Las palabras, las promesas y los hechos

Ciertamente es imposible determinar en la actualidad los grados de homogeneidad, diversidad y solapamiento, el peso de las distintas ideas políticas, filosóficas, económicas y sociales que convergieron y definieron inicialmente los contenidos y alcances del anteproyecto constitucional, o interpretar en su totalidad, más allá de los documentos que se han hecho públicos, los factores e intereses políticos que direccionaron al Partido Comunista de Cuba (PCC) a redactar una nueva Constitución, o lo que suele ser históricamente más revelador, las ideas y motivaciones reales de muchos de los actores y participantes en el proceso.

Tampoco es posible evaluar de las informaciones de que se disponen, el papel que realmente jugaron en los cambios que con posterioridad al proceso de consulta popular sufrió el anteproyecto constitucional[1], o cómo fueron percibidas desde el Estado cubano y su aparato político:

1) las dinámicas de participación y de auto-organización que generó el proceso constitucional alrededor de la interpretación y discusión de los contenidos y los alcances de sus artículos;

2) la incertidumbre de cómo se expresarían las tendencias sociales en el referéndum y el peso del pragmatismo ante los objetivos a lograr en términos de índices de aprobación y de una legitimidad deseable para el texto constitucional;

3) la necesidad de sortear las resistencias que algunos de sus artículos generaron y la negociación interna de lo políticamente posible en las formas de presentar los contenidos constitucionales y concatenarlos sistémicamente;

4) la necesidad de manejar en un escenario post constitucional el abanico de aspiraciones, metas y exigencias democráticas provenientes de nuevos imaginarios y subjetividades ciudadanas surgidos como resultado de un proceso de cambio social en relación a las relaciones con el Estado y del funcionamiento de este y de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, es razonable asumir de los elementos de que se disponen, que la urgencia de acometer la modernización del Estado cubano y la creación de un imprescindible marco normativo e institucional preparado para absorber y canalizar un creciente número de disfuncionalidades, contradicciones y desafíos provenientes de las áreas social, política y económica, puede haber sido un elemento esencial de los presupuestos de un elaborado y pacientemente ejecutado proceso de transición de una generación política a otra.

Ello permitió la identificación y uso de lo constitucional y su posterior normatividad e institucionalización, como el eje de los plazos, ritmos y sobre todo del control de un proceso de transición hacia un nuevo régimen político y económico del Estado cubano, capaz de procurarle a este, y a las características esenciales de su sistema político, la estabilidad necesaria para la continuidad de su funcionamiento.

De hecho, la definición del tramo final del proceso de recambio generacional, cuyo punto de consolidación máxima puede ser ubicado dentro de aproximadamente una década, cuando concluyan los dos mandatos constitucionales del actual presidente cubano, puede demostrar hasta qué punto estamos ante un ejemplo de planificación política estratégica en el que lo constitucional no es un punto de arribo final, sino un espacio organizativo que secuencia el diseño general de un proceso político implementado a partir de objetivos, directrices, exigencias y límites muy específicos.

De todas formas, la introducción dentro del cuerpo de la Constitución del 2019 –por primera vez en sesenta años, junto al término de derechos humanos—  de la noción de Estado de Derecho como el elemento distintivo de la misma y de la configuración del Estado cubano[2], así como la ampliación del catálogo de derechos que en ella se hace, conjuntamente a la definición de mecanismos de garantía y defensa de los derechos, es de tal importancia, que rebaza y complejiza extraordinariamente su función organizativa inicial, para constituirse en la zona central de surgimiento de una dinámica de innovación, cambio y desarrollo para el Estado, pero también para la sociedad cubana.

El hecho mismo de que el discurso político gubernamental cobijase esa noción, por lo menos durante el proceso constituyente, fue por otra parte no solo fundamental en su abrupta introducción dentro del discurso político popular, sino también en la progresiva activación y manejo por muchos individuos de un conjunto de conocimientos, experiencias o referentes que provenían tanto del pasado histórico cubano y su fuerte tradición constitucionalista, del fracaso del modelo de Estado que resultó del ensayo del socialismo en el siglo XX, como de las influencias de los procesos políticos que generaron lo que se conoció en términos académicos como el nuevo constitucionalismo latinoamericano.

Como dijera Ariel, un entrevistado, “Ver a Chávez –Hugo Rafael Chávez Frías— por la televisión nacional, primero jurando sobre un Constitución moribunda, y luego teniendo e invocando un diminuto ejemplar de la Constitución venezolana en sus manos en cada discurso, nos dijo a los cubanos que una Revolución podía ser también constitucional. Verlo fue para nosotros una experiencia fascinante, aquí nunca nadie había hablado de la Constitución”.

La afirmación de este ex maestro de 47 años, puede ser ilustrativa de la data de difusión en la sociedad cubana de ideologías cargadas de nuevas ideas políticas y comprensiones del mundo que son disruptivas en buena medida de la experiencia estatal cubana y de las relaciones de los individuos con el entramado de base y medio del Estado cubano, pero también de la importancia y calado en la ideología popular de una tradición política estado centrista y su cultura, que subestimó y desechó la importancia del Derecho como instrumento de interacción en la vida cotidiana y de control de las actuaciones de los funcionarios.

Sin embargo, la evolución de la dinámica de innovación y cambio a que nos referimos, en el contexto de un conjunto de exigencias y demandas de modernización y eficacia social y política que espolean tanto al Estado como a la sociedad, puede expresarse en el predominio o equilibrio de dos tendencias que pueden darse en la implementación del Estado de Derecho en Cuba.

Una en la que este funcione como el soporte de la innovación-cambio-continuidad del sistema político que persigue el proceso desde la óptica gubernamental, que intenta ser, tanto una respuesta política viable a la incorporación, armonización y regulación de muchas de las exigencias que provienen del cambio social que se ha verificado en Cuba, como proporcionar un modelo funcional de sociedad organizada que no rete el orden político existente; la otra, en la que el Estado de Derecho proporcione en las libertades, derechos y garantías reconocidos en el texto constitucional, recursos a la creatividad política y social que pueden ser empleados por sectores, grupos e individuos en la sociedad cubana para la transformación de su realidad y la consecución de metas y aspiraciones, tanto como para evitar interferencias no deseadas, e infames, en el desarrollo de sus proyectos de vida.

Del equilibrio de dichas tendencias de desarrollo del Estado de Derecho pudiera resultar:

1. la rezonificación y el reforzamiento de la legitimidad de la autoridad política en un ámbito constitucional.
2. Desarrollo de un prototipo de estructura gubernamental –y de gobernanza— altamente centralizado, capaz de allanar y permitir concretar rápidamente la transformación económica deseada, al mismo tiempo que posibilita intervenir a través de políticas públicas para arbitrar y balancear contradicciones sociales previstas.
3. el manejo factible de las contradicciones, desigualdades y la intensa conflictividad que se generen de la expansión de un nuevo modelo económico, reencausándolas y despolitizándolas a través de la posibilidad del establecimiento de demandas jurídicas individuales a tramitar y resolver por el sistema judicial.
4. Dimensionamiento y desarrollo axiológico de la cultura constitucional como un elemento integrante de la cultura política.
5. reforzamiento del sentido de la autonomía y la autodeterminación de los individuos como parte de la identidad y la cultura política ciudadana; de las iniciativas cívicas y su capacidad de auto organización, asociación y concertación como prácticas inherentes a la sociedad civil y derivadas de la participación y socialización de sujetos motivados a obtener un grado óptimo de satisfacción de sus intereses personales y de la colectividad, mediante la gestión de las libertades, derechos y garantías que reconoce la Constitución y su conversión en valores.
6. Redimensionamiento de la esfera pública y legitimación del proceso de democratización de las relaciones individuo-Estado.
7. Juridificación de las relaciones individuo-Estado, y fortalecimiento de las instituciones públicas dentro de un sistema comunicacional que permita la producción, transmisión y circulación de informaciones y acciones políticamente relevantes y necesarias para el funcionamiento político de la sociedad.

La existencia actual de un plan legislativo cuyo cronograma y cumplimiento parece perfectamente ajustado al papel asignado a la Constitución y sus leyes complementarias dentro del proceso de transición, subraya la importancia que le es concedida gubernamentalmente al manejo de los tiempos políticos dentro de esta, pero también el valor específico que tienen –y tendrán cada vez más— las expectativas que genera la realización del Estado de Derecho para individuos y grupos, y su creciente trascendencia para credibilidad del discurso político, y como matriz de evaluación ciudadana de las funciones estatales y de la responsabilidad de los funcionarios públicos.

En tal sentido, el desarrollo de una inédita estrategia comunicacional estatal sobre ese despliegue legislativo y la rearticulación y los cambios institucionales que son necesarios al funcionamiento del Estado de Derecho constituye un vigoroso estímulo de tales expectativas, que coexiste con la ampliación de la esfera pública cubana que ha significado la democratización del acceso a Internet y las redes sociales.

La capacidad de esta última para contener y facilitar debates y propuestas, críticas y sobre todo la interacción efectiva entre individuos, ha producido un significativo flujo migratorio de la participación política física al espacio virtual, empero ha proporcionado una plataforma de denuncia y socialización de situaciones, acciones u omisiones que vulneran los derechos de individuos, así como de interpelación a funcionarios e instituciones en condiciones de inmediatez y transparencia completamente nuevas.

Cuando estamos próximos a cumplir el primer año de la Constitución de 2019, esas expectativas, el arranque y puesta en funcionamiento del Estado de Derecho de los ciudadanos y su propia defensa, lidian con el valor cultural y las resistencias de un núcleo de creencias derivado de prácticas, trasiegos y reproducciones culturales realizados por individuos, o élites de función dentro del aparato gubernamental y político cubano, causante que en muchas ocasiones, decisiones administrativas, o judiciales, que atañen a cuestiones trascendentes a los derechos y los proyectos de vida de los ciudadanos, o de individuos, sean tomadas en función de instrucciones gubernamentales, o de políticas no acordadas públicamente que obedecen a circunstancias y coyunturas de diverso tipo, pero también a intereses personales de funcionarios que actúan, o se abstienen de actuar, teniendo en cuenta diversos factores extrajurídicos.

La supremacía de los principios, valores y normas establecidas por la Constitución, la correspondencia y subordinación a ella de todos los actos normativos y administrativos del Estado, de sus funcionarios y empleados, tanto como la garantía, defensa y restablecimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos mediante procedimientos legales preferentes, expeditos y concentrados que en la mayor brevedad y con plena prioridad a otros procedimientos pongan fin al quebrantamiento de derechos que se postulan en el texto constitucional, proponen ciertamente un orden distinto de las cosas, pero también la necesidad de una contracultura que en términos de desarrollo de la institucionalidad sustente además la existencia de un poder judicial capaz de ejercer su función sin interferencias estatales o políticas al conocer estos procedimientos y el apego a la norma constitucional de los jueces actuantes.

Obviamente la coexistencia temporal de estas dos tendencias del desarrollo del Estado de Derecho, su predominio o equilibrio, definen dos variables que pueden describir el curso de desarrollo de un nuevo arquetipo de Estado, su plasmación práctica y la confianza política que sea capaz de generar en sus ciudadanos, pero solo a partir de la real eficacia jurídica, social y política que alcance la Constitución del 2019.

Lograr esto último es el auténtico desafío. Como se sabe, las palabras y las promesas suelen ser una hermosa ilusión de la realidad, pero solo los hechos lo son. Es con ellos que dialogan nuestros sueños.

[1] De acuerdo a las informaciones oficiales en el proceso de consulta popular se realizaron 133 681 reuniones desglosadas en: 79 947 de la población, 45 452 de colectivos de trabajadores, 3 441 de campesinos, 1 585 de estudiantes universitarios, 3 256 de estudiantes de la enseñanza media. En ellas se realizaron 1 706 872 intervenciones, de ellas, 783 174 fueron propuestas, de las cuales se derivaron: 666 995 modificaciones, 32 149 adiciones, 45 548 eliminaciones, siendo planteadas 38 482 dudas, de acuerdo a tortuosa metodología de análisis seguida del Grupo de Trabajo que manejó y presentó las estadísticas del proceso. Significativamente el proceso estuvo abierto por primera vez en la historia constitucional revolucionaria a los cubanos residentes en el extranjero. Como resultado de ello fueron recibidas de 58 países, 1 150 modificaciones, 350 adiciones, 406 eliminaciones y 219 dudas sobre el texto propuesto. Ver en: http://www.granma.cu/cuba/2018-12-22/un-texto-enriquecido-con-el-aporte-del-pueblo-22-12-2018-01-12-24, (consultado agosto 2019).

[2] Indudablemente durante la vigencia de la Constitución de 1976 el Estado cubano puedo ser calificado, y en realidad fue durante mucho tiempo, un fuerte y eficiente proveedor de derechos socio económicos y culturales para la sociedad, sin embargo, jurídicamente, un balance crítico minimalista de esta etapa pudiera caracterizarla por 1) alto déficits de cultura jurídica, y específicamente constitucional, en la población cubana, 2) dispersión jurídica y existencia de una amplia urdimbre normativa administrativa asimétrica con las normas, los valores y principios constitucionales, 3) hipertrofia de las facultades administrativas discrecionales concedidas a los funcionarios dentro del Derecho Administrativo cubano, en detrimento de las facultades regladas, 4) subdesarrollo de las normas constitucionales y ausencia de mecanismos y de una jurisdicción constitucional que permitiese la garantía y defensa efectiva por los ciudadanos de los derechos consagrados por el texto constitucional.