Solidaridad y realismo político, ¿dónde están los amigos de Cuba? 

La solidaridad ha sido una de las expresiones más visibles, y también más nobles de la experiencia revolucionaria cubana. Durante décadas, Cuba construyó una imagen internacional asociada a la resistencia y a la disposición de compartir recursos, conocimientos, personal calificado, e incluso vidas humanas, en función de causas consideradas justas. Esa tradición existe, tiene una densidad histórica indiscutible y forma parte del capital simbólico más importante que ha acumulado el país en el escenario internacional. Pero precisamente por eso necesita ser repensada a la luz de las condiciones actuales. En la Cuba de hoy, que padece una escasez estructural prolongada y una reducción dramática de sus capacidades materiales, resulta cada vez menos viable mantener una política de solidaridad externa sin recalcular costos, prioridades y beneficios.

Plantearlo así puede incomodar a mucha gente, porque por demasiado tiempo la solidaridad cubana fue pensada casi como un terreno sagrado, inmune a la crítica o, al menos, inmune a una crítica de tipo pragmático. Pero ninguna política pública debería permanecer intacta cuando cambian de manera tan profunda las condiciones materiales del país que la sostiene. Es preciso atender si esa política, tal y como ha sido concebida y practicada durante décadas, sigue siendo viable y responsable para una nación que apenas consigue responder a muchas de sus propias urgencias internas. Si lo fue alguna vez. 

Es cierto que la Isla no solo dio solidaridad. También la recibió. A lo largo de su historia, hombres y mujeres de diferentes países se vincularon a las luchas cubanas y contribuyeron con sus talentos a la independencia y al desarrollo nacional. Más tarde, la Revolución convirtió esa tradición de intercambio en una parte central de su identidad política. El internacionalismo fue un componente de la cultura política construida a partir de 1959. Desde el apoyo a movimientos de liberación en África y otras regiones del Tercer Mundo hasta la creación de espacios de articulación intelectual y cultural con vocación latinoamericana y sur-sur, Cuba asumió durante mucho tiempo una proyección global que le dio un sentido de justicia social a su política exterior y reforzó su legitimidad en amplios sectores de la izquierda mundial.

Los ejemplos abundan y sería absurdo negarlos. La Isla, no solo apoyó procesos de liberación nacional con asesoría militar o combatientes en el terreno, sino que también envió profesores, médicos —en un principio sin recibir remuneración económica—, entrenadores deportivos… y sostuvo una presencia activa en conflictos africanos y en algunos latinoamericanos. También ofreció ayuda humanitaria en momentos extremadamente sensibles, como ocurrió con los miles de niños afectados por el desastre de Chernóbil, cuando el ciclón Mitch arrasó Centroamérica o cuando hubo un terremoto demoledor en Pakistán. Todo eso forma parte de una memoria política y ética palpable. No corresponde borrarla ni rebajar su importancia. La pregunta está en qué hacer hoy con esa herencia en condiciones radicalmente distintas.

La cuestión no reside en la solidaridad como principio, sino en la forma en que el Estado cubano la ha administrado, en la escala en que la ha sostenido y en la lógica con que la ha justificado. Una política de cooperación puede ser moralmente admirable y, al mismo tiempo, financieramente inviable, estratégicamente mal negociada o desconectada de las necesidades de la población que la paga de manera indirecta. En otras palabras, el prestigio moral de una política no la hace automáticamente acertada. 

Las misiones médicas son probablemente el ejemplo más complejo. Sería mezquino desconocer su impacto. Miles de profesionales cubanos prestaron servicios en lugares donde una parte de la población nunca había tenido acceso estable a la atención médica. En muchos casos, esa colaboración fue extraordinaria. También es cierto que esas misiones generaron ingresos, reforzaron alianzas y consolidaron la imagen internacional de Cuba como país capaz de convertir los recursos humanos en una herramienta de proyección global. Pero incluso así, ¿hasta qué punto podía mantenerse una política de ese alcance hacia afuera cuando puertas adentro la situación se hacía cada vez más difícil para el nacional? 

Angola es otro caso que obliga a pensar con más frialdad. La participación cubana allí fue enorme, costosa y decisiva. Pasaron por esa guerra cientos de miles de cubanos y también miles murieron o regresaron marcados por secuelas físicas y psicológicas. Detrás de esa épica hubo una experiencia humana y nacional de altísimo saldo. De igual forma, la historiografía oficial ha reconocido que aquella intervención tuvo un gran peso histórico en los procesos de liberación nacional no solo de Angola sino también de Namibia y en el debilitamiento del apartheid en el sur de África. Todo eso debe reconocerse en su justa dimensión, pero aun así, la pregunta estratégica sigue siendo válida. 

¿Por qué una intervención de semejante escala no derivó, a largo plazo, en vínculos estructuralmente más beneficiosos para Cuba en terrenos como la energía, la inversión, el comercio o la cooperación sostenida? 

No me refiero a exigir gratitud como si se tratara de una deuda sentimental. Me refiero a preguntarse por qué el Estado cubano no fue capaz de traducir un sacrificio tan grande en ventajas más consistentes para una economía que ha vivido durante décadas en estado de fragilidad. Hoy Angola es uno de los principales exportadores de petróleo a nivel mundial y no se ha portado, por lo menos públicamente, para ayudar a la pequeña Isla que la apoyó con sangre a ser una nación soberana. 

Venezuela representa un caso distinto, pero complementario. Allí sí hubo una compensación material de gran envergadura, sobre todo a través del petróleo subvencionado. La relación entre ambos países permitió a Cuba asegurar durante años una parte de su funcionamiento económico en condiciones más favorables que las que habría tenido de otro modo. De igual modo le permitió al chavismo ampliar sus bases populares con programas de alcance nacional, que mejoraron las condiciones básicas de millones de venezolanos, antes privados del acceso a la salud y a la educación.

Sin embargo, también ese ejemplo mostró las limitaciones de una política basada en alianzas excesivamente concentradas, dependientes de liderazgos específicos y de ecuaciones geopolíticas poco diversificadas. Cuando el escenario venezolano comenzó a deteriorarse, murió Chávez, llegó Maduro y cambió la correlación de fuerzas, esa dependencia empezó a pasar factura. Una factura extremadamente cara. Insisto, el tema no es que Cuba nunca debió cooperar con Venezuela, sino que una estrategia exterior apoyada en un solo socio, por muy cercano que sea políticamente, termina siendo vulnerable y puede dejar al país sin margen de maniobrabilidad cuando cambian las condiciones. 

La misma lógica vale para la formación gratuita de profesionales extranjeros. Nadie niega el valor humano y político de ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de otros países, sobre todo a quienes provienen de contextos pobres o excluidos. Esa política es defendible y hasta admirable en determinadas escalas y condiciones. Pero en la Cuba de hoy no basta con invocar su legitimidad simbólica. También hay que preguntar cuánto cuesta, cómo se financia, qué límites debería tener y qué sentido conserva cuando una parte importante de los profesionales cubanos vive con salarios que no corresponden a su nivel de calificación ni a la importancia social de su trabajo, ni les permite acceder a una canasta básica de bienes y servicios. El contraste es demasiado fuerte. Muchos graduados extranjeros formados gratuitamente en Cuba terminan ejerciendo en condiciones materiales muy superiores a las de quienes los formaron, o a las de quienes estudiaron junto a ellos siendo cubanos. 

El caso de México es para destacar en positivo. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, México ha asumido un papel particularmente visible en el respaldo a Cuba, ya sea mediante el envío de combustible, ayuda humanitaria y una defensa política muy vocal frente a las presiones de Washington. Esa línea se ha mantenido con Claudia Sheinbaum y ha adquirido un tono igualmente firme, como muestran su defensa del derecho de su país a suministrar combustible a la Isla, su decisión de preservar el acuerdo sobre médicos cubanos y el envío de nuevos cargamentos de ayuda en 2026. Lo llamativo es que esa solidaridad ha venido de un país que no suele figurar entre los principales beneficiarios históricos de la cooperación cubana, lo cual vuelve más evidente el contraste con otros gobiernos que sí recibieron durante años apoyos directos mucho más cuantiosos y hoy tienen una presencia más discreta o declaradamente ninguna.

El punto no es construir un relato de ingratitud internacional, o una especie de ajuste de cuentas. No es solo que estos u otros países no hayan respondido como Cuba esperaba. Es que también el Estado cubano no siempre pensó su política de solidaridad desde una lógica suficiente de reciprocidad y sostenibilidad y, en demasiados casos, la cooperación externa parece haberse concebido como una extensión de la épica nacional, sin que mediara una evaluación sistemática de sus efectos acumulativos sobre una precaria economía doméstica. Y ese es un problema de diseño político estratégico. Un problema muy serio. 

En el trasfondo de esta discusión está la estructura misma de la economía cubana. Un país con dificultades persistentes para producir, captar inversión y sostener bienes y servicios básicos no puede actuar en el plano internacional como si dispusiera de un excedente material amplio. La guerra económica del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba ha tenido y sigue teniendo consecuencias nefastas, pero tampoco se puede convertir ese hecho en una explicación única que suspenda toda autocrítica. Incluso bajo presión externa, los Estados están obligados a administrar del mejor modo posible sus recursos escasos. Y en el caso cubano, eso implica preguntarse si no ha existido una desconexión entre el discurso de solidaridad global y la capacidad efectiva del país para proyectarse de ese modo sin lesionar todavía más el bienestar interno.

No debería darnos pena exigir ayuda a los Estados amigos a los que alguna vez Cuba apoyó de manera decisiva. No como mendicidad, ni como reclamo sentimental, y sí como parte de una lógica legítima de correspondencia entre naciones. La situación del país hoy es demasiado grave para seguir pensando estas relaciones solamente en términos simbólicos. Si Cuba contribuyó durante años a impulsar procesos, a formar profesionales, a prestar servicios esenciales o a respaldar políticamente a determinados gobiernos, no hay nada impropio en esperar apoyo material, cooperación y compromisos visibles. Más bien lo extraño sería no pedirlo.

Incluso en el caso de las misiones médicas remuneradas conviene evitar simplificaciones. Que haya existido pago por esos servicios, e incluso márgenes variables de ingreso o de autonomía para los profesionales, no elimina su carácter solidario, porque siguieron orientadas en buena medida a cubrir necesidades sociales reales en países con déficits severos de atención. Lo que sí corresponde discutir con mayor rigor es si esos acuerdos fueron negociados en los mejores términos posibles para Cuba y bajo estándares suficientes de transparencia. En varios casos, los montos recibidos llegaron a ser relevantes para una economía tan frágil como la cubana, pero eso no impide pensar que pudieron haberse gestionado con más claridad pública, con mejores condiciones para el país y con un equilibrio más justo entre la vocación de servicio, la sostenibilidad nacional y los derechos de quienes participaron en esas misiones.

Por eso corresponde replantear la solidaridad, en lugar de desecharla. Cuba no tiene que renunciar a esa tradición, lo que necesita es convertirla en una política pública más racional, más acotada, más selectiva y coherente con su situación. También implica reconocer que ninguna vocación internacionalista sustituye la responsabilidad primaria del Estado con sus propios ciudadanos.

Un Estado que hoy no consigue garantizar con estabilidad medicamentos, electricidad, transporte, alimentación o condiciones mínimas para retener a sus profesionales más calificados, no puede actuar indefinidamente como si su primera obligación estuviera siempre fuera de sus fronteras. 

Vivimos una época más áspera, más competitiva y más descarnada. Es una época feroz. Las grandes potencias reordenan áreas de influencia, la ultraderecha gana espacio, los conflictos internacionales se multiplican y hasta países con economías mucho más fuertes que la cubana recalculan alianzas, reforman marcos económicos y redefinen prioridades nacionales en función de sus recursos. 

Deberíamos salvar la solidaridad cubana tanto de la épica vacía como del mal cálculo. Deberíamos reconducirla para que deje de ser un reflejo ideológico y vuelva a convertirse en una política defendible, sostenible y útil para Cuba y para los pueblos del Tercer Mundo. 

Ojalá estemos a tiempo.