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La administración Trump afirma estar al lado del pueblo cubano, y el secretario de Estado Marco Rubio no ha dejado de invocar su derecho a la libertad y la dignidad en sus declaraciones sobre la Isla. Sin embargo, con cada nueva orden ejecutiva firmada desde Washington, se añade una capa más a la crisis cotidiana de quienes viven en la Isla.
El 3 de junio, una nota del Banco Central de Cuba informó que un banco extranjero que procesaba en la Isla operaciones realizadas con tarjetas Visa y Mastercard comunicó a FINCIMEX S.A. la interrupción de su relación comercial. Solo quedarían disponibles el efectivo y las tarjetas prepago nacionales Clásica y Tropical, así como las internacionales Mir y UnionPay.
Según la información oficial, la decisión fue recibida el 2 de junio y se vinculó de forma directa con la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo. El comunicado añadió que, a partir del 6 de junio, cuando entraría en vigor la medida, se hacía «ilícito e imposible» continuar la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana, por lo que el país quedaba imposibilitado de recibir ingresos por comercialización de bienes y servicios mediante esas dos redes internacionales de pago.
Para conocer el impacto de esta medida La Joven Cuba consultó a tres economistas que analizaron sus efectos sobre la economía nacional.
Para Carlos Enrique González es una «pésima noticia». A su juicio, el pago con estas tarjetas era una de las escasas vías de entrada de dinero por medios no efectivos que aún quedaban disponibles para Cuba. Según explicó, la sustitución de esos flujos por efectivo complica tanto a las familias como al Estado y también a los actores privados, pues manejar divisas en metálico supone mayores costos, dificultades logísticas y más obstáculos para insertarlas luego en circuitos comerciales y financieros.
«El efectivo, si va al Estado, tiene que luego el Estado reportarlo, encontrar un banco que se lo acepte y eso es un problema tremendo», señaló. En su opinión, los privados también se verán afectados, pues se podrían complicar las formas de pago en dólares hacia proveedores extranjeros: «lo que hace es encarecer todo el proceso de importación y de poner productos». Sobre el efecto que tendría en las familias precisó que hay «familias en Cuba con parientes en el extranjero cuya forma de mandarles las remesas es precisamente poner dinero en una de esas tarjetas», que la gente tiene dentro del país y usa «principalmente comprando en las tiendas».
Sin embargo, el economista, sin justificar la política de Washington, consideró que la concentración de estos procesos financieros en FINCIMEX, una entidad dentro del GAESA, le da a Estados Unidos una justificación para aplicar sus sanciones: «Si hubiera varias empresas a través de las cuales tú pudieras procesar eso, o que Fincimex no estuviera dentro del GAE [Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias], le quitabas el argumento a los del lado de allá para hacerlo». Por eso concluyó que, en lugar de ayudar a evadir el bloqueo, el proceso de concentración en el GAE «lo que ha hecho es facilitar el trabajo del bloqueo».
Por su parte, Omar Everleny Pérez Villanueva coincidió en que «evidentemente es un gran golpe para la economía cubana», aunque, a su juicio, no toda la población cubana utiliza esas tarjetas, por lo que, en su opinión, no se puede hablar de un colapso inmediato para el día a día del ciudadano de a pie.
Sobre el impacto en el sector privado, según el experto, un dueño de negocio que paga en el exterior con su tarjeta no encuentra problemas para realizar compras internacionales, pues la opera de forma remota; el obstáculo surge cuando la operación depende de una pasarela de pago cubana. «Lo que no puedes es pagarle a un negocio que funciona en Cuba, una empresita que está en Cuba que te dice: “Yo le voy a traer a usted tantos kilogramos de mantequilla, págame por esta pasarela de pago”. Ya eso no va a existir». Por lo que esa limitación corta una infraestructura que venía articulando parte del comercio privado dentro del país.
Donde sí prevé un golpe estructural de mayor alcance es en el turismo. Aunque señaló que ese sector «está en el piso» y por tanto el impacto no es todavía demoledor, advirtió que la medida cierra una puerta que no será fácil volver a abrir: «En la medida en que se recupere el turismo, si no recuperas el uso de tarjetas internacionales, es un país que no existe».
En otro orden, Ricardo González Águila amplió el horizonte del análisis hacia las consecuencias macroeconómicas. A su criterio, la medida «incide en el sistema de pagos, encarecerá aún más las transacciones internacionales de Cuba con el resto del mundo, un hecho con consecuencias sobre las finanzas y el comercio exterior». Aunque reconoció que es difícil estimar la magnitud exacta del impacto en este momento, advirtió que «la decisión supone un problema añadido para una economía con demasiadas vulnerabilidades acumuladas», y que en el contexto actual «cualquier presión adicional —por mínima que parezca— tiene el potencial de desatar eventualmente una crisis humanitaria de dimensiones desconocidas».
Su análisis también señala el riesgo de un mayor aislamiento geoeconómico: la medida hará a Cuba «más dependiente de los intercambios bilaterales con aliados como Rusia y China». En el plano interno, prevé que los efectos sobre el comercio y las finanzas internacionales «podrían trasladarse hacia el sector real —oferta de bienes y servicios— y hacia los equilibrios monetarios —inflación y tipo de cambio informal—, acelerando la tendencia al deterioro que se viene observando en los últimos meses». Una advertencia que conecta con procesos ya visibles en la economía cotidiana de la Isla.
La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, autoriza bloquear propiedades e intereses de personas o entidades vinculadas —directa o indirectamente— con sectores considerados estratégicos de la economía cubana, entre ellos el de servicios financieros. Unido a esto, permite sancionar a quienes operen en esos sectores, actúen en nombre del Gobierno de Cuba o le presten asistencia material o financiera.
Uno de sus apartados más relevantes para entender lo ocurrido con Visa y Mastercard es el referido a las instituciones financieras extranjeras: el secretario del Tesoro puede imponer sanciones a cualquier banco o entidad foránea que haya facilitado transacciones significativas para o en nombre de una persona bloqueada bajo esa orden, incluida la prohibición de operar cuentas corresponsales en Estados Unidos.
Por tanto, el mecanismo, al enunciar términos tan generales, empuja a que, incluso antes de ser sancionados, bancos y operadores internacionales se retiren de cualquier relación que Washington pueda interpretar como un vínculo con actores cubanos sancionables. Es lo que se conoce como overcompliance o sobrecumplimiento, y expresa la tendencia de instituciones financieras a ir más allá de lo que la norma exige y cortar vínculos con países o entidades sancionadas por simple precaución, para evitar cualquier riesgo de multa o represalia futura.
La cancelación del procesamiento de Visa y Mastercard en Cuba se suma a una secuencia de restricciones que en los últimos meses ha alcanzado a navieras, proveedores de combustible y operadores logísticos internacionales. En todos los casos las medidas se anuncian como instrumentos dirigidos contra estructuras estatales, pero sus efectos concretos terminan recayendo sobre la población.
En una economía donde la inflación debilita el poder adquisitivo, la oferta de bienes básicos es insuficiente y las familias dependen de los recursos que llegan desde el exterior, cualquier restricción adicional sobre los canales de remesas o de pago electrónico es una presión directa sobre las condiciones materiales de existencia de personas que ya viven al límite.
Resulta legítimo y necesario analizar con rigor las responsabilidades internas del gobierno cubano en el deterioro económico acumulado, y las decisiones que, como señaló Carlos Enrique González, han facilitado el trabajo del cerco. Pero el análisis honesto de la situación también exige reconocer que una política de sanciones que lleva décadas aplicándose sin producir los cambios políticos que declara buscar, y que en cambio contribuye a agravar indicadores de salud, alimentación y bienestar de la población civil, merece ser cuestionada en sus propios términos.
Cuando la presión económica alcanza un nivel capaz de «desatar eventualmente una crisis humanitaria de dimensiones desconocidas»,como advierte Ricardo González Águila, conviene recordar que, independientemente de los errores que cometa la administración de un país, ningún gobierno extranjero tiene derecho a infligir ese costo sobre una población civil.
