Hay que cabalgar el tigre

-I-

Cuando los sijs indios decidieron luchar por una sociedad sin castas, libre del numeroso panteón de dioses y demonios de la religión hindú que gobernaba sus vidas de manera asfixiante, tuvieron que imponerse al dogma de que: «El que monta a un tigre, no puede descabalgar». En su lugar, proclamaron que: «Hay que cabalgar el tigre», domarlo y llevarlo por buen camino.

Mil años después, entre los refranes populares convertidos en mitos fundadores de la Revolución Cubana se encuentra: «Esto no lo tumba nadie, pero no lo arregla nadie tampoco». Aunque puede interpretarse como reflejo del apoyo popular al Gobierno a pesar de sus desatinos, o un reconocimiento a la eficacia de su aparato represor, siempre me ha parecido un argumento falaz para justificar la eternización del grupo hegemónico en el poder.

(Foto: APF)

Siguiendo con los adagios, prefiero este atribuido al mismísimo Albert Einstein: «No podemos resolver problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando creamos ese problema». Un pretendido nuevo modelo civilizatorio que no muestre sus ventajas en lo económico y político, difícilmente podrá imponerse en los demás planos de la vida social de manera definitiva.

Sin un programa de gobierno creativo, flexible, sustentable y fiscalizado por la ciudadanía, que garantice elevados y sostenidos índices productivos y una vida cada vez más democrática, sus éxitos podrán ser grandes y sorprendentes coyunturalmente, pero, al ser efímeros, estará condenado a desaparecer más temprano que tarde. La soberbia, intolerancia, y en ocasiones ignorancia, de los grandes decisores no es apropiada para estos menesteres.

Si se trata de un gobierno de vocación socialista, donde la burocracia alta y media tiene la potestad de usufructuar la riqueza colectiva que el pueblo le ha confiado, es imprescindible establecer mecanismos reales y efectivos de control popular capaces de abortar esta tendencia. Varios han sido los proyectos diseñados para hacerlo realidad, pero los resultados han sido infructuosos. Repasemos algunos de ellos y analicemos qué podría hacerse para lograrlo en nuestro contexto actual porque los cubanos, como los sijs, hemos de cabalgar al tigre.

El VIII Congreso del PCC tuvo como idea central la continuidad del proceso (Foto: AFP)

-II-

El triunfo de la Revolución de Octubre no llevó al poder a los soviets de obreros, campesinos y soldados, sino a un gobierno minoritario y omnímodo, el Comisariado del Pueblo, que pronto aplastó a cualquier otro oponente político, aun a los que hicieron la sublevación junto con ellos (eseristas de izquierda, mencheviques revolucionarios, anarquistas). Luego, se volvería contra sus propias disidencias internas (Oposiciones Obrera, de Izquierda, Unificada, etc.) y las extinguiría sin escatimar coerciones y violencias de todo tipo.

En sus últimos escritos, Lenin insistía en crear la Inspección Obrera-Campesina, organismo independiente del Gobierno que fiscalizaría las acciones de la burguesía y la burocracia. Con la llegada de Stalin y sus apparashicks al Poder, Trotsky comprendió tempranamente que la misión de la Inspección cambiaba y se volvía imprescindible: «Pasaron del control sobre la burguesía a la administración de la propiedad nacionalizada. De la administración obrera, al dominio de la burocracia. El nuevo control obrero significaría control sobre la burocracia.» Debería ser el paladín del pueblo ante la burocracia usurpadora, pero jamás lo fue en ningún país de vocación socialista.

Foto: Sputnik Mundo

En países capitalistas donde el movimiento obrero y progresista adquiría determinadas cuotas de poder, como en la Cuba de los años treinta, se crearían instituciones tipo Tribunal de Cuentas, entidades fiscalizadoras superiores estructuradas como un órgano colegiado responsable de investigar y juzgar la regularidad de las cuentas y gestiones financieras públicas. Sus expertos estaban facultados para realizar la auditoría contable y financiera de todos los sujetos económicos con independencia del Gobierno, aunque la efectividad de este mecanismo para eliminar la corrupción nunca fue alta.

En Latinoamérica, su equivalente son las Contralorías Generales de la República. Con más o menos autonomía en su gestión, estas instituciones han terminando plegándose casi siempre a los poderes del Estado, o llevando a cabo una labor quijotesca que logra desenmascarar determinados negocios turbios, pero es incapaz de eliminar la corrupción como fenómeno consustancial al sistema.

La metástasis de la corrupción en varios países ha llevado a la instauración de verdaderos Estados mafiosos. En estos, una parte importante del PIB se crea por vías ilegales y turbias, lo cual permite a los grupos oligárquicos delincuenciales hacerse con grandes cuotas de Poder y subordinar al Estado/Gobierno a sus fines expoliadores.

-III-

Tras el triunfo de la Revolución el control público sobre el Gobierno, que antes se mostraba inefectivo, ha sido casi nulo. Ante la prevalencia del poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial ─ establecido en la poco mencionada Ley Fundamental de 1959─ pocos resquicios quedaron para fiscalizar públicamente a los cuadros administrativos. En sectores esenciales para el país y conflictivos jurídicamente como las relaciones agrarias, las demandas ciudadanas contra el INRA y luego el MINAGRI ni siquiera irían a los tribunales; habría que resolverlas dentro del ministerio.

Fidel junto al doctor Osvaldo Dorticos, ministro Encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias, firma la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959. (Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas)

La inspección y el control populares sobre la burocracia quedaban en el limbo de los documentos y declaraciones de principios, pero ningún mecanismo práctico empoderaba a la sociedad civil para hacerlo. Las quejas a las autoridades y los anónimos con denuncias de casos aislados serían atendidos a discreción de los propios organismos partidista/estatales ─es decir, se cocinarían en su propia salsa─ y las excepciones no se pasarían por alto.

En la posterior fecha de 1973, a raíz de un valiente fallo de la Sala de Asuntos Constitucionales favorable a artistas y escritores que habían sido parametrados, se eliminó la potestad del Tribunal Supremo de Justicia de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fueren objeto de controversias entre partes. Este fuero, que provenía de la Constitución de 1901 y fue ampliado por la del 40, nunca más se ha devuelto al sistema de justicia ni siquiera en la Constitución 2019, a pesar de ser ampliamente solicitado en la consulta popular.

(Foto: BBC)

En lugar de alguna forma de inspección popular acorde con el carácter supuestamente socialista del Estado, en 1976 se creó el Ministerio de Auditoría y Control para «perfeccionar la vigilancia sobre los bienes patrimoniales públicos». Más de treinta años después, en 2009, con el pretexto de que «su jerarquía era asimilable a la de otros ministerios lo cual mermaba la autoridad de sus decisiones en el orden funcional», la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) promulgó la ley No. 107/09 «De la Contraloría General de la República de Cuba».

Su creación se correspondía con los postulados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) que Cuba firmara en 2005 y ratificara en 2007. El nuevo órgano se encargaría de: «ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del poder público, la administración de su patrimonio y la prevención y lucha contra la corrupción administrativa». Aunque se subordina únicamente a la propia ANPP y está estructurada verticalmente en todo el país, en la práctica depende del presidente de la República, quien le encomienda hasta a quién inspeccionar.

Para demostrar su falta de potestades para combatir la corrupción de cuello blanco y poner orden en el desbarajuste económico nacional, basta saber que sus inspectores no pueden fiscalizar ninguna entidad perteneciente al holding GAESA. Esto se debe, no solo a que sus principales empresas y el conglomerado en sí están inscriptos en otros países, sino porque, al ser considerado oficialmente como parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sus acciones están protegidas de la fiscalización civil por el manto del secreto militar; aun cuando estas entidades no produzcan, importen o comercialicen armamentos, sino otros bienes y servicios que consumen habitualmente la población civil y el turismo.

(Foto: Cibercuba)

Como los sijs indios del medioevo vencieron al tigre teocrático hindú, los cubanos tenemos la misión histórica, no de destruir o ignorar a la burocracia, pero sí de reducirla al mínimo, someterla al control popular e impedir la eternización del empoderamiento del tigre del burocratismo. Ese camino pasa por la fiscalización popular del Gobierno/Partido/Estado mediante una versión moderna de la Inspección Obrero-Campesina bolchevique, o algún tipo de defensoría efectiva del Pueblo.

Solo una institución colegiada, legalmente constituida con poderes supra administrativos y autonomía individual, obligada a rendir cuentas públicas solo a la máxima instancia del Estado —la Asamblea Nacional del Poder Popular— podrá limitar los excesos y trapicheos de los elementos todopoderosos de la oligarquía burocrática con la propiedad pública y otras riquezas nacionales, y retrotraerlos a sus legítimos dueños y usufructuarios: los elementos populares de la nación, honestos y emprendedores, tanto de la Isla como de la diáspora.