Los peligros del trumpismo para la democracia estadounidense

Al parecer, en las elecciones estadounidenses de 2020 no solo se están enfrentando los dos partidos tradicionales de los Estados Unidos –Demócrata y Republicano-; ni dos concepciones ideológicas que, en otra época, no eran sustancialmente diferentes, sino que la disputa en esta ocasión es además entre la defensa de las instituciones democráticas y el intento de destruirlas.

En su intervención desde la Casa Blanca el pasado jueves, el presidente de los Estados Unidos dijo, literalmente, que «Detroit y Filadelfia son dos de los lugares más corruptos del país» y, antes de realizar semejante afirmación, dejó claro que «nuestro sistema es corrupto». Todo esto para negarse a aceptar lo que ya es evidente: perdió las elecciones. Las perdió en el voto electoral y en el voto popular. La tendencia ya parece ser definitiva en los Estados de Pensilvania y de Georgia, en los que la inmensa mayoría de los votos que se están reportando y que pertenecen a los que fueron enviados por correo, se inclinan por Joseph Biden.

Desde hace meses, Trump ha insistido en que habría un «fraude masivo» en su contra, sin aportar evidencia alguna. Incluso ahora, cuando abiertamente acusa de fraude a los Estados en los que se invirtió la tendencia en su contra y al Partido Demócrata mismo, no ha aportado ni una sola prueba.

Trump no es el primer gobernante que pretende destruir las instituciones democráticas, usándolas o acusándolas de corruptas. Varios en el pasado y en diversos países han utilizado la democracia para alcanzar el poder y luego la han suprimido, estableciendo sistemas totalitarios.

Ése es uno de los peligros del trumpismo. El presidente de los Estados Unidos es una persona autoritaria y autocrática, acostumbrada a usar la ley en su beneficio. Así se comportó como empresario y así se ha comportado como presidente. Entre los gobernantes de ese país en los últimos años tiene un récord de despidos de sus colaboradores más cercanos, a quienes no les ha aceptado criterios diferentes al suyo. De acuerdo con muchos de sus excolaboradores, es del tipo de líderes que no los necesita como asesores, sino para que cumplan sus órdenes.

Antes de las elecciones, se negó a confirmar que aceptaría una derrota, en caso de que se produjera. Para él esto no era una opción. Solo lo era la victoria o un litigio en las cortes, aludiendo un supuesto fraude que ya desde antes de la elección estaba denunciando.

Por esa razón, aprovechó el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg para designar a la jueza Amy Coney Barrett, e inclinar más a su favor la balanza de la Corte Suprema de Justicia, con seis jueces conservadores frente a tres progresistas. Con ello, pretende asegurar fallos orientados a abolir el Obamacare y el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como una posible querella relacionada con las elecciones en el máximo órgano judicial del país. Sin embargo, sería difícil imaginar que la Corte Suprema, por conservadora que sea, se someta a su voluntad, abandonando su misión de preservar la legalidad.

Cuando aun estaban por contar cientos de miles de votos y permanecían varios Estados sin confirmar quién habría ganado en ellos, se atribuyó la victoria y a partir de allí no ha parado de usar las redes sociales y sus propias intervenciones públicas para denostar la elección, acusar de fraude donde quiera que está perdiendo y al sistema de corrupto.

La acusación de corrupción de las instituciones y del sistema puede ser el primer paso para que sus huestes reclamen su destrucción y reemplazo por otras que se acomoden al «líder iluminado». Puede conducir al peligro de una sublevación de sus seguidores que creen fielmente en sus sistemáticas mentiras, porque le siguen, como fanáticos, sin detenerse a contrastar la certidumbre o no de sus afirmaciones. Esto podría significar el inicio de un desorden social de incalculables proporciones que desestabilizaría al país y profundizaría la polarización política que ya lo divide.

De negarse a reconocer la derrota, se crearía una crisis institucional para la cual no existe precedente en el país.

Si la democracia y la legalidad ceden ante las presiones del actual presidente y de sus huestes enardecidas, podríamos estar ante la posibilidad de un golpe de Estado en los Estados Unidos, que se manifestaría en la destrucción de las instituciones democráticas.

Por esa razón, pareciera que es el momento en el que demócratas y republicanos deben cerrar filas para salvar la institucionalidad del país. Todo sistema democrático es perfectible, pero lo que sí ha resultado muy difícil es establecer o restablecer la democracia por vías pacíficas, a partir de un sistema autoritario y dictatorial. Esperemos que ése no sea el escenario por venir y que las instituciones estadounidenses sean capaces de respetar la voluntad popular, con independencia de las diferencias políticas.