type here...
Inicio Blog Página 2

Afinar las preguntas y resistir con esperanza

Por
Ariel Dacal Díaz
-
7
Imagen generada con inteligencia artificial

El pasado cinco de febrero, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció ante medios nacionales e internacionales para abordar varios temas del complejo contexto nacional y regional.

Contexto agravado con la orden ejecutiva firmada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la que prevé la imposición de aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, y que, en esencia, pretende la asfixia energética de la Isla.

No existe argumento sostenible que justifique esta nueva arremetida del Gobierno norteamericano. Un episodio más de su política perversa e inhumana hacia Cuba, de una parte; y de la otra, un dato añadido al uso de la fuerza, en desmedro del derecho internacional.

Comparto que la rendición no es la opción. El Estado norteamericano nunca ha mirado a Cuba en condición de igualdad, de derecho y de soberanía. La ha tratado, al igual que al conjunto de las naciones latinoamericanas, como objeto de sus intereses.

El desprecio moral, los intentos de imposición política, la objetualización de la nación cubana por parte del imperialismo norteamericano antecede a la etapa socialista, y la precedería, llegado el caso. Es aconsejable que la bisoña burguesía cubana tome nota.   

Asistimos al declive del imperialismo norteamericano, otrora potencia global hegemónica, lo cual hace más peligrosa e impredecible su actuación internacional. Frente a este hecho no hay otra salida que resistir y desarrollar, material y políticamente, las condiciones que sostengan y expandan la soberanía nacional.

Defender la soberanía nacional no es garantía de triunfo en este árido escenario, pero sí es condición sine qua non para intentarlo. Ahora bien, la soberanía solo como arenga es insustancial. Entender su dimensión de proyecto nación, y de orden sociopolítico que lo valide, le otorga su verdadero rigor y contenido.

Resistir es imprescindible, pero es vital entender que es un proceso objetivo, que involucra sujetos concretos y decisiones específicas. La resistencia tiene contextos y variables claras que deben ser puestas a deliberación pública. Superar entre todas y todos los «tiempos difíciles» que vivimos no será posible sin esa deliberación amplia y democrática.

En las recientes palabras del mandatario cubano no hay cuestiones esencialmente nuevas. Tanto los problemas como algunas de las soluciones que ahora se reiteran, aparecen en cuanto documento programático podamos citar desde, al menos, el año 2011, con los «Lineamientos», y las sucesivas modificaciones acontecidas hasta la fecha.

Es vital afinar las preguntas cuyas respuestas permitan vislumbrar salidas a la crisis.  

¿Por qué llegamos al 2024 con solo un 3 por ciento de energía renovable? ¿Por qué no se priorizó el sistema energético nacional, su mantenimiento y modernización? ¿Por qué no se potenció la inversión en la extracción de hidrocarburo nacional? ¿Por qué se engavetaron las investigaciones sobre el desarrollo de sus derivados?

¿Por qué hubo un bajo nivel de inversión en la agricultura? ¿Por qué no tenemos una ley de empresa? ¿Por qué se elaboran más conceptos y planes que su validación práctica? ¿Por qué tanto zigzag en la implementación de las políticas? ¿Cuáles son los problemas estructurales de la economía pendientes, y por qué no se han resuelto?

Mientras no se tenga claridad de los argumentos, y más específicamente, de los actores que están detrás del retraso de las reformas, no habrá solidez en la decisión de resistir. No se trata, una vez más, de diagnosticar y esbozar directrices, se trata de nombrar y remover los impedimentos, durante demasiado tiempo, para su puesta en práctica.    

Diaz-Canel fue enfático al decir que debemos «terminar de comprender que el país tiene que ser capaz de sostenerse energéticamente con las fuentes de energía que nosotros poseemos: con nuestro crudo nacional pesado; con las fuentes renovables de energía». ¿Quiénes no lo comprenden, quiénes impiden que esos conceptos se viabilicen? ¿Qué estructuras administrativas o políticas han obstruido su encaminamiento? 

Responder estas preguntas es condición para resistir y alcanzar resultados sostenibles, políticos y materiales, como única garantía de la soberanía.

Dicho de otro modo, es comprensible la indisposición a más sacrificio si no es notorio un cambio de narrativa y de acción política concreta que, en medio de la adversidad redoblada, concreten soluciones en beneficio de la gente. Es imprescindible que la gente tenga buenas noticias, y más importante, que las verifique en su cotidianidad. 

Entre las prioridades estratégicas, el presidente cubano destaca «elevar el funcionamiento del Partido, del Gobierno, del Estado, de las instituciones, de las instituciones armadas, de las organizaciones de masas, de las organizaciones sociales y de todo el sistema del país». ¿Cómo se concreta la elevación del funcionamiento? ¿Eso qué significa, mejorar lo mismo que ya está?

Es cierto que no podemos aspirar a la soberanía nacional sin unidad política. ¿De qué unidad se trata, cómo concretar el pacto social que la sostenga? Unidad no es unanimidad permanente, opinión monolítica, unidad es pactar los destinos de la nación desde la diversidad que somos.

Es unidad en la diversidad el camino probable. ¿Cuánto podría contribuir a esa unidad la postergada Ley de asociaciones? ¿Cuánto aportaría al proceso de resistencia al que estamos abocados como nación y como orden social, reconocer, organizar y potenciar la riqueza que entraña la pluralidad que nos caracteriza? ¿Cuánto contribuiría esa asunción a la crítica, al debate, al aporte colectivo?

Es importante, en el proceso de resistir al imperialismo, ampliar la democracia. Este asunto también fue abordado por el dirigente cubano. ¿Llegará a ser el Partido único de la nación la fuente nutricia de la democracia cubana? ¿Podrían aparecer otras formas de organización que complementaran ese encargo? ¿Cómo democratizar las instancias sociales, productivas, comunitarias, componente fundamental de la estrategia de resistencia y sostenimiento de la soberanía?

La democracia se mide por la calidad y alcance de la participación popular en la gestión política. Por ejemplo, aspiremos a más referéndums, a modelos de presupuestos participativos, a la autogestión, a más modelos cooperativos y asamblearios.

Dadas las urgencias del momento, cabría preguntar, ¿el rol de los municipios será reducido a la producción de alimentos, o también a la producción de sus propias políticas públicas específicas?

Hace tiempo vivimos tiempos difíciles. No habrá otra oportunidad de mirar la realidad de frente y cortar por lo sano. Hacerlo demanda afinar las preguntas que nos permitan resistir con esperanza y sostener la materialidad y el espíritu de la soberanía. 

Reformar y superar la crisis o no reformar y colapsar, he ahí el dilema cubano

Por
Carlos Alzugaray Treto
-
15

No cabe ninguna duda que Cuba enfrenta hoy una de las encrucijadas más riesgosas, sino la más riesgosa, de su historia. Se está jugando el futuro de la nación como la conocemos, con todas sus virtudes y defectos, con todas sus luces y sus sombras.

Los tradicionales enemigos de la nación cubana aspiran a lograr sus propósitos con más fuerza que nunca tras lo sucedido en Caracas el 3 de enero y la publicación de la Orden Ejecutiva del presidente norteamericano Donald Trump el 19 de ese mismo mes.  

Aprovechando la actual situación crítica del país, el gobierno de Estados Unidos intenta hacer tabula rasa con los último 67 años de historia cubana.

Si ello sucediera, los cubanos perderíamos toda posibilidad de autodeterminación. Colapsarían las aspiraciones emancipadoras seculares de nuestros más eminentes próceres. Cuba nunca más sería la nación que soñaron Martí, Céspedes, Agramonte, Ana Betancourt, Mariana Grajales, Maceo, Gómez, Marta Abreu, Mella, Guiteras…

Paralelamente, el país vive una policrisis resultante de la confluencia de dos fenómenos distintos pero vinculados. Por un lado, están los 64 años de guerra económica desencadenada por Estados Unidos en 1962, bajo el presupuesto de que aplicarle a los cubanos sanciones económicas deberían producir «hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno», como argumentó el Memorándum Mallory de abril de 1960. Y por el otro las deficiencias e insuficiencias que en materia de política económica ha manifestado el gobierno cubano en los últimos 8 años.

Lamentablemente, como en otras etapas de la trayectoria cubana, hay compatriotas que apoyan esa política norteamericana hostil a la nación en la falsa creencia de que en aceptar la subordinación a un Estado extranjero está nuestra salvación y nuestro bienestar.

Se olvidan de todas las advertencias de José Martí y de la historia de 57 años de sometimiento a Estados Unidos, que tampoco nos hizo un país próspero, por más que se intenten vender imágenes de una Habana luminosa que contrastaba con la pobreza y la desigualdad en el resto del país.

Otros compatriotas están tan agobiados por las dificultades de los últimos años que llegan a negar los logros reales del proyecto revolucionario en su primera etapa. Su razonamiento es iluso: «Hace falta que los americanos vengan y arreglen esto».

Esa fatídica frase se oye cada día más en las calles de nuestras ciudades.

Finalmente, como suele suceder en otros países y contextos, hay compatriotas que se aferran a un pasado que no volverá y se oponen hasta a un axioma que el propio Fidel Castro defendió: cambiar todo lo que deba ser cambiado.

La confluencia entre nosotros de estas tres tendencias, condenan al país a algo que ya Raúl Castro vaticinó hace más de 15 años. O se rectifica o nos hundiremos en un precipicio. Dicho de otra forma, el inevitable colapso.

El presidente Miguel Díaz Canel, en su intervención ante medios de prensa el pasado 5 de febrero, se refirió a transformaciones puntuales, pero evitó hablar de reforma de manera integral. El representante del Estado cubano mencionó la palabra cambio en cuatro ocasiones para referirse a temas como el concepto de la canasta básica, la mentalidad importadora, la matriz energética, y el modo de conducción del partido. Asimismo, el concepto de transformación se usó sólo en 5 ocasiones también para temas específicos: la transformación digital y de la inteligencia artificial (con un país prácticamente apagado), la de hacer más sostenible económicamente el aparato estatal, la de la autonomía de los municipios, la del estímulo a los cubanos residentes en el exterior para que participen en el desarrollo del país, y la de la transición energética.

Sin embargo, en momentos en que, a todas luces, el país necesita más que nunca antes una reforma de gran calado en lo económico y el inicio de una reforma política gradual que haga más eficiente y receptivo el régimen de relaciones entre los ciudadanos y el Estado, llama la atención que el propio máximo dirigente del partido y del gobierno no haya abordado un tema de tanta relevancia en un momento tan crítico, como el de la necesidad de la reforma.

Esa cuestión está planteada en la agenda nacional desde que se pusieron en práctica una serie de cambios sustantivos en la década de 1990 por el propio Fidel Castro: legalización de la tenencia de divisas y apertura a la inversión extranjera; ampliación del trabajo por cuenta propia; y creación de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria.

En el plano político, el propio fundador de la Revolución propuso e impulsó por aquellos años la reforma de la Constitución en 1992, que incluyó también una transformación electoral: los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular comenzaron a ser ratificados por los ciudadanos (hasta entonces lo habían sido de forma indirecta por los delegados a las Asamblea Provinciales).  

A fines de la primera década y principios de la segunda de este siglo, durante sus primeros mandatos, Raúl Castro promovió otra ola de reformas, incluyendo una de carácter político de gran importancia para la ciudadanía que en el 2013 rompió con años de prácticas restrictivas: Una nueva ley migratoria.

La lucha entre los partidarios y los opositores de las reformas en la actualidad fue planteada con toda crudeza desde estas páginas por mi joven colega Rubén Padrón Garriga en su video titulado «La contrarreforma» en el cuál apuntó que «negar la reforma es condenar al pueblo a la miseria».

Las reformas y el contexto nacional e internacional actual

El actual contexto nacional e internacional es gravísimo, y demuestra algo sobre lo cual no puede haber confusión, la contradicción más grave que se encara, como en otras etapas históricas, es la que contrapone las ambiciones imperiales de ciertos círculos de poder en Estados Unidos a las aspiraciones cubanas de una Patria libre y soberana, próspera y democrática, justa y equitativa.

La administración norteamericana del presidente Trump, en la que juega un papel determinante Marco Rubio, un personaje a quien lo consume un odio ingénito y perverso, está dispuesta a hacerlo todo, incluso desencadenar una agresión militar para lograr el ansiado sueño de un «cambio de régimen».

Para Rubio, sus colaboradores y una creciente cantidad de cubanos emigrados, «cambio de régimen» equivale en la práctica a una rendición incondicional, no solo del gobierno, sino también del pueblo cubano que está en la Isla.

Si Cuba «colapsa» como se asegura que pasará ineluctablemente, todos quedaríamos subordinados a su dominio. Sería iluso creer otra cosa.

El propio Trump ha insinuado qué se podría hacer en Cuba y a quiénes más le interesa respaldar: «desbaratar» el país para provocar una ruptura del proceso político nacional en beneficio de los cubanos que mayorean la diáspora en Estados Unidos.

Claro está, cualquier promesa de Donald Trump es sumamente incierta. Véase, si no, la forma en que están siendo tratados los cubanos, aun aquellos que votaron por él en el 2024. Crecientes detenciones, deportaciones y maltrato, incluso a los que ya son ciudadanos.

Los cubanos residentes en el vecino del norte que apoyaron a Trump y Rubio hace un año deberían reflexionar sobre esto antes de seguir pidiendo una invasión, un bloqueo naval a las importaciones de petróleo o una acción militar de otro tipo.

Trump, Rubio y un creciente número de cubanoamericanos están también convencidos de que, debido a las falencias y errores del gobierno cubano, se han creado las condiciones necesarias para provocar el «colapso» de Cuba, de su economía y de su gobierno. La Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump del 19 de enero del 2026 está claramente diseñada para provocar ese colapso mediante la asfixia energética. Lo cual constituye un acto de guerra contra todo un pueblo que no amenaza a Estados Unidos.

Por tanto, el desafío de Cuba y de los cubanos que vivimos aquí es obvio. No hay ninguna posibilidad de levantamiento del bloqueo y ni siquiera de su flexibilización. Tenemos que vencerlo con políticas económicas eficaces que superen nuestra dependencia externa.

A esa contradicción entre el pueblo cubano y los círculos de poder imperialistas dentro de Estados Unidos se suma otra también sumamente importante, la que existe al interior de la sociedad cubana entre los que la gobiernan y los ciudadanos que aspiran al bienestar y la prosperidad, y no ven en los primeros a decisores capaces de producir los cambios necesarios.

Aquellos cubanos que dentro y fuera de Cuba creen que el asunto se resuelve con una ruptura total y la salida del poder de todos los que hoy gobiernan, harían bien en reflexionar sobre lo que está pasando y lo que podría pasar, a partir de lo que ha sucedido en otros países que Estados Unidos ha ocupado y dominado. Junto con el gobierno actual se intentaría borrar todo lo positivo del proceso revolucionario en sus primeros años (acceso universal a la salud y a la enseñanza, facilitación para el acceso a la vivienda, etc.)

Nos impondrían un gobierno «Made in Miami» que respondería solamente a los intereses estadounidenses y a los de la derecha cubanoamericana de esa ciudad floridana. Esto no resultaría en un «capitalismo de primer mundo» sino, como ya ha pasado en otros países subordinados a Washington, nos tocaría uno extractivista cuyos beneficios no irían para la población cubana, sino para las empresas extranjeras que exploten nuestros recursos. Entre Washington D.C. y San Juan hay notables diferencias.

Y de la democracia y los derechos humanos, ¿qué? Ya Donald Trump ha demostrado que eso no le interesa. Pero no solo en Cuba o Venezuela. Quiere anexarse Canadá y Groenlandia sin la más mínima consulta a sus ciudadanos.

Salir de la crisis intensificando el camino de la reforma

Por eso, el único camino que tenemos los cubanos que vivimos en la Isla es el de hacer todo lo necesario para que la economía cubana, que lleva varios años decreciendo, se recupere y comience a desarrollarse, para que nuestros ciudadanos puedan tener acceso a la vida decorosa prometida, que con toda justicia se merecen. Y eso depende exclusivamente de las máximas autoridades del país. No de las provincias, no de los municipios, y no del cubano de la calle.

La demanda de reformas, ante todo económicas, pero también políticas, es una consecuencia natural del momento en que vivimos. Sobre todo, cuando comprobamos al ver el Noticiero Nacional de la Televisión que nuestros gobernantes, con algunas excepcionas, siguen repitiendo fórmulas del pasado y se niegan no solo a cambiar, si no a reconocer claramente los múltiples errores que han cometido.

Las cifras son contundentes. Sigue decreciendo el PIB, el volumen de las exportaciones y el índice de productividad, y en lo social aumenta la mortalidad infantil y el envejecimiento de la población debido a la baja fertilidad y a la creciente migración de jóvenes en edad laboral.

A la sombra de estas dos contradicciones, en Cuba hay una aguda lucha entre los que, desde su condición de ciudadanos y hasta de militantes de fila o no del partido, consideran imprescindible la profundización de las reformas, y los que desde el poder posponen cambiar todo lo que deba ser cambiado, escudándose en la consigna de «ser continuidad». Estos últimos han llevado la voz cantante y mantenido el control del poder, incluyendo los medios de comunicación masiva.

En estos casos, un expediente que a menudo utilizan los sectores defensores del inmovilismo ha sido la supremacía de su discurso anquilosado en los medios estatales de difusión, en particular la televisión.

Rechazan y estigmatizan al que piense distinto y proponga cambiar todo lo que deba ser cambiado. Los difaman y vilipendian con las más inverosímiles acusaciones. El tono de estas aseveraciones es áspero, sectario y opresivo.

No hay nada nuevo en estas acusaciones. Ya se han visto en ocasiones anteriores como en el 2016 cuando, por ejemplo, se realizó una campaña contra el llamado «centrismo».

Pero hay una agravante. Lo crítico del momento. No son tiempos de dividir, son de sumar y multiplicar. No son tiempos de intrigar contra cubanos patriotas solo porque tienen una opinión distinta.

A los sólidos argumentos de especialistas cubanos del más alto prestigio nacional e internacional sobre la necesidad de reformas, se oponen argumentos difícilmente sostenibles en un debate académico serio.

Como en otras ocasiones, respecto al caso concreto de la reforma, se cita fuera de contexto el ensayo «¿Reforma o Revolución?» de la valerosa dirigente germano-polaca, Rosa Luxemburgo.  Es superficial argumentar que se puede generalizar ese debate más allá de su contenido específico como si nuestra coyuntura fuera igual a aquella disyuntiva específica a la que se refería ese texto resultante del enfrentamiento al interior de la socialdemocracia alemana en la última década del siglo XIX.

Como se sabe, ese debate se refería al Programa de Erfurt y a cuál era la mejor estrategia para derrocar el capitalismo y construir el socialismo en Alemania. O sea, lo que se discutía era la estrategia para la toma del poder por un partido socialista o socialdemócrata y la radicalidad del camino a seguir una vez en el poder a fin de superar el capitalismo.

Pero las conclusiones de Luxemburgo que usualmente se citan no tienen nada que ver con nuestra situación concreta y lo que se debate: la necesidad o no de reformas en el socialismo de la Cuba de hoy. Lo que se pretende es hacer propuestas para cambiar todo lo que deba ser cambiado a fin de que el socialismo cubano alcance lo que se propuso, una sociedad próspera, sustentable, justa y con equidad.

Es evidente que las actuales políticas no han dado resultado en este sentido.

Un mejor enfoque sobre el significado de las reformas dentro de un sistema socialista puede ser el de un académico muy conocido en Cuba, Atilio Borón, quien en el 2008 refiriéndose precisamente a las experiencias cubana y venezolana dentro del concepto del Socialismo del Siglo XXI, afirmó:

«El absurdo de anatemizar cualquier reforma como una herejía o una traición al socialismo —entendido este como un dogma inalterable no solo en el plano de los principios, lo que está bien, sino también en el de los proyectos históricos, lo que está mal— salta a la vista, porque significaría la consagración de un suicida inmovilismo, la negación de la capacidad de autocorrección de los errores y una renuncia al aprendizaje colectivo, condiciones estas imprescindibles para el permanente perfeccionamiento del socialismo”. [1]

Lo que ha dañado más a la economía cubana no es la reforma aprobada hace 15 años, como argumentan los oponentes de la reforma, si no precisamente el no haberla aplicado consecuentemente y con intencionalidad. Los ejemplos son muchos: el inexplicable retraso en aplicar el «ordenamiento» o unificación monetaria y cambiaria, originalmente programado para el 2016 pero pospuesto hasta el 2020, o la sorprendente demora actual en aprobar una ley de empresas, por poner sólo dos ejemplos.

Académicos cubanos de distintas generaciones y profesiones vienen sometiendo la realidad del país a un análisis serio y objetivo de la realidad. Sin apelar a consignas ni a subterfugios que pretendan edulcorar la policrisis en que vivimos. Lo hacen en espacios institucionales como la Sociedad Económica de Amigos del País, el Centro de Estudios de la Economía Cubana o los Últimos Jueves de Temas. Lo hacen en público a la vista de la ciudadanía.

Cumplen con algo que argumentara Julio Carranza hace ya más de 18 años:

«Existe una responsabilidad de servicio público en el científico y en las instituciones científicas, que consiste en la comunicación directa a la sociedad de información y análisis especializados; no como propuesta política, sino como interpretaciones fundamentadas que contribuyen a elevar la cultura y el conocimiento general sobre diferentes temas». [2]

Entre los adversarios de la reforma prima una visión anquilosada del marxismo ortodoxo. Esa visión fue la que dominó en la Unión Soviética durante más de 60 años de su existencia e impidió que las reformas se hicieran a tiempo. El resultado fue que cuando al fin los partidarios de la reforma lograron impulsarla a partir de 1985 ya era tarde. El estancamiento económico resultante del anquilosamiento y esclerotización del pensamiento marxista había minado las bases del socialismo en la URSS.

Otro fue el camino seguido por la República Popular China y la República Socialista de Vietnam. En ambos los sectores reformistas dentro de sus respectivos partidos comunistas lograron impulsar transformaciones que abrieron la economía a las realidades del mercado. Las evidencias del éxito de sus respectivas reformas están a la vista. En ambos países no hubo reticencia a abordar las reformas con toda seriedad y profundidad. Los pueblos de ambos países disfrutan de los beneficios de economías prósperas y resilientes.

Cuba tiene que buscar el camino de sus reformas o de lo contrario todos arriesgamos un inadmisible retroceso que no nos merecemos después de tanto sacrificio.

[1] Borón, Atilio, Socialismo Siglo XXI: ¿Hay vida después del neoliberalismo?, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2008, página 117.

[2] “El compromiso de la ciencia y la ciencia del compromiso”, Temas, No. 53: 143-154, enero-marzo de 2008, pág. 147.

Ayuda humanitaria y asfixia económica

Por
Redacción
-
3

El gobierno estadounidense anunció un nuevo paquete de 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba. A primera vista resulta bastante contradictorio que la misma administración, tras impulsar medidas que inciden directa y negativamente en la generación eléctrica, el transporte y la vida cotidiana, se presente también como proveedor de alivio humanitario a la crisis provocada por dichas medidas. Pero no es contradictorio.

La asistencia está condicionada a que se canalice fuera de las instituciones estatales, y a que se ejecute directamente por actores no estatales dentro del país, en particular a través de la Iglesia católica, y con supervisión de funcionarios estadounidenses, sin pasar por los mecanismos formales para la asignación de fondos.

Lo cierto es que resulta imposible aliviar de manera realista la situación de la población cubana sin contar con las instituciones estatales, que son las que hoy administran hospitales, farmacias y escuelas, y las únicas con capacidad de proveer servicios esenciales como electricidad, agua, gas o transporte público. En ese sentido, una ayuda focalizada del gobierno norteamericano difícilmente pueda traducirse en un alivio sostenido. Pero sí sirve para apuntalar la narrativa de «salvador», algo que funciona bien como acción de relaciones públicas y que tiene efectos políticos directos, además de que ayuda a desplazar (aún más) al Estado cubano de su responsabilidad de garantizar acceso a bienes básicos. 

A lo largo de décadas, los servicios de inteligencia y la política exterior de Estados Unidos han considerado a las organizaciones religiosas como actores funcionales en escenarios de crisis. La articulación con iglesias, misiones y redes de asistencia ha servido para disputar legitimidades y facilitar procesos de cambio sin recurrir a formas abiertas de coerción, como la intervención militar directa, con sus altos costos diplomáticos.

El ascenso de las iglesias evangélicas en amplias zonas de América Latina, y su papel en la reconfiguración del campo político y en la llegada al poder de gobiernos de derecha, es un ejemplo de cómo ese tipo de influencia social puede traducirse en resultados políticos de largo aliento.

Si bien la Iglesia Católica, a través de Cáritas, ha tenido un trabajo sostenido de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, se trata de una ayuda que responde a determinadas urgencias, y eso la vuelve útil en el corto plazo, pero no cambia la situación general, agravada por las medidas de presión de la administración Trump. La crisis sigue ahí, con los mismos problemas de fondo. 

Desde Washington la preocupación no es humanitaria, sino por aumentar la presión interna para empujar a un escenario de negociación o de estallido, a la par de seguir minando la capacidad del gobierno cubano para gestionar la crisis y ofrecer respuestas propias.

La respuesta oficial del gobierno cubano tampoco ha estado a la altura de la situación. Su capital político aparece cada vez más debilitado, y la comunicación insiste en el llamado a la resistencia de la ciudadanía para enfrentar la realidad, cuando lo que se esperan son líneas de acción definidas sobre cómo atender la situación actual y la que se avecina.

Mientras esas respuestas no lleguen y la precariedad se prolongue, la población tiende a aferrarse a cualquier opción de supervivencia disponible, sin margen para evaluar su procedencia ni su trasfondo político. La ayuda estadounidense a Cuba tiene un componente cínico evidente, pero en ausencia de soluciones materiales mínimas por parte del Estado cubano, la asistencia externa será asumida como lo que hoy es para muchos, una vía inmediata para sostener la vida, incluso cuando forme parte de una estrategia que desborda ampliamente el terreno humanitario.

Consideraciones a propósito de la comparecencia de Díaz Canel

Por
Redacción
-
5
Imagen generada con IA

Luego de la comparecencia del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez televisada hoy, todo parece indicar que la política trumpista de amenazar a quien envíe o venda combustible a Cuba, posiblemente conduzca a una parada de buena parte de la economía y los servicios. La policrisis que padece el país, por tanto, tiene las condiciones creadas para agravarse y que se produzca una profundización del deterioro de la vida, que afectará a los cubanos residentes en la Isla, y especialmente a los sectores más empobrecidos.

Por muchas críticas que puedan hacérsele al gobierno cubano en cuanto a la postergación de una reforma integral que fortaleciera la estructura interna y generara bienestar, es incuestionable que las restricciones totales para la entrada de combustible lo dejarán en gran medida incapacitado de gestionar con efectividad las proporciones aún más severas de la crisis. En otras palabras, el margen de maniobra será muy estrecho.

Aun así, desde La Joven Cuba compartimos algunas consideraciones que creemos deben tenerse en cuenta para analizar políticamente este escenario:

-El patrón de actuación política de Trump hasta el momento ha sido presionar a otros países para crear leverage, o sea, ventaja política, y después impulsar una negociación desde una  posición más favorable a sus intereses políticos y personales. 

-La posibilidad de una agresión directa, aunque real, sigue siendo improbable porque implicaría varios riesgos para la Casa Blanca: el costo económico para la administración norteamericana, ya cuestionada por no enfocarse más en asuntos domésticos (los resultados recientes de una encuesta de Fox News indican que la popularidad de Trump ha bajado a un 44%, y que el balance de aprobación – desaprobación de la operación en Venezuela es de 42-57%). Un factor de peso, además, es que estamos en un año de elecciones; todos los escaños de la Cámara de Representantes se renovarán en noviembre de 2026.

-Está gravitando sobre este escenario la cuestión de a dónde conducirán las comunicaciones que ya se están dando entre Estados Unidos y Cuba, a las que se refirió el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossió (“intercambio de mensajes” fue la expresión utilizada en una entrevista con CNN), así como las disposiciones declaradas a dialogar.

-Rusia previsiblemente continuará enviando combustible a Cuba, y el apoyo de aliados seguirá siendo un factor relevante para aliviar un tanto la situación. Sin embargo, sería ilusorio pensar que ese apoyo puede convertirse en una solución sostenible para el funcionamiento regular del país a mediano y/o largo plazo, si se mantiene el cerco energético por parte de Estados Unidos. 

-Durante el tiempo que permanezca este endurecimiento de las restricciones para importar combustible, es previsible que el efecto en la economía no sea solo recesivo, sino también inflacionario con su correspondiente impacto sobre los hogares. Es esperable que ante la carencia de combustible, aumenten los costos de transporte y ese encarecimiento se traslade a los productos de primera necesidad que habitualmente son comercializados por el sector privado. Un aspecto no menor será el posible incremento de los precios de los alimentos. En este escenario se hacen imprescindibles mecanismos de distribución de insumos básicos, donde el Estado juega un papel central. La pregunta de si hay planes para ello, o recursos a movilizar, pende sobre las nuevas medidas que según la comparecencia de hoy se anunciarán en los próximos días.

Cualquiera sea la forma en que se salga del momento actual, el peso de la agudización de la crisis recae sobre la gente, y Cuba necesitará aún más de ayudas solidarias entre la sociedad civil cubana que en otros momentos se ha activado, así como ayudas por razones humanitarias, que contribuyan a aliviar el peso de los condicionamientos políticos que hoy son impuestos desde la Casa Blanca.

La contrarreforma

Por
Rubén Padrón Garriga
-
2
Negar la reforma es condenar al pueblo a la miseria

Reformar, revolucionar, seguir donde estamos, regresar al pasado… vuelve a ser el debate de orden, esta vez traído por los rezagos del estalinismo, que en los últimos años ha sumado algunos pocos adeptos a sus filas.

El término «centrista» ahora ha sido trasmutado al de «reformista», pero con el mismo objetivo de eliminar a cualquiera que no reproduzca acríticamente la línea mensaje de volver al pasado. Y aunque esta idea se siga intentando pintar de revolucionaria, basta rascar un poco para ver que es la de una clase conservadora intentando mantener su estatus y privilegios.

Algunos de sus rostros más públicos dicen que la «reforma» fue la que nos trajo hasta acá. Que fueron «los reformistas» quienes nos han convertido en el país que somos hoy, con personas «disfrazadas de mendigos» pidiendo dinero en las calles, sin medicinas en las farmacias, y con una población que ha decrecido en más de un millón en los últimos años.

Sin embargo, la reforma que ellos tanto señalan como la causante de nuestros males, y que llaman a contrarrestar, es como el babujal[1]: solo existe en la mente retorcida de quienes quieren verla, o usarla para asustar a los demás.

Una reforma, en términos conceptuales, requiere un carácter integral, con acciones, tiempos y procedimientos claros. Idealmente debe estar precedida por una consulta a expertos y a la ciudadanía, y sucedida por evaluaciones y ajustes que permitan corregir con rapidez las distorsiones que pueda traer por el camino.

Una reforma, en términos conceptuales, requiere un carácter integral, con acciones, tiempos y procedimientos claros.

Por tanto, lo que se ha hecho en Cuba no han sido reformas, sino medidas aisladas, la mayoría tomadas en momentos de desesperación y porque no ha quedado otro remedio.

Así sucedió con la ampliación al sector privado, promovida desde los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido Comunista en 2011 y su actualización de 2016, y refrendada luego en la Constitución de 2019.

Ocurrió algo parecido con el llamado Ordenamiento, que eliminó el CUC, pero no logró una unificación cambiaria sostenible y derivó en una multiplicidad de tasas de cambio —formales y de facto—, junto con una mayor dolarización parcial de la economía. Así mismo sucedió con la autorización de las mipymes, en los meses posteriores a las protestas que estremecieron a la Isla, en medio de un desespero provocado por el desabastecimiento de alimentos y bienes básicos, en un contexto con claro predominio estatal en los canales formales de distribución.

Pero ninguna de estas medidas, si bien han cambiado varias lógicas de vida, ha destrabado los nudos gordianos de la política económica interna cubana, que siguen intactos: la falta de autonomía y la burocratización de la empresa estatal, y, en paralelo, las trabas y los controles excesivos que pesan sobre el sector privado.

Como consecuencia tenemos una producción nacional cada vez más exigua, un mercado dependiente de la importación de productos acabados, y una inflación galopante que mina a diario la capacidad de compra del cubano.

La Ley de Empresas era una de las soluciones para el primer nudo, y sigue pospuesta indefinidamente. En la última sesión de la Asamblea Nacional ni siquiera se habló de ella. A la par, el sector privado sigue sometido a los vaivenes de decretos que salen y luego son engavetados, y de mercados cambiarios, que se proclaman, pero llegan llenos de letras pequeñas y restricciones.

Por otro lado, el llamado plan para «corregir distorsiones», que supuestamente llevaba un año en implementación —y que de alguna manera constituía un intento de reforma—, cuando por fin se publicó recibió tantos señalamientos de economistas y ciudadanos que el propio gobierno se vio obligado a abrir una consulta popular para, literalmente, corregir distorsiones… en un plan para corregir distorsiones.

Otro de los supuestos que se enarbolan por estos días es que quienes apostamos por una reforma integral de la economía no damos contenido a esa reforma. Pero, por solo poner un ejemplo, en 2025, La Joven Cuba publicó un dossier en el que colaboraron nueve economistas con múltiples cosmovisiones, que hicieron variadísimas propuestas.

En ese material se formularon acciones concretas como eliminar la subordinación ministerial de las empresas; instaurar sistemas de precios duales; reordenar la inversión pública desde el turismo hacia la agricultura, manufactura e infraestructura energética; reducir impuestos a los productores de alimentos, quitar intermediarios, además de otorgarles créditos blandos, entre otras. Igualmente, en revistas como Economía y Desarrollo o Ekotemas, editadas por instituciones estatales, hay muchísimas otras.

Entonces es falso que los problemas que hoy tenemos en Cuba se deban a las propuestas de los llamados ahora reformistas. Las voces de la contrarreforma quieren ir contra una reforma inexistente. Los problemas que tenemos —además de por una guerra económica externa contra la que no podemos hacer nada— son, justamente, por no hacer las reformas de manera integral, y, en cambio, tomar medidas desesperadas cuando el agua llega al cuello.

Es falso que los problemas que hoy tenemos en Cuba se deban a las propuestas de los llamados ahora reformistas.

Incluso, en el lenguaje de los políticos cubanos más visibles hay suficientes ejemplos de un discurso reformista. Cuando Miguel Díaz-Canel habla de «cambio de mentalidad» o de «hacer las cosas diferentes», ¿a qué se está refiriendo? Pero claro, nuestros contrarreformistas no son tan valientes como para enfrentarse a personas con poder político; prefieren atacar a intelectuales y periodistas, a quienes suponen con menos capacidad de defenderse.

No fueron los reformistas quienes sugirieron destinar una porción desproporcionada de la inversión estatal a construir hoteles vacíos en medio de la crisis; tampoco propusieron dolarizar las tiendas estatales donde se vendían productos de primera necesidad a la población, y mientras prácticamente se extinguía la oferta en pesos cubanos.

Ni fuimos los supuestos «centristas» quienes mandamos a parar la Ley de Empresas, ni hicimos un Ordenamiento con múltiples fallas en su diseño e implementación, en el peor momento sanitario y económico. Todo ello con el silencio cómplice de los supuestos ultrarrevolucionarios; para ellos, en aquel momento todo eso estaba «dentro de la Revolución». Algunos, incluso, tacharon de «contrarrevolucionario» a quien lo criticó.

Y acá voy a analizar el último punto de su cruzada. Repiten que la Revolución es la mejor alternativa a la reforma. Y claro, el eslogan ¿Reforma o Revolución? suena muy bonito y radical en un «encuentro de paradigmas emancipatorios». Pero quienes enarbolan el cartel de la Revolución en Cuba casi nunca la llenan de contenido y forma. ¿De qué revolución hablan? Porque la Revolución de 1959 construyó un nuevo Estado, institucionalizado, con una nueva Constitución y representación —como Estado, no como Revolución— en organismos multilaterales.

Quienes enarbolan el cartel de la Revolución en Cuba casi nunca la llenan de contenido y forma. ¿De qué revolución hablan?

¿Entonces acaso quieren eliminar el Estado actual? ¿Revolución de quiénes contra quiénes? ¿Revolución para cambiar qué y cómo? Son preguntas cuyas respuestas huyen de cualquier problematización.

Incluso la autora de esa frase Reforma o Revolución, Rosa Luxemburgo, aunque asumía la revolución como fin, también reconoció el papel de la reforma para mejorar las condiciones de vida de las bases. Y además, debe tenerse en cuenta que su obra se escribió en un contexto donde el fin del capitalismo parecía inminente, algo que la historia ha demostrado que no era tan así. Trasladar mecánicamente frases descontextualizadas de su pensamiento a la Cuba de hoy es un acto de deshonestidad intelectual.

Hasta la pensadora alemana, que fue enfática en las limitaciones de la reforma, la entendía como la escuela política del proletariado y un muro de contención contra la barbarie del capitalismo desregulado, que, si bien no resolvía el problema, creaba mejores condiciones para su solución final.

[2]Por tanto, negar la reforma hoy en nombre de una pureza ideológica, cuando no se tiene una alternativa verdaderamente revolucionaria que ofrecer, no es defender el socialismo, es seguir condenando al pueblo a la miseria bajo el cínico disfraz de la resistencia.

Por otro lado, gobiernos abiertamente reformistas como el de Lula da Silva en Brasil o el proyecto de Morena en México —aun con sus limitaciones y contradicciones dentro del capitalismo— han logrado, mediante políticas públicas, aumentos salariales y programas sociales —herramientas clásicas de la reforma—, mejorar de manera sensible las condiciones de vida de sectores amplios de la población. ¿Entonces habría que condenarlos por «no ser revolucionarios»?

Los de la contrarreforma también dicen que ante los problemas, «más socialismo». Pero tampoco especifican: ¿a qué socialismo se refieren? ¿Al que copiamos de Europa del Este y derivó en un capitalismo autoritario? ¿O al de Asia que, mediante reformas, ha logrado perfeccionarse y convertir a países del sur global en potencias económicas que están desplazando a las occidentales?

Resulta paradójico que Vietnam celebre los preparativos de su Congreso consolidando su política de Doi Moi y exhibiendo resultados macroeconómicos sostenidos, mientras que el Partido Comunista de Cuba se ve obligado a posponer el suyo, porque la crisis es de tal magnitud que no puede mostrar nada creíble para llenar titulares triunfalistas.

En el estado en el que se encuentra Cuba, quedarse sin hacer nada, o actuar de manera lenta, desarticulada y reactiva, es lo peor que puede hacerse. Hay un consenso, en toda la población, incluso en parte de la dirigencia política, de que no puede hacerse lo mismo y esperar resultados diferentes. Sin embargo, la cuestión es hacia dónde nos movemos y cómo. Y en esto no valen etiquetas vacías como «al socialismo», si no se llena de contenido ese camino.

Pero para moverse se necesita también consenso y mecanismos democráticos para la toma de decisiones. Si no, todo se queda en una guerra entre facciones. Y lo cierto es que los intentos desde la institucionalidad de «revolucionar» (para no decir reformar) la «revolución» (para no decir el Estado) también han fracasado. La prueba está en que los espacios creados o permitidos para este fin,como fueron La Comuna o Los Pañuelos Rojos. Ni siquiera con su depurada selección —que excluyó de facto a socialdemócratas, trotskistas y otras expresiones incómodas dentro del campo del progresismo cubano—,  pudieron sostener su articulación, y mucho menos impulsar cambios en la política interna del país.

Por tanto, para una reforma económica también se necesita una reforma política, y esto no tiene que ser necesariamente transitar hacia un modelo pluripartidista en las condiciones actuales, pero sí abrir los espacios de participación y deliberación, no solo «consultando» a la ciudadanía, sino creando mecanismos sostenidos para vincular sus propuestas a la toma de decisiones. Pero claro, esto no les gusta nada a quienes hoy están muy cómodos haciendo políticas desde sus oficinas o sus autos con las ventanillas subidas.

Entonces, a quienes han sido excluidos, ignorados y afectados solo les queda, desde las redes o los medios, fiscalizar y señalar los resultados nefastos de las políticas implementadas. Y sí, seguiremos proponiendo la reforma como único camino para, en medio de la creciente adversidad internacional, devolverle un poco de esperanza y dignidad al pueblo cubano.

Lo otro, quedarnos donde estamos, es hundirnos en el abismo de manera más lenta o más rápida, pero sin posibilidad de salvación. Pues lo peor que le puede pasar a un discurso supuestamente revolucionario es que sea la justificación para aupar las políticas conservadoras o inmovilistas que hoy nos tienen donde estamos.

Si uno busca una analogía histórica, la contrarreforma de los neoestalinistas se parece, en su lógica, a la Contrarreforma de la Iglesia católica frente a la Reforma luterana. No se trataba solo de una discusión teológica, sino de una operación de poder para preservar autoridad, disciplinar disidencias y fijar los límites de lo decible.

La diferencia es que nuestros contrarreformistas no tienen hoguera. Por eso recurren a su equivalente contemporáneo, que son la mentira, la difamación y la manipulación, con la esperanza de que el Estado active sus mecanismos de represión contra los supuestos reformistas.

No buscan debatir, sino acallar. Y lo hacen porque en el terreno de las ideas, los argumentos y la evidencia práctica salen claramente perdiendo. Así que apuestan a desplazar el conflicto desde la razón pública hacia la sanción política.

Pero Cuba no está en condiciones de seguir desgastándose en guerritas de facciones. Mientras todo esto ocurre hay personas con dos horas de corriente diarias y un fascista esperando a que el sistema político cubano caiga por su propio peso, o por los empujones que puedan dársele desde afuera.

Si de verdad se pretende «defender el socialismo» o simplemente salvar el país, el camino no pasa por fabricar enemigos internos para volver al pasado, sino por asumir responsabilidades, discutir soluciones viables y abrir espacio a cambios que puedan ayudar a edificar un futuro donde podamos pasar de la sobrevivencia al prometido bienestar.

[1] El babujal es un espíritu maligno en la creencia popular campesina cubana. La leyenda se volvió especialmente conocida porque aparece en la aventura televisiva Los pequeños fugitivos, donde los protagonistas se enfrentan al babujal, que terminó siendo un hombre disfrazado para generar temor entre los habitantes de la zona.

[2] «¿Es posible que la socialdemocracia se oponga a las reformas? ¿Podemos contraponer la revolución social, la transformación del orden imperante, nuestro objetivo final, a la reforma social? De ninguna manera. La lucha cotidiana por las reformas, por el mejoramiento de la situación de los obreros en el marco del orden social imperante y por instituciones democráticas ofrece a la socialdemocracia el único medio de participar en la lucha de la clase obrera y de empeñarse en el sentido de su objetivo final: la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado».  Rosa Luxemburgo, Reforma o revolución (1900), transcripción: “Célula 2”, Marxismo.org (PDF), p. 37.

La soberanía no es negociable

Por
Redacción
-
12
Imagen generada con Inteligencia Artificial

En la historia política cubana, la soberanía ha estado siempre ligada a una aspiración concreta. Durante generaciones, el mayor horizonte fue ver a Cuba libre de toda dominación externa, primero de España y luego de la tutela estadounidense. 

Después de 1959, si bien se nacionalizaron recursos y servicios públicos, la dependencia económica a la antigua Unión Soviética condicionó la política nacional, y dejó desprotegida la economía, a tal punto, que quedó devastada luego de la caída del bloque socialista. 

Ese hilo recorre el pensamiento y la acción política cubana, y reaparece una y otra vez como espada de Damocles en el debate público del país. Por eso, cada negociación bajo condiciones asimétricas trae de vuelta el dilema de hasta dónde negociar sin comprometer aquello que se considera irrenunciable.  

Esa tensión se expresa actualmente en el caso venezolano, cuyo gobierno está dando señales de negociar con Estados Unidos en términos que exceden el intercambio diplomático convencional. Las licencias otorgadas a empresas estadounidenses para operar en el sector petrolero, las conversaciones sobre producción y exportación, y los acuerdos puntuales alcanzados en materia de prisioneros y cooperación, indican un reordenamiento de la relación sobre bases claramente asimétricas. Medios estadounidenses como The New York Times informaron recientemente que, según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno venezolano presentará un presupuesto mensual a la Casa Blanca para autorizar el uso de ingresos petroleros. En general, las concesiones que se insinúan alcanzan recursos estratégicos, márgenes de maniobra económica y ámbitos que, en un escenario de autonomía plena, no formarían parte de un proceso de negociación.

Por su parte, EE.UU. vuelve a presentarse con derecho a intervenir, ordenar y condicionar el rumbo político de América Latina. De forma explícita reaparece la Doctrina Monroe, reactivada desde el trumpismo, hasta el punto de que se habla de una «Doctrina Donroe» como reformulación contemporánea del viejo postulado, el de Latinoamérica como espacio de influencia natural, disponible para la presión y el condicionamiento externo.  

Sin embargo, el retorno a la lógica de «influencia» regional choca con el marco normativo que rige formalmente las relaciones internacionales desde mediados del siglo XX. La Carta de las Naciones Unidas reconoce la igualdad jurídica de los Estados y el derecho de cada país a decidir libremente su organización política, económica y social, sin injerencias externas; ese marco no distingue entre países grandes o pequeños ni concede privilegios en función del poder que tenga cada Estado, aunque en la práctica sean justamente los más «fuertes» quienes lo incumplen con mayor frecuencia.

La distancia entre la norma internacional y la práctica política siempre estuvo, pero se hace más evidente por estos días fuera de los escenarios de sanción directa. Incluso en países con trayectorias muy distintas, en los que se incluyen aliados  de EE.UU., empiezan a aparecer discursos que cuestionan esa relación de manera cada vez más expresa. 

En un pronunciamiento reciente, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, puso el acento en la necesidad de repensar el desarrollo económico de su país como potencia media y su inserción internacional, sin dar por sentada una dependencia estructural de Washington y lo hizo hablando en términos de autonomía y capacidad de decisión nacional.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en la defensa de la soberanía, subrayando que la cooperación no puede confundirse con la cesión de asuntos estratégicos. Sin equiparar contextos ni situaciones, esas posturas muestran que la cuestión de la autonomía vuelve a estar en el debate regional, como una preocupación vinculada a la capacidad de los Estados de fortalecer sus márgenes de decisión interna, redefinir sus subordinaciones y establecer relaciones exteriores desde posiciones menos asimétricas.

Cuba ha sido, durante toda su existencia como república, uno de los principales escenarios sobre el que ha pendido el debate en torno a la asimetría de poder y el respeto a la autonomía de los Estados. En la historia reciente, las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, fueron concebidas como un dispositivo a mantener prolongadamente para condicionar de manera negativa el entorno en el que la Isla estructura su desarrollo económico, su política exterior y su orden interno. Sus efectos atraviesan la vida cotidiana de múltiples maneras, como factor visible que incide sobre la ciudadanía, aunque también demasiadas veces enarbolado como único argumento al que se recurre para justificar malas decisiones en la política doméstica y la ausencia de transformaciones profundas.

Si países con economías consolidadas y mayores márgenes de maniobra ponen en primer plano la necesidad de fortalecerse desde dentro para ampliar su autonomía y sus relaciones comerciales con los diferentes actores internacionales, resulta difícil justificar que Cuba, con problemas estructurales acumulados y una situación social muchísimo más frágil, pueda seguir postergando las decisiones internas que necesita. La situación económica, el deterioro de las condiciones de vida y el desgaste institucional no admiten más aplazamientos. La soberanía como principio no admite negociación, pero en la práctica política se sostiene, sobre todo, desde el bienestar o la esperanza de él como generador de consenso sobre un proyecto de país que defender.

No es casual que a los gobiernos les resulte más difícil preservar valores y capacidad de autodeterminación cuando la vida de su población se reproduce en condiciones de precariedad… Decidir hacer transformaciones profundas, por tanto, es un deber hacia esa población y debe ser parte de un proceso propio, interno y soberano del país, no como respuesta a exigencias de gobiernos extranjeros y agendas externas. 

Sin necesidad de ir muy lejos, Puerto Rico es un ejemplo del alcance que puede llegar a tener una agenda externa. A la isla boricua se le ha intentado administrar la identidad desde fuera durante décadas y, aunque su relación con EE.UU. ha traído beneficios económicos y financieros para determinados sectores, el precio ha sido alto en términos políticos, culturales y sociales. La imposibilidad de decidir plenamente sobre su estatus, su modelo de desarrollo y su lugar en el mundo ha convertido esa relación en una forma de neocolonialismo que sigue siendo objeto de disputa y cuestionamiento. De ahí que intelectuales y artistas puertorriqueños lleven años señalando que no hay prosperidad material que compense la pérdida de autogobierno ni la subordinación del proyecto colectivo.

La soberanía es una condición política concreta que se ejerce o se pierde. No existe compatibilidad posible entre un proyecto soberano de país y cualquier forma de anexión o sumisión a intereses externos. Toda fórmula que traslade a actores extranjeros el control de áreas centrales de la nación compromete seriamente la posibilidad de construir el proyecto propio. Al final, la discusión remite al tipo de país que se está dispuesto a defender y legar, esa idea que Villena resumió en el deseo de que «nuestros hijos no mendiguen de hinojos la patria que los padres nos ganaron de pie».

El socialismo es democratizador o no es

Por
Ariel Dacal Díaz
-
5

Rosa Luxemburgo recurrió a la certeza de que «la misión histórica de los trabajadores, una vez llegados al poder, es crear, en lugar de una democracia burguesa, una democracia socialista y no abolir toda democracia».

Colocaba así una discusión que, evadida o vedada durante mucho tiempo, resulta determinante para la creación (práctica y teórica) de paradigmas que superen los órdenes sociales opresivos vigentes (la tiranía del capital y el autoritarismo burocrático).

En el actual escenario bélico, donde peligra la soberanía, es menester que las cubanas y cubanos tengamos a mano tanto el fusil como la democracia. En el uso del primero llevamos algo de ventaja, no así en la utilidad de la segunda para resistir y avanzar.

El socialismo es democrático o no es socialismo. Su basamento está en el control popular, de abajo hacia arriba, para la gestión de los procesos productivos y el ejercicio del gobierno público.

La integralidad de la democracia socialista demanda la libertad de prensa, de asociación y de reunión, las elecciones con revocabilidad de todos los funcionarios, así como mecanismos de rotación de los cargos públicos.

Sobre la historia del socialismo después de 1917 ha pendido, como dilema político, la disyuntiva de adelantar los procedimientos de la democracia socialista, al tiempo que se crean las condiciones materiales (la democracia en todo momento); o, en su defecto, relegar a un segundo plano dichos procedimientos en nombre del progreso económico (la democracia para después).

La democracia tiene contenido histórico y de transición, no es un estado dado. Es importante examinar, aportaba George Lukacs, las direcciones del desarrollo real de tal estado. Por ello, prefirió usar el término democratización al de democracia.

La alternativa democratizadora al régimen autoritario burocrático no se otorga o se decreta, sino que resulta de un acumulado; es aprender culturalmente, desde la práctica, la democracia.

El intelectual cubano Juan Valdés Paz, en consonancia con esa tesis, apuntaba que, más que hablar de democracia, habría que hablar de desarrollo democrático. Al colocar esta aseveración en el terreno de la práctica política, sugería la pregunta: ¿cuál es el grado de desarrollo democrático alcanzado, según su propia filosofía, en las respectivas sociedades?

Subraya en esta idea el ineludible carácter histórico de los procesos democráticos, y sobre esa perspectiva recuerda que «la realización de los ideales democráticos ha sido casi siempre, por no decir que siempre, el resultado de las luchas populares». Nunca la realización de los ideales democráticos ha venido de arriba, de los sectores dominantes de las sociedades. Siempre ha sido el resultado de la actividad, la demanda, la lucha de los sectores populares.

Con esta perspectiva, la democratización de los mecanismos de relacionamiento para la producción de bienes y servicios es consustancial al socialismo; este empieza a realizarse en la gestión colectiva (consejos, comunas) de las riquezas (producción, distribución y consumo).

León Trotski entendió la democracia como brújula de la economía nacionalizada, al comprender que la calidad supone procesos democráticos donde se impliquen los productores y los consumidores, contrario a la ineficiencia y chapucería generada por el control burocrático en los procesos productivos. 

Tal democracia contiene, además, la libertad de crítica y de iniciativa, la renovación de los sindicatos, la revisión radical de los planes en beneficio de trabajadores y trabajadoras, contrario a la coerción de la burocracia.

De cara al socialismo estadocéntrico, en el cual la actividad práctica de las masas en la gran política, incluso en la regulación en su vida cotidiana, ha sido pobre, surgía la pregunta (vigente para Cuba): ¿la superación de los términos autoritarios de la sociedad solo tiene ante sí como alternativa el capitalismo y el socialismo existente?

En relación con «la clase imprevista», Valdés Paz alertaba que «la burocracia no es el supernumerario de empleados, sino la ausencia de poder social para tomar decisiones y controlarlas». Retomaba así el carácter de sujeto político.

Para Lukacs, esta es una falsa alternativa. El intelectual húngaro colocó su perspectiva en el ámbito de lo que llamó la democratización del socialismo, es decir, su renovación.

Esta renovación es entendida como programa histórico a largo plazo. No es un medio para evitar las crisis, es un proceso de socialización (del poder, la propiedad y el saber) en el que es posible terminar con la división de las esferas pública y privada.

Como proceso de la totalidad social, la democratización alcanza la vida cotidiana, la actividad económica, las instituciones y los mecanismos políticos para las decisiones; abarca la familia, la escuela, la comunidad, el Estado.

El énfasis de este proceso no está en mejorar la esfera política o el sistema de instituciones, está en democratizar el conjunto de la vida, lo cual incluye la calidad de las relaciones interpersonales (sentido común democrático).

Es sabido que en los períodos de crisis del socialismo realmente existente se ejerce presión sobre los gobernantes para el ajuste socioeconómico en el diseño del sistema. En tales períodos se acentúa la pugna de alternativa que, por lo general, han tendido, de un lado, a retoques muy parciales, conservando el control burocrático, de otro, a la introducción de las nociones liberal burguesa sobre la democracia y la libertad.

De cara a la experiencia histórica, llevaba razón Luckas al develar que «la burocracia que planifica centralmente no desea renunciar a su rol de dirigente absoluta», por lo que es comprensible que las modernizaciones formales dejen intactas las viejas esencias de control político.

Anótese que el sector burocrático (político, económico, militar), derivado de la comprensión de vanguardia, devino en intermediario entre los sectores populares y el proyecto socialista, con el incremento desproporcionado de sus funciones y prerrogativas.

Uno de los límites de la experiencia socialista del siglo XX, incluyendo la cubana, estuvo en no comprender que la superación de las relaciones capitalistas de producción solo será posible con la democratización de las relaciones productivas (principal tarea histórica de la transición socialista).

Visto así, el problema del socialismo no es económico en primera instancia, sino político. Entonces, ¿cómo lograr su renovación política?

Es sabido que en las experiencias del socialismo realmente existente el partido se convirtió en un instrumento de control de la sociedad en manos de la burocracia, es decir, se convirtió en el partido de la burocracia.

En la actual circunstancia cubana, ¿cómo podría el partido, siendo el instrumento político de control de una burocracia que «no desea renunciar a su rol de dirigente absoluta», conducir un proceso de democratización que comenzaría por cuestionar sus privilegios y la centralización del poder en sus manos?

Como parte del proceso de democratización socialista ha de incluirse la creación de nuevas formas de relación entre el abajo y el arriba, lo que implica desarrollar la democracia interna de las organizaciones políticas (partidista o no), asúmanse la necesidad de nuevas organizaciones políticas para los sectores populares en general, y para las y los trabajadores en particular.

Es urgente recordar, en la premura de los tiempos que corren, que la democratización es un método inexpugnable que ni la burocracia ni el imperialismo están preparados para vencer, sobre todo porque son, por su esencia, antidemocráticos.

Al igual que sucede con la democratización política, la democratización económica no implica la eliminación del poder, de la autoridad, de las normas y los límites, sino la ampliación de sus bases y la transformación de sus formas jerárquicas, profesionales y excluyentes. Tampoco implica el desconocimiento de las líneas de decisión dentro del mundo económico, sino que procura su legitimación democrática.

Hacen parte de este análisis las preguntas siguientes: ¿cómo actualizar, desde la pretensión democratizadora del socialismo, las maneras de producir política en Cuba? En relación a ello, ¿cómo enfrentaría la clase trabajadora el dilema que implica, de un lado, las relaciones de producción capitalistas emergentes, de otro, las distorsiones que ha sufrido el proyecto socialista cubano en manos de la burocracia?

Desestatizar y descentralizar en función del autogobierno y la autogestión podría ser una buena manera de responder esas interrogantes, al tiempo que encauzar la politización del ámbito público en general y del ámbito laboral en particular, concretado en la definición, decisión y control de la política.

El socialismo, en tanto cualidad del proyecto de nación, ha de pretender, en el camino de la plena soberanía, la democratización económica y política, el desarrollo socio económico y la mayor equidad.

De cualquier manera, como alertó Juan Valdés Paz, no solo tenemos que producir una buena idea de sociedad, sino que tenemos que acompañar cualquier propuesta de ella con un nivel de consenso que garantice el apoyo de las grandes mayorías.

Para Rosa Luxemburgo, aferrarse a la libertad como inmanencia democratizadora no viene de ningún concepto fanático de la «justicia», sino de que todo lo que es instructivo, totalizador y purificante en la libertad política depende de su carácter democrático.

Decreto 140 y los retos de la descentralización 

Por
Redacción
-
3
Imagen generada con inteligencia artificial

No han sido pocos los expertos cubanos que han advertido sobre la necesidad de desmontar la verticalidad de procesos de decisión como una de los pasos impostergables para salir, o al menos aliviar, la crisis en Cuba.  Sin embargo, pese a la recurrencia del discurso sobre la descentralización, implementarla requiere  algo más que voluntad y convocatorias. Las acciones concretas y un marco jurídico que la impulse y la sostenga en el tiempo son imprescindibles. 

Por esa razón, merece examen el nuevo Decreto de 140/2025 del Consejo de Ministros, «De la Descentralización de Competencias y Transferencia de Recursos hacia los Territorios», publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.99. El documento está dirigido a alcanzar la tan llevada y traída autonomía municipal, de ahí que su objetivo declarado sea establecer las bases generales para un proceso gradual  de descentralización de competencias, funciones, atribuciones y recursos desde los organismos de la Administración Central del Estado hacia los municipios.

El proceso se guía por cinco principios fundamentales:

1. Gradualidad: se ejecutará por etapas progresivas en el tiempo. 

2. Flexibilidad y heterogeneidad: se adaptará a las características y necesidades específicas de cada territorio. 

3. Subsidiaridad: las decisiones deben tomarse en el nivel de gobierno más cercano al ciudadano (municipal) siempre que sea posible. 

4. Equidad y desarrollo humano integral: debe priorizar el impacto en el bienestar y la calidad de vida de la población. 

5. Carácter definitivo y vinculante: una vez completada la transferencia, es irrevocable y obligatoria para todas las partes.

No se descentralizan las competencias conferidas directamente por la Constitución a la Administración Central, ni las relativas a sectores estratégicos definidos en el Artículo 9, como la defensa, las relaciones exteriores, la política monetaria, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el agua, entre otros.

Para su implementación se establece que el Consejo de Ministros tiene la máxima autoridad y aprueba las competencias a descentralizar, y los plazos. Para ello, se creará una Comisión Temporal Nacional de Descentralización, presidida por un vice primer ministro, que será la encargada de proponer al Consejo de Ministros el plan de descentralización, dirigir, monitorear y evaluar todo el proceso, conciliar entre los organismos centrales y los territorios, y garantizar la transparencia y el acceso a la información. 

Los Organismos de la Administración Central del Estado deberán capacitar a los territorios, responsabilidad compartida entre los ministerios de Educación y Ciencia, y los Órganos Locales del Poder Popular con la creación de comisiones locales que viabilicen implementar el proceso, participar en la conciliación, ejercer las nuevas competencias, e informar a la población.

Desafíos potenciales o áreas de ambigüedad

El decreto, como es común en algunas de las leyes cubanas, no es específico en conceptos claves como «gradualidad», «etapas», «excepcionalidad», «recursos suficientes», etc. Además, no define los criterios objetivos para determinar el orden, el ritmo o las condiciones para que un municipio avance en el proceso, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad a la Comisión Nacional y al Consejo de Ministros.

Aunque se ordena que la transferencia vaya acompañada de recursos, no se establecen indicadores claros para definir qué recursos serían descentralizados y en qué cuantía. Tampoco se especifican criterios para definir por qué y en qué condiciones se haría una excepción para transferir competencias al nivel provincial en lugar del municipal, delimitación que podría usarse para mantener poder en un nivel intermedio. Por lo que se supone que todas estas decisiones quedarán también en manos de la mencionada comisión, encargada de trazar la verdadera política de descentralización, dictando las disposiciones normativas necesarias.

Resulta contradictorio que la norma, concebida para guiar un proceso de descentralización,  replica un enfoque «de arriba hacia abajo», donde los territorios tienen más un rol de consulta que de codiseño; las funciones y competencias de los órganos locales administrativos del Poder Popular son más mandatorias que propositivas (Art. 15).  El hecho de que descanse sobre el Consejo de Ministros la posibilidad final de aprobar todo (Art. 10), así como la capacidad de añadir más exclusiones a la descentralización (Art. 9, inciso m), concentra el poder de veto y de redefinición del proceso en el nivel central.

En el Decreto, por tanto, hay una concepción constreñida de la descentralización, centrada en la relación Estado Central – Órganos Locales, y aunque es fundamental atender a esa dinámica entre distintos niveles de gobierno, la participación ciudadana que contempla el documento es solo de informar a las organizaciones sociales y de masas, así como a la población en general, sobre las acciones vinculadas con el proceso de descentralización (Art. 15, inciso e). No se establecen canales obligatorios de consulta pública, audiencias o veeduría ciudadana en el diseño o monitoreo de las transferencias. Tampoco concibe la creación de una instancia de apelación o arbitraje independiente para resolver conflictos sobre la suficiencia de recursos o el alcance de las competencias. La conciliación es interna a la Comisión, lo cual implica que también en esta área hay un margen sustancial de discrecionalidad sin que hayan contrapesos

Si bien con el Capítulo IV se incluye la «Formación de Capacidades», su éxito depende de la voluntad y recursos de los ministerios y organismos centrales (Art. 17), los mismos que están cediendo poder, lo que puede dar al traste con la falta de incentivos para una capacitación robusta.

Por otro lado, aunque no es un problema directamente de la mencionado decreto, es sabido que las administraciones municipales tienden a ser espacios precarizados donde se evidencian múltiples problemas, como falta de preparación de los cuadros, salarios insuficientes, poca motivación, burocratismo, etc., caldo de cultivo para que ocurran hechos de corrupción, favoritismo, mal empleo de recursos, entre otros. La frecuencia de las remociones de directivos a escala local por estas cuestiones es muestra de ello. 

No menos importante es apuntar que una descentralización a nivel presupuestario, sin los debidos cálculos y apoyos, podría aumentar la desigualdad territorial, condicionando el funcionamiento de los servicios públicos (como salud y educación) a la capacidad productiva de cada municipio. 

Vale entonces advertir que aumentar la capacidad de decisión de los gobiernos locales sin una política para corregir las problemáticas y distorsiones que los atraviesan, ni un fortalecimiento de mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas, es altamente riesgoso y pudiera ser una puerta abierta a mayores contratiempos. 

En conclusión, el Decreto 140/2025 es más una declaración de intenciones que una verdadera política pública descentralizadora. El rumbo a seguir quedará dictado por la  Comisión Nacional y el Consejo de Ministros, por lo se hace necesario esperar a que estas entidades publiquen las directrices para poder evaluar aciertos y desaciertos.

El éxito o el fracaso del proceso de descentralización en Cuba no se juzgará por decretos, reglamentos, leyes, o discursos, y sí por decisiones políticas que conviertan la transferencia de recursos y decisiones en algo palpable, en tanto se creen mecanismos de participación y control ciudadano reales para que esta responda a los intereses de las bases, y no a las conveniencias del aparato burocrático.

123...631Página 2 de 631

© 2026 La Joven Cuba
Nuestro horizonte es el diálogo
Licencia Creative Commons