El 25 de septiembre de 2022 es la fecha en que el gobierno cubano llevará a votación popular el nuevo Código de las Familias. ¿Pero cuánto camino ha tenido que recorrerse para llegar hasta aquí? ¿Por qué se han generado tantas polémicas, algunas muy amargas incluso, alrededor suyo? ¿Cuánto representa al pueblo? ¿Es realmente una voluntad política de otorgar derechos o un juego político del Gobierno?

Tras veinticuatro anteriores versiones, la comisión redactora llegó al texto que se someterá a referendo popular. Una comisión redactora que apenas nadie conoce y que no contempla entre ellos a ningún actor de la sociedad civil involucrado en las largas luchas por defender y garantizar derechos que hace mucho ya debían haber sido otorgados a la sociedad cubana.

Porque es justo parte de esa sociedad, como la comunidad LGTBIQ+ y la comunidad por la defensa de los derechos de las mujeres, quienes comenzaron a reclamar derechos para ellas y, en extensión, para otros sectores, como la infancia, las personas de la tercera edad y personas con discapacidades. 

Sin embargo, la mayoría de esos reclamos y los activistas de estas comunidades han sido enfrentados a lo largo del tiempo con censuras, represiones, ninguneos, humillaciones. Pero, a pesar de ello, estas comunidades han logrado crear mecanismos independientes de observación, denuncia, redes de apoyo… Mecanismos que, si bien responden a necesidades sociales reales que el Estado no cubre, este tampoco deja que se articulen y desarrollen de manera paralela a él. 

Resulta hasta cierto punto entendible, entonces, que gran parte del pueblo desconfíe o no se interese por aquello que venga de ese mismo gobierno que cada día más lo deja desamparado. En un contexto de profunda crisis económica, con un nuevo Código Penal más represivo —que no fue llevado a consulta popular—, la discusión del Código de las Familias puede ser considerado como un lavado de imagen del gobierno o un entretenimiento político.

Pero más allá de la tan llevada y traída frase de “los derechos no se plebiscitan”, hay elementos en el texto que responden a todos los sectores de la sociedad en la Isla. Y justo uno de los principales dilemas que entraña la votación del próximo 25 de septiembre es el sopesar el costo político y social de un Sí o un No para el desarrollo de la sociedad cubana, más allá de estar o no de acuerdo con lo que refleja este nuevo Código de las Familias.

Por ello, Hypermedia Magazine conversa con Julio Antonio Fernández Estrada, profesor, historiador y doctor en ciencias jurídicas, cuyos textos y análisis recorren diferentes medios independientes cubanos y sobre Cuba.

En teoría, este Código de las Familias representa un salto legal y social hacia adelante en comparación con el anterior, e incluso con el de otros países. ¿Opinas lo mismo? ¿Cuáles son los aspectos más destacables, tanto a favor como en contra, reflejados en su texto?

Creo que es una ley muy progresista, un objeto anacrónico y perturbador en el panorama jurídico cubano actual. Por eso es que ha sido tan polémica, aun siendo claramente una gran ley, la mejor, tal vez, que se ha hecho en Cuba en décadas. Es una ley del siglo XXI, donde han puesto las manos y los cerebros grandes juristas, como el profesor Leonardo Pérez Gallardo, el más importante civilista cubano —fuera de la práctica judicial y notarial, donde hay grandes juristas también— del presente siglo y parte del anterior. 

Es un Código que nos regresa jurídicamente a la época de los grandes documentos. Refinado, casi voluptuoso, pero extrañamente equilibrado entre las necesidades del pueblo cubano real, sus problemas y carencias sociales y de justicia, con lo más progresista del pensamiento mundial, desde un punto de vista jurídico y social.

Creo que es una ley que ha nacido en un momento demasiado complicado para Cuba. Los cubanos y cubanas se están debatiendo entre la vida y la muerte de la nación. La vida de nuestro pueblo, con su identidad y su historia. Estamos en medio de la más grave crisis migratoria de la historia de Cuba, de una crisis política sin precedentes, después de una fatigante y mortífera epidemia que mató muchos más miles de cubanos los que el Estado reconoció, de nuevo, de forma indecente e inolvidable. Ha venido al mundo, al menos antes de la decisión popular final, en un momento de crisis muy grande y deberá cargar con esa cruz, lo que también lo hace un documento histórico desde su creación intelectual.

Es un Código para un país ideal, un Código para el país que yo quisiera, pero no para el país que existe en realidad. Estamos luchando por el pan y los antibióticos, y nos cuesta trabajo mirar hacia la parte de la justicia que se esconde debajo de nuestra supervivencia material y básica. 

Es un Código exhaustivo, como ya no puede serlo el pueblo de Cuba. De avanzada, para un pueblo que hoy es producto, también, de una larga crisis educativa y cívica. Para un contexto enrarecido, donde se nota la paradoja insalvable de un Estado que presenta una ley mejor para las familias y encarcela a cientos de personas por defender otros derechos humanos, también e igualmente inmanentes y universales.

Su texto incluye un Glosario muy útil, con una regulación sobre Derecho Internacional Privado, ejemplar, que modifica, caminando en puntillas de pie, para que no se noten las pisadas, una parte importante del Código Civil. Es una ley que, en el mismo cuerpo, abandona instituciones jurídicas del Derecho Romano, superadas, como la Patria Potestad, y acoge otras, también de nuestra fuente original de conocimiento jurídico más trascendente, como los Pactos de los particulares. 

Asimismo, eleva la autonomía de la voluntad a un lugar que no existe en el resto del Derecho Civil cubano y lo hace en un momento en que los operadores jurídicos en el país también están emigrando, lo cual será un reto para los nuevos notarios y para los tribunales de justicia, porque habrá una gran cantidad de Derecho de Familia que se podrá resolver desde la voluntad de las partes.

Todo esto hace que el Código sea moderadamente liberal. Hace que el Estado —siguiendo el síntoma comenzado desde las reformas económicas y la nueva Constitución de 2019— se retire de muchas relaciones jurídicas. En este caso, haciendo que el Derecho de Familia vuelva a ser, en parte, una rama jurídica de Derecho Privado y no de Derecho Público, como era, en esencia, desde 1975.

Una de las frases más utilizadas en los últimos tiempos alrededor del plebiscito del Código de las Familias es “los derechos no se plebiscitan”. ¿Cuáles pudieran ser para ti los pros y los contras de esta frase?

Es un principio del Derecho producido como ciencia y como instrumentos internacionales de derechos humanos que estos no se plebisciten, porque su carácter universal quedaría afectado por el posible voto de las mayorías. Es decir, el derecho humano a la dignidad no tiene que ser popular, sino protegido. No se trata de consultar su necesidad o no, porque los derechos humanos son, además, inmanentes y no negociables. Por tanto, deben ser asumidos y respetados por todos los Estados. 

Llevarlos a plebiscito es ponderar la posibilidad de su aceptación o no. ¿Si plebiscitamos los derechos de familia, por qué no hacemos lo mismo con el derecho a la vida? ¿Si el pueblo está de acuerdo en que no tengamos derecho a la vida, dejamos de tener todos derecho a la vida? No es así. O no debe ser así, porque el derecho humano a la vida debe ser inmanente, inalienable y universal. Es decir, para todos los seres humanos, no solo para los que han aceptado vivir con ese derecho o han luchado por él. 

Los derechos humanos son un resumen incompleto pero importante de luchas y reivindicaciones sociales de pueblos y culturas en la historia de la humanidad. No debemos prescindir de derechos relacionados con la existencia digna ni de derechos relacionados con la participación política en nuestros Estados y sociedades, sin los cuales yo creo que tampoco hay dignidad.

Los derechos humanos no son solo un límite jurídico y ético a la actuación de los Estados. También son un límite a la idea de soberanía nacional y popular, porque se colocan en una posición de privilegio frente a los ordenamientos jurídicos nacionales, con excepciones como la cubana, haciendo que la consulta en plebiscito sobre el reconocimiento o no de un derecho humano sea inoperante o al menos ilegítima.

Por otro lado, los referendos en los que se confirma la validez o no de una Constitución son una consulta plebiscitaria que incluye aceptación o no de derechos humanos. Por tanto, se están plebiscitando derechos de forma indirecta o solapada, como es el caso del plebiscito para darle validez al Código de las Familias en Cuba. 

Peor y más disparatado es que ya este Código ha sido publicado como Ley por la Gaceta Oficial, con un número propio incluido. Esto resulta un procedimiento ilegal e inconstitucional porque ese proyecto de ley no puede ser ley hasta que el pueblo lo decida en plebiscito. 

La Asamblea Nacional es el único órgano legislativo y constitucional en Cuba; pero no tiene más poder que el pueblo. En este caso, es un mandato constitucional, del pueblo cubano, que esa ley, específicamente, se lleve a referendo, lo que cambia la forma regular de aprobación de leyes en el país. O sea, en este caso, el Código de las Familias no puede ser ley sino por decisión popular en referendo. 

Llama la atención el nivel de impunidad y torpeza con el que se está haciendo política y derecho en Cuba porque, en este caso, no era muy difícil entender que este Código no podía ser ley hasta que el pueblo no lo confirmara. Ahora, en caso de que el Código de las Familias no sea aprobado por el pueblo, tendremos una ley aprobada, promulgada, publicada y numerada, que no se podrá aplicar a no ser que se le dé un golpe de Estado a la Constitución vigente.

¿Crees que este nuevo Código de las Familias realmente brinda una protección a distintos sectores de la población cubana en cuanto a los derechos humanos? 

El nuevo Código de las Familias es una ley mucho más garantista e inclusiva que la vigente. Resulta una norma jurídica progresista, protectora de derechos humanos de muy diversos tipos. Es pormenorizada, abarcadora de relaciones jurídicas que no se tomaban en cuenta en el Código de 1975. 

No es solo un Código que hace justicia a derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino que protege a la mujer de una forma más intensa y amplia, como hace con la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad. A los padres que se alejen de los códigos de la familia patriarcal con comportamientos dignos, responsables e implicados con la educación de los hijos. También protege a familias y matrimonios diversos y con necesidades e interés de comenzar una relación parental y que no han podido hacerlo por vías biológicas directas. Igualmente, protege a personas cuidadoras, que no estaban previstas antes en el Derecho cubano. Además, brinda más posibilidades de trabajo bajo un régimen jurídico de seguridad y de protección legal a los notarios públicos, a los Tribunales Populares y a la Administración Pública en general.

¿Cuán válido o no resulta que el Gobierno cubano instrumentalice el Código de las Familias? ¿Qué sucede cuándo hay una instrumentalización de los derechos de los ciudadanos?

Hay una instrumentalización buena, necesaria, que ocurre cuando un derecho debe convertirse en una política pública, en un instrumento real de acción ciudadana, en una garantía real para lograr que el derecho de que se trate sea verdaderamente defendido. Y los derechos que no se instrumentalizan en este sentido carecen de mecanismos, instituciones, políticas, procesos, funcionarios, que hagan viables la existencia del derecho.

Sin embargo, hay una instrumentalización de los derechos como herramienta política, de propaganda, de solidificación de la hegemonía estatal, que está dentro de las posibilidades de la política real. Esta, solo es posible enfrentarla con un Estado de derecho sólido que deslinde lo que se dice de un derecho de lo que la ley permite o protege en realidad.

Si el gobierno cubano convierte los nuevos derechos consagrados en el Código de las Familias en un instrumento político,está politizando un asunto que no es esencialmente político, aunque también lo sea en parte. Ningún gobierno, como parte de un Estado, puede hacer otra cosa que política. Por tanto, es un poco ingenuo pedir a un gobierno que no convierta en un instrumento político a su favor lo que sale de su esfera de influencia y puede relanzarlo, en este caso, como un gobierno que propicia la inclusión de grupos históricamente discriminados o que actualiza relaciones jurídicas petrificadas como la patria potestad, la adopción, la tutela, el matrimonio y su contenido económico.

Éticamente, es cuestionable que un gobierno haga propaganda política para cantar a su humanismo y carácter democrático, cuando al mismo tiempo tiene presos de conciencia; pero este comportamiento es bastante común en el funcionamiento de Estados y gobiernos.

Repito, hay una instrumentalización esperable, que sería aquella que convierta en políticas e instituciones útiles y efectivas lo que este Código recoge en forma de normas jurídicas. 

Por ejemplo, es necesario que se materialice la defensoría de la que habla la ley; que se cambien los criterios de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia de género para que puedan ser salvadas en realidad, como sujetos de derecho, no como objetos de protección, con garantías para su vida económica y social; que cambien, también, los protocolos que se usan hasta ahora para asegurar la vida de una víctima de violencia de género o intrafamiliar. Instrumentalización buena sería que hubiera nuevas políticas para hacer que la vida de los adultos mayores sea digna y con bienestar, más allá de principios y enunciados. 

Todos los Estados hacen propaganda, política, alrededor de su legislación más avanzada, más inclusiva. Es imposible evitar eso. El Derecho es en sí un instrumento estatal, cosa que solo puede ser matizada a favor de la justicia si existe un Estado de derecho.

Lo ideal sería que, además de instrumento político del Estado, los derechos fueran, sobre todo, instrumentos políticos y jurídicos de la ciudadanía. Si esto se logra, importa menos el discurso.

Según datos de la ONU, en 2019, Cuba tenía más de un millón y medio de emigrados, lo que representaba casi 15% de su población, cifra que ha aumentado considerablemente, sobre todo en el último año. Sin embargo, aunque muchos de estos emigrados aún mantienen vigentes sus derechos como ciudadanos cubanos, solo tendrán derecho a votar por el Código de las Familias aquellos cubanos que se encuentran cumpliendo misión en el exterior. ¿Qué representa que este por ciento de la población emigrada que aún mantiene vigentes sus derechos como ciudadanos cubanos no sea considerado para el voto?

Esa población cubana tampoco fue considerada para votar en el referendo constitucional. No puede firmar una propuesta de iniciativa legislativa ni constituyente, a no ser que vaya a Cuba a pedir un certificado de elector, que no le han dado a nadie todavía.

La Constitución cubana de 2019 tiene muchas deudas, muchas lagunas políticas de injusticia y olvido. Una de ellas es la no mención ni consideración de la importancia, presencia y necesidad de participación de la población cubana que vive fuera de Cuba. 

Creo que el futuro inmediato y mediato de Cuba, si lo queremos de justicia, democracia, soberanía del pueblo cubano, protección de los derechos humanos, debe incluir la participación de los ciudadanos cubanos. Cualidad esta que el Estado cubano solo considera para obligarlos a entrar al país con un pasaporte cubano y aceptar, sin vergüenza, que mantengan a sus familias en la Isla, poniendo dinero en sus cuentas en MLC o en sus teléfonos móviles; momento en que su dinero sí es bueno y no producido en el capitalismo o bajo la ideología imperialista.

Creo, simplemente, que todos los ciudadanos cubanos deben tener derechos políticos, a no ser que les sean limitados por causas legítimas, distintas en cualquier caso al hecho de vivir en otro país.

DemoAmlat ha puesto a disposición de los cubanos en la diáspora una plataforma digital para que se empadronen y puedan votar. ¿Qué puede esto representar desde lo práctico y lo simbólico?

Desde lo práctico, lo que significa es lo importante que resulta lo simbólico. Lo simbólico es importante en política y no solo en el campo de lo imaginario, utópico o representado, sino en el campo de la política real, porque la política real se produce desde el poder, pero también desde la sociedad civil que la sostiene y le da cuerpo.

Todo dato político es importante, no solo cuando es un dato vinculante. Si solo lo vinculante fuera importante, ¿entonces qué podríamos decir de las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que todos los años declaran que el embargo es injusto y contrario al Derecho Internacional?

Esta votación no definirá nada dentro del proceso de referendo en Cuba, pero es un ejercicio legítimo de participación política fuera de los ámbitos reconocidos por el Estado; que, dicho sea de paso, no es el único ente de la sociedad humana que puede decir qué es político y qué no.

Estos datos pueden convertirse en una forma de presión al interior de la sociedad cubana y sobre el Estado cubano, al ser un modo de arrojar otra vía de recopilación de votos, dada la desconfianza que muchas organizaciones, instituciones y personas manifiestan acerca del sistema electoral cubano y sus procesos de participación, escrutinio y publicación de resultados. No obstante, no puede tener una repercusión directa en los resultados que finalmente se brinden a la opinión pública cubana e internacional de la votación sobre el Código de las Familias en Cuba.

Han sido usuales en los últimos años ejercicios semejantes de participación impulsados por diferentes organizaciones de la sociedad civil cubana no legalizada, como encuestas en redes sociales, recogidas de firmas para apoyar campañas políticas o peticiones al gobierno de Cuba. Y es menos usual que este tipo de esfuerzos salga de plataformas extranjeras, académicas, de investigación. Aun así, creo que el tema cubano cada vez interesa más a las sociedades civiles de América, aunque no de la misma forma a los gobiernos y Estados de la región y del resto del mundo.

Desde un punto de vista jurídico, ¿cómo se explica que el gobierno haya decidido llevar a referendo popular el Código de las Familias y no el Código Penal?

Esto no se puede explicar de otra forma que políticamente. Es una de las paradojas típicas de la política cubana, de la actuación del Estado cubano ante diversos problemas a los que se enfrenta y que considero que también manifiestan los niveles de contradicciones y desacuerdos al interior de los grupos y cuerpos políticos de decisión más importantes de Cuba.

El Código Penal ha nacido para recordar que el Código de las Familias es solo una parte de la verdad, pero no toda. Hay una verdad, una cara de la política cubana, que es producto de un pensamiento y acción progresista y democratizadora a su interior. Mas hay otra que defiende regresar a los métodos represivos para contrarrestar el activismo de los opositores políticos cubanos y el derecho de manifestación de la ciudadanía. 

El Código Penal es una ley más punitiva que la anterior, con algunos puntos altos como la protección un poco más abarcadora, pero insuficiente todavía, de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, tiene más delitos que incluyen la pena de muerte en su marco penal sancionador y sobre todo tipos penales que tienen el único objetivo de criminalizar la protesta en Cuba, el trabajo de la prensa independiente y de parte de la sociedad civil que vive de la cooperación internacional.

La inclusión de la pena de muerte en este Código, después de casi veinte años de moratoria política de su aplicación en Cuba, es inconstitucional, al menos desde dos puntos de vista. Por una parte, la Constitución de 2019 consagra el derecho a la vida como un derecho humano y una ley no puede entonces prever la muerte como sanción penal. Por otro, el artículo 5 declara que el Partido Comunista cubano dirige al Estado, lo que significa que si el Partido decide que no se aplique la pena de muerte es inconstitucional que se incorpore en una ley aprobada por la Asamblea Nacional, que no puede contradecir al Partido en esa indicación política de relieve constitucional. 

El argumento de que la inclusión de la pena de muerte en la ley no significa que se aplique, es falso. En la práctica, lo que se ha hecho es mantener la pena de muerte como una sanción para delitos políticos, con mínimas excepciones, lo que significa que esta sanción es usada como mecanismo de represión al disenso.

Durante años, el gobierno cubano ha reprimido de distintas maneras a los activistas o disidencias por exigir parte de los derechos ahora incluidos en el Código de las Familias. Sin embargo, a pesar de que el propio gobierno ha realizado una enorme campaña oficial a favor de este, sigue reprimiendo a muchos de esos activistas, cuyos proyectos, agendas y campañas también van encaminados a favor del Código. ¿Qué mecanismos permiten que el Gobierno pueda llevar a cabo una campaña, pero criminalice por lo mismo a cualquier ciudadano cubano, residente en Cuba?

Esta realidad es parte de las mismas paradojas que ya he enunciado antes. Para el Estado cubano es muy distinto, siempre lo ha sido, que él, Estado magnánimo y paternalista, produzca o impulse un Código de las Familias inclusivo y garantista de más derechos humanos, a que un activista, un grupo o una comunidad luche por sus derechos. 

Agradecer está bien, al Estado cubano hay que agradecerle. Luchar ya es otra cosa. Se puede luchar por los derechos… de las personas en Chipre, como dijo magistralmente un gran humorista una vez. Para el Estado cubano, la única política posible se produce desde él o con él, lo que al instante criminaliza la política alternativa.

En Cuba no se reconocen de forma legal oposiciones ni opositores, ni organizaciones políticas con ideologías distintas a la oficial; que no se sabe cuál es. Tampoco se reconocen activismos ni activistas distintos a los que existen arropados por las organizaciones sociales históricas, considerando a la historia algo que casi solamente ha sucedido desde 1959.

Por otro lado, las campañas son manejadas a discreción por el gobierno. Es conocido que muchas iglesias cristianas han trabajado duro y durante años para contrarrestar lo que el Código de las Familias trae de nuevo sobre el matrimonio igualitario, la responsabilidad parental, la adopción igualitaria, la reproducción asistida, entre otros temas. Se les permitió organizar eventos, manifestaciones y declaraciones públicas contra el Código de las Familias. Cosa que me parecería bien si fuera una práctica generalizada, siempre que no sean violatorias de derechos humanos de personas, grupos y comunidades.

De nuevo está presente aquí el doble rasero del gobierno cubano, que evidentemente negocia, acepta, tolera, retrocede, cuando le conviene, como hacen todos sus homólogos en el mundo. Pero siempre vuelvo al mismo punto: todo esto sería aceptable en un ambiente de Estado de derecho, de rendición de cuentas del Estado sobre su gestión, sobre lo que se ha gastado en una campaña política u otra, en total transparencia de los procesos de consulta popular y de votación posterior.

La falta de coherencia en la actuación del gobierno cubano en cuanto a lo que se permite o no a los defensores u opositores del Código de las Familias, creo que dice más de su impunidad, autoritarismo, falta de controles, irrespeto a la institucionalidad y la legalidad, que a su postura en un lado u otro de la paleta de colores ideológicos, políticos, jurídicos y éticos, sobre los contenidos de este texto.

El gobierno cubano está en un momento de mucha fragilidad económica, financiera, energética, de legitimación social, de aceptación de su discurso y su propaganda, debilidad política, ideológica y de sentido, de emergencia por una crisis humanitaria migratoria y por una crisis de decrecimiento poblacional sin políticas visibles que la enfrenten de forma integral. En ese escenario, son decisivas las opiniones y posturas de las iglesias cristianas, que cuentan con miles de creyentes en sus estructuras religiosas, de la iglesia católica, de la sociedad civil cubana y del pueblo cubano fuera de Cuba. Pero las prioridades de la política dependen de la coyuntura específica en que se vive.

Muchas de las personas que sostienen la campaña #YoNoVoto argumentan que ir a las urnas el 25 de septiembre solo fortalece al Estado y al gobierno cubanos, así como este referendo, que es para ellos también anticonstitucional e ilegal. ¿Cómo se analizaría esta afirmación desde un punto de vista jurídico y político?

Creo que cada grupo, organización y persona decide la postura política que quiere asumir frente al Estado cubano. Creo también que enfrentarse al totalitarismo frenando una legislación defensora de derechos humanos y jurídicamente de avanzada es un error político porque, si bien intenta molestar a la maquinaria de poder, limita los derechos de las personas que también han sido víctimas del totalitarismo.

Los que voten contra el Código de las Familias lo harán a favor del Código de 1975, propio de una sociedad que no tomaba en cuenta las diferencias ni las comunidades diversas, ni a las orientaciones sexuales otras ni las identidades de género distintas a las habituales. El Código que conservaría su vigencia es el que declara que la familia debe educar a las niñas y niños en la ideología comunista, cosa que no hace el actual. Es menester sopesar lo que algunos creen que se pierde, con la diversidad que se asume con la nueva ley y lo que ya existía en Cuba. 

Si bien es cierto que la administración pública cubana, su sistema de justicia y su aparato burocrático, no podrán hacer realidad los contenidos de este Código como la gente piensa, porque es una ley demasiado profunda y abarcadora de una enorme cantidad de relaciones jurídicas, que llevará un largo tiempo metabolizar por las instituciones y el funcionariado cubanos, el Código de las Familias es una ley necesaria que nos acerca más al tipo de sociedad que queremos tener quienes deseamos vivir con bienestar material y espiritual. Es decir, con más justicia y más derechos.

Creo que hay que tratar de no hacer activismo contra el Estado socialista por medio de la limitación de derechos de las personas favorecidas por este Código. La negación de todo lo que hace el Estado cubano como propio del totalitarismo es una lectura reduccionista de la verdadera política. Este Código de las Familias se ha producido contra un Estado que también tiene defensores de las estructuras sociales patriarcales y machistas. Por tanto, no es un Código del Estado, sino de las nuevas oportunidades que brinda.

En algunas plataformas digitales, como Telegram, se han realizado encuestas informales sobre la votación del Código de las Familias. Los resultados han arrojado un pobre por ciento de votos a favor, siendo la mayoría repartidos entre aquellos en contra o las abstenciones. ¿Hasta qué punto estas encuestas informales pueden tenerse en cuenta como un indicador de lo que sucederá realmente en las urnas? ¿Consideras que, a pesar de estos resultados, ya está decidida la suerte del nuevo Código de las Familias?

No considero que esas encuestas sean muy abarcadoras, aunque deben tomarse en cuenta como cualquier esfuerzo de recopilación de datos e información. Más bien, yo creo que el Código de las Familias será aprobado. Ninguna votación promovida por el Estado cubano ha tenido un resultado distinto al que el Estado espera desde 1959. No tiene ahora por qué ser distinto. No es un buen momento para empezar a mostrar debilidades en el consenso. 

Además, creo que una gran parte de la población cubana, la mayoría, según mi criterio, vota en la línea de la propaganda política oficial. No hará falta ningún fraude para que la gente vote por este Código, como hicieron con la Constitución de 2019. En el caso que votaran Sí, lo estarían haciendo por una gran ley.

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Este texto fue publicado en Hypermedia Magazine.