El pasado domingo 26 de marzo tuvieron lugar en Cuba las votaciones para ratificar la selección de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Si bien los datos oficiales registran un crecimiento de 7,3 puntos porcentuales en la participación respecto al anterior proceso sufragista, también se evidencia una disminución de un 9,75 % con respecto a su homólogo en 2018.
El Parlamento cubano, aunque incluye delegados de base elegidos por voto popular, se selecciona mediante una comisión de candidatura conformada completamente por organismos afines al Estado, lo cual hace prácticamente imposible la inclusión de diputados que se asuman de oposición o disientan abiertamente de las políticas oficiales. Por tanto, las votaciones, más que decidir escaños, se asumen en el discurso público como un medidor del respaldo de la ciudadanía al sistema político o la administración vigente.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la batalla comunicacional no se dirigió a intencionar el voto por un candidato u otro —como suele ocurrir en las elecciones multipartidistas—, sino que su objetivo fue motivar o desmotivar la asistencia a las urnas.
El gobierno utilizó los medios nacionales y redes sociales —bajo las etiquetas #YoVotoxTodos y #MejorEsPosible— para impulsar una campaña conducente no solo a que los ciudadanos acudieran votar, sino a que ratificaran todas las propuestas de la lista. Asimismo, varios aspirantes a diputados hicieron recorridos por las zonas en las cuales serían refrendados. Por su parte, la oposición utilizó sus medios digitales afines y perfiles en redes sociales para llamar al abstencionismo, principalmente con los hashtags #YoNoVoto y #EnDictaduraNoSeVota.
La mayoría de los argumentos por la no votación se centraron en la ilegitimidad de las elecciones, al no permitir diputados de la oposición e incluir mecanismos —como la comisión de candidatura— que limitan el poder de la ciudadanía en la elección libre y directa de los diputados. Al mismo tiempo se alegó la urgencia de no respaldar al Estado cubano por sus violaciones a los derechos humanos y que la actual situación económica y social en la Isla merece un voto de castigo para quienes ostentan cargos públicos.
Entre las principales razones expresadas a favor de concurrir a las urnas figuraron la legitimidad del sistema electoral cubano como alternativa al modelo liberal, la necesidad de demostrar la unidad del pueblo y el compromiso con el socialismo, la aprobación en el Parlamento de leyes —como el Código de las Familias— que benefician a la ciudadanía, y conquistas como la salud y educación gratuitas.
Aunque el escrutinio en las urnas es público, a menudo los sufragios en Cuba son objetados por la ausencia de observadores internacionales o independientes del Estado en todos los procesos —incluidos la votación y la validación de los resultados. Las autoridades cubanas se han negado a esto por considerar injerencistas tanto a las veeduras internacionales como a las organizaciones opositoras.
Uno de los métodos cuestionados en redes sociales fue el voto a distancia, alternativa que habitualmente se emplea para garantizar este derecho a personas que por algún impedimento —principalmente de salud— no pueden moverse de sus casas. Para ello se les lleva la boleta hasta sus domicilios, se deposita en la urna luego de marcada y se prescinde de la firma del votante a distancia en el registro electoral.
El proceso ocurre sin un previo registro público de la cantidad de individuos que solicitaron la referida opción, ni la exigencia de un sobre sellado para el transporte de la papeleta de la residencia al colegio electoral. A esto se debe agregar que, en la información emitida oficialmente, no se desagregan las cifras de votaciones presenciales y domiciliares.
Pero si bien hubo comentarios críticos, otras opiniones en redes respaldaron los resultados oficiales a partir del escrutinio en su localidad y celebraron una mayor diversidad en el Parlamento cubano, con ejemplos como la inclusión de candidatos representantes del sector privado de la economía.
Por otro lado, se evidenció en Twitter una polémica entre la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. La sede diplomática de la nación norteamericana en La Habana calificó de «antidemocrático» el sufragio en el país caribeño, asumiendo, además, como legítimo solamente un modelo electoral que presente «candidatos de mas [sic] de solo partido político y mas [sic] allá del Partido Comunista.» En respuesta, el funcionario cubano consideró dichos comentarios de «inaceptables por injerencistas y engañosos» y tildó el sistema estadounidense de «arcaico y elitista […] donde manda el dinero y dos partidos políticos se turnan el gobierno de la misma minoría».
Cobertura mediática
La cobertura mediática evidenció una fuerte polarización en el tratamiento del suceso. Los espacios informativos estatales destacaron el alto por ciento de participación en relación con las elecciones de delegados de 2022 y la media en la región. Ello fue asumido como un medidor de respaldo del pueblo cubano al sistema electoral y político, y a sus representantes. En adición, resaltaron el predominio del voto por todos los candidatos —denominado “voto unido”— como ejemplo de confianza en las autoridades electorales. Asimismo, denunciaron las campañas de la oposición para promover la abstención y la desestabilización.
En contraste, los medios opositores enfatizaron la abstención notable con respecto a las votaciones de diputados de 2018 y culparon a las autoridades por la persecución de activistas disidentes para que no fungieran como fiscalizadores del proceso electoral. Unido a esto, cuestionaron la legitimidad de las cifras oficiales, señalaron presiones a la ciudadanía para que acudiera a votar y algunos acusaron a los funcionarios electorales de promover o permitir el fraude.
La prensa extranjera acreditada en el país asumió diversos enfoques. Los portales de noticias más afines al Estado cubano —como Telesur y Cubainformación— recalcaron la legitimidad del proceso electoral y lo entendieron como un respaldo ciudadano al gobierno en el epicentro de una crisis económica. Otros se circunscribieron a informar las cifras oficiales con mayor o menor análisis.
En el resto de la prensa internacional la cobertura también varió en dependencia del enfoque del medio y sus audiencias. Como generalidad prevalece el cuestionamiento al sistema electoral cubano por no corresponderse con los estándares de la democracia occidental. También se recalca el decrecimiento de la cantidad de votantes en comparación con otros períodos, y, en menor medida, se aprecian abordajes que enfatizan las presiones a los votantes y el acoso a los detractores del gobierno.
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Las votaciones en Cuba han ganado interés público en los últimos años a partir del auge del uso de redes sociales en el territorio nacional, así como un comportamiento de los votantes que difiere de la media histórica. Cabe recordar que este fue uno de los tópicos más debatidos en la consulta popular para la reforma constitucional de 2019, junto al matrimonio igualitario; el Estado decidió llevar este último a referendo —como parte del Código de las Familias—, mas no hizo lo mismo con la Ley Electoral.
En el espectro de la opinión pública sobresalen dos tendencias fundamentales: una que defiende el sistema tal cual está diseñado, y otra que propone el establecimiento de un modelo pluripartidista. No obstante, se discuten otras propuestas ciudadanas que van desde la eliminación de la comisión de candidatura, la sustitución del partido actual por otro que incluya diversas ideologías, hasta la necesidad de elegir los principales cargos de gobierno en comicios directos.
Un debate desprejuiciado, inclusivo y respetuoso sobre esta temática se erige como una necesidad cada vez más evidente en la sociedad cubana para la creación de consensos y el rescate del papel del ciudadano como decisor, que es la esencia del llamado poder popular.
