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Los errores del gobernador
Fue noticia este 24 de abril la renuncia del gobernador de la provincia de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero.
La nota oficial señaló, escuetamente, que el funcionario «reconoció errores cometidos». Su dimisión fue aceptada por el presidente Miguel Díaz-Canel. Lo sustituyó la vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada.
Los medios estatales no han ofrecido más información. Sin embargo, la prensa de Miami y usuarios de redes sociales, sin ofrecer evidencias ni fuentes cercanas al caso, afirman que fue forzado a dimitir por corrupción.
Días antes de su renuncia, medios y canales de la oposición acusaron al gobernador de beneficiarse de la asignación indebida de viviendas, la malversación de recursos y la inversión fraudulenta en empresas privadas.
A diferencia de lo ocurrido con Alejandro Gil, la renuncia de Corona Quintero no incluyó su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al menos hasta el momento de publicación de este boletín.
Según la web del Parlamento cubano, el exgobernador y parlamentario se graduó en el Instituto Superior del MININT en Villa Clara, inició su vida laboral como oficial de esta institución y antes de ser nombrado para el puesto del que dimitió, tuvo «diferentes cargos de dirección en el sector de la Industria Pesquera, desde Subdirector de la Estación de Alevinaje hasta Director General en las Empresas EPICEN y YAGUACÁN».
También afirma que «ha recibido, entre otros reconocimientos, las Monedas Conmemorativas por el XL Aniversario de la Constitución de los Órganos del Poder Popular y por el 200 Aniversario de la Ciudad de Cienfuegos».
Esto significa otra importante caída en el prestigio de los funcionarios del gobierno, aunque se trate de un caso local.
Opinamos que es una torpeza informar como «renuncia», en tono telegráfico, un caso obviamente complejo.
Estamos viendo una constante sustitución de funcionarios e incluso de procesos penales contra funcionarios y empresarios estatales. Es elemental que no se trata de casos aislados, que todo apunta a que la corrupción y la negligencia son hechos generalizados.
El incidente más relevante hasta el momento, por el alto rango del implicado, fue la acusación contra el ex vice primer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil, que no ha tenido un debido seguimiento informativo, dejando margen a múltiples especulaciones posteriores.
No basta con informar escuetamente acerca de medidas contra personas individuales que la mayoría de las veces son imposibles de ocultar. Habrá más razones para poner en duda la credibilidad de la gestión de estos casos mientras no sean tratados con claridad.
Por ahora todo va quedando en la especulación y en la información fragmentaria, casi nunca verificada, que ofrece con tintes sensacionalistas y amarillistas, parte de la prensa no estatal.
La corrupción de funcionarios importantes, generalmente, no implica a una sola persona. Por lo general, estos apenas son la pieza más notable de una trama que puede incluir, desde funcionarios menores hasta empresarios estatales, privados o extranjeros.
Asimismo, la entrada del sector privado en Cuba complejiza los cauces y caminos de la corrupción. A las ya recurrentes acciones de ejercicio fraudulento del poder —como la malversación o desvío de recursos— se le suman males arraigados en el continente latinoamericano y en otros lugares del mundo, como el clientelismo o el traspaso arbitrario de bienes del Estado a privados cercanos a los funcionarios corruptos.
Un ambiente de secretismo, falta de transparencia y control ciudadano, así como la pasividad de la prensa estatal ante estos casos, favorecen estos males, pues los comisores se sienten impunes.
La caída de cuadros como Corona o Gil sugiere una extensa red de manejos irregulares que compromete el prestigio de toda la máquina estatal.
La falta de información, ante esa probabilidad, no parece un descuido fortuito, sino una intencionalidad de no enfrentar ante la ciudadanía las consecuencias que han provocado estos —llamados eufemísticamente— «errores».
Entre tardanzas, llegadas e incrementos de precios
Esta semana fueron noticia varios acontecimientos relacionados con el sector de la alimentación y bebidas.
La primera fue la «recuperación» —tardía— de la canasta familiar normada. Según Francisco Silva, director general de Venta de Mercancías en el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), hasta el 23 de abril se habían distribuido 42 mil toneladas de los productos asignados por la libreta de abastecimiento.
La distribución ha llegado al 67% en el caso del arroz, el azúcar y los chícharos.
Otra funcionaria afirmó que hay «garantías» en la distribución del pan gracias a la llegada de un cargamento de trigo.
El MINCIN añadió que también han podido satisfacer las entregas de pollo, de la leche destinada a los niños, y que se pudo retomar la producción de yogur de soya para los menores que tienen entre siete y trece años.
Por otro lado, el mismo 23 de abril se informó que la empresa cubana Aerovaradero, junto a la estadounidense Cubamax, están transportando con éxito alimentos perecederos a Cuba.
El presidente de Cubamax dijo a Prensa Latina que «hace varios meses estuvieron negociando este convenio, que da la posibilidad a las personas radicadas en Estados Unidos de mandar alimentos a Cuba por vía aérea, con entrega máxima de tres a cuatro días».
El empresario usó como ejemplo de eficiencia el primer envío de carne congelada, que salió el 17 de abril en un avión carguero y ya al día siguiente había sido distribuido en La Habana.
Pero no todas han sido buenas noticias. Esta semana fue conocida la resolución publicada en la Gaceta Oficial que incrementa en un 20% los aranceles a la importación de cerveza. Dicho aumento será solo de 10% si la importación ocurriera de una «nación más favorecida» con la cual el gobierno cubano tuviera acuerdos comerciales.
Según el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios, el objetivo de esta medida es «corregir distorsiones y reimpulsar la economía», así como «estimular y proteger la producción nacional y el incremento de la capacidad productiva instalada en el país». No obstante, indudablemente esto tendrá un impacto directo en la subida de los precios finales en las Mipymes.
Esto significa que la crisis alimentaria no solo es un problema decisivo para el gobierno, además implica una oportunidad para los empresarios estatales y sus socios extranjeros.
También significa que el gobierno sigue implementando medidas para desestimular el hábito importador que predomina en buena parte del sector privado.
Nuestra opinión es que, si bien el gobierno muestra varios esfuerzos por mejorar el acceso a la canasta familiar, en el actual contexto cada vez le resulta más difícil garantizar la estabilidad de su distribución.
Algunos productos tienen un valor particularmente sensible, como los destinados a menores de edad y dietas médicas. Ni siquiera esos compromisos han estado a salvo.
La deprimida producción nacional y el alto componente de productos importados en la canasta familiar normada la hacen particularmente sensible al aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional y el recrudecimiento de las medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos.
Por otro lado, empresas estatales rentables, como Aerovaradero, y sus contrapartes extranjeras, han encontrado en la carestía un rubro de negocios. Si bien esto permite a determinados núcleos privilegiados un acceso más estable a los alimentos, aumenta la desigualdad poniendo en clara ventaja a quienes tienen familiares en el exterior. Es un arma de doble filo.
Asimismo, el discurso gubernamental ha repetido varias veces que el aumento de aranceles a los privados tiene el objetivo de estimular la producción nacional por encima de la importación en este sector. Sin embargo, una política así, además de castigos, requiere incentivos y estos aún son insuficientes.
También sería bueno que el Estado diera ejemplo a los privados, sustituyendo importaciones por inversiones en el sector agroalimentario.
Por solo poner un ejemplo, si parte de las divisas que se les paga a los proveedores extranjeros para importar insumos que pueden ser producidos en Cuba —como la leche— se les pagara a los productores nacionales, tal vez en unos años no hiciera falta importar. Pero ¿quién sale beneficiado con estas políticas?
Cubanos sin marcapasos
Además fue noticia esta semana que Cuba necesita urgentemente cerca de 1 500 marcapasos.
Una organización filantrópica, mediCuba-Europa, enfocada en apoyar a los deprimidos servicios de salud cubanos, solicitó donaciones para comprar estos dispositivos.
La organización reveló que alrededor de 100 personas se encuentran hospitalizadas por falta de marcapasos. De tenerlos, podrían volver a casa.
«Desafortunadamente, la mayoría de los fabricantes de marcapasos se niega a comercializarlos y enviarlos a Cuba. Sin embargo, hemos identificado una empresa italiana dispuesta a proporcionarlos a precios asequibles», advirtió mediCuba-Europa.
El comunicado invita a realizar donaciones de al menos 500 euros, que sería el precio de los marcapasos negociados con la empresa italiana, no identificada. Se proponen enviar entre 300 y 400 dispositivos en las próximas semanas.
En el mercado convencional, estos marcapasos cuestan entre 2.000 y 3.000.
Esto significa que la crisis de los servicios de salud tradicionalmente servidos con el presupuesto estatal, aumenta de forma notable.
Opinamos que esta iniciativa debería difundirse mejor. La cobertura de los medios estatales fue mínima y la de la prensa cubana basada en el extranjero se limitó a señalar el fracaso del gobierno para proveer de marcapasos al país.
No se trata de uno de esos proyectos con objetivos simbólicos. En este caso, las organizaciones implicadas han hecho un trabajo encomiable. Encontraron un proveedor asequible en un escenario marcado por el utilitarismo del mercado y el temor de las empresas que comercializan insumos médicos a ser sancionadas por Estados Unidos.
El trabajo de organizaciones como mediCuba-Europa logra hacer una diferencia. El objetivo que se proponen esta vez es viable. Ojalá tengan éxito.
La vivienda, un asunto que ha sido insoluble
Y fue noticia que un grupo de diputados al Parlamento cubano analizó esta semana la situación de la vivienda en el país.
Al cierre de marzo, según la directora nacional de Vivienda, se habían concluido 2.106 casas y quedaron resueltas 5.582 «afectaciones de eventos climatológicos».
El programa de recuperación del «déficit habitacional» tiene un plazo de 10 años. Es parte esencial de la política oficial sobre la vivienda que fue aprobada en 2018.
En 2023, el primer ministro Marrero reconoció que este programa «no acaba de despegar». El déficit que intenta resolver alcanzaba las 800 mil viviendas en 2023.
Esto significa que la vivienda, pese a la política gubernamental, sigue siendo un problema crónico.
Opinamos que, pese a tantas informaciones y revisiones de distintas instancias administrativas, falta empuje y coherencia en la implementación de esta política.
En décadas anteriores, no solo hubo más recursos disponibles para la construcción de viviendas populares, sino que esa inversión tenía mayor peso en el presupuesto del país. También había más actores dedicados, incluso como actividad extra, a estos proyectos.
En la actualidad no hay una estrategia integral que impulse, desde distintas zonas de la sociedad y la economía, el derecho a una vivienda digna para todas las familias.
Con el cambio de prioridades del sistema político cubano en los últimos años, la vivienda retrocedió en la lista. El país sigue efectuando construcciones de hoteles en medio de la crisis, incluso sin muchas esperanzas de rentabilizarlas. La vivienda, en cambio, acumula pendientes.
Dos siglos de belleza
Por último, fue noticia este 22 de abril el cumpleaños 205 de Cienfuegos, una ciudad legendaria, reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
¡Felicidades a la Perla del Sur!
Sobre el cumulo de calamidades que ustedes hoy nos dan «su opinion» me centrare en la primera, que finalmente engloba de cierta manera todos los demás desastres.
«Estamos viendo una constante sustitución de funcionarios e incluso de procesos penales contra funcionarios y empresarios estatales. Es elemental que no se trata de casos aislados, que todo apunta a que la corrupción y la negligencia son hechos generalizados.»
Analicemos seriamente detalles sobre el Consejo de ministros que podemos encontrar en el artículo del diario Granma 29 de Abril del 2024 y Cubadebate nombrado “Aprovechar potencialidades para encontrar soluciones”
Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, refirió que, en cumplimiento del cronograma aprobado, desde el 23 de marzo hasta el 19 de abril se ha trabajado fundamentalmente en las proyecciones con impacto en la reducción del déficit fiscal; el mecanismo para la asignación y gestión de las divisas; las relaciones entre los diferentes actores de la economía; la producción de alimentos; la política de precios y el fortalecimiento de la empresa estatal socialista.
Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, se manifiesta un panorama desfavorable, lo cual se sustenta en que, entre otros elementos, decrecen los ingresos por concepto de exportaciones, también disminuyen las importaciones, y se incumplen diferentes actividades económicas claves, como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad. confirmó, además, que más de 300 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos, mientras persiste la depreciación del peso cubano por el tipo de cambio informal y, por consiguiente, el incremento de los precios.
El primer ministro Marrero Cruz hacer una revisión integral de las Proyecciones y el Plan de acciones aprobado. La actualización del cronograma añadió, está respaldada por «la necesidad de acelerar un grupo de acciones y proyecciones que tendría un efecto más positivo, y que nos permitiría atenuar un poco la compleja situación que atraviesa el país. Estas acciones están asociadas fundamentalmente, aclaró, al programa de estabilización macroeconómica, a los temas bancarios y de precios, así como al mercado cambiario y la generación de ingresos en divisa.
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, al concluir el mes de febrero, el déficit presupuestario se situó en 22 822 millones de pesos, y aunque esa cifra es inferior a la planificada, alrededor de un 20 % de ese decrecimiento se debió a la inejecución de un grupo de partidas del Presupuesto que tienen un gran impacto, sobre todo en las políticas sociales.
Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, el 80 % de las tierras gestionadas está en diferentes formas productivas no estatales, es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de proporcionar los alimentos del pueblo, para lo cual es esencial llevar a cabo una contratación de manera efectiva. En la etapa analizada hubo contratos con 188 197 productores, apenas el 50 % del total de tenentes de tierra que existen en el país. La tierra es del Estado, y por tanto es de nuestro pueblo; solo está entregada en usufructo a los productores, quienes tienen la misión de producir para nuestro pueblo aun cuando.
Señores acá muchos mas han de renunciar si seguimos estos mismos criterios y errores del gobernador, pero a más alto nivel. Estos funcionarios público, no elegidos sino seleccionados por el primer ministro para que los acompañe en su gestión, han informado y mostrando errores en su labor de solucionar desastres más viejos que su propia gestión y ni renuncian ni los botan.