La causa de las cosas

El pasado domingo Juventud Rebelde preguntaba en su portada: ¿Para qué los jóvenes necesitamos la política?, y después de un breve comentario remitía a otro artículo sobre el mismo tema. En esencia, este daba a conocer parte del contenido de una aplicación desarrollada por una prestigiosa universidad cubana en beneficio de la ampliación de la cultura política y jurídica de la población, un empeño loable. El día anterior, un reportaje en el Noticiero de la Televisión Cubana se hacía eco de una campaña nacional del Ministerio de Salud Pública. Bajo el slogan La salud es gratis pero cuesta, al parecer su propósito es mostrar el costo que tiene el mantenimiento de la salud en Cuba, con independencia de su gratuidad.

Las diferentes opiniones que esa campaña ha suscitado en la esfera pública, pueden ser constatadas más allá de los innumerables debates en las redes sociales y el espectro de publicaciones que allí se producen. En realidad la mencionada campaña llevaba algunos años desplegándose desde la aprobación de un significativo recorte del presupuesto para lograr mayor eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos. No era la primera vez que dicha matriz obtenía cobertura en el medio televisivo nacional. ¿Qué ha causado entonces esas opiniones? ¿Tendrá que ver con las características, las urgencias y contradicciones crecientes en la sociedad cubana? ¿Tendrá que ver con la reflexión sobre la importancia y necesidad de la política que hace Juventud Rebelde a un sector etáreo del país?

Resulta elemental asumir que la campaña La salud es gratis pero cuesta, es esencialmente política. Primero porque ha sido delineada y decidida como tal por el órgano público que ejerce la rectoría del sistema de salud, segundo porque tiene como objetivo influir en la sociedad usando la comunicación social. Su finalidad aparente puede ser deducida por el mensaje y contenidos que transmite, no cabe hacer otra cosa. Pero cuando se construye un mensaje para influir en la opinión pública y éste resulta ser controvertido y no cubre satisfactoriamente las posibles interpretaciones que de él se hagan, puede resultar ser potencialmente desastroso a la finalidad para la que se concibió. Ese es también un resultado político del que resulta difícil desligarse.

La política, como manera de ejercer influencia social, supone también asumir y tomar en cuenta esa responsabilidad. No hay que olvidar que la mayoría de los grandes eventos políticos son alimentados, o se desencadenan, por cuestiones que parecen ser insignificantes. Una pregunta, que eventualmente pudiera entenderse como anodina por su sencillez, puede servir sin embargo para apreciar algunos aspectos claves para entender el origen de esas reacciones y la naturaleza y consecuencias políticas de la misma: ¿pudo ser diferente el slogan de la campaña?

El problema de fondo es que el objeto de la campaña: el derecho a la salud, responde a unos fundamentos filosóficos y constitucionales, que respaldan un extraordinario – en nuestras condiciones de desarrollo económico –  ejercicio ciudadano, que en el mensaje promocionado por nuestros medios televisivos, se soslayan y difuminan. ¿Nadie se dio cuenta de ello?¿se subvaloró? Desde los fundamentos sobre los que se organiza el sistema de salud cubano y la ética de la mayoría de sus profesionales: la atención a la salud de la población no es un bien, ni servicios susceptibles a la enajenación y prestación onerosa, sino un auténtico derecho consagrado en la Constitución y garantizado a los cubanos y cubanas en un sistema altamente extendido, desarrollado además, como parte de las estructuras de la civilización construidas en Cuba en correspondencia a la finalidad de lograr el bien común y el carácter accesible que define el sentido de lo público defendido para sus instituciones por las nociones de la República y del Socialismo.

De modo que no es que el Derecho a la Salud sea gratis, como si fuese una cualidad reversible o condicional, dependiente de ofertas y demandas, o de determinismos y condicionantes económicos, es que se atiene un sencillo y elemental dogma de nuestro constitucionalismo –también de la decencia–: con los derechos no se lucra. Una reflexión elemental sobre el envejecimiento de la población cubana y sus índices de esperanza de vida podría arrojar que los gastos –descontando los realizados por concepto de salarios– que enfrentará el presupuesto nacional para sostener la garantía del derecho a la salud no sólo deberán incrementarse aceleradamente en los próximos años, sino que el propio sistema de atención tendrá que replantearse, extenderse y especializarse aún más para poder enfrentar ese desafío.

No sé si es ingenuo entregar y divulgar mediáticamente, ¨facturas de cortesía¨ de costos estimados de la atención médica, o cuan residual puede ser de mareas que durante años han llegado a nosotros desde instancias gubernamentales y políticas demonizando un pretendido fantasma llamado gratuidades. Lo que me parece muy evidente es lo sustancialmente simbólicas y holográficas que ellas resultan de la cobranza típica de cualquier servicio, y que hacerlo poliniza, se tenga intención o no, algunas ideas subyacentes en las relaciones sociales vinculadas a la erosión y descarte social del principio de igualdad, al afán de lucro y la consiguiente mercantilización de los derechos en Cuba.

Ahora que en nuestra realidad los imaginarios sociales son asediados cotidianamente por efectivas e impunes simplificaciones del capitalismo. Travestidas como representaciones de modernidad y de un pujante ¨proceso de modernización¨, capaces de trastocar en cualquier espacio, en principio semánticamente, atención por servicio, usuario por cliente, capitalista por emprendedor, ciudadano por consumidor, en la creación de una nueva cultura social, hay que advertir una vez más que lo simbólico sigue siendo un campo de batalla crucial de las ideologías. Todo aparente nihilismo y autismo político en nombre de criterios de rentabilidad y eficiencia al interior de las instituciones y de las políticas públicas que ellas planeen y ejecuten, ha sido siempre un primer paso para la conculcación de derechos y libertades trabajosamente alcanzadas y sostenidas.

Se abren paso ya en nuestras relaciones sociales, diversas expectativas, demandas y modos de entender la realidad que impostan la canibalización de lo público con la aparente inocuidad de su convivencia con servicios privados bajo un mantra de calidad, personalización de la atención y confort. Tales ideas, enfocadas directamente a la educación y la salud, pero también en otras ramas, están siendo promovidas por élites de triunfadores y una cohorte de entusiastas servidores. Estos han hecho del paradigma de su propio éxito personal la piedra rosetta para descifrar el desmantelamiento del Estado y el Socialismo, mediante su equiparación con anonadantes y contradictorias formas económicas y estatales que muchas veces burócratas, prohibiciones, urgencias, mediocridades y errores nos impusieron.

No hay que olvidar que el reto que tienen esas élites, a largo plazo, y mientras se consolidan como clase, sobrepasa el ámbito meramente económico y se extiende y apunta directamente al poder político. Es precisamente por ello que necesitan partir de la apropiación de conceptos, o su reformulación, de mediaciones y creación de consensos y sentidos que le permitan introducir nuevas relaciones de poder capaces de portar sus intereses y encausarlas en el funcionamiento de instituciones, en las decisiones que dentro de ellas se tomen, cuando no en su diseño y función social.

Como nos enseña la mundialmente exitosa promoción e internalización de los derechos de los consumidores por sobre los derechos de los ciudadanos, la percepción de la política y las actitudes que se tienen en relación a ella, pueden ser absorbidas y suplantadas con relativa facilidad por sistemas de atención al cliente que dan la sensación a sus usuarios de participar, ser escuchados, respetados y tomados en cuenta. Incluso en mercados relativamente cautivos y homogenizados como los nuestros; y de hacerlo, anestesiando y anulando la posibilidad de cualquier ejercicio de pensamiento que repare en el carácter típicamente excluyente de la igualdad que posee el mercado cuando pierde su función y límites sociales.

Confundir la política con técnicas de administración o de publicidad, tratar a ciudadanos como espectadores y consumidores abúlicos, o como subordinados ubicados dentro un orden jerárquico, o intentar enfrentar y resolver complejísimos problemas de la sociedad como si fuere dentro del mundo empresarial puede ser también, desgraciadamente, un resultado de haber subestimado la política y un indicio, además, de haberla olvidado y no saberla hacer.

Una crisis del conocimiento de la política, y de su manejo para articular y regular las inestables relaciones de poder que se establecen constantemente en cualquier sociedad, casi siempre se traduce en la fascinación por prácticas rituales del poder que acaban por ser una carcasa vacía. Entender el valor de la política, redescubrirla y practicarla de forma creadora y lúcida, realista, popularizarla y socializarla como la virtud ciudadana más valiosa de una sociedad puede ser ya una necesidad que en nuestro caso y circunstancias, adquiere significaciones de sobrevida para un proyecto, sus instituciones y la manera en que se reproduce socialmente.

Ciertamente lograr un grado de interés de los ciudadanos por la política está esencialmente determinado por la efectividad que ellos alcancen en la toma de decisiones que atañen a los procesos económicos, políticos, culturales y sociales que inciden en la realización de sus proyectos de vida, no ya como sujetos pasivos que son consultados sobre las decisiones gubernamentales, sino como sujetos activos que intervienen en ellas mediante la iniciativa y propuesta, la deliberación, el acuerdo y su implementación práctica.

Como se conoce, las actitudes que los ciudadanos tienen sobre la política se desarrollan generalmente a partir de tres grandes ejes:

1) la información y el conocimiento que dominen sobre el funcionamiento de su sistema político (y económico y social) y los derechos que les son reconocidos y garantizados, así como las prácticas y ejercicios de ciudadanía que dentro de él pueden desarrollar efectivamente;

2) los sentimientos que tienen sobre el sistema político como organizador de la gestión de la diversidad de aspiraciones, demandas, metas y objetivos individuales;

3) la evaluación que hacen los ciudadanos del funcionamiento del sistema político como zona de realización y satisfacción óptima de sus intereses.

Si el primero de tales ejes es esencial a la formación del pensamiento, a la racionalidad y la cultura, y a la existencia de una identidad ciudadana construida desde prácticas individuales y colectivas que sean resultado y al mismo tiempo validen y reproduzcan los valores cívicos que conviertan en práctica social a la política, tal como reivindica el diario Juventud Rebelde, los otros dos ejes están intensamente mediados por la relación de afectividad que sostengan los individuos con su sistema político.

Esto último remarca la importancia de la política, sus oscilaciones, sensibilidad y el papel y las acciones de sus actores, pero sobre todo el valor fundamental del conocimiento y apropiación de las ideas, los principios, los derechos y las reglas que se dio – o se pueda dar –  la propia sociedad cubana, como cualquier otra, para su funcionamiento y la consecución de la felicidad y la justicia por los cubanos y las cubanas.

Por esa razón, por ser esos sus contenidos y su emancipador alcance, es que en tiempos de reforma de su letra pensamos precisamente en ese sol de nuestro mundo ciudadano que es la Constitución,  en su destino, por lo que es, por lo que podemos entre todos hacer que sea y también por lo que está en juego, y porque el ejercicio de pensar que intentamos hacer como simples ciudadanos siempre será más difícil y hermoso – y naturalmente riesgoso –  que el execrable oficio de encender hogueras para revolucionarios.

(Con autorización del autor este artículo ha sido editado en función de abreviarlo, su contenido íntegro aparecerá en Rebelión)