La noticia es que de las 17 leyes previstas a discutir y aprobar en 2024 en Cuba, solo 9 fueron aprobadas, con algunas de vital importancia postergadas, como la Ley de Empresas y el Código de Trabajo.
El ministro de Justicia informó al parlamento sobre el ritmo del cronograma legislativo que debe hacer realidad, en la práctica diaria y en los reglamentos, la Constitución aprobada en 2019.
Según Oscar Manuel López Silvera, se pospuso la aprobación del Código del Trabajo, la Ley de Empresas, el Código de Contravenciones, el Código de la Niñez, adolescencia y juventudes, la Ley de Registro Civil, la Ley de la Organización de la Administración Central del Estado, la Ley Tributaria, y la Ley de Posesión y Uso de la Tierra.
Sin dudas, la posposición más significativa es la del Anteproyecto de Ley para la Empresa Estatal Socialista, que lleva casi dos años engavetada.
«La situación económica que atraviesa el país, no aconsejan, en este momento, aprobar la Ley de Empresa Estatal Socialista pues, de promulgarse, no se garantizaría su cumplimiento», afirmó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en su informe al Parlamento.
Según el gobierno, corregir distorsiones e implementar un secreto (no publicado o discutido públicamente) plan de estabilización macroeconómica son las máximas prioridades del momento. Cabría pensar que, en estas prioridades, aprobar una Ley de Empresa sería fundamental para legislar en función de esa prioridad.
No obstante, esta Ley nace con una debilidad esencial: solo regularía al sector público y no a las empresas privadas, estableciendo así en la nueva ley y en el emergente entramado legislativo, una división que el gobierno ha dicho alguna vez, en discursos, que quiere superar, la de dividir una forma de gestión de otra, sin embargo, las decisiones siguen profundizando los prejuicios que existen sobre el sector privado.
Según el economista Omar Everleny, la nueva normativa tiene que superar la disyuntiva estatal y no estatal, y reconocer los elementos de autonomía empresarial, seguridad jurídica y propiedad que exigen las empresas para poder cumplir sus fines.
«Es inconcebible que un país tan pequeño como Cuba, con fuertes rivales internacionales y con un bloqueo asfixiante, se dé el lujo de seguir aplazando y cuestionando temas vitales como la Ley de Empresas», escribió Everleny hace algunos meses para este mismo medio.
El anteproyecto filtrado, que puede sufrir cambios, pero ofrece una noción de por dónde andará el tema, establece una autonomía nunca antes practicada por la llamada empresa estatal socialista. Una autonomía pedida por años, pero que habría que preguntarse cómo las empresas estatales usarán esa autonomía y si sabrán aprovecharla.
También articula cambios para los que aparentemente no están creadas las condiciones. Por ejemplo, hasta hoy, las empresas están subordinadas a ministerios, lo cual ha propiciado la mentalidad de verticalidad en las decisiones, las esperas en las aprobaciones de procesos que tienen que ser ágiles y ajustados a las necesidades y premuras de la economía, y que termina en muchas orientaciones de tipo políticas, que no responden al pragmatismo económico que debe conducir los caminos de una empresa verdaderamente competitiva y generadora de valor.
En teoría, este nuevo entramado se subordinaría a un instituto dedicado a las empresas estatales, y los ministerios se reservarían para un acompañamiento metodológico, no preciso en su descripción.
El documento diferencia a las empresas: unas que tienen como fin generar las máximas utilidades posibles, las cuales tendrían una autonomía absoluta; menciona una categoría de empresas subsidiadas, como aquellas que deben producir alimentos básicos como el pan, teniendo estas menos autonomías para establecer precios; y pone una categoría intermedia entre ambas, no enteramente subsidiadas pero que podrían obtener apoyo financiero del sector público.
En el documento circulado en redes, se listan cambios importantes que ofrecen autonomía a las empresas que no han tenido antes las empresas públicas cubanas. Por ejemplo, en el Artículo 32 se afirma que la empresa cuya misión esencial es obtener elevados rendimientos podría operar cuentas en el exterior, importar y exportar directamente, entre otras posibilidades.
También se incluye como novedad, y que de aplicarse sería un cambio significativo, la posibilidad de que aquellas empresas que no puedan cumplir con el pago de sus deudas y obligaciones con sus activos, o muestren pérdidas de manera sostenida serán sometidas a un proceso de insolvencia o quiebra, aunque cabría la posibilidad de que sean subsidiadas por pérdidas.
Una de las deformaciones fundamentales del entramado empresarial estatal cubano es que una gran parte de las empresas están en quiebra, o presentan pérdidas, y subsisten a partir del subsidio estatal, lo cual es un peso significativo en el presupuesto público, que rara vez se menciona cuando se intentan identificar las causas de la inflación.
No obstante, el anteproyecto continuará en la gaveta, donde está desde el 2022, y se pospone así una urgente transformación, porque, supuestamente, no están dadas las condiciones debido a la crisis económica. El propio gobierno ha dicho que la crisis tiene sus causas también en el actual modelo empresarial, que requiere de una reforma urgente para enfrentar las distorsiones y avanzar en el tan llevado y traído plan de estabilización macroeconómica.
También aplazados están otros anteproyectos importantes como el nuevo Código de Trabajo, que debe ser actualizado para que cubra derechos laborales que se respetan, relativamente, para los trabajadores del sector privado, y que debe acompañar a otros Códigos nuevos como el de las Familias.
También se aplazó la Ley de Registro Civil, que debe acompañar otras legislaciones ya aprobadas, y que otorgaría como derecho ya preterido, el cambio de género en los documentos legales a personas trans que quisieran identificarse con un género distinto al que se le registró al nacer.
Esta noticia significa que el parlamento aprobó poco más de la mitad de las leyes planificadas para el cronograma legislativo de este año, y que la falta de información, rendición de cuentas y explicaciones al pueblo sobre el porqué de estos aplazamientos sigue primando en la narrativa pública en torno a este tema.
Nadie ha explicado con argumentos concisos y sólidos por qué la Ley de Empresas no ha sido aprobada, ni tampoco ha sido público un cuestionamiento de por qué no se aprueba, con la excepción de los foros de comentarios en sitios como Cubadebate.
Significa también que Cuba debería tener, si es que no la vuelven a aplazar, una Ley de Empresa en diciembre de 2025. Esa es la fecha para la cual se ha movido la discusión y votación en la Asamblea.
En búsqueda de los significados de este aplazamiento nos preguntamos por qué no se aprueban leyes que son, de acuerdo a la situación del país y al discurso político, prioridades.
El ministro de justicia reconoció que los términos de presentación de las leyes, de 60 días, y los decretos leyes, de 45 días, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, «no fueron cumplidos en varios casos, una deficiencia que tenemos que eliminar definitivamente», según reporta Cubadebate.
Pero, ¿es un problema de demoras solamente, o quizás de falta de consenso entre los actores afectados o responsables de implementar estas leyes?
Cabe también la posibilidad de que esta ley ofrezca prerrogativas a todas las empresas y eso implique que haya más competencia, por tanto, algunas empresas protegidas por el esquema legislativo vigente consideren que el nuevo marco legal las podría poner en condiciones de desventajas.
Son muchas las preguntas que surgen cuando hay tal vacío informativo sobre un proceso medular que involucra a toda la nación. Aunque la realidad es que varias leyes aprobadas, así como decretos, son aplazadas o cumplidas a medias, por diferentes razones.
Incluso, el ministro de economía, Joaquín Vázquez Alonso, dijo en una mesa redonda de agosto de 2024 que «parte de las desviaciones presentes en estos actores [privados] son consecuencia de los vacíos legales existentes en la legislación», sin embargo, nadie habla de los vacíos legales o las consecuencias que traen la demora en los cambios en el sector empresarial público.
Nuestra opinión es que se necesitan explicaciones reales de por qué estas leyes no se aprueban, e informar adecuadamente este tema debería ser obligatorio según otra ley que no se cumple del todo: la Ley de Comunicación Social.
Ante la severa crisis que vive Cuba, que se traduce en pobreza para la gente, en menos acceso a alimentos, servicios médicos de calidad, y que termina empujando a tanta gente a emigrar, la transformación del modelo económico es urgente. No puede demorar un minuto más. No hay que esperar a que no haya crisis para implementar lo urgente, como no se esperó a que no hubiese crisis cuando en medio de la pandemia que sumió al mundo en una crisis económica cuyos costos pagamos todavía hoy, se emprendió el fallido reordenamiento económico que devaluó el peso, y no resolvió ninguno de los problemas que se proponía resolver, sino que profundizó los existentes y creó otros.
Opinamos que el gobierno cubano y el parlamento deben actuar con premura y agilidad.
Si bien las leyes no son la solución, sino parte de ellas, el discurso pomposo, tecnócrata, y justificativo no ofrece certeza ni esperanza a una población envejecida, cansada y desesperanzada. El gobierno y el parlamento deben actuar en coherencia con las urgencias y tragedias cotidianas en el ambiente nacional. Si no lo hacen, o al menos lo lucen, serán evaluados como disociados y fallando al encargo social que tienen como representantes del pueblo cubano.
La noticia es que el valor del dólar, el euro y la moneda electrónica libremente convertible (MLC) muestran una tendencia a la baja frente al peso cubano, según la tasa de referencia del mercado informal cubano, desarrollada por la plataforma El Toque.
La caída del dólar sigue a un anuncio de parcial dolarización de la economía formal, según palabras del primer ministro, Manuel Marrero, en la Asamblea Nacional en su última sesión del año.
De oscilar entre los 350-340 pesos, el dólar y el euro se ubican ahora en los 300 pesos y 305 pesos respectivamente. Si se observa el comportamiento del valor de la divisa en el mercado cambiario informal, a fines del año pasado tuvo una tendencia a la estabilidad en el último mes, aunque ubicado en valores entre los 260-280 pesos. Aún no ha llegado a ese valor, pero es posible que repita una tendencia a la baja durante las últimas semanas del año.
Este anuncio del PM sucede en un contexto muy particular.
De pasar a tener un control prácticamente total del mercado cambiario a través de las ya difuntas Casas de Cambio llamadas Cadecas en Cuba hace algunos años, el gobierno cubano perdió el control de las divisas y de la tasa tras el reordenamiento monetario, que junto a la crisis de la pandemia, las ineficiencias propias y a la caída casi a fondo del turismo, terminó por dejar las arcas gubernamentales vacías.
Sin embargo, cambistas informales ocuparon ese lugar, y ha sido en ese espacio de ilegalidad en el que la gran mayoría de los cubanos obtienen la moneda dura, o venden la que tienen para obtener pesos cubanos.
El gobierno incluso perdió la prerrogativa de poner una tasa flotante, lo cual han sugerido reconocidos economistas cubanos más de una vez. En aquel momento, la plataforma El Toque, de corte opositor, comenzó a publicar una tasa de cambio de referencia, de acuerdo a una metodología diseñada por el economista cubano residente en Colombia, Pavel Vidal. Así el Banco Nacional de Cuba perdió el control de la tasa cambiaria, y lo que se llama en la calle «la tasa del Toque» es básicamente el valor por el que los cambistas se guían para mover grandes o pequeñas cantidades de efectivo.
Después de que la mayoría de los economistas fueran ignorados, finalmente, el gobierno anunció una tasa cambiaria flotante, que está por ver cómo funcionaría y cómo asegurarían divisas para poder competir con el mercado informal.
La tendencia a la baja podría tener varias lecturas. Según el propio Vidal, tres factores inciden en esto: el ajuste en el déficit fiscal debido a la restricción del gasto, los anuncios de política cambiaria y la posible introducción de una tasa de cambio flotante; así también como el anuncio de la Resolución 56, que pone límites en la importación y venta mayorista entre privados, lo cual podría reducir la demanda de divisas, y por esa causa baja su precio en el mercado cambiario.
Este cambio se produce tras meses de estabilidad en el valor del dólar y el euro, y pone en tensión a los ahorristas en divisas, casi todos en efectivo, ya que el Banco ha dejado de ser una opción, debido a la imposibilidad de recuperar la divisa y porque de cambiarlo lo hace a una tasa muy por debajo del «cambio del Toque»:120 pesos cubanos por unidad.
Esta noticia significa que discretamente, el peso cubano se valoriza, aunque no se sabe a ciencia cierta por qué. Algunos apuntan a que este es el momento del año en que más cubanoamericanos vienen al país y ponen más efectivo en dólares a disposición, lo cual podría tener un impacto en la disponibilidad de divisas.
La caída del dólar frente al peso cubano identificado por El Toque demuestra que la plataforma sigue llenando un espacio que las autoridades financieras cubanas no ocupan, y que si bien puede tener influencias externas, hoy no hay alternativa a esta plataforma cuya tasa de referencia es la que usan buena parte de los dueños de negocios que necesitan recapitalizarse o importar.
Por otro lado, también demuestra los desafíos para el gobierno en caso de que lleve a cabo la imposición de una tasa de cambio flotante que intente competir con El Toque.
Nuestra opinión es que la vulnerabilidad del consumidor común cubano frente a la volatilidad del mercado cambiario lo deja fuera de buena parte de la oferta disponible. Esto sucede debido a los altos precios de los productos, frente al depreciado peso cubano, moneda en la que cobran la gran mayoría de la población con salarios fijados previos a la inflación y a otra realidad económica.
Este no es un fenómeno solo cubano. El cambio en el valor del dólar varía con frecuencia en casi todos los países de América Latina que no están formalmente dolarizados, como México o Brasil.
En el caso de Cuba, fortalecer la capacidad de las instituciones bancarias, ofreciéndoles autonomía real para no vaciar de valor las monedas nacionales es fundamental. Una muestra de esta urgencia es la evolución de la tarjeta en MLC a la Tarjeta Clásica. Cuando se instauró el MLC como moneda electrónica con respaldo en divisas, el abastecimiento de las tiendas estaba asegurado, pero con el tiempo, el MLC se fue depreciando, al punto que las tiendas en esa moneda se vaciaron de productos, y cuando el gobierno tuvo la urgencia de recaudar divisas con la compra de gasolina, no acudió al MLC, sino a la creación de un nuevo sistema: la tarjeta clásica solo recargable en dólares en el Banco cubano.
Si cada vez que se crea una moneda electrónica, o un nuevo sistema de pago, las divisas que respaldan esa operación financiera se dedican a otros fines, se termina dejando sin valor a lo que parecía ser una solución inicial.
Nadie puede cuestionar lo complejo que es para cubanos emprendedores privados o para instituciones gubernamentales hacer operaciones financieras internacionales en dólares. Toda empresa estatal tiene que encontrar una longaniza de subterfugios para poder darle uso a la moneda estadounidense, pero la realidad es que la incapacidad de poner una tasa flotante, invertir aunque sea mínimamente en la infraestructura bancaria y guiarse por un razonamiento económico pragmático son urgencias retrasadas con un altísimo costo para la credibilidad de los cubanos en su sistema bancario.
En reiteradas ocasiones el gobierno ha dicho que no aplica una tasa cambiaria flotante para «proteger a la población», pero realmente hace tiempo que la población está a expensas del cambio del Toque. El hecho es que ni se pone una tasa de cambio, ni se beneficia de tener cierto control de las divisas, lo cual podría de usarse bien, ofrecer más capacidad de maniobra para generar subsidios de calidad a aquellos que lo necesiten.
También está siendo un patrón en el comportamiento del gobierno utilizar el «el bien del pueblo» para retrasar medidas inevitables y cuyos costos ya se sienten por las grandes mayorías.
Las declaraciones del primer ministro durante la Asamblea Nacional no ofrecieron un camino claro ni el cómo de esos anuncios, dejando espacio para algo que sobra en Cuba por estos tiempos: la incertidumbre y la angustia sobre el impacto que unas medidas poco explicadas tendrán sobre el acceso a la comida o sobre el valor del peso cubano.
La noticia es que la nueva administración del presidente reelecto Donald Trump tendrá como figuras claves al menos a tres funcionarios con un largo historial de diseño, promoción e implementación de políticas contra Cuba.
Sin dudas, el nombramiento de más relevancia es el del senador de origen cubano, Marco Rubio, republicano de línea dura que ha sostenido durante años un discurso no solamente hostil contra el gobierno, sino también contra privilegios migratorios que obtienen los cubanos que llegan a la Florida.
Rubio ha sido un mitómano obsesionado con encajar en el discurso más rancio del exilio cubano que partió de la Isla en la década de los 60 del siglo pasado. Durante años incluyó en su biografía un episodio de ficción: que sus padres habían huido de la Revolución cubana, cuando realmente habían abandonado La Habana años antes, durante la dictadura de Fulgencio Batista.
El republicano ha alcanzado el puesto más alto que un latino ha adquirido en la institucionalidad de la política exterior de Estados Unidos, y será un implementador clave de las políticas de Trump. Este último ya ha anunciado propósitos controvertidos, sino imposibles, como acabar de un zarpazo la guerra en Ucrania, hacer que los aliados de la OTAN paguen más en armamento, o deportar a sus países de origen a millones de migrantes.
Esta designación a un descendiente de cubanos ofrece legitimidad a un comportamiento político transaccional y que se sostiene la máxima presión sobre un país que no es ni de cerca un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Rubio se ha ganado un lugar como heredero de la clase floridana que ha obtenido poder político y tracción económica en ese estado sureño por su posición contra el gobierno antillano. Y ese dinero ha sido utilizado como un recurso, por ambos partidos, para ganar al que fue, en algún momento, un estado péndulo.
«Él ha alcanzado el pináculo del poder y una posición en el gobierno estadounidense y la usará para demostrar su reputación como extremista de línea dura con la Isla», así lo explicó Peter Kornbluh, uno de los expertos más importantes sobre Cuba en Estados Unidos, a CNN hace algunos días. «Podría ser el último clavo en el ataúd de lo que ya es una profunda tumba para Cuba», agregó.
No obstante, según los expertos en política exterior estadounidense, Ben Rhodes y Tommy Vietor en el podcast Pod Save The World, la elección de Rubio demuestra que para Trump esa cartera no es prioridad, y por eso pone a un político de la extrema derecha tradicional, pero que en contraste con los otros nominados para posiciones clave, luce normal y hasta sensato. El presidente electo parece estar interesado más en el Departamento de Justicia, el FBI, y la comunidad de inteligencia y menos en el resto de los departamentos. Varios de sus otros nombramientos han estado marcados por el escándalo, incluyendo un candidato a fiscal general que tuvo que retirarse de la carrera por una investigación que lo acusa de uso ilícito de drogas, pago a prostitutas y relaciones sexuales con menores.
Si bien Rubio no tiene un historial tan florido, que se sepa, no es la única mala noticia para los que quisieran ver una mejor relación con América Latina y especialmente con Cuba.
El segundo cubano-americano de mayor influencia en la política exterior estadounidense en esta nueva temporada de Trump en la Casa Blanca será Mauricio Claver-Carone. MCC trabajó muy cerca de Trump en la presidencia anterior, y es uno de los diseñadores clave de la política de máxima presión contra Cuba.
Claver-Carone, nacido en la Florida en 1975, y descendiente de una familia cubano-española, fue el principal asesor de Trump en la Casa Blanca para los temas de América Latina. Poco antes de concluir la administración del republicano, el cubanoamericano fue despedido del cargo. Según análisis políticos del momento, las razones pudieran ser que los resultados prometidos no sucedieron, dígase la caída de Maduro y de Díaz Canel, y que MCC abogó por cambios en la política migratoria hacia América Latina.
Claver-Carone manejaba como posibilidades el rechazo y la deportación de cubanos, lo cual hubiese sido un cambio significativo de estrategia migratoria hacia Cuba, que se ha caracterizado por la promoción de la migración por dos vías: atrayendo cubanos que pueden regular su situación migratoria sin peligro en Estados Unidos, y profundizando la crisis interna que ha provocado en diferentes ciclos varias migraciones masivas.
Tras terminar su trabajo como asesor de la Casa Blanca, Claver Carone fue propuesto para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre de 2020, y tras una votación por teléfono fue elegido. Era la primera vez que un estadounidense lideraba el Banco, debido a la falta de consenso entre los otros países miembros.
Pero la historia no terminó bien. Del BID fue destituido escandalosamente por una investigación ética que ofreció como resultado que el cubanoamericano había tenido una relación romántica con una subordinada, lo cual está prohibido por las reglas de la institución, y que además le había otorgado varios aumentos salariales durante el tiempo en que estuvieron juntos.
Esta historia, en vez de alejar a Claver-Carone de cualquier promoción como cuadro político, lo regresó al menú de opciones de Donald Trump, y ahora ha sido nombrado enviado especial del Departamento de Estado para América Latina.
Este cargo le dará acceso a información, le permitirá orientar a los diplomáticos de la región, y a implementar una política hacia América Latina que debe tener como prioridad enfrentar la migración y fortalecer posiciones con gobiernos aliados. El tema de Cuba debe seguir la ruta de los prejuicios, del llamado a no negociar a menos que el gobierno cubano se doblegue por completo, y de una política de máxima presión en la que va quedando menos por ensayar, debido a los intensos años de Trump en términos de sobrecumplimiento de medidas sancionatorias y represivas a cualquier respiro de la economía cubana.
Pero, desgraciamente, este no es el único nombramiento de funcionarios que tienen una posición declaradamente hostil con Cuba. Como segundo de Marco Rubio, Trump ha nombrado a Christopher Landau, quien fuera su Embajador en México. Antes de servir al republicano como diplomático, Landau ejerció como abogado durante 30 años, con experiencia de trabajo en las oficinas de jueces de la Corte Suprema.
Si bien esta posición, como la de Rubio, debe ser confirmada por el Senado, no se prevén dificultades en las audiencias de confirmación.
Landau tiene un vínculo con Cuba poco conocido, representando a una de las compañías que, acogiéndose a la activación del Título III de la Helms Burton, demandaron a compañías cuyas propiedades, o espacios en uso fueron nacionalizadas por el gobierno revolucionario.
El Título III, dormido desde la aplicación de la Helms Burton en 1996, fue puesto en vigor durante la primera temporada trumpista, y abrió la puerta para demandas en cortes estadounidenses a empresas que utilicen los predios de otras que hace 60 años operaron en esos mismos espacios.
Así hizo Havana Dock Corporation, que tenía un usufructo sobre el uso del puerto de La Habana por una duración de 99 años que debía haber vencido en el año 2004, pero cuyos actuales representantes, familiares de los dueños de esa compañía, hicieron uso de esta prerrogativa excepcional y completamente anormal en la esfera jurídica de cualquier país del mundo.
Los descendientes de los dueños de Havana Docks Corporation, cuyos dueños originales no eran ciudadanos estadounidenses, y además no eran propietarios de ese espacio, sino usuarios por un tiempo definido, llevaron a juicio a las compañías de cruceros que traían turistas a La Habana. Esta es una medida que, si bien no ha tenido un final en el complicado litigio, ha sido disuasoria y grandes compañías de cruceros como Norwegian y Carnival dejaron de visitar La Habana, y con ellas se fue un ingreso fundamental para varias ciudades.
Pues el abogado que representó a Havana Docks Corporation en este caso fue nada menos y nada más que el ahora segundo de Rubio en el Departamento de Estado, el mismísimo Christopher Landau.
Esta noticia significa que el gabinete de Trump ya se parece a lo que él cree necesitar: funcionarios fieles, de extrema derecha, y dispuestos a casi todo por cumplir los caprichos de un presidente que tiene una predilección por el entretenimiento y la sorpresa en casi toda política o decisión.
Significa además que varios funcionarios que han tenido una participación en la ejecución de políticas contra Cuba tienen como una marca de legitimidad ante los ojos del núcleo duro de la extrema derecha, de las visiones más hawkish o imperialistas al interior de la maquinaria de poder de Estados Unidos.
Significa también que Trump ha puesto a conducir la política exterior, como asesores o jefes, a personas que tienen una comprensión del tema Cuba que ha demostrado estar equivocada y que no ha respondido a los intereses de Estados Unidos. Una estrategia que ha probado no tener el resultado previsto, y cuyas consecuencias terminan regresando en forma de grupos de migrantes a Estados Unidos, y en un empobrecimiento de la vida de los cubanos que además han sido golpeados por sismos, huracanes, y la decadencia de su Sistema Electroenergético Nacional.
Esta selección de funcionarios asegura que Cuba estará en la mesa de discusión, no como un ejercicio de debate colectivo en cuanto a cómo cambiar una política fracasada, sino sobre cómo hacerla más hostil para quienes pagan el mayor costo: los cubanos en condiciones de vulnerabilidad.
Marco Rubio tendrá prioridades más urgentes, como el conflicto israelo-palestino, o la crisis ucraniana, o la súper prioridad de Trump: enfrentar el avance desenfrenado de China en la economía mundial. Si Rubio opta por continuar emitiendo soliloquios hablando de Cuba y los riesgos que supone para Estados Unidos caería en un inequívoco ridículo, por decir lo mínimo.
Incluso, Claver-Carone no debería enfocarse en la Isla, considerando que en América Latina hay otros países que son de mayor interés, tanto como emisores de migrantes como por su peso económico.
Esta noticia significa también que en el tema Cuba todo ha vuelto sobre la mesa, incluso asuntos que han sido intocables por décadas, como la Ley de Ajuste Cubano, un privilegio para los nacionales de la mayor de las antillas que ha promovido la migración a Estados Unidos, o el programa de reunificación familiar, el cual ya estuvo detenido antes.
Marco Rubio, más de una vez, se ha referido al «estatus especial de los cubanos». Durante su fallida campaña para la candidatura del partido republicano en 2016, dijo que «un año y un día después, no importa cómo has venido, se les autoriza a convertirse en residentes», y abusan de la Seguridad Social, porque regresan [a Cuba] utilizando fondos del gobierno americano.
«Tenemos a gente en Cuba viviendo de los beneficios de la Seguridad Social [estadounidense]. Esto es un abuso escandaloso».
Aún no ha llegado Trump a la Casa Blanca y ya el flujo migratorio del parole humanitario, que ofrecía una posibilidad de emigrar de forma segura, no está beneficiando a los cubanos. En noviembre llegaron 50 personas beneficiadas por el parole humanitario, sin embargo, ninguno fue cubano, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que sitúa la cifra de cubanos que ha llegado a ese país desde enero de 2023 en 110, 240 personas.
Nuestra opinión es que este grupo de personas hará un uso indiscriminado de las políticas de máxima presión, cuyas consecuencias no derrocarán al gobierno cubano, sino que pondrá mayor presión y austeridad sobre los hogares cubanos.
Además, puede ser que muchos de los privilegios que han tenido los migrantes cubanos, así como las posibilidades de entrada a Estados Unidos, se cierren o limiten.
La pregunta que surge es hasta qué punto estarán dispuestos a sancionar a Cuba, y si realmente derrocar al gobierno cubano es algo que conviniese a esa clase política que tanto se ha beneficiado del conflicto. De no existir, se quedan ellos sin catapulta política, sin fondos de «cambio de régimen» para toda la politiquería que se mueve en La Florida con el tema Cuba. Lo peor es que los hacedores e implementadores de estas políticas no muestran interés en el costo que tienen las sanciones para las personas vulnerables, las más empobrecidas, las que viven con discapacidad, las que sobreviven enfermades crónicas con pocos medicamentos o ninguno… Pero en caso de que lleven esta política hasta las últimas consecuencias, ¿estarán preparados por tener a un país inestable a 90 millas? Si se quedan sin villano, ¿sobrevivirán como clase política?
En un mundo globalizado, con la hegemonía de una cultura de la dominación, fomentada, sostenida por las lógicas del sistema capitalista, se hace inminente la necesidad de una reflexión pedagógica de la que se deriven prácticas educativas que sean verdaderamente liberadoras, contrahegemónicas a lo que Fernando Martínez Heredia denominaba «esa formidable acumulación cultural de signo favorable a las dominaciones de unas personas sobre otras, antigua y renovada, que caracteriza a las sociedades».
Histórica y contextualmente, la educación y la pedagogía —como su ciencia—, han estado condicionadas o al servicio del sistema político, cultural, económico del que son parte, por tanto, no son neutrales. En este sentido, han favorecido reproducir estructuralmente la dominación o han contribuido a la generación de sujetos, instituciones y estructuras sociales organizadas desde y para la liberación, estas últimas minorías respecto a las maneras de pensar y hacer la educación.
Incluso, paradójicamente, desde la intención y voluntad de liberación, se ha terminado reproduciendo pensamientos pedagógicos, concepciones y prácticas educativas de dominación; al situar a los sujetos del proceso educativo como objetos de este, o lo que es lo mismo, situar a los sujetos de la liberación en objetos de su liberación, un pequeño pero definitorio descuido. Esto ocurre cuando los educandos no tienen espacio para participar en la construcción de la educación que quieren o necesitan, o cómo y hacia dónde van estas prácticas liberadoras.
Desde la intención y voluntad de liberación, se ha terminado reproduciendo pensamientos pedagógicos, concepciones y prácticas educativas de dominación.
El contenido de las reflexiones de esta presentación, o más bien provocaciones, sitúan el diálogo como esencia de la teoría y práctica pedagógica-educativa liberadora. Relacionamos este asunto con la Educación Popular (EP), corriente pedagógica, situada dentro de las pedagogías críticas, que tiene como referente el pensamiento y la acción pedagógica de Paulo Freire. Una «Pedagogía del oprimido», «práctica de la libertad», «de la esperanza», «del compromiso», entradas múltiples a esta propuesta que el CMLK y otros actores de la sociedad cubana han impulsado en Cuba por décadas.
Es importante tener consciencia de que no es la única corriente educativa que se ha enfrascado en asumir el diálogo entre sujetos como esencia de la emancipación.
El diálogo, en la pedagogía de la educación popular, no se circunscribe a un método, se asume como fenómeno humano que, como bien destaca Freire en el capítulo III (La diaoligicidad: esencia de la educación popular como práctica de la libertad) de su texto, «Pedagogía del oprimido», nos revela la palabra como algo más que un medio para que este se produzca.
La palabra como esencia del diálogo en la educación popular, es decir, el diálogo mismo, se asume como praxis, acción y reflexión en indisoluble interacción para transformar el mundo, las realidades de opresión, a lo que Freire llamaba «palabra verdadera».
Es así que esta palabra verdadera en la propuesta pedagógica de la EP niega la reflexión sin acción que se convierte en palabrería, verbalismo, y por ello, decía Freire «alienada y alienante, (…) de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo». Argumentaba el pedagogo brasileño que «no hay denuncia sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción»; y niega la acción sin reflexión que se convierte en activismo, en acción por la acción que imposibilita también el diálogo, la praxis emancipadora.
Por tanto, el quehacer pedagógico para el diálogo educativo de la EP, se plantea algo más que conocer o saber sobre algo. Su propósito principal se orienta a la formación de sujetos con conciencia crítica, capaces de reflexionar críticamente, desde la diversidad de identidades, saberes, prácticas y experiencias de vida que les caracterizan, sobre sus relaciones socio-culturales, políticas, ideológicas, económicas, ecológicas, desde las que se produce el conocimiento, la vida y nos producimos como seres humanos. Sobre todo, el desarrollo de pensamiento crítico respecto aquellas relaciones de producción material y espiritual de la vida que son funcionales a la dominación, y en las que, de alguna manera, estamos implicados e implicadas, contribuimos a reproducir, en tanto son sistémicas.
El quehacer pedagógico para el diálogo educativo de la EP, se plantea algo más que conocer o saber sobre algo.
¿Y para qué ese pensamiento, conciencia, reflexión crítica desde nuestras diversidades? Para actuar como sujetos colectivos, organizados, movilizados, con valores, pensamiento, sentimientos y actitudes que posibiliten la transformación de esas relaciones de producción constructoras de escenarios, mecanismos, procesos, realidades de dominación. Es común escuchar a educadores y educadoras populares decir que la pedagogía de la educación popular se orienta a la formación de sujetos «hacedores, hacedoras» de realidades emancipadas, de nuevas realidades.
De lo planteado hasta aquí podemos afirmar que, sin procesos pedagógicos que generen las condiciones y situaciones educativas para la formación de esa conciencia crítica, esos valores, afectos y actitudes, no hay diálogo, no hay «palabra verdadera», no hay praxis liberadora.
Este enfoque pedagógico-político del diálogo nos coloca ante un sentido más amplio de la educación, la formación y la pedagogía, que trasciende los sistemas educativos institucionalizados (A Torres, 2022), sin descuidar la necesaria transformación de estos a partir de dicho enfoque, a la par de otras estructuras, instituciones y organizaciones sociales.
Una de las categorías relacionadas con el acto educativo que amplían su sentido en la propuesta de la EP es la noción que tenemos sobre qué es aprender, cómo aprender y para qué aprender. No se aprende cuando recitamos un tratado de filosofía o respondemos un examen evaluativo. Se «aprende» cuando aprendemos a aprender, es decir cuando modificamos las formas de comprender, de sentir, de relacionarnos y actuar como sujetos de nuestras realidades, es decir cuando se desaprende. Se aprende cuando nos convertimos en gestores de conocimientos que modifican esa matriz de hábitos, costumbres, creencias, habilidades, valores, saberes que estructuran socio-culturalmente las maneras en que, hasta entonces, producíamos nuestras realidades y nos producíamos como seres humanos en ellas.
No se aprende cuando recitamos un tratado de filosofía o respondemos un examen evaluativo. Se «aprende» cuando aprendemos a aprender.
Relacionamos esta noción del aprendizaje más con la formación que con la «enseñanza». Como ya se ha planteado con la formación de sujetos, valores, conciencia, formación desde la práctica. La formación desde esa noción de aprendizaje no concluye en clases, seminarios, conferencias, talleres de un programa de estudio de una institución escolar, educativa, continúa en la aplicación práctica de experiencias disímiles, en otras estructuras, instituciones y organizaciones sociales.
La formación desde y para el diálogo comprende otras mediaciones o labores pedagógicas, llamadas «informales», como el acompañamiento, el seguimiento, la animación, la coordinación colectiva, la evaluación participativa, etc., en los escenarios o contextos donde los sujetos educativos se relacionan, organizan y movilizan para poner en práctica sus aprendizajes desde lo desaprendido.
Esta formación resulta entonces tanto de la «actividad educativa explícita» (cursos, talleres, programas de estudio, etc.) como de experiencias generadas en los espacios, vínculos y procesos organizativos (reunirse, conversar, movilizarse, diagnosticar, planear, diseñar, sistematizar la experiencia colectiva que se gesta, evaluar, etc.) No se da espontáneamente, necesita de:
formadores y formadoras que asuman el diseño e implementación de esas labores,
reflexión y acción permanente en la práctica.
creación de condiciones y situaciones educativas que posibiliten realmente la participación, la posibilidad real, factible, viable de los sujetos implicados de:
estar informados (datos),
de opinar (valorar),
de decidir,
de actuar.
La ampliación de los sentidos de la educación y de la formación como categoría central de la pedagogía del diálogo y para el diálogo, nos conduce a asumir la pedagogía desde una noción no instrumental, como el pensar sobre los sentidos, intenciones, contextos, sujetos, relaciones, contenidos, maneras y actos de educar, como el saber sobre la práctica educativa susceptible de ser conceptualizado, transformado. Nos conduce a reconocer a educadores y educadoras como sus portadores, y como tal, también a quienes se implican en otros procesos de gestión, coordinación en la sociedad, que deben ser formados y formadas para que tomen conciencia de la labor educativa, pedagógica de sus acciones y del diálogo como esencia y medio.
Lo anterior nos confirma que una pedagogía del diálogo no solo se pregunta sobre el cómo (la metodología), se pregunta el «por qué» (sentido); el «para qué» (intencionalidad); el «dónde» (ámbito); el «con quiénes» (sujetos educativos), el «sobre qué» (contenidos) y transforma las concepciones desde las que se plantean las relaciones de poder hegemónicas y presentes en todo acto de producción educativa de la sociedad.
Estas preguntas, y más que todo sus respuestas, se inscriben dentro de la multiplicidad de manifestaciones de una lucha política, cultural, ética, en el campo de la subjetividad, que contrapone modelos sociopolíticos de dominación, segregación, jerarquías, competencia y exclusión, con modelos de cooperación, reconocimiento de la diversidad, diálogo cultural, creación colectiva. No es un terreno calmo, es uno de los espacios definitorio de cualquier transformación social.
No es un terreno calmo, es uno de los espacios definitorio de cualquier transformación social.
En relación a la idea anterior, no es de extrañar que la Educación Popular, al igual que otras pedagogías críticas, sea permanentemente denostada, impugnada y condicionada por los referentes académicos e institucionales que operan al servicio de la pedagogía tradicional y en definitiva a los modelos políticos que estos consagran y reproducen. De enfatizarse que el debate no es estrictamente metodológico, sino esencialmente políticos.
La pedagogía del diálogo se interroga a sí misma ¿desde qué y para qué tipo de sociedad hacemos pedagogía y educación?, ¿desde qué y para qué tipo de sistema sociopolítico, cultural, económico? Interrogantes que nos comprometen a revolucionar la escuela a la par de otras instituciones y estructuras sociales desde relaciones de poder justas, dignas, soberanas, cooperativas, socializadoras de la producción de saberes y de la distribución material y espiritual de la vida.
Ni la basura redundante, ni la cabalgata de los precios sin cabeza, ni la carencia de azúcar en el país que de azúcar fue, ni los huevos que nos faltan, ni la proeza olímpica de Mijaín, ni la muerte brutal del Tiger, ni dos ciclones ni dos terremotos, ni el regreso de Trump, ni el mundo en guerra, ni el último cameo de nuestra Marilyn de Armas, ni un cumpleaños dandy en zona vedada… Ninguno, entre los múltiples sucesos que marcaron la agenda pública en Cuba durante este año que se va, fue más constante ni conturbó tanto la sensibilidad ciudadana como el tema de la electricidad; o coloquialmente dicho: la falta de luz.
Los apagones han sido la (mala) letra del año. Una secuencia de eventos desafortunados en ese sector vital para el desarrollo socioeconómico que es el energético, degradó el abundante triunfalismo de gurúes y parlamentarios que prometían un 2024 mejor que el 2023. Cuando un nuevo año casi abre sus puertas a la expectativa, la mente desmenuza e intenta digerir todavía el rosario de esperanzas frustradas y percances, en algunos casos tan dramáticos que han dejado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en estado de zozobra, bogando entre corrientes enfrentadas.
Sin embargo, la odisea no se circunscribe únicamente a este calendario. Ya a mediados de la década del 2000 Cuba enfrentó circunstancias similares que condujeron, entre otras estrategias, a introducir los grupos electrógenos y establecer el programa de gobierno conocido como Revolución Energética. Tampoco la crisis energética golpeó solo a Cuba este 2024, países latinoamericanos como Honduras, México, Colombia, Venezuela y Ecuador sufrieron apagones significativos.
Apuntillada desde el año 2020, fecha en que empezó a crecer la demanda de energía eléctrica —tendencia que se mantiene— hasta alcanzar curvas por encima de la carga que pueden servir las plantas generadoras, la crisis energética actual ha venido marcando la hoja de ruta nacional y prácticamente ha maniatado al SEN, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles, la insuficiencia de divisas para importarlos, la infraestructura obsoleta y las limitaciones para su renovación tecnológica.
Este sombrío panorama, aun después de haberse evaluado, soñado, especulado y ofrecido una salida victoriosa, ha venido a resucitar los fantasmas del llamado Periodo Especial y a esparcir en el imaginario colectivo la noción de que Cuba no vencerá la tormenta en un plazo concreto. Incluso, no porque se descubra ahora mismo una cuenca de petróleo, o quiten el bloqueo, o aterrice un Papá No-é de dialecto eslavo, existen garantías reales de que la Isla pueda salir de su via crucis de hoy para mañana. De las crisis profundas no se emerge con propaganda quejumbrosa, deseos lisonjeros ni obras milagreras, sino con enfoque científico, gestión eficaz de recursos y compromiso de los seres humanos con su tiempo.
El país de las sombras largas
Si bien sufrir apagones no es algo nuevo para los cubanos, esta vez la diferencia ha radicado en que el asunto alcanzó cotas inéditas. Tres caídas al punto cero del SEN en menos de dos meses, sin contar otras desconexiones parciales, y jornadas maratónicas en las que el servicio eléctrico brilló por su ausencia, son el epítome de una situación extrema. La costumbre revolucionaria de bautizar los años con una denominación solemne quedó atrás, pero 2024, por sus desafíos y claroscuros, será recordado sin dudas como el año de la emergencia energética.
Marzo, con hasta 18 horas de apagón al día en varias provincias —con mayor incidencia en la zona centro-oriental— anunciaba tempranamente la tónica. Por ejemplo, el viernes 8 de marzo hubo un déficit de 1 566 MW, el más alto hasta la fecha, superando los 1 378 MW del 13 de febrero. Durante esos primeros meses, autoridades gubernamentales pidieron confianza y resistencia, alegando que las molestas interrupciones del servicio respondían a mantenimientos «inaplazables» para que las termoeléctricas llegaran en «mejores condiciones» a la etapa de julio y agosto, cuando el consumo suele aumentar exponencialmente dado el uso intensivo de equipos de refrigeración y climatización. Pero el balance de la realidad acabó siendo contrastante.
La inconsistencia energética resultó aún más palmaria después del verano y con el curso de los meses los récords de afectación continuaron en ascenso hasta alcanzar vértices nunca vistos. Ya para noviembre —a pesar del auxilio de las temperaturas frescas— la máxima afectación en el horario pico se disparó la tarde del martes 1ro. hasta los 1 768 MW, superior al déficit pronosticado. El último trimestre cierra con índices de afectación máxima prevista rondando los 1 300 – 1 600 MW. Esas cifras se traducen en que la capacidad de generación ha quedado por debajo de la línea media de la demanda (sobre los 3 000 MW) o lo que es lo mismo, más de la mitad de la población cubana ha estado a oscuras varias veces.
La inconsistencia energética resultó aún más palmaria después del verano y con el curso de los meses los récords de afectación continuaron.
También en este periodo ocurrieron las sonadas interrupciones generales del SEN, un lance que la Isla no había sufrido antes con semejante reincidencia. La primera de estas fallas masivas aconteció el 18 de octubre, cuando una «salida imprevista» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, principal unidad del sistema, sumió al país en la absoluta oscuridad. En una foto satelital solo podía verse la península de Hicacos plenamente iluminada dentro de la silueta insular. Entonces, los trabajos de recuperación tardaron cuatro y cinco días, según las zonas, después de varios intentos de sincronización que acababan malogrados por inmediatas caídas.
2024: al machete y con la luz apagada 3
Con la entrada de noviembre se ensañó la naturaleza al fijar, en un corto periodo, dos huracanes y dos terremotos que pusieron los pelos de punta desde Maisí a San Antonio. Un segundo colapso del SEN ocurrió el día 6 durante el paso del huracán Rafael, que causó estragos en las líneas de transmisión y dejó sin servicio por varias semanas a las provincias occidentales, sobre todo a Artemisa y Pinar del Río. Esta salida de golpe del sistema provocó severos daños en la CTE C. M. de Céspedes, en Cienfuegos, entidad clave por su rol de balance intermedio en la llamada columna vertebral del SEN. (La unidad continúa fuera de servicio al momento de redactar este texto).
A finales de este onceno mes la Gaceta Oficial dio a conocer un nuevo decreto gubernamental para «contingencias eléctricas», orientado a regular el consumo de los portadores energéticos particularmente de los distintos actores económicos, privados o estatales, en momentos en que la capacidad de generación no pueda satisfacer la demanda. Como parte del paquete de medidas, el documento estableció que los actores económicos considerados «altos consumidores» deberán instalar sistemas autosuficientes para producir parte de su electricidad.
El último episodio de esta saga ocurrió el 4 de diciembre, cuando a las 2:08 de la madrugada se produjo otro apagón masivo debido al «disparo de la automática» de la Guiteras, según informó la Unión Eléctrica (UNE), lo que en el argot técnico se denomina «disparo fantasma», porque a ciencia cierta no se logra comprobar el motivo de cierre de la susodicha válvula. Ya desde la jornada previa el SEN andaba en la cuerda floja, con nueve unidades de termoeléctricas fuera —cuatro en avería y cinco en mantenimiento— y con 58 centrales de generación distribuida y la patana de Santiago de Cuba sin generar por falta de combustible.
A diferencia de las caídas anteriores, es justo reconocerlo, en esta ocasión el meticuloso proceso de recuperación fue más expeditivo y se solucionó la caída en un plazo de 22 horas. Mucho tuvo que ver la experiencia acumulada en los eventos precedentes y que las condiciones materiales eran más favorables.
Prismas ante la adversidad
Con overoles manchados y salarios que todavía no le hacen justicia, los obreros del sector eléctrico han sido los verdaderos héroes, haciendo de tripas corazón para mantener en pie una industria que en menos de un año ha visto caer en picada sus capacidades de generación en un 50%. Con innovación, pericia y carácter los trabajadores eléctricos han podido lanzar su órdago, lo mismo que un médico mantiene vivo casi artificialmente a un paciente en terapia.
Pero más allá del potencial humano y de voluntades oficinescas, resulta evidente que las termoeléctricas, fuentes convencionales sobre las que recae el mayor peso de la generación eléctrica, ya han vencido su vida útil. En su mayoría tienen más de 30 años de explotación y un déficit crónico de inversiones, de ahí que el SEN haya venido trabajando cada vez más al límite de sus posibilidades, condición endeble que lo ha hundido en frecuentes roturas y desplomes.
Los apagones han bombardeado la paciencia de los cubanos de a pie. Aislados actos de protesta en «barrios vulnerables» de distintas ciudades —como los ocurridos en marzo— dieron clara señal de la situación caldeada. No hay maquillaje para disimular los hematomas de la crisis en los rostros. Todavía está pendiente de estudio el impacto de los apagones en la psicología social y en la economía doméstica; asimismo, se verán a largo plazo los perjuicios ocasionados al sistema educativo y al entramado de la empresa estatal, pues fueron varias las jornadas en las que se suspendieron las actividades docentes y en que la producción de bienes y servicios se redujo a valores mínimos. El sector privado tampoco quedó a salvo de pérdidas.
En número nada despreciable, la familia cubana sobrellevó estoicamente durante los blackouts el riesgo de perder o el deterioro en sí de las exiguas reservas alimenticias y recursos procurados en tiempos de inflación; por si no bastara, a ello se juntaron la escasez de agua ante inoperancias de los sistemas de bombeo y los rompecabezas para la cocción de alimentos.
La familia cubana sobrellevó estoicamente durante los blackouts el riesgo de perder o el deterioro en sí de las exiguas reservas alimentarias.
En consecuencia, se generalizó una matriz de opinión no solo en torno a la necesidad de hallar soluciones definitivas a la extenuante crisis de la electricidad, sino sobre la polémica distribución de las afectaciones en el mapa nacional. En la era de la polarización y la sobreinformación, es de suponer que las redes se volvieron epicentro de la catarsis pública y plataforma idónea para desatar las críticas más duras. En ese contexto no faltó la típica chanza criolla que asignó a la Isla topónimos como Apagonia y Oskuristán, o le otorgó el guinness por ser la única población del mundo que conoce de memoria el nombre de sus termoeléctricas, algo propiciado por el «dúo dinámico» habitual en los amaneceres.
Si no fuera tan grave el asunto todo eso moviera a risa, pero no puede ser objeto de mofa el hecho de que estén apagadas 10 millones de personas, esas que quedaron luego de un éxodo en estampida determinado en buena medida por la propia aspiración de buscar la luz al final del túnel. Y es que disponer de energía eléctrica debe entenderse como un derecho humano, por ser una condición indispensable para acceder a otras garantías en el orden socioeconómico.
Empecinado en recocinar el fondo del jarro, el bloqueo económico sostenido hace seis décadas desde Washington entorpeció la adquisición de insumos para reanimar la infraestructura eléctrica y el acceso a buques petroleros, sobre todo tras el declive de cuotas amigas como las que vinieron establemente de Rusia, México y Venezuela años atrás. Justo la cuestión eléctrica fue leitmotiv en el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, al denunciar los daños del bloqueo en el plenario de la ONU el 30 de octubre último:
«La causa primaria del fallo del Sistema Eléctrico Nacional fue la carencia de combustible que afectó la generación y provocó inestabilidad asociada al estado precario de nuestras plantas, ambas consecuencias directas de las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el gobierno estadounidense desde 2019, específicamente diseñadas para impedir los suministros de combustible, y de partes y piezas para el mantenimiento técnico a nuestras plantas e instalaciones eléctricas, así como para obstaculizar la inversión y el acceso a financiamiento. Hemos superado la grave contingencia eléctrica, pero la normalidad de los cubanos incluye prolongados y frecuentes apagones que afectan los hogares y los servicios fundamentales», aseveró el canciller.
Tanto el bloqueo, la falta de financiamiento propio, como el arte nacional del regateo, lastraron los arribos oportunos de tanqueros con diésel y fuel-oil, carburantes que consume puntualmente la generación distribuida, dígase emplazamientos de grupos electrógenos y las patanas turcas. Supeditado a dichos entuertos y sin chance de un enrosque salvador, el SEN quedó varias veces en jaque. Y es que si bien ese tipo de generación resulta útil en días de apagón para asegurar las prestaciones de hospitales y centros vitales, o para crear las famosas «islas» encargadas de «robustecer» las unidades térmicas tras un colapso, representa a todas luces un negocio bastante costoso.
Tanto el bloqueo, la falta de financiamiento propio, como el arte nacional del regateo, lastraron los arribos oportunos de tanqueros con diésel y fuel-oil.
En más de una comparecencia televisiva, podcasts y declaraciones a la prensa, el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reiterado que Cuba consume 8 millones de toneladas de combustibles, de las cuales produce apenas 3 millones; de ahí el «sacrificio financiero del país» en función de responder a la actual contingencia, tanto en lo que respeta a la electricidad como al manejo y distribución de los combustibles disponibles. «Cuba en el año 2021 importó 126 000 toneladas de gasolina, en 2022 unas 192 000 toneladas, y en 2023 unas 203 000 toneladas. El consumo de Cuba demanda unas 360 000 toneladas de gasolina. Por lo que se puede ver que estamos muy por debajo de las necesidades y por eso es la situación que tenemos, que está dada por la escasez de financiamiento y el impacto del bloqueo como principal razón de esto», reconoció el ministro en el espacio de la Mesa Redonda.
Contrario a los paulatinos recortes de hidrocarburos se expandió la demanda de electricidad, lo que hace mucho más complicado conseguir los presupuestos de la política energética y viene a encarnar la metáfora del horizonte de Galeano: el SEN intenta caminar dos pasos hacia sus metas, pero la demanda se las aleja dos pasos más allá. «La tendencia es a subir 300 MW por año», advirtió el ingeniero Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica, en cadena especial junto al primer ministro en vísperas del apagón general de octubre.
Esto quiere decir que desde el año 2020 a la fecha, el consumo nacional ha aumentado casi 1 000 MW, lógicamente vinculado al incremento de motorinas, aires acondicionados, hornos eléctricos, ventiladores y demás equipos que entraron por miles a partir de las licencias aduaneras; inclusive sin olvidar la existencia en el país de 7 millones de teléfonos móviles, que aunque no lo parezca, suman un consumo de energía nada desdeñable al cargar sus baterías a diario. Por supuesto que un desbalance de esta naturaleza exige una actualización constante de la estrategia política en materia de energía y cálculos de las nuevas cargas en correspondencia con la vieja capacidad instalada, pero en esencia conlleva sólidas inversiones y cambio de mentalidad.
Gas licuado: la otra crisis
Las dificultades con la importación de hidrocarburos y sus derivados tuvieron otro sensible reflejo en más de 1 700 000 hogares cubanos, pues a lo largo del año se presentaron «baches» en el suministro del gas licuado empleado para la cocción de alimentos.
Los problemas para la distribución de cilindros por Cupet se agudizaron hacia septiembre, con largas semanas de colas en las calles mientras los barcos esperaron anclados en los puertos sin poder descargar debido a los impagos. Esto causó la paralización del abasto en varios territorios, sobre todo en las regiones de centro y oriente del país.
Los problemas para la distribución de cilindros por Cupet se agudizaron hacia septiembre, con largas semanas de colas en las calles mientras los barcos esperaron anclados en los puertos.
De acuerdo con reportes en redes sociales, en conciliábulo sospechoso la escasez e incertidumbre pusieron la reventa «por la izquierda» en la órbita de los 30 000 pesos un cilindro lleno; cuya tarifa oficial había tenido una modificación en febrero de este año, cuando pasó a cotizarse de 180 a 225 pesos, con el propósito de eliminar el subsidio estatal.
La angustiosa crisis con el llamado «gas de balita» vino a tener alivios parciales en octubre y noviembre, a partir de que se pudieron efectuar los reembolsos a los suministradores. Sin gas y sin electricidad para elaborar la comida, a lo largo y ancho de la geografía se fue haciendo cada vez más común apelar a primitivas técnicas de cocina con leña y carbón vegetal (costando un saco de este último entre 1 500 y 2 000 pesos). Como quien avanza impávidamente por el camino a una distópica Comala de Rulfo.
Anuncio en la plataforma Revolico
En medio de escenario tan adverso no dejó de llamar la atención, —y así lo señalaron notables economistas y ciudadanos en sus perfiles personales— que ante la contingencia energética no hubo una suficiente previsión ni la audacia de reorientar inversiones categóricas a la maltrecha infraestructura eléctrica, en lugar de seguir construyendo hoteles como la controvertida mole de 23 y K, que lumínica cual juguete de feria navideña, se empina 20 metros por encima de la Plaza de la Revolución José Martí, otrora símbolo de altura nacional. La apuesta por el ramo turístico parece cada vez más terca, si se tiene en cuenta que hasta el mes de octubre Cuba solo había recibido 1.8 millones de viajeros internacionales, un 6.5% menos que igual periodo de 2023.
¿Energías en renovación?
Como parte de sus limitaciones energéticas, la UNE implementó este año cortes programados sobre la base de un calendario estilo mahjong que informa cuándo se afectará el servicio eléctrico a sus clientes; sobra decir que dichos esquemas acabaron sobrepasados. Los cubanos lamentan que la práctica haya llegado para quedarse, por lo menos otra temporada.
A pesar de la conjunción de desastres naturales y obstáculos humanos que desembocaron en divagaciones, ideas atrofiadas, análisis infructuosos, tiempo perdido, desilusiones y sensación de falta de acompañamiento, sin prisa pero sin pausa Cuba ensaya cambios y fórmulas para sobrevivir y seguir haciendo el amor bajo un temporal que debe atenuarse en algún momento.
Negado a desencajarse por las sombras ni las presiones foráneas que siguen gravitando sobre nuestras cabezas, algún ministro se entusiasma y promete «un minuto el año que viene donde no vamos a consumir combustible importado» (ver tiempo 59:54 de la transmisión). La visión está amparada en un ambicioso programa que fomentará el cambio de la matriz energética con la instalación de 31 parques solares fotovoltaicos de aquí al 2030; el «año fantástico», a juzgar por su función de ritornelo en todos los planes de desarrollo. Sin embargo, ahora mismo la recuperación total de la capacidad de generación térmica podría tardar hasta dos años y medio.
Con el afán de recuperar el Sistema Eléctrico Nacional en el menor tiempo posible y responder a los reclamos de la población, el ministro Levy presentó en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional un plan gubernamental que promete la búsqueda de soluciones financieras, el suministro de combustible, el impulso de las fuentes renovables de energía y la atención al personal del sector. Además, aspira a recuperar 850 MW de disponibilidad en la generación distribuida y la eficiencia en las termoeléctricas que consumen petróleo cubano. La proyección es incorporar 2 000 MW a la generación nacional entre 2025 y 2026.
El tránsito de un año al otro suele inundar de júbilo al espíritu humano, por lo que es tradición consagrarse a renovados augurios de cara a la futura jornada. Muchos cubanos, pudiera decirse, son muy dados a los juegos de la imaginación y a pronósticos optimistas, aun cuando los sostenidos golpes de la contraproducente fortuna le hayan sancionado que todo año nuevo es un cheque en blanco. Algo semejante a bajar el interruptor e ir a encender otro desconocido con la duda de si tendrá corriente.
Como Elpidio Valdés, la icónica caricatura que ha trascendido por su cubanía y genialidad, la pelea en 2024 fue al machete y con la luz apagada. Sin que la oscuridad haya logrado opacar del todo su ternura ni su espíritu guerrero, legado de generaciones pretéritas, de cara al porvenir el pueblo cubano se debate entre un dilema o una certeza: ¡¿en 2025, iremos por más?!
Articulo elaborado antes de la asamblea Nacional del Poder Popular del 18 de diciembre del 2024.
Por mucho que se repita que no hay una intención de dañar, o «hacerle la guerra» a las mipymes, los hechos no hacen más que demostrar lo contrario.
A esa larga lista de medidas supuestamente encaminadas a la «alineación de los objetivos estratégicos» del país, con la actividad empresarial privada, se agrega la recién aprobada Resolución 56/2024, del Ministerio de Comercio Interior, publicada recientemente el 5 de diciembre de 2024, y que entró en vigor el mismo día de su publicación.
Es increíble cómo una norma tan escueta, de apenas dos páginas, pueda generar tantas incertidumbres y reacciones adversas, en medio de una crisis económica sobre la que no hay atisbos de mejoría. Tal pareciera que está hecha para adelantarse a las medidas coercitivas que en el próximo año pueda tomar la nueva administración de Donald Trump contra nuestro país. Pero no para contrarrestarlas, sino todo lo contrario, para complementarlas, como si se tratara de una extraña competencia por ver quién daña más a la economía cubana y, por ende, a su pueblo.
Aparentemente, la norma no prohíbe el comercio mayorista por parte de las mipymes y otras formas de gestión no estatal (FGNE), sino que estas deben obtener una nueva licencia comercial para desarrollar la actividad mayorista. Sin embargo, se dictamina que la nueva licencia solo la podrán obtener las FGNE que tenían en su objeto social la venta mayorista como actividad principal. Desde la fecha de publicación de la resolución, de oficio perdieron la posibilidad de realizar actividad de comercio mayorista todas las FGNE que tuviesen autorizado el comercio mayorista como «actividad secundaria».
¿Alguien ha mencionado cuántas FGNE tenían el comercio mayorista aprobado como actividad principal? Me arriesgo a pronosticar que menos del 10 – 15% del total de FGNE aprobadas. ¿Por qué este pronóstico? Porque, al principio, todos los empresarios temían que, si solicitaban la aprobación del comercio mayorista como actividad principal, no les aprobasen la creación de su mipyme. En esto fue determinante la mala imagen que las autoridades han tenido a la hora de mediar con el comercio en manos privadas, en competencia con las empresas estatales del sector. Segundo, porque muchas FGNE puede que realmente estuviesen pensando en realizar alguna actividad productiva, pero el chocar con la realidad les haya hecho ver los escollos de todo tipo y dificultades a enfrentarse, reajustando sus operaciones a algo relativamente más sencillo, en un renglón en el cual, además, las empresas estatales estaban siendo cada vez más ineficientes, dejando libre el espacio del mercado para realizar el comercio mayorista.
En la gran mayoría de los sistemas económicos que operan en el planeta, incluso en países gobernados por Estados o partidos que se asumen como socialistas, para los emprendedores no existen esas líneas rígidas de actividad principal y actividad secundaria —una especie de remedo de juguete básico, el no-básico y el juguete dirigido—, ni objetos sociales que se conviertan en camisas de fuerza, como estamos acostumbrados a ver en la empresa estatal. Para ellos suele ser normal realizar cualquier actividad que no esté legalmente prohibida y buscar, en cada momento, la mejor rentabilidad para los recursos a invertir.
En la gran mayoría de los sistemas económicos que operan en el planeta, para los emprendedores no existen esas líneas rígidas de actividad principal y actividad secundaria.
La norma pudiera tener como uno de sus objetivos el restablecer «la justicia» o «el control» sobre las actividades que realizan los actores privados, si quienes la idearon vieran como algo incorrecto que para muchas FGNE el comercio mayorista se haya convertido en su actividad principal, cuando así no estaba previsto en su objeto social. No obstante, mucho se ha criticado la rigidez de los objetos sociales para las empresas estatales, pero en lugar de eliminarlos, lo que se hace es reafirmarlos ahora también para las FGNE. No importa si las empresas estatales no pueden asumir la demanda de la población, si cae la actividad comercial en general, si hay muchas otras afectaciones por esta pérdida inmediata de licencias para comercio mayorista, para una gran parte de las mipymes y cooperativas. No me cuestiono la pérdida de este tipo de licencias para TCP, habida cuenta de que no son empresas, sino personas físicas, y se supone que su actividad emplea menos personal y tiene otro tipo de alcance.
Otro de los objetivos pudiera ser reducir de forma exprofeso la cantidad de empresas privadas dedicadas a la importación mayorista, en proporción a aquellas que producen bienes y servicios. No obstante, no es así como se logrará que las FGNE se dediquen a producir, porque los riesgos en la esfera productiva son aún mayores, y nadie se ha dedicado a ver cómo reducirlos o contrarrestarlos.
Por otro lado, ya vimos que aquellas FGNE que tuviesen el comercio mayorista como actividad principal pueden renovar la licencia para continuar realizando esta labor. Pero, con una gran diferencia. Las nuevas licencias solo autorizarán a las mipymes y cooperativas la comercialización mayorista de forma directa a entidades estatales, o a través de comercializadoras mayoristas estatales.
Se habla de que las comercializadoras estatales tienen almacenes, logística de transportación, personal con experiencia, etc. Si son tan excelentes, cabe preguntarse por qué históricamente no han podido satisfacer las demandas de la población; por qué las FGNE han ocupado el espacio del comercio, en tan poco tiempo y sin esas bondades que se recalca poseen las empresas estatales.
Si las comercializadoras estatales son tan excelentes, cabe preguntarse por qué históricamente no han podido satisfacer las demandas de la población.
La otra intención de la norma pudiera ser fortalecer a las comercializadoras estatales, volverlas a colocar en un lugar preponderante en la actividad mayorista. Pero solo en sueños descabellados pudiera a alguien ocurrírsele pensar que las FGNE venderán sus productos a empresas estatales, que muchas veces pagan con retrasos, o no pagan, además de retardar todo el proceso con su característica lentitud, burocratismo, papeleo interminable y personal mal retribuido y poco estimulado a ser eficiente.
Tampoco se ha dicho cómo y en qué moneda serán los pagos en los «acuerdos» entre empresas privadas y estatales para importar. Pero, al menos hasta que esté vigente y funcional otro mercado cambiario que el aprobado hasta el momento, las empresas estatales tendrían que pagar moneda nacional —pesos cubanos no convertibles— a las FGNE, por los productos importados (cuando lo hiciesen y si cumplen sus obligaciones). Se emplearía un tipo de cambio USD/CUP de 120.00, cuando para adquirir e1 dólar y pagar por los productos, esas FGNE hubiesen tenido que desembolsar 325 pesos por cada dólar, o más. ¿Alguien cree que así las FGNE pudieran vender sus productos a las empresas estatales?
La siguiente intención de la norma pudiera ser el acabar de lograr la bancarización de los ingresos de las ventas mayoristas y eliminar la compraventa de divisas en el mercado informal, que debilita la moneda nacional. Las empresas estatales mayoristas le pagarían los productos a las FGNE, a sus cuentas en los bancos cubanos. Otra idea más que descabellada y soñadora, porque fondos que entrasen a las cuentas bancarias de las FGNE difícilmente podrían extraerse, ni en efectivo, ni para comprar divisas para pagar a los suministradores externos, ni en transferencias hacia el exterior.
Una vez más, para solucionar un problema, se crean más dificultades que las que ya existían. Una alternativa sería autorizar a las FGNE a comercializar sus productos en MLC (como ya hacen TRD y CIMEX), ingresar las ventas a sus cuentas en divisas y que los bancos cubanos transfiriesen hacia el exterior los fondos a favor de proveedores extranjeros, desde esas cuentas en divisas de las FGNE. Así sí pudiera verse una rápida bancarización de ingresos, menor compraventa de divisas en el mercado informal, mayores saldos en divisas en los bancos cubanos. Si bien esta alternativa tendría el inconveniente de que dichas transacciones tendrían que sortear las sanciones norteamericanas, al menos sería una forma más viable y transparente de establecer reglas «cumplibles» por los actores privados.
Una alternativa sería autorizar a las FGNE a comercializar sus productos en MLC (como ya hacen TRD y CIMEX).
Sin embargo, la apuesta sigue siendo por exigir a las empresas privadas que vendan en moneda nacional e ingresen el efectivo en los bancos, sin un mecanismo que les garantice el acceso a las divisas que luego necesitarán para reaprovisionarse. Entonces ¿acaso lo que más se comercializa son productos de producción nacional? ¿Cómo podrían las FGNE seguir con el ciclo de importaciones y ventas? ¿Dónde podrán abastecerse de productos las FGNE minoristas? ¿Podrá la población continuar teniendo a mano, en cada cuadra, una variada gama de productos, aun cuando con sus salarios —al menos en el sector estatal— difícilmente puedan comprar muchos de ellos?
Otra intención de la norma pudiera ser el incrementar los ingresos por cobro de impuestos, habida cuenta que los ingresos de las FGNE pudieran ser más rastreables a través de las comercializadoras estatales. Otro sueño irrealizable, si las FGNE no ven factible ni conveniente vender sus productos a través de empresas estatales. Más bien, lo que cabe esperar es una reducción de los ingresos tributarios, o porque la actividad mayorista y minorista pudieran caer drásticamente, o porque los actores económicos encontrarán soluciones alternativas, sin dejar de ejercer sus actividades, pero cada vez más encubriéndolas, ocultándolas bajo otras formas de gestión, lo que haría más complicado el cobro de impuestos de las FGNE. Otra consecuencia directa pudiera ser el aumento del mercado informal con precios más elevados y nulo tributo al presupuesto estatal.
Cabe añadir que para lograr el objetivo del incremento de los ingresos tributarios se ha escogido la forma más ineficiente, cuando existen otras variantes. Lo que se está haciendo con esta resolución es, más bien, acudir al clásico cuento de «botar el sofá». Mejorar la labor controladora de la ONAT no es la única forma de aumentar la recaudación de impuestos. Si una parte de la actividad mayorista se venía realizando en efectivo, no se bancarizaba, no se reportaba y —por ende— no se cobraban suficientes impuestos por ella, pues habría que pensar otras variantes, sin acabar con la actividad. Una de ellas, por ejemplo, hubiese podido ser eliminar el 10% de impuestos sobre ventas, pero sustituirlo por un 10% de impuesto por importación, cobrándose este impuesto en MLC y a la hora de nacionalizar los productos, de conjunto con los aranceles y las comisiones de las importadoras estatales.
para lograr el objetivo del incremento de los ingresos tributarios se ha escogido la forma más ineficiente, cuando existen otras variantes.
Por un lado, parecería que habría una menor recaudación, porque el 10% sobre ventas se debe cobrar en cada eslabón de la cadena de ventas. No obstante, ese 10% de impuestos sobre ventas, además de ser un impuesto regresivo que teóricamente encarece un mismo producto en cada eslabón de su venta, en la práctica muchas veces no se cobra, pues las ventas son mucho más fáciles de encubrir que la importación. Además, se cobra en moneda nacional, cuando los pagos al momento de la nacionalización traerían muchas ventajas: a) cobro del impuesto en MLC y no en CUP; b) rapidez en el cobro, a la hora de nacionalizar el producto vs. espera de cada venta y posterior cobro de impuesto; c) la su declaración de ventas no afectaría el cobro del impuesto, por cuanto si el mismo no se paga, el producto no se puede nacionalizar; d) grava solo la importación, y no el total de ventas, incluyendo la de producción nacional, lo cual estimula a producir internamente y sustituir importaciones.
Teniéndose en cuenta la caída de los ingresos en divisas del Estado, no se puede descartar otra posible intención de la norma: la eliminación efectiva de la competencia privada en el comercio, por vías administrativas y no por métodos económicos. Si esta es la verdadera intención de la norma, se enfrenta a muchos retos para llevar la idea a vías de hecho. De entrada, las TRD no tienen suficientes mercancías en tiendas para de inmediato satisfacer las necesidades de la población. Tampoco han demostrado una capacidad de respuesta rápida a las cambiantes necesidades del mercado. Por solo poner un ejemplo, en los últimos meses los atrasos con el gas licuado obligaron a buena parte de la población a migrar a otros métodos de cocción de alimentos, sin embargo, en casi ninguna de las tiendas estatales se ofertaron cocinas eléctricas; en cambio los comercios privados en las zonas afectadas sí las tenían.
En adición, abastecer ampliamente las tiendas estatales implicaría contar con los recursos para comprar mercancías al contado, algo que no ocurre, como tampoco se cuenta con la posibilidad de solicitar préstamos en divisas al sistema bancario nacional. Se necesita volver a solicitar crédito comercial a los proveedores, pero muchos de ellos ya están escaldados por experiencias pasadas, por no poder cobrar ventas anteriores, o cobrarlas en sus cuentas en Cuba y posteriormente no poder extraer los recursos hacia el exterior.
Abastecer ampliamente las tiendas estatales implicaría contar con los recursos para comprar mercancías al contado, algo que no ocurre.
Supongamos que los vendedores vuelven a confiar y otorgan crédito comercial para vender sus productos, o los compradores nacionales encuentran nuevos proveedores sin deudas anteriores impagadas, como vendedores de Rusia, o de Venezuela. Entonces, hace falta acabar de decidir que el dueño de las empresas (el Estado) solo pueda tomar las utilidades de sus empresas y no un valor superior, porque de lo contrario las descapitalizaría, volverían a caer en impagos de sus obligaciones, y consecuentemente, las tiendas nuevamente caerían en un nuevo ciclo de desabastecimiento.
Por último, suponiendo que las tiendas estatales superen todas esas dificultades y recuperen las ventas de antaño, o las superen, si sus precios siguen contemplando un coeficiente de margen sobre costos de 2.4 o superior, en muchos artículos tendrán precios superiores a los que hasta ahora tenían las FGNE, con lo cual el Estado podría incrementar sus ingresos en divisas, pero a costa de la población; no a favor de ella.
Por último, el primer ministro defendía la hipótesis de que las mipymes podían tener mejores precios que las tiendas estatales, porque gozaban de ventajas a la hora de adquirir productos en el exterior, algo que debió haberse aprovechado con inteligencia para sortear las medidas coercitivas norteamericanas y garantizar un abastecimiento más asequible a los residentes en Cuba. En cambio, con esta resolución del MINCIN, es como si se dijera «no me gusta que tengan ventajas, vamos a quitárselas del todo, no importa si con ello la población no pueda beneficiarse de las ventajas que ustedes habían obtenido».
En fin, no parece que esta norma tenga un sentido lógico, para ninguna de las probables intenciones mencionadas, ni tampoco puede verse cómo podría aportar a una mayor justicia social en el país.
La única razón que hasta ahora parece surgir es el miedo a la competencia. Debe tenerse en cuenta que muchos de los vendedores minoristas, en pequeña escala dentro de sus casas, garajes y quioscos, y enfrentándose a una fuerte competencia, difícilmente pudieran convertirse en ricos. Sin embargo, las comercializadoras mayoristas, con compras masivas de contenedores en el exterior y capacidad no extendida a todos para obtener USD/EUR y pagar a proveedores, sí gozan de una situación privilegiada, que les ha permitido resaltar sobre el resto de la sociedad. Seguramente son los que muestran lujosos autos por las calles de la ciudad. Y eso molesta a muchos, entrando en contradicción con la tesis de los «Lineamientos», de no permitir la acumulación de riquezas, aun cuando nunca se ha definido por encima de cuánto se consideraría acumulación de riquezas.
La norma puede que esté encaminada, por encima de todo, a combatir la concentración de la riqueza, sobre todo en el sector que mayormente ha sido favorecido por las incongruencias y debilidades de la normativa económica actual en el país. Y hasta puede que logre su objetivo en la guerra no declarada contra las FGNE que desarrollan el comercio mayorista.
No obstante, la vida demuestra que decenas y decenas de personas, aplicando su intelecto para buscar soluciones a los problemas, suelen ser más eficientes que unos pocos burócratas sentados en el buró de un ministerio cualquiera. Y no solo por un problema de «cantidad» de personas, y ni siquiera porque los empresarios privados sean más inteligentes o virtuosos, sino porque la búsqueda de la ganancia individual, el estímulo económico, suele conllevar a la búsqueda de soluciones no ordinarias y la obtención de la eficiencia.
Ojalá la mayoría no reaccione como un conocido, que al intercambiar sobre la Resolución 56/2024 del MINCIN, me dijo que a cada problema que había ido surgiendo en los últimos años, él le había buscado una solución, pero que ya estaba cansado de seguir buscando y buscando soluciones a cada escollo legal y de cualquier otro tipo; que ya no tenía ganas ni deseos de nadar contra la corriente. Espero que no, pero si con esta resolución del MINCIN todos reaccionan como esta persona, probablemente las autoridades habrán obtenido la victoria que esperaban, pero ¿habrán ganado el país y los cubanos?
La Joven Cuba comparte la transcripción de la entrevista al intelectual, ensayista, crítico e investigador literario Roberto Zurbano, a propósito de la serie de entrevistas por los 10 años del anuncio del 17 de diciembre de 2014.
La llamada «normalización» de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos durante el gobierno de Obama benefició mucho a todo el universo gubernamental institucional cubano. Porque, en principio, nosotros somos una sociedad muy verticalizada. No hay que pensar que ese impacto va a ser instantáneamente sobre la horizontalidad del país, sobre las comunidades, etcétera. En ese tipo de intercambio se benefició mucho el país. Yo diría la nación, porque también los cubanos que estaban fuera de Cuba se beneficiaron; desaparecieron determinados tabús, prácticas y leyes de carácter migratorio que veían al cubano de fuera como un «subcubano», un cubano de tercera categoría.
Voy a poner un solo ejemplo. Cuando llegó el primer crucero y salieron aquellas muchachitas de Tropicana bailando en tanguitas con la bandera cubana, (que fue muy criticado y todo eso), en las instituciones y en los bares de La Habana Vieja, se acabó el ron, el agua y el tabaco. Los coches de caballos se llenaron de gente. Los cocheros decían: «50 $ hasta el Prado», y lo pagaban.
La gente de los carros, la gente de la sobrevida, es decir, los revendedores, la gente que tenemos en Cuba, que no son legales, pero que es legítima esa búsqueda de una vida mejor, pues salieron a la calle y se beneficiaron. Hubo una especie de alivio, pero también hubo impactos muy jodidos, como el impacto ambiental.
Tuve un amigo coreógrafo y me iba en las noches de mi juventud a descubrir una Habana que muy poca gente conoce. Yo me iba con Harold Williams, mi difunto amigo, y descubría que venían todas las semanas aviones enteros a Cuba, nada más que a bailar. De Europa, solamente a bailar. Entonces hay una interacción. Evitamos que exista esa interacción y tratamos al turista como una cosa homogénea. No. El turismo es algo donde si participáramos más, pudiéramos generar mucho más intercambio con estas personas, o sea, que el visitante se convierta en un agente de la amistad, del reconocimiento y no ese turismo depredador que es el que tenemos y el que amamantamos para que se siga reproduciendo.
Despojarse de prejuicios: el camino hacia un intercambio legítimo
Nuestros niveles de preocupación, de intercambio, de ir hacia allá y venir hacia acá, deben despojarse de muchos prejuicios. Cierto que los prejuicios son de ambos lados y las taras políticas están ahí, no se pueden negar. Pero hay mucha gente rompiendo eso todos los días en Estados Unidos. Gente amiga de Cuba, o gente que no es amiga de Cuba, pero que eso le parece injusto o que no forma parte de su lógica en su realidad, porque no es una sociedad vertical. Y mucha gente puede pensar fuera de esa verticalidad; pensar, actuar, generar cosas, producir, intercambiar.
Cuando tú estás descubriendo una realidad junto a un colega que no tiene las limitaciones que tú tienes para investigar, para llegar a una biblioteca, para leerte un libro, para acceder a tal conocimiento, etc., tú creces, pero le das a ellos otra dimensión: la dimensión de cómo tú ejerces esa práctica en tu país y cómo puedes reflexionar, pensar y crear otra realidad dentro de tu propio país. Se sigue generando todavía, y produciendo nuevas realidades.
La realidad de la gente que ha ido a estudiar a los Estados Unidos, jóvenes músicos cubanos que estudian, digamos, en la Juilliard School, que es una de las grandes escuelas de música del mundo. O la realidad de discos, la realidad de los premios, de los dos Grammys que pueden participar, o de ir a algunas disqueras, o de cantar en el Lincoln Center en más de una oportunidad. La oportunidad de grandes delegaciones cubanas de hacer eventos, encuentros, juegos de pelota… Estas son cosas que se dan en el tiempo, no son contextuales. Yo creo que eso ha estado contribuyendo a un mejor reconocimiento de ambas orillas, de ambas propuestas.
Las políticas creo que tienen respuestas reducidas, respuestas limitadas ante estos fenómenos. Yo creo que las políticas siempre se han quedado por debajo de las posibilidades de estos espacios sociales, de estos espacios naturales, comunitarios, religiosos, culturales, etc., porque apelan a intereses determinados y están mirando otras cosas. Han sido más conservadoras, de allá y de aquí, en ese sentido. Y las apuestas culturales han sido otras mucho más abiertas, sin menos fórceps para realizarse. Y eso sí ha estado cambiando determinadas cosas.
Las realidades políticas, a no ser las emergencias, como estas cosas de un robo de un avión, o la llegada de 400.000 personas a Estados Unidos en menos de dos años. Todas estas cosas que perturban mucho una realidad, y alguien se saca una política, una estrategia del bolsillo, debajo de la manga para quedar bien, para lucir bien con sus votantes, para hacer determinadas cosas. Eso es lo contextual, eso es coyuntural.
Lo otro no es coyuntural. Cuando tú estás investigando con alguien para introducir una vacuna para los pulmones o para el cáncer, o para algo con un instituto de investigación de Estados Unidos, eso se ha desarrollado durante mucho tiempo y puede seguir generando otras cosas en los términos culturales, los términos religiosos. Lo que pasó entre los cristianos de Miami y La Habana, cómo se fueron acercando. Eso fue un proceso y esos procesos casi siempre son irreversibles.
Trump como huracán: prepararse para lo inevitable
Lo que ocurrió con Trump es que usó a la Florida y a la politiquería de la Florida como una herramienta para su trabajo y para su discurso. Y cuando no tenía un tema importante en el mundo global o quedaba mal en términos internacionales, lo cual ocurrió dos o tres veces, entonces se viraba para las pequeñas cosas, para lo que podía entretener a la gente. Se viraba para Cuba y hacía esto y lo otro, con la retórica suya. Se polarizó el ambiente Cuba-Estados Unidos en muchos sentidos, en el sentido de la política.
Existieron algunos eventos complicados y, en el sentido, digamos, de las propias relaciones familiares, hubo una polarización muy fuerte, durante el periodo covid y post-covid, donde las redes sociales tuvieron una altísima participación y calentaron mucho la problemática cubana.
Yo recuerdo aquel momento que se llamó «la coyuntura», que se hacían los chistes y los memes que siempre hacemos sobre nuestra realidad, son memes dolorosos que hacemos contra nosotros mismos. Pero en ese momento de «la coyuntura» aparecieron no sé cuántas medidas, que no se podían hacer determinadas cosas.
Entonces fue un caos, porque en la manera en que desde aquí se responde a esos fenómenos no es una manera muy creativa, no es una manera muy orgánica, no hay participación de mucha gente, no hay muchas ideas y sigue siendo una manera muy vertical de enfrentar un fenómeno que está sufriendo mucha gente. No solamente lo está sufriendo tú. Por tanto, no eres solamente tú quien tiene que responder. Deja que otras personas creen también sus propias expectativas, sus propias respuestas, sus propias soluciones.
Pero Trump es un desastre. Lo volverá a hacer, y tendremos que encontrar las respuestas a un fenómeno que tenemos ahí. Tendremos que hacer con los Trump como hacemos con los huracanes. Prepararse para eso.
Los sueños y ambiciones de quienes se quedan
Ese diálogo desprendido de toda esa cobertura mediático-politiquera que le hace mucho daño a esa especificidad, es el que tiene que surgir. ¿Por qué? Porque tiene que haber otras organizaciones. Nuestra realidad es una realidad nueva. Necesita nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas organizaciones, nuevas dinámicas sociales.
Y esa dinámica de la sociedad civil no es una dinámica como siempre se ha visto, como enemigo del gobierno o algo por el estilo. Aquí hay una visión muy antigubernamental de la sociedad civil, del activismo, de lo que puede hacer la gente con su misma autonomía, etc. Nuestra realidad tiene que ser menos reactiva, más creativa, más pensando en términos del largo plazo, de la longevidad, de una larga duración.
Porque si queremos que nuestro proyecto sea sostenible, tenemos que pensar en larga duración, no en términos de la comida para hoy, que es muy importante. Eso es básico. Pero tenemos que pensar en los proyectos de la larga duración, y en esos proyectos de larga duración están los sueños de la gente, las ambiciones de la gente y la cotidianidad. Cómo resolver la cotidianidad de la gente que se ha quedado en Cuba.
Hay mucha preocupación por el éxodo. Yo estoy más preocupado por los que nos quedamos. Y la diáspora cubana tiene que tener mayor conciencia de la situación cubana a nivel de la familia. Tiene que tener más conciencia de ese tipo de cosas. Es una exigencia, una demanda que yo le hago a la diáspora negra.
No vengan con maletines llenos de ropa para su familia, que a los tres meses ya esos pulóveres y esos vestidos no sirven para nada. Traigan en la maleta ideas, capitales con lo que ellos puedan construir cosas que generen posibilidades, incluso para ustedes mismos que no viven en Cuba. Vamos a hacer eso y vamos a ser agentes de cambio en un país o para el país, que al final es para la nación. Nosotros tenemos más posibilidad de hacerlo que el propio gobierno.
Claro, como diría Roberto Cantoral, el compositor chileno: «¡Si nos dejan!»
El advenimiento de un nuevo año suele revolver los estados de ánimo y las emociones de la gente. Comienza a todos los niveles una valoración del año que fenece: aparecen listas de los deportistas más destacados, de las mejores películas y de los más trascendentes acontecimientos geopolíticos. Hay quien a nivel personal le pasa revista a los lugares que visitó, a sus logros en el fitness, a los amigos que se le han ido o a lo que avanzó en el periplo de conseguir el pasaporte español. Hay quien no tiene nada pero se permite celebrar que sus hijos están sanos y hay quien tiene acceso a casi cualquier capricho que se le antoje, incluso sin tenerlo que pagar, pero le reconcome las entrañas la exigua lista de aquellos otros caprichos que no se puede permitir.
Llega también la inevitable tarea de preguntarse que trae el año entrante. Dile al destino en dónde te ves dentro de un año, y observa al destino revolcarse de la risa. En Cuba, tranquilamente puedes cambiar «año» por «semana» en la frase anterior y sigue funcionando. Se nos enreda la pita a los que vivimos aquí, en el país en donde más disparatados son los planes de futuro. Aquella mariposa del efecto, que si aletea en Brasil podría generar un tornado en Texas, puede darse el lujo de aletear al descuido, desganada, que si el aleteo es, pongamos, en La Calzada de 10 de Octubre, fácilmente tumba el Sistema Eléctrico Nacional, le sube el precio al pollo y deja sin recoger la basura en todas partes.
Mientras tanto, yo me he propuesto como metas preservar a toda costa mi buen humor, mi tolerancia a las malas noticias, y mi capacidad de asombro. Empeño duro este último, con las cosas que uno se encuentra día a día. A modo de ilustración, un par de ejemplos de la semana pasada: la celebración en Camagüey durante un apagón de un match de la Serie Nacional de Boxeo, y anuncio en las redes de un pequeño negocio que por la suma adecuada, te hacen desde tu tesis de Maestría hasta los trabajos prácticos de tus hijos, con discreción garantizada y con la garantía de que va a parecer que lo hizo el niño.
A finales del año pasado nos dijeron que este año iba a ser mejor. Con lo que llevamos hasta ahora, si eso es verdad, en estos últimos 10 días de diciembre va a empezar a salir petróleo por las pilas y vamos a ver aguaceros sostenidos de billetes de 100 euros. O bueno, tal vez la cosa es que 2025 va ser mejor, pero mejor que 2026.
Hace años que no me interesan las primicias gubernamentales de primera mano, pero no he podido evitar enterarme del último manojo, que promete entre otras cosas una tasa de cambio flotante para el dólar. Suerte la de esa tasa, que va a flotar, en un país que a final de año se percibe hundido en cada renglón que se analice. Cuesta trabajo entrarle al año nuevo con esperanzas y motivación, pero aun así, la mayoría de los cubanos va a encontrar motivos para reunirse, comer en familia, tomar algún trago de lo que se pueda y tal vez jugar un poco de dominó para esperar el año. Lo bueno del dominó es que por mal que te haya ido en una data, a la siguiente «das agua» y empiezas de cero. Lo malo del año es que lo empiezas con las mismas fichas que el año pasado, en nuestro caso, con 10 dobles 9.
A riesgo de parecer que me pongo en modo autoayuda, no puedo dejar pasar el último sábado del año en mi columna para aconsejar: No dejes de hacer planes, de pensar en grande, ni de tratar de avanzar, que lo peor que puede hacer el que se pierde en el bosque es dejar de caminar. Dale lo mejor de ti a tus seres queridos, que mañana se pueden ir lejos, o puedes ser tú quien se vaya.
Escoge tu causa y haz tu parte. Juzga menos y empatiza más. Alecciona menos y trabaja más. Moléstate menos con ese conocido que puso algo en Facebook que no te gusta. Aléjate algunas veces de tus cámaras de eco y escucha un poquito al que piensa diferente. Estar de acuerdo con alguien no significa pensar igual en todo. La unanimidad absoluta viene con trampa siempre.
No tomes ninguna decisión en pleno arrebato terminal de encabronamiento. No es necesario salirle al paso a todo lo que leas. En definitiva, cuando vas por la calle y ves alguna casa con el letrero de «Se Vende», tú no vas a decirle al dueño que a ti esa casa no te interesa. De esa misma manera, no te vuelvas policía de opiniones y deja pasar lo que no te guste. Si la cosa es tan grave que no te puedes controlar, en privado entonces.
El año va a llegar quieras o no, así que esfuérzate en sacarle provecho. Sé realista: sueña, pero con el despertador puesto. Mantente alerta, que lo grave no es la inflación, sino la infladera. Abraza a tu gente. Feliz año nuevo.
