En Cuba, cuando alguien quiere referirse a un asunto sin solución, afirma que «eso no lo cura ni el médico chino», lo cual significa, sin dudas, un reconocimiento a la medicina tradicional del oriental país.

Hace varios días se publicó en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), que la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno de Cuba (Esceg) convocaba a una cincuentena de funcionarios de nivel ministerial a estudiar «el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con particularidades chinas para una Nueva Era», impartido por la Academia Nacional de Gobernanza de China.

Tal anuncio resulta llamativo si se toma en cuenta que en las bases ideológicas del sistema político cubano, jamás se había considerado otra influencia extranjera que no fuera el marxismo-leninismo.

Una cosa es tener en cuenta la experiencia del desarrollo económico de China, o de Vietnam, países que han realizado profundas reformas económicas, traducidas en un crecimiento acelerado de sus economías y en un mejoramiento del ingreso per cápita y el bienestar de sus sociedades respectivas; aunque mantienen regímenes totalitarios que cercenan libertades democráticas.

Otra cosa, totalmente diferente, es desplegar una campaña para el estudio en Cuba, por parte de los funcionarios del Estado y el Gobierno, del pensamiento del actual líder de China, elevado en el último congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) a la condición de fundamento teórico del «socialismo con particularidades chinas en la Nueva Era».

En los Estatutos del PCCh, aprobados en su XX Congreso, se afirma que:

«(…) el Partido Comunista de China se guía en su actuación por el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad [aporte de Jiang Zemin sin nombrarlo], la concepción científica del desarrollo [aporte de Hu Jintao sin nombrarlo] y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con particularidades chinas de la nueva era».

Es decir, Xi no solo prolonga su permanencia en el poder al cambiar las reglas acordadas para limitarlo a solo dos períodos, sino que su nombre está inscrito en los estatutos, como el continuador teórico de Marx, Engels, Lenin, Mao y Deng.

«Socialismo con características chinas»

La insistencia de los comunistas del milenario país en la defensa de un «socialismo con particularidades chinas», viene de la época en que Mao se impuso a los líderes determinados por la Internacional Comunista, a partir de lo que él y sus partidarios consideraban como incomprensión por parte del liderazgo de esa organización —y especialmente del liderazgo soviético—, respecto a las condiciones especiales que tendría la supuesta construcción del socialismo en un país atrasado y mayoritariamente rural y campesino como era China.

 Amparado en esta tesis, y ya en el poder, Mao conduciría a China por caminos muy diferentes a los adoptados en la Unión Soviética y otros países del llamado socialismo realmente existente. Después de la muerte de Mao, y al imponerse Deng Xiaoping en la lucha por el poder que le siguió, comenzó el programa Reforma y Apertura, que cambió notablemente la vida en aquella enorme nación.

China se abrió al comercio con el mundo y a las inversiones de capitales provenientes de países desarrollados, recibió transferencia de tecnología de vanguardia sobre todo para la producción industrial, desarrolló la agricultura, eliminó el racionamiento de bienes de consumo y su población mejoró notablemente el nivel de vida; aunque carecen de las libertades civiles que caracterizan a los países en que funcionan sistemas democráticos.

Como resultado de lo anterior, China es hoy la segunda economía más grande del orbe en términos del valor global de su Producto Interior Bruto (PIB); posee un PIB per cápita medido a precios constantes en un nivel medio-alto, de acuerdo a los estándares internacionales; es el primer exportador y el segundo importador mundial de bienes; el segundo receptor de inversión extranjera directa —detrás de Estados Unidos— y el cuarto inversionista —tras Estados Unidos, Alemania y Japón.

Es asimismo el país con mayores reservas monetarias internacionales. En el último informe sobre tecnología e innovación de la UNCTAD, ocupó el 25º lugar mundial en cuanto al índice de preparación para la tecnología más avanzada, pero es el primero en el ranking de investigación y desarrollo, el séptimo en el industrial y el sexto en el financiero.

Entre los diez bancos más grandes del mundo de acuerdo al total de sus activos, los cuatro primeros son chinos (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China); mientras que por capitalización de mercado, entre los diez más importantes, cinco son chinos (Industrial and Commercial Bank of China 2º, China Construction Bank 5º, Agricultural Bank of China 7º, Bank of China 9º, China Merchants Bank 10º).

China es el segundo país con más multimillonarios del mundo en la lista Forbes, después de los Estados Unidos (607, incluyendo a los de Hong Kong y Macao). Dos de ellos: Zhong Shanshan y Colin Huang, están entre los veinte más ricos del mundo.

El país lleva cuarenta y cuatro años de reformas económicas, en las que a pesar de ciertos retrocesos en momentos puntuales, debidos a razones políticas, ha marcado una clara tendencia aperturista que lo hizo transitar de una agricultura totalmente colectivizada a una de gestión privada y libertad de mercados; de una industria por completo estatizada a la coexistencia de industrias estatales, mixtas y privadas, sin que las primeras sean necesariamente las predominantes.

Han florecido allí negocios privados de todo tipo; abandonaron los monopolios estatales de la banca y el comercio, tanto doméstico como exterior; la atracción de capital extranjero se dirigió al sector productivo, en especial exportador. En todo ese tiempo se superó el racionamiento de bienes de consumo que había existido desde la victoria comunista en la guerra civil, y el país dispone de un mercado de bienes y servicios en el que el Estado solo influye indirectamente a través de la política económica.

Según la agencia oficial china Xinjua, en 2021 existían 44,5 millones de empresas privadas frente a 10,8 millones en 2012. Y el sector privado aportaba más del 50% de los ingresos fiscales, más del 60% del PIB y más del 70% de las innovaciones tecnológicas, genera el 80% del empleo urbano y constituye el 90% de las entidades de mercado. 

Pareciera que el socialismo con características chinas —da igual si se trata de la nueva era o no—, es cualquier cosa menos socialismo.

«Socialismo cubano próspero y sostenible»

En Cuba, en cambio, los documentos programáticos del Partido Comunista en sus últimos congresos hablan de la necesidad de construir un «socialismo próspero y sostenible». A pesar de tal exhortación, no solo no se ha avanzado en esa dirección, sino todo lo contrario.

La dirigencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) no ha sido capaz de implementar los lineamientos de política económica y social adoptados en el VI Congreso de esa organización y «actualizados» en el VII y VIII cónclaves.

La política económica continúa careciendo en la Isla de un enfoque sistémico, y parece destinada a apagar fuegos puntuales mientras continúa deteriorándose el nivel de vida de los cubanos hasta llegar a condiciones de subsistencia precarias. El nivel de ingresos promedio de la población no resulta suficiente para enfrentar la espiral hiperinflacionaria, que resulta de una persistente escasez de oferta, acompañada de una irresponsable reforma monetaria y cambiaria de precios, salarios y pensiones, que creó nuevas distorsiones en los precios relativos y la reactivación de un mercado informal de bienes y divisas que evidencia el sustancial deterioro de los ingresos reales.

Me he referido a estos temas en textos anteriores, y a pesar del riesgo de resultar reiterativo considero importante destacar que en los últimos treinta años la economía cubana ha profundizado su deformación estructural, se ha vuelto más dependiente y ha incrementado su vulnerabilidad externa. Todo ello deteriora a la par su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y de asegurar una adecuada inserción en el sistema económico internacional.

Los sectores productivos sufren el lastre de un colapso de más de tres décadas; afectados por obsolescencia tecnológica, escasez de capital, materias primas y combustibles. Golpeados por sistemas de gestión obsoletos, burocráticos y probadamente improductivos; así como por las restricciones que frenan el desarrollo de los sectores privado y cooperativo.

En medio de esta severa crisis, en la que también influye la persistencia de las sanciones económicas estadounidenses, pero agravada por los errores de política económica de la dirección partidista y gubernamental a los que me he referido en otros textos, se insiste en concepciones económicas dogmáticas que pretenden imponerse a contrapelo de las realidades evidentes. Entre ellas mencionaré algunas que considero fundamentales:

• Insistir en el predominio del sector estatal en el sistema económico no garantiza su carácter socialista, sobre todo cuando no asegura la socialización real de los medios de producción en términos de capacidad de gestión o de control de la gestión de los supuestos propietarios colectivos.
• Los monopolios estatales del comercio exterior, el comercio doméstico o la banca, no son necesariamente socialistas y su mantenimiento a toda costa frena el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo cuando el sector público carece de recursos para asegurar su funcionamiento. Especialmente grave resulta que estos se relajen mediante un acceso discrecional a ciertos actores económicos, que podrían beneficiarse de manera privada de la información asimétrica o de vínculos personales, nepotismo y corrupción.
• Insistir en la centralización de las decisiones económicas, sobre todo con medidas de carácter administrativo, no asegura el carácter planificado de la economía; por el contrario, conduce a consideraciones subjetivas, carentes de fundamento científico y, en consecuencia, a un desprecio de las condiciones reales que resultan evidentes en los mercados.
• Imponer precios topados a los bienes, servicios o divisas, a despecho de las condiciones del mercado, no asegura la regulación estatal de la economía, sino que agrava los desequilibrios, potencia mercados informales y lejos de evitar la inflación, la fortalece en dichos espacios, lo que deteriora aún más la capacidad adquisitiva de los mercados.

¿La solución?

La solución de los problemas de la economía cubana no la tiene el «médico chino», mucho menos se encontrará en el «pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas de la nueva era».

La experiencia de países como China y Vietnam ofrece lecciones muy importantes de política económica, tanto en aspectos positivos como negativos, que han estado disponibles para la dirigencia cubana desde hace décadas. Es sabido que Fidel Castro desestimó en su momento ambas experiencias, dado su rechazo sistemático a la adopción de reformas que condujeran a una economía de mercado que debilitara el control estatal en ese ámbito.

Después de su salida del poder, la falta de decisión de una parte del liderazgo cubano y el rechazo de otra parte, impidieron la adopción de una reforma económica sistémica, orientada a favorecer los mercados y el emprendimiento productivo que, considerando los aciertos y errores de ambos procesos, habría permitido un transcurso paulatino de mutaciones con resultados económicos positivos.

En cambio, la inacción, el letargo y el estancamiento de la dirigencia insular han sido factores agravantes de los problemas económicos, han profundizado la fractura del contrato social y del consenso político. Expresión evidente de ello son las protestas sociales de 2021 y 2022 y la nueva estampida migratoria, que está produciendo una fatal sangría demográfica con severas consecuencias económicas y sociales a corto, mediano y largo plazos.  

En las condiciones vigentes de Cuba, no son suficientes las reformas económicas adoptadas en China y Vietnam. El actual andamiaje político e institucional es incapaz de asegurar la solución de los gravísimos problemas del país, que no son solo económicos, sino también políticos y sociales. Tampoco podrán ser resueltos desde el exterior. No los solucionarán nuevos convenios comerciales ni tratos favorables, ni deudas condonadas o prorrogadas.

La solución no puede ser otra que una nueva arquitectura institucional y política que surja del ejercicio real de la soberanía del pueblo, a través de una verdadera democracia, que va más allá del ejercicio electoral libre, pero que lo incluye.