Mientras el Estado de Derecho no se traduzca en expresión real de las garantías políticas y civiles de todos los ciudadanos y, por el contrario, se normalice y tolere el irrespeto y la arremetida violenta contra la libertad de expresión; el país no podrá avanzar hacia la necesaria reconciliación nacional y la edificación de la patria con todos y para el bien de todos que soñó el Apóstol.
Constreñir a una persona a no poder emitir con total libertad lo que piensa es, además de una infracción de compromisos internacionales firmados por Cuba, una violación de los derechos estipulados en nuestra propia Carta Magna
Con la puesta en vigor del código penal, la Constitución, apenas nacida, ha sufrido una herida de muerte por quienes juraron defenderla. Y el camino a la ciudadanía plena está cegado para los cubanos.
La frase: «Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas», más allá del contexto de pobreza, represión y migración en que se produjo, funciona como resumen de una contradicción política que se hace cada vez más importante en Cuba
¿Qué pasaría si en una consulta popular, en lugar de códigos, se busca refrendar el carácter «irreversible» del sistema político cubano o la elección directa entre alternativas del presidente de la República y de los presidentes de los gobiernos provinciales y municipales?
Si el imperio del Partido Único y el funcionamiento de los cuerpos represivos no es controlable, o siquiera objetable, ¿qué protección podrán brindar en la práctica las nuevas leyes?
