La intervención de Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, en la Mesa Redonda del pasado jueves me sorprendió negativamente, parece el anuncio de una dolarización plástica. En medio de una situación económica crítica como la actual y con la incertidumbre que envuelve las perspectivas del 2021, optó por defender un camino trillado y obsoleto: el de la persistencia de la doble moneda y la captación del dinero de las remesas por la vía de un mercado especial en MLC. Si bien urge obtener divisas por la contracción de los ingresos y los gastos adicionales causados por el exitoso enfrentamiento a la pandemia, hallo que por este camino los perjuicios serán mayores que los beneficios.
De la amplia estrategia económica postulada en julio, lo único que ha sido aplicado de manera relampagueante y creciente en este segundo semestre, es la conversión de las tiendas en CUC a MLC. Su carácter transitorio ya ni se menciona, por el contrario, se enfatiza en su exitoso rol como aspiradora de remesas por la vía de un mercado cautivo. Lo que más me importuna de esta salida mercantilista son tres cuestiones: fundamentación soberbia y obsoleta, extensión indiscriminada y negación del lugar que corresponde el uso del peso cubano como derecho ciudadano.
La tesis de que el Estado cubano es el proveedor de un pueblo consumidor e improductivo es una falacia de marca mayor. No hay un centavo en las arcas estatales que no haya sido producido por el esfuerzo de los trabajadores cubanos, o las remesas de sus familiares en el exterior. El Estado solo redistribuye centralmente, para bien o para mal, los valores producidos por individuos u organizaciones en la esfera económica.
La comparación con las medidas de 1993 no resiste el análisis. En aquellos momentos, al autorizarse la libre circulación del USD en el mercado cubano, todos tuvimos acceso a él: unos directamente, mediante remesas, propinas o estímulos diversos; otros, como pago por servicios cobrados a los tenedores de USD. Individuos, familias, empresas y otras entidades estatales, productores privados y cooperativos, obtuvieron divisas, lograron satisfacer necesidades y emprender nuevos proyectos mediante la recirculación libre del MLC.
Ahora, cuando las remesas aún se entregan en el moribundo CUC y la entrada de USD por otras vías es limitadísima, el Estado comerciante crea un mercado mayorista cautivo para que los antiguos buhoneros internacionales compren en sus tiendas, mediante tarjetas en MLC, lo que antes adquirían en otros países. Los consumidores cubanos de a pie tendremos que seguir pagando precios exorbitantes para adquirir en la economía sumergida esas mercancías indispensables.
Lo que primero se presentó como una solución transitoria, adquiere visos de permanente. ¿Y la reunificación monetaria donde queda? ¿Acaso el peso cubano no es la divisa nacional? ¿Por qué el Estado no emplea los mecanismos usuales en todo el mundo: entregar las remesas del exterior en la moneda original y la MN y que sea esta última la única, o principal, que circule en el mercado interno?
Su interés por captar divisas urgentemente se podría armonizar, entre otras salidas, con la instauración de una tasa justa del USD de las remesas en pesos, basada en el valor de mercado y sometida a un impuesto racional que limite su circulación interna en detrimento del uso del peso. En las condiciones actuales, la tarjeta en MLC viene, más que a sustituir al CUC, a devolvernos a la época en que los trabajadores de los centrales eran obligados a cobrar en vales y fichas para comprar en las tiendas de los dueños.
La extensión indiscriminada de las ventas en MLC a productos y servicios esenciales, golpea fuertemente el objetivo declarado en la Tarea Ordenamiento de que el salario vuelva a convertirse en el estímulo principal para el trabajo. Si los salarios que el Estado patrón paga en pesos no pueden siquiera reconvertirse legalmente a USD, solo los cambistas de la economía sumergida y los revendedores de mercancías −ahora compradas en Cuba− podrán frotarse las manos. No hay más que buscar en Internet para ver cuántas mercancías de las tiendas en MLC se revenden en todo el país a los que no tienen tarjeta MLC o dinero en ellas.
El artículo 31 de la Constitución 2019 postula: «El trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustenta condiciones de vida dignas, permite elevar el bienestar material y espiritual y la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales». ¿Cómo conjugar esto con la venta indiscriminada de bienes y servicios de primera necesidad a las familias en una moneda que no es asequible a los trabajadores mediante su trabajo honesto?
El derecho de los trabajadores a recibir por su trabajo una moneda con capacidad ilimitada para cubrir sus deudas en el territorio nacional es un derecho humano fundamental, pilar de la libre contratación en todo el mundo. Las estrategias económicas que se adopten han de reconocer y respetar ese derecho de una vez y por todas. Nunca habrá un solo camino ante un escenario confuso, siempre habrá otras decisiones que adoptar y soluciones que buscar.
Propuestas para desarrollar la economía se plantean desde inicios de la década del noventa y muchas de ellas no se adoptan por criterios ideológicos y políticos. Es hora de reinventarnos, no de intentar repetir soluciones del pasado que hoy están fuera de contexto y ni siquiera se asumen tal y como se aplicaron aquella primera vez. Crear es la palabra de orden, pero respetando el bien común y los derechos de todos los ciudadanos.
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