La teoría económica y la experiencia histórica demuestran que las instituciones importan y que su calidad constituye uno de los principales factores que impulsan o frenan el proceso de desarrollo. El estudio del papel de las instituciones en el proceso económico ha sido el objetivo de la llamada Escuela Institucionalista y de su versión más reciente Neo-institucionalista del pensamiento económico.

En 1859, en su Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Marx había definido la relación entre lo que denominó la estructura económica de cualquier sociedad, esto es, las relaciones sociales de producción, que constituyen «la base real sobre la que se alza el edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social».

Respecto a esta relación apuntó: «No es la conciencia social la que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia», algo sobre lo que también había escrito junto a Engels en La Ideología Alemana. Este excesivo determinismo les impidió considerar los posibles efectos de las instituciones jurídicas y políticas, e incluso religiosas, en las relaciones económicas.

Para Douglass C. North, Premio Nobel de Economía, «las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que da forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, ya sea político, social o económico». Más adelante afirma que el cambio institucional «conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico».

En el establecimiento de esas reglas influyen los valores, las tradiciones culturales y religiosas y, en general, las convenciones sociales existentes. Para que ese conjunto de reglas se convierta en instituciones, resulta necesario que sean conocidas y aceptadas por la sociedad de forma voluntaria, a través de un determinado contrato social o por imposición del Estado. Pero evidentemente existe una notable diferencia entre una y otra forma de establecer determinado orden institucional.

Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson han analizado durante años el carácter inclusivo o extractivo de las instituciones y la medida en que las primeras contribuyen al progreso económico mientras las segundas lo frenan. Las instituciones inclusivas son aquellas que promueven sociedades plurales, que facilitan la participación soberana de los ciudadanos en la vida económica, social y política de un país, con poderes distribuidos y existencia de contrapesos entre ellos. En contraposición, las extractivas son las que favorecen a una parte de la sociedad que ejerce el poder y a través de él extrae rentas al resto de la sociedad.

En la lógica de estos autores, las instituciones políticas inclusivas crean condiciones para que se desarrollen instituciones económicas también inclusivas. Existe consenso en la escuela institucionalista en el sentido de que la garantía de los derechos de propiedad, el imperio de la ley y el orden, la libertad y facilidades para la creación de empresas, el buen funcionamiento y transparencia de los mercados, el cumplimiento de los contratos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los negocios; crean un clima adecuado que se traduce en progreso económico.

En oposición a las visiones neoliberales que apuestan a la existencia de mercados desregulados «libres», Dani Rodrik afirma: «esas instituciones son necesarias porque los mercados no se crean, regulan, estabilizan ni legitiman a sí mismos».

Dani Rodrik

Instituciones políticas y jurídicas no inclusivas de Cuba

Cuba tiene severos problemas estructurales que limitan su desarrollo y ahora mismo agravan la más profunda crisis económica de las últimas tres décadas. A ello se une el efecto nocivo del recrudecimiento de las sanciones económicas que estableció el gobierno de Donald Trump y que Joseph Biden no ha desmontado. Estas últimas no son modificables por Cuba, solo las autoridades estadounidenses pueden realizar cambios en el sentido de una normalización de relaciones entre ambos países. Mientras tanto, las autoridades cubanas sí están en la capacidad de adoptar medidas de política económica que contribuyan a remontar la crisis.

No obstante, incluso en el caso de que sean adoptadas políticas económicas que corrijan los errores más recientes y apunten a la solución de los problemas estructurales, ello no sería suficiente porque el sistema de instituciones políticas y económicas de Cuba no es incluyente.

Aunque es necesario reconocer que la Constitución de 2019 fue ratificada por una innegable mayoría de votantes, el proceso de debate previo no permitió una pedagogía del NO en los medios de comunicación a los que accede toda la población. Adicionalmente, la elaboración del proyecto constitucional no fue resultado de una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, sino de una comisión designada por las autoridades y de la que hacían parte los principales dirigentes del país.

En consecuencia, el texto constitucional adoptado refleja los intereses del grupo de poder y está lejos de constituir un esfuerzo integrador del amplio espectro político real del país que, por demás, no es reconocido por las autoridades que insisten en una visión totalitaria y monolítica del sistema político. Esto queda demostrado claramente en los artículos 4 y 5, que establecen la irrevocabilidad del llamado sistema socialista y el carácter del Partido Comunista como único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

Es decir, esta Constitución, elaborada desde el centro del poder, impone el modelo político y de Estado no solo a toda la sociedad cubana actual, excluyendo a la parte de ella que no apoya el sistema dominante; sino que prohíbe a las generaciones venideras decidir soberanamente sobre el sistema político y la organización estatal que consideren convenientes.

Una vez más, vale la pena resaltar que el ejercicio democrático no resulta del simple voto, sino de un proceso en el que se pueda construir un contrato social desde el proceso mismo de su concepción. En la elaboración de ese «nuevo» contrato social se excluyó una parte considerable de la Nación, sobre todo porque no se permitió el voto de los cubanos no residentes en la Isla, a pesar de que como ciudadanos están obligados a cumplir los deberes que les impone la ley fundamental pero no gozan de todos los derechos. A partir de aquí, toda la arquitectura del sistema institucional cubano resulta no inclusiva.

Los rasgos no inclusivos de este sistema de instituciones políticas y jurídicas son los siguientes:

1. Las reglas de juego no se han establecido como resultado de un contrato social alcanzado democráticamente, sino impuestas por el centro del poder.

2. El sistema institucional no garantiza la pluralidad y reprime toda participación económica, política o social que no se acomode al «modelo» diseñado desde el poder.

3. No existe un equilibrio de poderes independientes que permita el contrapeso entre ellos, sino que todos están sometidos a la autoridad de un Partido que pareciera estar por encima de la Constitución.

4. El pueblo, en el que supuestamente recae toda la soberanía y del que dimana todo el poder del Estado (artículo 3), carece de los mecanismos para hacer valer esa soberanía: no puede elegir directamente a las máximas autoridades del país; nies libre de crear movimientos sociales, políticos o profesionales que no estén bajo el control del Partido Comunista.

Asimismo, carece de los medios reales para hacer valer incluso una serie de libertades que la Constitución reconoce, tales como las de pensamiento, conciencia y expresión, de reunión, manifestación o asociación, o una supuesta libertad de prensa que no es posible ejercer porque los medios de comunicación se definen como «propiedad socialista de todo el pueblo», eufemismo con que se alude a la propiedad estatal.

5. La Asamblea Nacional está formada por diputados elegidos en listas únicas cerradas, conformadas en cada territorio por comités de candidatura, por lo que la sociedad carece del derecho a elegir verdaderamente a sus representantes entre alternativas diferentes. La obediencia de los diputados, manifiesta en la unanimidad y el escaso debate real de informes y proyectos de leyes, impide a este órgano ejercer su función como órgano supremo del poder del Estado (artículo 102).

6. El Banco Central de Cuba hace parte de el gobierno, por lo que debe cumplir sus directrices, a diferencia de las mejores experiencias internacionales que sugieren su necesaria independencia como órgano técnico responsable de la política monetaria y el control de la inflación.

7. Tanto los Tribunales de Justicia como la Contraloría General de la República carecen de independencia, pues ambas rinden cuenta ante la Asamblea Nacional y al Partido que ejerce el poder pareciera que por derecho divino, lo que afecta su credibilidad y transparencia, sobre todo cuando se trata de litigios en los que se involucra al gobierno como una parte en el caso del sistema jurídico, o cuando se constata la existencia de cotos cerrados en los que el órgano de control y auditoría del Estado carece de competencias.

En semejante arquitectura institucional, las garantías de los derechos ciudadanos dependen de la «buena voluntad» del centro de poder y no de un sistema legal con pesos y contrapesos, que evite que el gobierno desconozca las leyes cuando se trata de reprimir opciones políticas disidentes.

Instituciones económicas no inclusivas y extractivas en Cuba

El sistema de relaciones sociales de producción predominante en Cuba padece de una contradicción estructural que conduce a la conformación de instituciones económicas no inclusivas, e incluso extractivas; y es la no realización de la propiedad sobre los medios de producción a través de la propiedad estatal.

La propiedad social solo puede realizarse como tal si los supuestos propietarios colectivos, esto es, los miembros de la sociedad, recibieran la rendición de cuentas y tuvieran la capacidad de ejercer, al menos, un control sobre la gestión del gobierno o sus representantes, y de revocarlos si fuera necesario. Sin embargo, la sociedad cubana carece de esas posibilidades y, en consecuencia, la propiedad estatal está muy lejos de tener un verdadero carácter socialista.

Esta contradicción económica está relacionada con la inexistencia de un sistema democrático en el que existan mecanismos que aseguren tanto la soberanía del pueblo, sus libertades, así como su carácter de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

En la historia del socialismo «realmente existente» se ha demostrado que la no realización de la propiedad social sobre los medios de producción ha impedido que se supere la enajenación de los trabajadores típica de los sistemas basados en la propiedad privada, que para Marx significaba una contradicción con el carácter cada vez más social de la producción.

(Imagen: Filip Hellman)

Esa enajenación desincentiva la producción y afecta la productividad y calidad del trabajo. En consecuencia, el modelo de socialismo real se ha caracterizado por la estatización y no por la socialización de los medios de producción y por la conformación de un sistema burocrático que, en ausencia de democracia, ha permitido la conversión de la burocracia de una «clase en sí» en una «clase para sí». Y su existencia y conservación solo son posibles mediante instituciones no inclusivas y a través de mecanismos de extracción de rentas procedentes del resto de la sociedad.

En el caso de Cuba, los mecanismos de extracción de rentas se evidenciaron desde el programa de «nacionalizaciones», a través de expropiaciones y confiscaciones que, al estatizar sin socializar, han permitido a la naciente burocracia usufructuar dichos recursos sin que ello se traduzca en un mayor desarrollo económico del país y, por tanto, en un mayor bienestar material para la sociedad. La llamada «Ofensiva Revolucionaria» terminó por destruir lo que quedaba de emprendimiento e iniciativa empresarial y ello se tradujo en un notable retroceso en la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.

A partir de estos procesos originarios, la dirigencia política cubana ha impuesto su visión de un modelo de desarrollo encerrado en una serie de dogmas que la historia se ha encargado de refutar. No existe experiencia alguna que demuestre que la empresa estatal debe ser el actor principal del modelo económico en el socialismo, y sí existen evidencias de la ineficacia de tal estructura productiva, sobre todo cuando estas empresas están sometidas a un entramado burocrático que frena su autonomía económica y financiera y su capacidad de gestión.

Por otra parte, no por controlada centralmente una economía es realmente planificada. Desde los años sesenta del siglo pasado hubo serios cuestionamientos a los sistemas de planificación centralizada en los países europeos con economías centralmente dirigidas, que llevaron a reformas fracasadas porque fueron incapaces de superar los dogmas que resultan del modelo burocrático más que de la teoría económica del socialismo.

En realidad, la supuesta planificación centralizada se ha manifestado como administración centralizada de la economía, en la que el centro de poder pretende decidir la asignación de recursos y factores de producción a nivel microeconómico, en lo cual no es eficiente pero además cercena la iniciativa empresarial y el emprendimiento.

La concepción dogmática es la que propicia que cada medida de «reforma» que se adopte tenga tantas restricciones que limitan considerablemente sus posibilidades de transformación positiva de la realidad. Tales son los casos de los decretos leyes que permiten la creación de micros, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias, o de los errores conceptuales y de diseño de la llamada «Tarea Ordenamiento».

Finalmente, el enfrentamiento de las crisis recientes de la economía cubana se ha producido en lo fundamental a partir de medidas que producen transferencia de rentas desde la sociedad hacia el Estado, que resulta rentista toda vez que percibe esas transferencias pero no logra traducirlas en mejoramiento del bienestar, a pesar de que ese es su supuesto argumento para captarlas.

Es la lógica que determina medidas como: el establecimiento de tiendas en monedas libremente convertibles; la obligación de los pequeños y medianos empresarios de operar en el comercio exterior solo a través de empresas estatales, pagando por los servicios de intermediación tarifas establecidas en condiciones de monopolio; o las altísimas tarifas que el Estado cobra por servicios consulares, expedición de pasaportes y diversos trámites que soportan la existencia de una densa e improductiva burocracia.

La transición desde instituciones no inclusivas y extractivas a instituciones inclusivas para superar el subdesarrollo, solo puede producirse a partir de la construcción democrática de un nuevo contrato social que favorezca el desarrollo pleno de las libertades políticas, económicas y sociales, reconozca la pluralidad de la sociedad y la aproveche como un bien colectivo.