El Poder en la Revolución

La historia de Cuba suele dividirse en cuatro grandes períodos: Comunidad Primitiva, Colonia, República y Revolución en el Poder. Las dos primeras denominaciones no dejan lugar a polisemias. Con la tercera no hubo dudas hasta 1958; a pesar de sus vicios y contradicciones, para todos era la REPÚBLICA. Después del 59, siempre apareció matizada de varias formas, algunas despectivas (Pseudorrepública, Mediatizada, Neocolonial) y otras clasistas (Burguesa); pero siempre con el temor latente de que si se dejaba solo el sustantivo república, sin descalificarla, quedaría la duda sobre qué sería lo que vino después.

Sin embargo, es el nombre del cuarto período, Revolución en el Poder, el que suscita mayores discrepancias. Las revoluciones se hacen para tomar el poder, pero: ¿es lo mismo poder revolucionario que REEP? ¿Será que este nombre encierra un contrasentido evidente, por cuanto la Revolución es la toma del poder para hacer transformaciones radicales, pero no para personificarse en un grupo de poder renuente a hacer cambios que puedan poner en peligro su hegemonía?

Si la revolución es un proceso histórico, no un grupo de personas que son las que toman el poder: ¿quiénes alcanzaron el poder en enero de 1959? ¿Los revolucionarios, el partido, la clase obrera, los trabajadores, el pueblo, las organizaciones revolucionarias, el Ejército Rebelde, o el grupo de poder militar-burocrático autodenominado posteriormente La Generación Histórica?

Como la cuestión de la toma y ejercicio del poder es el núcleo central de la política, es importante tener en cuenta quién/quiénes han ejercido el Poder en este período y cómo funciona en la práctica el quimérico concepto de REEP. Tratemos de hacer luz sobre este asunto no desde un punto de vista semántico/lingüístico, sino semiótico, histórico y cultural. Lo más importante no es analizar el término en sí, sino la cuestión del Poder en la Revolución y sus antecedentes en el devenir del socialismo estatizado y burocrático.

-I-

Al estilo de los grandes imperios, a partir de 1987, “Año 29 de la Revolución”, el calendario cubano empezó a medirse a partir del 1 de enero de 1959. De esta manera, día a día, se reafirma a través de los medios de prensa, redes sociales, escuelas, unidades militares, y cualquier comunicación que lleve fecha, que la REEP cumple un año más y contando.

Según el marxismo de Marx, en las revoluciones el poder es disputado entre las clases sociales defensoras del estatus quo y las nuevas que intentan hacerse de él para transformar la sociedad. Esta lucha de clases, terminaría con una revolución mundial que barrería con las sociedades clasistas.

Por eso, en los textos marxistas originales, conceptos como: pueblo, nación, capas medias, partidos políticos, líderes, etc., están casi ausentes pues son secundarios para la demostración de sus dos grandes ideas científicas: la ley de la Plusvalía y la concepción materialista de la historia. Pero, cuando desde el Imperio Zarista –único de aquella época donde dominaba la burocracia− Lenin y Stalin llegaron a la vanguardia del movimiento socialista, las cosas cambiaron.

Lenin introdujo un nuevo sujeto de la revolución socialista: el partido de nuevo tipo (bolchevique) y transformó el movimiento obrero en un aparato militarizado. Stalin fue mucho más allá: sustituyó la revolución mundial por la construcción del socialismo en un solo país, y la dictadura del proletariado para destruir la sociedad de clases, por la dictadura de la burocracia para garantizarle al Estado totalitario hegemonía interna y supervivencia internacional.

Así, el partido de los revolucionarios, devino partido del orden burocrático y optó por establecer un Gobierno −Consejo de Comisarios del Pueblo− que fuera, al unísono, fuente directa de las legislaciones más importantes y su ejecutor principal. Desde entonces, los grandes ejecutivos instalados en las altas esferas del poder, por encima de cualquier tipo de control social, minimizan la labor de los legisladores y los consideran totalmente prescindibles ante su potestad de emitir decretos.

Estos suelen ser utilizados por todos los Gobiernos en tiempos de emergencia, la que constituye en sí misma su propia justificación/limitación. Sin embargo, como explicara Hannah Arendt, en los Estados socialistas burocráticos los decretos aparecen: “en su pura desnudez como si ya no fuesen dictados por hombres poderosos, sino que constituyeran la encarnación del poder mismo y el administrador fuera exclusivamente su agente accidental”.

Así, la dominación por decreto crea una atmósfera de opresión, arbitrariedad y sigilo para ocultar eficazmente su oportunismo. Si aparenta ser superior a la legislación tradicional en agilidad y eficiencia es porque ignora todas las fases intermedias entre la formulación y la aplicación de las normas e impide el razonamiento político del pueblo. A su vez, resulta de gran ayuda para la administración central porque se impone no solo a los legisladores, sino también a las autonomías locales.

El gobierno de la burocracia tiene su sello distintivo en el seudomisticismo. Como el pueblo dominado nunca sabe realmente por qué está sucediendo algo, no existe una interpretación racional de las leyes y menos su control público, a la burocracia enquistada en el poder le basta con apelar a hechos seleccionados oportunistamente para justificar su actuación.

Para ello somete la realidad a una: “inacabable especulación interpretativa [donde] toda la trama de la vida y del mundo asume un misterioso sigilo y una misteriosa profundidad” (H. Arendt). La dominación totalitaria socialista hizo que la espontaneidad natural del pueblo quedara subsumida por la ritualidad de nuevas y fastuosas actividades sociales y políticas que absorbieron las energías de las clases trabajadoras sin poner en entredicho el poder absoluto de la alta burocracia.

-II-

Como señalé en un post reciente:

Desde el triunfo del 1 de enero de 1959, el Gobierno Revolucionario Provisional (GRP) instaurado tras la victoria del Ejército Rebelde y la huelga general antigolpista, adoptó la forma de una dictadura militar con un ropaje civilista apenas disimulado. Las condiciones primigenias para ello fueron adoptadas tempranamente: entrega por el presidente Urrutia a Fidel de su facultad de Comandante en Jefe de todas las fuerzas de Aire, Mar y Tierra de la República (2-1-1959) y aprobación por el GR de una nueva Ley Fundamental que le atribuía al Consejo de Ministros potestades legislativas (7-2-1959).

A partir de ese momento, el GRP hace y ejecuta las leyes –de hecho, es algo que no ha cambiado hasta hoy.

Durante diecisiete años (1959-1976) rigió Cuba este GRP en forma de todopoderoso Consejo de Ministros, encargado de las funciones legislativas y ejecutivas y con un ascendente total sobre la administración de justicia. La balanza de poderes públicos quedó abolida y sustituida por un gobierno absoluto que parecía más inspirado en el militarizado Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia (1917) que en el civilista Consejo de Gobierno de la República de Cuba en Armas (1895).

En tan largo lapsus de provisionalidad, el pueblo fue sometido a un prolongado entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico en función de la defensa de la Revolución ante las amenazas de agresión directa de los EE.UU. y terrorismo interno.

Estas circunstancias, al tiempo que terminaban con la cultura de las armas que caracterizaba a los cubanos (civiles y militares), hicieron desaparecer la antigua, rica y poderosa sociedad civil, surgida en la Colonia y florecida en la República.

Al unísono, en la nueva sociedad civil socialista, unificada verticalmente, se extendían y mayoreaban modos de actuación y valores propios de la sociedad militar. Entre ellos: fidelidad a los jefes, ordeno y mando, obediencia, lealtad, sumisión, ascetismo, sacrificio para cumplir las misiones encomendadas.

La naturalización de estos procesos y su implantación masiva a través de mecanismos de violencia física (cuerpos armados, cárceles, tribunales) y simbólica (organizaciones políticas y de masas, escuela, medios de comunicación) promovió una cultura militarista/burocrática de carácter totalitario que ha garantizado el poder omnímodo del grupo de poder hegemónico –especie de brahmanes de la Revolución- sobre el resto de la sociedad.

Aparentemente, y acorde a la utopía izquierdista, la democracia representativa era sustituida por la directa. Su máxima expresión eran los grandes actos donde el líder exponía su voluntad a la masa y esta aplaudía y gritaba consignas, única forma de retroalimentación. Otra forma masiva de participación era la incorporación “voluntaria” a las tareas, misiones y campañas, que brotaban constantemente de las mentes de los altos dirigentes.

Cuando, tras el fracaso de la Zafra de los Diez Millones, no quedó otro remedio que entrar a formar parte de la comunidad socialista, se realizó el llamado Proceso de Institucionalización, mediante el cual se crearía una nueva gobernanza socialista, copia de la parafernalia pseudodemocrática existente en la URSS y Europa del Este con algunos matices criollos. Como muestra de continuidad, para dirigir este proceso fue designado Blas Roca, exsecretario general del antiguo PSP y fiel exponente del estalinismo cubano.

Según Fidel (Matanzas, 1974), las Asambleas del Poder Popular:

[…] darían a las masas el poder de decidir sobre muchos problemas que existen a todo nivel, en las ciudades y en el campo […] Esto implica el desarrollo de una nueva sociedad y de principios genuinamente democráticos, reemplazando los hábitos administrativos de trabajo de los primeros años de la Revolución. Debemos reemplazar a los métodos administrativos, que corren el riesgo de volverse burocráticos, por métodos democráticos.

Mirando en lontananza, se aprecia como ante el supuesto temor de que se volviera a la politiquería anterior se minimizó desde un inicio el papel de los nuevos legisladores mediante dos vías principales: su rigurosa selección por esotéricas Comisiones de Candidatura que declaraban elegibles solo a incondicionales al Gobierno/Partido/Estado; y la negación del propio oficio de legislador. Al no reconocerlo como una ocupación retribuida propia de un servidor público, sino una mera función temporal, los legisladores continuarían ejerciendo sus profesiones habituales la mayor parte del tiempo.

Casi medio siglo después, los resultados saltan a la vista: se han aprobado más del doble de decretos que de leyes; muchos de aquellos, a pesar de ser una norma menor, han suspendido o modificado leyes previas; nunca una ANPP ha desaprobado ningún decreto, ni modificado su funcionamiento; son los organismos del gobierno, no los legisladores, los que presentan propuestas de leyes.

En los cortos períodos de funcionamiento de las asambleas, los legisladores, lejos de cuestionar a los ejecutivos por su labor, solo atienden como alumnos aplicados los informes que estos les brindan a modo de conferencias, sin interpelarlos jamás. Cuando, hace un lustro, se decidió restaurar el Capitolio Nacional y acoger en sus salones las labores de la máxima legislatura, nada del anterior espíritu crítico de los congresos de la República reencarnó en ella.

El Poder absoluto (legislativo/ejecutivo/judicial/militar) sigue encarnado en un pequeño grupo de poder, más que hegemónico, omnímodo; que no tiene contrapesos en la estructura política del país. Sus decisiones, sean de la calidad que sean, son impuestas a la ciudadanía al más puro estilo totalitario, tal y como los jefes militares dirigen a los ejércitos en campaña. Solo que, como bien dijo Martí: “Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento”.