¿Las alianzas público-privadas tienen cabida en Cuba?

A lo largo del siglo XXI las alianzas público-privadas (APP) se han citado como una buena estrategia para el crecimiento económico, aunque también acumulan detractores a ambos lados del espectro político clásico izquierda o derecha. Sin embargo, en una época donde la confrontación Estado vs. Mercado parece mutar a mecanismos de cooperación en lugar del enfrentamiento natural que en términos ideo-políticos pudiera atribuírsele, alternativas como las APP van ganando terreno.

Si bien no existe consenso en torno a su definición, una asociación público-privada —como su nombre lo indica— alude a un acuerdo entre el sector público y el sector privado. Usualmente dicho convenio implica que parte de los servicios cuya responsabilidad recaen en el sector público pasan a manos del sector privado, bajo un marco común de riesgos y objetivos compartidos para el bien público.

Las APP datan desde los inicios de la era moderna, aunque su auge se remonta a hace pocas décadas, particularmente a finales del pasado siglo, con un crecimiento sostenido en la presente centuria. Como explica el economista cubano Juan Triana Cordoví, en un artículo titulado “Alianzas público-privadas en Cuba: retos y posibilidades”, contrario a lo que algunos autores plantean, el mayor incentivo de los Estados para implementar este tipo de alianzas no radica en el alivio que representan a nivel fiscal, sino en que estas sinergias generan estructuras económicas de complementación para la puesta en marcha de metas de gobierno.

La proyección y alcance de las APP varían. En algunos casos la parte privada solo provee un servicio determinado y en otros, asume la gestión completa del proyecto. En las últimas décadas, las APP han supuesto un aliciente para economías en vías de desarrollo o una válvula de escape ante crisis financieras de los Estados, en algunos casos con decadentes niveles de inversión pública.

En ese sentido, suelen aportar valor añadido a los equipos de trabajo y servir de motor para generar rapidez y eficiencia de los procesos. Asimismo, entre las potencialidades que más destacan de estas asociaciones figura su potencial contribución al impulso de modelos de desarrollo más competitivos, innovadores y sostenibles.

Sobre esto último, la española Núria Vilanova, fundadora de Atrevia y Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, afirma en un artículo publicado en El Economista: “Este cambio de modelo implica una nueva mentalidad: no se trata de hacer la transformación ni contra el Estado ni contra el empresariado, sino construyendo potentes alianzas. El caduco debate “público vs privado” no tiene ya sentido en el actual contexto, y menos tras la pandemia. La apuesta es por lo público en coordinación con lo privado para impulsar ese gran cambio”.

“En este contexto, —continúa Vilanova— las alianzas público-privadas se alzan como claves no solo para desencadenar el cambio de la matriz productiva, contribuir a la modernización de las administraciones públicas, sino para construir ese gran pacto social que comprometa a empresas, administraciones públicas y agentes de la sociedad civil. Iberoamérica necesita mayores alianzas público-privadas, pero también mejor institucionalidad y participación estatal y pública para construir puentes en una época de polarización.

Son piedra angular para propiciar entendimientos y amplios consensos como antídoto frente al ascenso de populismos y demagogia. La actual situación presenta unos retos que reclaman absolutamente toda la energía coordinada de responsables políticos e iniciativa privada”.

¿Qué ocurre en América Latina?

En Latinoamérica y el Caribe las APP constituían una herramienta ampliamente utilizada hasta fines de la década de 1990, cuando las inversiones se desplomaron debido a deficiencias en su gestión.

No obstante, a mediados de la primera década del siglo XXI, muchos países de la región fortalecieron sus regulaciones en torno a estos mecanismos. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, entre 2005 y 2015 las inversiones de las APP ascendieron de 8000 millones de USD a 39 000 millones de USD.

Iberoamérica necesita mayores alianzas público-privadas, pero también mejor institucionalidad y participación estatal.

El sector energético y el transporte acumulan la mayor cantidad de inversiones en dicho período de tiempo, mientras que el total en apenas diez años se contabiliza en 361 300 millones de dólares, distribuidos en casi mil proyectos. Asimismo, son Chile, Colombia y Brasil quienes lideran su ejecición en el continente.

Sin embargo, la implementación efectiva de la cooperación público-privada enfrenta dos retos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la transparencia de la gestión, especialmente en países de América Latina y el Caribe con altos índices de corrupción. En ocasiones, también sirve para encubrir la utilización de bienes públicos para el interés de las empresas o la privatización de recursos del Estado. Los factores mencionados guardan estrecho vínculo con el segundo desafío: las bases legales e institucionales necesarias. Solo así las APP pueden cumplir su función social y económica.

El caso cubano

Si se parte del hecho de que la mayoría de las APP son implementadas en modelos económicos capitalistas y con relevante presencia de los actores privados, cuesta pensar en su cabida y pertinencia para el caso cubano. Aunque ni el marco regulatorio ni el discurso político oficial hacen uso del término, lo cierto es que existen varias experiencias que apuntan a potenciales escenarios para el crecimiento de esta clase de sinergias.

En el artículo anteriormente citado, Juan Triana da cuentas de varios ejemplos en los que, con un nivel de éxito variable, es posible identificar una colaboración directa entre la gestión privada y la estructura estatal. En ese sentido, destaca el caso de sectores como agua y saneamiento o la generación de energía a partir de fuentes renovables, ambos con presencia privada bajo el amparo de la Ley para la Inversión Extranjera.

Asimismo, puede mencionarse la existencia de cooperativas que brindan servicios de transporte urbano. En esos casos el gobierno arrienda los vehículos, provee el combustible a menor costo y fija los precios para el consumo final por parte de los ciudadanos.

Para Juan Triana,  estas sinergias generan estructuras económicas de complementación para la puesta en marcha de metas de gobierno. (Foto: Ágora Caracas)

En una economía como la cubana, abocada en un modelo mixto de propiedad y sujeta a una crisis estructural con una monopolización cuasi absoluta por parte del Estado, las APP pueden resultar un factor positivo en las estrategias de desarrollo.

Ello cobra relevancia en un panorama en el que la propiedad privada y cooperativa se han afianzado como actores permanentes de la estructura económica de la nación, en contraste con la incapacidad gubernamental de responder a demandas en servicios básicos como la electricidad, la gastronomía, transporte o salud, unido a otros sectores que han quedado preteridos por falta de recursos para su mantenimiento o revitalización.

Rubros como el turismo, la industria ligera, la construcción y los servicios profesionales estarían encabezando la lista de potenciales escenarios, aunque pudiera ser perfectamente aplicable a un sinnúmero de áreas.

Sería imprescindible entonces definir prioridades y establecer un marco regulatorio claro que permita impulsar las APP con condiciones seguras y transparentes para ambas partes. Resulta relevante también que el capital privado no solo provenga de la inversión extranjera directa, sino que puedan aprovecharse las oportunidades que brindan negocios locales. De igual manera, se necesitará un ente con autoridad para el diseño y ejecución de este tipo de estructuras, capaz de evaluar, proyectar e identificar oportunidades, con el fin de impactar positivamente en la diversificación y mejora de la oferta de bienes y servicios.

Las APP no representan una solución mágica a los graves problemas económicos que atraviesa la Isla, pero pudieran convertirse en un paliativo a mediano y largo plazo ante la incesante devaluación de la moneda nacional y la mala calidad de los servicios. No obstante, no debe perderse de vista que su posible adopción e impulso por parte de la dirección del país enfrentará los mismos obstáculos que el resto de la economía: dogmatismo ideológico, burocratismo y excesivo control del Estado.

La solución quizás se encuentre en la génesis misma de estos acuerdos y en la lectura más contemporánea que se tiene de ellos a nivel político; y es que las APP funcionan muy bien sobre la base de la cooperación y cuando se erigen en provecho público.