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Un informe reciente del Center for Economic and Policy Research (CEPR) ha puesto sobre la mesa la relación entre las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos y el deterioro de indicadores básicos de salud en Cuba, particularmente la mortalidad infantil.
El informe titulado Las sanciones de EE. UU. y el drástico aumento de la mortalidad infantil en Cuba documenta un cambio abrupto en uno de los indicadores históricos más sólidos del sistema social cubano. Para ello, se basa en una metodología que combina el análisis de estadísticas oficiales cubanas con datos comparables de organismos internacionales como el Banco Mundial y la ONU, a lo que se suma trabajo de campo realizado por los investigadores para constatar las dificultades del sistema de salud.
A partir de esas bases, el estudio realiza cálculos propios de «muertes excedentes» y se apoya en evidencia econométrica internacional —incluyendo estudios de regresión sobre el impacto de las sanciones en más de un centenar de países— para establecer relaciones causales entre sanciones, deterioro económico y aumento de la mortalidad.
Durante décadas, Cuba mantuvo una tasa de mortalidad infantil entre las más bajas del hemisferio occidental, incluso por debajo de Estados Unidos. Sin embargo, desde 2018 esa tasa ha pasado de 4,0 a 9,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2025, lo que representa un incremento del 148 %. A partir de ahí, el estudio estima que aproximadamente 1.800 muertes infantiles adicionales podrían haberse evitado si la tendencia previa a las últimas sanciones se hubiese mantenido .
El informe también señala que el incremento de la mortalidad infantil «ha tenido lugar en un periodo (…) marcado por una expansión y un endurecimiento sin precedentes del embargo comercial y financiero de Estados Unidos», y establece una relación causal apoyada en mecanismos económicos identificables. Según el propio documento, las sanciones adoptadas desde 2017 «están diseñadas para causar daños económicos (…) al reducir el acceso a divisas y a los mercados financieros internacionales», generando recesión, inflación y restricciones en la importación de bienes esenciales .
El texto refuerza esta tesis con evidencia comparada al citar un estudio publicado en The Lancet Global Health, según el cual las sanciones económicas amplias y unilaterales provocaron «aproximadamente 564.000 muertes anuales» a nivel global, con un impacto desproporcionado en niños menores de cinco años .
Igualmente, el comunicado del CEPR señala que el endurecimiento de las sanciones desde 2017 fue «probablemente la causa principal» del aumento de la mortalidad infantil en Cuba , y recoge la afirmación de uno de los autores de que la política de «máxima presión» ha tenido consecuencias humanas directas.
Según lo expuesto en el texto, entre las medidas más perjudiciales impuestas en los últimos años destacan aquellas dirigidas a restringir el acceso de Cuba a divisas y financiamiento: la creación de la Lista de Entidades Restringidas, que prohíbe transacciones con hoteles y empresas clave vinculadas al Estado; las limitaciones al turismo estadounidense, incluyendo la eliminación de viajes individuales y la prohibición de cruceros; las restricciones severas a las remesas, con topes y bloqueos a los canales formales; la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, que dificulta operaciones bancarias y financieras internacionales; la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que disuade la inversión extranjera mediante litigios; y las sanciones a las misiones médicas y al suministro de combustible, esta última considerada la medida más dañina por su impacto directo en el funcionamiento de la economía y los servicios básicos.
En adición, se relata que durante una visita de campo los investigadores constataron que los importadores cubanos «ya no podían obtener a precios accesibles suministros médicos básicos como jeringuillas, inhaladores o incluso solución salina», lo que limita directamente la capacidad de atención del sistema sanitario. Por otro lado, la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo ha hecho «extremadamente difícil obtener financiamiento (…) o simplemente realizar pagos internacionales» para adquirir medicamentos o equipos. Es decir, incluso cuando existen proveedores, el acceso efectivo a insumos queda bloqueado por barreras financieras.
Por lo documentado en el estudio, el deterioro del sistema de salud se evidencia también en el plano institucional con «escasez de suministros médicos críticos», dificultades para reparar equipos y una reducción significativa del personal especializado. Asimismo, el impacto del bloqueo energético reciente aparece como un factor agravante, pues los apagones están afectando el funcionamiento de equipos esenciales, «incluyendo incubadoras para bebés prematuros y ventiladores», mientras la falta de combustible ha paralizado ambulancias y transporte sanitario .
Por último, los investigadores advierten que la situación puede empeorar y que «es muy probable» que la mortalidad infantil haya seguido aumentando más allá de 2025 debido al desgaste acumulado del sistema de salud.
La escasez de personal, el deterioro de infraestructuras y las limitaciones de gestión evidencian problemas internos del sistema de salud cubano que no pueden ser ignorados. Sin embargo, la investigación del CEPR demuestra que las sanciones han operado como un factor multiplicador de esas debilidades, reduciendo significativamente la capacidad del país para sostener un sistema que, durante décadas, fue referencia en la región.
El informe de un tanque pensante norteamericano refuerza lo que La Joven Cuba ha sostenido en otras ocasiones: las sanciones han sido concebidas como un mecanismo de presión para inducir cambios en el sistema cubano, pero tras décadas de aplicación —y un reforzamiento en el último quinquenio— no han logrado avances sustantivos en materia de democratización ni en el respeto a los derechos humanos.
Por el contrario, el impacto de esta política se ha concentrado en el deterioro de los derechos económicos y sociales, afectando directamente el acceso a bienes esenciales como la salud, la alimentación o la energía, pues terminan debilitando la capacidad del Estado para garantizarlos y trasladan el costo hacia la población.
En ese sentido, la evidencia acumulada apunta a que la política de máxima presión, no solo ha sido ineficaz en sus objetivos declarados, sino que ha contribuido a agravar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, incluyendo —como muestra este informe— a quienes ni siquiera han tenido la posibilidad de participar en ese conflicto, pero, incluso antes de nacer, ya cargan con sus consecuencias.
