Para mantenernos entretenidos

Por

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1 noviembre 2019

entretenidos — Santiago de Chile. Foto: Clarín

Los ejemplos recientes de Ecuador y Chile –por citar los más escandalosos—, hacen pensar, desde un prisma jurídico, cuáles son los límites que fijan las obligaciones internacionales en torno al uso de la fuerza por los agentes estatales contra las manifestaciones. Los oficiales de cualquier Estado son los encargados de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público, y pueden recurrir al uso de fuerza e, incluso, al uso de la fuerza letal, pero claro, hay límites.

En el ámbito interamericano de protección de los derechos humanos, órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos –y también la inefable Comisión Interamericana—, han destacado que el uso de la fuerza se caracteriza por un carácter “excepcional”, es decir, para que el uso de la fuerza esté justificado debe satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Pero cuál es el contenido de estos principios que son tan difíciles en ocasiones de evaluar y aplicar en cada una de estas situaciones y que insuflan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que contraen los Estados.

Pues bien, habría que acudir a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebró del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 en La Habana y al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, de los cuales podemos extraer algunas pautas:

Principio de legalidad: El empleo de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación; se debe especificar las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y se deben prescribir los tipos de armas de fuego o municiones autorizados, entre tantas otras.

Principio de absoluta necesidad: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Principio de proporcionalidad: Los agentes legitimados para hacer uso de la fuerza deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza, según corresponda, pues su despliegue de fuerza debe perseguir en todo momento reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona. Para evaluar la proporcionalidad de las intervenciones de las autoridades del orden, debe tomarse en cuenta la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.

Estos son criterios para evaluar lo que vivimos ahora mismo en varias partes de nuestro continente, un escenario abierto de brutal represión. Pero nada, quieren que pensemos solo en Bolivia y sus elecciones.

Del centrismo al progresismo

Por

Giordan Rodríguez Milanés

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31 octubre 2019

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Se dice que La Ilíada pudo comenzar a cantarse antes de que los griegos lograran someter a Troya, para manipular la opinión pública y sugerir que su caída era voluntad del Olimpo. En Quo Vadis se aprende que en tiempos de Nerón ya el poder usaba el arbitrio de un “justo” para sugerir a su corte quiénes eran favorecidos y quiénes habrían caído en desgracia. Siempre los reyes tuvieron bufones y juglares en sus cortes. Desde los Borgia, se ha descalificado enemigos o adversarios, como avanzadillas de ciertas “verdades” pre-configuradas por el poder. Luego, cuando los desgraciados eran sometidos al suplicio, los sobrevivientes respiraban aliviados con un: “era de esperar”.

La modernidad sustituyó el cotilleo de las cortes por la opinión pública. Napoleón fue pionero en el uso del panfleto como preámbulo propagandístico de sus invasiones. Antes de engullirse cualquier Estado europeo, primero enviaba agentes a magnificar el mito de su invencibilidad y los malestares sociales de los súbditos de los condenados. Hitler y Stalin fueron discípulos aventajados pero hicieron un macabro aporte: difamar y descalificar entre su propia gente a los que tuvieran alguna discrepancia, que el pueblo asumiera la represión como algo ineludible, indeseable pero absolutamente necesario.

Tanto la radio y los panfletos propagandísticos controlados por Goebbels como el Pravda y el Izvetia, usaban la misma dramaturgia:

PRÓLOGO: Amplificación de cualquier hostilidad manifiesta, amenaza real, o inventada.

INTRODUCCIÓN: Identificación de los enemigos. Mantenerlos vivos en la mente de la audiencia.

ESCENA OBLIGADA: Realización de advertencias y críticas “constructivas” a su propia gente -sin identificarlos- por sus “tendencias negativas”. Durante las críticas “constructivas”, inclusión de opiniones virulentas o descalificadoras. En esta etapa el Partido no se pronuncia, aunque sí algunos militantes.

PRIMER PUNTO DE GIRO: Publicación de denuncias «espontáneas» hechas por “simples” ciudadanos preocupados por el matiz peligroso que van tomando las tendencias negativas de algunos que aún no son “desenmascarados”.

DESARROLLO Y PRIMERA PERIPECIA: Generalización de esas denuncias. Se sugieren los primeros nombres mediante la propagación de rumores.

SEGUNDA PERIPECIA: “Descubrimiento” de hechos o supuestos hechos que relacionan a su propia gente con aquellos enemigos previamente identificados.

TERCERA PERIPECIA Y ANTICLIMAX: Empoderar mediáticamente a los denunciantes “espontáneos” que hasta entonces no eran tomados en cuenta por la dirigencia partidista.

CUARTA PERIPECIA: Mediante la generalización, inducir en las mentes de la audiencia una equivalencia entre los enemigos reales y los denunciados.

SEGUNDO PUNTO DE GIRO Y CLIMAX: Aparición de un “arrepentido”. Un renegado viene a confirmar las sospechas de los denunciantes argumentando “hechos” que relacionan a los enemigos reales con los propios, e identifican a los “conspiradores”. Ante eso, no queda otro remedio que…

ESCENA CONCLUSIVA: El Partido denuncia la conspiración usando la autoridad de uno de sus líderes o portavoces.

ESCENA POST-CONCLUSIVA: Los acusados al Gulag, al campo de concentración, al ostracismo o el desprestigio social mientras se celebra alguna relevante victoria no relacionada con el caso.

Hernández-Novás, Virgilio Piñeira, Heberto Padilla y Antón Arrufat nunca supieron quién fue Leopoldo Ávila. Dado el apoyo popular indiscutible y avasallador que el proceso revolucionario tuvo durante su primera década, la dramaturgia contra los acusados podía simplificarse a unas cuantas diatribas e interpretaciones “brillantes” publicadas en un órgano oficial. La inducción de un mea culpa y el posterior castigo, en Cuba ni siquiera se acercó a los extremos de Hitler y Stalin. Te mandaban de librero o de obrero a “Antillana de Acero”, ya eso es historia conocida. Tampoco, para ser justos, se ha demostrado documentalmente que la máxima dirección de la Revolución ordenara la aplicación de tales métodos excluyentes, sólo se puede sospechar que dejaran hacerlo a funcionarios más o menos menores.

La confrontación ideológica durante “La Guerrita de los Emails” en 2007 y el enfrentamiento público durante el verano de 2017 entre supuestos socialistas ortodoxos o puros contra quienes serían etiquetados como centristas o neo-revolucionarios, demostró que ya no es efectiva la dramaturgia simplificada de los setenta. La propia política cultural y educacional de la Revolución ha enseñado a no pocos a pensar, a dudar y resistirse a la inducción acrítica. Cabe pensar entonces que, los obcecados con la unanimidad –que no, la unidad-, se han replanteado el uso exhaustivo del librito. Van con calma pero repitiendo un guion que es menos original de lo que creen.

Las generalizaciones del blog PostCuba y un pretendido ensayo sobre los “progresistas” aparecido en Cuba Socialista, más el uso de las redes sociales por un grupo de virulentos cibercombatientes casi siempre anónimos, se ajustan perfectamente a la dramaturgia descrita. Quizás algunos de estos autores no sospechen su papel en la puesta dramática, nos estén expresando pensamientos sinceros, sin reconocer a los jefes de escena y los directores de la obra. A ellos les brindo el beneficio de la duda y, una vez más, les propongo ponernos frente a frente y debatir nuestras tesis.

A mediano y corto plazo, sabremos si este texto es innecesario porque las señales que veo no son reales. Si así fuera yo estaría avergonzado, pero feliz.

Cambiar las reglas del juego

Por

Yasvily Méndez Paz

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30 octubre 2019

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El 27 de octubre de 2019, a nueve años de la muerte de Néstor Kirchner y justo el día en que Luiz Inácio Lula Da Silva cumplía 74 años, se produjeron las votaciones generales en Argentina y Uruguay. En este último, los resultados apuntan a una segunda vuelta en la que se enfrentarán Carlos Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou, representando al Partido Nacional. Las disputas por el poder serán un reto. La oposición alude el desgaste del Frente Amplio en estos 15 años, pero la izquierda latinoamericana pone sus esperanzas en el «partido de Mujica». Mientras, la nación sudamericana enfrenta nuevas problemáticas –como la inseguridad— que exigen cambios en los modos de actuar desde el discurso y la praxis política. Este es un problema que afecta a las familias uruguayas, y deberá ser un asunto prioritario en la agenda del candidato ganador.

En Argentina, el binomio Fernández (Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner) recibió más del 45% de los votos, lo que les dio una victoria inexpugnable en la primera vuelta. Este ha sido un triunfo muy esperado por las masas populares argentinas, quienes han sufrido las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri. Sin dudas, los resultados de la jornada electoral en Argentina serán sumamente favorables para la región y el proyecto de la izquierda latinoamericana. De hecho, la presión deberá disminuir sobre Bolivia y la derecha tendrá que retroceder o al menos perderá parte de la fuerza que le provee el apoyo de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea.

Durante los últimos años el neoliberalismo ha dominado el panorama político en la región latinoamericana. Los gobiernos de derecha, financiados y apoyados por la Casa Blanca, se han impuesto mediante «vuelta de tuerca» ante los movimientos populares latinoamericanos. Como bien expone David Harvey, «el neoliberalismo promueve el bienestar del ser humano sobre la base del desarrollo de las capacidades y libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados y libertad de comercio, para restablecer las condiciones que conduzcan a la acumulación del capital y restaurar el poder de las élites económicas». En el caso de los países subdesarrollados, el dominio del capital financiero resulta fundamental para cumplimentar dichos propósitos. Sostener pactos con instituciones internacionales que regulan el mercado y las finanzas a nivel internacional, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), conllevan al dominio de dichas economías y, por ende, al endeudamiento y acentuación de la pobreza.

Las políticas neoliberales se injertan en el tejido social a través de un aparato conceptual que se acepte como hegemónico e incuestionable, utilizando diferentes herramientas como: el sistema educativo, los medios de comunicación y las TICs; estas últimas han provocado una verdadera revolución en el pensamiento contemporáneo mundial. Los discursos, las redes de solidaridad laboral, políticas u otras, las relaciones sociales, la seguridad social y cultural, el respeto a las diversidades étnicas, el derecho a la tierra, entre otros valores y conceptos existentes, son proyectados como ilegítimos y dañinos mediante la manipulación sociopolítica y cultural. El espejismo surrealista del neoliberalismo impacta en las masas populares, y la izquierda latinoamericana debe enfrentar los retos que ello representa.

Los gobiernos progresistas en la región deben enfocarse en la lucha contra el neoliberalismo, por lo que representa para los pueblos de América Latina. Teniendo en cuenta el contexto político que enfrenta en la actualidad, la lucha debe ser por el logro de una democracia sobre la base de los postulados posneoliberales, en continuo diálogo con los partidos y el resto de las instituciones que forman parte de la nomenclatura política de la región. Ese debe ser el centro de atención de sus agendas, sin obviar el foco de mejoras sociales y económicas que favorezcan a los pobres.

En la actualidad, América Latina no tiene las condiciones estructurales para radicalizar sus sistemas políticos. Antes, se deben educar a las masas populares, deconstruir los cimientos actuales sobre los que se impulsa la educación, aceptar las diversidades ideológicas existentes y tener la capacidad de dialogar y establecer la hegemonía de los gobiernos de izquierda, sobre la base de estrategias que sean perdurables en el tiempo. Varios gobiernos de izquierda, como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, han resistido la fuerte ofensiva de la derecha liderada por los Estados Unidos y la OEA. Este momento debe convertirse en impulso para retomar las alianzas políticas y económicas de la región. Existe una segunda oportunidad para cambiar las reglas del juego.

El mal estratega

Por

Alina Bárbara López Hernández

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29 octubre 2019

36

El nacionalismo ha sido, con mucho, la corriente de pensamiento más influyente y duradera de la historia de Cuba. Nacida en pleno periodo colonial, se fue revelando en la literatura, la música y el teatro; en las actitudes, la idiosincrasia y la vida cotidiana, hasta estallar en un conflicto militar, tardío si lo comparamos con el resto de América, pero no por ello menos profundo y decisivo.

Treinta años después, el trance de una nación liberada de su metrópoli expoliadora y caída en el entorno hegemónico de su norteño salvador, alimentó una cultura de la resistencia que colocó a la Isla y sus símbolos como escudo ante cualquier penetración extranjera.

Nada fue un obstáculo para el nacionalismo de la vieja república. Se podía ser liberal o conservador, pero nacionalista; auténtico, abecedario, ortodoxo y comunista, pero siempre nacionalista; burgués, pequeño burgués, campesino, proletario, artesano, estudiante, feminista, intelectual, y, sin embargo, nacionalista.

Ignorar esto ha condicionado que el gobierno norteamericano equivoque constantemente su política hacia una isla en la que existen hoy millones de personas que pensamos diferente, aun cuando el discurso oficial y las actitudes del gobierno cubano no lo visibilicen, pero a las que el nacionalismo une en momentos determinados en que la nación y los que en ella vivimos, o los que viven en otra parte, pero se consideren parte de ella, seamos ofendidos.

Porque nadie podrá convencerme de que incrementar la crudeza de una crisis, contribuir a los rigores y las carencias es querer nuestro bien. ¿Defender a los cubanos? Promesa increíble de un presidente que dejó desprotegidos a sus aliados kurdos ante la agresividad turca.

En la cabeza de quién puede caber que las medidas que anunció están hechas pensando en el pueblo cubano. Un pueblo que vive en una miseria consuetudinaria, con escasez de alimentos y medicinas, con hospitales hacinados y necesitados de todo, con un amplio sector en la ancianidad más precaria, con clínicas de animales donde los veterinarios están desolados por la falta de medicamentos.

Va a afectar al gobierno, eso sí, pero los que sentiremos la presión real en nuestra vida seremos nosotros, la gran mayoría de los cubanos, no será la burocracia isleña que, cuando más, parará sus carros coyunturalmente para dar botella.

¿Cuál es el punto que quiere probar el presidente norteamericano? Sin esas medidas draconianas era evidente la deformación estructural de la economía insular, el estancamiento de los índices, la disminución sostenida del PIB. Eso está más que estudiado por excelentes economistas cubanos. Si en el Norte están convencidos del fracaso del socialismo, ¿por qué no dejan entonces que siga su curso natural?

El gobierno de Trump necesita los votos de La Florida para lograr la reelección —San impeachment o el buen sentido no lo permitan—, pero afecta a uno de los núcleos duros de los cubanos: la relación con su familia. El sábado 26, el sitio digital CiberCuba dio a conocer los resultados preliminares de una encuesta en la que han participado hasta ahora 4 400 usuarios. El 62 % se opone, mientras el 38 % apoya la decisión de Washington. Con toda seguridad ellos no son afines ideológicamente al socialismo o al gobierno cubano, pero son afines a lo que importa: la familia, que es el primer peldaño de la Patria.

El presidente Díaz-Canel dijo hace poco en Irlanda que favorecer a la emigración cubana en aspectos tales como bajar el precio de los pasaportes y facilitar gestiones dependería del gobierno norteamericano. Ahí tiene la respuesta presidente, los cubanos que viven fuera de su país mayoritariamente rechazan la política de hostigamiento de Trump, ¿cómo recompensaremos su fidelidad sin condiciones a la familia?, ¿no es hora ya de que Cuba cambie el leonino tratamiento a sus migrantes?

Un gobernante debería tener buenos asesores —aquí también los necesitamos—, una cosa es la propaganda política ramplona y otra muy diferente es el análisis objetivo, contrastado, que se erija por encima del pensamiento rígido, que existe en ambas orillas, por cierto.

A un amigo le debo la lectura del excelente texto El siglo soviético. Su autor, Moshé Lewin, explica en la introducción que un error de la propaganda política contra la URSS fue fijarse principalmente en su carácter «antidemocrático», lo que suponía hacer una lista interminable de sus rasgos «no democráticos», y ocuparse de lo que no era el país en lugar de analizar qué era.

En su relación con Cuba, Estados Unidos actúa exactamente igual. Durante mucho tiempo ha acostumbrado a potenciar la oposición en la Isla. El único modo que tenían las personas de aquí para mostrar su desacuerdo con el gobierno era acudir a medios de propaganda con centro en Miami. Pero esos grupos no capitalizaban el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía, no lo hacen aún. Sea por temor en algunos casos; por desmovilización cívica en ocasiones; por falta de aceptación de un discurso opositor que replica conceptos ajenos al imaginario social, a una historia épica del proceso, a la educación, a la propaganda mediática…

Lo cierto es que ahora las condiciones se han modificado. La ampliación de los servicios de Internet, el acceso de los cubanos a las redes sociales, las facilidades que ellas crean para recibir y difundir información, análisis, opiniones y puntos de vista; están creando posibilidades de respuesta de la ciudadanía a nuestro gobierno y de concientización a las trasformaciones económicas y políticas que necesita Cuba.

Es una masa crítica que no está de acuerdo con el socialismo de modelo burocrático que tenemos, pero tampoco con la política hegemónica y agresiva del gobierno de Trump. Que rechaza por igual al tipo de oposición pro-norteamericana y a las reacciones abusivas y anticonstitucionales del Ministerio del Interior y la Policía contra esa oposición.

El presidente de Estados Unidos podrá ser un buen negociante, pero es muy mal estratega político. Mientras se ensaña con Cuba, América Latina hierve contra el neoliberalismo. En tanto idea cada día cómo afectarnos, pierde terreno entre antiguos aliados del Medio Oriente y ante Rusia. El escándalo con Ucrania lo ha dejado mal parado ante su país y las medidas contra Cuba lo han dejado muy mal visto ante la mayoría de los cubanos. Estudie la historia pasada y reciente de esta Isla míster presidente, si lo que quiere es dividir para vencer le aseguro que está jugando muy mal sus cartas.

Solo la verdad es revolucionaria

Por

René Fidel González García

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28 octubre 2019

33

El pasado 2 de octubre el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente emitió una declaración pública. La narrativa que construye desde el año 2012 hasta el año 2016 no es, más allá de su asombrosa fatuidad, un error, porque la mentira, la ambigüedad y la manipulación nace siempre, como en este caso, de una decisión que tiene intenciones y propósitos.

A nombre de quién se miente y manipula, y de paso se injuria nuevamente a mi persona como contrarrevolucionario y subversivo, es algo que no es ni será nunca importante, por lo menos para mí, pero a quién se intenta engañar, tratándose de funcionarios públicos sí lo es, y resulta demasiado evidente: le mienten a la comunidad universitaria, a sus alumnos y profesores, a la sociedad, acaso sobre todo a los destinatarios que son colocados al final de la publicación realizada: la Presidencia de la República y la Dirección del PCC.

¿Cómo encuadran con esa narrativa los hechos que se omiten en ella?

Recibir, de manera ininterrumpida la calificación de excelente desde el curso 2010-2011 hasta el año 2015 en que fui evaluado por última vez.
Ser miembro de la Comisión de Trabajo Político Ideológico de la Universidad de Oriente.
Haber obtenido la Categoría Docente de Profesor Titular, con fecha 12 de septiembre del 2013.
Haber sido electo en asamblea de la militancia de la Universidad de Oriente miembro del Comité del PCC de la misma y haberlo integrado hasta octubre del 2015 con una evaluación excelente y reconocimiento de un desempeño integral.
Haber sido Profesor Guía durante todo ese periodo, hasta el nombramiento por Resolución Rectoral Nº. 788 de 2015 en el cargo de funcionario como Profesor Principal de Año Académico en la Facultad de Derecho.
Ser ratificado en agosto de 2016 por el Decano y el Consejo de Dirección de la Facultad de Derecho, hasta la liberación por motivo de salud el 21 de octubre de ese propio año por Resolución Rectoral Nº. 835, faltando apenas 23 días para que se me informara haber sido solicitado al Ministro de Educación Superior la revocación de mi categoría docente.

Para cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de la educación superior cubana, y las tareas específicas asignadas a un Profesor Guía, o de un Profesor Principal de Año Académico en relación a la formación de valores políticos, —por poner sólo un ejemplo de lo que omite maliciosamente el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente en ejercicio de “su derecho a contar la verdad”, el más elemental sentido común, le puede suponer que hay algo incoherente detrás de la narrativa que nos proporciona tres años más tarde.

Hay que reconocerle al actual Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente el particular denuedo en “esclarecer los aspectos más importantes del proceso administrativo realizado”, aunque ante la escandalosa violación e inobservancia por la institución del procedimiento administrativo prolijamente reglado para la revocación de la categoría docente por el propio Ministerio en Reglamento para la Aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior en la ahora derogada Resolución Nº.128/2006, se tenga que limitar a describir la ilegítima e ilegal proposición de revocación de categoría docente realizada por la ex Rectora y actual Vice Ministra del MES Martha del Carmen Mesa Valenciano, y su aceptación por parte del Ministro de Educación Superior, dentro de una narrativa atemporal, oscura y típicamente tendenciosa, en la que llega a agregar, incluso, el incumplimiento de los artículos 5 y 6, inciso f) del propio Reglamento, los que, como se puede apreciar en la Resolución dictada por el Ministro de Educación Superior a los efectos de revocar la categoría docente, no son mencionadas, ni apreciadas por este en ningún momento.

Por el contrario a lo que afirma la narrativa que se presentó como un epítome de la verdad, la revocación de la categoría docente de Profesor Titular y la de Profesor, se hizo violando el procedimiento administrativo a que remitían los art 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, y 89, de la derogada Resolución Nº.128/2006, mediante la cual, se establecía el procedimiento a seguir tanto para el otorgamiento, como para la revocación de las categorías docentes de los profesores universitarios, así como la realización de las reclamaciones que pudieran suscitarse en esos procesos, posibilidad esta última cancelada ilegalmente por la Resolución Nº.106/2016 de 2 de diciembre de 2016 del Ministro de Educación Superior en la que se advertía: “contra lo dispuesto no cabe recurso alguno”.

Esto no es una afirmación sin fundamento. Una lectura de la Resolución Nº 85 /16 Aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior que derogó la Resolución Nº.128/2006, que pueden ser consultadas en la red, permite establecer la deliberada actuación ilegal en este caso de las autoridades universitarias. Como se puede comprobar en el nuevo reglamento, la redacción del artículo 75, a diferencia de su anterior versión, deja fuera del procedimiento a seguir en relación a la revocación de las categorías docentes, las circunstancias asociadas a la pérdida del prestigio social. De modo que, aunque la entrada en vigor de la nueva normativa se produjo a partir del 3 de enero del 2017, el hecho de que fuera aprobada el 17 de octubre de 2016, bastó para, en decidida violación de todos los principios del Derecho, aplicar su contenido anticipadamente en la propia norma que derogaba.

Existe, aunque parcial, un reconocimiento expreso de esas violaciones en la respuesta dada el 20 de enero de 2017 por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba a la Reclamación Nro.167 de 2016 presentada por violación de derechos laborales y contentiva además de una denuncia posteriormente radicada por el delito de difamación, cuando delicadamente expresó:

corroborándose que ciertamente en el texto de la misma –se refiere a la Resolución del Ministro de Educación que dispuso la revocación de la categoría docente de profesor— no se le expresó el derecho al recurso de apelación, por tal motivo y teniendo en cuenta que hemos constatado algunas incongruencias con lo dispuesto en el artículo 78 en relación con 85, 88 y 89 del citado Reglamento, hemos decidido remitir informe a la Dirección de Atención a la Población de la Fiscalía General de la República para que valore su aclaración con el Ministerio de Educación Superior a los efectos de que se decida lo que corresponda, debiendo aguardar por sus resultados.

En los días siguientes a esa respuesta presenté sendas denuncias contra el Ministro de Educación Superior, ciudadano José Ramón Saborido Loidi, por violación del Derecho de Queja y Petición regulado en el Art. 63 de la Constitución de la República de Cuba de 1976, interpuesto antes de la revocación de la categoría docente, y a raíz de la respuesta dada por este violando lo previsto constitucionalmente en relación a ese derecho, y contra la ciudadana Martha del Carmen Mesa Valenciano, por su actuar CONTRA LA LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO, ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, delitos todos previstos y sancionados en el Código Penal vigente, y presuntamente cometidos durante el proceso y posteriormente a su finalización, en este último delito, al obstaculizar intencionalmente el acceso a toda la documentación enviada al Ministro, u ocultarla.

Desde esa fecha de inicios del año 2017, a pesar de presentar sistemáticamente por todos los canales formales de la Fiscalía General de la República el mismo documento de Queja y Petición contentivo de las presuntas violaciones de la legalidad y del debido proceso administrativo, penal y de derechos constitucionales cometidas, así como la petición de restablecer a plenitud el debido proceso, mis derechos y la legalidad socialista, la respuesta recibida fue el silencio. Por mandato de Ley, la Fiscalía no puede hacer silencio.

Sería hasta el día 16 de noviembre de 2018, a las 8:28 p. m., en que la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, habiendo recibido por el servicio de mensajería de su cuenta institucional de Facebook la misma Queja y Petición presentada de forma sistemática a la institución, informó educada y escuetamente por la misma, que se tramitaba la reclamación. No recibiendo nunca más comunicación alguna de esa institución.

Hay que agradecerle al Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente aunque no sea este su propósito, el reconocimiento público que hace de la violación del derecho constitucional de Queja y Petición cometida por el actual Ministro de Educación Superior en los finales del año 2016 al plantear en la declaración dada a conocer, haberse intentado infructuosamente desde diciembre de 2018 notificarme una nueva respuesta del Ministro “atendiendo el escrito realizado por el ciudadano a la Fiscalía General de la República”. Solo que una vez más miente deliberadamente al afirmar que ese ejercicio del derecho constitucional fue hecho como “resultado de la revocación de su categoría docente”, cuando le consta perfectamente que el mismo fue, aunque escrito con fecha 18 de noviembre del 2016, interpuesto y recibido formalmente el 21 de ese propio mes en la sede del Ministerio de Educación Superior, 12 días antes de que el Ministro se pronunciara, y del que me permito citar sus dos últimos párrafos por lo reveladores que pueden ser de su contenido, de la naturaleza de los hechos que realmente ocurrieron y de la coherencia de mi conducta posterior:

Pero ello no entraña en ningún caso la aceptación de mi parte de que se me construya una imagen de contrarrevolucionario, algo abominable, mucho menos por un cuadro de nuestro Ministerio, que además ocupa importantes responsabilidades.

Como profesional del Derecho entiendo enfrento ahora un proceso laboral y toda vez que algunas de las actuaciones que han dado lugar a ese proceso configuran delitos de difamación, abuso de poder, y actos contra la libertad de pensamiento, violatorios de nuestra Constitución y de las leyes penales y civiles de nuestro país, es obvio que con la consideración y reflexión necesaria no dudaré en accionar la defensa de mis derechos.

Estoy dispuesto, junto a otras compañeras y compañeros, militantes, profesores y estudiantes, a ofrecer la información que sea necesaria para ratificar lo que, de forma muy sucinta, le he explicado aquí.

Bastaría leer el contenido íntegro de la Queja y Petición interpuesto ante el Ministro de Educación Superior, y que obra en el expediente administrativo elevado por la Universidad de Oriente al ser incorporado por su propia indicación, aunque ninguneado como una simple carta lo que es el ejercicio de un derecho constitucional, para saber todo lo que intenta ocultar al mentir ahora el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente.

Es por eso que difícilmente alguien pueda prestarle atención, y menos, como conoce perfectamente la Fiscalía General de la República, conceder valor jurídico a esa extemporánea respuesta enviada por el Ministro en el 2018, cuando no existe vínculo administrativo alguno entre su emisor y el destinatario. Faltaría en ese sentido, referirme al intento de validar recientemente por parte de actuales directivos de la institución universitaria, otra respuesta supuestamente llegada a ellos, algo mucho más grave y falaz, que por su alcance y sensibilidad, me reservo la oportunidad para ser tratado.

Es falso también que se realizaran conmigo varios “intercambios directos de la máxima dirección del centro”, cuando consta y puede ser mostrado, que la única reunión de este tipo que se produjo, y le consta perfectamente al Ministro, se hizo a partir de una solicitud hecha por mí en una comunicación por correo electrónico el día 12 de abril a la entonces Rectora, y respondida por esta al día siguiente por el mismo canal.

No pueden por tanto exhibir dos o tres actas de reuniones sostenidas conmigo, sino una sola, y si fuese necesario puedo hacer pública la grabación íntegra de ese encuentro, en el que la mencionada funcionaria reconoció no estar hablando con un contrarrevolucionario, y que mis artículos de opinión no eran contrarrevolucionarios, a pesar de la hostilidad y el carácter tendencioso de muchos de sus planteamientos y observaciones; o el fraternal diálogo sostenido inmediatamente después de concluida la misma con dos funcionarios que asistieron a esa reunión, en el que por el contrario de lo que da a entender ahora, ambos reconocieron no haber ningún cuestionamiento político sobre mi persona y no refutaron en ningún momento mis alegaciones de ser objeto yo de la creación de una matriz de opinión, denigrante de mis ideas políticas, y de mi persona, proveniente de la Rectora en funciones en ese entonces.

Sería casi risible sino no fuera tan grave y peligroso que el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente insista y reincida ahora públicamente, en el absurdo, o si se quiere banalidad, de querer analizar, cuestionar, sancionar, o denigrar a alguien, como ahora hace conmigo, por razón “de la libre interpretación” a que pueda dar lugar algo escrito, o dicho por una persona, o que se arrogue la facultad de establecer los límites de la libertad constitucional de palabra y prensa, de la libre emisión del pensamiento. Desconocen que la ciudadanía no se excusa en los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución, los ejercen.

Ninguno de ellos, nunca, absolutamente jamás, han publicado un artículo en el complejo escenario de la esfera pública cubana que proporciona Internet defendiendo a la Revolución cubana, ni aportando en ella los argumentos y la crítica que le es necesaria para sobrevivir al Socialismo; no se arriesgan al desafío ideológico de pensar y participar en ella como intelectuales o simples ciudadanos, no expanden su compromiso a donde se libra hoy con más fuerza la guerra ideológica y de valores contra lo esencial de nuestro proyecto social, como hizo antes el líder del proceso revolucionario cubano, o hacen hoy destacados intelectuales y académicos de nuestro país.

Les basta con promover la racionalidad de la sospecha, de la suspicacia, del pensamiento egocéntrico, la misma que es ajena a la habilidad interpretativa de los educandos y el desarrollo del pensamiento crítico, dos de los objetivos a lograr por la educación en Cuba desde el primer ciclo.

Recuerdo perfectamente a una de mis compañeras que cuando se cuestionaba en el núcleo del Partido de la Facultad de Derecho sobre esa absurda pretensión de exigir escribir algo que no fuera objeto de la libre interpretación, reflexionó sobre qué hubiese pasado de haberse publicado por mí la conceptualización hecha por Fidel Castro sobre la Revolución ¿estaríamos analizándolo también?, nos dijo después de citar textual e íntegramente ese texto.

Uno pensaría que después de la reacción generada en plenas vacaciones por la publicación en Cubadebate de apenas unos párrafos escritos por una funcionaria de la educación superior cubana, en los que trasmite su opinión de lo que debe ser un profesor universitario, se había aprendido la lección de la imposibilidad de frenar la libre interpretación, o de poder realmente contestar todos los comentarios que se hacen en las redes sociales alrededor de un escrito, pero no.

¿Lo pudo evitar en esta oportunidad esa misma funcionaria que en aquella reunión siendo Rectora insistía en no estar logrando yo mi función formativa por la libre interpretación de la que eran susceptibles mis artículos?, no. ¿Contestó ella acaso los cientos de comentarios aparecidos nada más en este sitio, como también exigía a quien dependía para hacerlo de una conexión pagada de su propio salario?, no. ¿Fue entonces por eso mismo que ella no pudo evitar que se me despojó de mi categoría docente?, ¿fue por eso que perdí, en opinión del Ministro, mi prestigio social?

¿Quién lo perdió realmente?, ¿o es que existió algo más sórdido y personal, ilegal y despótico?

¿Cuántos controles a clases, cuántos análisis docentes metodológicos del colectivo de asignatura, o del colectivo de año, o del Departamento de Fundamentos Históricos y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, o del Vice Decanato docente, o de la Vicerrectoría Docente, en uso de sus facultades de supervisión y control del proceso docente respaldan la falacia insostenible de crear “confusión”, o la existencia de “cuestionamientos de profesores y estudiantes, o ciudadanos”, o las “contradicciones generadas con los objetivos planteados en su programa de estudios”?. Ninguno. No existen.

¿Cuál Tribunal de Categorías Docentes, tal como regula el Reglamento de las Categorías Docentes de la Educación Superior para la revocación de categorías docentes, conoció y se pronunció sobre imputaciones sobre la pérdida de prestigio social? Ninguno. Tampoco existe ningún documento del Jefe de Departamento al Decano solicitando el inicio del proceso de revocación de la categoría docente, ni de este a la Rectora, tal como establece la norma aplicada, para ser iniciado el proceso administrativo.

Dónde están las actas de las organizaciones políticas y de masas que, “en sus debates rechazaron indignados la posición del docente, su incidencia negativa en la formación del profesional y el prestigio” de su colectivo de trabajo. No existen, no ocurrieron, y un claustro entero puede dar fe de ello. Como no existe tampoco ningún pronunciamiento del pleno de la Dirección del Ejecutivo la Sección Sindical de la Facultad de Derecho, ni debate alguno, cuando la única reunión sindical que se produjo fue solicitada por mí apenas un día antes en que me fuera notificada la decisión del Ministro con dos propósitos fundamentales:

1) para recoger criterios sobre mi desempeño profesoral a fin de establecer cuál era el concepto público, o prestigio social que merecía de mis compañeros docentes y no docentes,

2) para que se nombrase representante sindical.

El expediente administrativo elevado al Ministro de Educación Superior para revocar la categoría docente al que accedí como abogado acompañado de la representante del sindicato, contenía solamente ocho epígrafes, o divisiones, de acuerdo a su índice:

sitios donde aparecen publicados mis artículos, los artículos propiamente dichos (incluidos los comentarios que se producen en uno solo de los sitios, específicamente la Joven Cuba);
publicación de El Nuevo Herald sobre el destacado profesor e intelectual cubano Julio Antonio Fernández Estrada (aparece además hoja en la que tendenciosamente se me adjudica ser coautor de un artículo con dicho compañero, cuando se trata de un dossier hecho por la Revista Sin Permiso, luego de la visita de Obama, a partir de artículos elaborados independientemente por cada uno, bajo el significativo título de: “Cuba no le debe nada a los Estados Unidos”;
Análisis de la Rectora en los meses de febrero abril, 3.1 OR RS 5 DE FEBRERO DE 2016, 3.2 OR RS188 11 DE MARZO DE 2016, 3.3 OR RS 286 4 DE ABRIL DE 2016;
Acta del Consejo de Dirección de la Facultad de Derecho en el que se me pide por la Decana deje de publicar en redes sociales;
Comunicación del C. Científico de la Facultad de Derecho;
Resoluciones Rectorales (Resolución de la Rectora 78812015 y 8352016);
Acta de la Reunión Extraordinaria del C de Dirección de la UO en la que se acuerda revocación (aparece solo listado de participantes y acuerdo sin reflejo de contenido de la reunión y opiniones vertidas);
Colección de ensayos entregados por estudiantes como evaluación de la asignatura Sociología de la Democracia, que impartí en el segundo semestre del curso 2015-16.

¿Entonces, cómo se pudo iniciar legalmente el procedimiento de revocación de la categoría docente de profesor? ¿sobre la base de qué procedimiento administrativo reglado y a cuáles elementos de juicio y pruebas decidió el Ministro la revocación de la categoría docente de profesor y se llegó a la conclusión de haber perdido yo mi prestigio social?, ¿o es que basta difamar e injuriar, intentar desacreditar a un ciudadano y profesor, tener los recursos, los medios y el poder necesario para creer que se puede justificar la legalidad de éstos actos?

Lo que existe, por el contrario a la imagen de un individuo aislado y carente de prestigio, repudiado por todos y subversivo que sugiere la narrativa que construye el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente, son las actas del núcleo del PCC de la Facultad de Derecho en el que militaba y los informes de los resultados de dos comisiones investigativas consecutivas que fueron creadas y funcionaron en los meses de junio y octubre del 2016 y que analizaron milimétricamente cada uno de los artículos producidos y publicados hasta esa fecha, y entrevistaron además a estudiantes y profesores, a dirigentes de la FEU y de la UJC y a militantes del PCC para concluir e informar a la organización de base en ambas oportunidades, en relación a la investigación indicada por el Comité del PCC de la Universidad de Oriente y realizada bajo el supuesto de quebrantamiento de la disciplina partidista por el contenido de los artículos publicados, no existir méritos para apreciar tal quebrantamiento por el contenido, forma, o lugar, en que fueron publicados dichos artículos. ¿Se puede negar esto? No.

Son en esas mismas actas del núcleo del PCC de la Facultad de Derecho en las que se puede confirmar con posterioridad a ser comunicada las conclusiones de la última de estas comisiones partidistas, mi denuncia ante mis compañeros de la existencia de una espuria declaración de principios dada a firmar sin conocimiento alguno del núcleo del PCC, de su dirección, o del Comité UJC de la Facultad de Derecho, a Presidentes de Brigadas y Secretarios de la UJC de la Facultad de Derecho por el entonces Secretario de la UJC y el Presidente de la FEU de la Universidad de Oriente bajo la indicación del Secretario del PCC de la Universidad, mismos que no dudaron, ante la negativa de algunos estudiantes en suscribirla, en afirmar ser yo, de acuerdo a sus fuentes, un mercenario, recibir dinero por las publicaciones realizadas y tratarse de un caso de subversión interna, sin lograr en ese momento, ni con posteriores análisis, el cambio de postura de los estudiantes que se negaron a firmar. ¿Se puede negar esto? No.

Sería el contenido de ésta misma declaración de principios clandestina, la que, a pesar de todas las gestiones y presiones hechas por el núcleo, solo pudo ser leída y analizada meses después, cuando ya se había tomado la decisión por parte del Ministro de ser revocada la categoría docente, y ni incluso así, apareció luego en la revisión del expediente administrativo.

¿Se puede negar la existencia de una cobarde orquestación para la difamación y la devaluación del prestigio de una persona? No. ¿Por qué algo tan impropio de la decencia y de la honradez, de la transparencia, se tuvo que emplear para combatir a un individuo que “no contaba, ni contará, con las condiciones para ser profesor universitario”?, tal como ahora afirma el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente.

Resulta muy difícil explicar por qué si las publicaciones de ese individuo tan deleznable que “invocaba el derecho a la libertad de palabra(…) como excusa para asumir posiciones o discursar sobre diferentes temas” eran públicas y conocidas desde el 2012, todavía en octubre del 2016 podía ser militante del PCC en activo que atendía una Brigada Estudiantil y se desempeñaba como Profesor Principal de Año Académico en la Facultad de Derecho, el que, en su año académico es “el máximo responsable de la educación de los estudiantes mediante la instrucción, jerarquizando el trabajo político e ideológico en el año, así como el correcto desarrollo del proceso docente educativo”. (Cfr. Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes universitarios en el eslabón base, p. 34, Editorial Universitaria Félix Varela, La Habana, 2014).

Sería muy sencillo para el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente poner como ejemplo, sugerir, la lectura de un artículo de mi autoría publicado en el periodo en el que enmarca su narrativa, o de un libro, como Ciudadanía, República y Revolución: los desafíos de la ciudadanía en Cuba, presentado el 22 de abril del 2016 en la Feria del Libro de Santiago de Cuba, que le permita demostrar mi condición de contrarrevolucionario, anticomunista, o de asalariado del enemigo. Pero no puede, y entonces para “salvaguardar la ideología revolucionaria”, tal como hizo la anterior Rectora y actual Vice Ministra del MES para solicitar la revocación de mi categoría docente y de mi condición de profesor al Ministro de Educación Superior, descalifica, difama y miente.

Las pruebas de todo lo que describo están en las actas de las reuniones del núcleo partidista, la constancia de las responsabilidades y reconocimientos otorgados por mis compañeros en ponderación de mi prestigio y entrega como militante revolucionario y docente durante ese mismo periodo, en la lamentable traza del silencio institucional de organismos del Estado cubano encargados de velar por la legalidad, y mi propia y consecuente lucha por reivindicar los derechos conculcados para que nadie se sienta intocable en nuestro país, para que nadie se sienta por encima de la Ley. Cuento sobre todo con la integridad de mis compañeros y estudiantes que no dudaron antes, ni dudarían ahora, y eso también les consta demasiado bien, en declarar sobre la mentira, la ambigüedad y la manipulación de la verdad por más que les cueste, porque sólo la verdad es revolucionaria.

¿Por qué el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente emite una declaración pública pasados tres años de estos hechos?

Porque después de tres años de lamentable e injustificable silencio e inacción de funcionarios del Estado que han expuesto con ello a la Presidencia de la República ocupada en la defensa del país de los más peligrosos planes del enemigo contra su soberanía e independencia a ser demandada por la violación de un derecho constitucional, 22 ex graduados de diferentes carreras y prestigiosos profesores consultantes y militantes de dos universidades cubanas escribieron y enviaron al Presidente de la República una declaración en la que respaldan el artículo publicado en la Joven Cuba bajo el título de “La Cuba que queremos”, por dos ex graduados en la que se solicita mi regreso a las aulas, el respeto a la legalidad, al debido proceso y los derechos constitucionales que se otorgó democráticamente el pueblo cubano para vivir en un Estado de Derecho.

No lo hacen ninguno de ellos como contrarrevolucionarios, o como adversarios del Socialismo, sino poniéndose expresamente bajo “el amparo de los valores, principios y el espíritu de la Constitución de la República de 2019”. Declarando, además, ser firmantes de la misma, al momento de solicitar que esa, su voluntad, sea tenida en cuenta y respetada.

Cuando conocí la declaración publicada por el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente no pensé nunca en responder un texto que parecía seguir la máxima de miente que algo queda, en un estilo personal que tan familiar me resulta. Sabía que tendría que dedicar varias páginas a desmontar todo lo que en ella se intentaba, para sólo dejar constancia al final de su carácter injurioso, ya que el rastro de ilegalidades y arbitrariedades anteriores que deja su lectura es difícil de ocultar.

Si ahora respondo es por elemental coherencia con los firmantes de esa carta que todavía permanece sin responder. A unos pocos de ellos les he tratado más allá de las relaciones propias del trabajo como educador, a otros ni siquiera los conozco personalmente. La mayoría son jóvenes talentosos y nobles con una destacada trayectoria como dirigentes estudiantiles y un desempeño profesional de excelencia. La solidaridad no se exige, se acepta, pero la decencia, el civismo y el coraje, las convicciones, no se pueden sino admirar y respetar.

Se les acusa ahora pública e irrespetuosamente de estar confundidos, y luego se les cita a reuniones administrativas en la Universidad, o en sus centros de trabajo, o con funcionarios del MININT, por el simple hecho de ejercer su derecho ciudadano al escribirle al Presidente de la República y actuar abiertamente de acuerdo a los valores ciudadanos que deseamos para nuestra sociedad. Otra vez se miente, como si dicha la primera mentira ya no se pudiera parar de mentir, y taimada o abiertamente se les presiona en tales reuniones para que retiren su firma por estar apoyando a un “mercenario” que no existe sino en la práctica más oscura de la infamia y la cobardía, se les advierte de las consecuencias que tendrá el hecho, como toda recompensa a su decencia, como premio a su honradez. ¿Es esa su forma de vencer y convencer?

No se puede estigmatizar a nadie por ejercer o defender derechos, por buscar la justicia en un país cuyo pueblo acaba de votar en un plebiscito constitucional por la democracia y el imperio de la Ley. Es indigno, y es indignante, porque ciertamente nuestros abuelos y padres no hicieron la Revolución en Cuba para eso.

No se puede creer, ni hacer creer a nadie, que la defensa de los derechos sea una agresión contra el mismo sistema político, el Estado, o la sociedad que los reconoce y debe garantizar, siendo como es, esa pretensión, expresión de la búsqueda del respeto de los derechos por todos, de la aspiración de justicia y del decoro, del respeto a la Constitución. En esa cuestión crucial, no hay, ni podrá haber nunca humildad posible. Vamos a luchar por eso, es lo que hacemos.

The electronic re-dollarization

Por

Mario Valdés Navia

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27 octubre 2019

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After years of turning a deaf ear to the suggestions of economists and many others who requested measures to retain the millions of dollars lost to the flight of capital abroad by way of purchases by private individuals, the government has issued a financial and commercial response.

This sort of electronic re-dollarization will have a favorable influence on the situation of consumers, but it leaves many unanswered questions about its effective linkage with other indispensable transformations which are still pending. The problem is that these are much more important in order to channel the productive economy and achieve sustained growth of the GDP than opening a new market area.

The first surprising thing is that, after five years of waiting for the necessary monetary and exchange unification, a third participant is allowed into the national market: the previously snubbed US dollar. It’s also true that it was never really banished, since the CUC is nothing more than its overvalued stand-in. However, after so many years of gleeful minting, I very much doubt that anyone knows for certain how much dollar is left in a CUC.

It’s true that we the consumers can catch a break with these measures. If in both the dollar and CUC markets the prices are indeed relieved from the enormous tax now called collection contribution, and they are made to correspond with similar prices in our region ?not with those in New York or London?, then everyone’s income will have a relative increase. Only the so-called mules[1] will be affected, but only partially.

The emphasis made on the fact that the specialized dollar shops –which I propose to call TEDs (Spanish acronym)– will sell the vaguely defined high- and mid-range products, leaves a wide segment of the market open for the mules. Time will tell for how long. The true thing is that similar prices, good brands and proper warranty services offer unobjectionable advantages in the case of the new TEDs for independent businesses and traders.

However, I’m not at all sure about the stated objective that these measures should succeed in reactivating the national industry. Firstly, because if the paltry earnings of these 70 initial TEDs are used for investment in a productive sector that’s nearly in ruins, it would be like giving a glass of water to a boatful of castaways. And there would be no resources to expand the chain to the rest of the country or increase the volume of its sales.

Secondly, if the banks loan these new funds in dollars to the government to carry out investments in production… God help us! Many will become concerned, perhaps for the first time in their lives, about the good functioning of the country’s investment plan, and they will pray that the banks won’t default on payments resulting in an immobilization of deposits, or worse, in an indefinite suspension of payments to savers.

Nevertheless, the latter scenario need not be like that, since the dollars will enter and will only be withdrawn by means of the magnetic card. In my understanding, cash withdrawals from these accounts will be carried out in CUCs, in the official exchange rate. That’s why I refer to an electronic re-dollarization, and I believe there’s more. I suspect that they’re working against the clock for a Cuban cryptocurrency, which would be another way to siphon stray currency into government coffers in exchange for electrons.

In general, I celebrate the measure and I believe it will result in an improvement and a rearrangement of the Cuban market. A market which will have to grow increasingly segmented and differentiated if it wants to modernize and adjust to the Cuban socio-economic reality of today.

I’m only worried that we continue to beat around the bush while the trunk of the economy remains untouched, and asphyxiated by the narrow models of the bureaucratic economic mechanism. There’s neither an Asian-style opening to socialist market relations, nor an empowerment of workers’ groups by means of socialist self-management. It looks like, for the State, the motto continues to be: ‘Nobody touches anything, only I can touch!’.

[1] Mules: people who earn a living by purchasing large quantities of all sorts of products abroad and then reselling them in Cuba at exorbitant prices, though always lower than the ones assigned by the State in currency collection shops. (Note by the editor).

(Translated from the original)

The gifts of the people

Por

Gretchen Sánchez Higuera

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26 octubre 2019

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It can be something big or small, costly or inexpensive, ancient or modern. All gifts are well received. But, what happens when an official receives it? Who owns the gifts that fall in the hands of the President and his family as part of the exercise of public office? In order to build a national model in Cuba, it is worth studying our history and learning from other countries in our continent, allowing for greater or smaller differences.

Since 1787, the Constitution of the United States regulated that ‘no person holding any office of profit or trust under them, shall, without the consent of the Congress, accept of any present, emolument, office, or title, of any kind whatever, from any king, prince, or foreign state’. But the corruption of governments such Warren Harding’s caused that additional regulations be adopted. In 1989, President George H. W. Bush established a single code for public officials.

The current regulation on the reception of ‘gifts’ is applied from the President to the lowest-ranking official. Presents are registered by the National Archive, and in the case of Heads of State, they may be displayed at the Presidential Library once their terms conclude. The law only allows them to keep them during their term in executive office.

The rule forbids the President and his immediate family from keeping gifts of a diplomatic nature which exceed $375 in value. The American government’s Office of the Chief of Protocol makes public each year a list of the presents received by the President of the United States. In spite of that, Trump has been involved in scandals such as giving his son Barron the football he received from Vladimir Putin. Years earlier, Angela Merkel had given a similar gift to Malia and Sasha Obama that they weren’t able to keep.

trump putin soccer — Putin gives Trump a soccer ball and tells him ‘ball’s in your court now’. Photo: The Hill

In Venezuela there is no official, public record of presidential gifts, with the exception of the cases when the press covers the news. However, the country has a Code of Conduct for Public Servants, adopted in June 1998 by the then President Rafael Caldera. It establishes that: ‘Public servants shall turn down in the exercise of their functions the gifts, invitations, favors, handouts, payment of travel expenses, use of means of transportation or any sort of treat, material or immaterial benefits offered by persons or groups interested in obtaining favorable decisions of any kind.’

In Ecuador, former President Rafael Correa signed decree #501 in November 2014, specifying that any gift received by a public official with a value higher than that of the basic wage was to be considered national heritage. His idea went one step further when the 2016 earthquake hit the country. Eight months later, the President announced on Twitter: ‘today we begin the auction of the gifts we have received on behalf of the Ecuadorian people.’ The sale was consulted with the countries who presented the gifts as a gesture of diplomatic courtesy. The money raised was used for the building of homes in an indigenous community.

In May 2017, days before his final term concluded, Correa inaugurated the Government House Museum, located in the ground floor of Carondelet Palace. There, 11,000 gifts were exhibited, valued at 2.5 million dollars in total. According to his own statement: ‘I could have taken these presents home, and they would have solved the economic part of my life (…) but that would have been theft, it wouldn’t have been ethical.’

Bolivia also has, since February 2017, a museum which exhibits the diplomatic gifts received by President Evo Morales in his first 11 years of government. The Museum of the Democratic and Cultural Revolution was built in the village of Orinoca, the place of birth of the Head of State, and it displays more than 13,000 gifts, which include a collection of traditional hats and football shirts.

In Argentina, Law 25.188 lays down rules since 1999 for the ethical practices of public officials, and it establishes that they shall not be able to receive gifts, services or goods while performing their duties. The Anti-Corruption Office would have the power to regulate the procedure in the case of diplomatic gifts, and to decide in which cases they would be incorporated into the national economy. This regulation was not implemented; neither Cristina Fernández, nor the former presidents Néstor Kirchner, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa or Carlos Menem ratified the article. In 2016, Mauricio Macri signed a decree regulating its enforcement.

Although the regulation of diplomatic gifts can be traced back three centuries in the more developed countries, in others it is easy to incorporate as a practice, it only requires political will. The case of Cuba is tragic; after centuries of struggle for independence, the republic was born under the whim of another power. Thus, corrupt governments and dictatorships followed one after another, and presidential shamelessness became the norm.

fulgencio batista — Fulgencio Batista fled from Cuba to the Dominican Republic on the night of January 1st, 1959, in possession of a briefcase with 3 million dollars and the deeds to other properties overseas.

The revolution of ’59 promised to get rid of such practices, but the hostility of the United States, the scant institutionalization and the nature of the guerrilla heroes relegated transparency to the background.

In the book One Hundred Hours with Fidel, the Cuban leader explains to journalist Ignacio Ramonet: ‘One day I gave to Eusebio Leal, the Historian of the City of Havana, some 17 thousand gifts (…) then I handed over from pajamas to some of those watches worth 6,000 or 7,000 dollars, to works of art, everything; I mean, good paintings, valuable artifacts, antiques.’

In a quick mathematical exercise, if in 11 years Evo Morales received 13,000 gifts, and in 10 years Rafael Correa gathered 11,000 gifts, how could Fidel Castro only receive 17,000 in four decades? Although there’s no evidence that Fidel was less inclined to receive presents, if that were the case, there isn’t an institutional or legal mechanism which regulates with transparency the reception of such gifts either, so we have no way to know for sure.

Cuba needs a Code of Ethics for Public Officials

We cannot hold President Miguel Díaz-Canel accountable for the lack of transparency of previous governments, but we can do it in his case. An easy-to-implement measure which would have a high political impact could be regulating the fate of presidential gifts. Turning them into the people’s patrimony would be a good example, and it would be in agreement with the accountability he demands of his cabinet. He should learn from the good practices of Correa in Ecuador.

More than a year has passed since he assumed the presidency. He went on a tour of official visits during which he received and delivered diplomatic presents. It’s time that Cubans knew the fate of the gifts presented to public servants, as well as who receives those which are paid for with their taxes. Few in Cuba know that, for example, before he left the White House, Obama received from Raúl Castro a wooden bust of Abraham Lincoln along with 205 Cuban cigars, a bottle of rum and two books. The rest of his family received 2354.78 dollars’ worth of Cuban gifts. The President of the United States delivered all the presents to his country’s National Archive, and us Cubans never heard about them.

castro obama regalos — Obama and his family delivered $2500 in Cuban gifts to the Office of the Chief of Protocol. Photo: Newsweek/Getty

Keeping a record of gifts contributes to reducing the risk of corruption and foreign influence, it increases the trust of citizens in their officials, it sets limits to their behavior and it increases transparency and institutional and popular control. Aside from being a matter of ethics, it is an economic necessity for Cuba. Wouldn’t the resources resulting from an eventual auction of presidential gifts be necessary? It would only be a question of deciding which would become the patrimony of the Cuban nation and which wouldn’t.

Perhaps many ask themselves whether there is a market for the auctioning of highly valuable gifts in Cuba. The example of Ecuador shows that most of the buyers were foreign residents, which proves that this could be another way to acquire international currency. None of the countries I mentioned above, except for Venezuela, has an economy as depressed as Cuba’s. In their case, there’s less need to regulate the possession of the presents received by their officials.

intercambio regalos cuba — President Raúl Castro and His Holiness Kirill exchanged gifts in Cuba. Photo: Granma

Diplomatic gifts belong to the State and they need to be recorded. This information must be public and detailed: who gave them, what the gift consists of and where will it remain. It’s left to be seen whether the presidential decrees and codes of conduct in the countries mentioned are really respected, but the institutionalization of transparency is by and large a demand of all peoples.

As I’ve pointed out, perhaps some presents could remain in the President’s possession, but there should always be a public record of these and they should be considered the patrimony of all citizens. Regulating the gifts of the people is not only urgent; it would be an easy political victory for whoever does it. I can think of no legitimate reasons not to do it.

The President should take measures in that respect. The current Cuban practice regarding the exchange of diplomatic gifts is contradictory with socialist rhetoric and it’s too reminiscent of the preceding governments. That an official temporarily promoted to public office receive a present doesn’t mean it’s his. He should be the channel through which that gift should reach its true recipient: the people.

(Translated from the original)

Entre la derecha y la izquierda

Por

Yasvily Méndez Paz

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24 octubre 2019

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El domingo 20 de octubre se produjeron los comicios generales en Bolivia, en medio de un convulso contexto que ha mantenido en jaque al gobierno de Evo Morales. Un tiempo antes, el actual mandatario de la región sudamericana había denunciado un plan golpista –instrumentado por el gobierno de Donald Trump—, con varios propósitos.

En primer lugar, desacreditar la imagen pública de Morales sobre la base de una «guerra sucia» –estratagema política muy utilizada en el contexto político internacional— a través de las redes sociales como herramienta de comunicación. Días atrás, circularon la noticia de una hipotética cuenta que el líder andino tenía en el extranjero, y muchos creyeron en ese supuesto.

En segundo lugar, mantener desinformada a la población boliviana mediante videos, mensajes de voz o de texto que desvirtuaran la realidad o al menos ocultaran una parte de ella. De hecho, las televisoras continuaban con su programación de novelas, películas y otros programas fútiles, mientras en las calles el panorama adquiría otros tonos a través de los enfrentamientos entre civiles e, incluso, civiles y militares, del MAS y la oposición boliviana.

En tercer lugar, financiar una parte de la campaña política de la oposición, utilizando organizaciones que servían como «fachada» para ocultar los verdaderos propósitos expoliadores y de rapiña. Por último, la utilización de organismos internacionales, como la OEA, para sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral sudamericano. El detonante perfecto, un supuesto fraude con el tema de los votos, pretexto utilizado para «recomendar» una segunda vuelta en los comicios generales de Bolivia. Sutilezas archiconocidas por aquellos latinoamericanos que no olvidamos el «modus operandi» de la OEA, como traspatio del gobierno norteamericano.

Pero la situación política actual de Bolivia resulta mucho más compleja y responde a una concatenación de factores. Por un lado, el contexto y los planes de la Casa Blanca, junto a la socialdemocracia sudamericana, para eliminar los gobiernos progresistas que quedan en la región del Cono Sur. Entre el «Buen Vecino y Gran Garrote», los marines yanquis y las sutilezas diplomáticas del gobierno norteño, la situación sudamericana se define hoy tras bambalinas, arbitrada por organismos internacionales y regionales bajo el incentivo de la política de laissez-faire, entre otros tributos ofrecidos por Estados Unidos. Argentina, Ecuador, Chile y Brasil, constituyen ejemplos recientes que permiten entender los perjuicios generados con la aplicación de políticas neoliberales en la región.

Por otro lado, el problema de la democracia capitalista, cuyos resortes impactan el imaginario social de las masas populares. En el caso de Bolivia, la derrota de Evo Morales en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 –por la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para una nueva reelección— significó un fiasco político. Los intentos de relegirse no fueron bien recibidos por la mayoría de los ciudadanos bolivianos –51% de los votos dijo NO, mientras el 49% dijo SÍ— pues violaba los postulados de la democracia capitalista plasmados en la Constitución Política del Estado (CPE). Algunos colegas consideran que Evo Morales debía haber rechazado su postulación para darle paso a otras figuras dentro del gobierno, como el actual vicepresidente, y otros piensan que a lo mejor no lo hizo por miedo a una traición como el caso de Ecuador con Lenin Moreno. De cualquier manera, los opositores al gobierno de Evo no solo se enfrentan a él como mandatario, sino a todo lo que representa su programa político.

Junto a esto, las crisis de Venezuela y Cuba constituyen una realidad insoslayable. Particularmente Venezuela, cuya situación ha impactado en el imaginario social boliviano por mediación de testimonios de emigrantes venezolanos, experiencias de familiares o amigos, y la manipulación mediática que ha sufrido el gobierno de Nicolás Maduro y su pueblo. “Mucha propaganda y poca cultura política” como diría un colega. La educación boliviana ha estado bajo el arbitrio de influencias neoliberales, y el proyecto de Evo Morales no ha logrado deconstruir el sistema educativo desde el punto de vista estructural. Por último, la izquierda latinoamericana ha presentado diversos problemas para instaurar una política de continuidad que represente una hegemonía perdurable en el tiempo. El histórico caudillismo continúa predominando, dependiendo de personajes políticos, cuya ruptura es inminente una vez fuera del poder. Hace unos años, Luis Inacio Lula Da Silva planteó en una entrevista que los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas no han sabido solucionar la contradicción que se les plantea cuando proporcionan educación y mejores empleos a los pobres y, por ende, los ubica en estatus superiores. Esas personas cambian su mentalidad, por lo que resulta necesario articular un discurso político coherente con los nuevos estatus, y que los proyectos representen nuevos estilos de gobierno.

Verdadero reto para la izquierda latinoamericana.