Cuba: entre los vaivenes de una política económica fallida y los problemas irresueltos

Desde el rotundo fracaso de la mal llamada zafra de los Diez Millones, que obligó a Fidel Castro a abandonar —aunque solo temporalmente— el voluntarismo que había caracterizado su política económica; la economía cubana se ha caracterizado por oscilaciones entre una férrea centralización burocrática y períodos de moderada descentralización; entre la adopción de criterios de mercado y su abandono y reemplazo por mecanismos administrativos de «ordeno y mando»; entre cierto crecimiento cuando se producen medidas de reforma y un estancamiento cuando estas son frenadas.

Las reformas, siempre parciales y no integradas desde el punto de vista sistémico, suelen adoptarse cuando la economía está en estado calamitoso, y se frenan cuando inicia una recuperación, así sea leve. De tal modo, hemos pasado en la segunda mitad de los setenta y primeros años ochenta, por la introducción de un sistema de dirección y planificación de la economía que seguía el patrón soviético, al que jamás se le permitió funcionar plenamente y que fue acompañado de cierta liberalización de los mercados agropecuarios y artesanales.

A ello continuó, en la segunda mitad de los ochenta, el período de «rectificación de errores y tendencias negativas», que significó una nueva recentralización de las decisiones económicas, el abandono de los mecanismos de mercado y la persecución y posterior cierre de la actividad privada de los mercados mencionados.

El derrumbe de los regímenes dirigidos por partidos comunistas en Europa Oriental, la disolución de la Unión Soviética y la profunda crisis de la economía cubana de principios de los noventa, condujeron a nuevos aires liberalizadores desde el punto de vista económico —que se refrenaron en la segunda mitad de la década, cuando la crisis se consideró superada.

Dicha crisis obligó —entre otras medidas—, a una reforma de la administración central del Estado, del sistema bancario y financiero, del sistema tributario, a una apertura a la inversión directa extranjera y a la reintroducción del trabajo por cuenta propia. Sin embargo, este último aspecto, que implicaba la reaparición de agentes económicos privados, se ha visto sometido a las mayores presiones dadas las oscilaciones de la política económica.

En el último lustro del siglo XX se volvieron a cerrar los espacios del trabajo por cuenta propia, y solo después de una década tornó a impulsarse esta actividad, ante una nueva realidad de bajo crecimiento de la economía. A esas alturas, ya era evidente que el trabajo por cuenta propia no bastaba para fomentar el crecimiento económico, y que el sector estatal, prácticamente colapsado, ineficiente y lastrado por una densa burocracia, se mostraba incompetente —como ha sido siempre—, para asegurar el desarrollo de la economía.

La dirigencia cubana ha sido incapaz de producir reformas estructurales profundas que impulsen el crecimiento y desarrollo de la economía insular. Ni siquiera se han cumplido los Lineamientos aprobados en el VI y VII congresos del Partido Comunista, y el VIII pasó sin que se rindiera cuenta por tales incumplimientos.

Los problemas estructurales que afectan a la economía, no solo no se han solucionado en las últimas décadas, sino que incluso se han profundizado. Esto se ha debido a los errores de política económica, la falta de sistematicidad e integralidad de las reformas y el predominio de concepciones dogmáticas cuya ineficacia está más que demostrada.

La política económica suele trazarse para alcanzar ciertos objetivos, entre los que normalmente están: promover el crecimiento y el desarrollo económicos; incrementar el empleo; mantener una baja inflación; disponer de sistemas bancario, financiero y fiscal sanos y funcionales; alcanzar y mantener el bienestar social. Obviamente, estos son objetivos generales que es necesario adecuar en función del contexto coyuntural y complementar con otros más específicos.

Cuba se encuentra frente a una crisis sistémica de graves proporciones. Sus rasgos principales pueden resumirse en:

• • Incapacidad de la mayor parte de la población de satisfacer con sus ingresos las necesidades básicas elementales.
  • Estancamiento de los sectores industrial y agropecuario.
  • Insuficiente recuperación del sector turístico.
  • Desplome de la capacidad exportadora de bienes.
  • Alta dependencia de las importaciones.
  • Enorme inflación.
  • Elevado déficit fiscal.
  • Escasa inversión extranjera.
  • Incapacidad para cumplir los compromisos financieros externos.
  • Poco ahorro bruto interno.
  • Insuficientes recursos de inversión doméstica y errónea política inversionista del gobierno.
  • Debilitamiento de la moneda nacional agravado por el sostenimiento de la dualidad monetaria.
  • Mantenimiento a toda costa del monopolio estatal en actividades económicas fundamentales.

Todo ello caracteriza una situación en la que la mayor parte de la población debe concentrarse en la batalla cotidiana por la subsistencia. Pensar en el desarrollo de la economía y en el bienestar social, parece ahora mismo una quimera. Creer que con el proyecto económico y político de siempre es posible revertir tal tendencia es un absurdo, y pretenderlo desde la política económica es una irresponsabilidad.

En países democráticos con elecciones libres no habría sobrevivido un nuevo período en el poder el grupo político que llevara décadas cometiendo errores y siendo incapaz de cumplir su parte en un contrato social civilizado, que promueva el desarrollo y el bienestar. Por eso, una de las principales causas de los problemas mencionados es la incapacidad de la sociedad cubana para remover, de forma pacífica y democrática, las estructuras políticas que obstaculizan el desarrollo económico y el fomento de las libertades.  

Si la dirección del país persiste en reprimir la libre emisión de ideas políticas y económicas que disienten de la línea oficial; si continúa haciendo oídos sordos a la necesidad de solucionar, con medidas efectivas y radicales, los graves problemas económicos; deberán asumir que más temprano que tarde se producirán nuevos estallidos sociales. O continuará la sangría migratoria que, aun cuando pueda ser considerada válvula de escape a las presiones internas, también constituye una pérdida de la fuerza de trabajo requerida, no solo para reconstruir la actividad productiva sino también para asegurar el sostenimiento del sistema pensional y, por tanto, de la población adulta mayor.

Mientras tanto, el discurso oficial se mantiene desligado de la realidad, el dogmatismo continúa determinando el alcance e imponiendo restricciones a las decisiones económicas, se sigue responsabilizando a razones externas de la debacle económica, se apela al sacrificio de la población sin que sea posible asegurar ya que tendrá como resultado algo diferente al empeoramiento del nivel de vida, y se atacan las manifestaciones de los problemas y no sus causas.

Son precisamente esos fenómenos los principales enemigos del ideal socialista y, de persistir, terminarán por destruirlo. Digo ideal, porque en realidad es lo único que queda del socialismo en Cuba. Lo demás es una definición hueca, carente de contenido, expresión de la vulgarización del pensamiento marxista y de su concreción política.

Las barbaridades que ocurren en las inmensas e interminables colas para comprar cerdo, pollo o viandas, no son culpa de los «coleros». Estos son la manifestación de la escasez de productos que resulta de los persistentes frenos que impiden el crecimiento de la producción.

La alta inflación no se debe a la inmoralidad o al egoísmo de los productores privados, sino a la escasa producción; los altos costos de los insumos; la devaluación del peso en el mercado informal, que sigue siendo en la práctica el principal mercado cambiario; y a los aumentos de precios en las tiendas que funcionan en monedas libremente convertibles, cuyo acceso —cuando no se dispone de remesas—, requiere de la adquisición de divisas en el mercado informal. Y por supuesto, también se debe a la monetización de los inmensos déficits presupuestales y a la inyección de dinero, sin respaldo en oferta de bienes, que produjo la llamada «Tarea ordenamiento».

La grave crisis fiscal no se soluciona eliminando las exenciones tributarias a las nuevas mipymes, sino reduciendo el gasto que causa la inmensa e improductiva burocracia, estimulando la inversión y promoviendo el emprendimiento privado para que, en su desarrollo, generen nuevos ingresos tributarios con los cuales asumir un gasto público redimensionado y centrado en las prioridades del desarrollo económico y social.

La promoción de exportaciones no se consigue mediante el sostenimiento a toda costa del monopolio del comercio exterior, sino por el contrario, mediante la libertad de acción de las diversas empresas en el escenario internacional, y que ellas cuenten con un sistema cambiario flexible y libre que favorezca la competitividad internacional de la producción nacional y estimule la sustitución de importaciones.

La mayor oferta de alimentos y otros bienes industriales, no se logra con la persistencia del monopolio de acopio ni con consignas en las que muy pocos creen, sino con mayores inversiones en los sectores industrial y agropecuario, con créditos de fomento y con la creación de condiciones para el estímulo de las actividades privadas y cooperativas.

El desarrollo de las comunicaciones y de la infraestructura tecnológica, no se asegura con el monopolio estatal, que solo reproduce ineficiencia, insatisfacción y altas tarifas; sino mediante la apertura a la competencia con el sector privado, que permita revertir el actual subdesarrollo en estas actividades.

La solución de la actual crisis, que no es coyuntural sino estructural, requiere de una profunda reforma de las instituciones, que permita la democratización de la sociedad, de forma tal que sea posible construir colectivamente un nuevo proyecto de país. Para ello no es necesaria —y ni siquiera conveniente—, la unanimidad, sino la capacidad de construir desde la diferencia, haciendo valer la soberanía del pueblo, que no debe someterse a la dirección de un partido ni a la pretendida inmutabilidad de sistema político o económico alguno.