-I-
Nunca fue más honesta —cínicamente honesta—, nuestra clase dirigente que cuando presentó a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el proyecto de Constitución, antes de que pasara a discutirse en consulta popular. La Comisión de los 33, responsable de la redacción y revisión del documento, había permutado del lugar 3 (que tenía en la Constitución del 76), al 10, el artículo que declaraba que la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado.
Era un desliz conceptual y estructural tan evidente en el texto de una Constitución que, por demás, declara irrevocable al socialismo, que de la obediente Asamblea se levantó una voz. La diputada por Santiago de Cuba Mariucha Eduviges Lenzano Pascual, con toda razón, manifestó su discrepancia con que la declaración de soberanía popular se pusiera por debajo de la del papel del PCC, la UJC, las organizaciones políticas y de masas, el Estado, etc.; ya que si todo el poder emana del pueblo —explicó— entonces las instituciones y organización que este se dé para gobernarse derivan de su carácter soberano y, en consecuencia, deberían ir después en la estructura del articulado constitucional.
Si ya era escandalosa la modificación, la discusión del asunto alcanzó ribetes impúdicos cuando José Luis Toledo Santander —paradójicamente el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP—, defendió el criterio de los redactores e instó a dejar en el décimo lugar al referido artículo. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue digno de análisis y motivó un artículo que en su momento escribí, «El orden de los factores», y del que cito un fragmento:
Al preguntarle Homero Acosta [secretario de la ANPP y del Consejo de Estado] si mantenía su propuesta, la legisladora, contrariando la actitud habitual en la mayoría de sus colegas, insistió en su tesis, por lo que hubo que someterlo a votación por la Asamblea. Resultado: igual que Fuenteovejuna, todos a una contra el planteamiento. En consecuencia: las manos arriba, el pueblo abajo (en el orden del articulado quiero decir).
Ya fueran las críticas recibidas en artículos de opinión de medios alternativos, redes y sitios digitales, o los planteamientos hechos en consultas públicas; lo cierto es que en la versión definitiva de la Ley de leyes, el artículo subió de nuevo a ocupar su lugar preeminente. Pero cambiar la letra y el lugar de esta es fácil, lo verdaderamente difícil es cambiar el espíritu de la ley.
A fin de cuentas, el único pecado de nuestra burocracia fue su exceso de transparencia, porque si algún lugar ocupa el pueblo es evidentemente por debajo de todo el aparato del Partido/Estado/Gobierno. No importa que nos hayan ascendido astutamente para darse golpes de pecho de democracia socialista y participativa.
-II-
El Buró Político del Partido (BP) se reunió hace pocos días. Debatieron allí los documentos que deberán presentar en el VIII Congreso de la organización. Uno de ellos se relaciona con la «“Evaluación del cumplimiento de la Resolución del VII Congreso del Partido acerca de los objetivos de trabajo de la Primera Conferencia, relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas. Proyecciones para perfeccionar el trabajo en las actuales y futuras circunstancias”. También formó parte de la agenda un análisis del “Estudio del clima sociopolítico de la sociedad cubana”», según reseñó Cubadebate.
Me parece una idea excelente que el BP, máximo órgano real de dirección del país, tome en cuenta el clima sociopolítico de la sociedad cubana. Me parece mejor aún que traten de concebir la actividad ideológica relacionada con el clima sociopolítico de la sociedad, cosa que evidentemente no logran hoy. Pero me parecería todavía mejor que compartieran con nosotros, con «el soberano», con los que estamos por encima de ustedes en el articulado constitucional, lo que saben de nosotros o, para ser más precisos, lo que creen saber.
¿Cómo se diagnostica el clima sociopolítico de la sociedad? ¿Quiénes lo hacen? ¿Con qué frecuencia? ¿Se tienen en cuenta esos datos a la hora de tomar decisiones e implementar políticas públicas? Tales interrogantes son cruciales. En mi artículo «Asignatura Pendiente», escrito hace más de dos años, alertaba:
Los estudios masivos de opinión a través de encuestas que respeten el anonimato para la implementación y evaluación de decisiones políticas, resultan una asignatura pendiente en Cuba. Habiendo pasado por años iniciales de efervescencia revolucionaria, en los que pocos cuestionaban el modo colectivo y multitudinario de aprobar determinaciones gubernamentales en plazas, desfiles y actos políticos; convertimos este proceder en una manera controvertible de legitimar las disposiciones de nuestro gobierno.
A tenor con esa práctica, extendida en etapas como la actual en que ya los consensos no son tan evidentes, hemos perdido la posibilidad de conocer las opiniones reales de las personas y sus tendencias porcentuales, desaprovechamos entonces al verdadero asesor de la política de los gobiernos: la ciudadanía.
Es común que los estudios de opinión se usen como herramientas para medir los índices de aprobación de una política o de una figura de gobierno, o para predecir la elección de un candidato. El primer ejemplo conocido de un estudio de opinión fue una encuesta sin valor científico realizada en 1824 por el Harrisburg Pennsylvanian, que mostraba una preferencia en la intención de voto por Andrew Jackson sobre John Quincy Adams para la presidencia de los EE.UU.
En 1916, el Literary Digest predijo correctamente la elección de Woodrow Wilson y de las siguientes cuatro elecciones en aquel país; pero en 1936 utilizó una muestra de 2.3 millones de votantes que indicaban una preferencia por el Partido Republicano, que a la postre resultó equivocada. En esa misma contienda electoral, George Gallup condujo una encuesta más pequeña, pero con mejor base científica, ya que utilizaba muestras demográficas representativas. De ese modo logró predecir la victoria de Roosevelt y convertirse en una encuestadora muy utilizada.
Para la década del cincuenta las encuestadoras se habían extendido, y a comienzos del siglo XXI tienen presencia en casi todos los países del mundo. Los estudios de opinión no poseen relevancia solo para la política sino también para el mercado y el comercio. Por mucho tiempo se realizaban cara a cara, tanto en las calles como en los hogares de las personas.
En algunos países se ha hecho común el uso de llamadas telefónicas por ser una vía más fácil, rápida y barata. En las últimas décadas se van tornando populares los sondeos vía internet, a pesar de las dificultades para lograr muestras científicas representativas, en gran medida por la dificultad del acceso de sectores significativos.
En Cuba no ocurre así. El estudio de las opiniones políticas es competencia exclusiva de las Oficinas de Opinión de la Población, adscriptas a las direcciones provinciales del PCC. El Partido es juez y parte del proceso, lo que enrarece la confiabilidad de los resultados, que en general tampoco son difundidos, sino utilizados internamente.
Por otra parte, hasta donde conozco, los métodos que se emplean para obtención de datos no se basan en instrumentos como el cuestionario o la entrevista, sino en recibir criterios de informantes sobre los principales comentarios que pueden generarse entre un grupo de personas que conversa en una parada de guaguas, una cola u otro lugar similar.
Los científicos sociales cubanos no podemos realizar estudios de opinión sobre el gobierno y sus políticas. Hasta para aplicar una encuesta masiva relativa a la utilización del tiempo libre o a los hábitos de lectura debemos ser autorizados previamente.
Hace alrededor de quince años, una profesora de la Universidad de Matanzas desarrollaba su investigación para una tesis doctoral en Ciencias Filosóficas. Estudiaba la participación popular en una circunscripción del Poder Popular del Reparto Armando Mestre de esa ciudad. A pesar de que su tema había seguido el camino establecido para ser aprobado: Consejo Científico de la Universidad, del Instituto de Filosofía y finalmente del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); en determinado momento, ya comenzada la investigación, se le orientó detener el proceso y presentar toda la documentación sobre la misma a la ANPP, que durante tres meses analizó las pretensiones de lo que no era más que un Estudio de Caso, una metodología que impide apreciar tendencias y generalizar opiniones sobre determinados aspectos o fenómenos. Solo después de ello pudo concluir y defender su doctorado, con tres meses de retraso en el cronograma.
Sirva este ejemplo para comprender que en Cuba, saber lo que piensan las personas sobre el gobierno es tarea y ámbito exclusivo de este. Al menos lo era hasta que las redes sociales comenzaron a funcionar como un termómetro social.
-III-
La frase Clima sociopolítico de la sociedad cubana no es más que un eufemismo para disfrazar que de lo que se trata es de las opiniones de las personas sobre el modo en que se gobierna el país. Porque en Cuba, por razones obvias, no hay que hacer predicciones de candidatos elegidos. Entonces, ¿qué datos ofrecería a la burocracia política el informe presentado por el BP? Si la soberanía popular es el criterio primero que guía a la República, ¿por qué ocultar esa información?
Si las opiniones no son positivas —lo que cabe esperar ante una crisis enorme debida principalmente a la lentitud del gobierno en poner a funcionar el proyecto de reformas que excede a una década de promesas incumplidas, muy anteriores a Trump y a la Covid-19—; si la gente impugnara decisiones que dan una peligrosa vuelta atrás y dejan indefensas a millones de personas, como la apertura de tiendas en MLC para desamparar, en plena escasez, a las tiendas en CUC; si la ciudadanía impugnara le demora de la ANPP en habilitar los derechos jurídicos como ordenó la Constitución; si fuera rechazada la conducta de los órganos de Seguridad del Estado y la represión desmedida e ilegal a los opositores; si se demuestra que ha crecido la desconfianza en los dirigentes… Aun así, tenemos todo el derecho a conocerlo y a exigir al gobierno que actúe en consecuencia.
Los habitantes de este país, que algunos dicen empujar, se han dado cuenta del verdadero lugar que ocupan. Y no les gusta. El presidente llama constantemente a pensar como país, pero… ¿cómo piensa el país? Sería muy saludable divulgarlo. ¿Quién es el soberano aquí?, o mejor, ¿quién está ocupando un trono que no le pertenece?
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