Cuando en el seno de los Estados que vivían bajo el mal llamado «socialismo realmente existente», varias mujeres se cuestionaron la opresión del patriarcado, los marxistas ortodoxos respondieron que la liberación femenina se daría como efecto consiguiente a la liberación del mundo de la lógica del capital. Lo importante era mirar hacia el horizonte. 

Esa liberación ha tardado un poco más de lo previsto. El horizonte estaba más lejos de lo que parecía, y hoy países como Rusia presentan altísimas tasas de violencia de género intrafamiliar y feminicidios. Lo que era un desafío apremiante se abandonó buscando una «liberación» que nunca llegó, y al final resultó que ni una cosa, ni la otra. 

En Cuba, con sus peculiaridades, la lógica no fue muy diferente. Aunque desde 1960 hay una Federación de Mujeres, los debates en las instituciones sobre diversas problemáticas que afectan directamente al género femenino llegaron tarde, y muchas veces como «contrarrespuesta» a iniciativas civiles independientes que pusieron estos temas en agenda. 

Sin embargo, no han sido solo los marxistas ortodoxos y representantes del Partido Comunista Cubano quienes han desestimado causas urgentes por mirar al horizonte. Dentro de la oposición extremista es muy común escuchar la afirmación de que la única lucha válida en Cuba es la dirigida a derrocar al «régimen» para alcanzar «la democracia». Este ha sido el argumento para deslegitimar otras luchas puntuales con las que grupos de la sociedad civil han demandado —y algunas veces conseguido— derechos como el matrimonio igualitario o un mayor respeto hacia la propiedad privada. Avances que, si bien no han logrado el tan prometido bienestar social, han permitido hacerles la vida más llevadera a no pocas personas.

No han sido solo los marxistas ortodoxos y representantes del Partido Comunista Cubano quienes han desestimado causas urgentes por mirar al horizonte.

Esta postura —de asumir la instauración de un sistema democrático liberal como la solución mágica a los problemas— se sostiene con la ligereza de ignorar que no pocos países latinoamericanos y del llamado tercer mundo, que ya se rigen por esos paradigmas, no están exentos de las problemáticas que hoy padecemos en la Isla. Entonces, queda claro que «la democracia» —entendida únicamente como elecciones pluripartidistas y separación formal de poderes—, por sí sola, no es capaz de resolver los problemas de las mayorías.

Priorizar agendas es una actitud inherente a los movimientos políticos, más si se trata de sociedades víctimas del colonialismo en las cuales los problemas son tantos, tan grandes, y de carácter estructural, que resulta imposible resolverlos de golpe. No obstante, cuando en favor de una meta que de tan lejana parece inalcanzable, se discriminan otras luchas que igualmente buscan resolver cuestiones de suma necesidad para la ciudadanía, se corre el riesgo de que, por mirar al horizonte, el barco se hunda a causa de no atender los desafíos acuciantes. 

Las urgencias

Cuba hoy vive una de las crisis más graves de su historia, en la cual se acumulan múltiples problemas cuya solución es impostergable:

Una economía con un decrecimiento sostenido del producto interno bruto, a lo que se le suma una inflación galopante, sobre todo de los productos de primera necesidad. Se trata de una crisis que es reconocida por las autoridades, pero hasta el momento no se avizora un camino para salir de ella. Se habla de un plan para corregir distorsiones que no es público, de medidas de fomento sin fechas ni responsables concretos, de una Ley de Empresas que es pospuesta en cada legislatura del Parlamento… 

Además de las sostenidas medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos —que por mucho que se intenten minimizar desde la propaganda opositora, su efecto es innegable para cualquiera con un poco de honestidad intelectual—, la economía cubana sufre las malas decisiones internas que van desde una estrategia inversionista que ha priorizado la construcción de hoteles —que luego se quedan vacíos— por encima de renglones básicos como agricultura; la negativa a reformar y democratizar la empresa estatal; y las múltiples restricciones impuestas al sector privado, a pesar de haber demostrado una significativa capacidad dinamizadora, aunque no esté exenta de costos sociales —como la explotación laboral— que también deberían ser atendidos. 

Esta situación y su mantenimiento han traído como consecuencia un aumento considerable de la pobreza y vulnerabilidad social con la consiguiente proliferación de otras problemáticas. Entre las más dolorosas se encuentra el aumento de personas en situación de calle y quienes piden dinero para sobrevivir: la mayoría adultos mayores que probablemente trabajaron toda su vida con la aspiración de que el Estado les retribuyera con un retiro que les permitiera vivir dignamente. 

Cuando interactúas con ellos en las calles, puedes notar que algunos piden con vergüenza porque nunca pensaron verse en una situación como esa; otros lo hacen de manera incisiva, con cierta conciencia de clase, obligándonos a verlos y a reconocer que existen, en un sistema que prometió que cada cual viviría según su trabajo.  Igualmente, el incremento de las condiciones de vulnerabilidad a la que han estado sometidos varios grupos sociales ha traído como consecuencia el aumento del consumo de drogas —como el popularmente conocido «químico»— y de la percepción de inseguridad. 

Otra de las problemáticas radica en el colapso de los servicios públicos cada vez más inestables y deficientes. Incluso en la capital, el transporte colectivo se ha vuelto «fantasmal», lo que obliga a depender de los ruteros privados con elevados precios, sobre todo para quienes viven lejos del centro de la ciudad. Pero el transporte no es el único servicio en crisis. Los apagones prolongados, principalmente en zonas no capitalinas, dan señales de un sistema electroenergético incapaz de satisfacer la demanda, tanto para el sector doméstico como para el productivo.  A lo antes dicho se suma la inestabilidad en otros servicios como el agua y el gas licuado, que ha agravado las condiciones de vida de la población. 

Si bien los efectos son molestos para todos, los grupos ciudadanos históricamente vulnerados cargan el mayor peso. Estoy hablando de los que no pueden adquirir una planta eléctrica para sortear las horas de apagón, no pueden construir una cisterna para acumular agua, o no pueden comprar una cocina de inducción para sustituir el gas. Estoy hablando de las mujeres con bajos ingresos, o sea, la mayoría de las mujeres cubanas que —incluso laborando en la calle— siguen teniendo el mayor peso en el trabajo doméstico, y que en medio de los apagones deben lavar a mano, cocinar con leña o cargar el agua a cubos. Estoy hablando, entre muchos otros grupos, de ancianos y personas con discapacidad que no pueden tener tres y cuatro trabajos para sobrevivir.

A la inestabilidad de estos servicios se le suma el debilitamiento de los pilares del sistema socialista cubano como la salud y la educación. Se expresan en una falta de más del 70% del cuadro básico de medicamentos, atrasos e inestabilidad en procedimientos médicos por carencia de insumos y personal en los hospitales, y un alto déficit de maestros en las escuelas que dificulta el proceso docente educativo. Como siempre sucede, quienes están en mejores condiciones económicas podrán sortear mejor la crisis —no sin riesgos y perjuicios— comprando medicamentos en el mercado informal o pagando repasos particulares para sus hijos. Pero aquella consigna con la que crecimos de que en Cuba el Estado nos garantizaba salud y educación gratuita de calidad, ya es eso, una consigna.

Por otra parte, la inseguridad alimentaria hace cada vez más mella en la población. El pasado año un informe de la Unicef señalaba que el 9% de los niños cubanos tienen uno, dos o ninguno de los ocho alimentos considerados necesarios para una vida sana, y un 33% tiene entre tres y cuatro de esos alimentos. 

Recientemente el economista Omar Everleny calculaba que la canasta básica alimentaria para dos personas era de aproximadamente 24 mil pesos, en un país donde el salario medio es de poco más de cinco mil.  El mismo presidente reconoció que los cubanos gastaban más del 70% de sus ingresos en garantizar la alimentación. 

El aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad es un drama diario para las familias, con cada vez menos alternativas para sobrellevar la situación. Los recurrentes «topes de precios» no han hecho más que agudizar la crisis, pues pasan del mercado formal al informal con los mismos precios o más altos. Para resolver la inseguridad alimentaria y la carencia de insumos básicos se necesitan medidas integrales de fomento a la industria nacional e inversiones, algo que sigue ausente en las políticas públicas.

En los últimos meses han aumentado las opiniones de presuntos militantes radicales de izquierda que culpan al sector privado de diversos males, principalmente de las desigualdades y la desprotección de los grupos vulnerables. Sin embargo, no debemos olvidar que el Estado ya venía retirándose como garante de los productos de primera necesidad mucho antes de que surgieran las mipymes. Estas se aprobaron en septiembre de 2021, pocas semanas después de las protestas que estremecieron al país como resultado de la situación límite que vivía la población, sobre todo en relación con la escasez de alimentos.

No debemos olvidar que el Estado ya venía retirándose como garante de los productos de primera necesidad mucho antes de que surgieran las mipymes.

Por tanto, las mipymes privadas vinieron a dar respuesta a un problema que ya existía, aunque es cierto que dicha solución ha beneficiado al segmento de la población que puede acceder a sus precios. Incluso el afán de obtener ganancias sin asumir responsabilidad social —que, si bien no en todos los casos, es común en varios de sus dueños— está influido por el contexto de informalidad que antecedía a estos negocios, y en el que muchos todavía se ven obligados a mantenerse para lograr rentabilidad y el cierre de los ciclos económicos porque siguen encontrándose varias trabas para sus operaciones, como la falta de acceso a un mercado formal de divisas. Eliminar el sector privado sin ofrecer una alternativa viable sería condenar a esa misma población a volver a depender del mercado informal o de las tiendas estatales en dólares, cuyos precios son incluso más altos, y nunca, a pesar de las promesas, lograron abastecer a sus homólogas en moneda nacional. 

La oleada migratoria tampoco es un elemento para desconocer. Desde 2022 a 2024 al menos 850 000 personas llegaron a Estados Unidos desde la Isla, según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y España recibió al menos 62 800 emigrantes cubanos entre 2023 y 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto, combinado con la disminución de la natalidad y aumento de la mortalidad en el país, ha provocado un llamativo decrecimiento de la población. Datos oficiales indicaban que al cierre de 2024, Cuba contaba con 9 748 532 habitantes.

La migración ha sido la salida de muchos cubanos para encontrar un futuro más próspero y la posibilidad de ayudar a sus familias, sin embargo, no está exenta de problemáticas aparejadas. Emigrar trae de por sí la carga del desarraigo con el lugar de origen, y al hacerlo viniendo de un país subdesarrollado, quien emigra está sujeto a un grupo de estigmas y vulnerabilidades que le harán más difícil el camino, en un mundo donde el racismo y la xenofobia campean a sus anchas. 

En adición, la salida masiva de población también deja múltiples problemáticas en ese lugar de origen. Por un lado, implica menos individuos —muchas veces calificados— que dejarán de ofrecer su fuerza laboral, descapitalizando instituciones de las que dependen servicios básicos. Por otro, la desprotección de las familias. En el reporte ofrecido a la prensa estatal por el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, se afirma que «más de un cuarto de la población, según cifras preliminares, tiene 60 años y más». Estamos hablando de una gran cantidad de adultos mayores, entre los cuales hay un grupo considerable que no tiene quién los cuide porque sus hijos se vieron ante la disyuntiva de acompañarlos en la pobreza, o salir del país para intentar labrarse un futuro que permita ayudarlos desde afuera. 

Los caminos

Es absurdo exigirle a un pueblo empobrecido, donde la mayoría vive pensando en lo que va a comer hoy, que «salga a luchar su libertad», afirmación que se vuelve aún más mezquina cuando, muchos de quienes los impulsan a protestar en las calles, paralelamente, apoyan la guerra económica externa que agrava su empobrecimiento. 

Tampoco resulta una estrategia política aplaudible pedir «resistencia» eternamente, sin dar a conocer un camino viable para garantizar el bienestar ciudadano, o al menos mejorar el estado actual de las cosas. Esta petición adquiere tintes de cinismo cuando muchos de los que piden resistir no resisten, y ya no hacen, siquiera, el esfuerzo por disimular sus privilegios y/o los de sus familiares. 

La reciente polémica sobre la queja del profesor Carlos Lazo —una persona que con sus virtudes y defectos estaba llevando leche y medicamentos a los hospitales—, sobre la negativa de las instituciones a que los miembros de su proyecto pudieran personalmente entregarlos donativos, puso de manifiesto cómo el extremismo que campea en ambas orillas, no solo es incapaz de ofrecer soluciones sostenibles, sino que también intenta destruir aquellas alternativas que no se alinean a sus objetivos. «Se lo buscó por pactar con la dictadura» decían algunos; «si quiere donar tiene que ser como nosotros queramos» decían los otros. ¿Alguno pensó en que cientos de niños hospitalizados se quedarían sin tomar leche? ¿Pretenden luego que los familiares de esos niños apoyen su causa?

Algo similar ocurrió con el recientemente publicado dossier de La Joven Cuba con propuestas de soluciones a los problemas urgentes de la economía. No faltó quien dijera que lo único importante era cambiar el sistema político, sin tampoco un plan viable para hacerlo, y mucho menos, un camino trazado para, en el «nuevo sistema», garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías.

​Los extremos se encuentran en su incapacidad para intentar buscar soluciones reales. Algunos militantes «¿comunistas?» radicales parecen ignorar la desaparición de la URSS. En lugar de buscar formas de fomentar el desarrollo y una distribución más equitativa del capital en el injusto y desigual sistema mundial actual, que no parece ir hacia el comunismo en el futuro próximo, esperan, casi como los Testigos de Jehová, que una revolución obrera global derroque al capitalismo y solucione todo de inmediato. Y mientras tanto, defienden la aplicación de fórmulas de probada ineficacia. 

Del mismo modo carecen de realismo quienes creen que es posible derrocar a un Estado únicamente mediante una lucha cívica pacífica y sin intervención extranjera. Citan el ejemplo de Rumanía con Nicolae Ceaușescu en 1989, pero omiten que sus sucesores tampoco han logrado convertir al país en uno próspero y democrático.

​Díganle, de frente, a una madre soltera que lucha por alimentar a sus hijos sin redes de apoyo que la solución a sus problemas está en sobresalir en su trabajo para que Cuba avance, en mantener una «fe inquebrantable en la victoria» o en practicar la «resistencia creativa». O, por el contrario, que debe salir a la calle con un cartel para «tumbar la dictadura», y que si no lo hace, también es cómplice y responsable de las necesidades que pasan sus hijos. 

Por muy justa que se presente una causa, si quienes la enarbolan son incapaces de reconocer la justicia y validez de otras, difícilmente puedan llevarla a cabo. En un país —y un continente— donde los problemas son tantos y tan viejos, la «solución definitiva» está tan lejos como el horizonte, por lo tanto, ningún movimiento político y cívico debería renunciar a abordar las urgencias. Para ello no existe un único camino, y solo mediante un diálogo cívico será posible hallar las soluciones.

Es recurrente el contrargumento de que «el poder» no quiere dialogar, y en consecuencia intentar hacerlo es de entrada una pérdida de tiempo y energías. Pero es que el diálogo cívico no es solo con el poder; puede y debe ocurrir también, y principalmente, entre los diversos actores de la sociedad civil que quieran dialogar. Como ya ha publicado LJC, para que este sea efectivo, es necesario crear las condiciones adecuadas: voluntad política de todas las partes, disposición para escuchar y reconocer las diferencias, y un compromiso genuino con la búsqueda de soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad. 

Diálogo político ¿con qué condiciones?

Un diálogo encaminado a trazar caminos para resolver las problemáticas que nos aquejan requiere reconocer la pluralidad de demandas legítimas que coexisten en la sociedad cubana y construir puentes entre ellas, en lugar de jerarquizarlas de manera excluyente. Incluso, y sobre todo, para hacerle reclamos al poder es necesario solidificar esos procesos de diálogo entre los actores de la sociedad civil, para que cuando se llegue a un escenario de negociación o confrontación con los agentes gubernamentales, las demandas no se diluyan en egos e intereses personales de los liderazgos, sino que perduren más allá de los contratiempos que puedan existir y las estrategias violentas de quienes las quieran impedir.

Un diálogo encaminado a trazar caminos para resolver las problemáticas que nos aquejan requiere reconocer la pluralidad de demandas legítimas que coexisten en la sociedad cubana.

Atender las urgencias no implica abandonar la visión de futuro, sino construirla desde el presente, con cada pequeña transformación que pueda mejorar la vida de quienes hoy sufren las consecuencias, tanto de la guerra económica externa como de las ineptitudes y autoritarismos del aparato burocrático interno. La comunidad, la organización y la voluntad de diálogo son herramientas fundamentales para avanzar hacia un desarrollo democrático sin caer en los extremos del inmovilismo o la espera mesiánica de soluciones absolutas. 

Como sociedad civil hoy se nos presenta el enorme desafío de, sin perder de vista el horizonte, atender con responsabilidad las necesidades inmediatas de la gente. Porque, al final, la promesa de un futuro mejor solo tendrá sentido si quienes luchan por alcanzarlo no quedan en el camino. Solo así podremos encontrar una ruta para esa dignidad y bienestar que tanto hemos anhelado.