MIPYMES: licencia para hacer

Hablemos de MIPYMES. La opción cero consistía en declarar un estado de «sálvese quien pueda», «búsquese la vida», «cace su comida», «acarree agua desde un río y quite los marcos de puertas y ventanas para hacer leña, alumbrarse y cocinar». Puede parecer la trama de un libro post apocalíptico, pero en la década de los noventa estuvimos a un paso

¿Por qué nos salvamos? Porque el país se reinventó, se implementaron nuevas política económicas: primero, la inversión extranjera y la total apertura al turismo; luego, la legalización de unos pocos negocios por cuenta propia, y, cuando hizo falta, la ampliación de ese trabajo hasta convertirlo en un cuasi sector económico.

Fue una evolución progresiva y necesaria, que se iba renovando a medida que hacía falta, una revolución en la economía hasta ese momento híper-regulada y centralizada de la Isla. Pero en algún momento se detuvo la inventiva y, aunque hacía falta y las fuerzas productivas estaban maduras y la psicología individual estaba lista, no se dio el siguiente paso, ese que pudiera ayudar a convertir la economía cubana en economía funcional: la implementación de un verdadero sector privado, encarnado en las micro, pequeñas y medianas empresas, o MIPYMES.

No se trata de un tema actual ni surgió de la crisis generada por Trump y el coronavirus –o Coronatrump directamente–, sino que es un tema más antiguo que el patógeno y el magnate –valga la redundancia–, y que, con la tragedia económica devengada, toma vigencia nuevamente. Es necesario repensar nuestras formas de gestión y las MIPYMES son una respuesta lógica y una evolución natural a lo que se ha venido haciendo en Cuba en materia económica, porque estas no entran en contradicción con el modelo socialista, al contrario, pueden aportarle mucho.

No se trata de potenciar una oligarquía ni fundar grandes consorcios privados. Las MIPYMES pueden dividirse en tres grupos: microempresas, con sólo 10 trabajadores; pequeñas empresas, que pueden emplear hasta 50 trabajadores; y mediana empresa, que pueden tener en nómina hasta 250 empleados. ¿Por qué no se implementa esta forma de gestión?

Quizás sea temor gubernamental. Si es así, es un temor basado en la política y no en la economía –sin desestimar la primera–. A la vez, los medios de difusión nacionales promueven comprensibles campañas a favor del trabajo digno y honrado y del crecimiento económico que este traería a la sociedad, pero en Cuba actualmente existe un proto-modelo del sector privado, muy rudimentario, llamado trabajo por cuenta propia (TPC), que no tiene la capacidad de ofrecer desarrollo económico real al país porque, amén excepciones –y las hay–, el trabajo por cuenta propia no rebasa lo micro, ni tiene una perspectiva de desarrollo más allá de la subsistencia.

Por demás, no logra el abaratamiento de los costos, ni la generación progresiva de ingresos. Entonces, el TCP tiene una influencia muy limitada en el crecimiento económico nacional.

Una de las cosas que más lastran esta forma de gestión es el sistema de licencias, restringido y muy caprichoso, ya que la emisión o no de estas, muchas veces obedece a misteriosas políticas estatales y no a la importancia de la misión social de un negocio o a la generación de bienes.

Así sucede que si se te ocurre una idea o un producto innovador que cubrirá una demanda y aportará al país por concepto de bienes, impuestos y puestos de empleo, debes cruzar los dedos de las manos para que esté tipificado en la lista de licencias. Si lo está, cruzar entonces los dedos de los pies para que no esté sujeta a restricciones. De lo contrario, ¡quieto!, o estarás contraviniendo leyes y serías, por definición, en vez de un emprendedor, un delincuente. Así de escuálida es la frontera entre los dos términos.

Por otra parte, el sector estatal tampoco es todo lo productivo que pudiera. Para empezar, cuenta con un superávit de trabajadores, y este es uno de los pocos casos donde superávit no significa nada bueno. Este exceso de plantilla quedó demostrado con el advenimiento de la epidemia –la viral, no la presidencial republicana– cuando quedaron cesantes temporalmente centenas de miles de trabajadores –con remuneración, por supuesto– y el aparato estatal siguió funcionando como antes.

Claro que cantidad y calidad aquí son términos sin relación alguna y se pagan miles de salarios de más y a cada trabajador estatal, según la matemática euclidiana de pañoleta azul, le tocan miles de pesos menos.

Este exceso de nóminas saltará con la inflación resultante de la unificación monetaria, que obligará a las empresas estatales a prescindir de muchos trabajadores. Por supuesto, la política no puede ser tirarlos a la calle, el deber estatal sería ofrecerles ayuda económica y, en resumen, seguirían siendo asalariados del Estado, vía seguridad social, con la curiosa característica de que no trabajarían.

La implementación de las MIPYMES podría emplear a esta masa laboral, experimentada y en muchos casos con altos niveles de formación –incluso el proto-sector del TCP, con todas sus limitaciones, redujo el clásico empleo estatal a un 75% en sólo una década–. A la vez, los trabajadores que queden en el sector estatal podrán asumir de forma menos traumática la inflación, ya que la remuneración por su trabajo se incrementaría al disminuir la responsabilidad estatal de pagar miles y miles de nóminas improductivas.

En esencia, uno de los mayores beneficiarios de la completa implementación de las MIPYMES sería el propio Estado. Se establece aquí una relación simbiótica entre ambas formas de gestión que se aleja mucho del pensamiento tradicionalista que opone lo estatal a lo privado.

Las MIPYMES pueden llegar a ser generadoras de innovación científica y grandes bancos de soluciones en cuya búsqueda se desangra el país, muchas veces sin encontrarlas, con un coste económico y político prohibitivo y, en este momento, peligroso. Manejar hasta sus últimos resquicios las redes gastronómicas y comerciales; ser el responsable de cada complemento, objeto y pieza, no debe ser –excepto donde sea pertinente– la labor del Estado.

He aquí la causa de una hemorragia que luego se nota en la anemia de sus verdaderas responsabilidades, a saber, la salud, la educación, la seguridad social, la explotación y el manejo de los recursos del país, la industria farmacéutica, el medio ambiente, la seguridad de sus ciudadanos.

La implementación completa de las MIPYMES puede liberar a la dirección del país de deberes fútiles y reorientar la voluntad política y las cuentas nacionales hacia donde pueda potenciar con más eficacia el socialismo, que no es precisamente en una cafetería, ni en una fábrica de conservas. He ahí otro aspecto a tener en cuenta a la hora de hablar de simbiosis y sinergia entre las formas de gestión.

El tema no es que el Estado cubano considere al mercado como protagonista de la economía. Sería una contradicción con el modelo socialista, además, el rotundo fracaso del Bloque del Este, mal aplicando este híbrido –con más política entonces que economía– les sirvió de ejemplo a los legisladores y economistas cubanos para saber lo que no se debe hacer. 

No obstante, no parece haber tal contradicción entre el modelo socialista y las formas de gestión de las MIPYMES, que sí han mostrado excelentes resultados en otras partes del mundo, tanto en países socialistas como capitalistas. Por supuesto, estos países responden a otras realidades y la implementación de esa forma de gestión encierra ciertos peligros, como el del surgimiento de una pequeña burguesía, por ejemplo.  

Es algo que debe manejarse con inteligencia, pero es mucho más peligrosa la burguesía informal e invisible que ya existe, cuya única materia prima es la incómoda posición económica en que se encuentra el país desde hace décadas, la improductividad, el desabastecimiento. Entonces, lo ideal, lo inteligente, lo justo, sería quitarles la materia prima, desabastecerlos, y si de tipificar licencias se trata, tipificar una sola: la licencia para hacer.