Democracia

Mecanismos de participación que garantizan el poder popular sobre la toma de decisiones políticas en función de una democracia saludable

Elecciones en Cuba: civismo contra propaganda

por Redacción 27 noviembre 2022

escrito por Redacción

Este domingo los colegios electorales de Cuba abren sus puertas para las elecciones a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Con una frecuencia quinquenal, este es el ejercicio más cercano a la democracia de cuantos están contenidos en la legislación electoral cubana.

El proceso ocurre en un contexto de profunda crisis y desmotivación social y en medio de campañas desarrolladas por los extremos del espectro político. Por un lado, el Estado/Partido y las instituciones oficiales instan a acudir a las urnas como muestra de unidad y apoyo al sistema político; por otro, activistas y opositores exhortan a la no presentación y el abstencionismo, por considerar que las elecciones son un mecanismo que no responde a las necesidades democráticas de los cubanos.

Más allá de esas posturas, La Joven Cuba convoca a la ciudadanía a ejercer su derecho como decisión personal, no como consecuencia de campañas propagandísticas que buscan condicionar el resultado. La democracia empieza por la actitud cívica que conscientemente asuma cada uno.

27 noviembre 2022 26 comentarios 1,3K vistas

Código penal: Mía es la venganza

por Rodolfo Alpízar Castillo 21 noviembre 2022

escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

El Antiguo Testamento recoge esta frase del dios de los judíos: «Mía es la venganza» (Hebreos, 10:30), que puede ser entendida, al menos, en dos sentidos: 1) Soy un dios vengativo y cruel, no me provoques. 2) Nadie que no sea yo está autorizado para la venganza.

Los humanos, y en particular esa creación suya que es el Estado, han desestimado el segundo sentido de la expresión y se han apropiado del primero. A lo largo de la historia y en todas las geografías, particulares e instituciones han hecho abundante uso de ella, en sus varias gradaciones, en ocasiones con el aplauso generalizado y hasta como marca identitaria de ciertos grupos.

La más violenta y definitiva forma de venganza es la muerte; también la única que, una vez aplicada, es irreversible. A lo largo de los siglos la venganza, en particular la de la muerte, ha dejado de ser un atributo individual para serlo de los Estados, quienes, cual si fueran la encarnación del dios de la justicia, se han adjudicado la potestad de castigar. Y de matar.

Con el desarrollo de las luchas por los derechos humanos, el primero de los cuales es la vida, poco a poco los Estados van dejando esa vocación de divinidad y renuncian a su prerrogativa de matar; unos eliminándola definitivamente por ley, otros reservándola para situaciones extraordinariamente graves, como los crímenes de guerra. En el siglo XXI son cada vez más los países que, de hecho o de derecho, abandonan la pena de muerte.

Entre los que la mantienen y aplican con regularidad se cuentan Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Birmania, China, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Rusia y algunos estados dentro de los Estados Unidos.

Como he señalado en otro momento, la tradición constitucionalista republicana de Cuba hasta 1976 era clara en cuanto la aplicación de la pena de muerte. La Constitución de 1901, la primera, prohibía expresamente aplicar la pena de muerte por delitos políticos. La de 1940, por la cual muchos cubanos murieron entre 1952 y 1959, también prohibía la pena de muerte, excepto para los miembros de las fuerzas armadas, por delitos de carácter militar, y para las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.

La Constitución de 1976, en cambio, era ambigua. No se pronunció al respecto, con lo cual daba lugar a dos interpretaciones muy diferentes: a) No debía haber pena de muerte en ningún caso; 2) los legisladores podían actuar según su leal saber y entender.

La Constitución de 2019 repite la ambigüedad de la que sustituyó. Sin embargo, su artículo 46 prescribe, a la letra: «Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral». Con ese artículo, la referida ambigüedad queda salvada y deja una única interpretación posible a la omisión: La pena de muerte es inconstitucional en Cuba.

La Constitución que clasifica al Estado cubano como Estado socialista de derecho (lo que significa que su poder y su actividad están regulados y garantizados por la ley, y nadie, sea el presidente del país, sea el más humilde ciudadano, está exento de cumplirlas) no contiene la pena de muerte y establece el derecho a la vida.

Es de conocimiento común que la constitución es la ley suprema de un país y ninguna norma legal puede estar por encima de ella. No obstante, la Asamblea Nacional aprobó en 2022 un código penal donde la pena de muerte aparece más de veinte veces, la mayoría de ellas referidas a delitos de carácter político.

Si yo, que no soy especialista, observo en ello una contradicción, ¿cómo es posible que nuestros legisladores no la vean? Solo encuentro una respuesta: No desean verla.

El presidente del Tribunal Supremo Popular expresó la razón de no verla, en respuesta al único, muy tímido, planteamiento divergente durante la sesión de aprobación: «El país necesita la pena de muerte».

Nadie preguntó a los cubanos si apoyamos la pena de muerte o no; por tanto, el presidente del Tribunal Supremo Popular no habló por nosotros, sino por el gobierno. En su respuesta, «país» es «Estado», no «ciudadanos», «pueblo» o «habitantes». Es decir, según este funcionario público, el Estado cubano necesita la pena de muerte. Como dios supremo, por su boca el Estado declaró: «Mía es la venganza».

Esto implica un retroceso de más de cien años en relación con la legalidad implantada por la primera Constitución cubana.

El código penal y su paso sinuoso frente a nosotros

Dado que la pena de muerte no está contenida en la Constitución del país, y que el artículo 46 protege el derecho a la vida, si el Estado que se proclama como de derecho deseaba incluirla en el código penal, su obligación era someterla a plebiscito. Hubiera sido un ejercicio democrático importante realizar ese plebiscito y dar la oportunidad de exponer sus argumentos tanto a los defensores como a los opositores a la única sanción penal no reversible, en la cual los errores no tienen subsanación.

La práctica ha demostrado que en Cuba un ejercicio así no es concebible, a pesar de ser procedimiento habitual en cualquier democracia, incluidas las más débiles. Sería la primera vez que se diera oportunidad de expresarse públicamente a los opositores a alguna medida gubernamental, y ello no tiene precedente en seis décadas, salvo en los ejemplos citados de la oposición al artículo 68 constitucional y el código familiar.

En cambio, se movilizaron recursos materiales, humanos y financieros millonarios para la promoción de un código familiar con suficientes elementos para distraer la atención de la población, incluido el plebiscito después de aprobado por la Asamblea Nacional.

Que el código penal apenas llamara la atención fue logro de sus propugnadores, pero ello no quedará sin consecuencias: Las fuerzas homofóbicas más radicales, las contrarias a que la mujer ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde en la sociedad, las opuestas a la educación sexual o al carácter laico de la república, fueron las verdaderas vencedoras. Unos y otros lo saben.

No se trata solo de que los opositores al gobierno deberán enfrentar penas más duras como consecuencia de sus actos. Se trata de que muchas conquistas de la república, obtenidas en ciento veinte años de existencia, están en peligro.

Aunque el objetivo se cumplió y las discusiones sobre el código familiar distrajeron la atención de la población, la presentación del código penal ante la Asamblea Nacional significaba una visibilidad imposible de evitar. Puesto que la pena de muerte no es constitucional, tanto por no estar recogida en la Constitución como porque el derecho a la vida está protegido expresamente en el artículo 46, y visto que algunos diputados se han declarado cristianos, cabía esperar una extensa discusión en el considerado órgano supremo del poder popular.

¿Cómo salvar ese escollo?

Ante todo, en un verdadero Estado de derecho, y en circunstancias normales, dicho código penal ni siquiera habría pasado el escrutinio de la comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto. De haber pasado, no habría sido aprobado, o se hubiera eliminado de él cualquier mención a la pena de muerte. Ello no ocurrió; en su lugar, se produjeron varias irregularidades:

Primera irregularidad: El diputado Toledo Santander, encargado de leer el dictamen de la comisión parlamentaria correspondiente, citó al inicio de su lectura el artículo 46. En la lectura omitió ex profeso el primer derecho proclamado en el artículo: el derecho a la vida.

Afirmo que lo hizo ex profeso, y no accidentalmente, porque el texto del dictamen no fue improvisado, sino escrito, impreso y distribuido entre los diputados. Además, en razón de su cargo, es de suponer que conoce de memoria el artículo citado, y que por su profesión de jurista sabe que al citar un artículo no se hacen saltos si no se declaran en el lugar correspondiente.

Segunda irregularidad: De la mesa directiva de la Asamblea nadie llamó la atención al diputado Toledo Santander acerca de la mutilación del contenido del artículo 46.

Tercera irregularidad: Ninguno de los diputados presentes, que tenían ante sí el texto impreso del dictamen, realizó observación alguna al respecto. Una grave inferencia de esto último sería que ninguno conoce el texto del artículo 46. O la Constitución vigente.

¿Será que la omisión se produjo precisamente porque los impulsores de la pena de muerte sabían que el artículo 46, leído íntegramente, podía provocar la discusión que no se deseaba? ¿O es mera coincidencia?

Cuarta irregularidad: Una diputada, con mucha timidez, expuso su duda como cristiana, en virtud de los mandamientos fundamentales de su religión. De inmediato, el presidente del Tribunal Supremo Popular respondió con la frase antes citada: «El país la necesita». La diputada se dio por satisfecha y nadie más se refirió al tema.

José Luis Toledo Santander es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Foto: Juventud Rebelde)

¿La pregunta fue hecha para que se oyera la respuesta? ¿Basta la simple afirmación de que «el país (el Estado) necesita» algo para que sea aceptado como bueno por los diputados que conforman la Asamblea Nacional? ¿Se procede así en un Estado de derecho?

Llamo la atención hacia la circunstancia en que la aprobación del código penal ha colocado a la propia Asamblea Nacional y a todo el sistema jurídico del país: En Cuba no existe tribunal de garantías constitucionales. Según la Ley de amparo de derechos constitucionales aprobada por la Asamblea Nacional, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas «es facultad exclusiva de la Asamblea Nacional».

Esto significa que nadie tiene derecho a pronunciarse contra el código penal, por inconstitucional que sea, pues el órgano que lo aprobó es el único facultado, por él mismo, para declararlo inconstitucional. En otro país tal vez cabría la fórmula de disolver el parlamento y convocar a elecciones, pero en el nuestro no existe el órgano con potestad para ello.

Mucho se habla sobre si el Estado cubano es fallido o no. Realmente, no me interesa esa discusión. Para mí, lo verdaderamente grave es que la situación creada con la aprobación del código penal lo sitúa como Estado anómico: Hay una situación de desacato constitucional, pero no existe medio legal de superarla, pues quien desacata es quien decide sobre el desacato.

Y hablamos de la ley mediante la cual se aplican castigos a la actuación del individuo. El ciudadano está desamparado ante posibles aplicaciones atentatorias contra sus derechos, incluido el principal de todos, el de la vida.

Con la puesta en vigor del código penal, la Constitución, apenas nacida, ha sufrido una herida de muerte por quienes juraron defenderla. Y el camino a la ciudadanía plena está cegado para los cubanos.

21 noviembre 2022 23 comentarios 2,5K vistas

Patronos, obreros y sindicatos: ayer y hoy

por Mario Valdés Navia 18 noviembre 2022

escrito por Mario Valdés Navia

El estalinismo, y los vaivenes políticos de los comunistas en todo el mundo, hicieron que los obreros no estuvieran pensando mucho en hacer revoluciones. Tras la cubana, ninguna otra socialista triunfó a nivel internacional, y su acelerada transformación en Estado burocrático/militarizado/totalitario la sumó al conservador campo socialista, alineado con la URSS.

Desde antes, el debate en torno al papel de la clase obrera en la transformación del capitalismo había dividido a las organizaciones obreras. Socialistas y anarquistas, bolcheviques y socialdemócratas, estalinistas y trotskistas, llevaban años disputándose la dirección del movimiento obrero cuando triunfó la Revolución Cubana.

En los inicios del proceso, este no fue definido desde una perspectiva clasista. Según Fidel, era una Revolución: «(…) de los humildes, por los humildes y para los humildes», sin distinguir entre clases sociales. Su ideología era la del nacionalismo radical y sus conceptos: patria/nación, pueblo, héroes y mártires, antimperialismo.

Con el proceso de institucionalización (1974-1978), el aparato categorial del marxismo-leninismo soviético se adueñó del discurso político-ideológico. Órganos del Poder Popular, centralismo democrático, diversionismo ideológico, Estado de todo el pueblo, entre otros subterfugios semánticos, vinieron a sustituir el lenguaje claro y directo de los proletarios. La combativa historia del movimiento obrero se diluía en la estructura burocrática estatizada, que incluía a los sindicatos entre sus piezas clave.

¿Cuál fue el devenir del proletariado cubano y sus organizaciones durante la República y la Revolución? ¿Cómo fue integrado el apreciable movimiento sindical en la estructura totalitaria del Gobierno/Partido/Estado? ¿Qué lugar corresponde a los sindicatos ante la sobreexplotación actual de los obreros por patronos nacionales, extranjeros, asociaciones de capitalismo de Estado y el propio Estado-propietario?

(Obra: La lucha, de Marcelo Pogolotti)

-I-

Al concluir el período colonial, la clase obrera cubana era incipiente. Sus principales núcleos no eran industriales, sino manufactureros y agrícolas. Torcedores, escogedoras y despalilladoras en el tabaco; jornaleros en fincas y colonias de caña; albañiles y peones en la construcción; estibadores y transportistas en ferrocarriles y puertos. Solo en los centrales y en algunos talleres de maquinado los obreros hacían labores industriales.

Como tendencia, sus demandas no eran políticas sino económicas. En 1902, triunfó en la industria del tabaco la llamada huelga de los aprendices, para que se admitieran aprendices nativos, sin distinción de razas, en las fábricas de tabaco colmadas de españoles. El gobierno de Estrada Palma se comprometió a incluirlo en un reglamento de aprendices que nunca elaboró.

Los gobiernos de los generales/presidentes, José Miguel Gómez (1909-1913) y Mario García Menocal (1913-1921), aprobaron leyes avanzadas a favor de la clase trabajadora. Por ejemplo: cierre obligatorio a las seis de la tarde en los establecimientos de comercio y talleres urbanos; jornal mínimo de 1.25 pesos diarios a los obreros del Estado, la provincia y el municipio; creación del primer barrio obrero: Pogolotti o Redención, en Marianao; jornada laboral de diez horas y «seguro obligatorio de los obreros contra la enfermedad, invalidez, ancianidad y accidentes de trabajo».

Eran conquistas obtenidas por presiones obreras, a pesar de intereses oligárquicos, que resultaban difíciles de generalizar ya que los dueños trataban de burlarlas de múltiples formas. En 1920 se celebró el Primer Congreso Obrero, liderado por Alfredo López y los anarquistas, donde se propuso la creación de una central sindical de todos los asalariados. Como resultado, se fundó la Federación Obrera de La Habana (1921) y los congresos nacionales obreros de Cienfuegos y Camagüey (1925), donde nacería la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC).

El crecimiento sostenido de la agroindustria azucarera fortaleció al movimiento obrero del sector. Su fruto principal fue la creación, por Jesús Menéndez, del Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera (1932), que desempeñó un destacado rol en el enfrentamiento a la tiranía machadista.

En pleno ascenso del levantamiento popular contra Machado, el Partido Comunista cometió su famoso error de agosto (1933), cuando aceptó las propuestas gubernamentales y orientó finalizar la huelga general. Como respuesta al vergonzoso acto, la Federación de Anarquistas sacó a la luz un manifiesto en el que acusaba a los comunistas de traición a los trabajadores y apoyo al tirano.

Tras la caída de Machado y el creciente descontento social, los trotskistas formaron el Partido Bolchevique Leninista, que apoyó al Gobierno de los Cien Días, el más progresista de la República. La oposición sectaria que hicieron los comunistas al referido régimen provisional, se manifestaría en la creación de soviets en algunos centrales de la provincia de Oriente. Tras el fracaso de aquel gobierno y la instauración del Mendieta-Caffery-Batista (1934), el ejército fue utilizado para reprimir los soviets obreros. Eran los primeros servicios del nuevo hombre fuerte, el sargento/coronel Fulgencio Batista, a los intereses estadounidenses.

El descalabro del movimiento obrero azucarero empezó a resolverse en 1939, con la creación de la Federación Nacional de Obreros Azucareros (FNOA), dirigida por Jesús Menéndez, que en 1945 cambiaría su nombre a Federación Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA). Su principal conquista fue el pago a los obreros del diferencial azucarero, parte del superávit de la industria por los altos precios del dulce. La lucha por el cumplimiento de ese acuerdo fue importante bandera de los azucareros y sus familias.

(Obra: Paisaje cubano, de Marcelo Pogolotti)

En 1939 fue fundada la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), presidida por el líder comunista Lázaro Peña. Con la aprobación de la avanzada Constitución del 40 y la llegada al poder de la Coalición Socialista Democrática (CSD), encabezada por Batista, la CTC llegaría a su apogeo.

En 1942 tenía ya más de 220 000 miembros, 790 organizaciones de todo el país y publicaba regularmente una revista. Aprovechando el compromiso del gobierno con Washington, encaminado a mantener la paz social durante la Segunda Guerra Mundial, logró importantes beneficios para los obreros: aumentos salariales por 464 millones de pesos, elevación del salario mínimo y semana laboral de 44 horas, con el pago de 48.

La alianza de Batista con los estalinistas de Unión Revolucionaria Comunista perjudicó a sus rivales trotskistas del Partido Obrero Revolucionario, que les disputaban el control del movimiento sindical. Perseguidos y encarcelados, fueron casi extinguidos, y asesinados sus dirigentes principales: el orador negro Sandalio Junco —miembro de La Joven Cuba—, masacrado el 8 de mayo de 1942 en la ciudad de Sancti Spiritus por un comando estalinista mientras hablaba en un mitin en conmemoración a la caída de Guiteras; y Rogelio Benache, muerto en 1944 por las torturas sufridas en prisión.

Otro de los dirigentes trotskistas defenestrados fue Pablo Díaz, quien sería uno de los pilotos del yate Granma. Varios sobrevivientes de esa organización obrera —Ricardo e Idalberto Ferrera, Juan Medina, Luciano García y Guarina Ramírez— participaron en la lucha insurreccional desde las filas del M-26-7.

Con el advenimiento de la Guerra Fría y la llegada al poder del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), inició la persecución de los comunistas y la escisión de la CTC, al ser impuestos dirigentes anticomunistas como Eusebio Mujal y Manuel Cofiño. En 1948 fueron asesinados tres de los más importantes líderes sindicales: Jesús Menéndez (azucarero), Aracelio Iglesias (portuario) y Sabino Pupo (campesino).

Luego del golpe de Estado de Batista y la creación del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), gran parte de los obreros se afilió a sus organizaciones obreras. Al caer la dictadura existían tres tendencias bien marcadas en el movimiento obrero: mujalistas batistianos, ortodoxos y comunistas.

-II-

En noviembre de 1959, en un contexto de unificación de las fuerzas revolucionarias, se inauguró el X Congreso de la CTC, o I de la CTC Revolucionaria. Fidel se dirigió a los delegados —cerca de 3000 del M-26-7, ortodoxos y auténticos; y 265 de los comunistas y aliados— y les recordó que habían sido: «designados por los trabajadores, que expresaban la opinión libre de éstos y tomarán libremente sus acuerdos [y que] Fue la huelga general la que le dio todo el poder a la Revolución».

Cuando se procedió a elegir la nueva dirección obrera, en medio de grandes discusiones, la correlación entre las fuerzas democráticas y el Partido Socialista Popular (comunistas), era de once a uno. A pesar de ello, entre los trece candidatos al nuevo Comité Ejecutivo fueron incluidos tres comunistas. Entonces Fidel intervino nuevamente, atacó las polémicas desatadas y planteó que cualquier división o pugna en el congreso beneficiaría a los enemigos de la Revolución.

(Obra: El Alba, de Marcelo Pogolotti)

Remarcó que la clase trabajadora quería constituirse en ejército para defender la Revolución y este no podría admitir facciones. Finalmente se impuso el criterio de una candidatura unitaria de seis miembros, tres por cada tendencia. David Salvador, miembro del Movimiento 26/7, ratificado como Secretario General, sería el que decidiría con su voto. Los comunistas conquistaron las estratégicas secretarías de organización y relaciones internacionales, lo que les permitió apoderarse de los sindicatos locales y manejar los nexos con el movimiento sindical mundial.

La purga de los dirigentes no comunistas comenzó a principios de 1960, con el pretexto del llamado proceso de erradicación del mujalismo. David Salvador, cansado de quejarse ante el gobierno, renunció. La creación de sindicatos ramales únicos, con integración «voluntaria», acabaría por consolidar la nueva CTC, que a pesar de mantener las siglas originales, sería ahora una Central y no una Confederación sindical, según decisión del XI Congreso un año después.

La otrora poderosa y combativa federación sindical quedó convertida así en una correa de trasmisión de las decisiones del Gobierno/Partido/Estado a los trabajadores. Su influencia sobre la vida política del país fue anulada, y el derecho más importante de los obreros: el de huelga, quedó prohibido como «actividad contrarrevolucionaria».

Aunque no podía expresarse libremente, la respuesta proletaria fue inmediata: ausentismo, disminución de la productividad, falta de iniciativa. En 1962 el Che reconocía: «Nos hemos quedado muy atrás en lo que toca a la implicación efectiva de la clase trabajadora en sus nuevas tareas de dirección. Evidentemente la culpa no es suya, es nuestra, del ministerio y de los dirigentes obreros […] Nos hemos transformado en perfectos burócratas en ambas funciones».

Como parte del modelo socialista estatizado, los principios de pleno empleo, garantía salarial, bajos precios y amplios fondos sociales de consumo fueron aplicados como compensación por la pérdida de la independencia sindical. La crisis del Período Especial haría tabla rasa de ellos, al tiempo que la CTC seguiría ajena a las demandas obreras y plegada absolutamente a la política gubernamental, cualquiera que fuera.

La apelación esporádica a la opinión de los trabajadores sobre políticas que los afectan directamente —Democratización laboral (1970), Parlamentos obreros (1994), debates en núcleos obreros de documentos del VII Congreso del PCC (2016)— solo tiene carácter consultivo, no vinculante. Medidas tan antipopulares como la doble moneda (1994-…), desmantelamiento de la agroindustria azucarera (2002), cierre de los comedores obreros (2009), o incremento de la edad de jubilación (2014), nunca fueron objetadas por la CTC, que las defendió abierta y dócilmente.

(Obra: Paisaje social, de Marcelo Pogolotti)

Peor aún es lo que ocurre con los explotados, ya no por el Estado patrón, sino por los nuevos capitalistas presentes en la economía cubana. Los trabajadores de las empresas del supramonopolio GAESA tienen que aceptar sin chistar la sobreexplotación por estar sometidos a una disciplina cuartelaria debido al origen militar del consorcio.

Los empleados de asociaciones con capital extranjero no tienen cómo defenderse de la expoliación conjunta de su doble patrón extranjero/Estado cubano, quien se apropia de la mayor parte de sus salarios a través de las empleadoras. Peor aún se encuentran los ocupados en el naciente sector privado.

El Reglamento del Código Laboral considera cuentapropistas —y pagan impuestos por ello— a todos los vinculados al TCP, sean trabajadores autónomos (patronos) o contratados (asalariados). Hasta el momento, ni siquiera se han equiparado los derechos y obligaciones de los obreros y empleados del sector privado a los del estatal.

Los proletarios contratados por TCP, mpymes y cooperativas, son acosados para que paguen el sindicato ramal, a sabiendas de que el mismo no defenderá sus intereses, dada la impunidad con que actúan los capitalistas en contubernio con el Gobierno/Partido/Estado.

Solo una refundación del movimiento sindical autónomo, defensor de los genuinos intereses de los trabajadores, hará posible conquistar derechos enajenados durante tantos años. La recuperación de un movimiento sindical poderoso y combativo es parte integral de la reforma al obsoleto modelo de socialismo estatizado y burocrático y tarea imprescindible como valladar ante los desmanes de los patronos, tanto privados como del propio capitalismo de Estado.

18 noviembre 2022 11 comentarios 1,6K vistas

Intelectuales e imaginario de izquierda puertorriqueño: un discurso «antimperialista» fosilizado*

por Carlos Pabón Ortega 14 noviembre 2022

escrito por Carlos Pabón Ortega

Después de la Guerra Fría y el fracaso del «socialismo realmente existente», cierta intelectualidad de izquierda continúa defendiendo la Revolución cubana de manera incólume como paradigma que produjo «un nuevo pensamiento revolucionario» latinoamericano.

Esta apreciación es representativa de un discurso «antimperialista» latinoamericano que distingue a la revolución como modelo para la izquierda regional y mundial. Se trata, según esa perspectiva, de un modelo doble. Primero, en cuánto a cuál debe ser «el método» para «la toma del poder». Y segundo, en tanto paradigma del objetivo de la revolución: «el socialismo». Esta combinación, se argumenta, produjo «un nuevo pensamiento revolucionario».

La intelectual argentina Claudia Hilb se pregunta por qué a la izquierda latinoamericana le resulta tan difícil, sino imposible, condenar públicamente «el carácter autocrático, antilibertario, antidemocrático y represivo» del régimen cubano. En su libro Silencio, Cuba, la autora intenta comprender «el punto ciego de la complicidad» de la izquierda supuestamente democrática con el régimen político instaurado a partir de 1959.

Hilb propone que tal silencio remite a la defensa de ciertas políticas de igualación social (educación, salud) implementadas durante la primera década del proceso. Entonces, argumenta ella: el punto ciego de esta izquierda es no poder reconocer el vínculo indisociable entre las políticas sociales de los sesenta (que ya se han desvanecido) y el régimen totalitario que las implementó. Pero en este caso, habría que repetir aquello de «que no hay peor ciego que el que no quiere ver».

Se trata de un sector de la izquierda que como dice Alina Bárbara López Hernández, coordinadora de la revista digital La Joven Cuba, tiene puesta unas «enormes gafas negras» y alega ser solidario con Cuba, «cuando en realidad prefiere no mirar lo que de verdad está ocurriendo», y «da por buena la narrativa del gobierno y el aparato ideológico porque contribuye a su leyenda y los mantiene en una zona de confort ideológico».

La izquierda puertorriqueña no ha sido excepción a la irradiación de la Revolución cubana, que ejerció una influencia ideológica decisiva en la «nueva lucha por la independencia».

Mural de Pedro Albizu Campos y el Che Guevara en el barrio boricua de Nueva York. (Foto: La Respuesta)

Intelectuales y antiimperialismo

El discurso nacionalista continúa siendo hegemónico entre la intelectualidad de izquierda o independentista puertorriqueña. La misma se ha posicionado históricamente de manera acrítica ante la «Revolución cubana». Y todavía hoy defiende, justifica, o hace silencio, ante el encarcelamiento o arresto domiciliario de disidentes por ser críticos de Estado, la censura de información, los juicios sumarios, la ausencia de pluralidad política, libertad de palabra, asociación y movimiento, entre otras, y a pesar de la represión violenta contra personas que han osado manifestarse en las calles pacíficamente, como ocurrió el 11 de julio de 2021.

Un texto de Carlos Rivera Lugo —profesor de Derecho Constitucional y exdirigente del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP)—, y Carlos Severino —exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico—, titulado «Amores que matan: Ciertas críticas desde la izquierda contra la Revolución cubana», ejemplifica esta postura.

Es la respuesta al artículo de Mari Mari Narváez: «Cuba: Este momento crítico podría ser para avanzar», que puede ser leído como expresión de una generación de independentistas más jóvenes, que apoyan la «Revolución cubana» pero comienzan a ejercer algún juicio crítico ante el Estado cubano.

Mari, una vez aseverado su apoyo a la revolución y sus logros, afirma el derecho del pueblo cubano a expresarse y manifestarse, y reconoce que no se pueden ignorar las detenciones arbitrarias, los juicios sumarios y el encarcelamiento de personas que reclaman pacíficamente:

[…] la gente de Cuba tiene perfecto derecho a reclamar acciones inmediatas contra la corrupción, contra los privilegios de ciertas «clases» o contra las desigualdades, o contra la ineficiencia que provocan las colas o un mal servicio de transporte público, lo que sea. […] La protesta es un poder que se reserva el pueblo y ningún gobierno debe reprimirla, mucho menos un gobierno socialista que aspira a enaltecer la dignidad humana, ante todo. […]

No se puede justificar una vida entera de supresión de la libertad de expresión por una posible invasión de Cuba que siempre será una amenaza. No se puede justificar que el pueblo cubano viva en un estado perenne de excepción. […] los cambios que exige parte de su población no contradicen los más grandes principios revolucionarios: más participación, respeto a la libertad de expresión, más democratización del socialismo cubano, más equidad.

La respuesta de Rivera Lugo y Severino al texto de Mari no se hizo esperar. Es evidente que su contestación no es solo por lo que dice el artículo, sino por quién lo dice: la hija de Juan Mari Brás, uno de los más importantes dirigentes históricos del independentismo. Pero también por ser joven y mujer. Los dos académicos la critican porque:

En el momento en que Cuba y su revolución lucha por su supervivencia y Washington arrecia el asedio y la victimización de su pueblo impidiendo que satisfaga sus necesidades más básicas, a Mari Mari le preocupa más los derechos individuales abstractos de unos pocos por encima de los derechos colectivos concretos de todo un pueblo que lleva sobre 60 años resistiendo y sufriendo las inhumanas consecuencias del bloqueo y el embargo estadounidense.

Más aun, alegan que Mari analiza la situación cubana desde una perspectiva claramente liberal y no marxista al preguntar ¿cuándo el Estado cubano va a dar «el empujón final hacia el respeto del derecho a la protesta, la libertad de expresión, y los estándares fundamentales para juicios justos para todos, con derecho a defensa y a apelación?».

Por otra parte, los autores afirman que los críticos de la situación cubana no «presentan ni las más mínimas evidencias de la represión que se le imputa al gobierno revolucionario de Cuba». Esto, a pesar de los cientos de videos de golpizas que han propinado grupos paramilitares autorizados por el gobierno, detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, etc. Para ellos, estas imágenes son parte de una conspiración y son «manipulación de hechos o fabricación de fake news» circuladas «desde los poderes fácticos mediáticos contra Cuba».

Asimismo sugieren que lo acontecido en la Isla, entiéndase la revuelta social, «corresponde […] a procesos de desestabilización y cambio de régimen ensayados y realizados en otros lugares del mundo en años recientes». De modo que su artículo despliega el arsenal retórico que el independentismo en general, y el PSP en particular, siempre han utilizado para defender a la «Revolución cubana»: imperialismo, agresión, intervención, bloqueo, guerra, soberanía nacional, manipulación, mercenarios, contrarrevolucionarios, conspiración, etc.

Rivera Lugo y Severino fundamentan su posición desde una lectura supuestamente marxista de los «derechos individuales abstractos», como ellos llaman despectivamente a los derechos civiles y humanos, y desde la postura de que Cuba vive una situación de guerra permanente desde 1959. Se trata de una guerra que se libra «tanto dentro del país frente a la lucha de clases y la contrarrevolución que pretende revertirlo todo, y fuera del país contra el imperialismo estadounidense». Es una contienda impuesta a Cuba sobre todo «como precio por no rendirse ante la prepotencia imperial de Washington». Y tal escenario justifica el Estado de excepción. De ahí que para ellos:

Es un error garrafal pensar en ese tipo de aperturas «liberales» en un sistema político que como ya adelantamos está asediado poderosa y existencialmente por el imperialismo más injerencista, el cual es capaz de hacer lo que sea para destruir el sistema político cubano. Estamos ante una visión liberal de los derechos humanos, sin reconocer que dicho liberalismo jurídico-político no constituye una receta universal y menos un modelo sin sus propias contradicciones estructurales.

Carlos Rivera Lugo, profesor de Derecho Constitucional y exdirigente del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

Resulta curiosa esta crítica a la «visión liberal de los derechos humanos», viniendo de dos intelectuales que disfrutan y hacen uso pleno de estos «derechos individuales abstractos» aun en el contexto colonial de Puerto Rico. Todavía más, su perspectiva borra la historia de luchas por los derechos humanos; lidias históricas que diversos sectores, incluyendo a los trabajadores, las mujeres, los inmigrantes y otros grupos oprimidos y discriminados han librado para conquistar derechos que el liberalismo no concedió voluntariamente.

Además, su crítica omite que, a pesar de que Cuba (obviamente) no es una democracia liberal, aprobó una nueva Constitución que define jurídicamente a ese país como un «Estado Socialista de Derecho» que reconoce, al menos en el papel, los derechos por los que se lanzaron a las calles miles de cubanos. Estos es algo en lo que han insistido los sectores de la oposición democrática: que estos derechos deben garantizarse plenamente a los ciudadanos y no quedar en pura retórica.

Socialismo y libertad

Rivera Lugo y Severino sostienen que lo que motiva su reflexión es el compromiso de ambos «con el socialismo y su horizonte comunista». Pero, ¿qué «socialismo» y cuál «horizonte comunista» es el que defienden Rivera Lugo y Severino? Ciertamente no es la concepción de la dirigente marxista Rosa Luxemburgo, quien afirmaba que: «La libertad sólo para los que apoyan al gobierno, sólo para los miembros de un partido (por numeroso que este sea) no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente». Y quien, además, advirtió muy temprana y acertadamente en relación con el socialismo que:

[…] Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, sin una libre lucha de opiniones, la vida muere en toda institución pública, se torna una mera apariencia de vida, en la que sólo queda la burocracia como elemento activo.

Gradualmente se adormece la vida pública, dirigen y gobiernan unas pocas docenas de dirigentes partidarios pensantes […] y de vez en cuando se invita a una élite de la clase obrera a reuniones donde deben aplaudir los discursos de los dirigentes, y aprobar por unanimidad las mociones propuestas —en el fondo, entonces, una camarilla— una dictadura, por cierto, no la dictadura del proletariado sino la de un grupo de políticos, es decir una dictadura en el sentido burgués, en el sentido del gobierno de los jacobinos […].

No, lo que defienden estos dos intelectuales independentistas es la concepción estalinista del socialismo, que niega la pluralidad política y la democracia. Un «socialismo» donde el partido (o el caudillo) comunista mandan y el pueblo obedece.

¿Qué revolución? ¿Qué socialismo?

En Cuba no hay actualmente una revolución ni un «horizonte comunista». Hubo una revolución, pero concluyó hace mucho. Ninguna revolución es eterna. Ellas son procesos históricos determinados, que tienen comienzo, desarrollo y fin.

Respecto a la interpretación historiográfica del proceso cubano existen múltiples enfoques. Rafael Rojas, por ejemplo, en su Historia mínima de la Revolución cubana, propone que en 1956 comenzó su fase insurreccional, triunfó en 1959 y emprendió entonces un proceso de institucionalización que culminó con la aprobación de la Constitución de 1976. Es en esa fecha «cuando puede afirmarse que un nuevo orden social y un nuevo régimen político han sido finalmente creados».

A partir de ese momento, arguye, «será sumamente difícil hablar de revolución en Cuba, si por revolución entendemos lo que la historiografía argumenta a propósito de otras revoluciones, como la francesa, la norteamericana, la rusa, la china o la mexicana». De modo que la Revolución cubana finalizó hace décadas. En todo caso, lo que queda es su mito, las ruinas de lo que fue.

La postura de Rivera Lugo y Severino pone de manifiesto la noción que —como indica Stefanoni—, todavía predomina entre las izquierdas latinoamericanas y globales en relación con la «revolución» cubana. La misma se basa en la falacia siguiente: el régimen del Partido-Estado comunista es igual a la «revolución cubana», por lo tanto, mientras exista ese régimen existe la revolución. Y este régimen de Partido único sigue funcionando en Cuba, pero representa en verdad a una casta burocrático-militar cuyos intereses son defendidos por el Estado.

O si se quiere, lo que hay en Cuba es capitalismo de Estado. Según el historiador Alejandro de La Fuente, el capitalismo de Estado cubano:

Consiste en una alianza entre grupos empresariales vinculados al Gobierno y al capital extranjero. Llamar socialismo a eso es conceptualmente inadmisible. En el Buró Político del Partido Comunista Cubano hay representantes de esos grupos empresariales, que están sobre todo en manos de los militares. Esos grupos trabajan con el capital extranjero y eso explica por qué en 2020, mientras la gente pasaba enormes necesidades, las inversiones en nuevos hoteles se disparaban. El dinero fluía hacia los nuevos hoteles, mientras la gente no tenía qué comer.

A lo que se refiere este historiador es al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), un enorme conglomerado empresarial de origen militar que controla gran parte de los sectores más importantes de la economía cubana. GAESA está adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y su presidente ejecutivo, fallecido recientemente, era el general de Brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex-yerno de Raúl Castro y miembro del Buró Político del Partido Comunista Cubano desde 2021.

Debería estar claro entonces que la casta burocrático-militar y civil que gobierna a Cuba ejerce un poder dictatorial, en defensa no de la «revolución» ni del socialismo, sino de sus enormes privilegios. El discurso de esa casta es el discurso de lo que fue la revolución, pero su poder es el del aparato de seguridad y militar.

Lo que sí hay en Cuba es un pueblo existiendo entre la miseria y la precariedad, que ni siquiera tiene derecho a expresar su hastío, agotamiento y deseo de una vida mejor. Los que se manifiestan —dicen los defensores del Estado de excepción—, son «mercenarios», «contrarrevolucionarios» y «títeres» del imperialismo. Y a estos no se les puede garantizar derechos y libertades en el contexto de guerra y agresión indefinida que vive el país.

El estallido social del 11-J

Es interesante notar que el artículo de Rivera Lugo y Severino no discute los reclamos de los manifestantes del estallido social del 11 de julio, pues para este tipo de discurso, supuestamente marxista, no tienen importancia las condiciones materiales concretas de vida de los cubanos. De haberlo hecho, estos autores hubieran visto que a pesar de las dificultades económicas que provoca el embargo comercial, los manifestantes no han exigido el fin (ni la continuación) de las sanciones económicas contra Cuba.

No fueron el embargo y sus efectos los que motivaron a los manifestantes pobres de los barrios y ciudades a protestar en las calles, sino asuntos como la falta de libertades y derechos, la crisis económica, la insuficiente gestión sanitaria frente a la pandemia del COVID-19. Esto es, problemas por los que responsabilizaban al presidente Miguel Díaz-Canel y al Partido Comunista, no al embargo o al imperialismo. Pero esto lo escamotea el artículo en cuestión.

El artículo de Rivera Lugo y Severino también elude el análisis de qué sectores o clases sociales protestaron. Nuevamente, de haber hecho esta reflexión, los autores debieron reconocer que, como afirma de La Fuente en su referido texto: «[…] los que salieron a protestar el 11 de julio son los perdedores del nuevo capitalismo de Estado que se ha desarrollado en Cuba en los últimos 30 años. Y los afrodescendientes están entre los grandes perdedores de las reformas que han tenido lugar. Han sido excluidos de las nuevas actividades de los nuevos sectores económicos».

Estas son conclusiones muy incomodas para quienes han persistido en celebrar los «logros de la revolución», sobre todo si se describen como intelectuales marxistas. Rivera Lugo y Severino lo que hacen es reciclar argumentos trillados, consignas, clichés y lugares comunes que no analizan la singularidad de un acontecimiento como el estallido social del 11 de julio en Cuba.

La trampa de la lógica binaria de la Guerra Fría

Destaco el artículo de estos intelectuales de izquierda porque es representativo de lo que ha sido la posición del independentismo puertorriqueño en general, a pesar de ciertas fisuras, hacia la «Revolución cubana». Por su parte, el 12 de noviembre de 2021, un nutrido grupo de «personalidades» europeas y latinoamericanas publicó una carta abierta dirigida a «la comunidad internacional», en la que hacían un llamado a que el gobierno de Estados Unidos cesara el bloqueo contra Cuba y denunciaban asimismo las tentativas «de desestabilizar» la Isla.

La carta fue iniciativa de Ignacio Ramonet (España), Hernando Calvo Ospina (Francia), Atilio Borón (Argentina) y Fernando Buen Abad (México). Se trata de figuras que apoyan el régimen autoritario de Maduro en Venezuela y defienden o hacen silencio ante las matanzas y la represión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Entre los firmantes se hallaban varios puertorriqueños,: Eduardo Villanueva, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Wilma Reverón Collazo, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), y María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y vicepresidenta de ese partido.

Además de denunciar las sanciones económicas contra Cuba, el documento afirmaba que el gobierno de los Estados Unidos: «[…] asigna millones de dólares para promocionar la subversión interna, llamando a la desobediencia civil, la anarquía y el caos, con el único fin de acabar con el actual sistema político e instaurar uno que responda a sus únicos intereses».

Es importante destacar el contexto en que se genera esta carta abierta: apenas cinco días antes de una marcha cívica pacífica convocada por el grupo Archipiélago en favor de la liberación de todos los presos políticos, porque fueran respetados los derechos de todos los cubanos y por la solución de diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

La marcha, concebida como secuela a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, fue prohibida por el Estado cubano pues supuestamente violaba el artículo 4 de la Constitución, el cual establece que «el socialismo es irrevocable». Finalmente fue impedida con arrestos preventivos, detenciones domiciliarias y actos de repudio organizados por el aparato del Estado.

La carta abierta, con una retórica típica de la Guerra Fría, redujo los acontecimientos al intento de los Estados Unidos de desestabilizar y derrocar la «Revolución cubana». Reiteraba así el discurso desgastado de que todos los problemas económicos de Cuba son causados por el bloqueo. Describía a los «disidentes» y «opositores» (así, con comillas), como mercenarios creados por el gobierno estadounidense con el objetivo de «subvertir» el orden establecido y sembrar la «anarquía» y el «caos».

De tal modo, dicho texto descalificaba a los ciudadanos cubanos que exigen derechos democráticos, algunos incluso refrendados en la Constitución de 2019. En ningún momento reconoció la legitimidad de la lucha por estos derechos. Más aún, apoyó de facto la represión contra esos ciudadanos y asumió una postura acrítica hacia el autoritarismo del Estado cubano.

El enemigo de mi enemigo es mi amigo

A pesar de sus características particulares, el independentismo y la intelectualidad hegemónica puertorriqueña son parte de esa izquierda que, cuando se trata de Cuba, (e incluso de los regímenes autoritarios en Nicaragua y Venezuela) usa unas gafas oscuras. Coincido pues con la manera en que Alina López Hernández describe a esta izquierda (su cita se limita a Cuba, pero lo que dice es extensivo al régimen de Ortega y al de Maduro):

Es la izquierda que no entendió el mensaje cuando implosionó el socialismo en Europa Oriental y todavía sueña con que este modelo burocratizado, mal llamado socialista, es funcional porque ha sobrevivido tres décadas más en una pequeña islita. Como dijo una psicóloga cubana […]: «para que ellos se sientan bien, nosotros tenemos que sacrificarnos».

[…] Son los supuestos amigos que, ante denuncias de atropellos y violencia ejercidos por parte del Estado cubano a su ciudadanía […] nos piden compararnos con sus desaparecidos y sus asesinados por las dictaduras militares, o, en el mejor de los casos, arguyen no contar con pruebas y aceptan entonces la versión oficial.

[…] Es [la izquierda] que escoge entre condenar al imperialismo de los Estados Unidos y su injerencismo hacia Cuba o criticar al gobierno cubano por no ser el Estado Socialista de Derecho que estipula su Constitución; sin entender que es posible y necesario hacer ambas cosas; que eso es lo justo, lo ético y lo coherente.

En resumen, pese a posiciones minoritarias, el discurso de la intelectualidad de izquierda y del movimiento independentista puertorriqueño respecto a la «Revolución cubana» se mantiene incólume: el protagonista de lo que acontece allí es solamente el imperialismo yanqui. Todo lo que ocurre en esa sociedad está determinado por las acciones imperialistas o por las reacciones del Partido-Estado comunista cubano a estas.

Los sectores populares, «las masas», que protestaron en las calles y recibieron la represión del Estado, no cuentan como «sujetos» en este análisis. Su lucha y reclamos no valen realmente en el relato binario de la Guerra Fría, pues son fichas a ser utilizadas por un bando u otro.

Se trata de una izquierda que sigue entrampada en un alegato antiimperialista fosilizado, incapaz de rebasar la lógica bipolar. Es un discurso que de alguna manera permanece vigente para una izquierda que no ha querido, o no ha podido, renovarse.

Pese a la pervivencia de este discurso, cualquier posibilidad de renovarlo para que sea pertinente a los tiempos que vivimos, implicaría necesariamente echar por la borda imaginarios heredados de la Guerra Fría. De lo contario, la izquierda continuará prisionera de un imaginario político arcaico y será cada día más irrelevante en tanto hipotética propuesta emancipatoria.

***

* Este texto es una versión abreviada y revisada por su autor especialmente para LJC de un ensayo aparecido originalmente en la revista Foro Cubano.

14 noviembre 2022 46 comentarios 1,6K vistas

La crisis cubana y la urgencia de consensos

por Ivette García González 8 noviembre 2022

escrito por Ivette García González

El agotamiento del modelo social y la fractura del pacto social derivado de la Revolución en Cuba son reales desde hace años. Pocos dudan hoy que la crisis es sistémica, el conflicto nacional y que estamos en un callejón sin salida. Sin embargo, la represión sustituye a la gestión política e incrementa la polarización. Los riesgos son enormes e indican la urgencia de articular consensos.

Precisamos edificar un nuevo proyecto de país en base a un nuevo pacto social. Es difícil pero no imposible, como ha demostrado la historia en diversas geografías. Los humanos somos seres racionales, estamos en permanente negociación para convivir, de ahí que la sociedad evolucione a través de múltiples consensos.

Es tema a evaluar con transparencia y responsabilidad. Nada resuelven enfoques simplistas, como el publicado por Cubadebate, que sustituye argumentos por consignas o afirma que en Cuba el consenso es una construcción de siglos —amalgama oficial que coloca Patria, historia y gobierno como equivalentes— cuando ninguno de ellos son estáticos ni se heredan.

Tampoco dogmatizando que existe «consenso sobre el proyecto social socialista», a pesar de que se conoce que incluso sectores socialistas interpelan hace años al sistema político; o que la Constitución y la masividad de un desfile muestran un «consenso colectivo, masivo y libre».

En el ámbito político, y particularmente en escenarios de crisis, el consenso supone la capacidad de lograr acuerdos entre distintos actores sociales con intereses diversos e incluso contrapuestos. Sin eso —que es lo opuesto al uso de la fuerza o la coacción empleadas por el gobierno— no es posible resolver demandas ni lograr los cambios que necesita la sociedad.

Ellos implican diálogo y negociación, escuchar, ser escuchado y ceder en aquello que no sea fundamental y pueda bloquear la intención. Requiere examinar contexto; pluralidad social; cambios generacionales; contradicciones; posturas en cuánto a qué se busca y cómo; estar dispuestos a encarar riesgos, no verlo como unanimidad acrítica sino como oportunidad de procurar la gradual convergencia de ciertos puntos compartidos.

Son tan importantes que en situaciones muy complejas para transiciones, por ejemplo, se pactan previamente variantes de consenso —activo, pasivo, general, suficiente o cualificado—, como modo de asegurar la gestión y los resultados de acuerdo con las condiciones del escenario y los actores.

El consenso supone la capacidad de lograr acuerdos entre distintos actores sociales con intereses diversos e incluso contrapuestos.

-I-

En varios textos he sugerido el diálogo nacional como mecanismo de concertación política para la transición en Cuba. Las condiciones no lo favorecen a corto plazo dados la ausencia de mínimos democráticos para confrontar ideas y posturas; el ejercicio de la política mediante la coerción; la emigración o el destierro de fuerzas vivas de la nación y un ambiente tóxico derivado del extremismo político.

En algunos casos también influyen el desconocimiento, ciertas experiencias fallidas, la intolerancia del gobierno que desvirtúa y manipula el tema, y las desventajas de sus contrapartes. Tanto en la Isla como en la emigración, ello es resultado de las profundas y longevas asimetrías en las relaciones de poder, y del radicalismo político que en ambos extremos rechaza la fórmula.

No obstante, al interior de la sociedad civil independiente, la emigración y entre ambas, se intentan acuerdos mínimos. Ellos deben acompañarse de acciones cívicas y empoderamiento ciudadano en pos de reivindicaciones democráticas y articulación de alianzas que permitan modificar en lo posible el desbalance actual. Esto permitiría generar suficiente impulso político —nacional e internacionalmente— como para que la negociación en esa escala sea una necesidad para todas las partes.

La formación de conciencia cívica está en función de ello, pues la realización de conquistas democráticas no provendrá de sectores dominantes. Como indicara Juan Valdés Paz, a lo largo de la historia «la realización de los ideales democráticos ha sido el resultado de las luchas populares (…) es el pueblo, el soberano, los ciudadanos, los actores fundamentales llamados a realizar la democracia y eventualmente, alcanzar un mayor desarrollo democrático».

También en la Isla en cierto modo ha sido una realidad. Desde los años noventa el diseño original de nuestro totalitarismo fue subvertido. La puja sobre el poder derivada de consensos a escala de la sociedad civil fue importante en los cambios, aun cuando no transformaron la institucionalidad política ni la esencia del modelo. Hasta hoy, el Partido/Gobierno/Estado ha podido maniobrar con cambios cosméticos o que descompresionan la situación emergente sin alterar el estatus quo.

-II-

Hoy el escenario es muy diferente. Estamos ante una crisis sistémica, se han ampliado las áreas de disenso desde diversos sectores y los cambios en la dinámica política son acelerados. Una mirada a cómo han variado las preocupaciones y certezas en torno a los consensos y sus fracturas entre el 2019 y el 2022, con el estallido social del 11-12J por medio, da cuenta de ello. Sugiero leer y contrastar al respecto el dossier de Alma Mater y la contestación de El Toque.

La sociedad civil independiente —quebrantada recurrentemente por la represión— se reinventa, procura conectar generaciones y agendas articulando consensos en favor de una transición democrática desde los años noventa. Varios tópicos son convergentes, entre ellos: apertura económica; primacía de factores internos en causas y soluciones del conflicto; autonomía de la esfera pública; libertad de prensa; separación de poderes; reconocimiento de los cubanos —donde quiera que estén— como parte de la nación; pluralismo político; naturalización del disenso; liberación de los presos políticos y fin de la represión; derechos humanos, democracia y sanación de la sociedad.

Con aciertos y desaciertos, algunas formas asociativas de los últimos años han intentado articular consensos atendiendo a prioridades, desde el respeto al pluralismo político. Entre ellos: Movimiento San Isidro (MSI), la efímera Articulación Plebeya, Archipiélago, Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y Cuba Próxima.

Más recientemente, el Frente Democrático de Concertación (D Frente), que agrupa a varias organizaciones, se plantea la refundación de la República y se orienta en base a seis principios fundamentales y una hoja de ruta. En ellos existen diversas posturas y corrientes de pensamiento; también diferencias en cuanto a modos, profundidad de ciertos cambios y solución del diferendo con los EE.UU.

No obstante, en el amplio ecosistema del disenso —dentro y fuera de la Isla— persisten la dispersión y dificultades para lograr acuerdos, a veces por falta de experiencia y madurez política y por los efectos permanentes de la represión y la criminalización de agendas, membresías y liderazgos por parte del gobierno. Ello no ha permitido socializar lo necesario ni lograr proyecto(s) contrahegemónico(s) con arraigo en las mayorías.

De otra parte, el Partido/Gobierno/Estado tiene ante sí una ciudadanía más demandante y agotada. Acumuló rápidamente fracasos económicos y el costo social de sus impopulares medidas; no ha podido construir sus propios consensos ni resolver la inoperancia de los mecanismos de participación ciudadana. Enfrenta una creciente desconfianza política y gobierna en base a la coerción y ciertos falsos consensos, ignorando incluso a veteranos de la propia Revolución que ya no están en las estructuras del poder pero intentan aportar.

Durante los últimos cuatro años ha mantenido fórmulas anacrónicas de diálogos con sus bases: sindicatos, organizaciones sociales de masas, políticas y profesionales, todas bajo su control. Parte de ellas se han quebrado, pero prevalecen segmentos militantes no despreciables y una amplia franja de silencio que incluye a víctimas, resignados y leales incondicionales.

Como afirmó en entrevista reciente el abogado y politólogo Roberto Veiga, hay una significativa «carencia de gestión y sensibilidad política». De ahí el predominio de la represión contra un pueblo que le ha dado todas las oportunidades posibles a su gobierno «para una transformación en paz y para la paz». Con tal actitud, «el propio gobierno se empeora su escenario».

-III-

No obstante las limitaciones, diferencias y crispación política, la sociedad cubana tiene algunas ventajas que podrían favorecer la articulación gradual de consensos para la democratización. Entre ellas: alto nivel de instrucción; importantes valores compartidos; confluencia de varias generaciones; energía que dejó el 11-J a su favor; emergencia de nuevas iniciativas desde la sociedad civil; activismo de la emigración y el soporte que todavía representan varios principios y derechos plasmados en la Constitución.

A ello se suman otras dos singularidades del contexto actual. Una es que la prensa independiente es ya un actor importante dentro del espectro político. A pesar de la intolerancia oficial y la represión, consigue aportar a la socialización de ideas, demandas y posturas, a la formación de conciencia cívica y la articulación de consensos entre diversos actores. La otra es que algunos tópicos convergentes del mapa crítico y opositor son compartidos por sectores reformistas y otros considerados afines al gobierno pero que en realidad integran una amplia zona de silencio.

(Ilustración: Rafael Alejandro García/CubaNet)

Estamos en un punto de no retorno. Para cualquiera de los escenarios probables de la transición se necesitan consensos, como dejó ver recientemente uno de los fundadores del Movimiento Cubano de Reflexión (MCR).

El más viable para convertirse en ruta crítica es el que derive del avance del movimiento pro-democracia y su eventual capacidad para articular el descontento manifiesto en las protestas sociales, que junto a la pérdida gradual del miedo es fenómeno social novedoso en la Cuba actual.

Necesitamos encarar el conflicto y exigir un ambiente menos tóxico, represivo y polarizado, que permita gestionar diferencias antes de que sobrevenga otro estallido social y derivemos a un caos del que todos —menos ciertas oligarquías en ascenso— saldremos como perdedores. Y con nosotros el país.

Algunas ideas ya ampliamente aceptadas deberían también favorecerlo: 1) El conflicto es nacional, debe ser resuelto por los cubanos sin injerencia extranjera y apegados a la soberanía popular; 2) el modelo de sociedad se agotó y los intentos de reformas derivaron en mayor inequidad social, pobreza y represión; 3) necesitamos un país democrático y soberano que garantice bienestar ciudadano en primer lugar y 4) tales aspiraciones deben lograrse por vía pacífica.

La magnitud de los riesgos que encaramos hoy debe recordarnos que los consensos son necesarios, posibles y urgen. Cuba necesita democratizarse en todos los ámbitos y para ello también precisamos fomentar una cultura dialógica, cívica, política y democrática en la esfera pública. Sobra polarización y apremia sustituir la represión por una gestión política del conflicto, por el pensar y actuar con responsabilidad, inteligencia, creatividad y patriotismo.

Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com

8 noviembre 2022 52 comentarios 1,8K vistas

La victoria de Lula y la continuidad del bolsonarismo

por Alexei Padilla Herrera 3 noviembre 2022

escrito por Alexei Padilla Herrera

Nadie lo dude: Lula es uno de los políticos más notables de su tiempo y tiene en su haber al menos dos récords que merecen ser comentados. El ex obrero metalúrgico, con apenas sexto grado de escolaridad y otrora líder sindical, es el único expresidente que regresa al Palacio do Planalto para cumplir un tercer mandato. Además, es el candidato a la presidencia que más votos recibió desde la redemocratización, en 1989.

La grave fractura que hoy exhibe la sociedad brasileña es resultado de varios factores. Entre ellos: el ascenso del populismo de extrema derecha en Europa y Estados Unidos y, hay que reconocerlo, el rechazo de buena parte del electorado brasileño a la participación del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados políticos en una saga de escándalos de corrupción que deterioraron no solo su imagen, sino que también restaron credibilidad a los políticos y la política institucional como vías para resolver los problemas de la nación, sin los aventurerismos autoritarios del pasado.

La prisión de Lula en julio de 2017, luego de ser condenado por el entonces juez Sergio Moro (antilulista confeso, hoy senador electo) por lavado de dinero y corrupción pasiva, fortaleció la narrativa que defendía una presunta sinonimia entre PT-izquierda y corrupción.

Con el principal referente de la izquierda tras las rejas, la expansión del antipetismo y la debilidad de los partidos de centroderecha tradicionales —como el Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso, José Serra y Aécio Neves—, se allanó el camino para que Jair Bolsonaro —diputado federal cuasi irrelevante que devino caudillo de la lucha contra la corrupción, el PT, la izquierda, y el marxismo; y defensor de valores conservadores, la familia, el neoliberalismo y la religión—, llegase por medio de las urnas a la máxima magistratura.

En lo político, la gestión de Bolsonaro se caracterizó por la demonización de la izquierda y los movimientos sociales progresistas, la normalización de discursos machistas y homofóbicos, la degradación de valores democráticos y republicanos; la conducción de las relaciones internacionales con base en la afinidad ideológica con gobiernos de derecha y no en los intereses nacionales de Brasil. También fueron constantes los embates entre el poder ejecutivo y el judicial, que con más o menos firmeza, dependiendo de la ocasión y del juez actuante, contuvo las afrentas de Bolsonaro a la Constitución y las leyes.

En lo social, Bolsonaro se empeñó en degradar la educación pública superior y el sector de la cultura, bastiones históricos, según su perspectiva, de la izquierda y las fuerzas vivas democráticas de Brasil. Ante la imposibilidad de ejecutar la depuración ideológica de las universidades federales, expulsando a los docentes marxistas y progresistas, el gobierno disminuyó gradualmente el financiamiento a esos centros de educación superior para precarizar y, en algunos inviabilizar, programas de docencia, investigación y extensión.

La transformación del Ministerio de la Cultura en una secretaría del Ministerio de Turismo, dirigida por abanderados de lo más rancio del conservadurismo brasileño, y el recorte de fondos destinados a la producción artística y cultural, así como los intentos de instrumentalizar la cultura, alterando leyes de incentivo y apoyando institucionalmente a artistas y agrupaciones afines al poder; forman parte del legado del gobierno de Bolsonaro.

Otras de las herencias nefastas que su gestión deja al pueblo brasileño y al mundo, fue el aumento de la deforestación en la región amazónica, en razón de incendios forestales intencionales, invasión de tierras indígenas y áreas protegidas; obstaculización del trabajo de los órganos de inspección ambiental y aliento desde el poder a actividades agropecuarias y de minería irregulares.

Debo mencionar que la muerte de más de 600 mil personas y el caos por falta de oxígeno en ciudades como la norteña Manaos, fue resultado de la irresponsabilidad gubernamental y social durante el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y del negacionismo de un líder que no escuchó ni acató las recomendaciones de las entidades sanitarias locales e internacionales (uso de mascarilla, distanciamiento social y vacunación).

Lula y Bolsonaro durante un debate en São Paulo, el 16 de octubre de 2022.
(Foto: Mariana Greif/Reuters)

En ese contexto caótico, Jair Bolsonaro fue responsable de no haber destinado a tiempo recursos federales suficientes para expandir el número de camas y salas de terapia intensiva en los hospitales del Sistema Único de Salud (SUS), y de no financiar a universidades y centros de investigación capaces de producir vacunas contra el coronavirus.

Al borde del colapso, gobernadores de estados, alcaldes, entidades médicas e integrantes de los poderes legislativo y judicial, se movilizaron para asumir, a contracorriente del ejecutivo federal, el combate a la pandemia más devastadora desde la gripe española. En la práctica, los estados enfrentaron la pandemia como si fueran países independientes, al punto de manifestar intenciones de adquirir vacunas producidas por laboratorios extranjeros sin la mediación de un Ministerio de Salud que solo se interesó cuando vio que podía ser redituable para la futura campaña por la reelección del presidente.

Paradójicamente, Jair Bolsonaro también defraudó a una parte del empresariado brasileño al incumplir su promesa de entregar a la gestión privada empresas públicas fundamentales, como Petrobras y la Empresa Brasileña de Correos. Defensor, solo al inicio, de un amplio programa de privatizaciones, concluye su mandado no como un estatista convicto, sino como alguien que, al igual que sus antecesores, utilizó la distribución de cargos de dirección en las compañías estatales para comprar apoyo político en el Congreso, incurriendo en la misma corrupción política que prometió combatir.

Bolsonaro deja una nación dividida ideológica y políticamente, vulnerable en lo económico y devastada en lo social. Además de las decenas de miles de fallecidos por el Covid-19; el aumento de la extrema pobreza, visible incluso en los centros urbanos del país, y del hambre que hoy afecta a cerca de treinta millones de ciudadanos en uno de los tres países del mundo que más produce y exporta alimentos, son parte del legado que el próximo gobierno deberá revertir.

El regreso de Lula

Después de una intensa batalla jurídica, en junio de 2021 el Tribunal Supremo de Brasil restableció la presunción de inocencia de Lula al anular las sentencias por las que estuvo 580 días preso. Ocho de los once magistrados de esa corte entendieron que el juez Moro había violado el principio de imparcialidad durante el proceso contra el ex presidente, con intención de impedir que el líder del PT disputase la elección de 2018.

Tras la histórica decisión, Lula fue excarcelado y sus derechos políticos restablecidos. Unos de los momentos más importantes del retorno del expresidente al quehacer político, fue la gira que en noviembre de 2021 lo llevó a Alemania, Francia, Bélgica y España. Allí fue recibido por líderes políticos y parlamentarios. Asimismo, fue entrevistado por diversos medios de comunicación interesados en su resurrección política y su visión del Brasil actual y futuro.

Desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, Lula afirmó que los problemas de Brasil tenían solución «a pesar del proyecto de destrucción puesto en práctica por un bando de extrema derecha sin la menor idea de lo que es cuidar de un país y de su pueblo», y agregó que durante sus dos mandatos el país se convirtió en la sexta economía mundial y un ejemplo de la posibilidad de «superar la extrema pobreza y el hambre, con total respeto a la democracia y dentro de un corto espacio de tiempo».

Consciente y optimista por los triunfos de candidatos y partidos progresistas en diversos países, Lula anticipó que así como en los vecinos Argentina, Chile y Perú, en 2023 la izquierda volvería al poder; también Brasil por la vía democrática volvería «a ser una fuerza positiva en el mundo».

La gira contribuyó a consolidar su liderazgo y dejó abierta la puerta para fortalecer relaciones comerciales, políticas y de cooperación con la Unión Europea, que se alejó de Brasil en virtud de la despreocupación del gobierno de Bolsonaro con el cuidado del medio ambiente.

Jair Bolsonaro durante un acto de campaña para las elecciones en Brasil.
(Foto: André Borges, Bloomberg)

El Encantador de Serpientes

La victoria jurídica en el STF y las evidencias de mala fe del juez Sergio Moro no fueron suficientes, sin embargo, para revertir el desgaste de la imagen de Lula y del PT ante amplios segmentos de la sociedad brasileña, favorables o cooptados por la extrema derecha.

La percepción de que el orden democrático configurado en la Constitución de 1988 estaba siendo degradado por el comportamiento autocrático del actual presidente, la identificación de miembros del Gobierno con el ideario fascista, la promoción de la compra de armas, incluyendo fusiles de asalto, y el irrespeto del mandatario al poder judicial; encendieron las alarmas de los demócratas brasileños de todos los cleros políticos. Bolsonaro, el hombre con la misión de apaciguar al PT y reducir el poder de movilización social, se convirtió en una amenaza a la continuidad del Estado democrático de derecho.

En una entrevista concedida al diario español El País, Lula afirmó sin tapujos que si volvía a la presidencia, el resultado de su eventual gestión podía ser inferior a lo logrado en sus dos mandatos consecutivos y que su principal temor era no cumplir dos objetivos: recuperar el prestigio internacional de Brasil y lograr que el pueblo comiera tres veces al día. Para alcanzar sus propósitos urgía construir un programa político concebido en alianza con otras personas, más allá de la izquierda, pues además de ganar las elecciones necesitaba poder gobernar.

Anticipando el resultado de las votaciones para diputados y senadores, Lula advirtió que el PT no conseguiría mayoría en ambas cámara del Congreso Federal y, por tanto, tendría que negociar con los futuros parlamentarios, pues en eso consiste la política.

Consciente de que el PT y la izquierda no tenían fuerza suficiente, y de la necesidad de constituir un frente que agrupase a las fuerzas políticas democráticas interesadas en derrotar a Bolsonaro en 2022, Lula construyó una alianza con políticos de centroderecha como su antiguo adversario Geraldo Alckmin, quien gobernó en tres ocasiones el estado de São Paulo, fue presidente del Partido Socialdemócrata Brasileño y candidato a la presidencia dos ocasiones por esa misma formación.

Semanas antes de la segunda vuelta de la elección presidencial, el Encantador de Serpientes —epíteto con el que sus adversarios reconocen la capacidad de Lula para articular alianzas con figuras políticas distantes de muchos de los principios defendidos por el PT—, consiguió el apoyo de prestigiosos economistas liberales como Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Persio Arida, integrantes del equipo responsable por la ejecución en febrero de 1994 del plan que implementó al real como moneda nacional y controló los constantes aumentos de la inflación.

En paralelo, Lula recibió el apoyo explícito de la senadora Simone Tebet, del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Jurista y profesora universitaria que lanzó su candidatura a la presidencia y obtuvo el tercer lugar con 4.915.423 (4,16%), Tebet participó en varios actos públicos con el expresidente para convencer a los electores de la necesidad de preservar la democracia, independientemente de divergencias ideológicas, políticas y partidarias.

El frente democrático liderado por Lula sumó el respaldo de los ex presidentes José Sarney y Fernando Henrique Cardoso; de exministros del Supremo Tribunal Federal, de académicos, artistas y empresarios. Todo esfuerzo era poco, ya que hasta la víspera de la segunda vuelta los sondeos indicaban que la victoria de Lula sobre Bolsonaro, de ocurrir, sería por un margen estrecho.

Es importante señalar que diversos sondeos también indicaron un aumento del apoyo a la gestión del gobierno de Bolsonaro semanas antes de la elección presidencial. Ese movimiento pudo ser alentado por la disminución artificial del precio de los combustibles y la revitalización de políticas de redistribución de renta, como el Auxilio Brasil (ayuda financiera a familias en situación de pobreza).

Convencido de que usar la distribución de recursos públicos para ganar votos sería insuficiente para vencer, Bolsonaro no se opuso a la divulgación de información tendenciosa y noticias falsas con la intención de desprestigiar a Lula. La campaña de desinformación promovida por el bolsonarismo llegó a tal punto, que el Tribunal Superior Electoral determinó en más de una ocasión la retirada de contenidos falsos y difamatorios que circulaban en diversas plataformas digitales, y otorgó derecho de réplica a los afectados por frecuentes fusilamientos de reputación online.

No hay dudas de que el ambiente virtual fue el principal campo de batalla entre los aspirantes a ocupar la Presidencia. Imposición de baños unisex en centros educacionales, legalización total del uso de drogas, clausura de templos religiosos y la ya habitual afirmación de que con Lula, Brasil se convertiría en una nueva Venezuela; fueron tan solo algunas de las mentiras que los influenciadores digitales bolsonaristas echaron a rodar en redes sociales para minar las posibilidades del candidato de izquierda.

Los asesores de Lula, por su parte, recordaban los vínculos de Bolsonaro con grupos paramilitares de Río de Janeiro, sus discursos abiertamente misóginos y homofóbicos y acusaban de genocidio contra el pueblo brasileño la inacción del gobierno durante la pandemia.

Al mismo tiempo, la contienda electoral se convirtió una suerte de guerra santa en la que los dos candidatos se esforzaron para ganar el favor de los integrantes de diversas denominaciones cristianas. Mientras Bolsonaro contaba con amplio apoyo de las iglesias evangélicas y de segmentos del catolicismo más conservador; Lula, que en el pasado también fue aliado de parte de ese sector optó, si bien tardíamente, por divulgar una «Carta a los Evangélicos», en la que reiteró su compromiso con la libertad de credo, dejó claro que no era un defensor del aborto y que su legalización, total o no, era atribución del poder legislativo, e invitó a iglesias y comunidades religiosas a ser partícipes de la implementación de políticas públicas para combatir la adicción a las drogas.

En una disputa en que mentiras y tergiversaciones en el ambiente virtual se normalizaron, la misiva a los religiosos fue un gesto imprescindible, en aras de minimizar los efectos perniciosos del bombardeo de fake news que presentaban a Lula como un enemigo de la libertad religiosa y de los valores cristianos.

Lula

Una victoria ajustada

Maestros del juego sucio, los bolsonaristas ejecutaron acciones para evitar la victoria de Lula. El propio 30 de octubre, agentes de la Policía Federal de Carreteras se articularan para impedir que ómnibus llegaran a los locales de votación, sobre todo en estados considerados bastiones del PT. La rápida intervención del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, y la resistencia de los electores, frustró el plan de la extrema derecha. Según el propio Moraes, al cierre de los colegios electorales más de 150 mil ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto en todos los municipios (más de 5 500) del país.

Justo al filo de las ocho de la noche, el Instituto Datafolha proyectó la victoria del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Minutos después, los números divulgados en tiempo real por el Tribunal Superior Electoral confirmaron que, con el 51,9% de los votos válidos, Lula ocuparía, por la tercera vez, la presidencia de la mayor economía de América Latina.

Aún derrotado, Bolsonaro consiguió el 49,1% de los votos, lo que reafirma la amplísima base social con que cuenta la ultraderecha en el país, también representada en la composición de la próxima legislatura federal. El estrecho margen (2 139 645 votos) por el que Lula venció al actual presidente, constata el agravamiento de la polarización durante la gestión de Bolsonaro. Polarización que se expresa en el auge del conservadurismo, los fundamentalismos religiosos, la intolerancia y la violencia política.

El futuro gobierno de Lula tiene ante sí grandes desafíos. El primero de muchos será que el traspaso de poderes cumpla con las formalidades de la ley y ocurra en armonía. En segundo lugar, poder gobernar. Lula tendrá que montar un gabinete en el que estén representadas las diversas fuerzas políticas que contribuyeron a la victoria. Conciliar los intereses, objetivos y puntos de vista de progresistas y liberales no será fácil, pero es imprescindible para la funcionabilidad del poder ejecutivo. El tercer desafío político será negociar con un parlamento en el que no tiene ni tendrá mayoría a favor de su programa de gobierno. Cuarto, fortalecer las relaciones de Brasil con el resto del mundo, por medio de una diplomacia pautada por los intereses nacionales y no por la ideología del partido en el poder.

En lo social, los mayores retos serán los males heredados del bolsonarismo, el combate al hambre, la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno deberá priorizar el rescate de políticas públicas que ampliaron al acceso de familias de baja renta al empleo, la educación técnica y superior y la vivienda. Para lograr todo eso, he aquí otro reto: la nueva administración tendrá que incentivar el crecimiento económico, la responsabilidad fiscal y el cuidado del medio ambiente, pues de ello depende el aumento de inversiones extranjeras, especialmente europeas, en Brasil.

El fenómeno que hoy denominamos bolsonarismo ha incidido en el deterioro de los valores republicanos y de las normas de convivencia social que garantizaron en las últimas tres décadas un mínimo de armonía entre los habitantes de un país tan diverso y plural como Brasil. Luchar contra él, es tal vez el mayor desafío, no solo de Lula con sus habilidades para encantar serpientes, sino de todo el campo democrático brasileño.

3 noviembre 2022 35 comentarios 1,4K vistas

El Poder en la Revolución

por Mario Valdés Navia 1 noviembre 2022

escrito por Mario Valdés Navia

La historia de Cuba suele dividirse en cuatro grandes períodos: Comunidad Primitiva, Colonia, República y Revolución en el Poder. Las dos primeras denominaciones no dejan lugar a polisemias. Con la tercera no hubo dudas hasta 1958; a pesar de sus vicios y contradicciones, para todos era la REPÚBLICA. Después del 59, siempre apareció matizada de varias formas, algunas despectivas (Pseudorrepública, Mediatizada, Neocolonial) y otras clasistas (Burguesa); pero siempre con el temor latente de que si se dejaba solo el sustantivo república, sin descalificarla, quedaría la duda sobre qué sería lo que vino después.

Sin embargo, es el nombre del cuarto período, Revolución en el Poder, el que suscita mayores discrepancias. Las revoluciones se hacen para tomar el poder, pero: ¿es lo mismo poder revolucionario que REEP? ¿Será que este nombre encierra un contrasentido evidente, por cuanto la Revolución es la toma del poder para hacer transformaciones radicales, pero no para personificarse en un grupo de poder renuente a hacer cambios que puedan poner en peligro su hegemonía?

Si la revolución es un proceso histórico, no un grupo de personas que son las que toman el poder: ¿quiénes alcanzaron el poder en enero de 1959? ¿Los revolucionarios, el partido, la clase obrera, los trabajadores, el pueblo, las organizaciones revolucionarias, el Ejército Rebelde, o el grupo de poder militar-burocrático autodenominado posteriormente La Generación Histórica?

Como la cuestión de la toma y ejercicio del poder es el núcleo central de la política, es importante tener en cuenta quién/quiénes han ejercido el Poder en este período y cómo funciona en la práctica el quimérico concepto de REEP. Tratemos de hacer luz sobre este asunto no desde un punto de vista semántico/lingüístico, sino semiótico, histórico y cultural. Lo más importante no es analizar el término en sí, sino la cuestión del Poder en la Revolución y sus antecedentes en el devenir del socialismo estatizado y burocrático.

-I-

Al estilo de los grandes imperios, a partir de 1987, “Año 29 de la Revolución”, el calendario cubano empezó a medirse a partir del 1 de enero de 1959. De esta manera, día a día, se reafirma a través de los medios de prensa, redes sociales, escuelas, unidades militares, y cualquier comunicación que lleve fecha, que la REEP cumple un año más y contando.

Según el marxismo de Marx, en las revoluciones el poder es disputado entre las clases sociales defensoras del estatus quo y las nuevas que intentan hacerse de él para transformar la sociedad. Esta lucha de clases, terminaría con una revolución mundial que barrería con las sociedades clasistas.

Por eso, en los textos marxistas originales, conceptos como: pueblo, nación, capas medias, partidos políticos, líderes, etc., están casi ausentes pues son secundarios para la demostración de sus dos grandes ideas científicas: la ley de la Plusvalía y la concepción materialista de la historia. Pero, cuando desde el Imperio Zarista –único de aquella época donde dominaba la burocracia− Lenin y Stalin llegaron a la vanguardia del movimiento socialista, las cosas cambiaron.

Lenin introdujo un nuevo sujeto de la revolución socialista: el partido de nuevo tipo (bolchevique) y transformó el movimiento obrero en un aparato militarizado. Stalin fue mucho más allá: sustituyó la revolución mundial por la construcción del socialismo en un solo país, y la dictadura del proletariado para destruir la sociedad de clases, por la dictadura de la burocracia para garantizarle al Estado totalitario hegemonía interna y supervivencia internacional.

Así, el partido de los revolucionarios, devino partido del orden burocrático y optó por establecer un Gobierno −Consejo de Comisarios del Pueblo− que fuera, al unísono, fuente directa de las legislaciones más importantes y su ejecutor principal. Desde entonces, los grandes ejecutivos instalados en las altas esferas del poder, por encima de cualquier tipo de control social, minimizan la labor de los legisladores y los consideran totalmente prescindibles ante su potestad de emitir decretos.

Estos suelen ser utilizados por todos los Gobiernos en tiempos de emergencia, la que constituye en sí misma su propia justificación/limitación. Sin embargo, como explicara Hannah Arendt, en los Estados socialistas burocráticos los decretos aparecen: “en su pura desnudez como si ya no fuesen dictados por hombres poderosos, sino que constituyeran la encarnación del poder mismo y el administrador fuera exclusivamente su agente accidental”.

Así, la dominación por decreto crea una atmósfera de opresión, arbitrariedad y sigilo para ocultar eficazmente su oportunismo. Si aparenta ser superior a la legislación tradicional en agilidad y eficiencia es porque ignora todas las fases intermedias entre la formulación y la aplicación de las normas e impide el razonamiento político del pueblo. A su vez, resulta de gran ayuda para la administración central porque se impone no solo a los legisladores, sino también a las autonomías locales.

El gobierno de la burocracia tiene su sello distintivo en el seudomisticismo. Como el pueblo dominado nunca sabe realmente por qué está sucediendo algo, no existe una interpretación racional de las leyes y menos su control público, a la burocracia enquistada en el poder le basta con apelar a hechos seleccionados oportunistamente para justificar su actuación.

Para ello somete la realidad a una: “inacabable especulación interpretativa [donde] toda la trama de la vida y del mundo asume un misterioso sigilo y una misteriosa profundidad” (H. Arendt). La dominación totalitaria socialista hizo que la espontaneidad natural del pueblo quedara subsumida por la ritualidad de nuevas y fastuosas actividades sociales y políticas que absorbieron las energías de las clases trabajadoras sin poner en entredicho el poder absoluto de la alta burocracia.

-II-

Como señalé en un post reciente:

Desde el triunfo del 1 de enero de 1959, el Gobierno Revolucionario Provisional (GRP) instaurado tras la victoria del Ejército Rebelde y la huelga general antigolpista, adoptó la forma de una dictadura militar con un ropaje civilista apenas disimulado. Las condiciones primigenias para ello fueron adoptadas tempranamente: entrega por el presidente Urrutia a Fidel de su facultad de Comandante en Jefe de todas las fuerzas de Aire, Mar y Tierra de la República (2-1-1959) y aprobación por el GR de una nueva Ley Fundamental que le atribuía al Consejo de Ministros potestades legislativas (7-2-1959).

A partir de ese momento, el GRP hace y ejecuta las leyes –de hecho, es algo que no ha cambiado hasta hoy.

Durante diecisiete años (1959-1976) rigió Cuba este GRP en forma de todopoderoso Consejo de Ministros, encargado de las funciones legislativas y ejecutivas y con un ascendente total sobre la administración de justicia. La balanza de poderes públicos quedó abolida y sustituida por un gobierno absoluto que parecía más inspirado en el militarizado Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia (1917) que en el civilista Consejo de Gobierno de la República de Cuba en Armas (1895).

En tan largo lapsus de provisionalidad, el pueblo fue sometido a un prolongado entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico en función de la defensa de la Revolución ante las amenazas de agresión directa de los EE.UU. y terrorismo interno.

Estas circunstancias, al tiempo que terminaban con la cultura de las armas que caracterizaba a los cubanos (civiles y militares), hicieron desaparecer la antigua, rica y poderosa sociedad civil, surgida en la Colonia y florecida en la República.

Al unísono, en la nueva sociedad civil socialista, unificada verticalmente, se extendían y mayoreaban modos de actuación y valores propios de la sociedad militar. Entre ellos: fidelidad a los jefes, ordeno y mando, obediencia, lealtad, sumisión, ascetismo, sacrificio para cumplir las misiones encomendadas.

La naturalización de estos procesos y su implantación masiva a través de mecanismos de violencia física (cuerpos armados, cárceles, tribunales) y simbólica (organizaciones políticas y de masas, escuela, medios de comunicación) promovió una cultura militarista/burocrática de carácter totalitario que ha garantizado el poder omnímodo del grupo de poder hegemónico –especie de brahmanes de la Revolución- sobre el resto de la sociedad.

Aparentemente, y acorde a la utopía izquierdista, la democracia representativa era sustituida por la directa. Su máxima expresión eran los grandes actos donde el líder exponía su voluntad a la masa y esta aplaudía y gritaba consignas, única forma de retroalimentación. Otra forma masiva de participación era la incorporación “voluntaria” a las tareas, misiones y campañas, que brotaban constantemente de las mentes de los altos dirigentes.

Cuando, tras el fracaso de la Zafra de los Diez Millones, no quedó otro remedio que entrar a formar parte de la comunidad socialista, se realizó el llamado Proceso de Institucionalización, mediante el cual se crearía una nueva gobernanza socialista, copia de la parafernalia pseudodemocrática existente en la URSS y Europa del Este con algunos matices criollos. Como muestra de continuidad, para dirigir este proceso fue designado Blas Roca, exsecretario general del antiguo PSP y fiel exponente del estalinismo cubano.

Según Fidel (Matanzas, 1974), las Asambleas del Poder Popular:

[…] darían a las masas el poder de decidir sobre muchos problemas que existen a todo nivel, en las ciudades y en el campo […] Esto implica el desarrollo de una nueva sociedad y de principios genuinamente democráticos, reemplazando los hábitos administrativos de trabajo de los primeros años de la Revolución. Debemos reemplazar a los métodos administrativos, que corren el riesgo de volverse burocráticos, por métodos democráticos.

Mirando en lontananza, se aprecia como ante el supuesto temor de que se volviera a la politiquería anterior se minimizó desde un inicio el papel de los nuevos legisladores mediante dos vías principales: su rigurosa selección por esotéricas Comisiones de Candidatura que declaraban elegibles solo a incondicionales al Gobierno/Partido/Estado; y la negación del propio oficio de legislador. Al no reconocerlo como una ocupación retribuida propia de un servidor público, sino una mera función temporal, los legisladores continuarían ejerciendo sus profesiones habituales la mayor parte del tiempo.

Casi medio siglo después, los resultados saltan a la vista: se han aprobado más del doble de decretos que de leyes; muchos de aquellos, a pesar de ser una norma menor, han suspendido o modificado leyes previas; nunca una ANPP ha desaprobado ningún decreto, ni modificado su funcionamiento; son los organismos del gobierno, no los legisladores, los que presentan propuestas de leyes.

En los cortos períodos de funcionamiento de las asambleas, los legisladores, lejos de cuestionar a los ejecutivos por su labor, solo atienden como alumnos aplicados los informes que estos les brindan a modo de conferencias, sin interpelarlos jamás. Cuando, hace un lustro, se decidió restaurar el Capitolio Nacional y acoger en sus salones las labores de la máxima legislatura, nada del anterior espíritu crítico de los congresos de la República reencarnó en ella.

El Poder absoluto (legislativo/ejecutivo/judicial/militar) sigue encarnado en un pequeño grupo de poder, más que hegemónico, omnímodo; que no tiene contrapesos en la estructura política del país. Sus decisiones, sean de la calidad que sean, son impuestas a la ciudadanía al más puro estilo totalitario, tal y como los jefes militares dirigen a los ejércitos en campaña. Solo que, como bien dijo Martí: “Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento”.

1 noviembre 2022 24 comentarios 2,1K vistas

La muerte del totalitarismo

por Alina Bárbara López Hernández 31 octubre 2022

escrito por Alina Bárbara López Hernández

Se muere el totalitarismo en Cuba y lo hace de muerte natural. Carece ya del oxígeno que había mantenido su vitalidad. Se han quebrado los pilares en que se sostenía: un consenso mayoritario explicado por la existencia de ciertos beneficios sociales aun en ausencia de libertades políticas, y el control absoluto de la información, las comunicaciones y la opinión pública.

Si bien no era un estado totalitario clásico —pues según la teoría de Hannah Arendt no lo distingue «el terror total»—; la sociedad cubana fue maniatada durante décadas mediante dispositivos de control ideológico sumamente efectivos, a través del discurso político, la escuela, el arte y los medios; ellos desmovilizaron a la sociedad civil.

Tales dispositivos se establecieron como parte de un proceso popular, pero autoritario y vertical desde su génesis. Con el tiempo, la sociedad se tornó obediente, manejable a través de supuestas instituciones populares —si bien no puede negarse el origen popular de muchas de ellas—, y poco cuestionadora; hasta difuminarse y perder la capacidad de actuar como actor político. En consecuencia: el término ciudadano devino tratamiento peyorativo, usado apenas por oficiales de la policía o funcionarios de la ley.

Agoniza el totalitarismo y no es una muerte digna. Avivan la hoguera de sus cenizas el abandono desde hace ya tiempo de la justicia social como horizonte real de las políticas gubernamentales (aunque mantenido en su discurso), con el consiguiente aumento exponencial de la pobreza y la desigualdad; sumados a una época tecnológica en que los mensajes ideológicos no pueden ser monopolizados por el Partido Comunista.

Según la clasificación más usual, Cuba es un estado autoritario. Pero no todos los estados autoritarios poseen rasgos de totalitarismo. Es un asunto complejo, porque el totalitarismo no depende únicamente de cierta estructura del estado y determinadas características de un sistema electoral; requiere también de una actitud en la ciudadanía que la inhiba de la práctica de algunos derechos que pueden estar, incluso, declarados de manera formal en las Constituciones.

Como expliqué en un análisis de hace varios años:

«La esencia del asunto radica en que no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Ser libre depende más de un contexto jurídico que garantice determinadas prerrogativas ciudadanas, pero sentirse libre requiere de una actitud cívica en que no se tema practicar esos derechos. Si ser libre depende del entramado jurídico en que se desenvuelvan las personas, sentirse libre obedecerá más a prácticas culturales que involucran a la familia, la escuela y los medios de comunicación».

En un estado totalitario las personas no se sienten libres para ejercer los derechos que puedan atribuirle como propios los textos legales. De hecho, la Constitución de 1976 admitía, en su artículo 53, «(…) la libertad de palabra y prensa (…)». Es cierto que el artículo 62 aclaraba que ellas no podían ser ejercidas contra «lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista (…)», y sabemos que muchas leyes decretadas anularon las libertades reconocidas en ese documento, pues la determinación sobre qué es ser fiel o contrario a los fines del Estado socialista es algo que se decide en las oficinas de la burocracia política.

Sin embargo, al redactar la Constitución que sería aprobada en 2019 —y con el fin de hacerla atractiva en un entorno que era ya de menor consenso, para lograr que muchos pasaran por alto (como en efecto ocurrió) las notables prerrogativas que adquirían los funcionarios (ahora administradores no solo de facto, sino de jure) en el manejo de la propiedad estatal, dixit que de todo el pueblo—, el aparato de poder cometió un costoso error que ayudó a un cambio sustancial en la perspectiva ciudadana sobre sí misma: declaró a Cuba un estado socialista de Derecho. Y si bien sobre lo qué es el socialismo hay disímiles definiciones, sobre lo que es un Estado de derecho la interpretación es más recta.

Tampoco tuvo en cuenta, al anunciar el armonioso concepto, que si en 1976 la voz ciudadana no existía, en 2019 la situación era otra. Y muy diferente. Ahora podíamos reclamar lo que antes no hicimos.

El cazador cazado

En otro artículo argumenté que a Fidel Castro nunca lo hubieran colocado en esa situación. «Jamás habría concordado con la aprobación de una Constitución tan osada. Lo suyo no era la hipocresía. “Al pan, pan y al vino, vino”. Con él nunca fue declarado en Cuba un Estado Socialista de Derecho. Como no lo tuvo ninguno de los países del desaparecido socialismo real».

El poder quedó de este modo aprisionado en un contrasentido. En el afán de presentar una Constitución más avanzada que su predecesora, se fabricó una trampa de la que no le es posible escapar. En su disposición decimosegunda, la propia Constitución obligaba a la Asamblea Nacional a habilitar los derechos ciudadanos en un plazo de dieciocho meses. Han pasado casi cuarenta y dos, y apenas el verano pasado quedó habilitado uno de esos ellos: La Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales.

Pocos meses después ya existe una demanda interpuesta ante esa sala. El ciudadano René Fidel González García demandó al presidente Miguel Díaz Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda por violación de sus derechos. Fue difícil hallar un abogado y, como dice el también jurista, está por ver la eficacia real de este paso, pues hay factores normativos y extra normativos que afectan su eficacia.

Pero lo novedoso no es solo que exista esa demanda, sino que todos conocemos de su existencia, hemos visto una copia del contrato y podremos conocer si la sala de amparo constitucional la engavetará. Es decir, podemos seguir este caso, desde el inicio hasta el fin.

La demora de la Asamblea Nacional en la habilitación de los derechos refrendados por la Constitución es ya escandalosa, y el poder lo sabe. Les falta habilitar derechos políticos como el de reunión y manifestación. También derechos económicos, elementales en un sistema que se presenta como socialista, como el que estipula que: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».

En la actualidad —y dado el enorme abismo entre la realidad cotidiana y el discurso político—, el aparato ideológico, tan importante en este tipo de sistema, no logra ser efectivo. El tiempo y esta época tecnológica son sus enemigos más poderosos. En presencia de un pensamiento crítico, otros actores políticos, medios de prensa alternativos y redes sociales de comunicación; ha perdido la relativa sutileza que tuvo en otras épocas. Se advierten cada día «las costuras de la manipulación mediática» y «la dictadura del algoritmo» en sus intentos por mantener, a toda costa y a todo costo, el poder.

Una protesta por apagones en la vía pública, un panel literario que reuniría a jóvenes con ideas críticas en una institución de la cultura, un cartel con la consigna «Socialismo sí, represión no»; son potencialmente presentados como tan peligrosos cual en su momento fueran una red de espías de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o un sabotaje armado contra la Seguridad del Estado.

Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicándolos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación.

Hace pocos días fui citada bajo coacción por la Contrainteligencia que pretendía entrevistarme. Lo denuncié en las redes sociales, busqué asesoramiento legal y me dirigí a la Fiscalía provincial de Matanzas para presentar una queja y solicitar una acción de nulidad de procedimiento. La cita en la estación de la policía fue cancelada. Estoy segura de que el inmediato apoyo nacional e internacional ayudó a que la queja fuera atendida. Comprendo que algo así no es la regla, sino la excepción. Pero no deja por ello de aportarme útiles lecturas que a continuación expongo.

Participación política en Cuba: ¿carretera de una sola vía?

Cuando recomendé la necesidad de estudiar las leyes como un medio —jamás afirmé que fuera el único— para defendernos ante atropellos como ese, varias personas vieron en mi consejo una pose altanera, intelectualista, que ignoraba olímpicamente aquellos cuyos derechos han sido violentados de manera arbitraria durante mucho tiempo y que, o no han podido apelar a la ley, o habiéndolo hecho no fueron protegidos por los pocos recursos legales a su alcance dado el carácter discrecional de la misma.

Sin embargo, no era a mí a quien faltaba humildad. Haber interpretado que mi sugerencia era para el sector abiertamente activista, que se ha desmarcado del gobierno, fue un error. Yo le estaba hablando a TODA la ciudadanía. Los activistas no pueden creerse el ombligo del mundo. Ese quizás ha sido su error. Ellos representan a la ciudadanía, sus demandas le competen, son parte de ella. Pero no logran entenderla. Por esa razón no logran encabezarla. Demasiado ego. Demasiada necesidad de liderazgos, sea de personas, tendencias o movimientos.

El activismo digital se ha convertido en una tendencia para tratar de generar un cambio social. (imagen: Getty Images)

El activismo es la dedicación intensa a alguna línea de acción de la vida pública, sea en el ámbito político, social, ecológico, religioso, etc. Aunque muchos usan el término como sinónimo de protesta o manifestación, no son equivalentes. En el ámbito político indica por lo general algún tipo de militancia, partidista, sindical u organizativa.

El activismo militante es una de las vías de participación y presión para lograr cambios en el ámbito de la política. Ella no existe únicamente en sistemas autoritarios de cualquier signo. No obstante, en contextos totalitarios el activismo presenta enormes retos.

Al existir una ciudadanía desmovilizada, las arbitrariedades que sufren los activistas y periodistas independientes por parte de los órganos represivos del Estado los debilitan, desgastan y conducen en muchos casos a los más mediáticos y relacionados con redes intelectuales y académicas a salir del país, ya sea por decisión propia o por presiones del aparato; en tanto los que no tienen esas posibilidades, son acusados en procesos judiciales arbitrarios que los llevan a prisión por mucho tiempo. En ambos casos eso no permite que su acción política sea efectiva.

En un entorno con rasgos totalitarios, es crucial pensar la política también para las mayorías. Hay que dirigirse a las personas que quieren transformar su realidad pero no se suman al activismo, sea por temor, por condicionamientos y prácticas disuasorias, por conflictos existenciales, o por la falta de un claro mensaje estratégico de los activistas hacia la ciudadanía, pues por lo general estos suelen ser muy explícitos en lo que no quieren, pero muy pocas veces dejan claras las estrategias viables para lograrlo.

Un ejemplo de activismo de esta índole es el llamado a salir a las calles. O el de aquellas tendencias que convocan a desconocer al gobierno como interlocutor en un hipotético proceso de diálogo. Son utopías que dejan pequeño a Tomas Moro.

Conocer bien las características del contexto político que se pretende transformar es el primer paso para hacerlo. Las manifestaciones, congas, toques de calderos y consignas críticas al gobierno indican a las claras la irritación de amplios sectores sociales de la ciudadanía. Sin embargo, aunque muchos se animan al percibir que al gobierno le es cada vez más difícil lidiar con el disenso y creen que su caída está a la vuelta de la esquina, les recuerdo que por lo general, cuando mejora la situación económica, o se restablece en alguna medida el servicio electro-energético, esas protestas se debilitan.

¿Quién puede apostar que muchos de los que en su desesperación salen a gritar hoy consignas antigubernamentales, lo que están añorando es una situación como la de cinco años atrás: con el CUC asequible; pollo, aceite y detergente en las tiendas y pan por la libre? Y sin ninguna libertad política, sin ninguna participación. En una sociedad inmersa por décadas en el rigor de la cotidianidad; una mejoría, por leve que sea, es vista como una esperanza.

¿Alguien duda de que si el estado consigue atraer a grandes inversores de capitales —así tenga que entregar cayos, propiedades, terrenos, puertos y minas (ya estamos viendo algunos ejemplos)— y se presentara una mejoría de su capacidad económica; muchas personas descontentas asumirían la actitud que describe el refrán: «Barriga llena corazón contento»?

El cambio político para Cuba no es exclusivamente conseguir transformaciones para el corto plazo, sino también para el futuro. Es lograr que la ciudadanía se empodere, se implique como actor político. Quizá no de manera frontal, como hacen los activistas, pero sí disputando por medio de los recursos legales de que dispone, por escasos que ellos sean.

Si cada persona que ha sido amenazada en entrevistas con órganos de Seguridad —y créanme que conozco muchísimas que nunca han hecho activismo y jamás han denunciado tales presiones a pesar de recibirlas—, puede argumentar que son ilegales y negarse a ellas solicitando atención de las Fiscalías, empezarán a sentirse más seguras para no callar.

Solo se aprende a tener derechos ejercitándolos. Por ello es importante que las personas adquieran cultura jurídica. Y que recuperen la libertad de su expresión cívica. Cuando esa actitud se acerque a la regla y no a la excepción, ganaremos todos. También los activistas.

¿Cuántos ciudadanos, si se sintieran seguros, no exigirían por vías legales la liberación de los presos políticos condenados como resultado del estallido social del 11-J o al menos la revisión de sus causas? Tengo amigos, intelectuales y de otros sectores, que en privado aceptan que son penas arbitrarias y abusivas, pero en público no lo ratifican porque temen buscarse un problema en sus trabajos y en sus centros de estudio, o simplemente, ser mal mirados por sus vecinos.

¿Cuántos científicos sociales exigirían acceso a información que controla el Estado sobre la verdadera situación de la economía y la sociedad cubana? ¿Cuántos no escribirían valiosos análisis en sus redes sociales y en medios independientes? Ya algunos lo hacen.

¿Cuántos ciudadanos secundarían la recogida de firmas para una iniciativa legislativa si se supieran a salvo (muchos recordarán el Proyecto Varela, pero en aquella época pocos sabían de aquello y se pudo tergiversar mucho de lo que planteaba)? ¿Cuántos irían a tocar las puertas de la Asamblea Nacional para presenciar sus sesiones, derecho constitucional jamás reclamado? ¿Cuántos no se dejarían presionar por los llamados puerta a puerta para ir a votar a las elecciones a escoger diputados que jamás nominamos y que luego no nos representan?

Hay personas que quieren el cambio, y lo quieren ya. Los entiendo perfectamente. Pero esa no es la política. Es apenas una vía. La política en Cuba pasa además por empoderar a la ciudadanía. En un modelo como el nuestro, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, una garantía para el hoy y el mañana.

A los que argumentan que apelar a esa vía es pedir peras al olmo, pues en Cuba no existe un Estado de Derecho, ni socialista ni capitalista, quisiera dejarles estas palabras del profesor y jurista René Fidel González García: «El Estado de Derecho es algo más que una declaración constitucional. Tiene que serlo en tanto meta de muchos de nosotros, de nuestras luchas históricas por alcanzar la justicia toda y la dignidad del hombre de la que hablara José Martí, no depende de un momento de su desarrollo y expansión».

El totalitarismo se muere. Pero toca a la ciudadanía cavar su tumba. Es una tarea colectiva. No de elegidos.

31 octubre 2022 68 comentarios 3,5K vistas