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constitución de 2019

Libertad

Expresarse en libertad

por Manuel García Verdecia 1 diciembre 2022
escrito por Manuel García Verdecia

Una de las demandas cardinales de las luchas emancipadoras contra los poderes absolutistas a lo largo de siglos —fundamentalmente como resultado del largo proceso de concienciación que trajo la actividad intelectual del Siglo de las Luces en el esfuerzo por hallar en la razón el sustento, no solo del conocimiento, sino de la edificación de una vida más humana—; ha sido el derecho de las personas a expresar sus juicios con total libertad como parte de su plena realización ciudadana.

Tal derecho se refrenda asimismo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 1776, y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1779, documento fundamental de la Revolución Francesa, en cuyos artículos 10 y 11 se consignan los derechos a la libertad de opinión, conciencia y prensa.

De igual modo lo establecen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948 por la asamblea fundadora de la OEA, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, certificada por la asamblea General de la ONU en 1948, de la cual Cuba es firmante, y que ha sido paradigma básico para la concepción, tratamiento y legitimación de estas atribuciones; por citar solo algunos ejemplos.

De igual manera, la actual Constitución de la República de Cuba, en su artículo 54, establece: «El Estado reconoce, respeta, y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Esto patentiza la significación social, relevancia vital e implicación para el desarrollo humano que tiene el poder manifestar los sentimientos e ideas que mueven a la persona en un ámbito de absoluta y respetuosa posibilidad. El cumplimiento de esta facultad resulta primordial para el desempeño de una sociedad cívica y democrática.

La libre expresión es consecuencia lógica del pensamiento activo. Pensar no es una actividad circunscrita ni restringida por otras circunstancias que no sean nuestras limitaciones intelectuales. La mente asume uno u otro objeto, uno u otro fenómeno según se enfrenta a ellos, y delibera ad libitum sobre los mismos. Unas veces enfocamos nuestro discernimiento a algo que nos interesa; otras, es nuestro propio cerebro el que nos coloca ante asuntos a los que no habíamos atendido.

Pero de todos modos pensar es incorporar el mundo a nuestra subjetividad, formándonos conceptos y juicios. Se piensa en esto y lo otro porque sí, sin que ningún elemento externo pueda impedirlo, y solo lo condiciona nuestra capacidad de percepción y análisis.

Además, entre pensamiento y palabra hay un vínculo inseparable: se piensa en palabras, así que, de hecho, las ideas llevan esa libertad interior. Esto quiere decir que el pensamiento siempre es absolutamente libre. Si se piensa algo se hace imprescindible exteriorizarlo en algún momento. El hombre es un ser para el intercambio.

Si se entiende la natural conexión entre pensamiento y expresión, ¿por qué imponer trabas a la exteriorización de lo que, de todas formas, se piensa, cuando el pensamiento en definitiva rige la acción? Es diferir lo que a fin de cuentas buscará una vía de materialización.  

En esencia, ¿qué es la libertad de expresión? Pues ni más ni menos que la desembarazada posibilidad de exponer aquellos juicios que nos formamos sobre distintos aspectos de la realidad con total espontaneidad y derecho, sin impedimentos ni silenciamientos que se opongan a ellos. Se trata de exteriorizar sinceramente nuestras ideas acerca de un asunto cualquiera, de forma razonada, lógica y desprejuiciada, a partir de nuestra experiencia, intuición e información, sin temor ni condicionamientos.

Dicho asunto puede ser cultural, científico, social, económico, político, etc., pues la expresión de ideas, tal como el pensamiento, no está atenida a un solo orbe de la existencia. Esta difusión de lo que concebimos no está centrada únicamente en lo político, aunque ese es un supuesto bastante generalizado, quizás por las implicaciones que el intercambio de ideas tiene en la opinión pública y las amplias reacciones que juicios contrarios generan, y por la forma en que pueden llegar a decidir situaciones que determinan el acceso al poder de un grupo determinado.

Es así, por lo general, que los que mejor consiguen la difusión de sus plataformas ideológicas sean los que más fácil acceden al control del poder.

Libertad

La libertad de expresión no implica el total albedrío para decir lo que nos venga en ganas, del modo en que lo entendamos o en que lo podamos hacer. La falacia, el irrespeto, la difamación no son componentes de la libertad de expresión, más bien resultan anomalías en el comportamiento comunicacional. Dichas actitudes resultan indeseables y son rechazadas por la mayoría de las personas, pues atentan no solo contra la posibilidad de cada quien de manifestarse con franqueza, sino contra la propia esencia de expresarse atenidos a la verdad, la justeza y el respeto.

Expresarse libremente no significa descalificar, limitar, intimidar o vapulear a los que tienen otras opiniones. Como todo en la vida, el respeto a la diversidad y la corrección en la forma favorecen a que lo dicho sea mejor atendido y, quizás, incorporado como estímulo a reconsiderar posturas y conceptos.

La práctica de esta posibilidad abierta de manifestarse tampoco conlleva necesariamente impugnar o desacreditar otras formas de concebir las cosas. Pensar libremente también es un modo de expandir, modificar, perfeccionar, argüir más sustancialmente, un asunto expuesto; por lo que acrecienta el bagaje de ideas, opiniones y criterios en circulación, y ofrece a disposición de la opinión pública un caudal más amplio de opciones para discernir y discurrir.

Muchas veces se confunden los conceptos de libertad de expresión y pensamiento crítico. Debe tenerse en cuenta que el primero se refiere básicamente a la no imposición de censura o limitaciones a la comunicación honesta, continua y variada de criterios; sin que comporte necesariamente una actitud crítica. La expresión libre es por esencia proposicional, expositiva, argumentativa.

Por su parte, el pensamiento crítico está dirigido no solo a exponer un asunto, sino a valorarlo de manera concienzuda y argumentada. Por tanto es analítico, reflexivo, refutatorio, encaminado a transformar una opinión o situación que se aprecia como incorrecta o ineficaz. Obviamente, un argumento expresado libremente puede conllevar una perspectiva crítica.

Cuando un pensamiento crítico es fundamentado, lógico y sensato, halla la oportunidad de expresarse sin cortapisas y se convierte en una herramienta eficaz para la formulación, organización e instrumentación de opciones que promuevan el avance de determinadas condiciones sociales, científicas, culturales, económicas, políticas y otras.

El vínculo de la libre expresión con el pensamiento crítico es enriquecedor del flujo del pensar y, sobre todo, del repertorio de posibilidades de solución a los problemas que genera la continua evolución de la sociedad. Por tanto, la libre expresión del pensamiento propende a la dinámica y evolución de las ideas, y permite consensuar vías convenientes para la conquista de determinadas metas.

Es así que la libre expresión de ideas propende al progreso del pensamiento, a su despliegue dialéctico, a su más amplia difusión, a su asunción más activa; así como también a la confrontación de diversos juicios y pareceres de forma que posibiliten hallar siempre mejores proposiciones. Es este sustancioso fluir de ideas, en su más desobstruida ventilación y en su diversa y múltiple interacción, que evoluciona el pensamiento.

Una sociedad que practica, estimula y defiende la libre expresión de ideas, es más consciente, participativa, consensual, dinámica y respetuosa de las diferencias, alentadora de la actitud cívica. De tal modo garantiza un clima ético más sano, que disuelve el ocultismo, la doble moral y el oportunismo; donde las divergencias se resuelven civilizadamente y los que opinan distinto no sean satanizados ni tenidos por adversarios, sino por conciudadanos que reflexionan desde otras perspectivas y bajo otras concepciones. Un debate serio, justo y reflexivo puede conllevar a unos y otros a desarrollar nuevos juicios y conceptos que consoliden un conocimiento más certero y fructífero.

Constreñir a una persona a no poder emitir con total libertad lo que piensa es, además de una infracción de compromisos internacionales firmados por Cuba, una violación de los derechos estipulados en nuestra propia Carta Magna.

Constituye no solo una injusticia contra la libre circulación del conocimiento que impide un mejor intercambio social de sus ciudadanos; es también un acto inhumano, pues priva al individuo del despliegue de sus potencialidades cognitivas, comunicativas y relacionales, por tanto lo elimina de su participación en el desarrollo del proceso social. De tal manera, lo convierte en un recluso de doctrinas ajenas prefijadas y lo excluye de la posibilidad de enriquecer y desarrollar las ideas del ámbito donde hace su vida.

Obstaculizar la libre expresión de ideas es vedar la dialéctica del pensamiento. Obstaculizar la dialéctica del pensamiento es negar el desarrollo del conocimiento. Obstaculizar el desarrollo conocimiento es encerrarnos en las tinieblas de la ignorancia y la parálisis. Debemos romper ese círculo perverso.

1 diciembre 2022 25 comentarios 1k vistas
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Código Penal

Código penal: Mía es la venganza

por Rodolfo Alpízar Castillo 21 noviembre 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

El Antiguo Testamento recoge esta frase del dios de los judíos: «Mía es la venganza» (Hebreos, 10:30), que puede ser entendida, al menos, en dos sentidos: 1) Soy un dios vengativo y cruel, no me provoques. 2) Nadie que no sea yo está autorizado para la venganza.

Los humanos, y en particular esa creación suya que es el Estado, han desestimado el segundo sentido de la expresión y se han apropiado del primero. A lo largo de la historia y en todas las geografías, particulares e instituciones han hecho abundante uso de ella, en sus varias gradaciones, en ocasiones con el aplauso generalizado y hasta como marca identitaria de ciertos grupos.

La más violenta y definitiva forma de venganza es la muerte; también la única que, una vez aplicada, es irreversible. A lo largo de los siglos la venganza, en particular la de la muerte, ha dejado de ser un atributo individual para serlo de los Estados, quienes, cual si fueran la encarnación del dios de la justicia, se han adjudicado la potestad de castigar. Y de matar.

Con el desarrollo de las luchas por los derechos humanos, el primero de los cuales es la vida, poco a poco los Estados van dejando esa vocación de divinidad y renuncian a su prerrogativa de matar; unos eliminándola definitivamente por ley, otros reservándola para situaciones extraordinariamente graves, como los crímenes de guerra. En el siglo XXI son cada vez más los países que, de hecho o de derecho, abandonan la pena de muerte.

Entre los que la mantienen y aplican con regularidad se cuentan Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Birmania, China, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Rusia y algunos estados dentro de los Estados Unidos.

Como he señalado en otro momento, la tradición constitucionalista republicana de Cuba hasta 1976 era clara en cuanto la aplicación de la pena de muerte. La Constitución de 1901, la primera, prohibía expresamente aplicar la pena de muerte por delitos políticos. La de 1940, por la cual muchos cubanos murieron entre 1952 y 1959, también prohibía la pena de muerte, excepto para los miembros de las fuerzas armadas, por delitos de carácter militar, y para las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.

La Constitución de 1976, en cambio, era ambigua. No se pronunció al respecto, con lo cual daba lugar a dos interpretaciones muy diferentes: a) No debía haber pena de muerte en ningún caso; 2) los legisladores podían actuar según su leal saber y entender.

La Constitución de 2019 repite la ambigüedad de la que sustituyó. Sin embargo, su artículo 46 prescribe, a la letra: «Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral». Con ese artículo, la referida ambigüedad queda salvada y deja una única interpretación posible a la omisión: La pena de muerte es inconstitucional en Cuba.

La Constitución que clasifica al Estado cubano como Estado socialista de derecho (lo que significa que su poder y su actividad están regulados y garantizados por la ley, y nadie, sea el presidente del país, sea el más humilde ciudadano, está exento de cumplirlas) no contiene la pena de muerte y establece el derecho a la vida.

 

Código Penal

Es de conocimiento común que la constitución es la ley suprema de un país y ninguna norma legal puede estar por encima de ella. No obstante, la Asamblea Nacional aprobó en 2022 un código penal donde la pena de muerte aparece más de veinte veces, la mayoría de ellas referidas a delitos de carácter político.

Si yo, que no soy especialista, observo en ello una contradicción, ¿cómo es posible que nuestros legisladores no la vean? Solo encuentro una respuesta: No desean verla.

El presidente del Tribunal Supremo Popular expresó la razón de no verla, en respuesta al único, muy tímido, planteamiento divergente durante la sesión de aprobación: «El país necesita la pena de muerte».

Nadie preguntó a los cubanos si apoyamos la pena de muerte o no; por tanto, el presidente del Tribunal Supremo Popular no habló por nosotros, sino por el gobierno. En su respuesta, «país» es «Estado», no «ciudadanos», «pueblo» o «habitantes». Es decir, según este funcionario público, el Estado cubano necesita la pena de muerte. Como dios supremo, por su boca el Estado declaró: «Mía es la venganza».

Esto implica un retroceso de más de cien años en relación con la legalidad implantada por la primera Constitución cubana.

El código penal y su paso sinuoso frente a nosotros

Dado que la pena de muerte no está contenida en la Constitución del país, y que el artículo 46 protege el derecho a la vida, si el Estado que se proclama como de derecho deseaba incluirla en el código penal, su obligación era someterla a plebiscito. Hubiera sido un ejercicio democrático importante realizar ese plebiscito y dar la oportunidad de exponer sus argumentos tanto a los defensores como a los opositores a la única sanción penal no reversible, en la cual los errores no tienen subsanación.

La práctica ha demostrado que en Cuba un ejercicio así no es concebible, a pesar de ser procedimiento habitual en cualquier democracia, incluidas las más débiles. Sería la primera vez que se diera oportunidad de expresarse públicamente a los opositores a alguna medida gubernamental, y ello no tiene precedente en seis décadas, salvo en los ejemplos citados de la oposición al artículo 68 constitucional y el código familiar.

En cambio, se movilizaron recursos materiales, humanos y financieros millonarios para la promoción de un código familiar con suficientes elementos para distraer la atención de la población, incluido el plebiscito después de aprobado por la Asamblea Nacional.

Código Penal

Que el código penal apenas llamara la atención fue logro de sus propugnadores, pero ello no quedará sin consecuencias: Las fuerzas homofóbicas más radicales, las contrarias a que la mujer ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde en la sociedad, las opuestas a la educación sexual o al carácter laico de la república, fueron las verdaderas vencedoras. Unos y otros lo saben.

No se trata solo de que los opositores al gobierno deberán enfrentar penas más duras como consecuencia de sus actos. Se trata de que muchas conquistas de la república, obtenidas en ciento veinte años de existencia, están en peligro.

Aunque el objetivo se cumplió y las discusiones sobre el código familiar distrajeron la atención de la población, la presentación del código penal ante la Asamblea Nacional significaba una visibilidad imposible de evitar. Puesto que la pena de muerte no es constitucional, tanto por no estar recogida en la Constitución como porque el derecho a la vida está protegido expresamente en el artículo 46, y visto que algunos diputados se han declarado cristianos, cabía esperar una extensa discusión en el considerado órgano supremo del poder popular.

¿Cómo salvar ese escollo?

Ante todo, en un verdadero Estado de derecho, y en circunstancias normales, dicho código penal ni siquiera habría pasado el escrutinio de la comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto. De haber pasado, no habría sido aprobado, o se hubiera eliminado de él cualquier mención a la pena de muerte. Ello no ocurrió; en su lugar, se produjeron varias irregularidades:

Primera irregularidad: El diputado Toledo Santander, encargado de leer el dictamen de la comisión parlamentaria correspondiente, citó al inicio de su lectura el artículo 46. En la lectura omitió ex profeso el primer derecho proclamado en el artículo: el derecho a la vida.

Afirmo que lo hizo ex profeso, y no accidentalmente, porque el texto del dictamen no fue improvisado, sino escrito, impreso y distribuido entre los diputados. Además, en razón de su cargo, es de suponer que conoce de memoria el artículo citado, y que por su profesión de jurista sabe que al citar un artículo no se hacen saltos si no se declaran en el lugar correspondiente.

Segunda irregularidad: De la mesa directiva de la Asamblea nadie llamó la atención al diputado Toledo Santander acerca de la mutilación del contenido del artículo 46.

Tercera irregularidad: Ninguno de los diputados presentes, que tenían ante sí el texto impreso del dictamen, realizó observación alguna al respecto. Una grave inferencia de esto último sería que ninguno conoce el texto del artículo 46. O la Constitución vigente.

¿Será que la omisión se produjo precisamente porque los impulsores de la pena de muerte sabían que el artículo 46, leído íntegramente, podía provocar la discusión que no se deseaba? ¿O es mera coincidencia?

Cuarta irregularidad: Una diputada, con mucha timidez, expuso su duda como cristiana, en virtud de los mandamientos fundamentales de su religión. De inmediato, el presidente del Tribunal Supremo Popular respondió con la frase antes citada: «El país la necesita». La diputada se dio por satisfecha y nadie más se refirió al tema.

Código Penal

José Luis Toledo Santander es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Foto: Juventud Rebelde)

¿La pregunta fue hecha para que se oyera la respuesta? ¿Basta la simple afirmación de que «el país (el Estado) necesita» algo para que sea aceptado como bueno por los diputados que conforman la Asamblea Nacional? ¿Se procede así en un Estado de derecho?

Llamo la atención hacia la circunstancia en que la aprobación del código penal ha colocado a la propia Asamblea Nacional y a todo el sistema jurídico del país: En Cuba no existe tribunal de garantías constitucionales. Según la Ley de amparo de derechos constitucionales aprobada por la Asamblea Nacional, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas «es facultad exclusiva de la Asamblea Nacional».

Esto significa que nadie tiene derecho a pronunciarse contra el código penal, por inconstitucional que sea, pues el órgano que lo aprobó es el único facultado, por él mismo, para declararlo inconstitucional. En otro país tal vez cabría la fórmula de disolver el parlamento y convocar a elecciones, pero en el nuestro no existe el órgano con potestad para ello.

Mucho se habla sobre si el Estado cubano es fallido o no. Realmente, no me interesa esa discusión. Para mí, lo verdaderamente grave es que la situación creada con la aprobación del código penal lo sitúa como Estado anómico: Hay una situación de desacato constitucional, pero no existe medio legal de superarla, pues quien desacata es quien decide sobre el desacato.

Y hablamos de la ley mediante la cual se aplican castigos a la actuación del individuo. El ciudadano está desamparado ante posibles aplicaciones atentatorias contra sus derechos, incluido el principal de todos, el de la vida.

Con la puesta en vigor del código penal, la Constitución, apenas nacida, ha sufrido una herida de muerte por quienes juraron defenderla. Y el camino a la ciudadanía plena está cegado para los cubanos.

21 noviembre 2022 23 comentarios 2k vistas
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Totalitarismo

La muerte del totalitarismo

por Alina Bárbara López Hernández 31 octubre 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Se muere el totalitarismo en Cuba y lo hace de muerte natural. Carece ya del oxígeno que había mantenido su vitalidad. Se han quebrado los pilares en que se sostenía: un consenso mayoritario explicado por la existencia de ciertos beneficios sociales aun en ausencia de libertades políticas, y el control absoluto de la información, las comunicaciones y la opinión pública.

Si bien no era un estado totalitario clásico —pues según la teoría de Hannah Arendt no lo distingue «el terror total»—; la sociedad cubana fue maniatada durante décadas mediante dispositivos de control ideológico sumamente efectivos, a través del discurso político, la escuela, el arte y los medios; ellos desmovilizaron a la sociedad civil.

Tales dispositivos se establecieron como parte de un proceso popular, pero autoritario y vertical desde su génesis. Con el tiempo, la sociedad se tornó obediente, manejable a través de supuestas instituciones populares —si bien no puede negarse el origen popular de muchas de ellas—, y poco cuestionadora; hasta difuminarse y perder la capacidad de actuar como actor político. En consecuencia: el término ciudadano devino tratamiento peyorativo, usado apenas por oficiales de la policía o funcionarios de la ley.

Agoniza el totalitarismo y no es una muerte digna. Avivan la hoguera de sus cenizas el abandono desde hace ya tiempo de la justicia social como horizonte real de las políticas gubernamentales (aunque mantenido en su discurso), con el consiguiente aumento exponencial de la pobreza y la desigualdad; sumados a una época tecnológica en que los mensajes ideológicos no pueden ser monopolizados por el Partido Comunista.

Según la clasificación más usual, Cuba es un estado autoritario. Pero no todos los estados autoritarios poseen rasgos de totalitarismo. Es un asunto complejo, porque el totalitarismo no depende únicamente de cierta estructura del estado y determinadas características de un sistema electoral; requiere también de una actitud en la ciudadanía que la inhiba de la práctica de algunos derechos que pueden estar, incluso, declarados de manera formal en las Constituciones.

Como expliqué en un análisis de hace varios años:

«La esencia del asunto radica en que no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Ser libre depende más de un contexto jurídico que garantice determinadas prerrogativas ciudadanas, pero sentirse libre requiere de una actitud cívica en que no se tema practicar esos derechos. Si ser libre depende del entramado jurídico en que se desenvuelvan las personas, sentirse libre obedecerá más a prácticas culturales que involucran a la familia, la escuela y los medios de comunicación».

En un estado totalitario las personas no se sienten libres para ejercer los derechos que puedan atribuirle como propios los textos legales. De hecho, la Constitución de 1976 admitía, en su artículo 53, «(…) la libertad de palabra y prensa (…)». Es cierto que el artículo 62 aclaraba que ellas no podían ser ejercidas contra «lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista (…)», y sabemos que muchas leyes decretadas anularon las libertades reconocidas en ese documento, pues la determinación sobre qué es ser fiel o contrario a los fines del Estado socialista es algo que se decide en las oficinas de la burocracia política.

Totalitarismo

Sin embargo, al redactar la Constitución que sería aprobada en 2019 —y con el fin de hacerla atractiva en un entorno que era ya de menor consenso, para lograr que muchos pasaran por alto (como en efecto ocurrió) las notables prerrogativas que adquirían los funcionarios (ahora administradores no solo de facto, sino de jure) en el manejo de la propiedad estatal, dixit que de todo el pueblo—, el aparato de poder cometió un costoso error que ayudó a un cambio sustancial en la perspectiva ciudadana sobre sí misma: declaró a Cuba un estado socialista de Derecho. Y si bien sobre lo qué es el socialismo hay disímiles definiciones, sobre lo que es un Estado de derecho la interpretación es más recta.

Tampoco tuvo en cuenta, al anunciar el armonioso concepto, que si en 1976 la voz ciudadana no existía, en 2019 la situación era otra. Y muy diferente. Ahora podíamos reclamar lo que antes no hicimos.  

El cazador cazado

En otro artículo argumenté que a Fidel Castro nunca lo hubieran colocado en esa situación. «Jamás habría concordado con la aprobación de una Constitución tan osada. Lo suyo no era la hipocresía. “Al pan, pan y al vino, vino”. Con él nunca fue declarado en Cuba un Estado Socialista de Derecho. Como no lo tuvo ninguno de los países del desaparecido socialismo real».

El poder quedó de este modo aprisionado en un contrasentido. En el afán de presentar una Constitución más avanzada que su predecesora, se fabricó una trampa de la que no le es posible escapar. En su disposición decimosegunda, la propia Constitución obligaba a la Asamblea Nacional a habilitar los derechos ciudadanos en un plazo de dieciocho meses. Han pasado casi cuarenta y dos, y apenas el verano pasado quedó habilitado uno de esos ellos: La Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales.

Pocos meses después ya existe una demanda interpuesta ante esa sala. El ciudadano René Fidel González García demandó al presidente Miguel Díaz Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda por violación de sus derechos.  Fue difícil hallar un abogado y, como dice el también jurista, está por ver la eficacia real de este paso, pues hay factores normativos y extra normativos que afectan su eficacia.

Pero lo novedoso no es solo que exista esa demanda, sino que todos conocemos de su existencia, hemos visto una copia del contrato y podremos conocer si la sala de amparo constitucional la engavetará. Es decir, podemos seguir este caso, desde el inicio hasta el fin.  

Totalitarismo

La demora de la Asamblea Nacional en la habilitación de los derechos refrendados por la Constitución es ya escandalosa, y el poder lo sabe. Les falta habilitar derechos políticos como el de reunión y manifestación. También derechos económicos, elementales en un sistema que se presenta como socialista, como el que estipula que: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».

En la actualidad —y dado el enorme abismo entre la realidad cotidiana y el discurso político—, el aparato ideológico, tan importante en este tipo de sistema, no logra ser efectivo. El tiempo y esta época tecnológica son sus enemigos más poderosos. En presencia de un pensamiento crítico, otros actores políticos, medios de prensa alternativos y redes sociales de comunicación; ha perdido la relativa sutileza que tuvo en otras épocas. Se advierten cada día «las costuras de la manipulación mediática» y «la dictadura del algoritmo» en sus intentos por mantener, a toda costa y a todo costo, el poder.

Una protesta por apagones en la vía pública, un panel literario que reuniría a jóvenes con ideas críticas en una institución de la cultura, un cartel con la consigna «Socialismo sí, represión no»; son potencialmente presentados como tan peligrosos cual en su momento fueran una red de espías de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o un sabotaje armado contra la Seguridad del Estado.   

Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicándolos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación.

Hace pocos días fui citada bajo coacción por la Contrainteligencia que pretendía entrevistarme. Lo denuncié en las redes sociales, busqué asesoramiento legal y me dirigí a la Fiscalía provincial de Matanzas para presentar una queja y solicitar una acción de nulidad de procedimiento. La cita en la estación de la policía fue cancelada. Estoy segura de que el inmediato apoyo nacional e internacional ayudó a que la queja fuera atendida. Comprendo que algo así no es la regla, sino la excepción. Pero no deja por ello de aportarme útiles lecturas que a continuación expongo.  

Participación política en Cuba: ¿carretera de una sola vía?

Cuando recomendé la necesidad de estudiar las leyes como un medio —jamás afirmé que fuera el único— para defendernos ante atropellos como ese, varias personas vieron en mi consejo una pose altanera, intelectualista, que ignoraba olímpicamente aquellos cuyos derechos han sido violentados de manera arbitraria durante mucho tiempo y que, o no han podido apelar a la ley, o habiéndolo hecho no fueron protegidos por los pocos recursos legales a su alcance dado el carácter discrecional de la misma.

Sin embargo, no era a mí a quien faltaba humildad. Haber interpretado que mi sugerencia era para el sector abiertamente activista, que se ha desmarcado del gobierno, fue un error. Yo le estaba hablando a TODA la ciudadanía. Los activistas no pueden creerse el ombligo del mundo. Ese quizás ha sido su error. Ellos representan a la ciudadanía, sus demandas le competen, son parte de ella. Pero no logran entenderla. Por esa razón no logran encabezarla. Demasiado ego. Demasiada necesidad de liderazgos, sea de personas, tendencias o movimientos.

Totalitarismo

El activismo digital se ha convertido en una tendencia para tratar de generar un cambio social. (imagen: Getty Images)

El activismo es la dedicación intensa a alguna línea de acción de la vida pública, sea en el ámbito político, social, ecológico, religioso, etc. Aunque muchos usan el término como sinónimo de protesta o manifestación, no son equivalentes. En el ámbito político indica por lo general algún tipo de militancia, partidista, sindical u organizativa.   

El activismo militante es una de las vías de participación y presión para lograr cambios en el ámbito de la política. Ella no existe únicamente en sistemas autoritarios de cualquier signo. No obstante, en contextos totalitarios el activismo presenta enormes retos.

Al existir una ciudadanía desmovilizada, las arbitrariedades que sufren los activistas y periodistas independientes por parte de los órganos represivos del Estado los debilitan, desgastan y conducen en muchos casos a los más mediáticos y relacionados con redes intelectuales y académicas a salir del país, ya sea por decisión propia o por presiones del aparato; en tanto los que no tienen esas posibilidades, son acusados en procesos judiciales arbitrarios que los llevan a prisión por mucho tiempo. En ambos casos eso no permite que su acción política sea efectiva.

En un entorno con rasgos totalitarios, es crucial pensar la política también para las mayorías. Hay que dirigirse a las personas que quieren transformar su realidad pero no se suman al activismo, sea por temor, por condicionamientos y prácticas disuasorias, por conflictos existenciales, o por la falta de un claro mensaje estratégico de los activistas hacia la ciudadanía, pues por lo general estos suelen ser muy explícitos en lo que no quieren, pero muy pocas veces dejan claras las estrategias viables para lograrlo.

Un ejemplo de activismo de esta índole es el llamado a salir a las calles. O el de aquellas tendencias que convocan a desconocer al gobierno como interlocutor en un hipotético proceso de diálogo. Son utopías que dejan pequeño a Tomas Moro.

Conocer bien las características del contexto político que se pretende transformar es el primer paso para hacerlo. Las manifestaciones, congas, toques de calderos y consignas críticas al gobierno indican a las claras la irritación de amplios sectores sociales de la ciudadanía. Sin embargo, aunque muchos se animan al percibir que al gobierno le es cada vez más difícil lidiar con el disenso y creen que su caída está a la vuelta de la esquina, les recuerdo que por lo general, cuando mejora la situación económica, o se restablece en alguna medida el servicio electro-energético, esas protestas se debilitan.

¿Quién puede apostar que muchos de los que en su desesperación salen a gritar hoy consignas antigubernamentales, lo que están añorando es una situación como la de cinco años atrás: con el CUC asequible; pollo, aceite y detergente en las tiendas y pan por la libre? Y sin ninguna libertad política, sin ninguna participación. En una sociedad inmersa por décadas en el rigor de la cotidianidad; una mejoría, por leve que sea, es vista como una esperanza.  

¿Alguien duda de que si el estado consigue atraer a grandes inversores de capitales —así tenga que entregar cayos, propiedades, terrenos, puertos y minas (ya estamos viendo algunos ejemplos)— y se presentara una mejoría de su capacidad económica; muchas personas descontentas asumirían la actitud que describe el refrán: «Barriga llena corazón contento»?

El cambio político para Cuba no es exclusivamente conseguir transformaciones para el corto plazo, sino también para el futuro. Es lograr que la ciudadanía se empodere, se implique como actor político. Quizá no de manera frontal, como hacen los activistas, pero sí disputando por medio de los recursos legales de que dispone, por escasos que ellos sean.

Si cada persona que ha sido amenazada en entrevistas con órganos de Seguridad —y créanme que conozco muchísimas que nunca han hecho activismo y jamás han denunciado tales presiones a pesar de recibirlas—, puede argumentar que son ilegales y negarse a ellas solicitando atención de las Fiscalías, empezarán a sentirse más seguras para no callar.

Solo se aprende a tener derechos ejercitándolos. Por ello es importante que las personas adquieran cultura jurídica. Y que recuperen la libertad de su expresión cívica. Cuando esa actitud se acerque a la regla y no a la excepción, ganaremos todos. También los activistas.

¿Cuántos ciudadanos, si se sintieran seguros, no exigirían por vías legales la liberación de los presos políticos condenados como resultado del estallido social del 11-J o al menos la revisión de sus causas? Tengo amigos, intelectuales y de otros sectores, que en privado aceptan que son penas arbitrarias y abusivas, pero en público no lo ratifican porque temen buscarse un problema en sus trabajos y en sus centros de estudio, o simplemente, ser mal mirados por sus vecinos.

¿Cuántos científicos sociales exigirían acceso a información que controla el Estado sobre la verdadera situación de la economía y la sociedad cubana? ¿Cuántos no escribirían valiosos análisis en sus redes sociales y en medios independientes? Ya algunos lo hacen.

¿Cuántos ciudadanos secundarían la recogida de firmas para una iniciativa legislativa si se supieran a salvo (muchos recordarán el Proyecto Varela, pero en aquella época pocos sabían de aquello y se pudo tergiversar mucho de lo que planteaba)? ¿Cuántos irían a tocar las puertas de la Asamblea Nacional para presenciar sus sesiones, derecho constitucional jamás reclamado? ¿Cuántos no se dejarían presionar por los llamados puerta a puerta para ir a votar a las elecciones a escoger diputados que jamás nominamos y que luego no nos representan?

Hay personas que quieren el cambio, y lo quieren ya. Los entiendo perfectamente. Pero esa no es la política. Es apenas una vía. La política en Cuba pasa además por empoderar a la ciudadanía. En un modelo como el nuestro, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, una garantía para el hoy y el mañana.

A los que argumentan que apelar a esa vía es pedir peras al olmo, pues en Cuba no existe un Estado de Derecho, ni socialista ni capitalista, quisiera dejarles estas palabras del profesor y jurista René Fidel González García: «El Estado de Derecho es algo más que una declaración constitucional. Tiene que serlo en tanto meta de muchos de nosotros, de nuestras luchas históricas por alcanzar la justicia toda y la dignidad del hombre de la que hablara José Martí, no depende de un momento de su desarrollo y expansión».

El totalitarismo se muere. Pero toca a la ciudadanía cavar su tumba. Es una tarea colectiva. No de elegidos.

31 octubre 2022 68 comentarios 3k vistas
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Nosotros

«Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas»

por René Fidel González García 10 octubre 2022
escrito por René Fidel González García

Las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021 fueron un test fiable del estado de las estructuras de oposición al Gobierno, o de su endeblez y nula capacidad política para convocar, o al menos intentar de alguna forma capitalizar un acontecimiento de tal magnitud.

Parece bastante obvio que las referidas protestas eran hijas del demoledor impacto social de las medidas económicas tomadas, las consecuencias económicas de la pandemia, así como del inédito reconocimiento oficial de la existencia de un pensamiento de oposición al Gobierno y al Socialismo que habían gestionado palabra a palabra, frase a frase, los autores y ejecutores de la polarización política.

Para algunos analistas, la parte de la población que no salió a protestar a las calles durante el verano de 2021 es mucho más importante a la hora de hacer un balance de los acontecimientos, o evaluar el posterior desarrollo de la vida política del país. Sin embargo, el hecho mismo de que tampoco saliera, al menos no significativamente, para oponerse a los manifestantes, parecía una compleja incógnita política a despejar en el futuro, más que una garantía de apoyo.

Si los datos empíricos de las jornadas de protestas remiten directamente al perfil sociológico que los inductores y operadores de la polarización política habían ayudado a construir y expandir en sus programas televisivos y artículos: hombres y mujeres jóvenes, estudiantes, intelectuales, negros, mestizos, desempleados y pobres; la imagen de una anciana habanera afirmando en medio de las protestas: «nos quitamos el ropaje de silencio», permite también atisbar la existencia de un ángulo ciego a la hora de entender la formación, movilización y comportamiento de los consensos sociales y políticos en Cuba, sus déficits, fracturas y cursos en el tiempo.

La propia alocución televisiva del Presidente cubano el 11 de julio, y su conocida orden de combate, a pesar de ser considerada por muchos como irresponsable llamado a la guerra civil, era un implícito reconocimiento de que las capacidades de auto-movilización espontánea de las bases políticas del gobierno y de las organizaciones de masas y políticas habían sido comprometidas por la envergadura y volatilidad con que se expandieron las protestas, pero también de la atomización y progresiva disfunción política y social que ellas venían sufriendo, desde incluso antes que las circunstancias de sucesivos aislamientos sanitarios y de reforma económica afectaran su funcionamiento.

De hecho, la represión inicial —prevista en planes de contingencia de acuerdo a los escenarios que avizoraban el impacto que tendría la reforma económica—, recaería fundamentalmente sobre fuerzas policiales convencionales, unidades antidisturbios especializadas, así como reclutas movilizados apresuradamente, y los muchas veces dubitativos integrantes de grupos para-estatales que respondieron al llamado.  

Una hipótesis que compite contra las versiones que sobre los hechos, sus motivaciones y causas dieran las autoridades antes y después de controlar a los manifestantes, es que la represión fuera en realidad el gatillo que desencadenó casos de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la autoridad.

Asimismo, que generara situaciones de agresiones y lesiones a funcionarios públicos (que encuadraban en el delito de atentado), detenciones y/o golpizas, tratos degradantes y abusos, y disparos con armas reglamentarias —causantes de al menos un muerto y un número hasta ahora indeterminado de heridos—, en lo que habían sido hasta el momento de la alocución presidencial, protestas mayormente pacíficas con esporádicos incidentes de saqueos y destrozos de tiendas e instalaciones de comercio y servicios en lugares no protegidos por las autoridades.

Las marchas, casi invariablemente, seguirían el patrón concéntrico inicial que se había apreciado en San Antonio de los Baños, epicentro de las protestas. Empezarían desde las periferias de ciudades y pueblos, nutriéndose desde los barrios más pobres, hasta confluir a sus centros urbanos. Esa ruta es quizás reveladora de algo cuya importancia no se ha valorado lo suficiente: una vez allí, en la mayoría de los casos, los manifestantes se dirigieron a las sedes de los gobiernos municipales, provinciales, o del Partido Comunista. En ningún caso, aun estando débilmente protegidas, se intentó tomar dichas instalaciones por los reclamantes, que superaban en número a los efectivos policiales y trabajadores que las custodiaban.

Las reflexiones que se desprenden, tanto de ese patrón concéntrico como del re-direccionamiento de las marchas hasta los lugares en que física y simbólicamente radicaba el poder, permiten valorar las causas económicas y políticas subyacentes en las protestas e igualmente interpretar sus impactos a más largo plazo.

No todas las inconformidades podrían ser explicadas, ni circunscritas, a las condiciones impuestas por varios ciclos de aislamiento pandémico, sus efectos económicos y psicológicos, o los condicionamientos que imponía a la vida social la política estadounidense contra el Gobierno cubano. Parece más probable la influencia de procesos continuos y prolongados de empobrecimiento y estratificación de segmentos cada vez más numerosos de la sociedad, el deterioro de las infraestructuras públicas que garantizaban los derechos y la seguridad y asistencia social, o su pérdida de alcance y eficacia por recortes presupuestarios y, sobre todo, por una muy baja inversión social en ellas.

Por otra parte, el estado calamitoso e inhabitable del fondo habitacional, la caída en picada de la producción de alimentos, las primeras señales e impactos de una crisis estructural de la producción de energía eléctrica, y la sostenida tendencia al incremento de la desigualdad y diferenciación sociales, también de su percepción social, se unieron de forma catastrófica a los efectos de la reforma económica gubernamental.

Nosotros

El estado calamitoso e inhabitable del fondo habitacional se unió a los efectos de las reformas económicas (Foto: ADN Cuba)

Una serie de procesos desaceleraron, restringieron y acorralaron dramáticamente los proyectos de vida de la población en contextos urbanos, suburbanos y rurales en un tiempo increíblemente corto:

– Acelerada y súbita pérdida de ingresos, poder adquisitivo y acceso a bienes y servicios básicos experimentada por los trabajadores. 

– Dramática devaluación de sus ahorros e imposibilidad de invertirlos de forma legal y segura antes de que ello ocurriera por inexplicables tardanzas en la entrada en vigor de un nuevo marco para la actividad económica privada. 

– Caída del empleo formal e informal, o su precarización, por la paralización de la industria del turismo y de los servicios asociados a ella.

– Exclusión económica estructural de la mayoría de la población que supuso la dolarización de la economía.

– Inflación galopante, promovida por escasas ofertas de bienes y servicios de las empresas estatales y depresión del comercio minorista.

Las historias de vida, a medida que el grado de diferenciación social entre individuos y grupos aumentaba, reflejaban cada vez más las distancias entre triunfadores y perdedores de la reforma económica; pero también entre los políticos, funcionarios, empresarios y los ciudadanos. Se evidenciaba el declive de más de tres décadas de un modelo de justicia social, y la impotencia e imposibilidad de cambiar su destino para miles de personas.

Por otro lado, que en muchos casos los manifestantes improvisaran diálogos, hicieran peticiones e interpelaran a autoridades y funcionarios frente a las sedes de instituciones gubernamentales y políticas, era demostrativo del nivel de obstrucción de los canales de comunicación política y administrativa con la ciudadanía y de su manejo burocrático y formal.

Que esos intercambios ocurrieran en el espacio tenso y potencialmente inestable de las protestas, era también un paradójico dato de que, a pesar del grado de erosión de la confianza política de los ciudadanos en las instituciones y sus dirigentes —y de la escasa preparación, empatía y capacidad exhibida por muchos de estos últimos para discutir, explicar y rendir cuentas de múltiples problemas de la realidad—; los manifestantes reconocieron y buscaron a las autoridades como interlocutores.

Igualmente, que personas sumergidas en muy difíciles condiciones de vida corearan la palabra ¡Libertad! en lugar de demandas más concretas, no puede ser descartado como poderosa expresión de la percepción que miles de ciudadanos tenían de su realidad política y/o económica, pero también como consecuencia de la arrogancia, insensibilidad, pedantería y comportamiento despótico y autoritario que exhibían no pocas veces las autoridades, o sus agentes.    

Lo explicado hasta aquí —obstrucción de los canales de comunicación política y administrativa con la ciudadanía; persistencia, pese a todo, en reconocer a las autoridades como interlocutores; y percepción de miles acerca de los límites que experimentaban sus libertades políticas a medida que se alejaban del ideal de consenso político y social que las autoridades asumían como válido—, tironeaban ya para entonces al sistema político cubano.

Más de un año después de los hechos, un hombre descamisado y sereno, habitante de un asentamiento improvisado en El Cepem, cerca de Playa Baracoa, al oeste de La Habana, le diría a autoridades y altos grados policiales en las postrimerías de un incidente violento entre fuerzas del orden y vecinos que preparaban una salida ilegal del país:

«Somos cubanos como ustedes, que tienen otra posición en este momento, pero alguna vez se les fue la corriente, alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy. Alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros. ¿Qué cambiaron de posición? Felicidades. Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas».

Aunque el improvisado discurso fue más largo, la frase: «Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas», más allá del contexto de pobreza, represión y migración en que se produjo, funcionaba como resumen de una contradicción política que se hacía cada vez más importante en Cuba.

El quiebre

La represión de las protestas fue, por así decirlo, el fin de una difícil luna de miel del Gobierno con la Constitución de 2019. Aunque es imposible saber con certeza la percepción que ellos y los directivos del aparato ideológico del Partido Comunista de Cuba tuvieron del proceso de apropiación de valores y contenidos constitucionales que hicieron muchos ciudadanos; es absurdo desconocer que en su totalidad provenían de una cultura y prácticas de poder ajenas, cuando no hostiles, a los procesos de autonomía y autodeterminación política que experimentaban muchos ciudadanos, también al sometimiento a la Ley.    

No obstante, puede deducirse que las tensiones políticas previas a las manifestaciones, y los intentos de los ciudadanos de usar dichos contenidos como herramientas para transformar la realidad —que iban desde la protección de animales, creación de asociaciones civiles, defensa de derechos y reivindicaciones de grupos, defensa contra distintas formas de discriminación, y ampliación y eficacia de la participación política, entre otras—, debieron inquietarlos lo bastante como para mirar con desconfianza la paulatina aunque creciente y novedosa repolitización de la ciudadanía que los derechos, libertades y garantías reconocidos en la nueva Constitución habían implicado.

De hecho, el mandato constitucional establecido en las disposiciones de la Constitución de 2019 para que se elaborase una normativa que allanara el camino a demandas de protección activa de los derechos humanos ante tribunales por parte de los ciudadanos frente a violaciones de funcionarios públicos; sería obviado por el Gobierno hasta que, después de posponerlo reiteradamente con el pretexto de la situación pandémica, finalmente lo aprobaría dentro del cronograma legislativo del verano de este año.

Las advertencias que algunos intelectuales habían hecho sobre la posibilidad de que el Estado de Derecho que proclamara la Carta Magna acabara siendo un Estado de Derechos del Estado y los funcionarios frente a los derechos de los ciudadanos, se estaba volviendo una muy dura realidad incluso desde antes de las protestas.

Los casos de Luis Robles Elizástigui, joven trabajador por cuenta propia detenido, procesado y condenado a varios años de privación de libertad por exhibir durante escasos minutos en un céntrico paseo habanero un tosco cartón de embalaje en el que aparecía un mensaje de libertad para los presos políticos; el de Karla Pérez González, joven estudiante que había sido privada arbitrariamente del derecho a la educación cuando cursaba su primer año en la Universidad, y a la que años después se impediría entrar al país al concluir su carrera en Costa Rica; y el de Leonardo Romero Negrín, otro estudiante universitario que en medio de una protesta enarbolara un cartel que proclamaba: «Socialismo Sí, Represión No»; ocurridos todos durante la vigencia de la nueva Constitución cubana, eran, sin ser los únicos, suficientemente diferentes entre sí como para identificar la existencia, o si se quiere continuidad, por parte de las autoridades y funcionarios de un patrón de actuación disruptivo de las normas y valores constitucionales.

Nosotros

Leonardo Romero Negrín

El escaso impacto que tuvo la nueva Constitución en la cultura institucional cubana, la ausencia de esfuerzos y exigencias para adecuar los protocolos de comportamiento y actuación de sus miembros a sus contenidos de derechos y garantías, la promoción sistemática de códigos de cultura política que reñían con su reconocimiento y respeto en las interacciones con los ciudadanos, y el no desmantelamiento de una densa madeja de normas administrativas típicamente inconstitucionales que abarcaban casi todos los aspectos de la realidad; fueron algunos de los factores tenidos en cuenta para pronosticar un escenario en que la eficacia de muchas normas constitucionales se vería sustancialmente afectada, o finalmente cancelada.

Que algunas normas administrativas fueran activadas de forma selectiva y discrecional por funcionarios que no motivaban legalmente su decisión, ni ofrecían posibilidad alguna de recurrirlas —como las que implicaban la prohibición de entrada o salida del país, o de abandonar inmuebles residenciales—, demostraban que, al estilo de las antiguas lettre de cachet, el poder se reservaba interferir en la vida de los ciudadanos de forma particularmente arbitraria e impune.

Para algunos intelectuales, la represión a manifestaciones había sido colofón de un proceso similar a una respuesta biológica autoinmune, pero en este caso contra el cambio de cultura política y jurídica, de creencias, prácticas y ejercicios ciudadanos que había producido la Constitución del 2019. Si fuera posible tal eufemismo, era el inicio de un golpe del Estado contra el nuevo modelo de derechos —y libertades—  políticos que ella reconocía.

Las protestas fueron interpretadas por muchos manifestantes, y por distintos analistas, como ejercicios espontáneos y legítimos de algunos de esos derechos y libertades. No obstante, para el Gobierno —más allá de los desórdenes, saqueos, e incidentes de violencia que se produjeron—, tales ejercicios fueron percibidos como inicio de una intolerable secuencia que era necesario detener y suprimir por todos los medios antes de que se tornara una peligrosa bola de nieve política.

A casi un año de las protestas, el Gobierno pondría a punto dos legislaciones que tenían el rol de antídotos penales y administrativos contra el ejercicio de los derechos y libertades políticas que reconocía la Constitución: el Código Penal y la Ley de Comunicación Social.

Las durísimas penas de privación de libertad impuestas a los manifestantes, habrían servido para disuadir a cualquiera que pretendiera usar los derechos y libertades políticas que reconocía la Constitución de 2019. Era un atajo para recuperar, o consolidar, la iniciativa política interna. Sin embargo, por más efectivo e incluso tranquilizador que pudiera ser tal despliegue de poder, la represión del conflicto era realmente una paradoja en la que la incapacidad política pretendía producir un resultado político.       

Por muchas razones, las protestas fueron extraordinarias en la historia cubana de los últimos sesenta años, pero sería un serio error confundir sus límites temporales con su finitud. En realidad, ellas formaban parte de un proceso político en desarrollo. Pese a la represión, las protestas expandieron increíblemente la apropiación cultural de los derechos y libertades constitucionales; contribuyeron a la consolidación de actitudes, prácticas, experiencias e ideas sobre lo político y lo democrático, que empezarían a mediar de forma cada vez más importante las relaciones e intereses entre la ciudadanía y los funcionarios del Gobierno y el Estado. Y también los sueños y aspiraciones de los cubanos.

Su represión, en cambio, expondría y dejaría irresuelto, pospuesto, el conflicto que aquel hombre, descamisado y sereno, había sintetizado lúcidamente en el litoral habanero como el centro de todas las contradicciones políticas en Cuba.

La celebración a finales de septiembre de 2022 del referéndum para la aprobación del nuevo Código de las Familias, fue, dentro de ese contexto, la oportunidad para muchos de un anhelado ejercicio de tomar decisión sobre sus propias vidas. Para otros, era una elección basada en la afirmación de una cultura política transversalizada por el poder de tomar decisión sobre —y por— otras personas, y no pocas veces excluirlas también, de derechos de los que ellos disfrutaban.

El Gobierno, que monopolizó la campaña por el SÍ, no pudo sin embargo evitar usar dentro de ella un núcleo de nociones y principios que remitían enfáticamente a la legitimidad de la pluralidad, la necesidad de reconocer, proteger y garantizar el respeto a la opción personal, así como proscribir la discriminación y exclusión. El propio Díaz-Canel, en encuentro organizado días previos a la votación, reconocería en la exclusión algo dañino y un factor de atraso para la sociedad cubana. Tal afirmación fue entendida por muchos como acto de hipocresía, que no pasó desapercibido en medio de los enconados debates.

Pero su utilización como argumento, quizás no solo se correspondía a una comprensión personal del terrible drama que había significado —y aún era— para miles de personas que de diversas formas fueron víctimas de discriminación por motivo de identidades y prácticas sexuales. Probablemente su manejo obedecía también a la necesidad de utilizar algunos contenidos fundamentales del paradigma político democrático que manejaban amplios sectores de la población —como parte del cambio político que la Constitución de 2019, las protestas, e incluso la represión, habían acrisolado culturalmente— como punto de apoyo para alcanzar y maximizar consensos sobre una cuestión en concreto.      

Más allá de las repercusiones inmediatas del resultado del referéndum del Código de las Familias —y aunque no fuera prácticamente advertida—, la convocatoria a elecciones municipales hecha a inicios del pasado septiembre, con la que se inicia el ciclo electoral al final del cual podrá ser electo —o re-electo— el Presidente de la República de Cuba, se vislumbraba como una oportunidad mucho más compleja para las expectativas de los cubanos de tomar decisiones políticamente relevantes para sus vidas.

Para el cuarto sistema político vigente en Cuba desde 1959, esta será su primera prueba de funcionamiento electoral. Sin embargo, desde su entrada en vigor en 2019, la respuesta dada a la conflictividad política de la población generó dinámicas y crecientes niveles de exclusión política que podrían influir en la marcha del proceso.

Hay que tener en cuenta que distintas circunstancias internacionales y deformaciones internas de todo tipo, así como los resultados desastrosos de planes y decisiones económicas implementadas por el Gobierno en un corto período de tiempo, han disminuido de forma sensible su capacidad para proponer y articular políticas públicas capaces de lograr la inclusión social y económica de las mayorías.

Esto podría haber comprometido la vitalidad del nuevo sistema político, no solo ya para cumplir su función de soporte eficiente del encauzamiento de consensos, inclusión y participación de los ciudadanos —tal como lograron en buena medida los sistemas anteriores, incluso en momentos de crisis—; sino para renovar formalmente su legitimidad mediante elecciones, o la representación de la diversidad de sectores, clases e intereses de la sociedad.

La acumulación a través de los años de déficits de interrelación y comunicación entre funcionarios electos y ciudadanos, puede haber llegado ya a su punto más alto de rendimiento político. Los ciudadanos cuyas posibilidades reales de comunicarse, ser escuchados, atendidos y representados efectivamente por los diputados nacionales son desnaturalizadas, viciadas, o imposibilitadas; acaban por ser indiferentes, no participar, y desear un modelo diferente al que tienen.  

Para un sistema político que —pese a la preferencia por la elección presidencial directa expresada por miles de ciudadanos en la consulta popular de la Constitución de 2019—, ratificó la elección de segundo grado, será también un enorme desafío que muchas inconformidades, problemas y antipatías de la población hayan sido firmemente dirigidas y personalizadas en el actual Presidente cubano y Primer Secretario del Partido Comunista.

Esta última es, sin dudas, la peor circunstancia que deba enfrentar un político en cualquier tiempo y país. En el caso de Díaz-Canel, puede explicarse por factores diversos, que van desde sus características personales y actitudes, el tratamiento mediático recibido, la vigencia o emergencia de tipos o estructuras de autoridad distintas a la ejercida por él, las percepciones sociales sobre el papel del liderazgo, o su entorno familiar, o imagen y edad; hasta su evaluación a partir de los criterios y expectativas de su cohorte generacional, o de otras generaciones, y la capacidad de lograr una comunicación efectiva y empática a través del discurso e interacciones con los ciudadanos.

Nosotros

El presidente Díaz-Canel y varios funcionarios cargan una pesada rama durante un trabajo voluntario efectuado el pasado domingo. (Foto: Facebook / Tribuna de La Habana)

No se puede subestimar el papel que desempeña la trasformación de cuestiones claves de la sociología política de la población cubana que tienen que ver con: los paradigmas de confianza política, exigencia de responsabilidad pública, nuevas formas de entender la democracia y lo democrático, igualdad política y uso y límites del poder, así como de distintas representaciones de la política, su institucionalización, finalidades y funcionamiento, adquiridas por nuevas generaciones de ciudadanos.

Una joven cubana recientemente entrevistada afirmó:

«(…) el arribo al poder en Chile de uno de los líderes de protestas estudiantiles de hace una década (aquí serían vándalos o mercenarios), de Petro en Colombia, o la derrota de Donald Trump en elecciones, son una metáfora de nuestras frustraciones y aspiraciones como generación. Uno siente que tampoco vamos a tener nunca un Mujica, que sea Presidente y siga viviendo en su destartalada casa de siempre, y eso duele, la impotencia duele. Ninguno de nosotros somos elegibles por el sistema. De eso se trata».    

Por otro lado, si durante los debates previos al referéndum del Código de las Familias, y en la propia jornada electoral, llamamientos y argumentos a favor de un voto de castigo contra el Gobierno posiblemente fueron motivadores en la opción del NO, la abstención y la anulación consciente de boletas; es evidente que la sostenida tendencia a la abstención y anulación de votos registrada en los últimos procesos electorales, pudiera ser indicador substancial del grado de desgaste, contradicciones e insuficiencias de un modelo político unipartidista, que nació y se legitimó en circunstancias muy concretas, pero que, por eso mismo, no puede funcionar eternamente a contramarcha de la dialéctica de los cambios sociales sin acabar siendo anacrónico.

Probablemente Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, cuando reconoció en una comparecencia ante medios de prensa en días siguientes a las protestas de julio del 2021 que manifestarse era un derecho, condensaría sin intención lo desafiante que resultaba siempre al poder la frase que Giuseppe Tomasi di Lampedusa había acuñado en su célebre novela Il Gattopardo.

Ciertamente, no era tan fácil hacer que todo cambiara y conseguir que todo siguiera igual.

10 octubre 2022 27 comentarios 2k vistas
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Códigos

Códigos, referendos, economía y democracia

por Mauricio De Miranda Parrondo 5 octubre 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El pasado 25 de septiembre, finalmente se aprobó mediante un referéndum el Código de las Familias en Cuba, que incluye el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, la gestación subrogada y la adopción homoparental, entre otras cuestiones. La nueva norma recibió el respaldo del 66,87% de los votantes, que representó el 74,01% del padrón electoral. En cualquier país, tanto ese nivel de respaldo como la participación serían considerados muy favorables, pero en el caso de Cuba es el peor resultado de los ejercicios electorales desde 1976.

La campaña en favor del Código, desplegada por el gobierno y los medios oficiales, y por medios y grupos que apoyaban la medida aunque son críticos de la gestión gubernamental, encontró el rechazo de gran parte de los sectores religiosos y de una representación considerable de medios conservadores contrarios al sistema político cubano.

Este código es, sin duda, una norma positiva en el camino de crear condiciones para que se reconozcan los derechos de una parte de la población a construir familias diferentes a las consideradas «normales» en los patrones éticos de diversas orientaciones religiosas.

En mayo pasado, sin embargo, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad, como es usual, un Código Penal tremendamente represivo, sobre todo en la penalización del activismo político opositor. Para este caso no hubo debate, y mucho menos una aprobación refrendataria. Es decir, para reconocer derechos a diversos sectores de la sociedad se requirió consultar a la población, pero para establecer como delitos lo que en otros países es un derecho, y endurecer las penas a los activistas políticos opositores, bastó el voto unánime de los diputados cubanos.

Si fueran coherentes, las autoridades podrían haber evitado el referéndum y aprobar el Código de las Familias con esa unanimidad que les caracteriza, de espaldas a la realidad diversa que es el país; o podrían someter a consulta popular el Código Penal. Pero es obvio que en este último caso no querían correr el riesgo de ser derrotados en lo que muy probablemente habría sido una consulta popular sobre su gestión.

Códigos

Las autoridades podrían haber evitado el referéndum y aprobar el Código de las Familias con esa unanimidad que les caracteriza, de espaldas a la realidad diversa que es el país. (Foto: Mireya Ojeda Cabrera / Radio Rebelde)

Mientras tanto, a la dura realidad cotidiana de los cubanos residentes en la isla, se unió el paso destructivo del huracán Ian, que causó devastación en la región más occidental del país, incluida la pérdida de vidas humanas y afectaciones a cosechas de tabaco de la región de Vuelta Abajo —uno de los pocos recursos exportables del país—, así como a otros productos agrícolas, destrucción de viviendas, y el colapso del sistema eléctrico nacional, ya golpeado por una gravísima crisis impuesta por las restricciones de combustible y por su obsolescencia tecnológica.

Todo esto ocurre en medio de una aguda escasez de alimentos y bienes de consumo esenciales, de la crisis crónica del sistema de transporte y, sobre todo, del hastío y la desesperanza, agravados por los sucesivos errores en la política económica adoptada por el gobierno y refrendada por la dirección del Partido, además del impacto negativo provocado por las sanciones económicas que mantienen las sucesivas administraciones estadounidenses sobre Cuba.

Como he expresado en otras ocasiones, las sanciones económicas estadounidenses solo podrán ser desmontadas por el Congreso de ese país. Sin embargo, es mucho lo que puede y debe hacerse en Cuba para salir de la profunda crisis estructural en la que está inmersa, agravada recientemente por los efectos de la pandemia del Covid-19, la destrucción de parte de la base de supertanqueros de Matanzas y ahora por el huracán Ian.

Particularmente, el colapso del sistema eléctrico ha tenido afectaciones gravísimas sobre la vida de la población. Muchas familias han perdido sus alimentos después de tres o cuatro días sin energía y todas sufren las inclemencias del agobiante calor. En consecuencia, en diversos lugares del país, especialmente en La Habana, se han producido protestas sociales, muchas de las cuales añaden al reclamo de la reconexión eléctrica, la crítica a la gestión gubernamental y también el grito de «LIBERTAD».

Aunque esta vez con un poco más de tacto que en el pasado estallido social del 11 de Julio, dadas las circunstancias inmediatas, las autoridades, incluyendo al presidente, siguen insistiendo en el carácter «contrarrevolucionario» y «mercenario» de muchos de los que protestan, aun cuando la mayor parte de ellos son personas desesperadas, que ya no pueden más porque están hartas de tantas vicisitudes en cada una de sus acciones cotidianas. Sin embargo, al igual que en aquella ocasión se han utilizado fuerzas militares y de policía vestidas de civil para reprimir a manifestantes.

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Represión a manifestantes en El Vedado. (Foto: America TV/ El autor)

En medio de las difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población, los medios de comunicación oficiales y los mecanismos de divulgación ideológica del Partido Comunista de Cuba (PCC) ofrecen sistemáticos partes de victoria, y no cejan en el empeño de mostrar un infundado triunfalismo, que desacredita no solo a la dirigencia del país sino al sistema político como un todo y pone en entredicho, entre una proporción cada vez más significativa de la población, categorías políticas como: «Revolución» y «Socialismo».

A pesar de las opiniones críticas de una serie de economistas y de las sugerencias de otros, la dirección del Partido y del gobierno han mantenido una política económica errática; han insistido en no abordar los problemas económicos en su integralidad; han fallado en la definición de la secuencia adecuada de las medidas, pretendiendo solucionar problemas de la esfera de la circulación sin realizar los cambios necesarios en la producción.

Asimismo, persisten en el mantenimiento a toda costa del modelo de administración centralizada y de la preeminencia de las empresas estatales, muchas de las cuales son ineficientes y le cuestan a toda la sociedad. 

En clara muestra de voluntarismo fijaron una tasa de cambio oficial del peso cubano lejana a las condiciones del mercado, apelaron al desacreditado expediente de los tipos de cambio múltiples sin el músculo necesario para influir en el mercado cambiario y, recientemente, afirmaron con soberbia que no se renunciaría al monopolio estatal del comercio exterior, a pesar de que la lógica racional sugiere liberalizar esta importante actividad económica para un país como Cuba con alta dependencia de sus relaciones económicas internacionales.

Esto ocurre porque el sistema político e institucional del país no solo lo permite, sino lo estimula. Es un sistema que asegura un poder totalitario e indiscutido por vías institucionales y legales, lo cual deja a la oposición, o a quienes cuestionen ese poder, únicamente con la alternativa de la protesta social, con el agravante de la persistente manipulación que se hace de los derechos ciudadanos.

Varios son los problemas que evidencian la ineficacia del sistema para satisfacer las necesidades de la sociedad, aunque sea muy eficaz para asegurar el carácter dominante de la burocracia en el poder. Sin pretender agotar el tema y consciente de que cada uno de ellos implica una reflexión aparte, listaré algunos de los principales:

1) a pesar de que el artículo 3 de la Constitución de 2019 establece la soberanía del pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado, no existen los mecanismos legales para que el pueblo pueda ejercer esa soberanía de forma efectiva;

2) el pueblo carece de la posibilidad de elegir directamente a sus gobernantes o de revocarlos mediante un ejercicio electoral;

3) el carácter de «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado» que se otorga al PCC, permite a este colocarse por encima de la Constitución y de las leyes;

4) el carácter «socialista» del país —léase el sistema político totalitario que cada día es menos socialista en realidad— es «irreversible» según la  Carta Magna, con lo cual se obliga a las generaciones futuras a aceptar un sistema que para ellas puede resultar ajeno;

5) no existe un equilibrio de poderes independientes, con lo cual, en la práctica, tanto el sistema judicial, como el órgano legislativo y los entes de control se someten a las directrices del PCC e incluso al ministerio del Interior y la Seguridad del Estado; y

6) los derechos reconocidos en la Constitución no están reglamentados, lo que permite a la Seguridad del Estado, la Fiscalía y los Tribunales interpretarlos a discreción, convirtiéndolos en papel mojado.

Es hora de hacer y de sumar,ya sabemos que solo la unidad nos permitirá salir adelante.Las manos y el aliento de los jóvenes no faltará,como no falta la confianza en la Revolución que nunca nos abandona #FuerzaPinar #CubaViveYTrabaja #Cuba @DiazCanelB @UJCdeCuba @DrRobertoMOjeda pic.twitter.com/7HxS2JheAe

— Aylín Álvarez (@aylinalvarezG) September 30, 2022

Por estas razones es muy difícil que la crisis económica se solucione sin realizar una transformación fundamental del sistema político, afectado por una crisis de confianza que unida a la crisis económica están generando la mayor estampida migratoria de los últimos cuarenta años.

Los casos de China y Vietnam, en que se ha logrado una mayor prosperidad económica en el primero y un mejoramiento sustancial del nivel de vida en el segundo, manteniendo el carácter totalitario y anti-democrático de sus respectivos sistemas políticos, demuestran que para mantener la estabilidad política se requerían transformaciones económicas radicales orientadas hacia el mercado.

En ambos países, la población en general vive mucho mejor que hace cuarenta años. Para una parte considerable de las referidas sociedades, desde que se iniciaron las reformas el liderazgo político no solo ha sido garantía de ellas sino su principal impulsor. Nada de esto ha ocurrido en Cuba y ya ese modelo no resulta suficiente y tampoco deseable para una parte considerable de la ciudadanía.

Ante la grave crisis solo cabe una salida democrática. Es tiempo de aceptar las nuevas realidades políticas por duras que resulten para algunos. Entre ellas menciono:

1) en la actualidad el liderazgo del país cuenta con el menor nivel de respaldo ciudadano desde 1959;

2) el PCC, lejos de constituir una organización política de vanguardia y fuerza dirigente de la sociedad, va a remolque de los tiempos sin ofrecer alternativas viables para salir de la crisis y no ha sido capaz de exigir cuentas a su liderazgo por el incumplimiento de los Lineamientos aprobados en el VI y VII Congresos, y

3) el respaldo que recibió el Código de las Familias no es endosable al Partido y al Gobierno, sino que refleja el apoyo de gran parte de la sociedad que decidió defender derechos humanos que no estaban reconocidos legalmente, incluyendo los de algunas minorías.

¿Qué pasaría si se somete a plebiscito el mantenimiento del artículo 5 de la Constitución o el carácter único del PCC? ¿Qué pasaría si en una consulta popular se busca refrendar el carácter «irreversible» del sistema político cubano o la elección directa entre alternativas del presidente de la República y de los presidentes de los gobiernos provinciales y municipales?

¿Qué pasaría si se permite al pueblo decidir entre mantener el sistema electoral actual o la posibilidad de elegir directamente a los diputados entre candidatos que no necesiten ser autorizados por una comisión de candidatura? Las únicas respuestas válidas serían las de las urnas. Estas y otras muchas son cuestiones de urgencia nacional y deben ser abordadas tanto desde un punto de vista político como ético y moral.

5 octubre 2022 53 comentarios 1k vistas
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Protección

Perspectivas en torno a la protección de los derechos constitucionales en Cuba

por Fernando Almeyda Rodríguez 17 mayo 2022
escrito por Fernando Almeyda Rodríguez

¿Estado de derecho socialista?

El texto constitucional de 2019 es uno de los más sui generis en la historia constitucional cubana. Combina instituciones heredadas del Estado Socialista consagrado en la Constitución de 1976, con instituciones de un Estado de Derecho; incluso, de acuerdo a su artículo 1, Cuba es un «Estado socialista de derecho».

La Organización de Naciones Unidas define el concepto Estado de Derecho como «un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos» (Resolución S/2004/616).

En otras palabras, se trata de un Estado donde rige el imperio de la ley. Supone por tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero a su vez, la existencia de mecanismos que hagan efectiva su protección.

La Constitución de 2019 reconoce prácticamente la totalidad de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual fue un gran acierto. Pero por otro lado, en su artículo 5 establece que la dirección de la sociedad y del Estado está determinada por un órgano supra estatal y supra constitucional: el Partido Comunista de Cuba (PCC) (único).

Es decir, una organización política de ideología única es la fuerza fundamental que determina y rectorea todos los procesos dentro de la sociedad cubana. ¿Cómo puede ser esto posible? El artículo 1 declara el imperio de la Ley, mientras que el artículo 5 declara el imperio del Partido Único.

De facto, tal situación ha generado una contradicción interpretativa del texto constitucional: de una parte, la ciudadanía busca reivindicar el amparo del ejercicio de los derechos consitucionalmente reconocidos; mientras, otra interpretación pondera los derechos en función del imperio del Partido Único. En la práctica, dicha contradicción se ha saldado en beneficio del Partido y no de los derechos. La razón reside en que no existen mecanismos de control social o jurídico por encima de las decisiones e influencias del PCC.

Según la narrativa estatal y gubernamental, amparada en el artículo 4, la protección del modelo de Partido Único es la prioridad del sistema, que considera como una amenaza para la seguridad nacional cualquier ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos que cuestione su diseño.

Protección

(Foto: laicismo.org)

Las constantes violaciones de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, asociación y reunión en todas las sedes y escenarios posibles, ha hecho patente la ausencia de voluntad política para proteger los mismos. La reciente promulgación del nuevo Código Penal entraña tipos delictivos cuyo objetivo es la penalización del «abuso» en el ejercicio de los derechos constitucionales.

Así lo estipula textualmente el nuevo texto penal en su artículo 120.1, que sanciona de cuatro a diez años de privación de libertad al que «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constiucional del Estado y el Gobierno cubano».

Además, el código insiste en la permanencia de tipos delictivos cuya finalidad es la penalización del ejercicio de derechos fundamentales. Cualquier jurista decente entiende que el ejercicio de derechos fundamentales no puede estar supeditado a la autorización por parte del poder, de lo contrario no se trata en buena lid de «derechos» sino más bien de «permisos».

En definitiva, el subtexto tras el nuevo Código Penal es que los derechos reconocidos en la Constitución solo son válidos en tanto no se opongan al imperio del Partido Comunista y del Estado. Y un Estado que considere como una amenaza el ejercicio de los derechos fundamentales, no es un Estado de Derecho.

Alcance real de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales

No obstante, también en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció la próxima aprobación de una Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. La promulgación de esta normativa daría cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que establece:

«La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización».

El mandato constitucional contenido en la Disposición Transitoria Décimosegunda, establecía un plazo de dieciocho meses para que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobase las modificaciones legislativas encaminadas a hacer efectivo lo previsto en el artículo 99; sin embargo, la aprobación de ese proyecto de ley ha tardado mucho más de lo previsto. Y no ha sido por falta de oportunidad.

Más interés han suscitado las leyes que restringen el ejercicio de los derechos de libertad de expresión —como el Decreto Ley 370, el Decreto Ley 35— y finalmente el nuevo Código Penal.

#Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho. Este domingo fue histórico con la aprobación de la Ley del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. #CubaLegisla pic.twitter.com/cOgor6FXhK

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 16, 2022

No existe en la Constitución de 1976 precedente de una protección directa a los derechos. El último precedente fue la Constitución de 1940, que establecía en su artículo 182 las funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el cual sería una sala especial del Tribunal Supremo.

El proyecto de Ley de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece una jurísdicción especializada en el amparo de los derechos constitucionales, con un proceso «expedito» y «preferente» para su protección. Estipula en su artículo 5 que «corresponde a los tribunales de esta jurisdicción conocer de las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa propia en procesos judiciales de otra materia; salvo que, por la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada, requiera de una actuación urgente y preferente».

Sin embargo, a diferencia de la Constitución del 40, quedan excluidos de esta jurisdicción «las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos; las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país».

La determinación de la constitucionalidad de las leyes continúa siendo función de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal y como establece la Constitución de 2019. Para que la Ley introdujera modificaciones en este aspecto, debiera ser modificado con antelación el texto Constitucional.

También excluye de su conocimiento las reclamaciones relativas a la «defensa y la seguridad nacional», y en esto es preciso hacer hincapié. Los asuntos de la Defensa y la Seguridad Nacional son rectorados directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas y por el Ministerio del Interior respectivamente; por ende, la propia ley está limitada en el conocimiento de las materias que entren dentro del control de esos organismos.

En otras palabras, el trabajo de órganos como la Contrainteligencia Militar y el Departamento de la Seguridad del Estado no pueden ser perseguidos en sede judicial, aun si implican una vulneración de los derechos constitucionalmente establecidos.

En materia administrativa existe la misma exclusión, en tanto la Ley 142 del Proceso Administrativo establece en su artículo 8, inciso b) que se excluyen de la jurisdicción en materia administrativa las cuestiones «de índole militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales».

Es decir, que el accionar de los órganos de la Seguridad del Estado (principales responsables de constantes violaciones de derechos fundamentales), la policía y los militares no pueden ser suceptibles de impugnación ni en sede administrativa, ni en sede constitucional.

ProtecciónProtección

En la práctica, los tribunales han permanecido siendo órganos comprometidos con las directrices del Partido y sus órganos represivos. Decenas de Hábeas Corpus son presentados todos los años ante los tribunales sin que sean admitidos o dados a lugar. Todos los años se cometen violaciones por parte de las autoridades que podrían ser punibles por el Código Penal, pero las denuncias son archivadas o desestimadas. Todos los años, tanto fiscalía como tribunales privan de libertad a personas por el ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos.

A los efectos, si el imperio del Partido Único y el funcionamiento de los cuerpos represivos no es controlable, o siquiera objetable, y tanto las leyes como el actuar de los funcionarios está blindado por un excesivo sistema de restricciones, contravenciones y sanciones penales ¿Qué amparo podrá brindar en la práctica la nueva Ley de Amparo?

Mientras el ejercicio de las libertades elementales de las personas permanezca siendo contenido de delitos o perseguido por motivos ideológicos, la protección judicial de los derechos constitucionales seguirá teniendo el mismo alcance que ha tenido el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación reconocidos en los artículos 54 y 56 del texto constitucional de 2019: presentes de iure, inexistentes de facto.

17 mayo 2022 11 comentarios 1k vistas
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Economía (1)

No solo es la economía, es también y sobre todo, la política

por Mauricio De Miranda Parrondo 19 noviembre 2021
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Cuba enfrenta en la actualidad una grave crisis económica que al mismo tiempo se combina con una crisis política sin precedentes en la sociedad. La crisis económica, sobre la que ya he escrito en diversas ocasiones, es resultado de la combinación de los errores de política económica acumulados durante décadas; la débil estructura económica del país; los efectos nocivos de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 1960 y agravadas por la administración Trump; y para completar, la pandemia, que tiene un efecto devastador por la alta dependencia del país a los ingresos que produce el turismo. Dicho escenario ha tenido grave impacto sobre el bienestar de la población, que ya enfrentaba serias dificultades para su sobrevivencia cotidiana.  

A pesar de que la necesidad de cambios profundos en la economía era más que evidente y fue reconocida en los tres últimos congresos del Partido Comunista, muy poco se hizo, y las medidas más importantes fueron adoptadas en medio de la pandemia, cuando los efectos del doloroso ajuste cobraron mayor dimensión. Ese fue un error cometido por la más alta dirigencia, la cual no ha rendido cuentas ni realizado autocrítica alguna. Tampoco ha sido cuestionada en la Asamblea Nacional que, constitucionalmente, está definida como «el órgano supremo del poder del Estado».

Al considerar la responsabilidad del gobierno con los errores de política económica y la imposibilidad de interpelarlo públicamente y exigirle responsabilidades por vías institucionales; resulta inexcusable cuestionar a un sistema que no permite solucionar por tales vías los conflictos políticos que aparecen en cualquier tipo de sociedad moderna.

La crisis económica, que endureció las condiciones de vida ya difíciles de la población cubana, unida al inmovilismo de la dirigencia a la hora de acometer transformaciones económicas impostergables para impulsar el crecimiento, han generado considerable malestar entre una parte importante de la población.

Ello es muy evidente en los jóvenes, quienes esgrimiendo los derechos constitucionales reconocidos en la actual Carta Magna, han manifestado su descontento sin que haya sido tenido en cuenta de forma adecuada por las autoridades, que consideran orquestada por Estados Unidos cualquier protesta o manifestación; como si en Cuba no existieran razones suficientes para protestar.

El rechazo de las autoridades cubanas a cualquier cuestionamiento de su gestión, así como la capacidad represiva mostrada cuando se produjeron las manifestaciones del pasado 11 de julio, se han traducido en la violación flagrante de la Constitución sin que los ciudadanos que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta tengan algún tipo de protección legal.

Economía (2)

Las autoridades, consideran orquestada por Estados Unidos cualquier protesta o manifestación; como si en Cuba no existieran razones suficientes para protestar.

Esto muestra las graves debilidades institucionales del sistema cubano, que han llevado a que a partir de la crisis económica se manifieste también una crisis política, que rebasa claramente los marcos de reivindicaciones económicas e incluye otras de carácter político que podrían resumirse en un concepto: libertad. Para decidir el propio destino, para asociarse política y profesionalmente, de opinión y manifestación política, para escoger a los dirigentes, entre otras.

Como Douglass North explicara en Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (1990): «la función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente eficiente) de la interacción humana. Pero la estabilidad de las instituciones de ningún modo contradice el hecho de que están en cambio permanente».

North define las instituciones como «acuerdos, códigos de conducta y normas de comportamiento, pasando por leyes estatutarias, derecho escrito y contratos entre individuos» y en tal sentido las instituciones evolucionan y alteran «continuamente las elecciones a nuestro alcance». En resumen, ellas importan y tienen un papel crucial en el desempeño económico, tanto para estimular el desarrollo como para frenarlo. Esto hace necesario analizar las principales debilidades del sistema institucional y político cubano.

La irrevocabilidad del sistema que se define como socialista

Al margen de que resulta cuestionable que el sistema cubano sea socialista, porque como he escrito en otras ocasiones, los supuestos propietarios colectivos de los medios de producción que se definen como sociales no pueden ejercer un control sobre la gestión de su propiedad; es absurdo que en una Constitución se pretenda que las generaciones futuras tengan que ceñirse a lo que la presente decidió hasta el fin de los tiempos. Esto denota un total desprecio por la libertad de esas generaciones para definir el tipo de sociedad en que pretenden vivir.

Ninguna constitución puede impedirle a sociedad alguna que, en libertad, determine el tipo de instituciones que requiere para asegurar su existencia. Por ello, una constitución que pretenda escribir en piedra normas inamovibles, resulta inviable y está condenada a ser derogada completamente cuando las condiciones políticas y sociales y una correlación de fuerzas lo permita.

El dominio hegemónico del Partido Comunista

Otra de las cuestiones que parecieran escritas en piedra en el texto constitucional, y que definen al sistema institucional cubano, es el carácter único y hegemónico del Partido Comunista de Cuba (PCC), que es definido constitucionalmente como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Esto implica, en la práctica, el sometimiento de la sociedad y del Estado a lo que decida un partido político que reúne apenas alrededor del 6% de la población cubana.

Adicionalmente, el PCC carece de democracia interna real. Sus estructuras dirigentes no son elegidas por la militancia en general sino por el Congreso, a partir de una lista única presentada por un comité de candidatura que sigue el criterio del Buró Político. De tal forma, es el Buró Político el que impone su criterio al Congreso, aunque los estatutos le confieran a este último la posición de «órgano supremo de dirección del Partido».

Economía (3)

Tal ausencia de democracia se hizo aún más evidente cuando en el 6to Congreso se adoptaron lineamientos de política económica y social, en tanto en el 7mo se comunicó el cumplimiento del 21% de los mismos y nadie explicó por qué ni asumió responsabilidades por el incumplimiento. No obstante, lo peor fue que ninguno de los delegados exigió esas responsabilidades a la dirección saliente y, por el contrario, reeligió la mayor parte de ella en el nuevo Buró Político.

Por otro lado, al asumir la condición de fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, el PCC es responsable de los errores que se han cometido y se siguen cometiendo en política económica y, a pesar de esto, no existe mecanismo institucional para que la sociedad pueda reclamarle sus yerros. Ello solo podría ocurrir en unas elecciones libres, en las que el Partido se viera obligado a competir con otras fuerzas políticas por el favor popular a partir de propuestas, cuyo cumplimiento pueda ser evaluado por la sociedad.

El dominio del PCC sobre el sistema institucional cubano ha conducido a la conformación de un sistema político totalitario y autoritario, en el que solo es válido y legal aceptar la línea trazada por esa instancia. Esto margina a una parte considerable, y a todas luces creciente, de la sociedad respecto a la gestión política, que en la práctica se comporta como el coto privado de un pequeño grupo.

La ineficacia de estructura de los órganos de poder

La Constitución cubana no establece un sistema de equilibrios entre los diversos órganos del poder del Estado, sino que otorga a la Asamblea Nacional del Poder Popular la condición de «órgano supremo», al que en teoría se subordinan el presidente y el vicepresidente, el Consejo de Ministros, los gobiernos provinciales y municipales.

La Asamblea Nacional no es elegida por sufragio universal directo y secreto por el pueblo entre varias alternativas, sino a partir de una lista única elaborada por una Comisión de candidatura que sigue directrices de la dirección del PCC y, en consecuencia, impide que lleguen representantes de la oposición al órgano que elabora las leyes del país.

Es la Asamblea y no el pueblo quien elige al presidente y vicepresidente de la República, siendo el único país latinoamericano en el que el pueblo no goza de ese derecho. Se hace además considerando únicamente a un candidato para cada puesto, propuestos todos por el Buró Político del PCC.

En la realidad, la Asamblea Nacional es un órgano en el que se ratifica unánimemente cualquier cosa que se proponga desde la dirección del país. Los diputados solo intervienen para apoyar las propuestas que les llegan del gobierno o del Consejo de Estado; jamás para cuestionar a los ministros por su gestión o por los informes que presentan. En la última sesión resultó inaudito que ni un solo diputado interpelara a Marino Murillo por los errores cometidos en el diseño y aplicación de la llamada Tarea Ordenamiento, no reconocidos ni por él ni por la dirección del Partido y el Gobierno.

Economía (4)

Resultó inaudito que ni un solo diputado interpelara a Marino Murillo por los errores cometidos en el diseño y aplicación de la llamada Tarea Ordenamiento. (Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)

En los países democráticos, al ejercer su derecho al voto los ciudadanos pueden ratificar o no a los parlamentarios, partiendo de su labor en el período anterior. Y en aquellos en los que se utilizan sistemas de listas de partido, siempre se puede revocar el voto a un partido que no lo ha hecho bien.

Muchos ciudadanos cuestionamos la gestión de gobierno del PCC, sin embargo, carecemos de la posibilidad de expresar ese desacuerdo a través del voto, con lo cual se conculcan nuestros derechos ciudadanos en la libertad para decidir quién nos gobierna.

Y es que el ejercicio del poder no debe estar tampoco escrito en piedra para ejercerlo cual derecho divino, como ocurría en las monarquías absolutistas, sino que debe ser ganado en franca y transparente lid entre las ideas y fuerzas políticas que representan el variado espectro que es la sociedad contemporánea.

La reforma política también es imprescindible

La complejidad de la situación actual requiere profundas reformas en el sistema institucional y político cubano, que permitan la evolución hacia una sociedad democrática en la que puedan expresarse con libertad las distintas ideas políticas, en la que nadie pierda su trabajo por su forma de pensar, en la que nadie sea privado de libertad por expresar públicamente sus ideas o sufra por ellas un mitin de repudio, en la que nadie deba emigrar para realizarse como persona, en la que pueda ejercerse realmente esa soberanía que la constitución le reconoce al pueblo y no a una parte de este.

Las crisis suelen generar oportunidades para el cambio y la actual en Cuba tiene todas las características para sugerir la necesidad de un nuevo contrato social, que lamentablemente no se logró con el proceso constituyente de 2018-2019 porque fue excluyente. Ello puede conseguirse mediante un diálogo político en el que se reconozca la existencia real de partes contrapuestas. De seguirse obviando esta vía, ello conducirá a un agravamiento de la crisis y a un nuevo estallido social. Todo es cuestión de tiempo.

19 noviembre 2021 15 comentarios 4k vistas
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Blanco (1)

Ciudadanía cubana: ni blanco ni negro, gris

por Raúl Prado 13 noviembre 2021
escrito por Raúl Prado

En Cuba, el daño al entramado social es grande y forma parte de un proceso largo y meticuloso que comenzó desde las primeras «tareas revolucionarias». Después de Campañas, Limpias, Zafras, Becas, Guerras, Éxodos, Actos de Repudio…; quien sufre y se fractura es la familia, base de cualquier sociedad. Con ello se afecta un sistema de valores cívico-sociales que solo se transmiten en el seno familiar.

Al pasar años bajo esas condiciones, y con una educación totalmente doctrinal, se llegó  al «hombre nuevo»,  el habitante supremo, aquella persona que va de la A a la Z según mande el Gobierno, sin cuestionar, cual militar de carrera. Pero… ¿qué sucede cuando un país deja de tener ciudadanos para tener habitantes?

La respuesta la encontramos en el 2021, en las condiciones en que vive el pueblo cubano, en el hostigamiento, la persecución, la estupidez y la mediocridad; en las separaciones laborales por motivos meramente políticos, en interrogatorios a familiares y amigos, citaciones sin fundamentos, intimidaciones, campañas de descrédito y manipulación sin ningún tipo de prueba ni derecho a réplica, en la imposibilidad de movimiento, en los cortes de Internet y comunicación en general y en una larga lista de etcéteras para todas las personas que piensan y actúan como ciudadanos en la Cuba de los  habitantes.

Estos atropellos son justificados con el manejo de una cifra que me gustaría saber cuántos han cuestionado. Todos los días se habla del 86.8% que votó Sí por la Constitución del 2019. Los medios oficiales se refieren a ese porciento como total; pero eso no es del todo exacto.

Blanco (2)

Según cifras oficiales, en Cuba hay un total de 9.2 millones de votantes, es decir, personas que no tienen ningún tipo de limitación para ejercer el voto —por cierto, una de las restricciones es vivir fuera de del país, la cual impide votar a casi 2 millones de cubanos; únicamente lo hacen desde fuera aquellos que se encuentran en tareas o misiones oficiales. De esos 9.2 millones reconocidos en el padrón electoral, estos fueron los resultados reales:

Votaron 7.8 millones.

De esa cifra votaron por el SÍ 6.8 millones.

Por el NO lo hicieron 706 mil personas.

Fueron anuladas 127mil boletas.

Depositaron boletas en blanco 198 mil votantes.

De esa cifra de 6.8 millones es que sale el «famoso» 86.8%, que corresponde por tanto a los votos válidos, no al total de 9.2 millones de cubanos. De modo que el SÍ tuvo en realidad un 73.3% de aprobación.

Por supuesto, 86.8% suena y se ve mejor que 73.3%. Esto indica que, en total, cerca del 26,7% del padrón (unos 2,5 millones de electores), no apoyaron de una forma u otra el proyecto —ya fuera no yendo a votar, votando en contra, anulando su boleta o dejándola en blanco. Y todo esto bajo una fuerte campaña por el SÍ, que incluyó tildar de traidoras a las personas que proponían objeciones o un voto contrario a la nueva Carta Magna.

Habría que preguntarle a los del Sí, ¿cuántos votaron sin haber leído la Constitución? ¿Cuántos votaron esperando promesas que no llegaron? ¿Cuántos porque simplemente era «superior» a la del 1976? ¿Cuántos porque era una tarea encomendada? ¿Cuántos de ellos viven aún en Cuba? Y todo esto, ¡con la tinta indeleble del lápiz!

A mí estas cifras solo me confirman que, ¡mínimo!, no todos los cubanos estamos debidamente representados; ¡mínimo!, no todos tenemos un espacio político en nuestro país; ¡mínimo!, no todos somos escuchados o tenidos en cuenta, y esto es «con todos y para el bien de todos». Así que, aunque sea por eso, necesitamos utilizar las herramientas que tenemos como ciudadanos. Aunque sea por eso, vale la pena exigir nuestros derechos humanos y políticos de manera cívica y pacífica, sin perder de vista los demás problemas que aquejan a nuestra sociedad.

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No todos los cubanos estamos debidamente representados. (Foto: Antonio Hernández Mena/ ANPP/ Cubadebate)

No se pueden barrer bajo la alfombra los problemas como si de esa manera fueran a desaparecer, pues sucede que, puestos a la sombra, se van a agudizar, se van a polarizar, y un día va a ser demasiado tarde el intento de construir un país que reciba a todos sus hijos por igual.

Como ciudadanos, no podemos permitir ser frenados por la tesis de la «plaza sitiada», porque ese es un negocio político y económico. El bloqueo o embargo es un negocio para muchos y la mejor excusa para la incompetencia. En lo personal estoy en desacuerdo con su implementación, pero, qué sucede, mañana podemos salir todos los millones de cubanos a la vez a exigir su eliminación, y ahí seguirá. Podrán efectuarse 80 mil votaciones más en cuanto organismo internacional exista, y ahí seguirá.

Y es que no está en nuestras manos su eliminación, y con esto no afirmo que se deba dejar de luchar por esa causa, simplemente enfatizo que lo que sí está en nuestras manos cubanas es cambiar la realidad de Cuba. Sí está en nuestras manos construir un futuro país que reciba a todos sus hijos por igual.  Sí lo está el construir sin egos ni odios; sin utilizar la historia como ancla y sin escudarnos en conceptos vacíos que no ponen al ser humano como eje y epicentro, donde no se incluye el humanismo, porque es realmente deshumanizante la situación en  que vive la inmensa mayoría de los cubanos.

Hace pocas semanas supimos, en voz del presidente Díaz-Canel, que no somos una República. Muchos ya lo sabíamos, pero es bueno que el resto lo conozca también, porque en esto estamos #todosjunticos, así que encontremos #elmarquenosune.

De la fotografía en blanco y negro lo más interesante no son exactamente el blanco y el negro, sino más bien toda la gama de grises que existe en medio… En Cuba se ha pretendido hacer creer que únicamente existen el blanco y el negro, lo que ignora la pluralidad que concurre y se desarrolla cada vez más en nuestro país.

13 noviembre 2021 22 comentarios 3k vistas
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