La administración Obama fue modificando las regulaciones del Cuban Assets Control (CACR) a partir de sus objetivos de política: “involucrarse con y empoderar al pueblo cubano”, “incrementar los contactos para apoyar a la sociedad civil cubana” y “promover la independencia de los ciudadanos del gobierno”. Lo hicieron varias veces desde 2009. La última, el 15 de marzo de 2016, antes de la visita del Presidente a Cuba.
La Office of Foreign Assets Control (OFAC) y el Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) anunciaron entonces “enmiendas significativas” a las CACR en varios sentidos, entre ellas permitir “viajes personales no turísticos” a Cuba. La movida estuvo destinada a despejarle el camino a los vuelos comerciales, anunciados en enero de ese año.
Ir a la Isla resultaría entonces más simple: ya no habría que hacerlo necesariamente en grupos o paquetes de agencias, sino que funcionaría la base individual, el llamado face-to-face. Solo habría que llenar una planilla declarando el propósito educacional del viaje de la persona para cruzar el Estrecho. En breve, con los vuelos regulares ya podría reservarse un pasaje a Cuba on line, como mismo se hace para viajar a Buenos Aires, París, Moscú o Burundi.
En febrero de 2016 se dio un paso más: ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para restablecer los vuelos regulares directos a partir de lo esbozado en la tercera ronda de conversaciones en Washington DC (14-16 de diciembre de 2015). Se establecieron entonces 110 incursiones diarias de líneas aéreas norteamericanas a Cuba, conectadas con los aereopuertos internacionales de La Habana, Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Holguín y Manzanillo, entre otros.
Y con vuelos procedentes de lugares como Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Orlando, New York y Los Angeles. Se trataba de una acción del ejecutivo para cementar su política antes de concluir su segundo y último término involucrando a este sector de la economía, uno de los más dinámicos y poderosos y con suficiente capacidad de lobby en el Congreso.
La administración Trump, sin embargo, modificaría algunos de esos cursos. A los efectos de lo que aquí nos interesa, uno de los más importantes consistió en poner fin a esos viajes individuales mediante un memo presidencial firmado en Miami en junio pasado. Llevada a la práctica, la movida tendrá sin dudas un impacto específico sobre la economía cubana, aunque entre académicos y expertos de ambos lados hay consenso en el sentido de que no funcionará como un nuevo Armagedón.
Los planes de desarrollo turístico, que están ahí desde la caída del socialismo en Europa del Este y la URSS, se han diseñado sin la presencia de los vecinos del Norte, por bienvenidos que hayan sido o incluso sigan siendo. La industria sin humo de la Isla no está atada a un solo mercado, y ha llegado hasta este punto sin la presencia norteamericana.
Si nos atenemos al espíritu y la letra de las nuevas medidas anunciadas en noviembre último, que persiguen, literalmente, golpear a los militares cubanos y sus empresas, estos parecerían electrones sueltos que se nutren y financian a partir de los ingresos de las entidades bajo su ordeno y mando, como si no entregaran sus recaudaciones al Estado. Desde luego que en Cuba, como en cualquier otro país, este último decide el presupuesto que les da anualmente a sus institutos armados y a su seguridad, como mismo ocurre con sectores como la educación, el deporte o la construcción.
En ello consiste tal vez una de las mayores incongruencias de esta lista de Schindler a la inversa de la administración Trump, es decir, cortar el acceso de los norteamericanos a hoteles y entidades turísticas controladas por los uniformados, no a hoteles y entidades del Estado, en fin de cuentas la verdadera “bestia negra” de esta historia.
Una segunda paradoja radica en que esas nuevas regulaciones persiguen, de nuevo, la “prosperidad de los cubanos y la independencia del Gobierno”. Sin embargo, resulta obvio que cancelar la autocertificación implicará afectaciones a los emergentes emprendedores privados. De acuerdo con estimados, el sector no estatal recibe alrededor del 31 por ciento de los dólares que ingresan en el país por concepto de turismo, entre B&B, restaurantes privados (paladares), alquileres de “almendrones” (autos norteamericanos viejos) o de esos convertibles tan coloridos en los que los turistas de muchas partes suelen retratarse junto al Capitolio de La Habana.
Se calcula que durante los dos últimos años se transfirieron desde los Estados Unidos 40 millones de dólares a esos nuevos emprendedores, que por cierto también incluyen guías turísticos horizontales –en otros términos, no gubernamentales.
Aparentemente, para los nuevos moradores de la Casa Blanca, como para otros que estuvieron ahí antes, existen comunistas tolerables e intolerables. No deja de ser irónico el hecho de que esas medidas se anunciaran, precisamente, durante el viaje del presidente Trump al continente asiático, y en específico a países como China y Vietnam, gobernados por partidos comunistas y con similares records a los de Cuba en derechos humanos y democracia, vistos desde la perspectiva norteamericana.
Y tampoco que se retome un problema que la administración Obama intentó corregir a su modo, digamos que socarronamente. Sigue ahí un incómodo doble estándar: los norteamericanos no necesitan pedirle permiso a su gobierno para viajar ni a China ni a Vietnam, ni menos hacerlo obligatoriamente en grupos. En el caso de Cuba, sí. Anomalías de la Guerra Fría (de nuevo) enfatizadas por esta administración.
Eliminando el face-to-face, se elimina también un rasgo/valor de la cultura norteamericana: el papel del individuo en sus propias decisiones, así como la libertad de elegir. La reservación por Airbnb vía Internet ofrecía y aun ofrece múltiples opciones para bolsillos diversos. En efecto, los clientes iban del aeropuerto a la casa particular seleccionada sin mediación alguna. Ahora, por lo antes visto, no queda más remedio que enrolarse en una experiencia grupal supervisada, dado que, según se dio a conocer, “un empleado, consultante o agente del grupo debe acompañar a cada grupo para asegurarse de que cada viajero mantenga un programa completo de actividades de intercambio educacional”.
Para finalizar, en esas prohibiciones resulta bastante grueso el gap entre la realidad y los papeles. Se caracterizan por un alto componente político-simbólico, como lo han reconocido diversos actores. Más allá de regular el hotel donde se alojarían los grupos autorizados a viajar a la Isla, de los comprobantes a guardar durante cinco años, o de los tranques a posibles negocios en los escasos resquicios que deja el embargo/bloqueo, está por ver si puede impedirse que un norteamericano con copioso sudor en la frente se abstenga de comprar un refresco Cachito, una Tropicola, una Najita o una botella de ron Varadero en un bar, cafetería o restaurante de Habaguanex, de esos que abundan en La Habana Vieja, bebidas prohibidas en una lista oficial porque las produce la corporación CIMEX, uno de los íncubos de los hombres y mujeres de verde olivo. O si puede bloquearse que algunos vayan a Santa María del Mar u otra playa del Este habanero durante un hueco o “bache” en las actividades formales grupales. Como irse de París sin ver la Torre Eiffel. O de Grecia sin la Acrópolis –en breve, eso que los expertos en turismo llaman “marcas”.
Pero a ver: ¿hay algo tan educacional como tomarse un trago fuera del programa, sin supervisión de nadie, interactuando con un cubano?
