No solo es la economía, es también y sobre todo, la política

Cuba enfrenta en la actualidad una grave crisis económica que al mismo tiempo se combina con una crisis política sin precedentes en la sociedad. La crisis económica, sobre la que ya he escrito en diversas ocasiones, es resultado de la combinación de los errores de política económica acumulados durante décadas; la débil estructura económica del país; los efectos nocivos de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 1960 y agravadas por la administración Trump; y para completar, la pandemia, que tiene un efecto devastador por la alta dependencia del país a los ingresos que produce el turismo. Dicho escenario ha tenido grave impacto sobre el bienestar de la población, que ya enfrentaba serias dificultades para su sobrevivencia cotidiana.  

A pesar de que la necesidad de cambios profundos en la economía era más que evidente y fue reconocida en los tres últimos congresos del Partido Comunista, muy poco se hizo, y las medidas más importantes fueron adoptadas en medio de la pandemia, cuando los efectos del doloroso ajuste cobraron mayor dimensión. Ese fue un error cometido por la más alta dirigencia, la cual no ha rendido cuentas ni realizado autocrítica alguna. Tampoco ha sido cuestionada en la Asamblea Nacional que, constitucionalmente, está definida como «el órgano supremo del poder del Estado».

Al considerar la responsabilidad del gobierno con los errores de política económica y la imposibilidad de interpelarlo públicamente y exigirle responsabilidades por vías institucionales; resulta inexcusable cuestionar a un sistema que no permite solucionar por tales vías los conflictos políticos que aparecen en cualquier tipo de sociedad moderna.

La crisis económica, que endureció las condiciones de vida ya difíciles de la población cubana, unida al inmovilismo de la dirigencia a la hora de acometer transformaciones económicas impostergables para impulsar el crecimiento, han generado considerable malestar entre una parte importante de la población.

Ello es muy evidente en los jóvenes, quienes esgrimiendo los derechos constitucionales reconocidos en la actual Carta Magna, han manifestado su descontento sin que haya sido tenido en cuenta de forma adecuada por las autoridades, que consideran orquestada por Estados Unidos cualquier protesta o manifestación; como si en Cuba no existieran razones suficientes para protestar.

El rechazo de las autoridades cubanas a cualquier cuestionamiento de su gestión, así como la capacidad represiva mostrada cuando se produjeron las manifestaciones del pasado 11 de julio, se han traducido en la violación flagrante de la Constitución sin que los ciudadanos que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta tengan algún tipo de protección legal.

Esto muestra las graves debilidades institucionales del sistema cubano, que han llevado a que a partir de la crisis económica se manifieste también una crisis política, que rebasa claramente los marcos de reivindicaciones económicas e incluye otras de carácter político que podrían resumirse en un concepto: libertad. Para decidir el propio destino, para asociarse política y profesionalmente, de opinión y manifestación política, para escoger a los dirigentes, entre otras.

Como Douglass North explicara en Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (1990): «la función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente eficiente) de la interacción humana. Pero la estabilidad de las instituciones de ningún modo contradice el hecho de que están en cambio permanente».

North define las instituciones como «acuerdos, códigos de conducta y normas de comportamiento, pasando por leyes estatutarias, derecho escrito y contratos entre individuos» y en tal sentido las instituciones evolucionan y alteran «continuamente las elecciones a nuestro alcance». En resumen, ellas importan y tienen un papel crucial en el desempeño económico, tanto para estimular el desarrollo como para frenarlo. Esto hace necesario analizar las principales debilidades del sistema institucional y político cubano.

La irrevocabilidad del sistema que se define como socialista

Al margen de que resulta cuestionable que el sistema cubano sea socialista, porque como he escrito en otras ocasiones, los supuestos propietarios colectivos de los medios de producción que se definen como sociales no pueden ejercer un control sobre la gestión de su propiedad; es absurdo que en una Constitución se pretenda que las generaciones futuras tengan que ceñirse a lo que la presente decidió hasta el fin de los tiempos. Esto denota un total desprecio por la libertad de esas generaciones para definir el tipo de sociedad en que pretenden vivir.

Ninguna constitución puede impedirle a sociedad alguna que, en libertad, determine el tipo de instituciones que requiere para asegurar su existencia. Por ello, una constitución que pretenda escribir en piedra normas inamovibles, resulta inviable y está condenada a ser derogada completamente cuando las condiciones políticas y sociales y una correlación de fuerzas lo permita.

El dominio hegemónico del Partido Comunista

Otra de las cuestiones que parecieran escritas en piedra en el texto constitucional, y que definen al sistema institucional cubano, es el carácter único y hegemónico del Partido Comunista de Cuba (PCC), que es definido constitucionalmente como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Esto implica, en la práctica, el sometimiento de la sociedad y del Estado a lo que decida un partido político que reúne apenas alrededor del 6% de la población cubana.

Adicionalmente, el PCC carece de democracia interna real. Sus estructuras dirigentes no son elegidas por la militancia en general sino por el Congreso, a partir de una lista única presentada por un comité de candidatura que sigue el criterio del Buró Político. De tal forma, es el Buró Político el que impone su criterio al Congreso, aunque los estatutos le confieran a este último la posición de «órgano supremo de dirección del Partido».

Tal ausencia de democracia se hizo aún más evidente cuando en el 6^to Congreso se adoptaron lineamientos de política económica y social, en tanto en el 7^mo se comunicó el cumplimiento del 21% de los mismos y nadie explicó por qué ni asumió responsabilidades por el incumplimiento. No obstante, lo peor fue que ninguno de los delegados exigió esas responsabilidades a la dirección saliente y, por el contrario, reeligió la mayor parte de ella en el nuevo Buró Político.

Por otro lado, al asumir la condición de fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, el PCC es responsable de los errores que se han cometido y se siguen cometiendo en política económica y, a pesar de esto, no existe mecanismo institucional para que la sociedad pueda reclamarle sus yerros. Ello solo podría ocurrir en unas elecciones libres, en las que el Partido se viera obligado a competir con otras fuerzas políticas por el favor popular a partir de propuestas, cuyo cumplimiento pueda ser evaluado por la sociedad.

El dominio del PCC sobre el sistema institucional cubano ha conducido a la conformación de un sistema político totalitario y autoritario, en el que solo es válido y legal aceptar la línea trazada por esa instancia. Esto margina a una parte considerable, y a todas luces creciente, de la sociedad respecto a la gestión política, que en la práctica se comporta como el coto privado de un pequeño grupo.

La ineficacia de estructura de los órganos de poder

La Constitución cubana no establece un sistema de equilibrios entre los diversos órganos del poder del Estado, sino que otorga a la Asamblea Nacional del Poder Popular la condición de «órgano supremo», al que en teoría se subordinan el presidente y el vicepresidente, el Consejo de Ministros, los gobiernos provinciales y municipales.

La Asamblea Nacional no es elegida por sufragio universal directo y secreto por el pueblo entre varias alternativas, sino a partir de una lista única elaborada por una Comisión de candidatura que sigue directrices de la dirección del PCC y, en consecuencia, impide que lleguen representantes de la oposición al órgano que elabora las leyes del país.

Es la Asamblea y no el pueblo quien elige al presidente y vicepresidente de la República, siendo el único país latinoamericano en el que el pueblo no goza de ese derecho. Se hace además considerando únicamente a un candidato para cada puesto, propuestos todos por el Buró Político del PCC.

En la realidad, la Asamblea Nacional es un órgano en el que se ratifica unánimemente cualquier cosa que se proponga desde la dirección del país. Los diputados solo intervienen para apoyar las propuestas que les llegan del gobierno o del Consejo de Estado; jamás para cuestionar a los ministros por su gestión o por los informes que presentan. En la última sesión resultó inaudito que ni un solo diputado interpelara a Marino Murillo por los errores cometidos en el diseño y aplicación de la llamada Tarea Ordenamiento, no reconocidos ni por él ni por la dirección del Partido y el Gobierno.

En los países democráticos, al ejercer su derecho al voto los ciudadanos pueden ratificar o no a los parlamentarios, partiendo de su labor en el período anterior. Y en aquellos en los que se utilizan sistemas de listas de partido, siempre se puede revocar el voto a un partido que no lo ha hecho bien.

Muchos ciudadanos cuestionamos la gestión de gobierno del PCC, sin embargo, carecemos de la posibilidad de expresar ese desacuerdo a través del voto, con lo cual se conculcan nuestros derechos ciudadanos en la libertad para decidir quién nos gobierna.

Y es que el ejercicio del poder no debe estar tampoco escrito en piedra para ejercerlo cual derecho divino, como ocurría en las monarquías absolutistas, sino que debe ser ganado en franca y transparente lid entre las ideas y fuerzas políticas que representan el variado espectro que es la sociedad contemporánea.

La reforma política también es imprescindible

La complejidad de la situación actual requiere profundas reformas en el sistema institucional y político cubano, que permitan la evolución hacia una sociedad democrática en la que puedan expresarse con libertad las distintas ideas políticas, en la que nadie pierda su trabajo por su forma de pensar, en la que nadie sea privado de libertad por expresar públicamente sus ideas o sufra por ellas un mitin de repudio, en la que nadie deba emigrar para realizarse como persona, en la que pueda ejercerse realmente esa soberanía que la constitución le reconoce al pueblo y no a una parte de este.

Las crisis suelen generar oportunidades para el cambio y la actual en Cuba tiene todas las características para sugerir la necesidad de un nuevo contrato social, que lamentablemente no se logró con el proceso constituyente de 2018-2019 porque fue excluyente. Ello puede conseguirse mediante un diálogo político en el que se reconozca la existencia real de partes contrapuestas. De seguirse obviando esta vía, ello conducirá a un agravamiento de la crisis y a un nuevo estallido social. Todo es cuestión de tiempo.