Colombia ante una nueva era política

Por primera vez en su historia, el pasado 19 de junio Colombia eligió, en la persona de Gustavo Petro, a un presidente ubicado en la izquierda del espectro político. Con ello se abre, sin dudas, una nueva era. Petro y su compañera en la fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, activista y lideresa social, obtuvieron 11.281.013 votos (50,44%) frente a los 10.580.412 (47,31%) conseguidos por la fórmula integrada por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.

El Pacto Histórico, coalición ganadora en estas elecciones, incorporó 2.753.245 votos más a los obtenidos en la primera vuelta, mientras que el caudal electoral de Rodolfo Hernández se incrementó en 4.615.077 votos respecto a la ronda anterior. La segunda vuelta convocó a 22.363.412 votantes (58,09% del padrón electoral), 1.217.089 más de los que sufragaron en la primera, que logró un 54.98% de participación.

La mayor particularidad de esta segunda vuelta fue que ambos contendientes decían representar un cambio y mantuvieron un discurso crítico contra el establecimiento político tradicional colombiano que, de manera general, se había alineado detrás de la candidatura de Federico Gutiérrez. Sin embargo, es de suponer que gran parte de los votos de Gutiérrez, así como los de John Milton Rodríguez, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez fueron a parar a las toldas de Hernández.

A pesar de ello no fueron suficientes, entre otras cosas, porque lo único que les reunía era el «anti-petrismo». Hernández, más allá de mensajes breves y efectivos sobre cierta parte de la población, carecía de un discurso coherente y demostró su escaso conocimiento de las instituciones del país, que para él podía gobernarse como una empresa.

De igual forma, Petro logró reunir los votos del «anti-uribismo», aunque no necesariamente compartan su proyecto político. El Pacto Histórico no solo ha reunido a la mayor parte de las fuerzas de izquierda y algunas del centro en Colombia, sino que cobijó también a varios políticos tradicionales —como Roy Barreras y Armando Benedetti—, que han migrado desde el «uribismo» al «santismo» y ahora al «petrismo», y cuyo compromiso con el cambio es claramente cuestionable.

A ellos se une la senadora Piedad Córdoba, quien además de una trayectoria cuestionada, ha añadido actualmente el nefasto incidente de los 68.000 dólares en efectivo que pretendió sacar de Honduras sin declarar y que le fueron confiscados. El reciente episodio de los videos en que varios estrategas de la campaña del presidente electo debatían cómo destruir a los contrincantes de la primera vuelta, demostró hasta qué punto la estrategia electoral del Pacto Histórico estuvo permeada por los sucios métodos de la politiquería tradicional.

La senadora Piedad Córdova fue detenida el pasado mes de mayo, en Palmerola. (Foto: La Prensa)

¿Hacia dónde se orienta el cambio?

Más allá del eslogan de campaña presentado por Petro, de convertir a Colombia en «Potencia mundial de la vida», y la invitación a «Vivir sabroso» de la vicepresidenta electa, el programa político del Pacto Histórico presenta una serie de medidas que conducirían a un profundo cambio en la sociedad colombiana, afectada por una inmensa deuda social con parte considerable de la población.

Entre los elementos conductores del programa de gobierno están:

• Trasformación de la economía altamente dependiente de la actividad extractiva hacia una basada en la industria y la agricultura.
• Fomento del turismo en una concepción amplia, que incluye: naturaleza, cultura, salud, ciencia y las comunidades, y su conversión en importante fuente de divisas para el país.
• Desarrollo de la infraestructura y la conexión de diversos territorios, especialmente a través de una red ferroviaria nacional eléctrica y de la recuperación de la navegabilidad de los ríos.
• Creación de las bases para transitar de una matriz energética basada en combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, a una asentada en energías limpias y renovables.
• Reforma agraria y acuaria en sintonía con el medio ambiente, que elimine latifundios improductivos y garantice el derecho a la tierra para las familias rurales, así como la formalización de propiedades pero sin aclarar si esto favorecerá invasiones que han afectado a pequeñas propiedades privadas.
• Impulso estatal a la conectividad de todo el territorio nacional a través de Internet, mediante la adquisición de satélite y agencia espacial que la administre, y ampliación de la oferta de acceso gratuito en zonas colectivas y con prioridad en áreas rurales.
• Desarrollo de un sistema de banca pública que complementaría a la banca privada para fomentar el desarrollo de micros y pequeños emprendimientos.
• Fomento a la industria y la agricultura nacionales para sustituir importaciones e integrar la producción nacional a las cadenas productivas globales.
• Reforma de los sistemas de pensiones y salud.
• Fortalecimiento de la educación pública, incluyendo la gratuidad en la educación superior pública.
• Reforma del sistema tributario mediante la ampliación de la progresividad de los impuestos para financiar el incremento del gasto que implicarían las medidas anunciadas.

El programa incluye también el compromiso de que al menos el cincuenta por ciento de los cargos públicos sean ocupados por mujeres, así como la prioridad para el acceso a las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación y la creación de un Sistema nacional del cuidado que garantice los derechos laborales y de pensión a quienes desarrollan estas actividades. De igual forma, se declara el compromiso del gobierno de respetar y promover los derechos de las comunidades vulnerables, entre las que se mencionan los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, comunidad LGTBIQ+, entre otros.

Se anuncia la decisión de cumplir con los Acuerdos de Paz con las FARC, así como la finalización del conflicto interno, mediante un proceso de paz con el ELN y la reincorporación de los grupos armados ilegales a la vida civil. En esta línea se produciría una reforma de las instituciones armadas y la eliminación del ESMAD, que ha sido la fuerza de choque contra las protestas sociales.

Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). (Foto: AFP)

La lucha contra la corrupción tiene un lugar especial en la reforma institucional, del nuevo gobierno, entre cuyas medidas se conciben: una reforma electoral del Congreso «para permitir a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar activamente en las decisiones que los afectan»; reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República encauzada a evitar duplicidades en sus actividades, reforma de la Registraduría General del Estado Civil y de la Comisión Electoral Nacional, creación de un Tribunal Electoral independiente de los demás poderes del Estado y de dos nuevos ministerios: de Igualdad y de Industrias.

Puntos débiles del programa

La principal dificultad del programa de gobierno de Petro es su inmensidad. Si se cumpliera en un porcentaje significativo, representará una profunda revolución para Colombia, pero es poco probable que la distribución de fuerzas en el Congreso de la República, que desempeña el poder legislativo, favorezca la adopción de las leyes necesarias para producir dichos cambios. Ello, al margen de que el propio Pacto Histórico es una coalición que carece de unidad ideológica.

El ascenso de Petro al poder podría provocar asimismo una estampida de capitales, que busquen salir del país antes de que una posible confrontación enturbie el clima de negocios. Es posible igualmente una actitud expectante del capital extranjero, a partir de una disminución, o incluso de la retirada, de proyectos de inversión extranjera directa. En tal coyuntura se debilitaría la posición exterior de la nación y se depreciarían, tanto el peso colombiano como los activos del país.

En cambio, si Petro asegura el funcionamiento normal de la economía, garantiza la independencia del Banco de la República, sustituye su estilo autoritario por uno que busque un consenso incluyente y, sobre todo, combata la inseguridad y logre finalizar la guerra; se recuperaría la confianza y se superaría el actual escepticismo que ya reflejan los mercados respecto a su presidencia.

Debe reconocerse además que algunas de las medidas resultan poco viables económicamente, o posibles de llevar a cabo solo mediante una expansión exagerada del gasto público, lo que comprometería la sostenibilidad fiscal.

En este sentido creo necesario destacar las dificultades que tendría la política de «empleo garantizado», que ofrecería un salario básico a quienes no puedan encontrar empleo de otra manera, y la conversión del Estado en «empleador de última instancia», así como la creación de un «stock amortiguador de empleos», todo lo cual suena muy bien pero es sumamente difícil de lograr en las condiciones de una economía subdesarrollada como la de Colombia; al margen de los problemas sociales que podría generar en una economía en la que una parte considerable de su fuerza laboral opera en condiciones de informalidad.

Por otra parte, resulta cuestionable a partir de la experiencia internacional verificable, que el Estado asuma el volumen de actividades concebidas en este programa, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de corrupción y clientelismo que afectan al país y están enquistados en los distintos estamentos del poder, tanto a nivel nacional como territorial.

Con la creación de nuevos ministerios e institutos y de un sistema bancario y crediticio estatal, crecería el empleo público con el consabido impacto en las finanzas públicas, al tiempo que podría constituir una nueva fuente de corrupción y clientelismo político.

Otra gran debilidad la constituye el factor tiempo. Es prácticamente imposible que todas las transformaciones declaradas puedan desarrollarse en cuatro años. En Colombia se decidió eliminar la reelección inmediata del presidente, por lo que, a menos que se produzca una nueva reforma constitucional como la que en su momento promovió Álvaro Uribe y que restablezca la posibilidad de reelección, no sería posible que Petro pueda ser candidato de nuevo.

Él mismo ha dicho que no buscaría ese cambio —pero ya sabemos que todo puede variar— y ha declarado públicamente que es un programa para doce o quince años, por lo que cabría esperar que el Pacto Histórico sobreviva como fuerza política y sea capaz de mantenerse en tanto opción de poder dentro de una sociedad democrática, y no violentando la democracia para perpetuarse.

En cualquier caso, la realidad es que Colombia se halla ante una nueva era política, en la que coexisten la esperanza y el escepticismo, para no hablar del rechazo que la figura de Petro, por sí sola, genera en casi la mitad del electorado. Amanecerá y veremos, dice un conocido refrán popular colombiano.