Nuevas Leyes de Migración y Ciudadanía: implicaciones económicas para los cubanos residentes en el exterior

Por

-

18 mayo 2026

Veintidós meses después de que fueran aprobadas las Leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura en julio de 2024, finalmente surtieron efecto al ser publicadas en la Gaceta Oficial de la Republica en mayo. En la misma edición se publicaron los Reglamentos correspondientes¹. Todos entrarán en vigor dentro de 180 días.

Dichos instrumentos definen los deberes y derechos migratorios de todos sujetos del proceso migratorio del país, tanto cubanos como extranjeros, y pretenden consolidar los vínculos con los cubanos residentes en el exterior al tiempo que adecuar el régimen jurídico a las dinámicas actuales de movilidad de la población.

De este modo, Cuba aspira a modernizar su política migratoria, fortalecer los vínculos con su emigración y garantizar un marco legal más inclusivo, ordenado y acorde a las transformaciones económicas y sociales del país. Asimismo, categorías como residencia efectiva en el país, residencia en el exterior, ciudadanía efectiva, que se encuentran definidas en esta legislación, conllevan ajustes y adaptaciones en otras —como las normas relativas a los sectores privado y cooperativo— así como interpretaciones para el trazado de políticas estatales. Tocará al gobierno definir algunas de esas políticas centralmente, así como el grado de discrecionalidad que tendrán los organismos en interpretarlas.

Residentes en el exterior y emigrados

La Ley de Migración define dos categorías migratorias para los ciudadanos cubanos: residente en el territorio nacional y residente en el exterior (Art. 26). Se elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos, y se establece que no existe restricción de tiempo para su estancia en el país. Con esta medida se detiene el incremento de la categoría de emigrado, que antes de 2020, automáticamente se usaba para calificar a todo cubano que se ausentaba del país, primero por 11 meses y después de 2013 por dos años.

A partir de ahora, todos los nacionales que se domicilian en el exterior se consideran cubanos residentes en el exterior (CRE), sin perder sus derechos como ciudadanos cubanos. Aquellos que tienen la condición migratoria de emigrado tienen derecho de adquirir la de residente en el exterior, en tanto presenten un escrito de solicitud ante la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC), que constituye la Autoridad Migratoria.

Coincidente con las mencionadas leyes, se estableció mediante un Decreto-Ley la categoría de Inversores y de Negocios, para los residentes del exterior o emigrados que quieren participar en el modelo económico cubano en alguna de las modalidades de la economía nacional aprobadas por la ley, incluyendo el sector privado, como inversionistas². Los cubanos residentes en el exterior o emigrados pueden solicitar dicha condición a través de las representaciones diplomáticas y consulares cubanas en el exterior, o en las oficinas de trámites del Ministerio del Interior. Mientras se encuentren en Cuba y ostenten esta condición migratoria, se equipararán a los ciudadanos a cubanos residentes en el territorio nacional.

Lo que sí sabemos es que solo los residentes efectivos pueden ser propietarios de empresas, socios de cooperativas o trabajadores por cuenta propia. Seguramente no fue coincidencia que, en agosto de 2024, un mes después de que la ANPP aprobara la Ley de Migración, se suscribieron tres nuevos Decreto-Leyes sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias³, sustituyendo los que se emitieron en 2021.

Las diferencias entre los dos conjuntos de leyes no son marcadas, pero las nuevas sí señalan que los sujetos que pueden ejercer el trabajo por cuenta propia (TCP), ser socios de mipymes privadas y de cooperativas, deben ser «personas naturales cubanas con residencia efectiva en el territorio nacional y extranjeras residentes permanentes en Cuba», mientras que los decretos de 2021 sólo especificaban que debían ser «residentes permanentes en el territorio nacional», equivalente a tener Carnet de Identidad.

Entonces ¿es la residencia efectiva un requisito para invertir en Cuba? No, según la Ley 118/2014 de Inversión Extranjera, que define al Inversionista extranjero como «persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero, que participa como accionista en una empresa mixta o participe en una empresa de capital totalmente extranjero o figure como parte en un contrato de asociación económica internacional». Eso quiere decir que ciudadanos cubanos con residencia permanente en el exterior pueden invertir en la Isla al amparo de esta ley, hasta hace poco, solo en el sector estatal.

Sin embargo, en marzo de este año, el vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINVEC), Oscar Pérez-Oliva Fraga, dio a conocer que los cubanos residentes en el exterior, sin residencia efectiva en el país, podrán invertir en empresas privadas en Cuba y asociarse con actores económicos privados cubanos, como parte de un paquete de medidas «en correspondencia con los lineamientos de actualización del modelo económico y como parte de las transformaciones encaminadas a fortalecer la economía»⁴.

De hecho, se estima que un número significativo de los actuales negocios privados ha contado con inversiones de capital de cubanos residentes en el exterior a través de familiares y amigos⁵. Aquellos que hasta la fecha se aventuraron a invertir en el sector no-estatal en Cuba, corriendo todos los riesgos que implica la informalidad⁶, ahora podrán hacerlo al amparo de la ley, aunque aún está pendiente la reglamentación correspondiente que posibilite la inversión extranjera en el sector privado o cooperativo.

No obstante, un flujo de capital significativo de los cubanos emigrados hacia la economía de la Isla sólo se logrará con una Política de Estado hacia la migración y los migrantes, que abarque todos los sectores y tome primacía sobre las políticas sectoriales.

Residencia efectiva migratoria: tres variantes

Un concepto muy discutido en todo el proceso de elaboración de la Ley de Migración fue el de «residencia efectiva migratoria». Se define como la condición que tienen los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando acumulan, en el término del año anterior a la fecha en la que se determina, al menos 180 de los pasados 360 días, sin necesidad de ser continuos (Ley de Migración, Art. 42-1). Su primer objetivo es demográfico: conocer la población residente en el país en un año en particular. Es una condición de oficio, y solo se retira al cierre del año si se determina una ausencia acumulada del ciudadano de más de 180 días.

Según cifras oficiales, la población media de Cuba disminuyó entre los años 2020 y 2024, de 11,2 millones a 9,7 millones —una pérdida de 1,4 millones de habitantes—. El saldo migratorio externo fue de 1,256 millones menos, lo cual representa casi el 90 por ciento de esa pérdida⁷. Ahora, la pérdida de residencia efectiva de los que se ausentan del país por más de seis meses, de acuerdo a la nueva ley, podría indicar una disminución de la población aún mayor. Por su parte, cifras del gobierno de Estados Unidos indican que entre 2021 y 2024, más de 860 mil migrantes cubanos entraron al territorio estadounidense⁸.

Una segunda variante es para personas interesadas en mantener ese estatus, pero que no alcancen el período de residencia efectiva requerido en el año anterior. Estas pueden solicitar la residencia efectiva migratoria si acreditan ante las autoridades su arraigo en el país, para lo cual deben demostrar un período de permanencia en el territorio nacional de más de 120 días, acompañado de otras evidencias o actos que demuestren su interés de residir en él, tales como matrimonio o parentesco de primer grado con una o un ciudadano residente, un empleo remunerado en Cuba, una inversión en el país, una vivienda en propiedad donde residir, disponer de cuentas bancarias en Cuba o el pago de impuestos.

Por último, los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que, por razones de trabajo, salud, estudio u otras causas similares permanezcan fuera del país durante un período de tiempo prolongado, mantienen esta condición cuando así lo acrediten ante la Autoridad Migratoria.

En los últimos dos casos, la persona debe solicitar al Ministerio del Interior la residencia efectiva migratoria que habrá perdido automáticamente cuando superó los 180 días de ausencia en el año.

Los extranjeros comprendidos en la categoría migratoria de residentes se clasifican en Residente Temporal, Residente Humanitario, Residente de Inmobiliaria, Residente Provisional y Residente Permanente. Incluye comerciantes, representantes, empleados, inversionistas y hombres de negocios, cooperantes y familiares acompañantes, entre otros.

Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el residente en el territorio nacional en comparación con el residente en el exterior? La Ley no entra en detalles, más allá de establecer que «el residente permanente tiene derechos a la salud, trabajo, seguridad social» y otros. Queda por definir el alcance de las prerrogativas de los organismos de la administración central del Estado (OACE), si dispondrán de discrecionalidad en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos según su status migratorio. ¿Tendrán los no residentes efectivos derecho a la salud, la educación y la seguridad social cuando se encuentren en Cuba? ¿Qué sucede, por ejemplo, con una persona que trabajó 30 años, en los que se le descontó de su salario un por ciento por la seguridad social, se jubila y se va a vivir temporalmente con su familia en el exterior, y sobrepasa los 180 días de ausencia del país en un año? ¿Pierde su derecho al pago de la jubilación? Queda mucho por aclarar aún.

Está por ver cómo se maneja la residencia efectiva en las leyes de seguridad social, educación y asilo que, según el cronograma legislativo, deben aprobarse en los próximos años.

Por otro lado, una de las preocupaciones y molestias principales para los residentes en el exterior es tener que pagar en dólares algunos trámites dentro de la Isla. A partir de normativas recientes (como la Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia, vigente desde finales de 2025), se ha establecido un sistema de doble precio para servicios notariales y legales, basado en la condición migratoria de la persona.

Trámites como la Certificación de notas o títulos académicos y la Certificación de nivel académico o equivalencia de estudios, para residentes en Cuba cuestan 6,250 CUP (11.57 USD a la tasa informal de hoy); para residentes en el exterior la tasa es de hasta 260 USD. De igual modo, tanto la Certificación de experiencia laboral, como la Certificación de identidad, capacidad legal o situación migratoria, cuestan 2,500 CUP para residentes en Cuba y 104 USD para residentes en el exterior; y la Legalización de documentos educativos o del registro civil cuesta 3,750 CUP para residentes en Cuba y desde 156 USD en adelante para residentes en el exterior. Es lógico que los precios varíen según el país donde se solicitan los servicios, porque los costos de tramitación varían, pero eso debe ser independiente de la condición migratoria del solicitante: si un residente en el exterior lo solicita en Cuba estando de visita debe pagar las tarifas establecidas en CUP, igual que si un residente en el territorio nacional lo solicita en el consulado de México, debe pagar las tarifas allí establecidas.

Por último, no olvidemos el posible efecto subjetivo de sentirse privado de la residencia efectiva en Cuba por una ausencia prolongada del país, voluntaria u obligada por las circunstancias, y la molestia de tener que solicitar a las autoridades migratorias el reintegro de esa condición. El sentimiento de pertenencia de la población cubana a su Nación se debe preservar con una política coherente que permita articular los cuerpos de leyes y las vidas cotidianas de las personas, las familias y los grupos sociales. Los vínculos económicos de los cubanos en el exterior con su país de origen pueden ser instrumentales, de intereses lucrativos o de colaboración, pero tienen en el fondo un sentimiento de pertenencia que los sustenta, y que debemos proteger a toda costa.

Ciudadanía, por nacimiento o por naturalización

La Ley de Ciudadanía establece que la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son ciudadanos cubanos por nacimiento los nacidos en el territorio nacional de padres cubanos, así como los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos que lo soliciten.

Para los nacidos en el extranjero, se requiere ser hijo o nieto de padres o madres ciudadanos cubanos nacidos en Cuba. El interesado, o los padres cuando se trata de menores, debe presentar una solicitud en el consulado cubano competente, donde conste expresamente la voluntad de adquirir la ciudadanía cubana por nacimiento.

¿Se puede tener más de una ciudadanía? La Ley establece que «la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana». Solo en Estados Unidos, hay 840,000 cubanos nacidos en Cuba y muchos de ellos presentan ambos pasaportes. La ciudadanía efectiva significa que mientras se encuentren en el territorio nacional, los ciudadanos cubanos se rigen por esa condición en los términos establecidos en la presente Ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.

Además de ratificar los derechos de los ciudadanos cubanos asegurados en la Constitución «de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional» (Art. 52), la nueva Ley de Migración le otorga a el derecho de «restablecer la residencia en el territorio nacional» (Art. 57.1). Eso quiere decir que todo cubano residente en el exterior que cumpla los requisitos de la ley —en particular, tener una dirección donde residir en Cuba— puede obtener la residencia y el correspondiente Carnet de Identidad, con todos los derechos y deberes que ello implica.

Otra condición de la Ley es que los ciudadanos cubanos deben contar con pasaporte vigente. El pasaporte corriente de todos los ciudadanos cubanos tiene vigencia diez años, sin necesidad de prórroga. Según la Ley de Migración, los residentes en el exterior «que a su entrada en el territorio nacional posean un pasaporte cubano vencido… pueden solicitar la expedición de un nuevo documento en las oficinas de trámites del MININT, los bufetes colectivos o las consultorías jurídicas». No obstante, eso cambió a partir del 1° de abril de 2025, en que se requiere a todos los ciudadanos cubanos entrar al país con pasaporte vigente, que deben renovar en el consulado correspondiente si se encuentra vencido.

Un aspecto que ha despertado controversia es el derecho de todo ciudadano de renunciar a la ciudadanía cubana, a pesar de que es característica de casi todas las leyes migratorias internacionales. Para renunciar a la ciudadanía cubana los ciudadanos cubanos deben presentar una solicitud por escrito. Una vez aceptada por la autoridad correspondiente, son considerados extranjeros y, en consecuencia, están sujetos a lo establecido en esta norma, la de Extranjería, sus reglamentos y la Ley de Ciudadanía.

Igualmente, un ciudadano cubano puede ser privado de la ciudadanía; las causas pueden ser «alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba», lo cual también ha traído polémica sobre la posibilidad de que estas causales sean interpretadas de forma ambigua para quitar la ciudadanía a personas que se oponen al gobierno.

***

Como parte de la gran nación cubana, los cubanos residentes en el exterior constituyen un potencial para contribuir a su desarrollo y bienestar, particularmente al desarrollo local de las comunidades de origen y otras donde están vinculados. El retorno virtual o implícito, donde el migrante puede acompañar al país de origen sin necesidad de regresar físicamente, crea el marco propicio para estas aportaciones. Viajar de visita, enviar remesas (en dinero o en especie), invertir, colaborar con proyectos de desarrollo local, todas son formar de retorno virtual, que también es una vía de recuperar los aportes económicos de nuestros connacionales en el exterior. Esta relación puede superar o compensar las pérdidas producto de la emigración mediante la movilidad e intercambios de los recursos altamente calificados entre Cuba y los países de destino. Los nexos entre redes locales y redes globales de desarrollo científico y tecnológico lo hacen posible.

La coyuntura actual contrasta una desfavorable y compleja situación externa e interna para la posible contribución de los cubanos residentes en el exterior a la economía cubana, con el tardío, pero decidido empeño del gobierno cubano para crear facilidades que la potencie.

En resumen, están claros los múltiples obstáculos que existen para la plena inserción económica de los cubanos residentes en el exterior en la economía cubana. Sin embargo, se observa los inicios de una política de Estado para la emigración y los migrantes que produzca un cambio significativo en la relación del país con sus connacionales, teniendo en cuenta intereses de ambas partes y siendo funcional al desarrollo de la sociedad cubana actual.

* Este texto fue actualizado según últimos cambios ocurridos en la política migratoria

Referencias bibliográficas

Ley 171/2024 “Ley de Migración” (GOC-2026-290-O39); Ley 172/2024 “Ley de Ciudadanía” (GOC-2026-291-O39); Ley 173/2024 “Ley de Extranjería” (GOC-2026-292-O39); Decreto 136/2025 Reglamento de la Ley 171 “Ley de Migración” (GOC-2026-293-O39) Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Justicia, Edición Ordinaria, La Habana, Martes 5 de mayo de 2026
Decreto-Ley 117/2026 “De la condición migratoria de inversores y de negocios de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior” (GOC-2026-296-EX60) Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Justicia, Edición Extraodinaria, La Habana, Martes 5 de mayo de 2026
Decreto-Ley 88/2024 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas” (GOC-2024-440-O78); Decreto-Ley 89/2024 “De las cooperativas no agropecuarias”; (GOC-2024-441-O78); Decreto-Ley 90/2024 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia” (GOC-2024-442-O78). Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria, Ministerio de Justicia, La Habana, 19 de agosto de 2024. http://www.gacetaoficial.gob.cu.
https://www.granma.cu/cuba/2026-03-16/informan-medidas-que-amplian-la-participacion-en-la-economia-nacional-de-cubanos-en-el-exterior-16-03-2026-22-03-34
Auge. (Octubre 2022). Informe Analítico. Las 100 MIPYMES de auge. La Habana: Auge Consultoría
Betancourt Abio, R. (2023). Contribución de los cubanos residentes en el exterior a la economía cubana: turismo y remesas. Novedades En Población, 19(37), 298–321. https://revistas.uh.cu/novpob/article/view/7184
ONEI, Anuario Demográfico de Cuba 2024, edición 2025.
United States Customs and Border Protection https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters

Nación, pensamiento crítico y dilema cubano

Por

Ariel Dacal Díaz

-

5 mayo 2026

1

¿Cuánto contribuiría al desarrollo del país la potenciación del pensamiento crítico, en tanto capacidad de comprender la realidad y, a un tiempo, develar la posibilidad de transformarla en sentido de justicia, igualdad y soberanía?

No es un asunto nuevo, ni privativo de la historia cubana. El pensamiento crítico ha sido esgrimido frente a todo orden absoluto, sea en nombre de Dios, del Mercado o de la clase trabajadora.

Si se asume, con José Martí, que la educación ha de ensayar la democracia vital de la República, podemos abrir el asunto de cara al orden social cubano, al entender que la educación es mucho más que escolarización.

La educación y la pedagogía son campos de conflicto entre las diferentes fuerzas que desean orientar los sentidos y destinos de la sociedad. Es imposible en ellas, entonces, la neutralidad política.

Valga preguntar, ¿qué sentidos están en disputa en Cuba hoy?, ¿cuáles son los intereses, los sujetos implicados, los contenidos que los conforman y las narrativas que los afianzan?

No es lo mismo hablar de Cuba que pensar a Cuba. Necesitamos enfoques que problematicen, no solo que caractericen y describan. Necesitamos, al unísono, pluralizar los referentes, más allá de aquellos de estirpe anglosajona en particular, así como positivistas y liberales en general.

No es difícil rastrear en la pedagogía las Cubas en disputa: desde la entrada “acrítica” de la tecnocracia, hasta la búsqueda de lecturas holísticas de la realidad, tanto en el campo secular como en el teológico.

La propia historia pedagógica cubana, cuyos primeros hitos educativos datan de fines del siglo XVIII, coloca esta indagación desde el vínculo entre Nación y educación, y dentro de ella, la particularidad que le atribuye los intereses de clases en disputa.

Toda época de cambio en Cuba ha implicado la producción de alternativas pedagógicas críticas. Desde la fundación del Colegio de San Carlos y San Ambrosio, las Cartillas mambisas, la Universidad popular José Martí, la Universidad del Aire, la campaña de alfabetización, entre otras.

Hoy se actualizan en la Isla variantes pedagógicas participativas. En el ámbito institucional, existen procesos de perfeccionamiento que apuntan, al menos en su letra, a mayor autonomía en el proceso de aprendizaje, en la contextualización de contenidos y en el ajuste a las demandas de la comunidad.

Por otro lado, emergen propuestas didácticas participativas, tipo Método Montessori, accesible en el ámbito privado para sectores con mayores ingresos; así como variantes de la Educación Popular, apegadas a sectores desfavorecidos, con un claro sentido político para la autogestión.

Vistas de conjunto, las tradiciones críticas transformadoras atienden las resistencias al poder opresor; la construcción de oposición; la forja de subjetividades críticas; preguntan por el lugar de lo humano; visibilizan los intereses detrás de las desigualdades; construyen proyectos de emancipación en el terreno de la teoría y de la práctica; develan la alienación; enfrentan el sobredeterminismo económico; develan la hegemonía cultural.

No es posible una pedagogía crítica al margen de los procesos históricos. Esta desafía al «sentido común»; van más allá de los límites de las experiencias, dialoga con la historia e imagina un futuro que no reproduzca el presente, reconoce el mundo y la historia como espacios de realización humana.

El tema de la conciencia es central en este proceso. Permite el tránsito de una conciencia ingenua, que no problematiza, que sobreestima el tiempo pasado, que tiende a aceptar explicaciones fabulosas; hacia una conciencia crítica que busca polemizar, que ahonda los problemas, abierta a lo nuevo, que sustituye las explicaciones mágicas sobre la realidad por las causas que la producen.

La pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido en la forma en que lo hace; cómo y por qué algunas de esas construcciones son legítimas y aceptadas por una cultura dominante. Se interesa por comprender la relación entre el poder y el saber.

Al mismo tiempo, se pregunta por el destino de lo humano (para qué) haciendo visibles los contextos y las identidades (dónde), los sentidos personales de individuación (para quién) y el sentido ético y estético de ella (por qué).

La tarea crítica significa construir respuestas. La crítica ha sido el fundamento de la construcción de la sociedad, en cuanto en esa actitud y capacidad humana se entretejen las relaciones entre poder, política, conocimiento y pedagogía. La crítica es la urdimbre básica con la cual se teje la transformación de los órdenes opresivos.

Las pedagogías críticas exigen una ampliación y reestructuración en los nuevos escenarios históricos, en atención al hecho tecnológico, por ejemplo, el cual exige se trabaje sin caer en tecnofobia o tecnófilos. Han de atenderse, en tanto amplitud de su alcance, el quiebre de las fronteras entre educación formal, no formal e informal. Añádase atención a la emancipación que implica asumir al ser humano en su condición sentipensante (cuerpo, deseo, afecto, conciencia).

La pedagogía crítica, en general, se fundamenta en dos ejes transversales: un cuestionamiento permanente respecto a las formas de subordinación que crean procesos de inequidad social, y el rechazo a las relaciones generadas en los espacios de escolarización; ambos cuestionamientos presentan la educación como una práctica política y socioafectiva.

En ese sentido es atinado anotar algunas previsiones para la realidad educativa cubana:

Asumir que la pedagogía crítica es pensar la vida docente en términos de para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios pedagógicos.
Desarrollar métodos de análisis crítico con los que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes.
Influir, democráticamente, en cómo y qué conocimientos, valores, deseos e identidades se producen dentro de conjuntos particulares de relaciones de clases y sociales.
Asumir la autonomía, la cooperación, la esperanza, la ética y la estética como elementos clave de los procesos de aprendizaje, individual y colectivo.
Develar la práctica pedagógica como hecho político de lucha entre concepciones del mundo, bajo formas y dispositivos de intervención educativa liberadoras.

El alcance de las pedagogías críticas en Cuba hoy no es posible sin tensionar las posturas sociales, políticas, culturales y sexuales vigentes.

La crisis cubana es estructural. También lo son, como componente de ella, los modos de activar el pensamiento colectivo, consciente, crítico y creador, respecto a la realidad y sus complejidades.

Frente al dilema cubano de reconstruir un proyecto nación soberano, y crear el orden social que lo sostenga, el pensamiento crítico liberador resulta imprescindible para acometer tamaña reconstrucción.

Tanque pensante estadounidense vincula endurecimiento de sanciones de EE.UU. con aumento de mortalidad infantil en Cuba

Por

Redacción

-

28 abril 2026

3

Un informe reciente del Center for Economic and Policy Research (CEPR) ha puesto sobre la mesa la relación entre las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos y el deterioro de indicadores básicos de salud en Cuba, particularmente la mortalidad infantil.

El informe titulado Las sanciones de EE. UU. y el drástico aumento de la mortalidad infantil en Cuba documenta un cambio abrupto en uno de los indicadores históricos más sólidos del sistema social cubano. Para ello, se basa en una metodología que combina el análisis de estadísticas oficiales cubanas con datos comparables de organismos internacionales como el Banco Mundial y la ONU, a lo que se suma trabajo de campo realizado por los investigadores para constatar las dificultades del sistema de salud.

A partir de esas bases, el estudio realiza cálculos propios de «muertes excedentes» y se apoya en evidencia econométrica internacional —incluyendo estudios de regresión sobre el impacto de las sanciones en más de un centenar de países— para establecer relaciones causales entre sanciones, deterioro económico y aumento de la mortalidad.

Durante décadas, Cuba mantuvo una tasa de mortalidad infantil entre las más bajas del hemisferio occidental, incluso por debajo de Estados Unidos. Sin embargo, desde 2018 esa tasa ha pasado de 4,0 a 9,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2025, lo que representa un incremento del 148 %. A partir de ahí, el estudio estima que aproximadamente 1.800 muertes infantiles adicionales podrían haberse evitado si la tendencia previa a las últimas sanciones se hubiese mantenido .

El informe también señala que el incremento de la mortalidad infantil «ha tenido lugar en un periodo (…) marcado por una expansión y un endurecimiento sin precedentes del embargo comercial y financiero de Estados Unidos», y establece una relación causal apoyada en mecanismos económicos identificables. Según el propio documento, las sanciones adoptadas desde 2017 «están diseñadas para causar daños económicos (…) al reducir el acceso a divisas y a los mercados financieros internacionales», generando recesión, inflación y restricciones en la importación de bienes esenciales .

El texto refuerza esta tesis con evidencia comparada al citar un estudio publicado en The Lancet Global Health, según el cual las sanciones económicas amplias y unilaterales provocaron «aproximadamente 564.000 muertes anuales» a nivel global, con un impacto desproporcionado en niños menores de cinco años .

Igualmente, el comunicado del CEPR señala que el endurecimiento de las sanciones desde 2017 fue «probablemente la causa principal» del aumento de la mortalidad infantil en Cuba , y recoge la afirmación de uno de los autores de que la política de «máxima presión» ha tenido consecuencias humanas directas.

Según lo expuesto en el texto, entre las medidas más perjudiciales impuestas en los últimos años destacan aquellas dirigidas a restringir el acceso de Cuba a divisas y financiamiento: la creación de la Lista de Entidades Restringidas, que prohíbe transacciones con hoteles y empresas clave vinculadas al Estado; las limitaciones al turismo estadounidense, incluyendo la eliminación de viajes individuales y la prohibición de cruceros; las restricciones severas a las remesas, con topes y bloqueos a los canales formales; la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, que dificulta operaciones bancarias y financieras internacionales; la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que disuade la inversión extranjera mediante litigios; y las sanciones a las misiones médicas y al suministro de combustible, esta última considerada la medida más dañina por su impacto directo en el funcionamiento de la economía y los servicios básicos.

En adición, se relata que durante una visita de campo los investigadores constataron que los importadores cubanos «ya no podían obtener a precios accesibles suministros médicos básicos como jeringuillas, inhaladores o incluso solución salina», lo que limita directamente la capacidad de atención del sistema sanitario. Por otro lado, la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo ha hecho «extremadamente difícil obtener financiamiento (…) o simplemente realizar pagos internacionales» para adquirir medicamentos o equipos. Es decir, incluso cuando existen proveedores, el acceso efectivo a insumos queda bloqueado por barreras financieras.

Por lo documentado en el estudio, el deterioro del sistema de salud se evidencia también en el plano institucional con «escasez de suministros médicos críticos», dificultades para reparar equipos y una reducción significativa del personal especializado. Asimismo, el impacto del bloqueo energético reciente aparece como un factor agravante, pues los apagones están afectando el funcionamiento de equipos esenciales, «incluyendo incubadoras para bebés prematuros y ventiladores», mientras la falta de combustible ha paralizado ambulancias y transporte sanitario .

Por último, los investigadores advierten que la situación puede empeorar y que «es muy probable» que la mortalidad infantil haya seguido aumentando más allá de 2025 debido al desgaste acumulado del sistema de salud.

La escasez de personal, el deterioro de infraestructuras y las limitaciones de gestión evidencian problemas internos del sistema de salud cubano que no pueden ser ignorados. Sin embargo, la investigación del CEPR demuestra que las sanciones han operado como un factor multiplicador de esas debilidades, reduciendo significativamente la capacidad del país para sostener un sistema que, durante décadas, fue referencia en la región.

El informe de un tanque pensante norteamericano refuerza lo que La Joven Cuba ha sostenido en otras ocasiones: las sanciones han sido concebidas como un mecanismo de presión para inducir cambios en el sistema cubano, pero tras décadas de aplicación —y un reforzamiento en el último quinquenio— no han logrado avances sustantivos en materia de democratización ni en el respeto a los derechos humanos.

Por el contrario, el impacto de esta política se ha concentrado en el deterioro de los derechos económicos y sociales, afectando directamente el acceso a bienes esenciales como la salud, la alimentación o la energía, pues terminan debilitando la capacidad del Estado para garantizarlos y trasladan el costo hacia la población.

En ese sentido, la evidencia acumulada apunta a que la política de máxima presión, no solo ha sido ineficaz en sus objetivos declarados, sino que ha contribuido a agravar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, incluyendo —como muestra este informe— a quienes ni siquiera han tenido la posibilidad de participar en ese conflicto, pero, incluso antes de nacer, ya cargan con sus consecuencias.

«La voz del pueblo» en una cámara de eco. Apuntes sobre una polémica encuesta

Por

Rubén Padrón Garriga

-

27 abril 2026

10

En el actual contexto de crisis multidimensional que atraviesa Cuba, la producción y circulación de datos sobre la opinión pública adquiere una relevancia particular, especialmente ante la ausencia de mecanismos institucionales transparentes que permitan medir de forma sistemática las percepciones ciudadanas. A ello habría que sumar que este tipo de ejercicio no es común en la política cubana y que desde hace buen tiempo el discurso de las autoridades invisibiliza la pluralidad política existente entre cubanos.

Por eso adquiere particular importancia el hecho de que en este escenario haya cobrado notoriedad la encuesta difundida por una alianza de más de 20 medios digitales y creadores de contenido —la mayoría con una marcada agenda opositora—, concebida como un intento de captar opiniones dentro y fuera de la Isla sobre cuestiones relacionadas a la gestión y el futuro políticos.

Quiero destacar que este tipo de ejercicios, bien hechos, resultarían muy valiosos, no solo para conocer opiniones reales de las personas, sino para a partir de ahí buscar caminos para el consenso. Por supuesto que en un país donde medir la opinión política fuera de estructuras oficiales sigue siendo difícil, cualquier iniciativa que intente aproximarse a ese vacío merece atención. Sin embargo, precisamente por ese déficit estructural, estos esfuerzos deben ser evaluados con rigor metodológico, especialmente cuando sus resultados comienzan a circular como si fueran representativos del conjunto total de la sociedad cubana.

Según los datos divulgados —y en el momento en que escribo este texto—, la encuesta acumula más de 26 mil respuestas, de las cuales el 59% corresponde a participantes dentro de Cuba y el 41% a cubanos residentes en el exterior. A primera vista, la cifra puede resultar significativa, pero en términos estadísticos, el tamaño de la muestra no garantiza por sí mismo la validez de los resultados. La cuestión central no es cuántas personas responden, sino cómo son seleccionadas, algo que no puede diseñarse en este caso, ya que está abierto a público general, sin criterio de selección.

Cuando la participación es abierta y mediada por canales digitales, se produce un sesgo de autoselección, o sea, responden, en mayor medida, quienes tienen acceso, motivación política y afinidad con los espacios desde los cuales se difunde el instrumento. Apunto esto porque si bien puede representar tendencias dentro de la sociedad cubana, sería incorrecto que teniendo en cuenta lo anterior, se considere como representativo del conjunto de ella. Primero depende de que llegue a las personas, de que tengan conectividad para responderla, luego es posible que muchas personas que no se sientan representadas con los espacios que la están impulsando, y opten sencillamente por no responder, porque no confían en esas plataformas. Todas estas variantes inciden sobre el resultado de la encuesta.

Por otro lado, en los resultados aparecen elementos que podrían considerarse previsibles —como el hecho de que una mayoría desapruebe la gestión actual del gobierno cubano, algo que también se percibe en conversaciones cotidianas dentro de la Isla—; sin embargo, otros resultados resultan particularmente llamativos, sobre todo al filtrar las respuestas provenientes de Cuba:

Que el principal problema identificado sea la «falta de libertades civiles y políticas», por encima de la «crisis económica y la escasez de bienes básicos», lo cual no suele coincidir con las preocupaciones más inmediatas que expresan amplios sectores de la población en su vida cotidiana, donde predominan las urgencias materiales.
Una sobrevaloración de figuras como Donald Trump en contraste con otras como Claudia Sheinbaum, en un contexto donde Estados Unidos ha incrementado la presión económica sobre la Isla con claros efectos para la población que vive ahí, mientras México ha sostenido políticas de apoyo que enfatizan su respaldo directo al pueblo cubano.
Que la mayoría de los cubanos dentro de la Isla declare apoyar el «embargo» de los Estados Unidos, a pesar de que sus efectos son verificables en la vida diaria, desde limitaciones tecnológicas hasta dificultades para recibir remesas o acceder a determinados servicios digitales.
Que la «intervención militar directa de Estados Unidos» aparezca —incluso entre quienes responden desde Cuba— como una de las principales formas de presión para lograr cambios, y que un 60,4% apoye una intervención armada para el derrocamiento del gobierno.
Que apenas un 2,3% de la muestra considere que «Cuba debe resolver sus conflictos internamente», lo cual sugiere una baja presencia de posturas soberanistas dentro de los resultados, en contraste con tradiciones políticas históricas del país.

Estos resultados deben interpretarse a la luz del contexto en que se produce la encuesta. Al tratarse de un instrumento difundido principalmente a través de redes y medios con líneas editoriales definidas, es altamente probable que participe una audiencia ideológicamente afín. Este fenómeno se ve reforzado por lo que se conoce como «cámaras de eco»: entornos digitales donde las personas se exponen mayoritariamente a contenidos que refuerzan sus propias creencias y excluyen perspectivas contrarias, lo que tiende a consolidar sesgos de confirmación y a reducir la disposición a considerar visiones alternativas. Por eso en el diseño de una encuesta sobre opiniones políticas se busca tener representatividad diversa como criterio de selección de la muestra.

Aunque el instrumento declare mecanismos para evitar respuestas duplicadas, no existe garantía de que quienes responden desde «Cuba» efectivamente se encuentren en el país, ni de que una misma persona no participe varias veces mediante distintos dispositivos. Yo mismo llené la encuesta tres veces desde diferentes navegadores falseando la pregunta sobre la residencia. Esto impide cualquier validación robusta de los resultados.

En contraste, las encuestadoras profesionales en el mundo utilizan diseños muestrales estructurados que buscan garantizar la representatividad de la población. El estándar más sólido para estos casos es el muestreo probabilístico, donde cada individuo tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionado mediante procedimientos aleatorios. Este enfoque permite calcular márgenes de error, niveles de confianza y, sobre todo, inferir resultados hacia el conjunto de la población, precisamente porque la muestra reproduce —en términos estadísticos— la diversidad del universo que se quiere estudiar.

Por su parte, en el muestreo no probabilístico, —más común en estudios exploratorios o en contextos de difícil acceso—, aunque no existe selección aleatoria, sigue siendo imprescindible que el investigador controle activamente la composición de la muestra. Esto implica definir cuotas, criterios de inclusión y estrategias para equilibrar la presencia de distintos grupos sociales. Sin ese control, no sería una construcción metodológica y sí un agregado espontáneo de participantes, por tanto, el sesgo, más que probable, es estructural. Y esto hace que los resultados de encuestas abiertas en línea pueden servir, por ejemplo, para conocer la opinión de las audiencias del medio u organización que las promueve sobre un determinado tema, pero no pueden generalizarse al conjunto de la población.

Con esto en cuenta, me atrevo a aventurar que la encuesta es principalmente representativa de una audiencia opositora. Partiendo desde esta premisa, hay un dato que resulta especialmente merecedor de atención: ante la pregunta sobre un posible «acuerdo de transición sin procesamiento judicial a figuras del Gobierno», el 61% de los cubanos en la diáspora y el 58% de quienes respondieron desde Cuba consideraron que «es inaceptable» y que debe existir «justicia y rendición de cuentas plena». Este resultado indica que, incluso dentro de esa muestra específica, existe un consenso mayoritario en favor de una salida que priorice la sanción judicial por encima de cualquier arreglo político.

Sin embargo, esta posición también revela una contradicción importante con la experiencia histórica comparada. En múltiples procesos de transición de Estados autoritarios a democracias liberales —como en España tras la muerte de Franco, donde se aprobaron leyes de amnistía como parte de un pacto político más amplio— el cambio de régimen estuvo condicionado por acuerdos que limitaron o pospusieron la rendición de cuentas judicial. En América Latina ocurrió algo similar en países como Chile o Argentina, en los que las fuerzas salientes del poder garantizaron mecanismos de protección —autoamnistías, leyes de punto final o arreglos políticos— antes de permitir la apertura; que dejaron impunes miles de asesinatos, desapariciones y torturas.

Esto responde a una lógica elemental de las transiciones, pues quienes detentan el poder difícilmente aceptan abandonarlo si no existen garantías mínimas de que no serán objeto de represalias o persecuciones generalizadas. En ese sentido, una agenda política centrada exclusivamente en la sanción, sin espacio para la negociación o la construcción de consensos amplios —incluyendo a actores vinculados al propio proceso revolucionario, más allá de sus responsabilidades— reduce las probabilidades de una transición pactada, dejando como única salida la guerra civil interna o la transición forzada desde afuera.

***

Nada de lo anterior implica descalificar la importancia de generar datos sobre la opinión pública en Cuba. En el país existe un vacío real de instrumentos científicos que midan criterios políticos de manera sistemática. La institución que más se acerca a ello es el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión (CESPO), adscrito al Partido Comunista de Cuba, cuyos estudios no son públicos y, además, también presentan problemas de diseño e implementación. Recuerdo que, cuando estaba en quinto año de la carrera, un investigador de ese centro realizó una encuesta en la facultad, pero introdujo desde el inicio un sesgo evidente, al plantearla como una herramienta para evaluar si debía reforzarse el trabajo político-ideológico; un encuadre que condicionaba las respuestas de quienes participábamos y violaba un principio básico de la investigación cuantitativa: la neutralidad del investigador durante el trabajo de campo.

Ahora bien, que no existan condiciones para realizar encuestas plenamente representativas en la Isla no puede convertirse en un cheque en blanco para validar cualquier ejercicio como si lo fuera. El problema no es la existencia de sondeos, sino que, sin criterios de representatividad y con una muestra claramente sesgada, se intenten presentar como «la voz del pueblo cubano».

En contextos de alta polarización, hay riesgo real, además de en la ausencia de datos, en la circulación de datos sin contexto. Esta encuesta no refleja tanto lo que piensan los cubanos en su conjunto, como las dinámicas de opinión propias de determinados ecosistemas digitales, donde las posturas más extremas tienden a concentrarse y amplificarse mediante enjambres.

Pero la sociedad cubana es mucho más diversa, contradictoria y compleja que cualquier muestra sesgada, y por tanto, presentar como consenso lo que en realidad es la expresión de un segmento específico no contribuye a comprender el país, sino a simplificarlo y, en el peor de los casos, a legitimar agendas con consecuencias potencialmente graves.

A todo ello hay que agregar que en un momento en que se deslizan declaraciones como que «Cuba es la siguiente», resultados como el supuesto apoyo mayoritario a una intervención militar es lo que más conviene para afianzar la narrativa de que todos los cubanos esperan la intervención como única esperanza de cambio, por tanto es el resultado necesario para asentar la idea de que «los cubanos quieren una invasión». Si bien esa afirmación no puede sostenerse metodológicamente sobre una muestra autoseleccionada y sin control, perfectamente puede sumarse a las justificaciones para que caigan bombas sobre la Isla, que, como ha demostrado la experiencia en Gaza, Irak Irán y el Líbano, tampoco tienen control sobre a quién matan.

Actualización del costo de la vida en Cuba

Por

Redacción

-

24 abril 2026

0

Actualización del costo de la vida en Cuba

Teniendo en cuenta el nuevo contexto inflacionario derivado de la crisis de combustible, La Joven Cuba pidió al economista Omar Everleny Pérez Villanueva una actualización de su estimado sobre el costo de la vida, y se confirma que vivir en el país resulta cada vez más caro, mientras los ingresos no logran seguir ese ritmo.

A partir de nuevos cálculos que combinan precios oficiales —especialmente en alimentos en La Habana— con otros estimados por el economista, el costo mensual para un hogar promedio de dos personas ha aumentado de forma significativa respecto a mediciones anteriores.

El nuevo cálculo sitúa el gasto total en 61 710 CUP mensuales, sin incluir ocio, celebraciones, gastos extraordinarios ni situaciones familiares complejas. Esta cifra representa un salto importante frente a la estimación previa de alrededor de 45 401 CUP, utilizada como referencia para inicios de 2025.

El componente que más presiona el presupuesto sigue siendo la alimentación. La canasta básica alimentaria para dos personas, calculada con precios máximos oficiales en La Habana, asciende ahora a 33 000 CUP, frente a los 24 351 CUP estimados anteriormente.

tabla canasta basica — Precios calculados a partir de los precios máximos en La Habana informados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Este incremento de casi 8 700 CUP en alimentos explica una parte sustancial del aumento total del costo de vida en un segmento imprescindible para la reproducción de la vida. Acá influyen varios factores como la prácticamente desaparición de la canasta familiar normada, el aumento de los precios de alimentos importados, la reducción de la producción nacional, y el aumento del costo por la transportación y conservación de alimentos.

Sin embargo, otros gastos también muestran niveles elevados. A continuación, se muestras otros costos en que se incurre en un hogar de 2 personas promedio. Sin contar gastos como ocio, peluquerías y barberías, celebración de algún cumpleaños, niños pequeños, ni ancianos con alto gasto de medicamentos.

Alimentos	33000
Transporte	6000
Medicamentos	2000
Vestuario	10700
Cuidado Personal	6650
Internet	3360
Total	61710

El contraste entre costo de vida e ingresos sigue siendo el punto crítico. Según datos oficiales recientemente publicados por la ONEI, el salario medio mensual en Cuba para 2025 —al menos en el empleo estatal— se sitúa en torno a 6 930 CUP. Sectores como construcción o energía superan los 13 000–15 000 CUP, mientras educación y salud se mantienen alrededor o por debajo de la media. Sin embargo, ni siquiera en las áreas mejor remuneradas el salario es capaz de cubrir la alimentación de una persona.

salarios — Actualización del costo de la vida en Cuba 3

Esto confirma que el salario medio resulta cada vez menos representativo de la realidad económica del país, lo que debilita el papel del ingreso estatal como garantía de subsistencia y desplaza ese rol hacia mecanismos externos o informales.

En este contexto, la economía doméstica depende crecientemente de estrategias de compensación —diversificación de ingresos, ayuda familiar, inserción en circuitos no estatales— que no están disponibles en igual medida para toda la población.

El resultado es un escenario donde el trabajo formal —al menos en el sector estatal— pierde capacidad como vía de reproducción de la vida, lo que tiene implicaciones directas en la productividad, la motivación laboral y la sostenibilidad de áreas estratégicas para la economía —como son la industria o la agricultura— o imprescindibles para el bienestar ciudadano —como son salud y educación—. Sin una corrección de esta brecha, el desbalance entre ingresos y gastos tenderá a consolidarse como uno de los principales factores de vulnerabilidad económica en el país.

Solidaridad y realismo político, ¿dónde están los amigos de Cuba?

Por

Darío Alejandro Escobar

-

21 abril 2026

6

La solidaridad ha sido una de las expresiones más visibles, y también más nobles de la experiencia revolucionaria cubana. Durante décadas, Cuba construyó una imagen internacional asociada a la resistencia y a la disposición de compartir recursos, conocimientos, personal calificado, e incluso vidas humanas, en función de causas consideradas justas. Esa tradición existe, tiene una densidad histórica indiscutible y forma parte del capital simbólico más importante que ha acumulado el país en el escenario internacional. Pero precisamente por eso necesita ser repensada a la luz de las condiciones actuales. En la Cuba de hoy, que padece una escasez estructural prolongada y una reducción dramática de sus capacidades materiales, resulta cada vez menos viable mantener una política de solidaridad externa sin recalcular costos, prioridades y beneficios.

Plantearlo así puede incomodar a mucha gente, porque por demasiado tiempo la solidaridad cubana fue pensada casi como un terreno sagrado, inmune a la crítica o, al menos, inmune a una crítica de tipo pragmático. Pero ninguna política pública debería permanecer intacta cuando cambian de manera tan profunda las condiciones materiales del país que la sostiene. Es preciso atender si esa política, tal y como ha sido concebida y practicada durante décadas, sigue siendo viable y responsable para una nación que apenas consigue responder a muchas de sus propias urgencias internas. Si lo fue alguna vez.

Es cierto que la Isla no solo dio solidaridad. También la recibió. A lo largo de su historia, hombres y mujeres de diferentes países se vincularon a las luchas cubanas y contribuyeron con sus talentos a la independencia y al desarrollo nacional. Más tarde, la Revolución convirtió esa tradición de intercambio en una parte central de su identidad política. El internacionalismo fue un componente de la cultura política construida a partir de 1959. Desde el apoyo a movimientos de liberación en África y otras regiones del Tercer Mundo hasta la creación de espacios de articulación intelectual y cultural con vocación latinoamericana y sur-sur, Cuba asumió durante mucho tiempo una proyección global que le dio un sentido de justicia social a su política exterior y reforzó su legitimidad en amplios sectores de la izquierda mundial.

Los ejemplos abundan y sería absurdo negarlos. La Isla, no solo apoyó procesos de liberación nacional con asesoría militar o combatientes en el terreno, sino que también envió profesores, médicos —en un principio sin recibir remuneración económica—, entrenadores deportivos… y sostuvo una presencia activa en conflictos africanos y en algunos latinoamericanos. También ofreció ayuda humanitaria en momentos extremadamente sensibles, como ocurrió con los miles de niños afectados por el desastre de Chernóbil, cuando el ciclón Mitch arrasó Centroamérica o cuando hubo un terremoto demoledor en Pakistán. Todo eso forma parte de una memoria política y ética palpable. No corresponde borrarla ni rebajar su importancia. La pregunta está en qué hacer hoy con esa herencia en condiciones radicalmente distintas.

La cuestión no reside en la solidaridad como principio, sino en la forma en que el Estado cubano la ha administrado, en la escala en que la ha sostenido y en la lógica con que la ha justificado. Una política de cooperación puede ser moralmente admirable y, al mismo tiempo, financieramente inviable, estratégicamente mal negociada o desconectada de las necesidades de la población que la paga de manera indirecta. En otras palabras, el prestigio moral de una política no la hace automáticamente acertada.

Las misiones médicas son probablemente el ejemplo más complejo. Sería mezquino desconocer su impacto. Miles de profesionales cubanos prestaron servicios en lugares donde una parte de la población nunca había tenido acceso estable a la atención médica. En muchos casos, esa colaboración fue extraordinaria. También es cierto que esas misiones generaron ingresos, reforzaron alianzas y consolidaron la imagen internacional de Cuba como país capaz de convertir los recursos humanos en una herramienta de proyección global. Pero incluso así, ¿hasta qué punto podía mantenerse una política de ese alcance hacia afuera cuando puertas adentro la situación se hacía cada vez más difícil para el nacional?

Angola es otro caso que obliga a pensar con más frialdad. La participación cubana allí fue enorme, costosa y decisiva. Pasaron por esa guerra cientos de miles de cubanos y también miles murieron o regresaron marcados por secuelas físicas y psicológicas. Detrás de esa épica hubo una experiencia humana y nacional de altísimo saldo. De igual forma, la historiografía oficial ha reconocido que aquella intervención tuvo un gran peso histórico en los procesos de liberación nacional no solo de Angola sino también de Namibia y en el debilitamiento del apartheid en el sur de África. Todo eso debe reconocerse en su justa dimensión, pero aun así, la pregunta estratégica sigue siendo válida.

¿Por qué una intervención de semejante escala no derivó, a largo plazo, en vínculos estructuralmente más beneficiosos para Cuba en terrenos como la energía, la inversión, el comercio o la cooperación sostenida?

No me refiero a exigir gratitud como si se tratara de una deuda sentimental. Me refiero a preguntarse por qué el Estado cubano no fue capaz de traducir un sacrificio tan grande en ventajas más consistentes para una economía que ha vivido durante décadas en estado de fragilidad. Hoy Angola es uno de los principales exportadores de petróleo a nivel mundial y no se ha portado, por lo menos públicamente, para ayudar a la pequeña Isla que la apoyó con sangre a ser una nación soberana.

Venezuela representa un caso distinto, pero complementario. Allí sí hubo una compensación material de gran envergadura, sobre todo a través del petróleo subvencionado. La relación entre ambos países permitió a Cuba asegurar durante años una parte de su funcionamiento económico en condiciones más favorables que las que habría tenido de otro modo. De igual modo le permitió al chavismo ampliar sus bases populares con programas de alcance nacional, que mejoraron las condiciones básicas de millones de venezolanos, antes privados del acceso a la salud y a la educación.

Sin embargo, también ese ejemplo mostró las limitaciones de una política basada en alianzas excesivamente concentradas, dependientes de liderazgos específicos y de ecuaciones geopolíticas poco diversificadas. Cuando el escenario venezolano comenzó a deteriorarse, murió Chávez, llegó Maduro y cambió la correlación de fuerzas, esa dependencia empezó a pasar factura. Una factura extremadamente cara. Insisto, el tema no es que Cuba nunca debió cooperar con Venezuela, sino que una estrategia exterior apoyada en un solo socio, por muy cercano que sea políticamente, termina siendo vulnerable y puede dejar al país sin margen de maniobrabilidad cuando cambian las condiciones.

La misma lógica vale para la formación gratuita de profesionales extranjeros. Nadie niega el valor humano y político de ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de otros países, sobre todo a quienes provienen de contextos pobres o excluidos. Esa política es defendible y hasta admirable en determinadas escalas y condiciones. Pero en la Cuba de hoy no basta con invocar su legitimidad simbólica. También hay que preguntar cuánto cuesta, cómo se financia, qué límites debería tener y qué sentido conserva cuando una parte importante de los profesionales cubanos vive con salarios que no corresponden a su nivel de calificación ni a la importancia social de su trabajo, ni les permite acceder a una canasta básica de bienes y servicios. El contraste es demasiado fuerte. Muchos graduados extranjeros formados gratuitamente en Cuba terminan ejerciendo en condiciones materiales muy superiores a las de quienes los formaron, o a las de quienes estudiaron junto a ellos siendo cubanos.

El caso de México es para destacar en positivo. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, México ha asumido un papel particularmente visible en el respaldo a Cuba, ya sea mediante el envío de combustible, ayuda humanitaria y una defensa política muy vocal frente a las presiones de Washington. Esa línea se ha mantenido con Claudia Sheinbaum y ha adquirido un tono igualmente firme, como muestran su defensa del derecho de su país a suministrar combustible a la Isla, su decisión de preservar el acuerdo sobre médicos cubanos y el envío de nuevos cargamentos de ayuda en 2026. Lo llamativo es que esa solidaridad ha venido de un país que no suele figurar entre los principales beneficiarios históricos de la cooperación cubana, lo cual vuelve más evidente el contraste con otros gobiernos que sí recibieron durante años apoyos directos mucho más cuantiosos y hoy tienen una presencia más discreta o declaradamente ninguna.

El punto no es construir un relato de ingratitud internacional, o una especie de ajuste de cuentas. No es solo que estos u otros países no hayan respondido como Cuba esperaba. Es que también el Estado cubano no siempre pensó su política de solidaridad desde una lógica suficiente de reciprocidad y sostenibilidad y, en demasiados casos, la cooperación externa parece haberse concebido como una extensión de la épica nacional, sin que mediara una evaluación sistemática de sus efectos acumulativos sobre una precaria economía doméstica. Y ese es un problema de diseño político estratégico. Un problema muy serio.

En el trasfondo de esta discusión está la estructura misma de la economía cubana. Un país con dificultades persistentes para producir, captar inversión y sostener bienes y servicios básicos no puede actuar en el plano internacional como si dispusiera de un excedente material amplio. La guerra económica del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba ha tenido y sigue teniendo consecuencias nefastas, pero tampoco se puede convertir ese hecho en una explicación única que suspenda toda autocrítica. Incluso bajo presión externa, los Estados están obligados a administrar del mejor modo posible sus recursos escasos. Y en el caso cubano, eso implica preguntarse si no ha existido una desconexión entre el discurso de solidaridad global y la capacidad efectiva del país para proyectarse de ese modo sin lesionar todavía más el bienestar interno.

No debería darnos pena exigir ayuda a los Estados amigos a los que alguna vez Cuba apoyó de manera decisiva. No como mendicidad, ni como reclamo sentimental, y sí como parte de una lógica legítima de correspondencia entre naciones. La situación del país hoy es demasiado grave para seguir pensando estas relaciones solamente en términos simbólicos. Si Cuba contribuyó durante años a impulsar procesos, a formar profesionales, a prestar servicios esenciales o a respaldar políticamente a determinados gobiernos, no hay nada impropio en esperar apoyo material, cooperación y compromisos visibles. Más bien lo extraño sería no pedirlo.

Incluso en el caso de las misiones médicas remuneradas conviene evitar simplificaciones. Que haya existido pago por esos servicios, e incluso márgenes variables de ingreso o de autonomía para los profesionales, no elimina su carácter solidario, porque siguieron orientadas en buena medida a cubrir necesidades sociales reales en países con déficits severos de atención. Lo que sí corresponde discutir con mayor rigor es si esos acuerdos fueron negociados en los mejores términos posibles para Cuba y bajo estándares suficientes de transparencia. En varios casos, los montos recibidos llegaron a ser relevantes para una economía tan frágil como la cubana, pero eso no impide pensar que pudieron haberse gestionado con más claridad pública, con mejores condiciones para el país y con un equilibrio más justo entre la vocación de servicio, la sostenibilidad nacional y los derechos de quienes participaron en esas misiones.

Por eso corresponde replantear la solidaridad, en lugar de desecharla. Cuba no tiene que renunciar a esa tradición, lo que necesita es convertirla en una política pública más racional, más acotada, más selectiva y coherente con su situación. También implica reconocer que ninguna vocación internacionalista sustituye la responsabilidad primaria del Estado con sus propios ciudadanos.

Un Estado que hoy no consigue garantizar con estabilidad medicamentos, electricidad, transporte, alimentación o condiciones mínimas para retener a sus profesionales más calificados, no puede actuar indefinidamente como si su primera obligación estuviera siempre fuera de sus fronteras.

Vivimos una época más áspera, más competitiva y más descarnada. Es una época feroz. Las grandes potencias reordenan áreas de influencia, la ultraderecha gana espacio, los conflictos internacionales se multiplican y hasta países con economías mucho más fuertes que la cubana recalculan alianzas, reforman marcos económicos y redefinen prioridades nacionales en función de sus recursos.

Deberíamos salvar la solidaridad cubana tanto de la épica vacía como del mal cálculo. Deberíamos reconducirla para que deje de ser un reflejo ideológico y vuelva a convertirse en una política defendible, sostenible y útil para Cuba y para los pueblos del Tercer Mundo.

Ojalá estemos a tiempo.

Solidaridad política más allá de la ayuda humanitaria

Solidaridad política más allá de la ayuda humanitaria

Por

Ariel Dacal Díaz

-

3 abril 2026

5

ayuda-humanitaria-solidaridad — Imagen generada con Inteligencia Artificial

Plantear debates, comprensiones, actitudes de cara a la solidaridad política es imprescindible para entender su función emancipadora en medio de las crisis. Esta, en su amplitud y rigor político, es, a al mismo tiempo, estrategia, contenido, historia; y una alternativa en la lucha frontal contra la depredación que sustenta, ya sin tapujos, el sistema de relaciones erigido por el Capital.

El neoliberalismo, expresión fundamentalista del liberalismo, tiene objetivos estratégicos muy claros: individualizar la conducta, deshacer los vínculos sociales, reducir al ser humano a condición de mercancía, desideologizar la política, contraer al máximo el sentido común colectivo. Con todo ello es obvio que se oponga a la solidaridad.

El fundamentalismo neoliberal aniquila —o pretende hacerlo— todo lo que cuestione sus objetivos, todo lo que trate de sobrevivir fuera de ellos; peor reacciona si sus bases y estructuras son cuestionadas con alternativas. Llegado el caso, elimina físicamente a personas y poblaciones.

En este combate extremo, la solidaridad política destaca entre sus objetivos de primer orden. El descrédito, la criminalización, la personalización, son algunos de los recursos más usados contra ella.

Cuando se aborda la realidad cubana, el tema de la solidaridad política tiene sentidos profundos, incluso constituyentes. Es necesario, en medio de la aguda crisis y de la urgente búsqueda de soluciones, comprender las diferencias de esta con términos en boga, como, por ejemplo, la ayuda humanitaria.

Este tipo de ayuda puede contener elementos de solidaridad (asistir, colaborar, contribuir, respaldar, apoyar) pero, a diferencia de esta, desatiende su alcance estructural. Actúa como paliativo, no como instrumento de transformación. Desde su concepción pretende «la neutralidad, independencia, apoliticidad e imparcialidad», con base exclusiva en responder a las necesidades específicas.

Sin desmeritar el valor de cualquier ayuda para la gente más afectada, en la práctica, la ayuda humanitaria, a diferencia de la solidaridad política, invoca principios humanos abstractos y ahistóricos. Con esta afirmación, reitero, no se resta mérito a la asistencia en momentos de crisis, solo invita a analizar cómo funciona en la práctica.

Es sabido que la pretendida neutralidad de la ayuda humanitaria opera como un dispositivo de gestión de poblaciones vulnerables dentro del orden neoliberal. En no pocas ocasiones, la asignación de fondos humanitarios responde más a intereses geopolíticos y mediáticos que a la magnitud objetiva del sufrimiento.

En ese contexto, sanciones unilaterales y bloqueos financieros son compatibles con la retórica humanitaria, mientras que la ayuda se utiliza como herramienta de presión política.

El término ayuda humanitaria no puede ser tomado como una categoría inocente. Es necesario desentrañar sus usos geopolíticos, su complicidad con estructuras de dominación y su función en la reproducción de asimetrías globales.

Al separar artificialmente lo humanitario de lo político, se despolitizan las causas estructurales de las crisis (colonialismo, desigualdad económica, guerras por recursos, imposición de deudas externas).

De lo que se trata, una vez más, es de la disputa de sentidos: pasar de la filantropía que administra miseria a la solidaridad política que transforma las causas estructurales que la producen.

Como he comentado en otras ocasiones, la solidaridad es algo que, tengamos o no un concepto claro sobre ella, suele evidenciarse, casi por instinto. Su primera manifestación es sentir el impulso compasivo de ayudar a quienes padecen una situación de emergencia.

En su condición de acción, la solidaridad protege la vida y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Es una actitud moral de quienes, en determinadas circunstancias, están en condición de resarcir, aliviar, mitigar. Es un modo de resistir a las adversidades que aparecen a lo largo de la vida.

Acá referimos una dimensión más abarcadora, la solidaridad política como categoría distinta, pero relacionada, a la ayuda humanitaria. Mientras que esta tiende, como he dicho antes, a operar dentro de los límites de una supuesta neutralidad y la gestión de emergencias, la solidaridad política se inscribe en una lógica de horizontalidad, acción colectiva y transformación estructural.

Existen experiencias recientes de prácticas que redefinen el concepto de ayuda humanitaria, las cuales han operado sobre lógicas distintas: respeto a la soberanía, no injerencia, cooperación, gratuidad y construcción de capacidades endógenas. Experiencias que, en su impugnación a la ayuda humanitaria tradicional, han sido sistemáticamente descalificadas por los centros de poder.

La raíz de la solidaridad política no es la caridad sino el reconocimiento de que las luchas locales son eslabones en el enfrentamiento a la dominación global. Su práctica implica apoyo mutuo entre actores (movimientos sociales, Estados, pueblos) con intereses de luchas comunes y que actúan coordinadamente sin subordinar unas luchas a otras.

La solidaridad política es una necesidad estratégica, es una categoría central en la lucha anticapitalista global. Tiene sus raíces históricas en el internacionalismo obrero del siglo XIX, el antiimperialismo del siglo XX y los movimientos de liberación nacional. A diferencia de la ayuda humanitaria tradicional, pretende articular lo material y lo simbólico; asume a los sectores populares como sujetos de la lucha, no como objetos de la filantropía ni de la geopolítica; fortalece la capacidad de agencia y autodeterminación de estos; declara explícitamente una posición frente a las causas estructurales de las crisis; evita la jerarquía donante-receptor, al promover el intercambio recíproco de saberes, recursos y estrategias.

Cuando se profundiza en el valor de la solidaridad, se encuentra un componente distintivo de la naturaleza humana. Nuestra especie, como condición de sobrevivencia, es gregaria. No tenemos modo de subsistir que no sea en colectividad. Es ahí donde la solidaridad política alimenta, de modo particular, la sociabilidad de los seres humanos.

La solidaridad es también un aprendizaje político. Se cultiva, se practica en oposición a la injusticia, el egoísmo, la indolencia, la desidia y, en determinadas circunstancias, frente a la egolatría y la monopolización de las buenas intenciones.

Es cierto que, en nombre de la solidaridad redundan modos vivendi, que el performance desdibuja sus esencias, que en su nombre perviven rasgos colonialistas. Lo es también que en algunos casos su práctica se reduce a una suerte de solidaridad vertical (Estado-Estado), con la marginación a movimientos sociales críticos dentro de los países receptores, creando dependencia institucional.

Resulta certeza, también, que la solidaridad política no pide permiso para actuar, no es presa de los «cuidados políticos» que caracteriza la inmoralidad de muchos gobiernos. No pone peros ni condiciones ante la injusticia, la agresión y el crimen.

Para la solidaridad, como canta el poeta Jorge Drexler, «un refugiado es un refugiado, un niño es un niño, el miedo es el miedo, el destierro es destierro, una hipocresía es una hipocresía».

La solidaridad política hace, con muchísimo menos recursos, lo que el sentido común de justicia, dignidad y valores humano mandata. En su acción demuestra que la decencia, en apego a la verdad, en coherencia con la palabra empeñada, puede ser contenido y evidencia de la política.

¿Qué podemos esperar de las nuevas asociaciones entre empresas mixtas estatales y privadas?

Por

Omar Everleny Pérez Villanueva

-

18 marzo 2026

5

Durante la Asamblea Nacional del Poder Popular de diciembre de 2023, el primer ministro cubano Manuel Marrero preguntaba: «¿Cómo es posible que una empresa estatal alquile sus talleres, en vez de encadenarse? Eso es ceder su capacidad productiva. ¿Qué futuro tienen esos trabajadores?». Luego agregaba: «Proponemos el encadenamiento, pero el verdadero encadenamiento productivo. ‘Tengo el taller, los mecánicos, pero no las piezas. Y usted, de la MIPYME, tiene financiamiento para arreglar maquinaria y echar a andar de conjunto, repartir beneficios, rescatar capacidades subutilizadas’».

Recientemente se ha publicado el Decreto-Ley 114/2025, que aprueba la creación de asociaciones entre empresas estatales y del sector privado cubano, podría estar encaminado a dar respuesta a esas preguntas y planteamientos hechos en diciembre de 2023.

No profundizo en las posibles causas sobre la demora en promulgarse las nuevas normativas, más de un año después de esa reunión en la Asamblea Nacional, o el porqué se aprueban desde finales de 2025 pero salen publicadas en el último mes del primer trimestre de 2026. El tiempo para los hacedores de política es al parecer muy distinto al deterioro que viene atravesando la economía cubana.

Lo que más desconcierta es que se mantiene recurrente —al igual que en diciembre de 2023—, tanto para hablar de la inversión extranjera como para la nacional, la idea de que lo que falta a la empresa estatal —y a Cuba, en general— es financiamiento en divisas. Por tanto, si un privado, o un empresario extranjero, aporta financiamiento, es visto como una varita mágica: rápidamente se solucionarán los problemas, las empresas comenzarán a producir y todos contentos y satisfechos.

¿Y dónde quedan las «distorsiones» que hacen que las empresas no funcionen como deberían, tengan pérdidas, no devuelvan financiamientos, pierdan trabajadores experimentados, enfrenten otras realidades y, al final, vuelvan al mismo estado inicial? Entrecomillo la palabra «distorsiones» porque ya hasta quedó eliminada del recientemente renovado Programa de Gobierno, sin nunca aclararse cuáles eran las «distorsiones» diagnosticadas y cómo erradicarlas. ¿Ya dejaron de existir?

¿Dónde quedaron la falta de autonomía empresarial, la complicada estructura empresarial —como ministerios, OSDE, UEB—, los precios centralizados, las plantillas abultadas, las tasas de cambio que no favorecen sus exportaciones, el límite de gastos (el llamado Certificado de Liquidez), entre otras cuestiones, generalmente relacionadas con la hipercentralización, que siguen siendo la base de la ineficiencia de muchísimas empresas estatales?

Cabe aclarar que la norma en sí es positiva, pues se les permite a las nuevas asociaciones, entre otros aspectos, la importación y exportación directa, la desvinculación del plan centralizado de la economía, la contratación de personal y otras libertades. Pero lo preocupante de la norma no es lo que dice, sino lo que deja de decir: ¿cómo podrán las contrapartes estatales seguir el ritmo habitual de las empresas privadas, acostumbradas a una toma rápida de decisiones, asumir riesgos y buscar soluciones —incluso en el mercado informal— con tal de no parar la producción? ¿Cómo podrán establecer cuentas conjuntas empresas estatales y privadas cuando ambas operan con mercados cambiarios diferentes, ninguno totalmente funcional? Son solo dos de las tantas preguntas que surgen.

Entonces, ver al privado o al extranjero solo como una fuente de financiamiento, sin entender sus propósitos y naturaleza productiva, es un error de base. Una alianza debe implicar ganancia para ambas partes. Y no solo financiamiento es lo que necesitan las empresas estatales, sino mucho más:

Agilidad en la toma de decisiones. ¿Qué facultades tendrá, o cómo se inmiscuirá, el representante de la empresa estatal en el día a día de la nueva asociación?
¿A qué mercados podrá dirigir su producción? ¿Con qué precios, con qué moneda o monedas podrá operar y con qué tipo de cambio?
¿Por qué vías obtendrá las divisas necesarias para pagar las materias primas y continuar con la producción?
¿Cómo se devolverán los financiamientos recibidos en divisas?

Tal vez los decisores lo tengan claro, pero el documento aprobado y hecho público deja muchísimos vacíos imprescindibles para que un empresario tome la decisión de entablar una alianza con una empresa estatal.

Por otro lado, es de todos sabido que las empresas estatales y las privadas funcionan como en galaxias diferentes:

• objeto social restringido vs. objeto social más amplio o más fácil de actualizar;
• precios aprobados a nivel central vs. precios liberados;
• inversiones a aprobar a niveles superiores vs. aprobación a nivel de la propia empresa;
• mercados dirigidos vs. mercados libres;
• distintos tratamientos en cuanto al acceso a la materia prima, la moneda de las ventas, conversión de CUP a divisas, transferencias hacia el exterior, salarios, disponibilidad de electricidad, agua, gas o combustible, y muchas otras variables.

También está presente la competencia muy dispareja entre uno y otro sector, porque si bien las empresas privadas pueden tomar decisiones que no pueden ni imaginar las empresas estatales (aunque no pocas veces arriesgándose a infringir la ley, como pasa en la conversión de CUP a divisas o el traslado de divisas desde Cuba hacia el exterior), también las estatales suelen obtener prerrogativas no otorgadas a las empresas privadas, como el pago de aranceles y otras ejecuciones aplicándose el tipo de cambio USD/CUP del segmento 1 (24:1), o el rescate con el presupuesto del Estado en caso de irrentabilidad.

¿Hacia qué galaxia harán que se inclinen las nuevas empresas y asociaciones de capital estatal y mixto? ¿Habrá muchos privados interesados en probar suerte y poner su capital a disposición de estos emprendimientos mixtos, sin conocer el ámbito de actuación y prerrogativas de estas asociaciones?

En otras ocasiones se ha mencionado que las empresas, por supuesto, necesitan financiación, pero no es lo que más necesitan, porque cuando todo lo demás funciona —un producto demandado, un mercado, un salario atractivo, unos directivos bien preparados y dispuestos a tomar decisiones audaces—, el capital aparece con mayor facilidad, y con un capital menor se puede ir creciendo a medida que la empresa genera ganancias. En cambio, cuando estos elementos no operan correctamente, puede haber la mayor inversión del mundo que terminará dilapidada.

Igualmente, el Decreto-Ley 114 es un reconocimiento indirecto de que el modelo con el que funcionan las empresas estatales presenta tantas trabas que les impide desarrollarse con normalidad y, por tanto, se necesita «otro tipo de empresas» que puedan operar en un ambiente de menor centralización y con libertades básicas como elegir proveedores, poner precios y decidir el salario a los trabajadores. Entonces, si se considera que las nuevas asociaciones de capital mixto van a ser exitosas, debido a las prerrogativas y ámbitos de actuación que se les han aprobado, ¿por qué no se aprueban las mismas condiciones para las empresas estatales, llamadas a ser la forma fundamental de producción del país?

Algunas de estas propuestas estaban en la Ley de Empresas que sigue dormida en alguna oficina. Pero que se apruebe un mecanismo de asociación entre entidades estatales y privadas, sin darle a las estatales verdadera autonomía, es limitar el alcance de la medida, pues pronto aparecerán las contradicciones entre dos modelos que operan en mundos completamente opuestos. Muy distinto sería si ambos sectores tuvieran reglas del juego similares.

Por último, en estos días se ha mencionado que por largo tiempo se esperaba la aprobación de negocios mixtos entre el Estado y el sector privado. Y es cierto, pero más todavía se ha clamado por la aprobación de negocios mixtos entre el sector privado cubano y empresas extranjeras. Una unión más natural entre empresas del mismo «universo», y donde es más fácil encontrar ese capital abundante que se persigue. ¿Para cuándo se puede esperar algo así?