretario de Estado Para los Asuntos Interamericanos, el objetivo de las sanciones económicas:
“La mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay oposición política eficaz […]. El único medio posible para aniquilar el apoyo interno [al régimen] es provocar el desencanto y el desaliento por la insatisfacción económica y la penuria […]. Se deben emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba […]. Una medida que podría tener un fuerte impacto sería negar todo financiamiento o envío a Cuba, lo que reduciría los ingresos monetarios y los salarios reales y provocaría el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”.1