La eterna promesa de la estabilización

La receta para estabilizar la economía del país anunciada por el Gobierno como un «ahora sí hemos encontrado la fórmula», ha sido recibida con frialdad por una ciudadanía decepcionada por la continuidad de fracasos, y con múltiples escepticismos y hasta alarmas por parte de varios expertos, quienes han señalado que seguir poniendo parches en un desgastado tejido para evadir la necesaria reforma integral, lejos de solucionar el problema, lo agravará.

Según el primer ministro, Manuel Marrero, el encargado de dar a conocer las medidas al país durante las recientes sesiones del parlamento, componer este  «programa de estabilización macroeconómica de Cuba» les llevó un año entero de trabajo. Después de exponer el objetivo general, que es naturalmente el crecimiento económico, entró en materia.

Establecer una tasa de cambio real para el desvalorizado peso cubano fue uno de los primeros puntos abordados. El primer ministro reveló que existe un grupo de trabajo para establecer «en el transcurso de 2024» el verdadero valor de la moneda nacional con respecto a las divisas mejor cotizadas. No obstante, no adelantó cuándo se anunciarían los cambios. Tampoco dijo si se tratará de otra corrección de la tasa oficial para el sector doméstico y privado —como la anunciada en agosto de 2022—, el establecimiento de una tasa flotante —actualizada diariamente—, o la prometida y nunca cumplida unificación monetaria para todos los actores del país.

¿Cuánto tiempo más necesita el Gobierno para resolver uno de los «errores» más obvios del llamado «ordenamiento»? Si la tasa dual y arbitraria del CUC (peso convertible) fue una de las motivaciones para suprimir esa moneda y apostarlo todo al CUP (peso cubano), ¿por qué parece que esa experiencia no fue suficiente y siguen repitiendo la misma equivocación?

Marrero se refirió, además, a otros proyectos en estudio como la creación de «nuevos canales y plataformas» para facilitar la entrada de remesas y, en general, cobros y pagos desde el extranjero de manera formal. En ese sentido, especificó que planean crear un mecanismo para que los empresarios privados puedan utilizar fondos depositados en Cuba para realizar pagos en el exterior.

De implementarse, esta disposición regularizaría las rutinas empresariales y facilitaría muchísimo la eficiencia de los emprendimientos. Hasta el momento, como se ha señalado tantas veces, los empresarios han debido acudir al mercado informal de divisas cotidianamente. Para realizar operaciones fuera del país necesitan mover el efectivo de modo poco convencional y hasta irregularmente, dependiendo en muchas ocasiones de múltiples intermediarios que terminan encareciendo el producto final. Si estos problemas llegan a resolverse, el empresariado cubano entraría en una regularidad que hasta ahora no conoce. No obstante, tampoco se puntualizó nada concreto en este sentido, solo planes, deseos y aspiraciones.

Mipymes privadas vs «empresa estatal socialista»

Para impulsar las producciones nacionales, una de las metas incumplidas de la economía cubana, Marrero informó que se estimulará la importación de materias primas en vez de productos terminados. Con ese objetivo, se reducen los aranceles de importación de materias primas y «bienes intermedios» hasta un 50%, mientras que se incrementan para los productos que no requieren ningún procesamiento.

Esta medida, en principio, pudiera parecer correcta. Una economía tan distorsionada como la cubana, enfocada en la importación, necesita una sacudida para cambiar el paradigma. Sin embargo, el éxito de la decisión depende del contexto. Es tan limitada la capacidad productiva de los distintos actores económicos que, penalizando con más impuestos las importaciones, se corre el riesgo de encarecer el precio final que pagarán los consumidores, sin que las producciones nacionales sean estimuladas decisivamente en un primer momento.

Ahora mismo en muchos lugares, al menos en zonas urbanas, la única forma de adquirir productos de primera necesidad —pollo, jabón, detergente…— es comprándolos en las tiendas privadas que han proliferado en los últimos tiempos. Si estos productos suben de precio abruptamente, podría empeorar la precariedad en que viven no pocas familias. El costo que pagará el Gobierno, en su prestigio y en el rechazo por parte de las clases más desfavorecidas, será alto en cualquier caso.

La agricultura, otro de los grandes problemas pendientes, ocupó buena parte del discurso del primer ministro. Según Marrero, se proponen promover «contratos de producción cooperada con inversionistas extranjeros», «lograr un balance de alimentos a nivel municipal» y «establecer un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos en moneda nacional y en divisas, que parta de los propios ingresos generados».

Como ha sido habitual en el discurso gubernamental, Marrero manifestó preocupación por los intermediarios. «Que se venda, pero que se venda a precios justos», dijo. «A los que tenemos que ir arriba es a quienes solo lo hacen en beneficio personal».

Lo más problemático de esa postura es que hasta ahora el Gobierno ha parecido más preocupado por contener a los pequeños comerciantes que por facilitar el funcionamiento del mercado bajo sus reglas básicas. Ningún tope de precios va a resolver la carencia de productos, sino que los trasladará al mercado informal, el cual hasta ahora ha sido incontenible para las autoridades por su extensión y por su papel en la economía doméstica de la ciudadanía.

La especulación no es causa del problema, sino consecuencia. No vale la pena ir a la carga, por enésima vez, contra los especuladores cuando son elemento indispensable del paisaje económico que tenemos. Responsabilizarlos por los altos precios, sin embargo, es una excusa tentadora a la que Marrero no quiso renunciar.

A la hora de valorar las empresas estatales y ubicarlas en el plan de estabilización económica, el primer ministro reconoció que muchas son «un engendro inmenso». Las nuevas medidas aspiran a que haya más mipymes estatales y a que se constituyan empresas mixtas estatales y privadas. Para eso, y como parte de la estrategia, se aprobará una ley que establezca cómo será esa relación.

Según el primer ministro, «la mayoría de las distorsiones parten de la debilidad de funcionarios que no defienden la empresa estatal». No queda claro. Esas «distorsiones» se deben al diseño de esas empresas, a su naturaleza ineficiente, a la burocracia y al modelo subordinado en que han vivido. Responsabilizar a funcionarios puntuales parece otra excusa no del todo sincera, más cuando esos funcionarios han sido puestos y mantenidos ahí por las propias instancias y estructuras institucionales.

El primer ministro aprovechó para defender a las mipymes. «El Estado no es para administrar chinchales», se atrevió a decir, una verdad de Perogrullo negada en el discurso político de la Isla durante años. También admitió que se habían cometido errores, mas la naturaleza de lo que asumió como esos errores, confirma que el Gobierno cubano mantiene una visión económica más centrada en el control que en el fomento. Por un lado, dijo que aprobaron más mipymes de las que podían «controlar» y que operan en una relación irregular con las empresas estatales.

Para tranquilizar a los actores económicos que viven tensos ante cualquier anuncio de medidas, el primer ministro advirtió que «no habrá avalancha de prohibiciones». Añadió que se descentralizará poco a poco —como es costumbre en Cuba— el proceso de aprobación de mipymes, y que finalmente serán los municipios quienes quedarán a cargo.

A esta buena noticia, sigue una mala: se suspenderá la exención de impuestos a las empresas privadas recién fundadas, que en medio de una economía urgida de más producción, era una invitación a inaugurar empresas. Ese estímulo debió ampliarse en vez de desaparecer.

Marrero sueña con mejores empresarios, con «principios revolucionarios» y «capacidad para dirigir en tiempos de crisis». A juzgar por lo que se ve en el terreno, y por lo que los propios representantes del Estado han reconocido, no son muchos. Habría entonces que preguntarse cuál es la causa. ¿Ha priorizado la «política de cuadros» cubana el talento o la docilidad? ¿A cuántas personas valiosas no han excluido por pensar diferente o cuestionarse decisiones estatales erradas que luego han fracasado? ¿A cuántas personas ineptas, autoritarias y corruptas han mantenido en sus cargos a nombre de una «confiabilidad» más sustentada en la hipocresía y la «infladera» que en resultados tangibles?

El precio de la «estabilización»

A pesar de que el ajuste tiene una dimensión «macroeconómica» también trae afectaciones para la ciudadanía. Sube el precio de la electricidad, del combustible, del agua y del gas y en adición se termina el subsidio universal de algunos alimentos en la canasta familiar normada. Una zona de sus críticos han señalado que el Gobierno está imponiendo un «paquetazo neoliberal».

«Nada, absolutamente nada de lo que hacemos es para afectar al pueblo», declaró el presidente Díaz-Canel en X. «Nuestra principal tarea es la recuperación económica. Las medidas anunciadas ayer darán un salto necesario en la economía.»

Marrero, por su parte, reaccionó directamente ante el duro lenguaje usado por sus detractores: «No se trata de medidas de choque, ni de un paquete neoliberal contra el pueblo, sino que permitirán avanzar con la convicción de que es el camino correcto para salir del contexto actual».

La subida en el precio de la electricidad, los combustibles y el gas ya es un hecho. Fue informada en la Mesa Redonda de este lunes por los ministros de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y de Energía y Minas, Vicente La O Levy. La nueva tarifa de los combustibles entrará en vigor el 1ro de febrero. La electricidad y el gas no subirán de precio hasta marzo.

Según La O Levy, el aumento en el precio de la energía eléctrica afectará a los grandes consumidores, que son apenas el 5.4% de los clientes en los meses de verano. Si sirve para desestimular el derroche, podría ser útil. Sin embargo, si la subida acaba afectando al sector privado en alguna fase de las medidas, eso repercutiría en el coste de determinados productos o servicios. Por el momento solo está enfocada al sector residencial. El ministro insistió durante su comparecencia que el objetivo es presionar para que se ahorre electricidad, no eliminar un subsidio.

«Lo otro es el fraude a partir de manipular el metro.[…] Vamos por 226 mil fraudes detectados en el último periodo y sabemos que se está cometiendo fraude porque lo estamos leyendo en la diferencia entre la energía que se genera y la energía que se cobra. […] Lo que nos están robando es casi lo que genera Guiteras», advirtió.

El precio de los combustibles ha sido otro de los puntos que más atención ha generado. A partir del 1ro de febrero se les venderá a los turistas en divisas. Asimismo, el precio minorista en moneda nacional sube significativamente —en algunos casos hasta más de 5 veces.

La O Levy explicó las razones del cambio: en principio, corregir una paradoja. Los turistas, que pagan la gasolina a precio de mercado en sus países, estaban comprándola en Cuba a precios subsidiados. Con respecto a la subida en el resto de los servicentros, el ministro manifestó que, simplemente, «hay que equiparar los precios a la tasa de cambio oficial que tenemos hoy en el país».

El funcionario reconoció que, más allá de corregir incoherencias, también aspiran a «recaudar divisas para la compra de combustibles». Y aquí hizo una revelación llamativa: «las ventas en divisas se realizarán tanto en los servicentros que solo funcionarán con este fin (suministro al turismo), como en los que venderán en moneda nacional». Teniendo en cuenta el nefasto antecedente de las tiendas en MLC, el anuncio ha generado múltiples alarmas en la ciudadanía: ¿quién puede asegurar que no habrá gasolina o diésel en divisas, a disposición de quienes puedan pagarlos, mientras escaseará para el resto en moneda nacional?

Por otro lado, la subida afectará de forma mucho más discreta a los transportistas privados que ejercen su actividad de forma legal, quienes tienen precios preferenciales por la venta mayorista. En su caso el aumento no llega a duplicar la cifra actual. Para que se tenga una idea, el diésel regular para la venta minorista creció de 25 a 132 pesos el litro, mientras para los transportistas privados de 13.99 pasó a costar 25 pesos. Teniendo en cuenta la marcadísima diferencia para ambos sectores, ¿quién asegura que algunos transportistas no compren el combustible a precios minoristas para luego revenderlo en el mercado informal?

El economista Pedro Monreal dijo sobre esta disposición que «la expansión de la dolarización interna para garantizar “el reaprovisionamiento” expresa una concepción monetaria rústica y revela que no se toma en serio la macro estabilización de Cuba».

En el caso del gas, a diferencia de la electricidad, el ministro de Finanzas y Precios admitió que el aumento (de 180 a 225 pesos), sí pretende reducir el nivel de subsidio que tiene ese producto: «Se descarga del presupuesto más de 280 millones de pesos que se transferirían a la Empresa Cupet».

¿Un paquetazo neoliberal?

La incertidumbre es el signo de este plan de «estabilización macroeconómica» anunciado, como ya es costumbre, de forma fragmentada y sin un debido consenso precedente. Recuerda estrategias adoptadas antes, que no funcionaron o acabaron propiciando nuevos problemas.

El aumento en los precios del agua y del gas, aunque no parecen significativos si se tiene en cuenta que han estado muy subsidiados, empeorará la situación de las familias, sometidas a una inflación escandalosa.

La llamada «libreta de abastecimiento», un verdadero clásico de la vida cotidiana en la Cuba de la Revolución, finalmente dará paso a un nuevo diseño en el que se mantendrá solo para las personas vulnerables. El Gobierno insistió en que no desaparecerá, como dicen algunos, sino que el subsidio beneficiará a quienes tienen menos ingresos; para el resto, será solo una garantía de tener asegurados un grupo de productos que escasean en el resto de las redes de tiendas estatales, pero a precios «de mercado».

Si bien la idea no es nueva, no había sido aplicada. Probablemente la medida funcione, en beneficio de la economía estatal, pero no hay certeza de qué parámetros se establecerán o de que estos no sean tan estrictos que acaben desprotegiendo a una parte importante de la población, si se tiene en cuenta que el salario medio estatal —4209 pesos en 2022 según la ONEI— está muy por debajo del mínimo necesario para adquirir una canasta básica de productos y servicios. A partir de este indicador, todo el que no tenga una fuente adicional de ingreso, pasaría automáticamente a la categoría —de por sí eufemística— de «vulnerable».

Por lo pronto, la libreta se mantiene a duras penas y no desaparecerá en 2024, como pudiera creerse. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, lo dejó claro a la Agencia Cubana de Noticias.

¿Por cuánto tiempo podrá sostenerse el subsidio universal si durante los últimos meses de 2023 los suministros han sido irregulares y nada indica que eso cambiará en los primeros meses de 2024? La voluntad política no será suficiente. Marrero apenas apuntó, al momento de comunicar las nuevas medidas, que se busca identificar mejor las familias y personas que verdaderamente requieren el subsidio. Al ritmo en que se trabaja, ese proceso podría llevar un buen tiempo. Mientras tanto, la libreta de abastecimiento se achica y no contribuye a resolver la inequidad.

En la Mesa Redonda de este lunes, el ministro de Finanzas y Precios repitió que se reserva un «tratamiento especial» a los grupos vulnerables y que ya hay expertos y entidades trabajando en el diseño de esa estrategia. Es preocupante que la respuesta gubernamental precisa para las personas y familias con menos recursos no esté siendo informada al mismo tiempo que la subida de los precios.

Con estos anuncios de austeridad a la vista, ¿«neoliberal» sería el calificativo que mejor describe las medidas? «No necesariamente un paquete económico tiene que ser de corte neoliberal para producir efectos parecidos al de un paquete neoliberal tradicional», opinó el conocido economista Pedro Monreal en un post de X donde analiza las medidas anunciadas por el Gobierno.

La intención no es neoliberal, pues el neoliberalismo va de todo lo contrario; es, a grandes rasgos, la desregulación de la economía por parte del Estado. No obstante, el efecto pudiera resultar muy parecido: el aumento de desigualdades para una población que vio decaer en 2023 el valor real de sus salarios y pensiones, a pesar de que las utilidades de las empresas estatales crecieron y disminuyó el número de empresas con pérdidas, razona Monreal.

Por otra parte, quienes laboran en el sector presupuestado —que incluye ámbitos esenciales para el sostenimiento de la vida en el país—, al no recibir utilidades, no han sido beneficiados, ni siquiera, con los incrementos salariales en las empresas estatales rentables. A finales de diciembre se anunciaron un grupo de reformas encaminadas a aumentar los montos cobrados por médicos y maestros, pero resultan simbólicas por lo insuficiente para hacerle frente a la galopante inflación, que al parecer no se detendrá a corto plazo.

«Se supone que expliquen de qué manera exactamente pudiera lograrse estabilización macroeconómica y controlar la inflación en 2024 con una política fiscal diseñada alrededor de un enorme déficit presupuestario equivalente a 18,5 % del PIB», comentó el antes citado economista cubano en otro hilo de X.

Ni el primer ministro, Marrero, ni el ministro de Economía, Alejandro Gil, pudieron explicarlo claramente. Una de las características del plan gubernamental, al menos en la fórmula usada para comunicarlo, es su vaguedad. No queda claro el alcance de algunas medidas ni la efectividad que pudieran tener, si asumimos experiencias anteriores del mismo tono. Tampoco quedan establecidos muchos plazos.

El economista Oscar Fernández Estrada, por su parte, cree que la estabilización proyectada será imposible: «El enfoque sigue siendo exactamente el mismo que ya ha demostrado de sobra su fracaso: rentismo y control, en lugar de apostar decididamente por el fomento».

En una entrevista con OnCubaNews, Juan Triana Cordoví, profesor titular de la Universidad de La Habana, elogió la decisión de aprobar nuevas empresas privadas en los municipios, dejando atrás la centralización de esas decisiones, pero también señaló que suprimir el año de exención de impuestos a las mipymes fue un error.

Según el análisis de Oscar Fernández, las importaciones que realizará el sector privado en 2024 pagarán aranceles 5 veces superiores. Ese aumento, que beneficiará al Estado, será pagado al final por los consumidores. Es decir, por las pequeñas economías familiares y personales.

Fernández insiste en que el camino para estabilizar la economía no debería restar incentivos a los contribuyentes, sino que va de estimular que haya más actores económicos. A la vista de las medidas declaradas, eso no pasará.

La meta, ¿cuán lejos está?   

«La distorsión es tan grande que sería muy irresponsable quien dijera que en un año esto se resuelve.», dijo Juan Triana a OnCubaNews, hablando específicamente de la inflación. El experto observó que no hay evidencias de que el programa de estabilización esté totalmente discutido y establecido.

Esa es una de las impresiones que han dejado las intervenciones de Marrero o de Gil sobre el plan gubernamental. Parece un boceto, una pieza inconclusa. Quizás no lo sea, pero así fue informado, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación.  No consta, por ahora, en ningún dossier que esté público.

Triana logró hacer una lista de 43 medidas a partir del discurso del primer ministro, Marrero. «Una cantidad enorme de trabajo que hay que hacer», comentó. «Yo no sé si está hecho».

La sospecha es legítima. Falta orden de prioridades y cohesión, como si los propios autores del programa no estuvieran seguros de por dónde empezar y cómo llegar al final. No quedó claro el cronograma de los cambios, los plazos de resolución de algunos puntos que solo dependen de la voluntad gubernamental.

La Ley de Empresas, que parece un mecanismo jurídico indispensable para resolver algunas de las contradicciones señaladas tanto por el Gobierno como por sus críticos, seguirá pendiente al menos hasta julio del presente año.

Todo sugiere que la ejecución del programa será errática y, en muchos aspectos, también errónea. La Asamblea Nacional del Poder Popular nombró al 2024 como «Año del 66 aniversario de la Revolución». Antes se nombraban los años con una disposición más creativa. En ese estilo, 2024 debió ser el «Año de la Estabilización», pero para bautizarlo, planificarlo, informarlo y finalmente realizarlo, se requieren un carácter, una competencia y una fortaleza que faltan por demostrar.