Rectificación de errores 2.0 y más

La nueva «rectificación de errores»

Fue noticia la primera reunión del Consejo de Ministros en 2024, que ocurrió esta semana, y pasó revista a los principales problemas que enfrenta Cuba en medio de la actual crisis económica.

Díaz-Canel, al frente de la reunión, dijo que las medidas del «programa de estabilización económica» son «necesarias e impostergables».

El presidente cubano respondió, en varias ocasiones, a quienes responsabilizan al gobierno con el empeoramiento de la crisis. Insistió en que las disposiciones anunciadas no equivalen a «un paquete neoliberal» y que el plan para crecer económicamente, reducir la dependencia de importaciones y aumentar las exportaciones, beneficiará a la mayoría de los cubanos.

«¿Qué paquete neoliberal en el mundo empieza aumentando ingresos a dos sectores de la sociedad como son la Salud y la Educación?», comentó. «Los paquetes neoliberales empiezan precisamente quitando presupuesto y privatizando todo eso».

El impacto social que tienen las medidas, fue uno de los caballos de batalla del discurso de Díaz-Canel. Se refirió a «las nuevas casitas infantiles» que se están abriendo a lo largo del país y a un programa para recuperar los consultorios médicos comunitarios.

Lo más novedoso de la reunión fue el lanzamiento de procesos de consulta con los militantes de organizaciones políticas y funcionarios gubernamentales para «reafirmar la necesidad e importancia estratégica de la unidad».

Específicamente se informó de la próxima discusión de un documento político titulado «Conceptos básicos para la corrección de desviaciones y tendencias negativas en la sociedad cubana».

Asimismo, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), puntualizó que el documento tiene su antecedente en el conocido programa partidista que impulsó Fidel Castro, con nombre parecido, en la década de 1980.

Por su parte, Manuel Marrero, el primer ministro, admitió que han recibido críticas de la ciudadanía por planificar «medidas que no han logrado transformar los problemas», refiriéndose sin duda a la «Tarea Ordenamiento».

«Ya el pueblo no exige más de nosotros esfuerzos, sacrificios, consagración; el pueblo exige de nosotros resultados», observó Marrero.

Esto significa que, por una parte, al gobierno no le ha quedado de otra que reconocer la crisis y las inconformidades que cada vez se hacen más visible en la ciudadanía. Por otra, implica una puesta por hallar consenso respecto a las últimas medidas, al menos entre sus partidarios formales.

La cita casi textual de la política promovida por el máximo líder de la Revolución en 1986, es una estrategia para conseguir legitimidad entre «revolucionarios» que desconfían de la gestión gubernamental como nunca antes.

Una lectura minuciosa también deja percibir las diferencias entre los discursos de quienes hoy acumulan las principales cuotas de poder visible en la Isla, siempre veladas bajo el manto de la «unidad revolucionaria».

Díaz-Canel se centró en justificar la gestión actual del gobierno, Morales Ojeda en intentar rescatar fórmulas del pasado. Mientras, Marrero Cruz se apartó de los discursos triunfalistas al reconocer que el escenario no va a cambiar, para luego hacer un llamado de atención sobre la necesidad de transformar la economía sin esperar a que «caigan del cielo los combustibles y las divisas».

Nuestra opinión es que los objetivos principales del paquete de medidas son válidos y están correctamente enfocados, pero el plan propuesto hasta el momento está lleno de lagunas e incongruencias.

Presentar un documento que remite en su título a un contexto de hace tres décadas, y con la URSS aún en pie, no pasa de un intento vago de legitimar —sin muchas posibilidades de éxito— las reformas anunciadas y las que probablemente falten por informar.

Por otra parte, la denominada «rectificación de errores» impulsada por Fidel, fue la respuesta puntual a la apertura que intentaba por esa época la Unión Soviética y, si bien impulsó la construcción de obras públicas y un debate sobre los mecanismos de control popular, representó un portazo a las reformas económicas que demandaba la economía cubana, cuya tardanza estamos pagando aún.

Evocar ese gesto de cierre, muy contextual, cuando Cuba enfrenta una crisis que necesita de un plan audaz y urgente, pues ninguna potencia externa subvencionará su economía, deja más preocupaciones que certezas.

Adiós, ministros

Fue noticia este 2 de febrero que Alejandro Gil Fernández dejó de ser viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. Además de Gil, fueron «liberados de su cargo» Elba Rosa Pérez Montoya, la titular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, hasta el momento ministro de la Industria Alimentaria.

En su lugar fueron designados Joaquín Alonso Vázquez — actual ministro presidente del Banco Central de Cuba— para la cartera de Economía, Eduardo Martínez Díaz — actual presidente del grupo empresarial BioCubaFarma— para la de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y Alberto López Díaz —actual gobernador de la provincia de Villa Clara— para la de Industria Alimentaria.

La promoción de Joaquín Alonso Vázquez como ministro de Economía y Planificación dejó vacante la presidencia del Banco Central de Cuba. Para ocupar ese cargo fue nombrada Juana Lilia Delgado Portal.

La nota oficial declara que a los ministros reemplazados «se les reconoció el esfuerzo» y que «les será asignadas nuevas misiones». En el caso de Pérez Montoya y Sobrino Martínez se especifica que la liberación ocurre «por renovación», aclaración que no se repite para Gil Fernández.

Esto significa que la desesperación del gobierno ante la crisis ha ido un escalón más arriba y que se está apostando por oxigenar espacios de poder claves, viciados por una gestión deficiente, en particular el Ministerio de Economía y Planificación.

Con respecto al CITMA el nombramiento pudiera significar una apuesta del gobierno a fortalecer el papel de la ciencia en la economía del país con un ministro que hasta el momento de su nombramiento dirigía el grupo empresarial de ciencia más exitoso de la Isla.

Con respecto al nuevo ministro de Industria Alimentaria —Licenciado en Educación—, nada en su biografía indica que tenga alguna experiencia en el área que dirigirá y que también tiene un papel clave en la solución de la crisis actual.

Opinamos que estas sustituciones, en general, son bienvenidas, aunque no tendrán un impacto inmediato en el desempeño de esas carteras. Ningún ministro, por influyente que sea, puede arreglar por sí solo una economía descapitalizada y desordenada. Es necesaria una transformación estructural que trasciende el poder de cualquier ministerio.

Por lo pronto, estos reemplazos sirven para ganar tiempo y en el futuro próximo contribuirán a darle frescor político y mediático a las medidas que se implementarán para «estabilizar» al país. No obstante, si estas no son debidamente planificadas e implementadas, de poco servirá cualquier renovación para acallar la impaciencia de una ciudadanía que ya no quiere ni puede esperar más por los resultados prometidos.

Un «virus» que retrocede el tarifazo  

Y fue noticia, poco antes de esta «renovación» de los ministerios, que una de las medidas más polémicas del «programa de estabilización» anunciada hace pocas semanas por el gobierno, quedó suspendida por ahora.

Se trata de los precios del combustible, que el gobierno aumentó significativamente para los nacionales en pesos cubanos, a la vez que aprobó la venta en divisas para los turistas. La medida debió entrar en vigor el 1 de febrero, pero un día antes la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, anunció el aplazamiento sin especificar plazos.

Un «incidente de ciberseguridad» fue la razón presentada a la opinión pública por la funcionaria para no efectuar la subida de precios planificada. Se trató de «un virus desde el exterior», reveló, y agregó que «estamos haciendo una investigación». Según sus declaraciones, quedaron afectados los sistemas informáticos que gestionan la comercialización de combustibles.

Granadillo de la Torre no ofreció más detalles. Enfatizó en que esta subida de precios «es necesaria», con el objetivo de «incentivar el ahorro» y «contener la demanda».

En verdad, el propósito de la medida va más allá. Cuando las disposiciones fueron anunciadas, el ministro de Energía y Minas Vicente La O Levy dijo que buscaban «equiparar los precios [de los combustibles] a la tasa de cambio oficial que tenemos hoy en el país» y admitió que también se pretendía «recaudar divisas».

De inmediato los clientes nacionales plantearon en las redes sociales la preocupación de que la decisión de separar el mercado en distintas monedas, podría provocar desabastecimiento en los servicentros destinados a vender en pesos cubanos.

Asimismo, varios expertos apuntaron que tendría un efecto inflacionario encarecedor de otros productos y servicios. «Si el transporte que contrata un negocio como una dulcería para mover la harina aumenta, esa dulcería compensara ese monto aumentando el precio de los dulces» sentenció el economista Omar Everleny en un texto publicado en esta web.

Esto significa que no debemos esperar una implementación regular del paquete anunciado. La suspensión temporal de lo que parecía una medida urgente, pone en evidencia que el gobierno, más allá de cualquier excusa que tenga, está pisando un terreno movedizo y no quiere arriesgarse a tomar otras decisiones erróneas de alto costo político.

Nuestra opinión es que la subida de precios del combustible es inevitable, pero si no se garantiza cuidadosamente el abastecimiento bajo las nuevas tarifas, en vez de una solución, el gobierno habrá encontrado un nuevo problema.

Hoy un litro de gasolina en el mercado estatal cuesta menos de la cuarta parte de un litro de refresco en el privado. Las razones para subir los precios, lamentablemente expuestas con incoherencia por los funcionarios a cargo, están justificadas.

Sin embargo, eso no basta para que la aplicación de la medida sea exitosa. La desconfianza de la ciudadanía, después de vivir la experiencia de las tiendas en MLC, no se recuperará con notas de prensa o comparecencia de altos cargos.

Asimismo, si estas medidas no se acompañan de un verdadero incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores —principalmente en el sector estatal— e incentivos reales a los productores, su efecto inflacionario podría poner en jaque, no solo la economía, sino la estabilidad política del sistema actual.

Bancarizarte o morir

Por último fue noticia, en este mismo contexto de medidas para «impulsar» la economía cubana, que la bancarización promovida por el gobierno desde hace medio año avanza exitosamente según los informes oficiales.

En diciembre pasado, por ejemplo, las operaciones realizadas con tarjetas electrónicas alcanzaron el 68.30%. Otro dato significativo son las bonificaciones que asume el sistema bancario para quienes usan vías de pago que no utilizan efectivo. Informa el diario Granma que el monto bonificado superó los 400 millones de pesos.

En esta misma línea optimista, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) amplió las opciones de su tarjeta prepago en USD. Dicho dispositivo no tendrá límite de importe y podrán utilizarlo todas las formas de gestión económica, desde mipymes hasta cooperativas no agropecuarias y personas naturales, tanto cubanas como extranjeras.

El empeño de informatizar las operaciones comerciales y financieras se expresa incluso en sanciones a los negocios que no estén siendo lo bastante ágiles en habilitar vías de pago electrónicas.

Inalvis Smith Rubén, viceministra del Comercio Interior (Mincin), dijo a los medios oficiales que es un derecho de los clientes elegir la vía para pagar y, con el fin de garantizar esa opción, una resolución publicada en noviembre pasado, obliga a todos los establecimientos comerciales, tanto estatales como privados, a «poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta (TPV)».

Desde este 2 de febrero, quienes no hayan habilitado el servicio podrían ver suspendidas sus actividades comerciales. Multas y hasta el cierre del establecimiento son las medidas previstas.

La viceministra aclaró que esto no significa la desaparición de las operaciones en efectivo. El objetivo de la medida, según Granma, además de garantizar «un derecho del consumidor», es impulsar «el proceso de bancarización».

Esto significa que la política de informatizar las operaciones bancarias va en serio y está presentando algunos resultados, a pesar de la falta de confianza de usuarios y empresarios, sumado a la debilidad de los sistemas electrónicos.

La principal reticencia para su adopción por parte del sector privado sigue siendo la inexistencia de un mercado cambiario bidireccional, lo cual obliga a los comerciantes a adquirir las divisas necesarias para importar en el mercado informal, y para esto, necesitan efectivo.

En la reunión referenciada en la primera noticia, el hoy exministro de economía Alejandro Gil anunció que durante febrero presentarán propuestas para «redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país» sin dar más detalles de cómo se haría.

Nuestra opinión es que se trata de una estrategia decisiva para un sistema financiero sometido una inflación insoportable, con escasez de circulante y, lo que es peor, una desconfianza justificada ante las políticas monetarias.

La estrategia recaudativa tradicional que en este nuevo capítulo representan las tarjetas Bandec y Clásica, no cuenta con muchas oportunidades de éxito, a pesar de las bonificaciones y ventajas anunciadas. Con la competencia de los importadores privados y el desabastecimiento de las tiendas estatales, los descuentos anunciados tienen poco chance de estimular el flujo comercial.

La novedad más clara sería la posibilidad de adquirir combustible en divisas extranjeras y ahora mismo esa medida quedó suspendida.

Por otro lado, mientras no exista un mercado cambiario funcional en el país los empresarios privados seguirán «resistiendo creativamente» a la idea de entregar su dinero al banco, pues no lo tendrán a la hora de adquirir en el mercado informal las divisas imprescindibles para importar.

La bancarización, que quieren realizar —incluso aplicando sanciones— también pasa por la eficiencia y por la confianza.