Prioridades relativas: posponen la Ley de Empresa, otra vez

La noticia es que de las 17 leyes previstas a discutir y aprobar en 2024 en Cuba, solo 9 fueron aprobadas, con algunas de vital importancia postergadas, como la Ley de Empresas y el Código de Trabajo.

El ministro de Justicia informó al parlamento sobre el ritmo del cronograma legislativo que debe hacer realidad, en la práctica diaria y en los reglamentos, la Constitución aprobada en 2019.

Según Oscar Manuel López Silvera, se pospuso la aprobación del Código del Trabajo, la Ley de Empresas, el Código de Contravenciones, el Código de la Niñez, adolescencia y juventudes, la Ley de Registro Civil, la Ley de la Organización de la Administración Central del Estado, la Ley Tributaria, y la Ley de Posesión y Uso de la Tierra.

Sin dudas, la posposición más significativa es la del Anteproyecto de Ley para la Empresa Estatal Socialista, que lleva casi dos años engavetada.

«La situación económica que atraviesa el país, no aconsejan, en este momento, aprobar la Ley de Empresa Estatal Socialista pues, de promulgarse, no se garantizaría su cumplimiento», afirmó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en su informe al Parlamento.

Según el gobierno, corregir distorsiones e implementar un secreto (no publicado o discutido públicamente) plan de estabilización macroeconómica son las máximas prioridades del momento. Cabría pensar que, en estas prioridades, aprobar una Ley de Empresa sería fundamental para legislar en función de esa prioridad.

No obstante, esta Ley nace con una debilidad esencial: solo regularía al sector público y no a las empresas privadas, estableciendo así en la nueva ley y en el emergente entramado legislativo, una división que el gobierno ha dicho alguna vez, en discursos, que quiere superar, la de dividir una forma de gestión de otra, sin embargo, las decisiones siguen profundizando los prejuicios que existen sobre el sector privado.

Según el economista Omar Everleny, la nueva normativa tiene que superar la disyuntiva estatal y no estatal, y reconocer los elementos de autonomía empresarial, seguridad jurídica y propiedad que exigen las empresas para poder cumplir sus fines.

«Es inconcebible que un país tan pequeño como Cuba, con fuertes rivales internacionales y con un bloqueo asfixiante, se dé el lujo de seguir aplazando y cuestionando temas vitales como la Ley de Empresas», escribió Everleny hace algunos meses para este mismo medio.

El anteproyecto filtrado, que puede sufrir cambios, pero ofrece una noción de por dónde andará el tema, establece una autonomía nunca antes practicada por la llamada empresa estatal socialista. Una autonomía pedida por años, pero que habría que preguntarse cómo las empresas estatales usarán esa autonomía y si sabrán aprovecharla.

También articula cambios para los que aparentemente no están creadas las condiciones. Por ejemplo, hasta hoy, las empresas están subordinadas a ministerios, lo cual ha propiciado la mentalidad de verticalidad en las decisiones, las esperas en las aprobaciones de procesos que tienen que ser ágiles y ajustados a las necesidades y premuras de la economía, y que termina en muchas orientaciones de tipo políticas, que no responden al pragmatismo económico que debe conducir los caminos de una empresa verdaderamente competitiva y generadora de valor.

En teoría, este nuevo entramado se subordinaría a un instituto dedicado a las empresas estatales, y los ministerios se reservarían para un acompañamiento metodológico, no preciso en su descripción.

El documento diferencia a las empresas: unas que tienen como fin generar las máximas utilidades posibles, las cuales tendrían una autonomía absoluta; menciona una categoría de empresas subsidiadas, como aquellas que deben producir alimentos básicos como el pan, teniendo estas menos autonomías para establecer precios; y pone una categoría intermedia entre ambas, no enteramente subsidiadas pero que podrían obtener apoyo financiero del sector público.

En el documento circulado en redes, se listan cambios importantes que ofrecen autonomía a las empresas que no han tenido antes las empresas públicas cubanas. Por ejemplo, en el Artículo 32 se afirma que la empresa cuya misión esencial es obtener elevados rendimientos podría operar cuentas en el exterior, importar y exportar directamente, entre otras posibilidades.

También se incluye como novedad, y que de aplicarse sería un cambio significativo, la posibilidad de que aquellas empresas que no puedan cumplir con el pago de sus deudas y obligaciones con sus activos, o muestren pérdidas de manera sostenida serán sometidas a un proceso de insolvencia o quiebra, aunque cabría la posibilidad de que sean subsidiadas por pérdidas.

Una de las deformaciones fundamentales del entramado empresarial estatal cubano es que una gran parte de las empresas están en quiebra, o presentan pérdidas, y subsisten a partir del subsidio estatal, lo cual es un peso significativo en el presupuesto público, que rara vez se menciona cuando se intentan identificar las causas de la inflación.

No obstante, el anteproyecto continuará en la gaveta, donde está desde el 2022, y se pospone así una urgente transformación, porque, supuestamente, no están dadas las condiciones debido a la crisis económica. El propio gobierno ha dicho que la crisis tiene sus causas también en el actual modelo empresarial, que requiere de una reforma urgente para enfrentar las distorsiones y avanzar en el tan llevado y traído plan de estabilización macroeconómica.

También aplazados están otros anteproyectos importantes como el nuevo Código de Trabajo, que debe ser actualizado para que cubra derechos laborales que se respetan, relativamente, para los trabajadores del sector privado, y que debe acompañar a otros Códigos nuevos como el de las Familias.

También se aplazó la Ley de Registro Civil, que debe acompañar otras legislaciones ya aprobadas, y que otorgaría como derecho ya preterido, el cambio de género en los documentos legales a personas trans que quisieran identificarse con un género distinto al que se le registró al nacer.

Esta noticia significa que el parlamento aprobó poco más de la mitad de las leyes planificadas para el cronograma legislativo de este año, y que la falta de información, rendición de cuentas y explicaciones al pueblo sobre el porqué de estos aplazamientos sigue primando en la narrativa pública en torno a este tema.

Nadie ha explicado con argumentos concisos y sólidos por qué la Ley de Empresas no ha sido aprobada, ni tampoco ha sido público un cuestionamiento de por qué no se aprueba, con la excepción de los foros de comentarios en sitios como Cubadebate.

Significa también que Cuba debería tener, si es que no la vuelven a aplazar, una Ley de Empresa en diciembre de 2025. Esa es la fecha para la cual se ha movido la discusión y votación en la Asamblea.

En búsqueda de los significados de este aplazamiento nos preguntamos por qué no se aprueban leyes que son, de acuerdo a la situación del país y al discurso político, prioridades.

El ministro de justicia reconoció que los términos de presentación de las leyes, de 60 días, y los decretos leyes, de 45 días, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, «no fueron cumplidos en varios casos, una deficiencia que tenemos que eliminar definitivamente», según reporta Cubadebate.

Pero, ¿es un problema de demoras solamente, o quizás de falta de consenso entre los actores afectados o responsables de implementar estas leyes?

Cabe también la posibilidad de que esta ley ofrezca prerrogativas a todas las empresas y eso implique que haya más competencia, por tanto, algunas empresas protegidas por el esquema legislativo vigente consideren que el nuevo marco legal las podría poner en condiciones de desventajas.

Son muchas las preguntas que surgen cuando hay tal vacío informativo sobre un proceso medular que involucra a toda la nación. Aunque la realidad es que varias leyes aprobadas, así como decretos, son aplazadas o cumplidas a medias, por diferentes razones.

Incluso, el ministro de economía, Joaquín Vázquez Alonso, dijo en una mesa redonda de agosto de 2024 que «parte de las desviaciones presentes en estos actores [privados] son consecuencia de los vacíos legales existentes en la legislación», sin embargo, nadie habla de los vacíos legales o las consecuencias que traen la demora en los cambios en el sector empresarial público.

Nuestra opinión es que se necesitan explicaciones reales de por qué estas leyes no se aprueban, e informar adecuadamente este tema debería ser obligatorio según otra ley que no se cumple del todo: la Ley de Comunicación Social.

Ante la severa crisis que vive Cuba, que se traduce en pobreza para la gente, en menos acceso a alimentos, servicios médicos de calidad, y que termina empujando a tanta gente a emigrar, la transformación del modelo económico es urgente. No puede demorar un minuto más. No hay que esperar a que no haya crisis para implementar lo urgente, como no se esperó a que no hubiese crisis cuando en medio de la pandemia que sumió al mundo en una crisis económica cuyos costos pagamos todavía hoy, se emprendió el fallido reordenamiento económico que devaluó el peso, y no resolvió ninguno de los problemas que se proponía resolver, sino que profundizó los existentes y creó otros.

Opinamos que el gobierno cubano y el parlamento deben actuar con premura y agilidad.

Si bien las leyes no son la solución, sino parte de ellas, el discurso pomposo, tecnócrata, y justificativo no ofrece certeza ni esperanza a una población envejecida, cansada y desesperanzada. El gobierno y el parlamento deben actuar en coherencia con las urgencias y tragedias cotidianas en el ambiente nacional. Si no lo hacen, o al menos lo lucen, serán evaluados como disociados y fallando al encargo social que tienen como representantes del pueblo cubano.