Es de esperar que los grandes acontecimientos estén matizados con frases de trascendencia y vuelo poético. No obstante, teniendo en cuenta la semiótica e imaginería creada alrededor del tema durante décadas, el titular de Cubadebate fue muy objetivo: «Gaceta Oficial publica resolución que autoriza comercialización de carne bovina, leche y derivados». Vale para el caso hacer una paráfrasis: esta es una pequeña resolución para un ministerio, pero un gran salto para la hemoglobina nacional.

Los andares históricos de la carne de res

A mediados del siglo XVI, la economía colonial en Cuba era un fracaso. El agotamiento del oro –escaso por demás desde un inicio-, el fin del sistema de encomiendas, la extinción/asimilación de los nativos y la fuga de muchos españoles hacía la Península o al recién creado virreinato de Nueva España, hacía que la población estuviera en torno a las 3000 personas.

Con esa ínfima cantidad de habitantes era difícil desarrollar cualquier actividad económica compleja. En tal precariedad está quizás el germen de lo que con los siglos se convertiría en tradición nacional: las crisis económicas. No obstante, en aquel lejano momento, la salvación llegó a través de lo que hoy podría parecernos una ironía histórica: la ganadería.

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Desde los primeros años de la colonización se introdujeron en Cuba diferentes tipos de animales, con diversos objetivos. Los cerdos y las reses se adaptaron con facilidad al clima, y comieron y rumiaron con placer la inmaculada flora del interior de la Isla. La ausencia de cercados eficientes hizo que parte de esa masa ganadera se escapara a los bosques. La escasez de personas y la inexistencia de depredadores contribuyeron a que, para 1540, hubiera la cantidad de –¡pausa dramática!– diez mil cabezas de ganado. Correspondería según los censos a más de tres reses por persona.

Para esas fechas aumentó la demanda europea de productos derivados de estos animales, sobre todo cuero. Créase o no, esos factores hicieron que la ganadería vacuna se convirtiera en la principal actividad económica del país. En competencia con el comercio oficial español, estaba el mercado negro –otra de nuestras más antiguas tradiciones–, llamado contrabando o comercio de rescate. La mismísima palabra bucanero tiene allá su origen: deriva del aruaco moukem –ahumado– y nombraba a los traficantes de carne y cuero.

La apropiación de tierras para ganado creó verdaderos latifundios. El espacio dispuesto para la cría se denominó hato y tenía una extensión media de 22 000 hectáreas. Eran de forma circular, por lo que entre uno y otro quedaban espacios sin asignar llamados realengos, tomados por las clases bajas.

La estructura clasista sobre esa base y los latifundios ganaderos continuaron existiendo durante siglos. Para la década de 1950 había alrededor de seis millones de cabezas de ganado en una población de siete millones de personas. Esta industria era, junto con la azucarera y la frutícola, ejemplo de injusticia social, latrocinio de tierras y compraventa de autoridades. Haría falta una revolución que redistribuyera los bienes y continuara –al menos por un tiempo–con la exitosa producción ganadera.

La carne en la Revolución

El Gobierno Revolucionario identificó tempranamente la actividad como prioritaria. Los precios de la carne roja eran altos en el mercado internacional, así como los de otros derivados del ganado vacuno. Las reformas agrarias nacionalizaron las tierras dedicadas al pastoreo y se comenzó un proceso que desarrollaría la industria, con la creación de institutos especializados y centros de investigación genética.

El propósito era convertir la ganadería extensiva en intensiva a través de la alimentación, la genética y la infraestructura. Con la importación de 35 000 novillas de raza Holstein de Canadá, sementales y semen congelado, las hembras con característica lecheras aumentaron del 12% en 1966, al 54% en el 1971. En 1990 había casi cinco millones de cabezas de ganado.

No obstante el salto tecnológico y las intenciones gubernamentales de producir leche y carne como lo haría cualquier país industrializado, los proyectos no salieron todo lo bien que se esperaba. Las nuevas creaciones genéticas cubano-canadienses exigían condiciones climáticas distintas y mejor alimentación, por ello se debió importar materias primas para producir pienso.

El modelo ganadero pasó a depender de recursos externos. Los acuerdos con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que requerían de Cuba productos cuya calidad sólo es óptima en el trópico -a saber, azúcar y cítricos- hicieron que la atención se pusiera en esas áreas. Insertados en el CAME, importar carne no resultaba caro para el país –aun recordamos el término carne rusa, usado todavía como referencia a la carne enlatada–. El esfuerzo de la Isla se centró en satisfacer el único mercado disponible: el soviético.

Tras la desaparición del CAME y del bloque socialista europeo era imposible entonces mantener la infraestructura industrial, la alimentación animal y, por ello, la masa ganadera. Inmediatamente se manifestaron las consecuencias de uno de los errores –también tradicionales- de la administración del sector: atarse de principio a fin a lo externo.

Para colmo, la idea generalizada de que es fértil el suelo nacional resulta ser parcialmente falsa: la salinización y degradación ha sido y es uno de los principales problemas medioambientales del país. Bajo estas condiciones, y teniendo en cuenta que en las zonas tropicales las temperaturas están cerca de la máxima tolerable para los cultivos, a lo que se suman las cada vez más frecuentes sequías, es difícil reanimar una industria que lo es solo de nombre, pues se parece más a una manufactura.

La protección del ganado vacuno ha sido casi una especie de obsesión gubernamental y se dictaron severas leyes para castigar a aquellos que dispusieran de él por su cuenta. Quienes vivieron los años noventa recordarán las condenas a los nuevos bucaneros, muchos de los cuales todavía están cumpliendo prisión por hurto y sacrificio de ganado mayor, o venta, receptación y tráfico de carne de res. En eso tanta culpa tiene el que mata la vaca.

No obstante las medidas punitivas, nunca se promulgaron otras de estímulo, basadas en el interés del productor y liberándolo de cargas legales que han hecho a muchos campesinos considerar que tener vacas es una candela. Ellos son los responsables –básicamente guardaespaldas– de la salud y el bienestar de un animal objetivo de matarifes y por cuya carne se pagan ingentes sumas de dinero en el mercado negro.

La novedad

Para sorpresa de todos, el 5 de mayo pasado la noticia fue la legalización de la venta de carne de res, según la Resolución 139 del 2021 del Ministerio de Agricultura. La medida deja claro quién y cómo vende, y la economía establecerá quién y cuándo compra. Es una normativa lógica que puede arrojar a mediano plazo resultados positivos, ya que una vez satisfechos los contratos, el productor podrá disponer del resto para la venta en CUP o MLC. También, propicia la producción tanto de carne como de leche, y se reducen los impuestos y el costo de la electricidad.

La nueva regulación describe cómo debe ser el proceso de sacrificio. Los mataderos de urgencia –curioso nombre– de las empresa pecuarias, las plantas cárnicas, los mataderos del Grupo Empresarial AZCUBA, la Unión Agropecuaria Militar –no podía faltar–, y el grupo empresarial de la Industria Alimentaria, entre otros, son los escenarios donde los productores, finalmente y bajo la atenta mirada estatal, podrán disponer de los animales que tanto trabajo y esfuerzo les cuesta criar.

La venta de la carne puede realizarse ahí mismo, en los mataderos –a otras entidades o personas jurídicas, supongo–, y además, en redes especializadas dispuestas por gobiernos municipales, entidades del turismo, tiendas y mercados en MLC y la Zona de Desarrollo del Mariel, estos últimos, los más tentadores para los productores.

Aun con todo lo positivo que tiene esta novedad -practica asentada, antigua y común en cualquier lugar allende los mares– es insuficiente, pues la carne que quede luego de cumplir los contratos con el Estado irá a parar irremediablemente al mercado en MLC. Además, las medidas siguen tendiendo al Estado como el gran hermano que vigila y coarta. Tampoco existen medios e infraestructura para potenciar la producción. Sin embargo, es un pequeño paso inicial para romper la inercia que impide resolver la crisis ganadera.

Más allá del bombo y platillo con que fueron recibidas, estas medidas, además de necesarias, son básicas. Entonces, ¿por qué la demora, sobre todo teniendo en cuenta que llevan casi dos décadas engavetadas?

En 2004 ya existía un programa de «Formación en Economía para Altos Funcionarios del Gobierno de Cuba», financiado por la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, en colaboración con la Universidad de Uruguay y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba, centrado en el tema de la ganadería. En él se plantearon alternativas para el desarrollo de ese sector, he aquí algunas:

– Asignar capacidad de compra a los ganaderos de acuerdo al volumen de leche entregada.

– A partir de una cuota inicial fijada históricamente para cada productor, pagar la leche adicional entregada a acopio a precios equivalentes a los de oferta y demanda.

– Establecer un rango de diferenciación en la escala de precios acorde a normas de calidad a establecer por la industria procesadora.

– Fijar un impuesto sobre las tierras ganaderas que estimule la plena utilización de este recurso.

– Eliminar de forma gradual y controlada las prohibiciones que limitan la capacidad de decisión de los productores en relación al manejo del rebaño.

Básicamente proponen lo mismo que dieciocho años después, en medio de una verdadera crisis nacional y global, se acaba de legalizar. Sea la aprobación del trabajo por cuenta propia, las MiPyMes, o la unificación monetaria, existe una tendencia gubernamental a la procrastinación obstinada e infantil, a no hacer la tarea hasta que el padre se quite el cinto, a esperar a tener el agua al cuello. La Resolución 139 del 2021 es una bocanada de aire para los ganaderos cubanos y un soplo de esperanza para la hemoglobina nacional.