Reformas: la marcha sofrenada en Cuba

La marcha del proceso de reformas de la última década en Cuba me recuerda el título de un libro de Lenin: “Un paso adelante, dos pasos atrás”. Hoy no me referiré a su itinerario, lo he hecho antes, sino a los posibles factores internos de freno que lo han hecho tan zigzagueante e impredecible.

Poderosas variables externas actúan como elementos perjudiciales para su ejecución: bloqueo, gobierno Trump, cambio climático, pago de la deuda externa, crisis en Venezuela, fin del ciclo progresista en Latinoamérica, pandemia de la covid-19. Como tales deben ser tenidas en cuenta, pero escapan a nuestro control e influencia. Por tanto, solo me referiré a los elementos endógenos, los que sí dependen de nuestra voluntad.

Lo primero para empezar el proceso era precisar el punto de destino para saber adónde queremos llegar, y qué había que reformar para ello. Si bien al principio esto no estaba claro, desde abril de 2011, el VI Congreso del PCC lo esbozó en sus contornos generales, cuando adoptó los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” y creó la Comisión Permanente para su implementación.

Cinco años después, el VII congreso lo precisó aún más y le aportó una base teórica, al aprobar las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030” y la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”. A partir de entonces, el fin del camino estaba más claro, aunque no a la vista. Faltaba recorrerlo, y eso exigía constancia y determinación para cumplir lo acordado y hecho público, y arrojo para correr riesgos, tanto en el pueblo como en los líderes.

Ya en 2016 se hacía evidente que desde el principio algo estaba trabando el paso y poco se había avanzado en todo un lustro. El nivel de ejecución de los Lineamientos aprobados en 2011 era de un 21% de cumplimiento de los 313 previstos, 77% en proceso de ejecución y un 2% que no se habían ejecutado.

Tras una primera etapa de eliminación de trabas y prohibiciones absurdas y obsoletas (2007-2013), el censo del 2012 constituyó un diagnóstico estadístico de la situación de partida que arrojó algunos resultados preocupantes. El más importante era la tendencia al decrecimiento de la población −por primera vez, desde la Guerra de Independencia− y su envejecimiento (18,3% de 60 años o más; solo el 17,2% entre cero y 14 años. No obstante, ni una sola medida contundente se ha tomado desde entonces para favorecer y aumentar la natalidad. En 2020 el envejecimiento poblacional es mucho peor, hay 1228 ancianos por cada 1000 niños.

A fines del 2012 se adoptó una reforma migratoria que abrió posibilidades para la emigración legal, la estancia en el exterior y el regreso a la patria de emigrados y residentes en el extranjero. Entre otros objetivos, pretendía estimular las visitas a Cuba y el retorno de jubilados, pensionistas y emprendedores. Lo primero se cumplió ya en 2013, cuando más de medio millón de cubanos y casi cien mil estadounidenses nos visitaron y Estados Unidos se convirtió en el segundo polo emisor de viajeros a Cuba. Sin embargo, no se promovió el retorno en forma alguna, ni se tomaron disposiciones que facilitaran la inversión preferencial de capital por los cubanos emigrados.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 11.176 personas decidieron repatriarse en 2017, menos que los 14.000 que lo hicieron en 2016, y allí se paralizó todo con la llegada de Trump. Por el contrario, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), entre 2000 y 2016, 604 108 cubanos obtuvieron la residencia permanente en EEUU y 348 416 la nacionalidad.

En lo económico, el Lineamiento número dos del 2011 proclamó a la Empresa Socialista, “la forma fundamental de gestión del modelo económico cubano, capaz de propiciar el verdadero desarrollo del país”. En 2015 se prometió que la Ley de Empresas para “dotar a la empresa estatal socialista de más autonomía y facultades en busca de mayores niveles de eficiencia y productividad” estaría lista en 2017. En la práctica, y sin que mediara ley alguna, lo que se hizo de inmediato fue fortalecer e incrementar la burocracia empresarial con la reestructuración del sistema en cuatro niveles (ministerio-OSDE-empresa-OBE), donde antes solo habían dos (ministerio-empresa).

A fines del 2020, aún no se ha aprobado la añorada ley. Para ser el lineamiento económico más importante, se han tomado demasiado tiempo para aplicarlo.

Entre el 2014 y el 2015 nuevos aires de renovación parecían soplar sobre la Isla. Con la aprobación de la nueva ley de inversiones extranjeras, el deshielo entre Cuba y los Estados Unidos y la renegociación de la deuda con el club de Paris, parecía que llegarían turistas y capitales de todo el mundo. La respuesta del gobierno cubano fue inexplicable: la marcha de las reformas fue detenida. Tras el VII Congreso, ni una sola transformación importante favorable al proceso ha sido aprobada, y menos aún aplicada.

Si hace una década que está aprobado y consensuado lo que hay que hacer ¿quiénes son los que han influido de manera determinante para ralentizar y/o paralizar la marcha de las reformas? Lamentablemente no existe información sobre las tendencias al respecto existentes entre los decisores de la cúpula del Partido/Estado/Gobierno y, menos aún, sobre los debates ocurridos. Es obvio que mientras algunos pretenden “cambiar todo lo que debe ser cambiado”, otros quieren mantener lo que puedan del status quo en el que tan bien les ha ido por más de medio siglo, y les va. Lástima que solo a ellos, sus familias y acólitos.

Un factor interno actúa como un fantasma que se cierne sobre todos los asuntos cubanos, aunque pocos lo mencionan, el de la existencia del poderoso holding GAESA (1995); especie de OSDE militar devenido en el más grande monopolio que haya existido en la historia económica de Cuba. Tiene sistema propio de auditoría y sus decenas de miles de obreros y empleados son considerados trabajadores civiles de las FAR.

Sus propiedades se extienden sobre sectores claves de la economía, que poco o nada tienen que ver con el ámbito militar: Cimex (inmobiliarias, bancos, restauración, gasolineras, supermercados, almacenes mayoristas), Cubanacán y Gaviota (turismo), Servicio Automotriz S.A. (alquiler de coches), Tecnotex (importación-exportación  de  tecnologías y servicios), Geocuba (cartografía), Antillana de Exportación SA (Antex) (alquiler internacional de académicos y científicos), Fincimex (servicios bancarios), entre otros.

Cómo entidad empresarial castrense, ¿cuál es su actitud hacia las reformas en Cuba? ¿Cómo lo afectan o benefician las nuevas leyes, en particular la de empresas? ¿Cuál es su relación con la economía civil? ¿Cómo beneficia o perjudica su actividad el funcionamiento del resto de la economía y la sociedad cubanas? Si alguien puede ayudarme a responder estas preguntas, se lo agradeceré. Si queda claro que sin contar con este supersujeto económico tan criollo, poco o nada podrán avanzar decisivamente las reformas en Cuba.