La fábula de los tres Manueles

Por

-

13 diciembre 2019

manueles — Fotograma de la teleserie Entrega

El canal Cubavisión está transmitiendo la telenovela Entrega. La serie cubana nos enseña a un joven profesor de la asignatura de Historia. Manuel fomenta el debate en el aula, respeta los criterios de sus alumnos, les permite a algunos, incluso, que intenten argumentar la tesis de que hubo, antes de 1959, una Habana mejor que la actual.

Manuel tiene un personaje antagónico en el ámbito escolar: otra profesora que parece encarnar el dogmatismo y la intolerancia pedagógica. También tenemos una especie de árbitro –como en toda estructuración dramática que se respete—; el director de la escuela: un hombre joven, capaz de escuchar a los contendientes, tratar de reconciliar sus posturas y –¡sorpresa!—, asumir riesgos. Si fuera así sería realmente hermoso.

En el contexto de la ficción, contada con habilidad y coherencia según los cánones del género telenovela, Manuel es un personaje simpático para la audiencia. Tan simpático, que nuestros medios le han dedicado titulares como: “Entrega dignifica la enseñanza de la Historia de Cuba” publicado en el Portal de la Televisión Cubana. O loas como las de la reconocida crítica de la televisión Paquita de Armas, quien escribe en Cubadebate: “La telenovela Entrega por su guion creíble y su buena puesta en escena, me gusta”. Es precisamente en lo referido al “guion creíble”, donde tengo ciertas dudas.

Hagamos una digresión necesaria:

El 1ro de Octubre del año en curso, el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente (UO) emite una declaración en la cual, además de aceptar que habían expulsado al Doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González García, y de haberle invalidado la condición de profesor titular, considera como acto impropio del docente cubano sus escritos en sitios de izquierda como Rebelión, La Joven Cuba y otros. Según la declaración, los escritos de René Fidel, cito: “…provocaban que profesores, estudiantes y ciudadanos en general cuestionaran los contenidos o se afiliaran a sus posiciones…”.

O sea, el profesor de la asignatura Historia del Derecho estaría precisamente fomentando el debate democrático entre sus alumnos y colegas y, vuelvo a citar: “sin posteriores explicaciones ni argumentaciones de su parte”, todo lo cual para el Ministerio de Educación Superior sería inaceptable. Que un profesor universitario en Cuba mueva al pensamiento y, de contra, respete las interpretaciones individuales de sus alumnos o colegas, no puede ser tolerado de ningún modo por nuestra burocracia política pedagógica.

Volvamos a la telenovela:

En el inicio, a los alumnos no les interesa la asignatura de Historia. Gracias a los métodos de Manuel, el profesor que nos muestran como “modelo” –en dramaturgia se le llama “arquetipo”—, los alumnos comienzan a motivarse hasta quién sabe qué final esperanzador nos aguarde. Hay una escena muy interesante en Entrega: los estudiantes, como cumplimiento de una tarea, llevan a la clase fotos de La Habana de antes de 1959 y las comparan con su presente. Ahí hay una representación simbólica del enfrentamiento ideológico entre dos sistemas de valores.

Al televidente, mero espectador, le pasará inadvertida tal representación simbólica y su resolución manipuladora, debido al muy hábil desvío que la puesta y el guion hacen hacia los conflictos interpersonales –el profe y la chica rebelde, la chota del grupo contra los aparentes dislates individuales, etc—, y la determinante focalización conclusiva en el profesor cuando dice: “Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo prefiero quedarme con esta Habana”, y señala las fotos de la actual, y los invita a ¡pensar y reflexionar! Nada más y nada menos que a ¡pensar y reflexionar!

La escena descrita explica por qué la censura, omnipresente en el ICRT, no blandió su cuchilla esta vez, y “deja pasar” a los guionistas un personaje protagónico como Manuel, en oposición a un personaje dogmático como la profesora de otro grupo, y a un estudiantado –representado por el grupo de alumnos de Manuel— que se cuestiona su circunstancia de vida.

La censura permite la escena porque les sirve a los ideólogos para dar la impresión de que en nuestras aulas hay democracia. Hay que dar a entender que es una falacia eso de que en el aula cubana hay que pensar como el profesor, de que en las clases de Historia en particular, y en las ciencias sociales, políticas y humanísticas en general, hay que coincidir con el profe y el libro de texto.

“¡Eso no es tan así!”, nos están diciendo los guionistas, el director, los asesores, la jefatura de la redacción de programas dramatizados, la subdirección de programación del canal, el director de la Televisión Cubana, el presidente del ICRT, el funcionario del Departamento Ideológico del CC del PCC que los dirige…

Pero la Declaración del Consejo de Dirección de la UO del 1ro de Octubre de 2019 desmiente la telenovela. Sus antecedentes: la opinión pública de la viceministra del MES, Marta del Carmen Mesa, sobre cómo debe ser un profesor universitario, y aquella intervención del Ministro del MES en la Mesa Redonda sobre el mismo tema, nos están diciendo lo contrario. Que no le permitan impartir las asignaturas de Historia del Derecho y Sociología de la Cultura al doctor Julio Fernández Estrada –además de René Fidel González García— desmiente la telenovela.

De modo que el personaje de Manuel en Entrega, no es más que eso: un personaje de ficción. La recreación imaginada que un escritor concibió y compuso un actor tras observar los jirones de Julio y René en algunas escuelas de La Habana. Julio y René, en cambio, son reales y han sido excluidos por su diversidad. Son tres los manueles, el Manuel resulta creíble solo en la aspiración de los cubanos que entendemos que un debate democrático y democratizador en nuestras aulas nos hará una nación de mujeres y hombres mejores y, por consiguiente, una mejor nación.

En la vida real –fuera del ámbito dramático—, Manuel estaría también expulsado de la enseñanza universitaria puesto que, como declara el Consejo de Dirección de la UO: “No hemos permitido, ni permitiremos jamás, ningún intento subversivo de socavar nuestra principal misión, que no es otra que formar profesionales competentes con la Cuba que verdaderamente queremos…”

La pregunta es: ¿Qué Dios Omnipotente le ha dado a unos cuantos la potestad de totalizar la Cuba que queremos?

Público no significa estatal

Por

Yassel Padrón Kunakbaeva

-

12 diciembre 2019

33

Los conceptos tienen una gran importancia en la lucha de los pueblos por sus derechos. De manera recurrente, la historia nos muestra cómo una transformación social es precedida por una renovación teórica, en la cual se destilan y condensan poderosas ideas. Estas herramientas-conceptos muchas veces ni siquiera son algo puramente nuevo, sino que son como monumentos antiguos, largamente olvidados, que encuentran de nuevo el momento para desplegar su impronta. Tal es el caso, a mi entender, del concepto de lo público, que está llamado a ser un estandarte de los cubanos frente a los abusos de la burocracia.

La palabra “público” se remonta a la antigua república romana, y significa aquello que es común a todos los ciudadanos. Por eso cuando los romanos llamaban a su forma de gobierno “res publica”, estaban haciendo referencia a una asociación de hombres libres e iguales que deliberaban y tomaban decisiones con respecto a los temas comunes. Lo público se convertía de ese modo, para los romanos, en la base de su comunidad política.

Por supuesto, ya desde esa época, la sociedad tenía un lado oscuro. Fuera del ámbito de lo público se encontraba “lo privado”, que tenía su expresión más acabada en la casa familiar, el dominium, donde el patriarca de la familia, el dominus, ejercía su gobierno absoluto sobre la mujer, los hijos y los esclavos. Dentro de la hacienda del dominus no existía república alguna, allí todo el mundo dependía para vivir del señor de la casa, y se hacía lo que él mandaba.

Sin embargo, a pesar de ese lado oscuro, los señores romanos resolvían entre ellos los asuntos públicos de manera republicana. Ellos, los que eran parte de la sociedad civil, se daban a sí mismos su ley, por encima de la cual nadie podía colocarse. La existencia de la república significaba la no existencia de un monarca, es decir, de alguien que pudiera tratar el conjunto de la sociedad como si fuera su dominium privado.

Por otro lado, el carácter oligárquico de la república romana fue impugnado reiteradamente a lo largo de los siglos de su existencia. La plebe, es decir, el conjunto de los que dependían de su trabajo para vivir, se hizo sentir, eligió sus tribunos, y luchó por reivindicaciones sociales tan importantes como la reforma agraria. Es importante recordar que una de las principales luchas de la plebe romana fue la defensa de las tierras públicas, frente a los intentos del patriciado de convertirlas en haciendas privadas.

Este periplo por la antigüedad romana permite situar históricamente el concepto de lo público, lo cual nos ayudará a confrontarlo con otro concepto que es muy común en nuestra vida cotidiana: el de “lo estatal”. Esto es importante, porque de manera habitual en Cuba se confunden ambas cosas, hasta el punto de que la Constitución utiliza ambos términos casi como sinónimos.

En su libro La democracia republicana y el socialismo con gorro frigio, Antoni Doménech describe como la noción de Estado que nosotros utilizamos en la actualidad comienza a consolidarse en la Europa del siglo XVI, para referirse principalmente al aparato administrativo estable y desligado de la vida civil característico de la dominación política monárquico-absolutista. Es decir, el Estado moderno surgió de la concentración del poder en las familias reales europeas, hasta un punto tal que pudieron acabar con otras formas de organización social que habían existido durante siglos, y adquirir el monopolio de la violencia.

No se puede negar que el Estado se ha convertido desde entonces en uno de los pilares de la modernidad capitalista, a pesar de su raíz feudal y premoderna. Su ADN es la racionalidad administrativa, la cual es por definición monológica, es decir, una voz que solo dialoga consigo misma. El mercado, que es el otro pilar de la modernidad capitalista, es la verdadera institución burguesa, y como tal es mucho más dialógico, pues a pesar del monopolismo no puede dejar de ser un espacio abierto a nuevos actores. Sin embargo, el capitalismo hasta ahora ha sido incapaz de existir sin el Estado.

Se trata de un sutil problema de genealogía. Las monarquías absolutas solo fueron posibles gracias al apoyo de la burguesía. De ese modo, el Estado absolutista es en sí ya un híbrido. La racionalidad matemático-administrativa nace en las manufacturas burguesas, con un gran potencial para ser instrumento de dominación; no obstante, los burgueses por naturaleza entienden el poder siempre de un modo incompleto, y necesitan la alianza con otros burgueses. Dentro de las recámaras de los reyes, la racionalidad matemático-administrativa se mezclaba con el viejo sentido feudal del derecho divino, adquiriendo así un carácter monológico.

El hecho de que la burguesía necesite hasta hoy del Estado significa que la sociedad capitalista se erige sobre el magma del mundo premoderno. Los capitalistas intuyen que no basta el mercado para disciplinar a los de abajo, y que en caso de emergencia será siempre necesario recurrir al Estado, a la coacción bruta, para reprimir a los rebeldes.

Ahora bien, la modernidad se ha caracterizado por intentos de republicanizar al Estado. De ese modo surgieron las repúblicas parlamentarias modernas y las monarquías constitucionales. Pero eso ha terminado siendo una hábil maniobra para fortalecer la hegemonía burguesa. Además, ha traído una gran confusión alrededor de las categorías del viejo derecho republicano. No es por gusto que la categoría de Estado moderna sea más útil para entender la estructura social del Antiguo Egipto que la de la Roma republicana. Tampoco es casualidad que desde el siglo XIX los juristas orgánicos al capitalismo hayan interpretado el concepto de lo público como sinónimo de lo estatal.

Los parlamentos modernos –curiosamente, una institución de origen feudal— incorporan un elemento dialógico y potencialmente democrático en el seno del Estado. Pero al lado de esta institución se encuentra el aparato burocrático y represivo de ese Estado, que es el que implementa las políticas, y que no ha perdido su raigambre autoritaria. En las sociedades contemporáneas cada vez son más las decisiones importantes que pasan directamente de las directivas de las empresas capitalistas a las agencias gubernamentales, burlando la voluntad popular que debe estar encarnada en el parlamento.

Después de ver todo esto, cuando volvemos los ojos hacia lo que fue el socialismo real, y concretamente a Cuba, se hace patente la tragedia que ha sido querer anular el capitalismo y el mercado con el método de fortalecer al Estado. Porque por más que se diga que es socialista, revolucionario, de los trabajadores, el Estado moderno sigue siendo el mismo híbrido feudal-burgués que ha sido a lo largo de la modernidad, con el añadido de que, una vez desaparecida la alta burguesía, la burocracia estatal asciende por primera vez a la posición de clase dominante, entronizando un modelo de racionalidad administrativa menos dialógico que el de la burguesía.

Donde se logre construir una sociedad completamente republicana y democrática, algo que no ocurrió ni en Atenas ni en Roma, estaremos hablando de una asociación de productores libres, es decir, del comunismo, y allí no habrá ninguna forma de Estado. Pero incluso donde eso no sea posible, donde no se logre de un tirón el nivel de educación popular y conciencia que serían necesarios para eso, se debe aspirar a un aparato estatal lo más republicano y democrático posible, y el Estado no debe ser visto como un paradigma sino como un problema.

La revolución cubana ciertamente tenía que construir un nuevo Estado, principalmente para destruir el viejo Estado burgués heredado del anterior bloque histórico. Pero el paradigma debía ser el progresivo empoderamiento de la sociedad civil. En cambio, caímos en la trampa de entregarnos a la estatolatría, que nos mantuvo prisioneros de una nueva forma de enajenación.

Ahora tenemos que soportar, en la nueva Constitución, que se diga que la propiedad socialista de todo el pueblo es aquella en la que EL ESTADO te representa como propietario. Sí, el Estado es el propietario, y bajo su sombra feudal-burguesa crecen, como no podía ser de otro modo, los burócratas-capitalistas aspirantes a oligarcas.

Es aquí donde entra a jugar su papel el concepto de lo público. La propiedad socialista de todo el pueblo debe ser llamada propiedad pública, porque no le pertenece a la burocracia estatal, sino a todos. El cambio de palabra es parte de la lucha por el control efectivo de los recursos económicos. Los servicios gratuitos que son conquista de la Revolución deben seguir siendo llamados públicos, y nunca debemos permitir que se las llame estatales, porque ellos se pagan con el dinero de todos para el beneficio de todos. Esa reivindicación de lo público puede ser la antesala de una renovación cívica de la sociedad cubana.

Público también debe ser llamado el espacio de nuestra Isla, sus ciudades, calles y campos. Este debe ser un espacio para la libre expresión y manifestación de posiciones políticas. La racionalidad monológica de la burocracia estatal, con su voluntad de discurso único, es un grillete para el libre desenvolvimiento de una sociedad que aspira a un desarrollo socialista. Solo cuando todas las voces tengan el mismo derecho a ser escuchadas, tanto en el centro de trabajo como en el espacio mediático nacional, entonces estaremos avanzando por un camino de emancipación. Porque la cosa pública es de todos, y a todos les concierne.

Andar provocando

Por

Giordan Rodríguez Milanés

-

11 diciembre 2019

19

La noche de los cristales rotos tuvo una exhaustiva preparación psicosocial sustentada en las plataformas comunicacionales a disposición del poder nazi. La radio, el cine, las representaciones de teatro popular y la gráfica, hábilmente manejados por Joseph Goebbels, maximizan los prejuicios antisemitas a la vez que refuerzan los valores tradicionales del pueblo alemán, y modulan el sentimiento de frustración debido a la derrota en la Gran Guerra.

¿Cómo lo habían logrado los nazis alemanes? ¿Cómo había logrado el metarrelato nacionalsocialista embaucar al pueblo alemán, de tal modo, que los pusieran al borde de la barbarie y redujeran casi a cero cualquier enfoque crítico?

Responder esas preguntas, y generar sus propias aplicaciones, fue el gran cometido de la Mass Communication Ressearch (MCR) que comienza a ejecutarse en los Estados Unidos a partir de 1940 con fondos estatales asignados a universidades públicas y privadas. La MCR se sustenta metodológicamente en la aplicación de un modelo mecanicista de estímulo-respuesta, y sobrevalora el papel de los medios respecto a otras variables de orden antropológico y socioeconómico. No obstante, permite a los centros de poder imperialistas acumular y codificar durante décadas, y analizar, modelar y simular matemáticamente los procedimientos para la inducción de determinados comportamientos de grupos o comunidades, con el uso de la inteligencia artificial y el recorte de las distancias comunicativas a través de las redes sociales.

No es por casualidad que al discurso beligerante de Donald Trump contra el nuevo “eje del mal” socialista, o sea: Cuba, Venezuela y Nicaragua, se le indexa una hostilidad psicosocial contra los valores nacionales de sus pueblos. En el caso de Cuba, por ejemplo, una ojeada a las redes sociales nos muestra una diferencia entre cubanos “de la Isla”, que viven “bajo el sometimiento de la tiranía castro-comunista” y los “cubanos del mundo libre”. Los de la Isla, según esta matriz, somos cobardes porque no nos rebelamos contra el régimen, haraganes y acomodaticios porque pretendemos vivir de las remesas que nuestros familiares nos envían desde el “mundo libre”, culturalmente inferiores porque estamos ajenos.

Según esa matriz supremacista, los emigrantes en tránsito hacia los Estados Unidos comienzan a ser criminalizados o asociados a todo tipo de desmanes. Los médicos colaboradores en Latinoamérica son acusados lo mismo de esclavos, que de agentes desestabilizadores. Estigmatizan a los emprendedores que, debido a las limitaciones no pocas veces absurdas que nuestro gobierno les pone, salen a otras naciones a intentar adquirir lo que necesitan para sus desempeños. Los anti-valores enunciados por la tradición occidental: la impiedad, el irrespeto a la vida, la incompetencia profesional, son común y vulgarmente discriminados en función de la demonización cubana.

Tanto los medios tradicionales como las redes sociales sirven para esa demonización del “cubano en la Isla” o el “cubano procedente de la isla” como un mecanismo para, primero, degradar a escala simbólica los valores de la nación a través de los yerros y excesos ciertos o inventados de sus ciudadanos, —yerros y excesos de cualquier ciudadano en cualquier país del mundo—, y de modo prospectivo justificar el asedio, el acoso económico instrumentado en la Ley Helms Burton, y quién sabe si una agresión directa. Esto no es un problema de las plataformas comunicacionales en sí mismas –como algún trasnochado criollo nos sugiere—, sino por la combinación de la intención hegemónica imperialista y las torpezas, absurdos y abusos, en no pocos casos, de los ideólogos y decisores en la Isla.

Así, por ejemplo, el desamparo jurídico y administrativo en el que el MINREX deja a nuestros emigrantes legales o ilegales, facilita el empeño de esa demonización. Cuando la policía ecuatoriana, en medio de las protestas contra Lenín Moreno, detienen a un cubano en el aeropuerto de Quito bajo la presunción de que estaría monitoreando las actividades del presidente de aquel país, y el consulado cubano demora varios días en ir a representarlo y preocuparse por su ciudadano, está alimentando con la desidia la matriz de que Cuba tiene sembrado agentes desestabilizadores por toda América Latina.

También cuando nuestro gobierno se pronuncia en contra de cualquier injusticia o crueldad contra los emigrantes en tránsito del mundo, y a la vez soslaya a los propios que, ahora mismo, están siendo abusados y violentados en centros de detenciones norteamericanos, o sobreviven en condiciones precarias en cualquier país latinoamericano; o cuando el omnipotente jefe de una misión médica chantajea y reprime cualquier expresión crítica o de exigencia de derechos de uno de sus trabajadores, apelando a la retórica ideopolítica para camuflar sus ineficiencias, y el afectado o acata lo que se le ordena, o se le regresa a Cuba. Un fenómeno más frecuente que lo éticamente aceptable que alimenta el mito de la esclavitud de nuestros galenos.

¿Qué no hace una persona que, por las razones que sean, sale en busca de un sueño y lo ponen en la condición límite de una pesadilla? ¿Por qué decidió irse a buscar ese sueño fuera? ¿Solo por aspiración material o también por aspiraciones espirituales asociadas a esos anhelos materiales? ¿Qué responsabilidad tiene nuestro Estado Socialista de Derecho en esa decisión de emigrar?

El sesgo y el reduccionismo semántico propio de los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales –que se basa en una adecuación del modo en que neuropsicológicamente convertimos las señales en estímulos, pensamiento y lengua—, se convierte en un arma de destrucción de los valores de una nación, una comunidad humana o determinado estamento, desde los centros de poder imperialistas, con la lamentable complicidad, en nuestro caso, de las propias víctimas y sus representantes. Como si los judíos, con la agudización de la usura y el proselitismo, hubieran facilitado las intenciones de Hitler y Goebbels. Lo cual convertiría a la víctima en victimario a través de la manipulación mediática, la exageración y la diatriba.

Nuestra teoría de la relatividad

Por

Alina Bárbara López Hernández

-

10 diciembre 2019

32

En 1945, como parte del sistema de organizaciones y tratados que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, se fundó la Organización de Naciones Unidas. En ese mismo año, y durante el siguiente, se celebraron en la ciudad alemana de Núremberg los juicios a los criminales de guerra nazis.

Aunque eran conocidos los vejámenes a la población judía, solo al concluir la conflagración se pudo demostrar la magnitud de los mismos. Las evidencias materiales ocupadas en los terribles campos de exterminio, sumadas a los testimonios de los sobrevivientes, permitieron calificarlo como se ha hecho desde entonces: un holocausto.

En las declaraciones de los acusados y sus abogados ante el tribunal internacional que juzgó los hechos, fue sustentado una y otra vez —en el intento de justificarse—, el argumento de que actuaron bajo el acatamiento estricto de la legalidad germana.

Efectivamente, entre 1933 y 1939 el gobierno de Adolfo Hitler había aprobado una extensa legislación anti hebrea conformada por más de cuatrocientos decretos-leyes y normativas que se tejían como una red desde los niveles municipales hasta la nación.

Ninguna decisión aberrante quedó sin su correspondiente amparo legal. Zonas separadas para residir, obligación de identificarse con el símbolo de la estrella de David, confiscación de bienes, prohibición de matrimonios con personas no hebreas, expulsión de los claustros de las universidades y escuelas, exclusión del funcionariado a todos los niveles, esterilización forzosa, envío a campos de concentración…

La tesis de la obediencia a la ley como justificante de los crímenes no fue aceptada por el tribunal internacional de Núremberg. Este argumentó que ninguna legislación particular podía violentar los derechos humanos inherentes a las personas, que tenían carácter universal.

Como resultado de estos debates, el 10 de diciembre de 1948, hace exactamente setenta y un años, en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

Cuba fue fundadora de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y signataria de la DUDH. Las negociaciones habían correspondido al gobierno de Ramón Grau, que firmó el documento.

La DUDH marca un hito en la historia. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diversos antecedentes jurídicos y culturales. Su texto se inspira en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Se proclama como un ideal común, universal, por el que todos los pueblos y naciones debían esforzarse a fin de que, tanto individuos como instituciones, lo promovieran mediante la enseñanza, la educación y el respeto. Son derechos fundamentales, con un nivel tal de universalidad que deben protegerse en el mundo entero.

En la Asamblea General de la ONU fue aprobada sin votos en contra. Solo ocho países se abstuvieron: Sudáfrica, que por entonces comenzaba a aplicar la política segregacionista del Apartheid; Arabia Saudita, donde era legal la esclavitud; y los países que iniciaban la conformación del campo socialista: Bielorrusia, Polonia, Checoslovaquia, Ucrania, la URSS y Yugoslavia.[1]

Conocida sobremanera esta página de la historia, ella fue evidentemente mal explicada en un reciente programa especial de la televisión cubana. Trasmitido el 7 de noviembre pasado, con motivo de la votación de la Resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el conductor Humberto López, graduado en Derecho por demás, manifestó que “Los derechos humanos son una construcción cultural”. El comunicador arguyó que no es lo mismo en China u otros países, que en Cuba.

Esa actitud, profundamente relativista, hunde sus raíces en la ciencia antropológica y, con énfasis, en los puntos de vista de la Escuela norteamericana de etnología histórica o del Particularismo histórico, cuyo líder fue Franz Boas (1858-1942).

Pasó también a otras ciencias, como la Filosofía, la Sociología y la Historia, por ejemplo. Tras el derrumbe del socialismo real, esa perspectiva fue reforzada como parte de la oleada postmoderna. Legaría a la ciencia una actitud agnóstica y negaría las fuentes tradicionales.

Para la Antropología Social, el Particularismo histórico, no obstante, fue positivo. Boas, rebatiendo al etnocentrismo de las escuelas antropológicas anteriores, negó la existencia de niveles mundiales en el desarrollo cultural. Entendía que para reconstruir la historia de la humanidad había que empezar a estudiar la historia de cada pueblo por separado. En su opinión, cada cultura era el resultado único de un conjunto de factores y condiciones exclusivas que solo podían entenderse en base a sus propias normas.

Estas tesis fomentaron igualmente una corriente que llevó a su extremo los postulados fundamentales del Particularismo, ella se denominó Relativismo Cultural. Las dos afirmaciones que conforman su núcleo son: «Todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor» y «toda pauta cultural es intrínsecamente tan digna de respeto como las demás».

Los defensores de la corriente relativista, aseveran que todos los criterios para evaluar a una cultura son relativos, pues parten de los miembros de otras culturas. No existen valores o costumbres malas ni buenas, mejores o peores, inferiores o superiores, sino diferentes. Tales posiciones, aunque rechazan al etnocentrismo y al imperialismo cultural, han hecho daño en la evaluación de lo relativo a los derechos universales de los seres humanos.

Al asumir una postura relativista no podrían ser criticadas prácticas culturales como la mutilación genital femenina, que ocasiona miles de muertes y complicaciones de salud todos los años; o el infanticidio selectivo, entre otras tradiciones culturales que dañan derechos humanos, como el derecho a la vida, a la libertad reproductiva, etc.

Llevada a las prácticas políticas, esta perspectiva justificaría decisiones violatorias, como la que coarta la libertad de movimiento, por citar un elemento controversial en la relación entre Cuba y Estados Unidos. El Norte no podría criticar a Cuba por la parametración de personas impedidas de viajar fuera del país; mientras, la Isla tampoco podría objetar que el gobierno norteamericano imposibilite a sus ciudadanos viajar libremente a hacer turismo.

Si seguimos por ese camino, se demostraría que el contrapunteo entre el carácter universal de los derechos humanos y la posición relativista no resiste un análisis serio. Aunque hay que acentuar igualmente que ninguna nación puede invocar la DUDH para intervenir en otra so pretexto de su no cumplimiento. Sin embargo, los organismos internacionales tienen la función de acompañar e insistir en la observancia de esos principios: en cualquier cultura, en cualquier sistema.

[1] Ucrania y Bielorrusia tenían asientos por aquella época en la ONU, resultado de las negociaciones iniciales, aun cuando eran parte de la URSS.

A la conquista del cuarto poder

Por

Egor Hockyms

-

9 diciembre 2019

16

Si nuestro estado socialista de derecho logra un día descansar única y exclusivamente en estructuras y representantes elegidos por el pueblo, será inevitablemente a través de un perfeccionamiento del sistema electoral que lo haga más participativo y no lo subordine a ningún grupo de poder, ni económico ni político. A este punto el Partido habría terminado su período histórico de fuerza dirigente superior y el poder legislativo sería un reflejo razonablemente fiel de los consensos y disensos de la sociedad socialista, extendiendo esa cualidad al ejecutivo y al judicial.

En este ejercicio inédito de democracia participativa, la libertad de expresión efectiva no puede estar tampoco circunscrita ni a lo admitido por un sistema ideológico como en el socialismo real, ni a lo tolerado por los grandes intereses económicos como en las democracias representativas modernas. Pero si la forma de lograr lo primero es relativamente clara, lo segundo es un reto complejo que el socialismo nuevo deberá afrontar con particular cuidado, entre otras cosas porque no existe ningún precedente.

El problema radica en que la libertad de expresión es significativa solo si está acompañada de libertad de información, y esta a su vez necesita una libertad de prensa que garantice la difusión de opiniones diferentes. Es claro que una prensa dirigida en su totalidad por el Partido, o incluso por un gobierno como el que aquí discutimos, no es una buena prensa; pero tampoco lo es el modelo capitalista de prensa donde la opinión es manufacturada por los dueños de las corporaciones mediáticas en representación de los dueños del capital. De esta forma la única solución para la Tercera República es desarrollar un sistema mediático nunca antes visto que descanse en la fuerza de la participación democrática.

A diferencia de otras cuestiones importantes en las que también se precisa de estudio y consenso, como por ejemplo la forma en la que debe coexistir la planificación con el libre mercado, el tamaño máximo de las PYMES, o el grado de desigualdad que va a considerarse constitucional, el sistema mediático de la república nueva es un tema especialmente delicado para el éxito de nuestro proyecto de país. Una mala prensa es mortal para la democracia, particularmente cuando se mercantiliza y queda sujeta a la propiedad de alguien, que puede entonces impedir cualquier rectificación diseñando estados de opinión.

No pocas veces hemos visto cómo esos estados de opinión manufacturados se imponen incluso sobre el estado de derecho en democracias representativas, donde el poder mediático desarrolla mecanismos de defensa infranqueables contra cualquier regulación que limite su influencia. En la práctica este cuarto poder no ha sido nunca controlado por la persona real sino solo por grupos con suficiente dinero para poder competir o, cuando sus intereses coinciden, por la administración de los estados. Un socialismo que adopte la narrativa de la participación deberá por tanto proponer una fórmula nueva para la articulación de los medios de comunicación masiva, en particular de la prensa escrita, la radio y la televisión. Una fórmula que permita, junto a los medios administrados por el gobierno, la existencia de medios independientes que sean a su vez periódicamente legitimados sobre la base de mecanismos fundamentales de participación social.

Lo primero será garantizar una completa libertad de asociación, independiente de requisitos ideológicos y solo limitada por la demostrabilidad de un financiamiento legítimo. De esta forma grupos de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones gremiales, instancias comunitarias, etc. generarán una pluralidad de espacios que ofrezcan a la persona real la posibilidad de construir sus propios medios de comunicación alternativos como forma de expresión. En este nuevo escenario el Partido sería ya un actor de la sociedad civil, con las mismas oportunidades que cualquier otra asociación para usar el terreno mediático. Las propuestas de creación o permanencia de medios de comunicación no gubernamentales o independientes podrían entonces ser hechas por estas organizaciones y asociaciones periódicamente, quedando solo por establecer un proceso de validación democrática para la regulación del alcance de los mismos.

A modo de ejemplo imaginemos una regulación según la cual el presupuesto anual invertido por el conjunto de todos los medios independientes no pueda superar el monto correspondiente a la inversión hecha por los medios oficiales del gobierno en ese mismo año. Esto puede lograrse fácilmente estableciendo al inicio de cada año topes máximos individuales al presupuesto que puede invertir cada medio independiente. A su vez el valor exacto de cada uno de estos topes se establecería proporcionalmente al nivel relativo de identificación que la ciudadanía expresara en una “elección de medios”; un tipo original de votación general que podría realizarse al término de cada año.

Este ejemplo sucinto defiende la factibilidad de implementar en la nueva república algo que hasta hoy es solo una utopía para el pensamiento progresista: una verdadera libertad de prensa que no sea exclusiva de los privilegiados. En armonía con la narrativa de la participación, los medios de comunicación serían así plurales, imposibles de monopolizar y controlados directa o indirectamente por la participación ciudadana, según sean respectivamente independientes o gubernamentales. El mecanismo de retroalimentación democrática sería además suficientemente dinámico, al menos sobre los medios independientes, y el balance entre estos y la línea gubernamental fortalecería a su vez el equilibrio informativo del nuevo sistema democrático.

Que el Partido pase a conformar la sociedad civil es la transición natural para una organización que seguirá preservando una doctrina a la que muchos cubanos tributan y seguirán tributando. En el nuevo socialismo sin embargo, el término “partido” que había perdido ya su dimensión electoral con la Revolución, se convierte en solo una palabra, que puede ser usada para nombrar asociaciones; todas desconectadas de los mecanismos de toma de decisiones del Poder Popular. Como asociación, sin embargo, el Partido tendría total acceso a la creación de sus medios de comunicación independientes desde donde continuar el trabajo político-ideológico e influir en la dinámica social y estatal. Es de esperar que en el caso de unas elecciones de medios, el mayor porcentaje de votos y por tanto la mayor capacidad de inversión vaya inicialmente a las propuestas de prensa, radio y televisión del Partido.

Todo este cambio en la concepción del escenario mediático, que ha sido aquí ilustrado con un ejemplo concreto de reglamentación pero que tomaría su forma real detallada del consenso de los parlamentarios, es vital para la narrativa de la participación. Y aún en cierto modo parece esencial también esa idea de controlar los medios independientes por vía de elecciones, donde una vez por cada período las personas decidan en las urnas el destino de las líneas editoriales preestablecidas que se les presenten. Es cuando menos teóricamente interesante que como parte del proceso de desideologización de los mecanismos de representatividad ciudadana que el socialismo nuevo impulsaría, se haga necesario precisamente comenzar a tratar a los medios como lo que en realidad son: representantes de ideologías.

Más un derecho que una mercancía y mucho más que un servicio público, los medios de comunicación son el cuarto poder del estado y su control debe ser democratizado como único modo de protección frente a la creación artificial de consensos y disensos. Es un inmenso poder que enseña a pensar estableciendo plataformas de razonamiento y configurando las identidades ideológicas y nacionales. No habrá libertad plena ni socialismo nuevo hasta que la responsabilidad por el necesario equilibrio en el alcance de los diversos generadores de opinión recaiga en la persona real y no en poderes económicos o élites políticas.

A capital question

Por

Yassel Padrón Kunakbaeva

-

8 diciembre 2019

1

The founding of a republic is no trifle and there are always questions about it. It’s one of the most significant moments in the history of a society. The mistake is often made of analyzing such an event merely as a legal act, recognizing the direct intervention of the people in a Constitutional Assembly. And thus one sidesteps, however, the multiple historical processes which come together in that foundation. For a true republic to be born, one always needs an epic, an act of historic creation in which at least part of society actively participates.

So we see that the most important modern republics were born out of revolutions. Such is the case of the French and American republics, for example. In the case of Spain, the proclamation of the Second Republic was the beginning of an arduous transformation process which, one might say, was in fact a revolution; one that began to shape a future republic. But even when there’s no proper revolution to speak of, the birth of a new republic must be accompanied by a civic movement, by the appearance of a national conscience which takes shape in the constitutional text.

As it usually happens, the significance of this moment, one of the most meaningful juridical events, goes well beyond the purely legal. And this makes sense, because in the act of founding a new republic, not only is a new legality being constituted, but also the legitimacy that legality will have. Such an event necessitates a legitimizing discourse that takes root in the collective conscience with the force of a new myth. For the strength and future health of a republic, the legality of the process that lead to its foundation is not as important as the blood that was spilled for it and the scale of participation in the struggle to attain it. This is so because only when the legitimizing discourse connects with the experiences of the people who lived through a process of social transformation, will it acquire enough power to establish the supremacy of the new laws.

What am I driving at? Lately, when I read the opinions some share in the social networks on a variety of topics, which bring up the deficiencies of the rule of law in Cuba, I get the feeling that something very important is being forgotten. Not that it’s unimportant to demand human rights, including the so-called civil rights: freedom of expression, freedom to demonstrate, freedom of the press and freedom of association, among others. The problem is there’s another right that must be defended as fervently as the rest, lest the republic lose its way: the right to a community governed by social justice.

The civil rights I mentioned above do not protect people from the asymmetries routinely generated by the capitalist society. They barely offer them a small window of opportunity to try to improve their situation. But when those asymmetries become more acute, a large part of the population effectively loses the possibility of exercising full citizenship, for one cannot be a citizen without the basic material sustenance.

In the developed world, where the global value chains generate a large accumulation of capital, the effect of this is muted. A large part of the population can exercise their citizenship effectively and the republic survives. But in Latin America, experience shows that peripheral capitalism, with its oligarchic, landowning, colonial, patriarchal and exploitative order, casts a considerable sector of the population into such exclusion and economic precariousness that it prevents them from living as full citizens. That’s why Mariátegui said that ‘the Latin American republics have been nothing but false republics’.

In Latin America, the civil rights discourse plays a much more perverse role than in the developed world. While over there in the North the historical circumstances forced the bourgeoisie to surrender part of its privileges and thus fulfill the republican promise, over here in the South the oligarchies have always understood the republic as their republic. They then use the civil rights discourse to whitewash their political systems; it’s a way of telling the poor, the farmers, the Indians and the women: ‘you have the same rights we have, don’t ask for more’, while in practice they deny them all the material possibilities to exercise citizenship. Of course, distinctions should be made within the whole of Latin America across a range of nuances, counter-hegemonic moments and partial revolutions, but that’s too complex to do here.

In Cuba, before the Revolution, the same thing happened as in the rest of Latin America, apart from those nuances. Despite the popular nature of our wars for liberation, and the radical character of Martí’s republican and democratic proposal, the US guaranteed with their intervention that the first Cuban republic were born in full Latin American style. The domestic oligarchy, mainly connected to sugar, used the republican discourse in a way that was demagogic, classist and exclusive.

Now, connecting with the initial consideration on the foundation of a republic, what happens when —as it is customary in Latin America— the legitimizing discourse of the republic has no basis in the experience of the people?

A lot of blood was spilled and many myths were created in the formation of the Latin American republics. However, if one looks closely, one will see that the oligarchies were always quick to throw the most popular contents of the thought and discourse generated during the struggles for independence into the trash heap of history. Bolívar died believing he had been plowing in the sea. Quintín Banderas was killed, essentially, for being black. The new discourse of oligarchies was always a dishonest diatribe, and the discourse of the republic and civil rights became a tall story, with barely any basis in popular experience.

These false republics, in addition to being distinguished by the practical exclusion of a large part of the population, have lacked the strength of a truly sovereign republic. The contradiction between the legitimizing discourse promoted by the ruling classes and the life experience of the common people, has doomed them to suffering from chronic weakness. The hegemony crises in those political systems are cyclical.

In Cuba, the political systems of the first and second republics suffered the same crises, for similar reasons. The demagogic use that the ruling classes made of the republican discourse had a detrimental effect on the very hegemony of those classes. The fact that the biggest crises happened not during ‘democratic’ times, but during dictatorial episodes may cause confusion, and some have chosen to interpret that as proof of the republican fervor of the Cuban people. But the dictatorships of Gerardo Machado and Batista were part of the same system that prevailed during regular republican periods, since they were solutions found by the dominant classes themselves to their inner contradictions. In general, all of the republican period was customarily considered corrupt and false.

Which right was violated the most in Cuba before the Revolution? Same as it happens today in Latin America, the right to a community governed by social justice was swept aside in Cuba. Without that social justice, the peasants had little use for the right to have freedom of the press or the right to free association. Without the material institution of a community able to exercise citizenship, the establishment by law of an ideal community with full rights was pointless.

At this point, I know the advocates of the 1940 Constitution will want to crucify me. They will say that my criticism perhaps fits the first republic, but not the second, which was born out of the Revolution of the 1930s, and which had a Constitution that wasn’t exactly liberal, but was a world pioneer as to the inclusion of social rights. They will say that the fall of the second republic was not brought about by its internal contradictions, but by those who buried it, beginning with Batista.

Yes, the 1940 Constitution brought social rights to the fore. In many ways, it was a taste of what was to come. But something was missing. The Constituent Assembly was not forged in the heat of the Revolution of the 1930s, or during the Hundred Days’ Government, but under the administration of Batista, when the bourgeoisie had the situation under control. The social rights arrived like just another bit of discourse, while the people didn’t have the experience of having truly conquered those rights. In practice, the Revolution of the 1930s had ‘flown away in the wind’. Guiteras had been killed at El Morrillo.

Most of the progressive measures of the 1940 Constitution remained only on paper. It couldn’t be otherwise, for the power of the Cuban bourgeoisie and its omnipresent ally, the American companies, was left untouched. If all of the property in the country was in the hands of those entities, and if the experience the people had was one of respecting that private property, on what life experience could one construct the social rights discourse in the second republic? It was a stronger republic than the first one, undoubtedly, but it didn’t reach the might of an authentic sovereign republic. The March 10 coup revealed how the ruling classes held that republic hostage. It was a plaything for them to institute or violate at will.

Only the Revolution that triumphed on January 1st, 1959 broke the vicious circle of our false republics. For the first time, the right to a community governed by social justice became the country’s core value, which drove the nascent revolution to tackle each of the forms of asymmetry that affected Cuban society. It stood up to racism, landowners, the exploitation of women, and finally, it came up against the underlying cause of the unfair social order that existed in Cuba: American capital. To be able to found a real and material community of free men and women, the first step was returning the country’s resources and economy into the hands of the nation.

That’s why, when I reflect on the inalienability of human rights —keeping history in mind—, I also think about the right every people has to life, and to building a harmonious community with social justice. Defending that right, in the specific case of Cuba and Latin America, means defending the right the Cuban Revolution had to take the companies and the resources away from the Americans and the domestic bourgeoisie, even through the use of violence.

For me, that question is a deal-breaker. It’s a question I ask in conversation: Do you defend the right the Cuban Revolution had to seize the properties of Americans and the bourgeoisie, even through the use of violence? When someone answers affirmatively, then I can really believe they care about the common people. That person and I can then talk about human rights, and wonder why the new republic born out of the revolution regressed in something as important as civil rights. We may debate profound issues.

But when someone says: ‘no, they shouldn’t have done that, it was an excess of Fidel’, then that person and I don’t have much left to discuss, for I recognize a person to whom human rights are nothing more than a spearhead to try to undermine the Cuban system.

Donald Trump and Marco Rubio do not care about democracy or human rights in Cuba. Their math is strictly election-driven. Behind them there are other forces interested in punishing the Cuban indiscipline. Faced with the challenges to American hegemony which are appearing across the continent, they want to use Cuba to send a disciplinary message: ‘See what happens to those who stand against us. They live in misery and eventually have to come around and bend the knee’. It is essential to realize that they represent the absolute worse threat to our possible democracy.

The strength of the Cuban system lies in the fact that it built a powerful legitimizing discourse, based on the experience of a generation which took control of its country and started a process of popular emancipation. With the blood and the ideas of the heroes, they laid the foundations to build a truly sovereign republic, an extremely hard thing to do in this part of the world. Having then lacked the knowledge or the ability to build a republic that lived up to those foundations is a whole different story.

Human rights advocates often see things only partially, and they underestimate the danger that contemptuous North represents to any possible Cuban republic. At the same time, they hold in high esteem the civil rights discourse, whose performance for the benefit of the popular classes in our region has been mediocre, and they turn a blind eye to what’s right in front of them: the Cuban Revolution with its anti-colonial and counter-hegemonic character. They fail to see that, in our context, the civil rights discourse will be insufficient to found a truly sovereign republic, while it will be effective as a platform for the restoration of the same powers that existed before the Revolution.

Only by raising both flags will we advance in the right direction: the inalienable rights of each individual and the right to a community governed by social justice. That’s why, to clear the way, I always repeat the question: Do you defend the right the Cuban Revolution had to seize the properties of Americans and the bourgeoisie, even through the use of violence?

(Translated from the original)

To punish and to protect

Por

Alina Bárbara López Hernández

-

7 diciembre 2019

0

…Those who really live

cannot help being a citizen and a partisan.

Indifference and apathy are parasitism, perversion, not life.

That’s why I hate the indifferent.

Antonio Gramsci

In the second month of 2019, we the Cubans who live on the island gave ourselves a new National Charter. In the plebiscite, a significant majority voted in favor of the Constitution. Whether this was by loyalty or inertia, by conviction or indifference, by idealism or tedium —and there was a bit of all of that—, is beside the point.

The truly important result was the adoption of a legal contract which is of mandatory observance by everyone, but which also protects the stated rights of everyone; even the rights of those who didn’t vote, or of those who voted against it.

No exceptions. Respect for the Law and legal protection also extend to the sector called the opposition. Our government has been trying to update the economy for several years. I’ve always said that Cuba equally needs an update in its politics. To that I may add that these changes should have to include the relations with and the treatment given to the opposition.

On December 20, 2010, journalist Fernando Ravsberg —at the time the BBC Mundo correspondent in Havana— published a cable revealed by WikiLeaks. The Head of the Interests Section back then, Jonathan Ferrar, described the members of the Cuban dissidence as: ‘self-oriented, with no social influence and excessively concerned with money’.[1] This criticism is proof of the financing channels from the US government to at least part of the Cuban opposition.

Is it legal for Cuba to try to protect itself from an opposition financed from abroad?

In order to answer that question, let’s use a thought experiment. Let’s imagine that the Cuban embassy in the US starts receiving American citizens disgruntled at the prevailing system in that country —for example, some of the sympathizers with socialism who have proliferated there lately—, handing them sums of money and supporting a campaign to promote actions against their government. What would be the response of the US administration?

Some would argue that our neighbors up north allow opposition as a fundamental part of political culture. That’s true. However, this is not the case when that opposition is financed by a foreign nation. The impeachment process being carried out against President Donald Trump is based on the alleged offense of using a foreign power —Ukraine— to tip in his favor a rivalry with the Democratic Party, with an eye on the 2020 elections. And attempts are still being made to confirm whether Russia indirectly meddled in the 2016 elections to support Trump.

When the anti-neoliberal outburst in Ecuador and the internal confrontations in Bolivia happened, they tried to find ties to Cuba as the instigator of actions in those nations. This means that any country will always protect itself from being a hostage of decisions emanating from another.

In the case of Cuba —with all the more reason— the traditional hostility of American administrations, boosted by the current President, grants absolute validity to a legislation which penalizes those who agree to receive financing from the US in order to oppose the government.

The question has been answered: yes, it is legal for Cuba to try to protect itself from an opposition financed from abroad. Therefore, there’s no way to explain the shameful approach used by the Cuban intelligence machinery, which would rather try to seek proof of common offenses and not to denounce —and present the corresponding evidence, of course— the true crime: taking money from a foreign nation in order to subvert the political order. The process being carried out against José Daniel Ferrer has lost itself in inexplicable intricacies to try to prosecute him as a common criminal. Why follow that course of action?

Nevertheless, be it in a process for common offenses or otherwise, all Cuban citizens should be protected by the Law. There must be a court order issued for arrest, access to an attorney and contact with the family should be allowed, and the possibility should even exist —unless the offender is a terrorist or a dangerous murderer— for a person to remain free during the judicial process.

The inadequate handling of this case is worrying. Not only because it breaches the legislation, but also because strategic considerations are being ignored. Can’t our government understand the need to project an image of legitimacy both domestically and internationally?

In a considerably hostile relationship with the US; in a regional environment that has changed lately, for Latin America is no longer a zone of peace and some governments of a new political perspective have undone important economic agreements and strategic alliances; in a financial crisis and an evident economic recession which definitely isn’t just a thing of the present juncture; it is crucial for Cuba to have a rapprochement with the European Union.

Certain controversies were starting to subside with the Old World bloc over the issue of Human Rights. The decision of defining ourselves in the Constitution as a State under the Rule of Socialist Law was well received. Geopolitically speaking, Europe is far from being a negligible ally today. It has not only condemned the blockade against Cuba, but has also shown clear signs of rapprochement, and it encourages its member nations to invest in the island at a time when it becomes imperative to find faithful commercial and financial partners willing to assume the risk of dealing with the fluctuations of our beleaguered economy.

In an act that fails to recognize these sound reasons, some images were made public which are counterproductive given the charge of mediocrity and derision they contain. It would have been so conclusive if they had managed to record the instances when Ferrer received American money or at least made reference to doing so! That table video? Please…

Because the economy is not the only thing that has regressed. What’s happening to our intelligence services? Regarded by many as being among the best in the world, they look like inexperienced greenhorns playing a dangerous game in the present context, where the social networks display photos and videos of their actions.

Posted at the doors of certain houses to obstruct the free movement of people who are not the subject of any legal process —which has been done not only to intimidate members of the opposition, but also to stop them from attending places where tensions can be generated, as it happened with SNET—, or coming out of homes where they have gone to ‘talk’; they are photographed, the plates of their motorcycles or cars are revealed, and sometimes even their names, surnames, aliases and positions in the intelligence apparatus. If the founders of the old G-2 came back to life, I think the embarrassment would drive them to suicide.

In a previous article, I made reference to the existence among the citizenry of a ‘critical mass of people who disagree with the bureaucratic model of socialism we have, but also disagree with the hegemonic and aggressive policy of Donald Trump’s Government. These are people who equally reject the pro-American opposition and the abusive and unconstitutional reactions of the Ministry of the Interior and the Police against that opposition.’

It would be good to have a wise reflection on whether government tactics when dealing with the opposition could be generating sympathies that they were having trouble earning with their political proposals.

In my opinion, if the Law isn’t applied equally for all people, the Constitution of 2019 will be on its way to becoming what they say the one of 1940 became: ‘dead letter’. So that there may be a Rule of Socialist Law, we must put a stop to para-judicial abuses: arbitrary arrests for a few hours and without an order from a judge, denial of the possibility to travel abroad to people who are not the subject of a legal process, unwarranted beatings to members of the opposition who protest peacefully, even though this is a right granted by the Constitution.

Instead of having the agents posing for the camera, they should work undercover, with professionalism. Their goal would be to uncover the conspiracy by the opposition and its financing in order to subvert the political order. And I insist on the obtainment of evidence, for we have normalized the tendency of attaching the label of mercenary and dissident to anyone who openly voices their criticism, and this is not a ‘cry wolf’ situation.

According to Prensa Latina, the Cuban Foreign Minister denounced on November 26 ‘that the American Embassy in Cuba, and particularly [Mara] Tekach, has focused in the last few months on the failed purpose of recruiting mercenaries, and promoting division and confusion among the Cuban population.’

If the purpose of recruiting mercenaries failed, that proves that not all Cubans are willing to conspire against the government under the auspices of the US. However, the inadequate and unlawful treatment given internally to the opposition in Cuba also generates ‘division’ and ‘confusion’. It’s time to meditate; this is not a question of force, but a question of legality. The Law to punish and the law to protect. And to protect everyone. Even the opposition.

[1] http://wwwbbc.com/mundo/noticias/2010/12/101219_wikileaks_cuba_disidentes_estados_unidos_pea.shtml

(Translated from the original)

La verdad sobre Batista

Por

Harold Bertot Triana

-

6 diciembre 2019

13

la-verdad-sobre-batista-recomendaciones-de-lectura — Foto del autor

La Revolución Cubana de 1959 no es posible entenderla cabalmente en sus orígenes, en sus razones, sin conocer todo el mundo que representó Fulgencio Batista y Zaldívar en la política nacional de la Isla durante décadas. Llegó a ser el «hombre fuerte» en un largo período histórico y el dictador que, tras el golpe de Estado de 1952, provocó la ira, y a la vez la gesta, de miles de cubanos. No conozco la cifra exacta de muertes en su dictadura, pero es imposible negar la evidencia de cientos y tal vez miles de ellas, como es imposible negar las espeluznantes torturas, tantos jóvenes masacrados, tanta gente buena que no pudo sobrevivir…

Quise explicar parte de esta historia hoy en la sacramental de San Isidro en Madrid, el lugar donde reposan los restos del dictador junto a su esposa y uno de sus nueve hijos, Carlos Manuel, fallecido en 1969. A la pregunta de por qué está en este lugar, respondió hace un tiempo otro de sus hijos, Roberto Francisco (Bobby) Batista Fernández, quien contó que una vez que muere en 1973 –fallece de un infarto en un hotel de la Villa de Guadalmina y es velado en Marbella—, es trasladado a este lugar porque estaba enterrada la madre de su esposa Marta Fernández de Miranda y el mencionado hijo Carlos Manuel.

No ha faltado nunca alguna bibliografía, antes y después del golpe de 1952, como se puede extraer de lo investigado por Frank Argote-Freyre en su Fulgencio Batista: From Revolutionary to Strongman de 2006, con una visión sesgada y casi adulona de esta figura en la historia, entre las que cabe citar la de su amigo Edmund Chester A Sergeant Named Batista; o Ensayo biográ?co Batista: Reportaje histórico de Raúl Acosta Rubio de 1943; o La personalidad y la obra del General Fulgencio Batista Zaldívar de Ulpiano Vega Cobiellas, del propio año 1943 (y que años más tarde actualizaría como Batista y Cuba: Crónica política y realizaciones). Ni qué decir, en francas poses justificativas y tendenciosas, de la literatura realizada con posterioridad al triunfo revolucionario por el propio Batista (ya había publicado Revolución social o política reformista en 1944 y Sombras de América: problemas económicos y sociales en 1946) como Respuesta de 1960 (y traducido al inglés como Cuba Betrayed: The Growth and Decline of the Cuban Republic en 1962); Piedras y leyes de 1961 y Paradojas de 1962, con una segunda edición que titularon Paradojismos. Cuba víctima de las contradicciones internacionales en 1964; o de otras obras más recientes de algunos autores abiertamente panfletarias que no valen la pena referenciar.

Ahora que reaparece con fuerza brindar una historia anterior que no fue, una historia donde el mundo fue rosa y palomas blancas revoloteaban sin cesar, bastaría tan solo preguntarse, como hicieron en su momento dos grandes juristas cubanos al mundo romano que se justificaba: ¿Y por qué se rebelaron? ¿Y por qué cayeron? ¿Y por qué triunfaron?