El costo invisible de la crisis cubana 

La estrategia de asfixia económica hacia Cuba ha obtenido una de sus victorias más silenciosas: convertir las sanciones en un hecho normalizado, incluso para sectores académicos, mediáticos y políticos que durante años reconocieron sus efectos económicos y humanitarios. Mientras las medidas coercitivas se endurecen y expanden hacia actores internacionales que antes comerciaban con la Isla, el debate público sobre la crisis parece concentrarse casi exclusivamente en los palpables errores e incapacidades del gobierno cubano, como si ambos fenómenos transcurrieran en universos separados. 

Concebida originalmente como una estrategia de cambio de régimen —que ha resultado fallida—, la política de sanciones ha terminado mutando de forma exitosa hacia una forma de castigo colectivo, donde el deterioro de las condiciones de vida de la población funciona también como mecanismo ejemplarizante. Cuba se convierte así en el «mal ejemplo» que debe exhibirse ante el mundo para que su crisis sirva como advertencia permanente contra cualquier alternativa política o económica que desafíe el poder de los Estados Unidos. 

En este sentido, la reciente decisión de las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM de suspender nuevas operaciones vinculadas a Cuba constituye una señal alarmante del efecto expansivo que están teniendo las nuevas sanciones estadounidenses sobre la economía cubana y, sobre todo, sobre la vida cotidiana de millones de personas que ya sobreviven en condiciones extremadamente precarias.

La medida ocurre apenas semanas después de la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, la cual amplió significativamente el alcance de las sanciones contra Cuba y habilitó represalias contra empresas o entidades extranjeras que mantengan vínculos económicos con sectores considerados estratégicos para el Estado cubano. Aunque las navieras han presentado la suspensión como una decisión cautelar mientras evalúan los posibles riesgos legales y financieros, diversos reportes de prensa citan fuentes del sector que estiman que Hapag-Lloyd y CMA CGM manejan cerca del 60 % del tráfico de contenedores hacia Cuba, lo que tendría drásticos efectos inmediatos sobre las cadenas de suministros. Asimismo, es posible que ocurra un efecto dominó con otras compañías, que por temor a posibles represalias y multas, decidan suspender sus operaciones en la Isla. 

Aunque las autoridades estadounidenses suelen presentar estas medidas como herramientas dirigidas contra el aparato estatal cubano, la realidad demuestra que sus impactos terminan trasladándose de manera directa a la población civil. Cuando dos de las mayores navieras del mundo paralizan reservas hacia un país insular altamente dependiente de las importaciones, las consecuencias son inmediatas en el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles, materias primas, entre otros insumos imprescindibles para la reproducción de la vida. 

Cuba atraviesa actualmente una de las crisis económicas y sociales más severas de su historia. Recientemente altos funcionarios de la ONU señalaron que la escasez de electricidad, combustible y medicamentos está llevando al límite al sistema sanitario y afectando el acceso de millones de personas a servicios esenciales. La organización alertó que hospitales y clínicas han tenido que interrumpir cirugías, programas de vacunación y servicios de emergencia debido a la falta de recursos básicos. Además, advirtió que «las personas más vulnerables, los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas, serán quienes más sufran» si continúa la situación actual.

Igualmente la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de las familias, la producción nacional continúa deprimida y la escasez o los precios exorbitantes de productos básicos se ha convertido en una experiencia diaria. 

El problema no radica únicamente en las sanciones directas, sino también en el llamado «efecto disuasorio» o overcompliance, que repercute en empresas extranjeras, bancos, aseguradoras y operadores logísticos, los cuales prefieren retirarse o limitar sus vínculos con Cuba para evitar posibles represalias, multas o restricciones futuras por parte de Estados Unidos. El resultado es un aislamiento económico que va mucho más allá de las disposiciones formales que configuran las medidas unilaterales coercitivas.

En este caso, la suspensión cautelar de operaciones por parte de estas navieras podría traducirse en mayores costos de transporte, retrasos en las importaciones y dificultades para garantizar la estabilidad de los suministros. En una economía donde buena parte de los alimentos depende del exterior, esto derivará en nuevas presiones inflacionarias, desabastecimiento y un aumento de la ya evidente inseguridad alimentaria. Las familias más vulnerables serían, nuevamente, las principales afectadas.

Medidas así también golpean de manera significativa al emergente sector privado cubano, que necesita de las importaciones para sostener pequeños negocios, servicios y cadenas de abastecimiento. Muchos emprendedores utilizan intermediarios logísticos y navieras internacionales para adquirir alimentos, piezas de repuesto, insumos tecnológicos, materias primas y productos de primera necesidad que luego comercializan o emplean en sus actividades económicas. El aumento de los costos de transporte, las restricciones financieras y el temor de proveedores extranjeros a operar con Cuba reducen aún más las capacidades de este sector, que en los últimos años ha funcionado como uno de los principales amortiguadores del desabastecimiento interno. 

También existe un impacto psicológico y social que suele pasar desapercibido. La incertidumbre sobre la llegada de productos básicos incrementa la ansiedad colectiva, estimula el acaparamiento y profundiza la percepción de inestabilidad permanente. Si se tiene en cuenta que Cuba es un país donde amplios sectores destinan gran parte de sus ingresos únicamente a la alimentación, es previsible que cualquier alteración en las cadenas de suministro tenga efectos inmediatos sobre la vida cotidiana.

A menudo las sanciones son justificadas por figuras del exilio y congresistas cubanoamericanos como la «quimioterapia» para eliminar el «cáncer», sin embargo, se trata de una terapia aplicada por más de 60 años, que no ha podido producir una transición política en Cuba, y sí ha contribuido al deterioro material de la población, que es quien termina pagando sus principales costos.

Resulta legítimo cuestionar políticas internas del gobierno cubano, exigir reformas estructurales y demandar mayores libertades y eficiencia económica. Sin embargo, también es necesario reconocer que las medidas coercitivas externas tienen consecuencias humanas reales sobre una sociedad ya golpeada por años de crisis acumulada.

La Cuba de hoy tiene un paisaje de creciente fragilidad social. Profundizar mecanismos que obstaculicen aún más la inserción económica de la Isla en el comercio internacional, solamente incrementará la pobreza, acelerará la migración y ampliará las desigualdades existentes. Ninguna estrategia política puede considerarse legítima cuando sus principales consecuencias recaen sobre la población civil. 

Conviene recordar hoy a Martí cuando dijo: «La América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos, y de abominar todo lo que los aparte. En esto, como en todos los problemas humanos, el porvenir es de la paz»”.