El sábado 16 salí a hacer las compras habituales y revisar los precios de fin de semana en el reparto Armando Mestre de Matanzas. Revisé las ofertas estatales —placita— y privadas —campesinos y ventas de cárnicos— con espíritu comparativo y fin ahorrativo. Al final me quedé con las segundas, porque ofrecían cárnicos, sus viandas y vegetales poseían más calidad y tenían precios similares o inferiores, a los de la placita. En esta última, una col pequeña costaba a 6.50 la libra, mientras los campesinos la venden a 5.00. De continuar a ese paso, el tristemente célebre monopolio de la Empresa de Acopio quebrará sin remedio.
Al presentar la Tarea Ordenamiento (TO), las autoridades alertaron con énfasis contra la posible adopción de precios abusivos y especuladores a partir de la liberalización de tantos sujetos autorizados a fijar precios y tarifas. Se temía el previsible desboque de los vendedores privados ante el crecimiento de la demanda efectiva, tanto por la subida de los ingresos de la población como por la de los costos debido al incremento de precios mayoristas y pagos a sus asalariados. Se aseguró que los precios en el comercio estatal subirían como promedio 1.6 veces, en tanto el aumento de los precios para el sector no estatal «solo se permitiría», como promedio, hasta tres veces. Quince días después del Día Cero, no parece haber ocurrido así.
Mientras el sector no estatal y la economía sumergida habían venido elevando los precios paulatinamente desde que se anunció el Día Cero, lo que explica que muchos sigan igual que en diciembre, muchas entidades facultadas por el MFP para determinarlos —OSDE, empresas y gobiernos municipales— parecen haber perdido el tino en un repentino frenesí especulativo. Aunque no dispongo de cifras oficiales, es muy difícil creer que los precios estatales solo hayan aumentado 1.6 veces cuando, salvo algunos cientos[1], todos los demás (más de 7000) se han multiplicado hasta veinte veces y más, como el propio pan de la libreta (de 0.05 a 1.00).
Sería muy útil que se hicieran públicos los métodos y datos utilizados para hacer tales afirmaciones previas, así como las tendencias que se han manifestado en la circulación mercantil reordenada durante su ejecución. Muy acertado y digno de encomio es el reconocimiento franco por algunos gobiernos locales de los errores iniciales, y la consiguiente modificación a la baja de varios precios y tarifas ampliamente rechazados por la población y hasta por los propios vendedores. Algunos casos fueron expuestos en las redes sociales y en ciertos medios nacionales.
Al respecto, el combativo Escambray espirituano ha monitoreado lo que ocurre con el precio de la carne de puerco, indicador que Eusebio Leal calificara como el índice Dow Jones del mercado cubano. En el video «¿Quién le pone el precio a la carne de cerdo en Sancti Spiritus?», tanto la periodista conductora, como ofertantes y compradores emitieron sus criterios con total claridad ante la reducción dictada por el gobierno municipal a los precios establecidos en la primera decena del mes[2]. El propio intendente local reconoció sin ambages los errores cometidos en la primera lista aprobada: «Faltó análisis profundo y conocimiento de elementos de materias primas y gastos», al tiempo que mencionó los elementos que se tuvieron en cuenta para recalcular los precios en intercambio con los vendedores del mercado libre.
Poderosos factores concomitantes están impulsando la escalada de precio del cárnico estrella de los cubanos. Unos vienen del 2020: disminución de la producción por falta de pienso importado y creciente demanda por insuficientes ofertas alternativas. Otros llegaron con la TO, el más importante de estos últimos es la elevación del precio de compra del Estado a los productores, a 40.00 en pie, que se traspasó de inmediato a los particulares.
Lo más preocupante es que el incremento de la demanda efectiva por la subida de los salarios y pensiones apenas ha empezado a influir, por lo que es inminente la continuación del alza si no se resuelven las causas citadas. Sin mencionar que otras entradas, como remesas, turismo e ingresos de la economía sumergida, están en niveles mínimos debido a la crisis mundial de la Covid-19 y a las sanciones de la administración Trump. La puja y el regateo entre productores, vendedores y consumidores finales irán creciendo paulatinamente en un entorno de mercado que, sin dejar de ser cautivo por la ventaja que la sempiterna escasez otorga a los ofertantes, se vuelve cada vez más competitivo.
En estas circunstancias, los sectores empobrecidos y vulnerables de la población quedarán más expuestos a la insolvencia económica, motivo por el cual el Estado debería ensayar otras formas de ayuda, más allá de la comprometida y creciente asistencia social que alcanza ya la altísima cifra de 2274 millones de pesos. Entre ellas podrían estar: la entrega de bonos de comida a las familias más pobres para los alimentos normados y la exención de pagos a los mayores de 65 años en el transporte público municipal y disminución a la mitad en el resto del estatal.
En estas circunstancias, cualquier crecimiento de la oferta, aunque sea en el mercado en USD, será un paso importante hacia un mayor equilibrio con la demanda y contribuirá a respaldar al devaluado peso. Como la mayoría de los consumidores, no encuentro explicación para la escasez en ese privilegiado segmento de mercado. Nada que ver con las abarrotadas tiendas en USD que proliferaron en Cuba a partir de 1994, a pesar de que nacieron y funcionaron con precios increíblemente abusivos para el consumidor cubano.
Si la tasa de ganancia en las actuales es tan elevada por los precios de Primer Mundo que tienen, y aun así se hacen largas colas para gastar los USD plásticos: ¿por qué no se reponen y amplían los productos, sino que permanecen con un déficit crónico de oferta? ¿Por qué su sistema informático es tan deficiente que permanece detenido a veces por horas? ¿Cómo creer que sus ganancias permitirán abastecer el mercado en pesos si ni siquiera pueden rellenar sus exhaustos estantes?
Solo el incremento sustancial de la oferta podrá equilibrar la creciente demanda efectiva de los pesos devaluados y los USD por venir. Si no se autoriza la inversión nacional en el área de los TCP y las mpymes, o se permite la venta directa en el mercado interno a cadenas comerciales internacionales que acudirán gustosas al festín, incluso en medio del bloqueo, los precios abusivos y especuladores serán nuestro día a día por secula seculorum.
[1] 133 bienes de uso y consumo industriales, 92 alimentos liberados, 289 productos de las antiguas TRD, materiales de la construcción, dietas especiales y algunas medicinas.
[2] Sector estatal: máximo topado a 35 pesos la libra. Sector privado: carne de bistec, de 90 a 65; banda, 70 a 60; costilla, 55 a 50; manteca, 40 a 20; hígado, 30 y patas y cabeza, 15.
