«La voz del pueblo» en una cámara de eco. Apuntes sobre una polémica encuesta 

En el actual contexto de crisis multidimensional que atraviesa Cuba, la producción y circulación de datos sobre la opinión pública adquiere una relevancia particular, especialmente ante la ausencia de mecanismos institucionales transparentes que permitan medir de forma sistemática las percepciones ciudadanas. A ello habría que sumar que este tipo de ejercicio no es común en la política cubana y que desde hace buen tiempo el discurso de las autoridades invisibiliza la pluralidad política existente entre cubanos. 

Por eso adquiere particular importancia el hecho de que en este escenario haya cobrado notoriedad la encuesta difundida por una alianza de más de 20 medios digitales y creadores de contenido —la mayoría con una marcada agenda opositora—, concebida como un intento de captar opiniones dentro y fuera de la Isla sobre cuestiones relacionadas a la gestión y el futuro políticos. 

Quiero destacar que este tipo de ejercicios, bien hechos, resultarían muy valiosos, no solo para conocer opiniones reales de las personas, sino para a partir de ahí buscar caminos para el consenso. Por supuesto que en un país donde medir la opinión política fuera de estructuras oficiales sigue siendo difícil, cualquier iniciativa que intente aproximarse a ese vacío merece atención. Sin embargo, precisamente por ese déficit estructural, estos esfuerzos deben ser evaluados con rigor metodológico, especialmente cuando sus resultados comienzan a circular como si fueran representativos del conjunto total de la sociedad cubana.

Según los datos divulgados —y en el momento en que escribo este texto—, la encuesta acumula más de 26 mil respuestas, de las cuales el 59% corresponde a participantes dentro de Cuba y el 41% a cubanos residentes en el exterior. A primera vista, la cifra puede resultar significativa, pero en términos estadísticos, el tamaño de la muestra no garantiza por sí mismo la validez de los resultados. La cuestión central no es cuántas personas responden, sino cómo son seleccionadas, algo que no puede diseñarse en este caso, ya que está abierto a público general, sin criterio de selección. 

Cuando la participación es abierta y mediada por canales digitales, se produce un sesgo de autoselección, o sea, responden, en mayor medida, quienes tienen acceso, motivación política y afinidad con los espacios desde los cuales se difunde el instrumento. Apunto esto porque si bien puede representar tendencias dentro de la sociedad cubana, sería incorrecto que teniendo en cuenta lo anterior, se considere como representativo del conjunto de ella. Primero depende de que llegue a las personas, de que tengan conectividad para responderla, luego es posible que muchas personas que no se sientan representadas con los espacios que la están impulsando, y opten sencillamente por no responder, porque no confían en esas plataformas. Todas estas variantes inciden sobre el resultado de la encuesta.

Por otro lado, en los resultados aparecen elementos que podrían considerarse previsibles —como el hecho de que una mayoría desapruebe la gestión actual del gobierno cubano, algo que también se percibe en conversaciones cotidianas dentro de la Isla—; sin embargo, otros resultados resultan particularmente llamativos, sobre todo al filtrar las respuestas provenientes de Cuba:

1. Que el principal problema identificado sea la «falta de libertades civiles y políticas», por encima de la «crisis económica y la escasez de bienes básicos», lo cual no suele coincidir con las preocupaciones más inmediatas que expresan amplios sectores de la población en su vida cotidiana, donde predominan las urgencias materiales. 
2. Una sobrevaloración de figuras como Donald Trump en contraste con otras como Claudia Sheinbaum, en un contexto donde Estados Unidos ha incrementado la presión económica sobre la Isla con claros efectos para la población que vive ahí, mientras México ha sostenido políticas de apoyo que enfatizan su respaldo directo al pueblo cubano. 
3. Que la mayoría de los cubanos dentro de la Isla declare apoyar el «embargo» de los Estados Unidos, a pesar de que sus efectos son verificables en la vida diaria, desde limitaciones tecnológicas hasta dificultades para recibir remesas o acceder a determinados servicios digitales. 
4. Que la «intervención militar directa de Estados Unidos» aparezca —incluso entre quienes responden desde Cuba— como una de las principales formas de presión para lograr cambios, y que un 60,4% apoye una intervención armada para el derrocamiento del gobierno. 
5. Que apenas un 2,3% de la muestra considere que «Cuba debe resolver sus conflictos internamente», lo cual sugiere una baja presencia de posturas soberanistas dentro de los resultados, en contraste con tradiciones políticas históricas del país. 

Estos resultados deben interpretarse a la luz del contexto en que se produce la encuesta. Al tratarse de un instrumento difundido principalmente a través de redes y medios con líneas editoriales definidas, es altamente probable que participe una audiencia ideológicamente afín. Este fenómeno se ve reforzado por lo que se conoce como «cámaras de eco»: entornos digitales donde las personas se exponen mayoritariamente a contenidos que refuerzan sus propias creencias y excluyen perspectivas contrarias, lo que tiende a consolidar sesgos de confirmación y a reducir la disposición a considerar visiones alternativas. Por eso en el diseño de una encuesta sobre opiniones políticas se busca tener representatividad diversa como criterio de selección de la muestra.

Aunque el instrumento declare mecanismos para evitar respuestas duplicadas, no existe garantía de que quienes responden desde «Cuba» efectivamente se encuentren en el país, ni de que una misma persona no participe varias veces mediante distintos dispositivos. Yo mismo llené la encuesta tres veces desde diferentes navegadores falseando la pregunta sobre la residencia. Esto impide cualquier validación robusta de los resultados. 

En contraste, las encuestadoras profesionales en el mundo utilizan diseños muestrales estructurados que buscan garantizar la representatividad de la población. El estándar más sólido para estos casos es el muestreo probabilístico, donde cada individuo tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionado mediante procedimientos aleatorios. Este enfoque permite calcular márgenes de error, niveles de confianza y, sobre todo, inferir resultados hacia el conjunto de la población, precisamente porque la muestra reproduce —en términos estadísticos— la diversidad del universo que se quiere estudiar.

Por su parte, en el muestreo no probabilístico, —más común en estudios exploratorios o en contextos de difícil acceso—, aunque no existe selección aleatoria, sigue siendo imprescindible que el investigador controle activamente la composición de la muestra. Esto implica definir cuotas, criterios de inclusión y estrategias para equilibrar la presencia de distintos grupos sociales. Sin ese control, no sería una construcción metodológica y sí un agregado espontáneo de participantes, por tanto, el sesgo, más que probable, es estructural. Y esto hace que los resultados de encuestas abiertas en línea pueden servir, por ejemplo, para conocer la opinión de las audiencias del medio u organización que las promueve sobre un determinado tema, pero no pueden generalizarse al conjunto de la población.

Con esto en cuenta, me atrevo a aventurar que la encuesta es principalmente representativa de una audiencia opositora. Partiendo desde esta premisa, hay un dato que resulta especialmente merecedor de atención: ante la pregunta sobre un posible «acuerdo de transición sin procesamiento judicial a figuras del Gobierno», el 61% de los cubanos en la diáspora y el 58% de quienes respondieron desde Cuba consideraron que «es inaceptable» y que debe existir «justicia y rendición de cuentas plena». Este resultado indica que, incluso dentro de esa muestra específica, existe un consenso mayoritario en favor de una salida que priorice la sanción judicial por encima de cualquier arreglo político.

Sin embargo, esta posición también revela una contradicción importante con la experiencia histórica comparada. En múltiples procesos de transición de Estados autoritarios a democracias liberales —como en España tras la muerte de Franco, donde se aprobaron leyes de amnistía como parte de un pacto político más amplio— el cambio de régimen estuvo condicionado por acuerdos que limitaron o pospusieron la rendición de cuentas judicial. En América Latina ocurrió algo similar en países como Chile o Argentina, en los que las fuerzas salientes del poder garantizaron mecanismos de protección —autoamnistías, leyes de punto final o arreglos políticos— antes de permitir la apertura; que dejaron impunes miles de asesinatos, desapariciones y torturas.

Esto responde a una lógica elemental de las transiciones, pues quienes detentan el poder difícilmente aceptan abandonarlo si no existen garantías mínimas de que no serán objeto de represalias o persecuciones generalizadas. En ese sentido, una agenda política centrada exclusivamente en la sanción, sin espacio para la negociación o la construcción de consensos amplios —incluyendo a actores vinculados al propio proceso revolucionario, más allá de sus responsabilidades— reduce las probabilidades de una transición pactada, dejando como única salida la guerra civil interna o la transición forzada desde afuera. 

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Nada de lo anterior implica descalificar la importancia de generar datos sobre la opinión pública en Cuba. En el país existe un vacío real de instrumentos científicos que midan criterios políticos de manera sistemática. La institución que más se acerca a ello es el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión (CESPO), adscrito al Partido Comunista de Cuba, cuyos estudios no son públicos y, además, también presentan problemas de diseño e implementación. Recuerdo que, cuando estaba en quinto año de la carrera, un investigador de ese centro realizó una encuesta en la facultad, pero introdujo desde el inicio un sesgo evidente, al plantearla como una herramienta para evaluar si debía reforzarse el trabajo político-ideológico; un encuadre que condicionaba las respuestas de quienes participábamos y violaba un principio básico de la investigación cuantitativa: la neutralidad del investigador durante el trabajo de campo.

Ahora bien, que no existan condiciones para realizar encuestas plenamente representativas en la Isla no puede convertirse en un cheque en blanco para validar cualquier ejercicio como si lo fuera. El problema no es la existencia de sondeos, sino que, sin criterios de representatividad y con una muestra claramente sesgada, se intenten presentar como «la voz del pueblo cubano».

En contextos de alta polarización, hay riesgo real, además de en la ausencia de datos, en la circulación de datos sin contexto. Esta encuesta no refleja tanto lo que piensan los cubanos en su conjunto, como las dinámicas de opinión propias de determinados ecosistemas digitales, donde las posturas más extremas tienden a concentrarse y amplificarse mediante enjambres. 

Pero la sociedad cubana es mucho más diversa, contradictoria y compleja que cualquier muestra sesgada, y por tanto, presentar como consenso lo que en realidad es la expresión de un segmento específico no contribuye a comprender el país, sino a simplificarlo y, en el peor de los casos, a legitimar agendas con consecuencias potencialmente graves.

A todo ello hay que agregar que en un momento en que se deslizan declaraciones como que «Cuba es la siguiente», resultados como el supuesto apoyo mayoritario a una intervención militar es lo que más conviene para afianzar la narrativa de que todos los cubanos esperan la intervención como única esperanza de cambio, por tanto es el resultado necesario para  asentar la idea de que «los cubanos quieren una invasión». Si bien esa afirmación no puede sostenerse metodológicamente sobre una muestra autoseleccionada y sin control, perfectamente puede sumarse a las justificaciones para que caigan bombas sobre la Isla, que, como ha demostrado la experiencia en Gaza, Irak Irán y el Líbano, tampoco tienen control sobre a quién matan.