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Justicia Social

La justicia social en Cuba: muerte en tres tiempos

por Alina Bárbara López Hernández 16 enero 2023
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Pocas imágenes ilustran la deriva del proceso sociopolítico en Cuba con tanta claridad como la de Esmeralda Cárdenas Hidalgo —mujer negra, trabajadora de Servicios Comunales, que protestaba por los apagones, la falta de alimentos y la pobreza—; abofeteada y tirada al pavimento de una calle habanera por un hombre que se presentaba como defensor de la Revolución.

Si alguien hubiera profetizado algo así en la época de los actos multitudinarios, cuando Fidel Castro declaraba que esta era la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, nadie le hubiera creído. Pero no se trata de juzgar un hecho que indica el alejamiento de ideales y principios por mucho tiempo compartidos; es más importante explicar cómo se ha llegado al punto en que la justicia social ha desaparecido como meta del horizonte político cubano.

Primera estocada

La noción de justicia fue una de las apelaciones de la Revolución que más impregnó el imaginario social. Aun cuando era evidente que el proceso fue autoritario desde sus inicios, que cercenó libertades individuales que conducirían con el tiempo a un Estado todopoderoso en detrimento absoluto de la autonomía ciudadana; también es cierto que la gente contó por muchos años con una serie de beneficios, entre los cuales los sólidos y eficaces sistemas de Salud, Educación y Seguridad Social fueron pilares. Hubo una época en Cuba en que la consigna: «Nadie quedará desamparado» no era, como hoy, una burla cruel.

Esa noción fungió como amalgama que permite explicar el mantenimiento de altas cotas de consenso frente a evidentes errores de política económica y social, y a prácticamente ninguna libertad política.

El derrumbe del socialismo europeo, fuente nutricia del modelo insular, dio su primera estocada a la justicia social entre nosotros. Como se ha repetido hasta la saciedad, todos entramos en similares condiciones en el Período Especial, pero no todos salimos igual… y muchos jamás salieron. Desde entonces, la clase burocrática que nos dirige ha recargado en los sectores más pobres su incapacidad para reformarse y desarrollar la economía.

La pobreza ha crecido no solo debido a las restricciones del bloqueo norteamericano y a las medidas del gobierno de Donald Trump —como se afirma con ánimo justificativo—, sino motivada por los propios paquetes de políticas y medidas que en los últimos treinta años, y de manera paulatina, han olvidado la esencia de lo que debiera ser una revolución socialista. Porque concebir como socialismo el control de la propiedad estatal y la planificación económica centralizada, olvidando al humanismo y la justicia social; es lo mismo que pretender disfrutar de una bella melodía únicamente leyendo su partitura.

Fidel Castro estuvo convencido siempre de que defender la justicia social era la forma de mantener, contra todo pronóstico adverso, una base social que sustentara con su apoyo al sistema político. A tenor con ello confirió un peso decisivo al tema, incluso en los años noventa, en que la realidad mostraba los contrastantes modos de vida de personas y familias que recibían o no remesas del exterior; o que trabajaban en el turismo y las firmas extranjeras, con presencia creciente en la Isla.

Las reformas de los noventa incidieron en el aumento de la desigualdad social y la pobreza. Primero, al legalizarse el uso y tenencia de divisas, en agosto de 1993, y cuando en septiembre del propio año fue autorizado el trabajo por cuenta propia. Tales determinaciones, necesarias y positivas, evidentemente beneficiaban más a ciertos sectores sociales.

El surgimiento de tiendas que vendían ropas y alimentos en dólares, dejó fuera de ese mercado a los sectores más humildes, obligados a subsistir con los escasos productos que se podían adquirir por la libreta de racionamiento.

Justicia Social

Durante el Período Especial hubo mayores niveles de protección social que los actuales. (Foto: Hakan Ronnblad)

En 1994, durante los meses de mayo y julio, se determinaron dos nuevas directrices: el aumento de precios y la eliminación de gratuidades. El Estado debía enfrentar un gran déficit presupuestario, intentó entonces sanear sus finanzas incrementando precios y disminuyendo gastos. Anunció con ese fin un considerable aumento de precios en el transporte público, agua, electricidad, servicios postales, combustible y artículos de amplio consumo popular, como tabaco y bebidas alcohólicas.

Subieron un 566 % las dos cajas de cigarros mensuales por libreta de racionamiento; un 270 % el galón de gasolina, un 116 % el costo del pasaje del transporte interprovincial, y 122 % en la electricidad para los núcleos familiares que consumían más de 100 kilovatios hora al mes. Se empezó a cobrar por primera vez treinta centavos mensuales por persona a cada núcleo familiar para sufragar gastos de alcantarillado.

Así lo valoraba Pablo Alfonso en un texto de ese año:

«A mediados de julio el gobierno dio un nuevo paso en su reorganización financiera que algunos observadores han calificado como “política de choque progresivo”.

Apremiado por la dramática realidad económica que enfrenta, el régimen comunista cubano dejó a un lado los sueños del estado paternalista que durante tres décadas fueron acuñados por el respaldo de la ex Unión Soviética. Esta vez el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros suspendió un amplio número de servicios que se ofrecían gratuitamente a la población en las áreas de educación, deportes, cultura y salud pública».

Las gratuidades eliminadas se evidencian en las siguientes medidas:

1.Cobro del almuerzo a estudiantes de la enseñanza pre-escolar, primaria y media, con una tarifa de siete pesos mensuales por alumno.

2.Los matriculados en cursos de idiomas, fuera del sistema regular de educación o de los programas de capacitación de las empresas estatales, tendrían que pagar 20.00pesos

3.Los estudiantes becados debían comprar sus uniformes en la red comercial y recibirían un estipendio para gastos personales con carácter de préstamo.

4.Empezaron a cobrarse las tabletas de Neovitamin 2 que desde 1993 se distribuían gratuitamente para combatir la neuropatía epidémica. Las personas que recibían treinta tabletas mensuales, para cuya producción Cuba recibió ayuda humanitaria, debían pagar 1.50 pesos.

5.Cobro de entradas a museos, actividades, espectáculos y exposiciones en las Casas de Cultura, Comunales y Galerías de Arte.

6.Cobro de servicios en los gimnasios de cultura física, clases de gimnasia musical aeróbica y artes marciales.

7.Cobro de la entrada a competencias deportivas en estadios y salas, de acuerdo a una tarifa de entre 3.00 pesos para palco y 0.50 centavos para gradería.

A lo anterior se agregaba el establecimiento del pago de impuestos por razones diversas y el pago de derechos fiscales para la obtención de numerosos documentos públicos.

Aunque en esa oportunidad no fueron incrementados los precios de la canasta básica normada, los aumentos mencionados representaban un duro golpe al presupuesto familiar de los trabajadores. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo en la etapa era de cien pesos, y que un trabajador promedio devengaba aproximadamente 150 pesos mensuales, podremos calcular lo que significaban esas medidas para familias de bajos salarios, con varios hijos, que no recibieran remesas, laboraran en el sector estatal y no se vincularan con el emergente sector turístico.

Las medidas se aplicaron sin distinción a toda la sociedad. Ese sería un enorme error, pues al partir de una serie de privilegios existentes, aumentaban la pobreza de determinados sectores y familias. Es justo reconocer, no obstante, que incluso en medio de la crisis los sistemas de Salud y Educación, si bien muy afectados, no cayeron en los niveles de precariedad actuales.

El programa del médico de la familia se había inaugurado en 1984 y funcionó perfectamente. Contaba con instalaciones apropiadas, excelentes profesionales e interconsultas de especialistas que hacían innecesaria la afluencia y hacinamiento en policlínicos y hospitales. Por su parte, la mayoría de los municipios disponía de servicios de obstetricia y cirugía, lo que permitía que los hospitales provinciales no tuvieran que asumir toda la responsabilidad en esos casos.

Hubo asimismo mayores niveles de protección social que los actuales. Por ejemplo, en 1994 las mujeres embarazadas tenían un programa de apoyo alimentario, que puedo describir con propiedad pues fui una de las beneficiadas. Una vez por semana, y organizado por consultorios, se garantizaba el acceso a un restaurante para una comida gratuita que incluía: fruta, carne y productos lácteos.

La oferta de papa y huevos, sin incremento sustancial de precios, permitió que las familias más pobres, sin acceso a los nuevos mercados en dólares, tuvieran al menos un sustento alimentario elemental, que no existe hoy por la ruina de la agricultura estatal.

El censo correspondiente al 2002, ya ofrecía datos preocupantes en cuanto al desempleo, el limitado acceso a la educación superior de sectores empobrecidos y la grave situación de la vivienda. Sin embargo, la alianza con Hugo Chávez había dado a Fidel los recursos para maniobrar en función de lo que sería su última gran campaña social, conocida con el nombre de Batalla de Ideas. Alrededor de 179 programas se establecieron con el fin de mantener la adhesión de trabajadores y jóvenes al proceso. Uno de los más significativos fue la universalización de la enseñanza.

Se ampliaron las oportunidades educacionales y el acceso a la cultura como vías de superación humana. No obstante, consignas políticas como: «La cultura salva» o «la cultura como escudo de la nación», daban fe de una óptica idealista que romantizaba la situación de personas, familias y barriadas venidas a menos. Entre tanto, se mantenía apartadas a esas personas, barriadas y familias, con preeminencia de población negra, de las nuevas formas productivas. Esos eran los que no podían entrar en la categoría de emprendedores, cuentapropistas y empresarios, pero tampoco de socios de cooperativas jamás creadas.   

La Batalla de ideas tuvo su óptica asistencialista, como evidenció la creación en 2000 de la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar. Recuerdo que por aquellos años, como profesora de la Universidad de Matanzas, debí asesorar metodológicamente a un grupo de trabajadores sociales. Era en el municipio de Jovellanos, donde un diagnóstico arrojaba resultados alarmantes: personas viviendo en condiciones paupérrimas, familias que dormían en el suelo por carecer de colchones, viviendas en precario estado y carencia de artículos electrodomésticos básicos, como refrigeradores y ventiladores.

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Fidel en la inauguración del primer curso de Trabajadores Sociales en la Escuela de Cojimar, el 10 de septiembre del 2000. (Foto: Fidel, Soldado de las Ideas)

Las inversiones en salud, educación y asistencia social en la referida etapa ayudaron a paliar la situación. La pobreza crecía, pero las personas aún podían acudir a servicios médicos sin necesidad de comprar medicamentos e insumos para ser atendidos. Esto marcaría la diferencia en unos años.    

Segunda —y profunda— estocada

En 2006, con la enfermedad y consecuente retiro de Fidel, quedaba sellada la etapa heroica de la Revolución cubana. Demasiados errores habían lastrado la utopía. Raúl Castro, aún sin ser presidente en funciones ni primer secretario del Partido, favoreció un escenario de enorme expectativa. Su autocrítico discurso del 26 de julio de 2007, generó confianza en muchos sectores.

Su acceso al poder gubernamental tuvo dos períodos bien definidos: uno interino, entre julio de 2006 y febrero de 2008, y uno formal desde esa fecha y hasta 2018. En el primero, lanzó la campaña pro-reforma conocida como Actualización del modelo económico y social cubano, y tomó medidas que devolvían derechos constitucionales a los cubanos: viajar fuera del país, alojamiento en nuestros propios hoteles, compra-venta de casas y autos; todas muy positivas, pero que beneficiaban más a sectores sociales con la solvencia requerida para ejercer tales derechos.

A partir de su nombramiento oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas». Bajo la consigna «sin prisa pero sin pausas», pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico.

Las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias más pobres: cierre de 24 000 comedores obreros; aumento de la edad de jubilación en cinco años para hombres y mujeres; disminución de la edad de inicio laboral a quince años, es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación.

Más adelante se suspendería el derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en los centros de educación superior. Ello afectaba mucho más a las familias pobres, que ahora debían garantizar de sus deprimidos salarios, además del transporte, el gasto que implicaba el almuerzo diario de sus hijos, que a veces tenían dos sesiones de clases o actividades en las universidades.

La situación se agudizaba por la disminución sostenida de inversiones en sectores de impacto social directo, como Salud y Educación, que decrecieron en la misma medida en que aumentaban las inversiones en los sectores del turismo e inmobiliarias.

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En un análisis de Mario Valdés para LJC, se explica que el mayor recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente durante el gobierno de Raúl Castro (2006-2018), en etapas en que la exportación de servicios médico-farmacéuticos fue la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo. Su conclusión lógica es: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción».

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre, sin embargo, lo que se hizo fue reducirla. Como demuestra la periodista Karla R. Albert, «entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».

Según el economista Carmelo Mesa-Lago, ello se explica «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles». En el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado aquellas responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo.

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo un 61 % en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total pasó del 5,3 % al 2,1 %. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de pesos por «depuración de beneficiarios».

En esa etapa hubo una campaña desde los medios estatales que culpaba al pueblo de su dependencia al Estado, como si ello no hubiera sido una directriz política incuestionable.

Llegó incluso a eliminarse, al considerarlos gratuidades indebidas, los estímulos a trabajadores vanguardias que les permitían acceder a instalaciones turísticas; a pesar de que en realidad no era gratis pues ellos sufragaban sus gastos, si bien en moneda nacional. Desafiando cualquier rasgo de decoro, la misma prerrogativa se mantuvo para altos dirigentes y sus familias. Evidentemente «algunos animales eran más iguales que otros».

Durante esos años, aun con medidas que encarecían la existencia cotidiana de la población, no se aumentaron los salarios de manera general, solo a determinados sectores como salud, educación y empresas priorizadas.

Los jubilados —alrededor de 1,7 millones en estos momentos— constituyen otro sector que sufrió las consecuencias de esas políticas. El economista Mauricio de Miranda demostró en un artículo el desfase del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida, y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

En julio de 2013, Raúl Castro se lamentaba ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: «Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de veinte años de período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás». Esa valoración, en realidad, podía atribuirse como anillo al dedo a la política del Partido y el gobierno cubano, especialmente bajo su mandato, respecto al aumento de la pobreza y el olvido de la justicia social.

Tiro de gracia

Con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en 2018 —luego de la Constitución de 2019 sería presidente de la República—, se proclamaba la continuidad de esa política antipopular. Tres evidencias apuntaban a ello: la apertura de comercios en MLC que han discriminado a una enorme cantidad de personas, la negativa a depósitos bancarios en dólares físicos si no es desde fuera de Cuba, y la tristemente célebre Tarea Ordenamiento, que disparó los precios y la inflación para convertir en nada las pensiones, jubilaciones y salarios.

En fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre de 2021, el presidente expresó como objetivos del Ordenamiento: «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo». Los políticos dicen una cosa, los datos muestran otra. Al respecto, el economista cubano Pedro Monreal valora: «los datos de ventas minoristas y de inflación en Cuba en el primer semestre de 2022 evidencian dos cosas: un ajuste económico apoyado en la inflación, y distribución desigual del costo del ajuste, con sesgo contra los hogares pobres».

No creo necesario reiterar lo que todos conocemos sobre este fracaso, cuya única consecuencia política fue el traslado de Marino Murillo, cara visible del fallido experimento, a un puesto de menor categoría para el que fue despedido con una ovación por el Parlamento que dice representarnos.  

No obstante, más allá del Ordenamiento, existen consecuencias sociales debidas a décadas de empobrecimiento y ajustes económicos. Las más notorias son: aumento de la mortalidad general, infantil y materna; disminución sostenida de la natalidad; incremento del número de suicidios; crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre las mayores per cápita del planeta; un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad.

La insensibilidad de la dirigencia política ante este escenario, llegó al punto de que en el Informe Central al 8vo Congreso del Partido, Raúl Castro —denominado en los últimos tiempos Líder de la Revolución, para asombro de muchos—, reprochó con molestia la «cierta confusión» de algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada.

El Partido ha vuelto la espalda a un problema de primera magnitud, que debió ser analizado profundamente y que condujo, menos de tres meses después del referido congreso, a un estallido social nacional. Pero esta no parece ser su intención. Prefiere catalogar los hechos del 11j como una operación financiada desde el exterior para no admitir su responsabilidad histórica y la razón que asistía a los que salieron a manifestarse ese día.

Durante 2018, en la versión original del proyecto de Constitución, la comisión redactora, en un repunte de honestidad, había decidido eliminar el comunismo como horizonte de aspiración futura, lo cual me pareció muy realista pero poco coherente con un partido que se designa con ese nombre. En la versión final sería devuelta a su lugar la referida aspiración, pero ya todos comprendemos que una cosa es la letra de la Constitución y otra la actitud de las autoridades ante ella, sobre todo cuando esas autoridades no tienen las mismas condiciones de existencia de las mayorías.

Justicia social se ha convertido en una frase usada en foros internacionales con el fin de recabar simpatía hacia el gobierno cubano, y también en medios oficiales para un discurso demagógico; pero no en los documentos y declaraciones programáticas partidistas.

Mientras el Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en su intervención ante la ONU del 3 de noviembre del pasado año, aseguró «que Cuba nunca renunciará a su sistema socialista de justicia social (…)», y en el sitio Cubadebate Agustín Lage afirmó hace poco que: «La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social»; las proyecciones del Comité Central del Partido para 2023 no mencionan NI UNA SOLA VEZ esas palabras.

La proyección no. 16 afirma la intención de: «Desarrollar políticas públicas para la atención a situaciones de vulnerabilidad y la eliminación de desigualdades, y también orientándonos hacia las políticas públicas para atender diferenciadamente un grupo de problemáticas de nuestra juventud». No obstante, es difícil creer realizables tales políticas en una sociedad cuya pobreza crece exponencialmente, dado que la proyección no. 20 será: «Reducir los gastos y orientar estos a la atención a las situaciones de vulnerabilidad».

En esencia, el Estado pretende el imposible de reducir sus gastos y a la vez orientarlos a una pobreza en expansión, porque eso es aunque la disfracen eufemísticamente de vulnerabilidad. Y lo peor es que no hace partícipe a las ciencias sociales cubanas de estudios que puedan diagnosticar la situación real y proponer soluciones viables, a pesar de que el gobierno de Díaz-Canel se presenta como un gobierno de ciencia e innovación y que la proyección no. 9 es: «Apoyar todos los procesos con la ciencia y la innovación, desarrollando la capacidad de acudir a la ciencia y a la investigación para resolver y atender nuestros principales problemas».

Lo cierto es que las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020. Pero desde antes, como hemos visto, comenzó el deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía.

El punto de vista de los científicos sociales

La socióloga cubana Elaine Acosta, en su enjundioso texto «Yo quiero fundamento. El 11j en Cuba y la necesidad urgente de una Sociología que incomode», analiza el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad y los límites de las ciencias sociales en la Isla para abordar esa cuestión. Ella se hace eco del criterio del economista Pedro Monreal acerca de que existe un «apagón estadístico nacional sobre la pobreza y la desigualdad».

En intercambio con la Dra. Mayra Espina, especialista en Sociología de las desigualdades, me explica que «no hay datos públicos de pobreza desde los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) del Ministerio de Economía y Planificación, fueron investigaciones oficiales realizadas en 1994 y a inicios de los 2000, esta última identificó una franja de 20% de pobreza urbana. Colegas me han dicho que se siguen haciendo las encuestas de hogares y se calcula la línea de pobreza, pero no se publica». También aclara:

«El informe voluntario que Cuba ha hecho sobre los ODS para Naciones Unidas ha incluido un cálculo a partir del índice de pobreza multidimensional, pero considero que subvalora por margen amplísimo la magnitud real de la pobreza y declara que el indicador ingresos no es relevante para Cuba, error grande si se considera que el régimen de bienestar vigente ha tenido un corrimiento hacia el mercado y la familiarización, con lo cual los ingresos se han vuelto decisivos para las satisfacción de necesidades».  

La opinión de Espina sobre la importancia de los ingresos es compartida por Monreal, que considera:

«El análisis de la desigualdad social en Cuba, además de los datos que hoy no se divulgan, debe reconocer que la desigualdad no es un accidente social. Es el síntoma de causas “estructurales”: funcionamiento de instituciones que crean privilegios y exclusiones.

Es plausible asumir que parte de la explicación del incremento de la desigualdad en Cuba radica en el efecto distributivo del paquete de política económica conocido como “reordenamiento”, específicamente el efecto diferenciado de cambios en precios relativos.

Asumir que la desigualdad en Cuba tiene causas “estructurales” equivaldría a reconocer el alcance limitado que tendrían las medidas de “ayuda” dirigida a grupos e individuos».

A finales del 2022, una nota del periódico Granma anunciaba que desde el 16 de octubre y hasta el 26 de noviembre se realizaría una Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares (ESEH), a cargo de la Oficina Nacional de Estadística e información (ONEI) cuyo objetivo era recabar información sobre los gastos e ingresos de la población cubana. Se explicaba que se efectuaría a partir de una muestra probabilística en alrededor de 12 000 viviendas de zonas urbanas en diferentes provincias.

En sus redes sociales, Monreal compartió esta noticia con la siguiente observación: «Con los datos de esta encuesta puede calcularse un indicador de pobreza y también indicadores de desigualdad. Veremos si los publican o si continúa la narrativa de la equidad».

Los economistas Omar Everleny Pérez Villanueva y Mauricio de Miranda comentaron respectivamente: «Hasta ahora nunca fue publicada esta encuesta. Ojalá hayan cambiado los tiempos», y «Amigo, cuando lo vea lo creo. Ya veremos qué pasa. Ojalá hayan cambiado los tiempos pero hasta ahora los cambios que veo no son para bien».

¿Tendrá razón tal escepticismo? Lo cierto es que casi dos meses después no se conocen todavía los resultados de la encuesta, cuyos datos serían de fácil tabulación mediante programas informáticos. Ocultar esa información, que debería estar al alcance de expertos y ciudadanos, indica falta de voluntad política para enfrentar con claridad la situación de la pobreza en Cuba, conocimiento sin el cual será imposible hablar seriamente de justicia social y socialismo.

Cuando en 2002 se aprobó la Ley de reforma constitucional que modificó la Constitución al adicionar este párrafo al artículo 3 del Capítulo 1: «se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella sean declarados irrevocables», ya ese sistema, en lo social, había empezado a cambiar aceleradamente. Lo ha seguido haciendo a lo largo de más de veinte años. Actualmente no se parece en nada al proyecto social por el que tantos se han sacrificado. ¿Qué es lo irrevocable entonces?  

16 enero 2023 45 comentarios 3,3K vistas
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Desigualdades, pobreza y posicionamientos políticos

Desigualdades, pobreza y posicionamientos políticos

por Ivette García González 7 octubre 2022
escrito por Ivette García González

El incremento exponencial de las desigualdades y la pobreza en Cuba durante las últimas décadas, condiciona posicionamientos/radicalizaciones políticas frente al poder. Es inaceptable, muestra la incoherencia discurso oficial-realidad, la demagogia del gobierno y la enorme distancia entre este y las mayorías.

Ante ellas el Partido/Estado/Gobierno se presenta como encarnación y «continuidad» de una Revolución «de los humildes, por los humildes y para los humildes», pero hace tiempo la realidad niega todo eso. El costo político tiene que ser alto, porque en el imaginario que creó esa Revolución —y el socialismo asumido—, la justicia y las políticas sociales (educación, salud, cultura, deporte, seguridad social, pleno empleo, asistencia social) fueron claves y aseguraron el consenso político.

Si el gobierno derivado de ella venció enormes desafíos, lo que incluye que los ciudadanos aceptaran una y otra vez el sacrificio y renunciaran al ejercicio de derechos y libertades individuales, fue porque las políticas sociales satisfacían necesidades de esas mayorías. Ellas se movilizaban con la esperanza y confianza en el liderazgo y en el futuro, que sería promisorio.  

No obstante, desde hace años nuestra crisis es sistémica. Todo apunta a que las inequidades, la pobreza y la precariedad, a escala territorial y de la ciudadanía, seguirán incrementándose. El reciente proyecto «Visibilizar el cambio: pobreza y sectores vulnerables en Cuba», desarrollado por un equipo multidisciplinario de La Joven Cuba, examinó diversas aristas del problema y ofreció diagnósticos y soluciones que nuevamente parecen ir al vacío.   

-II-

No es este un fenómeno nuevo, sino ocultado por «indeseado» e inconveniente para la imagen oficial del país, de lo cual fue tal vez pionero el inconcluso «Proyecto Cuba» (1969-1970). Se aceleró durante los años noventa, pero nada se compara con lo ocurrido desde 2008, cuando se inició la llamada Actualización del modelo económico y social cubano.

Como parte del proceso comenzaron a abandonarse las salvaguardas de la política social, lo que se muestra en la disminución sistemática del gasto social respecto al PIB e igual tendencia en las inversiones. A tenor con ello, desde antes de la pandemia Cuba es un país muy desigual, con amplias brechas de equidad en todos los órdenes, ensanchamiento permanente de la pobreza e incremento de la vulnerabilidad social y del país. 

En el registro más reciente de la ONEI, tal desequilibrio en las inversiones resulta escandaloso: 36.4% para servicios empresariales, actividades inmobiliarias, de alquiler y hoteles; frente a 2.6% para agricultura, ganadería y silvicultura;  2.0 para salud pública y asistencia social; 0.9 para educación; 1.2 para cultura y deporte y 0.7 para ciencia e innovación.

Desigualdades, pobreza y posicionamientos políticos

A pesar de las numerosas críticas, reclamos y recomendaciones, y aun cuando la propia estrategia gubernamental del 2020 definiera como prioridad la agricultura y alimentación, tal rumbo se mantiene. Y no estamos hablando de un gobierno neoliberal con políticas de choque que merece protestas sociales. Es uno que se autoproclama «socialista» y «revolucionario», pero que no rinde cuentas, no paga el costo de sus errores y cree no merecer siquiera la crítica, mucho menos la protesta. 

Algunas condicionantes verificadas en el Proyecto son:  

1.- Lentitud, falta de secuencialidad, sistematicidad, coherencia, sincronización y eficacia de las reformas económicas, incompletas cuando no erráticas y casi siempre impopulares. La reciente referida al dólar —como avizoraron expertos—, incrementó la inflación, profundizó la marginalización de amplios sectores, atentó contra la capacidad adquisitiva de miles de personas y está lanzando a cientos de ciudadanos a la pobreza. Resultado: récords en escasez crónica de bienes y servicios, apartheid económico, ampliación de la pobreza e inflación incontrolada.

2.- Se han ampliado los sectores sociales empobrecidos, profundizado diversos niveles de exclusión y recrudecido fenómenos como el desempleo, la violencia y el racismo, por ejemplo. Mujeres, ancianos, negros y mestizos son los más afectados por falta de oportunidades, carencia de condiciones básicas para la vida, pensiones deprimidas y abandono institucional.

3.- Empeoramiento de problemáticas que gravitan sobre estos fenómenos, entre ellas: vivienda, transporte, abasto de agua y servicio eléctrico. Dichos ámbitos también han sido víctimas del voluntarismo y exhiben costos de viejas políticas fallidas que el actual gobierno recicla.

4.- Proliferación de barrios empobrecidos y marginales en todo el país. En ellos colisionan todas las anomalías. Como en otros, pero más evidente en estos, prevalecen la poca participación ciudadana y la falta de confianza en las instituciones. El gobierno reacciona con salpicaduras de medidas cosméticas.

5.- Profundización de los desequilibrios regionales entre la capital y el resto del país —sobre todo el oriente— y retrocesos en el desarrollo local. Las inequidades territoriales están en: pobreza y déficits en servicios, seguridad, inversiones, problemas ambientales, empleo, salarios, conectividad, identidad, inserción social, viviendas, recursos comunicacionales y tecnológicos.

Desigualdades, pobreza y posicionamientos políticos

Se han ampliado los sectores sociales empobrecidos, profundizado diversos niveles de exclusión y recrudecido fenómenos como el desempleo, la violencia y el racismo, por ejemplo. (Foto: AméricaTevé)

-III-

En el proyecto de LJC y otros se han propuesto numerosas soluciones. Entre ellas: transformaciones económicas reales y estructurales, políticas públicas pro equidad y contra la pobreza, políticas «afirmativas» hacia sectores marginalizados, sistema de pensiones, vivienda, descentralización y otras de empoderamiento ciudadano. 

El Partido/Gobierno/Estado sabe que la crisis es estructural, pero es incapaz de resolverla ni gestionar las demandas populares; menos de favorecer el empoderamiento ciudadano. Gana tiempo descompresionando un poco en lo económico, blindándose jurídicamente frente a la ciudadanía e incrementando la represión, último recurso de su incompetencia.

Estamos en el límite y sin retorno. Llamo la atención sobre: 

1.-El problema de fondo es político, por eso llevamos más de treinta años sin lograr siquiera las reformas económicas requeridas. La opacidad habitual del poder y la ausencia de democracia no permiten a la ciudadanía informarse; menos participar en la toma de decisiones y controlar la gestión gubernamental. Resultado: junto a inequidades, pobreza y exclusiones; se agravan la indolencia de las instituciones y la escasa capacidad de gerencia de la sociedad civil.

2.-Existe una evidente disonancia entre los intereses y prioridades de la clase política y los de la ciudadanía. Camuflada de «Revolución» y «Socialismo» gana fuerza la opresión, en tanto la «continuidad» nos mantiene en un callejón sin salida. Analícese cualquier ámbito, «todos los caminos conducen a Roma»: el modelo. Asumimos la peor variante de socialismo: políticamente totalitario, económicamente inviable y socialmente empobrecedor.

3.-Otra vez se pide a la ciudadanía sacrificio, confianza, ahorro y altruismo; seguir creyendo que la culpa de todo es del enemigo externo y que el gobierno hace todo lo que puede. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se transparenta la gestión oficial, se revisan, ordenan y depuran los gastos del enorme aparato burocrático estatal, partidista, de las organizaciones afines y de las fuerzas represivas? Todas ellas estructuras verticales y ampulosas que pagamos los ciudadanos.

4.-Tenemos una problemática demográfica gravísima con efectos múltiples que el gobierno ignora, o empeora, en lugar de encararla. Más de la mitad de la población rebasa los cincuenta años. La combinación de envejecimiento, permanente reducción de la natalidad y récord de emigración masiva ya muestran crisis de remplazo, carencia de fuerza de trabajo y despoblamiento.  

-IV-

Contrario al discurso oficial, la Cuba real es negación de los ideales revolucionarios y de las otrora políticas sociales, aun con sus debilidades y condicionamientos. Una mirada en el tiempo muestra que muy pronto la igualdad para las mayorías se desvirtuó y acompañó de enormes restricciones a los derechos y libertades individuales.

El nuevo proyecto de país socializó y expandió la precariedad como forma de vida. El deterioro sistemático de las condiciones de existencia, visto de una década a otra en ciclos que se repiten, ha vuelto este fenómeno crónico y estructural, con consecuencias a nivel psicológico y conductual que recuerdan la llamada «cultura de la pobreza»: orientación hacia lo inmediato, poca capacidad para planear el futuro, sentimientos de impotencia,  auto marginación de espacios públicos,  inercia y desconfianza en las instituciones, sensación de pérdida de esfuerzos e irreverencia.

Actualmente afloran fenómenos derivados de reconfiguraciones socio-clasistas devenidas antagónicas, del voluntarismo en el ejercicio del poder y el ocultamiento de fenómenos como el de la pobreza. A las tradicionales violaciones de derechos cívicos y políticos, se suman hoy las de carácter económico, social y cultural. A ello se agrega la falta de legitimidad del gobierno, la existencia de generaciones con demandas que no encuentran espacio para ser gestionadas y el incremento de la tensión y protesta social desde 2020. 

Resolver el problema de Cuba implica, en primerísimo lugar, democratizar la sociedad, pero eso es incompatible con el modelo y los intereses de la clase que detenta el poder y goza de enormes privilegios. He ahí la contradicción principal que augura serios peligros para la nación.

Hace unos años Juan Valdés Paz alertaba respecto al riesgo de continuar con recortes sociales, porque quitando los defectos de nuestro «socialismo real», «lo que nos queda es la política social». Pero si ya ni eso tenemos: ¿qué se defiende entonces?, ¿sobre qué bases puede el gobierno de la «continuidad» articular el consenso político?

Con el desplome de las garantías sociales y la expansión de las desigualdades y la pobreza, se ha dado un tiro de gracia a la Revolución y al Socialismo que siguieron las mayorías. Eso, más la intolerancia, incapacidad e irresponsabilidad política del Partido/Estado/Gobierno, explican tres importantes rasgos del contexto y los posicionamientos políticos actuales: 1) evidente cisma en sus bases sociales, donde prima el silencio pero cunden la frustración, inercia y desesperanza; 2) incremento de la tensión social y el extremismo político y 3) el corrimiento de posturas reformistas a rupturistas.

El camino recorrido confirma que solo transitando a la democracia y apegados a la soberanía popular podrán lograrse las transformaciones que el país necesita y asegurar políticas sociales sostenibles por la riqueza creada en condiciones de libertad.

Para contactar a la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com 

7 octubre 2022 77 comentarios 3,2K vistas
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Códigos

Códigos, referendos, economía y democracia

por Mauricio De Miranda Parrondo 5 octubre 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El pasado 25 de septiembre, finalmente se aprobó mediante un referéndum el Código de las Familias en Cuba, que incluye el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, la gestación subrogada y la adopción homoparental, entre otras cuestiones. La nueva norma recibió el respaldo del 66,87% de los votantes, que representó el 74,01% del padrón electoral. En cualquier país, tanto ese nivel de respaldo como la participación serían considerados muy favorables, pero en el caso de Cuba es el peor resultado de los ejercicios electorales desde 1976.

La campaña en favor del Código, desplegada por el gobierno y los medios oficiales, y por medios y grupos que apoyaban la medida aunque son críticos de la gestión gubernamental, encontró el rechazo de gran parte de los sectores religiosos y de una representación considerable de medios conservadores contrarios al sistema político cubano.

Este código es, sin duda, una norma positiva en el camino de crear condiciones para que se reconozcan los derechos de una parte de la población a construir familias diferentes a las consideradas «normales» en los patrones éticos de diversas orientaciones religiosas.

En mayo pasado, sin embargo, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad, como es usual, un Código Penal tremendamente represivo, sobre todo en la penalización del activismo político opositor. Para este caso no hubo debate, y mucho menos una aprobación refrendataria. Es decir, para reconocer derechos a diversos sectores de la sociedad se requirió consultar a la población, pero para establecer como delitos lo que en otros países es un derecho, y endurecer las penas a los activistas políticos opositores, bastó el voto unánime de los diputados cubanos.

Si fueran coherentes, las autoridades podrían haber evitado el referéndum y aprobar el Código de las Familias con esa unanimidad que les caracteriza, de espaldas a la realidad diversa que es el país; o podrían someter a consulta popular el Código Penal. Pero es obvio que en este último caso no querían correr el riesgo de ser derrotados en lo que muy probablemente habría sido una consulta popular sobre su gestión.

Códigos

Las autoridades podrían haber evitado el referéndum y aprobar el Código de las Familias con esa unanimidad que les caracteriza, de espaldas a la realidad diversa que es el país. (Foto: Mireya Ojeda Cabrera / Radio Rebelde)

Mientras tanto, a la dura realidad cotidiana de los cubanos residentes en la isla, se unió el paso destructivo del huracán Ian, que causó devastación en la región más occidental del país, incluida la pérdida de vidas humanas y afectaciones a cosechas de tabaco de la región de Vuelta Abajo —uno de los pocos recursos exportables del país—, así como a otros productos agrícolas, destrucción de viviendas, y el colapso del sistema eléctrico nacional, ya golpeado por una gravísima crisis impuesta por las restricciones de combustible y por su obsolescencia tecnológica.

Todo esto ocurre en medio de una aguda escasez de alimentos y bienes de consumo esenciales, de la crisis crónica del sistema de transporte y, sobre todo, del hastío y la desesperanza, agravados por los sucesivos errores en la política económica adoptada por el gobierno y refrendada por la dirección del Partido, además del impacto negativo provocado por las sanciones económicas que mantienen las sucesivas administraciones estadounidenses sobre Cuba.

Como he expresado en otras ocasiones, las sanciones económicas estadounidenses solo podrán ser desmontadas por el Congreso de ese país. Sin embargo, es mucho lo que puede y debe hacerse en Cuba para salir de la profunda crisis estructural en la que está inmersa, agravada recientemente por los efectos de la pandemia del Covid-19, la destrucción de parte de la base de supertanqueros de Matanzas y ahora por el huracán Ian.

Particularmente, el colapso del sistema eléctrico ha tenido afectaciones gravísimas sobre la vida de la población. Muchas familias han perdido sus alimentos después de tres o cuatro días sin energía y todas sufren las inclemencias del agobiante calor. En consecuencia, en diversos lugares del país, especialmente en La Habana, se han producido protestas sociales, muchas de las cuales añaden al reclamo de la reconexión eléctrica, la crítica a la gestión gubernamental y también el grito de «LIBERTAD».

Aunque esta vez con un poco más de tacto que en el pasado estallido social del 11 de Julio, dadas las circunstancias inmediatas, las autoridades, incluyendo al presidente, siguen insistiendo en el carácter «contrarrevolucionario» y «mercenario» de muchos de los que protestan, aun cuando la mayor parte de ellos son personas desesperadas, que ya no pueden más porque están hartas de tantas vicisitudes en cada una de sus acciones cotidianas. Sin embargo, al igual que en aquella ocasión se han utilizado fuerzas militares y de policía vestidas de civil para reprimir a manifestantes.

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Represión a manifestantes en El Vedado. (Foto: America TV/ El autor)

En medio de las difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población, los medios de comunicación oficiales y los mecanismos de divulgación ideológica del Partido Comunista de Cuba (PCC) ofrecen sistemáticos partes de victoria, y no cejan en el empeño de mostrar un infundado triunfalismo, que desacredita no solo a la dirigencia del país sino al sistema político como un todo y pone en entredicho, entre una proporción cada vez más significativa de la población, categorías políticas como: «Revolución» y «Socialismo».

A pesar de las opiniones críticas de una serie de economistas y de las sugerencias de otros, la dirección del Partido y del gobierno han mantenido una política económica errática; han insistido en no abordar los problemas económicos en su integralidad; han fallado en la definición de la secuencia adecuada de las medidas, pretendiendo solucionar problemas de la esfera de la circulación sin realizar los cambios necesarios en la producción.

Asimismo, persisten en el mantenimiento a toda costa del modelo de administración centralizada y de la preeminencia de las empresas estatales, muchas de las cuales son ineficientes y le cuestan a toda la sociedad. 

En clara muestra de voluntarismo fijaron una tasa de cambio oficial del peso cubano lejana a las condiciones del mercado, apelaron al desacreditado expediente de los tipos de cambio múltiples sin el músculo necesario para influir en el mercado cambiario y, recientemente, afirmaron con soberbia que no se renunciaría al monopolio estatal del comercio exterior, a pesar de que la lógica racional sugiere liberalizar esta importante actividad económica para un país como Cuba con alta dependencia de sus relaciones económicas internacionales.

Esto ocurre porque el sistema político e institucional del país no solo lo permite, sino lo estimula. Es un sistema que asegura un poder totalitario e indiscutido por vías institucionales y legales, lo cual deja a la oposición, o a quienes cuestionen ese poder, únicamente con la alternativa de la protesta social, con el agravante de la persistente manipulación que se hace de los derechos ciudadanos.

Varios son los problemas que evidencian la ineficacia del sistema para satisfacer las necesidades de la sociedad, aunque sea muy eficaz para asegurar el carácter dominante de la burocracia en el poder. Sin pretender agotar el tema y consciente de que cada uno de ellos implica una reflexión aparte, listaré algunos de los principales:

1) a pesar de que el artículo 3 de la Constitución de 2019 establece la soberanía del pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado, no existen los mecanismos legales para que el pueblo pueda ejercer esa soberanía de forma efectiva;

2) el pueblo carece de la posibilidad de elegir directamente a sus gobernantes o de revocarlos mediante un ejercicio electoral;

3) el carácter de «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado» que se otorga al PCC, permite a este colocarse por encima de la Constitución y de las leyes;

4) el carácter «socialista» del país —léase el sistema político totalitario que cada día es menos socialista en realidad— es «irreversible» según la  Carta Magna, con lo cual se obliga a las generaciones futuras a aceptar un sistema que para ellas puede resultar ajeno;

5) no existe un equilibrio de poderes independientes, con lo cual, en la práctica, tanto el sistema judicial, como el órgano legislativo y los entes de control se someten a las directrices del PCC e incluso al ministerio del Interior y la Seguridad del Estado; y

6) los derechos reconocidos en la Constitución no están reglamentados, lo que permite a la Seguridad del Estado, la Fiscalía y los Tribunales interpretarlos a discreción, convirtiéndolos en papel mojado.

Es hora de hacer y de sumar,ya sabemos que solo la unidad nos permitirá salir adelante.Las manos y el aliento de los jóvenes no faltará,como no falta la confianza en la Revolución que nunca nos abandona #FuerzaPinar #CubaViveYTrabaja #Cuba @DiazCanelB @UJCdeCuba @DrRobertoMOjeda pic.twitter.com/7HxS2JheAe

— Aylín Álvarez (@aylinalvarezG) September 30, 2022

Por estas razones es muy difícil que la crisis económica se solucione sin realizar una transformación fundamental del sistema político, afectado por una crisis de confianza que unida a la crisis económica están generando la mayor estampida migratoria de los últimos cuarenta años.

Los casos de China y Vietnam, en que se ha logrado una mayor prosperidad económica en el primero y un mejoramiento sustancial del nivel de vida en el segundo, manteniendo el carácter totalitario y anti-democrático de sus respectivos sistemas políticos, demuestran que para mantener la estabilidad política se requerían transformaciones económicas radicales orientadas hacia el mercado.

En ambos países, la población en general vive mucho mejor que hace cuarenta años. Para una parte considerable de las referidas sociedades, desde que se iniciaron las reformas el liderazgo político no solo ha sido garantía de ellas sino su principal impulsor. Nada de esto ha ocurrido en Cuba y ya ese modelo no resulta suficiente y tampoco deseable para una parte considerable de la ciudadanía.

Ante la grave crisis solo cabe una salida democrática. Es tiempo de aceptar las nuevas realidades políticas por duras que resulten para algunos. Entre ellas menciono:

1) en la actualidad el liderazgo del país cuenta con el menor nivel de respaldo ciudadano desde 1959;

2) el PCC, lejos de constituir una organización política de vanguardia y fuerza dirigente de la sociedad, va a remolque de los tiempos sin ofrecer alternativas viables para salir de la crisis y no ha sido capaz de exigir cuentas a su liderazgo por el incumplimiento de los Lineamientos aprobados en el VI y VII Congresos, y

3) el respaldo que recibió el Código de las Familias no es endosable al Partido y al Gobierno, sino que refleja el apoyo de gran parte de la sociedad que decidió defender derechos humanos que no estaban reconocidos legalmente, incluyendo los de algunas minorías.

¿Qué pasaría si se somete a plebiscito el mantenimiento del artículo 5 de la Constitución o el carácter único del PCC? ¿Qué pasaría si en una consulta popular se busca refrendar el carácter «irreversible» del sistema político cubano o la elección directa entre alternativas del presidente de la República y de los presidentes de los gobiernos provinciales y municipales?

¿Qué pasaría si se permite al pueblo decidir entre mantener el sistema electoral actual o la posibilidad de elegir directamente a los diputados entre candidatos que no necesiten ser autorizados por una comisión de candidatura? Las únicas respuestas válidas serían las de las urnas. Estas y otras muchas son cuestiones de urgencia nacional y deben ser abordadas tanto desde un punto de vista político como ético y moral.

5 octubre 2022 53 comentarios 2,K vistas
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Medida

A la medida

por Jorge Fernández Era 31 julio 2022
escrito por Jorge Fernández Era

―¡¿Cómo que otro Ministerio?! ¿No te basta con tu propuesta de principios de siglo de instituir el Ministerio de Ideas?

―Aquella a la larga fructificó cuando se creó la Empresa de la Batalla de Hídeas.

―Sí, y terminó como terminó: todo el mundo tronado. Esos tipos sí que luchaban.

―A ver: qué más da que lo propongamos. Un Ministerio de Medidas urge en las actuales circunstancias. La población va a volverse loca: que si 63 para la agricultura, 43 para fortalecer la empresa estatal socialista, ahora 75 para arreglar las calles…

―¿Arreglar las calles?

―Salir del bache quise decir.

―¿Te quedan dudas de que Cuba llegará al 2030 con un socialismo próspero y sostenible?

―Si la sostenibilidad sigue insostenible y la prosperidad no prospera…

―Lástima que no hayas podido ir a la última visita gubernamental. Había que ver la variedad de proteínas que emanaba del estiércol de la granja a donde nos llevaron: vacas, chivos, carneros, conejos, faisanes, curieles cruzados con jutías… En la casa de visitas, la comida inmejorable, y para evitar la picada de los mosquitos una consola de tres toneladas.

―¡Pero es que la mayoría de las 75 medidas son más de lo mismo! Cuando la gente lea que hay que «Estimular la concurrencia directa de las formas productivas al mercado, eliminando un poco la figura del intermediario», «Implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país», «Implementar medidas para incrementar la captación de ingresos en los municipios»… va a preguntarse qué coño se estuvo haciendo hasta ahora.

―Esa medida de «implementar medidas» suena redundante, sí. Hace falta que quienes las implementen no dicten una que exponga: «Hacer mediciones para medir en qué grado las medidas…».

―¿Y qué me dices de «Exigir a los equipos de dirección de las entidades sobre la necesidad de una adecuada formación de precios»? ¿Qué, vamos a proponerle a Torres Iribar que vuelva con la trova de que el amor esto y el cariño lo otro? ¿Fomentaremos la rebaja de precios convirtiendo a las empresas en posadas donde los directivos se amen y procreen utilidades ideológicamente protegidas?

―Ni me lo recuerdes: desde que el presidente convocó al amor para combatir la inflación hay un viceministro que no me quita los ojos de encima. Debe estar esperando a que en septiembre se apruebe el Código de las Familias para irme con todo.

―Yo tú lo pensaba… lo de eliminar las medidas redundantes digo. Fíjate que si lees los Lineamientos del 2011 vas a encontrarte con algunos cuya redacción es casi idéntica a la de estas últimas 75.

―Te equivocas, cuadro. El pueblo tiene que sentir que la actualización se actualiza y la renovación se renueva. No podemos aferrarnos a proyecciones que hoy se convierten, por cansonas, en trigo para el olvido. Los Lineamientos y el Ordenamiento, sustantivos sin sustancia que para colmo terminan en «miento», debemos ir olvidándolos. Ya lo expresó Díaz-Canel en Cienfuegos: «Nos interesa impedir que el pasado vuelva. El futuro no puede ser el pasado».

—A mí lo que más me impresionó de su discurso fue la sensibilidad de confesar sus más entrañables sueños: «Quiero que los pobres dejen de ser pobres. La gente tiene que dejar de pensar que a los pobres les gustan las cosas de segunda mano y la carne de segunda calidad. No, nos gusta todo primero. La gente quiere y debe comer bien, vestirse bien, ganar bien, salir a caminar, ir a un restaurante…».

—Eso lo dijo Lula, mijito. No oigas más el noticiero desde la cocina. En nuestro país, la etapa primitiva de reformas agrarias, colectivización de la tierra, planes alimentarios y guaraperas cuadra por cuadra y barrio por barrio ha dado paso a la de polos productivos como fase superior en la agricultura. Acabamos de publicar en la Gaceta Oficial la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, disposición primera de su tipo dada la ausencia…

—¿De carne?

—…en el ordenamiento jurídico cubano de normativas relacionadas con esta materia. Entrará en vigor en octubre próximo.

—¿En la primera o en la segunda novena?

—¿Cuál es el venenito? Ya quisieran los brasileños tener una ley como esa, que protege el derecho a una alimentación sana…

—Sin colesterol, sin azúcar, sin ácidos grasos, sin…

—…y poder fantasear con treinta libras de viandas y cinco kilogramos de carne por cabeza a todo lo largo del Amazonas.

—Ya lo tendrán si Lula gana y repatria a Betto.

—Mira, mejor termina de redactar las valoraciones sobre las medidas e incluye si te da la gana lo del Ministerio de Medidas, que ya los del Secretariado nos apuran.

―¿Tú crees que podría agregar otra propuesta?

―¡¿Más ministerios?!

―No, otra medida.

―El poder siempre puede poder. Suéltala.

―«Continuar continuando la continuidad».

31 julio 2022 15 comentarios 1,9K vistas
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Crisis

Crisis económica, crisis de confianza y crisis de esperanza

por Mauricio De Miranda Parrondo 27 julio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Para nadie es un secreto que la crisis económica que vive Cuba es de carácter estructural y solo puede remontarse con cambios radicales. Cada día es más evidente que las transformaciones económicas estructurales deben acompañarse de importantes cambios políticos e institucionales que permitan la democratización de la sociedad.

No cabe dudas de que la pandemia tuvo un efecto devastador y que el endurecimiento de las sanciones por parte del gobierno de Trump creó nuevas dificultades económicas, pero a diferencia de lo que expresan algunos funcionarios del gobierno cubano, en ningún caso son la causa de la crisis estructural que, insisto, está determinada por antiguos y sucesivos errores de política económica que hicieron al país más vulnerable y contribuyeron a la profundización del subdesarrollo.

El actual gobierno heredó una etapa de inmovilismo y ha seguido el guión trazado desde hace décadas, según el cual, las transformaciones solo se producen cuando la crisis llega a un grado extremo y, en lugar de abordar una reforma estructural sistémica, ha optado por medidas puntuales, con errores de diseño, secuencia e implementación. A tenor con ello, su política económica ha tenido carácter reactivo frente a la agudización de la crisis, en lugar de anticiparse mediante cambios estructurales.

Errores de política y crisis económica

En otros textos he abordado los errores cometidos en la política económica reciente. Estos errores definen las principales medidas adoptadas en medio de la pandemia. La creación de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) echó por tierra cualquier esperanza de unificación monetaria, —aprobada como un lineamiento de política económica en el 6º Congreso del PCC y ratificada por el 7º—, porque revitalizó la segmentación de mercados establecida desde que el dólar comenzó a utilizarse en transacciones domésticas para acceder a bienes y servicios de primera necesidad.

La llamada «Tarea Ordenamiento», en lugar de conducir a la unificación monetaria y cambiaria, logró una pseudo-unificación cambiaria a una tasa de cambio oficial fija y sobrevalorada, por ende, ficticia, porque al precio de 24 pesos cubanos (CUP) por dólar era imposible que la autoridad cambiaria pudiera satisfacer la demanda de divisa extranjera. En consecuencia, ese mercado informal de divisas, que cobrara fuerzas desde que las CADECA dejaron de venderlas, adquirió mayor impulso ante una situación económica especialmente desfavorable y se cotizan a cifras entre cuatro y cinco veces más respecto al valor oficial.

El reajuste de salarios, pensiones y precios, derivado de la devaluación sin respaldo en la oferta de bienes y servicios, condujo a una inflación que ha superado las expectativas de quienes diseñaron la medida, sin considerar adecuadamente los factores de incertidumbre que afectan a los diferentes actores económicos. La necesidad de adquirir bienes de consumo en los mercados en MLC propicia que las divisas se aprecien sostenidamente en el mercado informal, lo que ocasiona que la devaluación se traslade en forma de incremento de los precios por encima de los valores que muestra la estadística oficial, contrayendo significativamente el ingreso real de los cubanos.

Crisis

El impacto negativo de la «Tarea Ordenamiento», junto al hastío acumulado por las inmensas dificultades de la vida cotidiana y la incapacidad para canalizar políticamente el descontento de la ciudadanía, están en la base de las protestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, en las que participaron, desde trabajadores sencillos hasta artistas e intelectuales, así como cubanos y cubanas que expresaron abierto rechazo a su situación de pobreza.

Pocos días después, se anunció la adopción de decretos que autorizaban las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias. Desde hace años, varios economistas insistimos en la necesidad de aprobar una ley de empresas que garantizara igualdad de condiciones con independencia del carácter de su propiedad; así como en la pertinencia de autorizar micro, pequeñas y medianas empresas privadas y potenciar las cooperativas no agropecuarias.

Personalmente considero que no debe restringirse la creación de empresas por el tamaño de las mismas, ni por sectores de actividad. Soy partidario del establecimiento de un mecanismo de libertad de emprendimiento, con un marco regulatorio preciso y transparente que evite la formación de monopolios de cualquier tipo. La libertad y la competencia propician un clima adecuado al desarrollo de actividades económicas que se traduzcan en mayor bienestar para la sociedad, especialmente cuando la regulación estatal permite que el bienestar se generalice mediante mecanismos redistributivos.

La apertura de mipymes y cooperativas no agropecuarias fue una decisión correcta pero lamentablemente demorada y con demasiadas restricciones. Este debió ser el primero en la secuencia de cambios económicos para dinamizar el emprendimiento y, sobre todo, la oferta de bienes y servicios.

Política económica y crisis de confianza y de esperanza

El pasado 21 de julio se anunciaron setenta y cinco medidas «para recuperar la economía cubana», una larga lista de buenos deseos pero que no precisa cómo van a lograrse. El gobierno apuesta nuevamente a cambios cosméticos, con algunas opciones que ciertamente representan un avance y otras que contradicen los objetivos propuestos. La redacción de muchas de ellas despide el tufillo burocrático típico de los documentos soviéticos, tan bien asimilados por la burocracia criolla. Me referiré a ejemplos concretos, pues sería imposible abordarlas todas en este texto.

En la presentación del ministro Alejandro Gil, se observa que la primera medida es «Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan». ¿No se supone que eso es lo que debería hacer siempre un gobierno con una concepción estratégica del desarrollo? Pero al margen de esto, una vez identificadas esas posibilidades ¿qué se hará con ellas? ¿Implementar por decreto cuáles son los sectores a desarrollar? Eso es lo que normalmente hace un mercado de forma objetiva, no una oficina gubernamental con alto nivel de discrecionalidad y criterios subjetivos.

Otra muestra: «Implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país». ¿De qué manera? Para disminuir el déficit hay dos opciones: reducir el gasto público o aumentar los ingresos presupuestales. La sociedad cubana está perdiendo oportunidades de ingresos fiscales con las restricciones que se mantienen al emprendimiento, porque por vía de un sistema progresivo de impuestos podrían obtenerse importantes recursos resultantes de la dinamización de la actividad económica.

En realidad, resulta imprescindible una nueva ley tributaria que apunte a un sistema fiscal progresista e incluyente y permita que un gobierno —ojalá elegido democráticamente— cumpla su función de asegurar la oferta de bienes públicos y desarrollar un programa orientado a la superación de la pobreza que hoy afecta a tantas familias cubanas.

La idea de reducir el gasto público se pretende con una medida enunciada, pero sin mayor concreción: «Redimensionar el sector presupuestario, optimizando su funcionalidad». Sería mejor si se aceptara de forma clara lo que realmente hay que hacer, que es disminuir el excesivo gasto resultante de una administración central y territorial abultada, ineficaz y con funciones paralelas en muchos casos; del cargo al presupuesto estatal de las organizaciones políticas y sociales; y del sostenimiento de los diversos mecanismos de control político y social, entre otros.

Tienen mucho sentido las medidas relativas a la reducción —que podría ser mayor— de las tasas arancelarias para la importación no comercial de ciertos bienes, así como la posibilidad de formar empresas mixtas entre entidades estatales y privadas, entre privadas y extranjeras y entre las tres.

No obstante, en este último caso se percibe el mecanismo del cuentagotas utilizado para realizar transformaciones económicas, así como el carácter improvisado con el que se adoptan medidas que deberían tener enfoque estratégico y sistémico y ser resultado de una construcción colectiva en la que participaran diversos actores sociales, incluidos especialistas. Resulta necesaria la elaboración de una ley de empresas que no tenga como objetivo determinar sus límites, sino expandir sus posibilidades.

Sin embargo, la perla del paquete es el anuncio de la apertura de un mercado cambiario «diferenciado» para la población y los turistas, sobre lo cual he insistido antes. Reitero ahora que se trata de un error más que generará nuevas distorsiones económicas.

Hasta hace pocos meses, los funcionarios cubanos insistían en que la tasa del mercado informal no reflejaba la realidad pues el monto principal de transacciones cambiarias se realizaba a través del sistema estatal. También afirmaban que no podían vender divisas porque no las poseían, e incluso, llegaron a prohibir los depósitos de dólares en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible, aludiendo que había reservas que no podían ser utilizadas dadas las sanciones de Estados Unidos, lo cual contradecía el otro argumento que mencionaba la inexistencia de suficientes reservas para operar el mercado. ¿Qué cambió desde entonces en cuestión de poco más de un año?

Crisis

«Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan», aseguró Alejandro Gil.

Para nadie es secreto que el mercado informal de divisas permite la obtención de beneficios a sus operadores. Pareciera que el gobierno, que tozudamente, defendió la irracional tasa de 24 CUP por USD, ahora está decidido a recoger rentas con el establecimiento de un mercado diferenciado para la población y los turistas, con un tipo más al alto que el oficial.

Con ello se produce un retorno a los tipos de cambio múltiples, que generaron distorsiones macroeconómicas y de precios y han probado su ineficacia donde quiera que se han implementado y, de paso, se aspira a participar de la apropiación de rentas emanadas de los diferenciales cambiarios. A la par, se refuerza la discrecionalidad de los decisores, que históricamente se ha caracterizado por la opacidad.

Por otra parte, el mantenimiento de una tasa sobrevalorada en el comercio exterior contradice los objetivos de aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, porque los productores de bienes exportables no hallarán estímulos en recibir 24 CUP por cada dólar exportado en tanto los turistas reciben muchos más pesos por sus dólares vendidos. Los importadores, mientras tanto, se benefician de una tasa que les permite importar a precios más bajos en pesos porque logran obtener dólares —si se los asignan— a un precio relativamente más bajo al que se opera en otros mercados. Esta medida impugna los objetivos de promover exportaciones y sustituir importaciones.

En mi opinión, es imprescindible eliminar el tipo de cambio fijo y adoptar uno flexible, único para todas las transacciones dentro del país, que resulte de un mercado libre, aunque inicialmente, para evitar la especulación, se establezca una banda de intervención del banco central cuando el tipo oscile excesivamente por encima o por debajo del central.

Para ello se necesita un banco central independiente que adopte sus decisiones con fundamento técnico y en función de facilitar el crecimiento y controlar la inflación. En ese escenario, considero imprescindible que se garantice la soberanía del peso cubano en todas las transacciones del país y se elimine el mercado en moneda libremente convertible que, además de constituir un error económico, es un grave error político porque mantiene a una parte importante de la población, que no recibe ingresos en divisas, al margen de la posibilidad de satisfacer necesidades básicas.

Los vaivenes de la política económica en Cuba, la excesiva discrecionalidad que se reservan los decisores y el prácticamente inexistente control social sobre la gestión del gobierno e incluso del parlamento, han cimentado a lo largo de los años una crisis de confianza de una parte importante de la sociedad respecto a quienes dirigen el país. Esto no puede ser demostrado por un estudio sociológico científicamente fundamentado, entre otras cosas porque no se permite realizarlos fuera de los canales oficiales y jamás se divulgan los resultados de los encargados por las autoridades.

A pesar de ello, la crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses, que ya superó la cantidad de los que emigraron por el Mariel en 1980, en las opiniones vertidas por muchos cubanos en diversos medios alternativos que resultan de la diseminación de las redes sociales, así como en la cotidianidad de los ciudadanos sencillos.

crisis

La crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses. (Foto: Cubacute)

Nuevamente se desangra el país al perder miles de jóvenes con capacidad productiva y de emprendimiento, muchos de ellos profesionales, en medio de una verdadera crisis demográfica determinada también por el descenso de la tasa de natalidad y la elevada esperanza de vida, que refuerzan una marcada tendencia al envejecimiento de la población. Esta situación tendrá impacto nocivo en las posibilidades de crecimiento económico y en la superación del subdesarrollo y la pobreza.

La crisis de confianza presente en parte de la sociedad cubana, se ha convertido además en una crisis de la esperanza. Varias generaciones han realizado un inmenso sacrificio personal en sus vidas con la expectativa de que estaban contribuyendo al desarrollo y, en consecuencia, a mejorar el bienestar de la sociedad con el fin de impactar positivamente en la vida de sus hijos, nietos y demás descendientes.

Lejos de lograrse esto, la economía cubana ha retrocedido notablemente, al punto de comprometer la sostenibilidad de las principales conquistas sociales de la Revolución de 1959. Mientras tanto, el pleno desarrollo de las libertades individuales y la construcción de una sociedad democrática y plural son una quimera en el sistema político del país.

Las condiciones actuales en que se desenvuelve la vida en la Isla son suficientes para explicar un nuevo estallido social, que podría rebasar las proporciones del anterior y cuyas consecuencias serían terriblemente dolorosas para muchas familias.

El gobierno debería reconocer que los tiempos cambiaron, que los discursos y la propaganda vacua no son suficientes para asegurar la estabilidad social, y convocar a toda la sociedad a un proceso libre, pacífico e incluyente de transformaciones económicas y políticas que conduzcan a la construcción de una verdadera República democrática «con todos y para el bien de todos», basada en el respeto a las libertades humanas, la pluralidad de ideas y posiciones políticas y el derecho de todas ellas a constituir una opción de gobierno.

O de lo contrario, persistir en el desconocimiento de estas realidades, creer que es suficiente con expulsar a los disidentes más visibles y amedrentar a quienes protestan, y en algún momento enfrentar una nueva crisis política. La alternativa es entre el sentido común y la soberbia.  

27 julio 2022 24 comentarios 2,8K vistas
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Reforma

Reforma o Revolución

por Gladys Marel García 26 julio 2022
escrito por Gladys Marel García

Los conceptos de libertad, justicia social, progreso, han sido y continúan siendo contenidos que los pueblos han reclamado persistentemente. Bien si se trata de una revolución o de demandas por reformas a sus gobiernos.

Ellos fueron enarbolados de manera espontánea en Cuba durante la manifestación popular del 11 de julio del 2021, ante la crisis provocada por el diseño y aplicación incorrectos de la «Tarea Ordenamiento», que afectó a varios sectores en el país.

Su puesta en práctica fortaleció errores de larga data cometidos en los ámbitos político, económico y social y condujo a un conjunto de injusticias: una vida miserable en muchos casos, insuficiencia y escasez de alimentos y medicinas para adultos y niños, en pleno auge de la pandemia; inflación de precios en el mercado, que cada vez van en aumento; situación crítica con la electricidad y el gas; desigualdad al situar mercados en los que solo puede comprarse con una moneda digital, el MLC, alimentos que no existen en el mercado en CUP. Estos fueron algunos de los factores que provocaron que cientos de personas se movilizaran, reclamando la solución de sus conflictos.   

Lo peor sucedió con el llamado de la jefatura del Gobierno al enfrentamiento violento de una parte del pueblo contra otra. La orden dada aquel 11 de julio al aparato militar y civil represivos, fue la de enfrentar al pueblo y reprimirlo, lo cual desembocó en el combate entre una parte de la población afín al gobierno y la otra, en defensa de la libertad y justicia social.

Cientos de hombres y mujeres, mayoritariamente jóvenes y hasta menores de edad, fueron detenidos. Los tribunales los condenaron arbitrariamente por «Sedición», acusándolos sin evidencias de contrarrevolución o de querer producir un golpe de estado, algo solo inherente al enfrentamiento militar contra el gobierno; cuando en realidad la manifestación lanzaba demandas reformistas.

Tales injusticias provocaron en las redes sociales el clamor de libertad para casi todos los cubanos condenados a numerosos años de cárcel. El problema no ha tenido solución. Continúa socavando a sujetos y familias. Ejemplos de manifestaciones populares han ocurrido en los últimos días en Cienfuegos, Camagüey y Pinar del Río, sin que se haya producido una reacción violenta del Gobierno y sus fuerzas represivas. Vimos en las redes sociales los videos de lo sucedido.

En Cienfuegos los pioneros, colocados a uno y otro lado de la calle y en silencio, observaban la manifestación fúnebre por la niña de siete años  fallecida como consecuencia del dengue hemorrágico. En ella participaban los familiares, la comunidad, maestros y alumnos del sector de la educación.

En Camagüey se produjo otra manifestación fúnebre, ante el fallecimiento, también por dengue hemorrágico, de una joven doctora del sector de la medicina, que se encontraba en estado de gestación. La comunidad se concentró tras la manifestación fúnebre que la acompañaba hasta el cementerio, y en la despedida del duelo se aludió a lo que estaba sucediendo.

Mientras, en Pinar del Río, como resultado de la falta de electricidad, familias, con niños entre once y trece años aproximadamente, según se apreciaba en las imágenes, se lanzaron a la calle. Un dirigente intentó dialogar, pero sus palabras apenas se escuchaban porque los manifestantes gritaban exigiendo al gobierno la solución del conflicto eléctrico, y otras reclamaciones.

Lo más significativo fue que ante estas manifestaciones no hubo reacción de violencia represiva física, de una parte ni de la otra, pero sí verbal por los que reclamaban. Este modo de actuar del pueblo es muestra de una táctica nueva para exigir sus demandas.  

Todo lo ocurrido me hizo rememorar la manifestación fúnebre del 27 de mayo de 1957, en el entierro de los combatientes revolucionarios Julio Pino Machado y Agustín Gómez Lubian, Chiqui, en Santa Clara. El pueblo desfiló sin ser agredido por el cuerpo policiaco que lo custodiaba. Meses después, el 30 de julio, debido al asesinato de Frank País, la manifestación fúnebre espontánea en Santiago de Cuba se transformó en huelga general revolucionaria organizada, que se extendió hasta las inmediaciones de la capital habanera.

En aquellos tiempos luchábamos por llevar a cabo una revolución contra la dictadura. En estos tiempos, las manifestaciones tienen lugar por demandas del pueblo ante los conflictos económicos, políticos y sociales que ocurren en la vida cotidiana y por la vulnerabilidad que enfrentan.  

Las medidas tomadas por el régimen en 2021, entraron en contradicción con el proyecto de Revolución cubana de mediados del siglo veinte, que nombró a José Martí como su autor intelectual. Aquel proclamó su propósito de Nación, e hizo suyas las tesis de libertad, soberanía económica y justicia social, progreso y democracia del pueblo. Objetivos a los que se añadió la tesis chibasista de «barrer» con la corrupción político-administrativa.  

Han transcurrido casi setenta años del 26 de julio de 1953. En la década del cincuenta del siglo pasado éramos jóvenes unidos por los lazos de la Patria y de la Revolución verdadera, superior a nosotros mismos. Sentía en aquellos tiempos que nos había tocado la gloria de hacer y escribir la historia futura y me decía a los veinte años: ¡Benditos sacrificios! ¡Bendita gloria la que tenemos en nuestras manos!  

Durante el transcurso de la lucha contra aquel régimen pensaba en la moral diariamente, y cuando me hicieron prisionera en dos ocasiones, cuando estuve encerrada, tuve tiempo de pensar en nosotros mismos, que enfrentábamos las bajezas de la vida. Reflexionaba en el dolor, en las torturas, en el sufrimiento de nuestros seres queridos, en el encierro en las prisiones, los golpes, las torturas, las vejaciones, los asesinatos. Vivía convencida de que todo lo podíamos soportar porque estábamos muy alto y éramos dignos de nuestra Patria, de la Humanidad.

Mi ánimo, mi entusiasmo, la fé con que luchaba y continúo luchando por la libertad y la justicia no han decaído. Sabía que en nuestras manos estaba el futuro de Gloria y no el de un fracaso. Escribía en aquellos años: «He visto gozosa cada día que pasa la grandeza de nuestra Revolución», y añadía después del llamado «fracaso» de la huelga del 9 de Abril de 1958: «(…) el pueblo vuelve a nuestras filas otra vez. Todo se está reorganizando y volvíamos a estar unidos (…) El desmembramiento existente al principio se ha ido allanando y todo se ha aclarado».

Recuerdo los mensajes al pueblo, cuyos documentos atesoro. Entre otros el mensaje «Carta a nuestros Militantes» del por qué luchábamos. (1)  Entre los once puntos de su contenido explicábamos que «al ser avanzada del movimiento de recuperación ciudadana contra  la dictadura y en el mañana los pilares sobre los que ha de apoyarse la reconstrucción del país», ellos tuvieran «una noción clara de los principios que han de guiarnos en estas jornadas, para que el impulso generoso del corazón sea guiado por la aptitud reflexiva de la mente». También insistíamos en el valor de la coherencia entre nuestros pensamientos y actitudes cívicas:

«Los que defendemos la democracia, las libertades y las buenas costumbres públicas y privadas, tenemos que creer en ellas ciegamente. No puede haber contradicción alguna entre los principios que defendemos y la forma como los defendemos. Nuestra honradez, en todos los actos de nuestra vida, tiene que ser tan acrisolada que no deje grieta alguna por donde pueda deslizarse la crítica de nuestros conciudadanos o de las anteriores generaciones aun vivas, pero en la retaguardia, con las que la Historia nos comparará para encontrar el saldo positivo de nuestra obra. Por ello has de incorporar a tu pensamiento y a tu conducta, los principios por los cuales luchamos».

Reforma

¿Por qué luchamos?

  1. Luchamos no para arrebatarle a un hombre el poder mal habido, sino para cumplir una misión histórica. Que el nombre de ese hombre se haya convertido en el blanco de nuestros ataques verbales, es debido a que el mismo resume en sí todo cuanto nos repugna y degrada a la República.  
  2. Luchamos porque sea principio inmutable de la Nación el gobierno representativo de elección popular, y para demostrar que estamos dispuestos a perecer antes que aceptar mansamente el destino de súbditos sumisos e impotentes de una tiranía militar.
  3. Luchamos porque prevalezca en el país el gobierno civil por encima de las instituciones militares, muy respetables y necesarias cuando se limitan a su rol de protectoras de la seguridad nacional; porque la educación, la cultura, el cultivo de la inteligencia al servicio de la técnica y del progreso sean las metas de la gestión principal del Estado Cubano. Frente a las obras públicas rimbombantes, que dejan márgenes fabulosos a sus patrocinadores, impuestas inconsultamente y a latigazos, nos decidimos por el modesto disfrute de libertad sin ostentaciones faraónicas. Preferimos aquella y «el respeto a la dignidad plena del hombre», a los túneles costosos y los monumentos hipócritas. ¿Además, quién ha dicho que para que el país progrese materialmente es preciso sojuzgar las voluntades y las conciencias?
  4. Luchamos por el derecho a pensar y a producirnos públicamente, sin censura; sin más limitación para nuestra libertad que la que impone a cada cual la libertad de los demás y el feliz desenvolvimiento de la vida social.
  5. Luchamos por una distribución más justa de la riqueza nacional. Por una mayor participación del obrero en los dividendos de la industria para la cual trabaje. Por abrir nuevas fuentes de trabajo. Por una política laboral de ocupación plena durante todo el año. Por que durante el «tiempo muerto» el potencial humano de la industria azucarera sea absorbido por actividades agrícolas e industriales de subsistencia. Por la inamovilidad del empleado público y la carrera que regule el ingreso y permanencia en la administración estatal, provincial y municipal.
  6. Luchamos por elecciones libres en los sindicatos, para conseguir mejores condiciones de trabajo, de salario, y de participación en las ganancias, dentro de las oportunidades que conceden las leyes, el buen sentido, y el progreso de las doctrinas y experiencias sociales. Contra la dictadura proletaria de Mujal, paralela con la de Batista, luchamos los partidarios de la libertad sindical.

    Reforma

    Eusebio Mujal Barniol (al centro leyendo), secretario general de la CTC.

  7. Luchamos por la reforma agraria. No por la colectivización de la agricultura, sino por una radical y justa planificación de la misma, de suerte que desaparezca el latifundio improductivo, sustituido por un sistema en el que las tierras baldías sin cultivar pasen a manos de los que están dispuestos a hacerlas producir. Luchamos y lucharemos porque no quede un campesino hambriento mientras haya un pedazo de tierra cubana por cultivar.
  8. Luchamos por perseguir y castigar el peculado, la malversación de los caudales públicos. Contra los ladrones del tesoro nacional, de ayer, de hoy y de siempre. Entendemos que la nueva República tendrá que ser lo más severa y ejemplar posible contra las dos figuras delictivas más perjudiciales de la vida pública hispano-americana: la sublevación militar contra los poderes legítimos del Estado, y la apropiación para uso personal del dinero del pueblo.
  9. Luchamos por reintegrar la ley a su antigua majestad. Si hoy nos vemos obligados a aplicar con nuestras propias manos y con severidad la justicia revolucionaria contra los militares, que deshonrando el uniforme que sufraga la República se dedican a aterrorizar, a torturar y asesinar a la inerme población cubana, y a sus aliados los políticos corrompidos dedicados a propiciar la situación legal que ampare tanto crimen, así como los confidentes y delatores de nuestros abnegados militantes; mañana, una vez vencida la Dictadura y restablecida la normalidad institucional, serán los jueces y los tribunales ordinarios los encargados de relevarnos de tan ingrata misión.
  10. Luchamos para demostrar a las grandes potencias que la libertad no es un artículo de uso doméstico y privado, sino un bien universal. Victoriosos hemos de ofrecerla, por qué no, a todos aquellos hermanos americanos que aún padezcan el oprobio de un gobierno autocrático, unipersonal. La democracia no admite contradicción ninguna. Si la defendemos en el frente doméstico, no podemos desconocerla en el frente internacional.
  11. Luchamos, en fin, por una República con libertad y con pan; con legalidad y bienestar para todo el que sienta como ley principal de la vida, el oficio sublime de ser un hombre libre.

Han transcurrido más de sesenta años. El momento actual es de reformas, no de revolución. Los objetivos de la generación que enfrentó a los mambises corrompidos en el poder y dirigieron la Revolución del Treinta contra la dictadura de Gerardo Machado, fueron diferentes a los de nuestra generación del centenario martiano contra la dictadura de Fulgencio Batista.

En nuestros días, los objetivos de la nueva generación deben ser reformar desde abajo, con su participación cívica, todo lo que contribuya a solucionar la crisis por la que atraviesan la Nación y el pueblo de Cuba.

  La Habana, 16 de julio del 2022.

***

(1) El documento «Carta a los Militantes», no. I, Serie II, de las Células Revolucionarias de Base, —publicado en 1958 con la firma Libertad o Muerte Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Dirección Provincial de La Habana—, fue reproducido en Razones, Órgano de la Sección Nacional de Propaganda de las Células Revolucionarias de Base del Movimiento 26 de Julio. no. 1, enero, 1959. Sumario: ¿Por qué luchamos?; Las Fuerzas Armadas y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio; Introducción al tema Económico. (precio: 10 centavos).

26 julio 2022 36 comentarios 4,3K vistas
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Deudas

Las otras deudas del Estado

por Arturo Mesa 15 julio 2022
escrito por Arturo Mesa

El jueves 16 de julio del 2020, en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, fue aprobada la Estrategia económico-social para el impulso de la economía bajo la doctrina de que no se podía continuar haciendo lo mismo en el ámbito económico  porque de esa manera no se obtenían los resultados deseados.  Mañana se cumplirán dos años de que fuera certificada la mencionada estrategia, así como de la implementación de una serie de medidas para intentar vencer la crisis, y lo que sí resulta evidente es que hoy, veinticuatro meses después, no nos encontramos ni remotamente mejor que entonces.   

El panorama económico nacional sigue mostrando inusitado desabastecimiento,  enorme limitación productiva y precios que sobrepasan por mucho el poder adquisitivo de la gran mayoría. Es decir, la estrategia que —en medio del bloqueo y pensada para contrarrestarlo— debió marcar el inicio de una paulatina recuperación, lo único que ha dejado han sido más dudas y deudas que alegría en  la población.

Una de esas deudas radica precisamente en el propio discurso oficial; cabría recordar que al día siguiente de los anuncios, el presidente de la corporación CIMEX, Héctor Oroza Busutil, encargado de explicar el nuevo diseño monetario, explicó que «los productos de línea económica, principalmente de alimentos, aseo e higiene, se continuarían vendiendo y asegurando en la red del comercio tanto en CUP como CUC». Sin embargo, actualmente en las tiendas en CUP apenas se encuentran productos alimenticios, lo cual  genera malestar, violencia y colas,  mientras las tiendas en MLC son las únicas que muestran cierta presencia de esos productos, aunque a precios inalcanzables.

Por aquella misma fecha, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa aseguraba que en Cuba nadie quedaría desamparado ni se tomarían medidas de choque. El uso de un lenguaje económicamente correcto resulta hoy bastante complejo y lleno de interpretaciones, pero lo cierto es que el desabastecimiento y la existencia de una moneda y un mercado inaccesibles para muchos, han llevado a situaciones de verdadero desconsuelo en un segmento de la población que carece de tales posibilidades. Asegurar que nadie quedará desamparado no es discurso aconsejable en estos momentos en una cola de dos días para adquirir un litro de aceite.

Deudas

Cola para adquirir aceite en la esquina de Toyo.

El mismo presidente Miguel Díaz-Canel, en su argumentación sobre lo que se consideraba una nueva fase estratégica, mencionó el loable objetivo de que esta se centraría en la producción de alimentos y el desarrollo de la soberanía alimentaria, para lo cual se han trazado cientos de medidas en el sector agrícola. Dos años después comprobamos que incluso el azúcar, que fue durante siglos el producto insignia de la nación, acaba de tener su peor desempeño histórico, en tanto las carnes, viandas y vegetales continúan con marcado incremento en sus precios.

Mucho más desalentador resulta escuchar los análisis de quienes se encargan de trazar la política de precios para los tan necesarios alimentos. En un texto publicado por Cubadebate —fechado el 21 de junio del 2022 y titulado «Precios estatales sin tope oficial, ¿inflar la inflación?»— Félix Granada, especialista de precios de CIMEX, detalló que importar un kilogramo de queso Gouda cuesta al país 113 CUP. No obstante, se sabe que su precio de venta ha llegado hasta los 14.75 MLC el kilogramo, lo cual dista mucho de la intención comercial de proveer un artículo y conseguir un margen lógico de ganancias.

 ¿Cuántos productos no pasan hoy por esa estrategia tan desatinada para estos tiempos? En su explicación, el directivo comenta a seguidas que muchas veces para fijar precios a producciones nacionales primero se analiza el mercado —¡entiéndase informal!— y en otros casos se valora cuánto costaría importar un producto con similar calidad al nacional para luego fijar su precio, lo cual incluiría trámites y procedimientos costosos de importación que igualmente van a parar al precio aunque el producto no pase por dichos trámites.

Los pueblos, las comunidades, los electores, desean escuchar de sus elegidos promesas concretas que involucren mejoría en sus niveles de vida y mayor acceso a empleos y alimentos. Quienes dirigen, llegan al poder gracias a esas promesas; pero dos años de gestión resulta tiempo suficiente para mostrar resultados incipientes o, al menos, esperanzadores. Ese no es el escenario que se vive en Cuba.  

En las referidas alocuciones, el presidente aseguró que se iban a mantener, «a un costo tremendo», un nivel de venta en las tiendas en CUC. Confieso que la expresión: «a un costo tremendo» me resultó tremendamente innecesaria entonces. Hoy, tras comprobar la situación de las ofertas existentes, tenemos que aceptar que lo menos criticable a la fecha fue precisamente aquella triste acotación.

Alejandro Gil, ministro de Economía, también ha hecho reiteradas afirmaciones que se constituyen en deudas. En un análisis sobre la posible solución al tema inflacionario, explicó que no se podía vender divisas para intentar reducir la tasa de cambio contra el CUP porque, de usarse esas divisas con tal objetivo, después no podría garantizarse la compra de los tan necesarios  barcos de pollo o de combustible.

En comparecencias anteriores se había anunciado que ya los bancos no podían continuar recibiendo depósitos en dólares. Si esos dólares, sea por exceso o por imposibilidad de uso, no circulan, ¿qué peligro implicaría llevarlos al mercado cambiario para reducir la inflación de la divisa, como han sido propuesto diversos economistas? También cabría preguntarse ¿cómo existe la opción de comprar el barco de pollo en dólares, como él afirmó y, sin embargo, no se puede seguir aceptando esa moneda?

Posteriormente, ante la quinta Sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en su novena legislatura, el ministro de Economía anunció por fin la venta paulatina de divisas o MLC a «ciertos actores de la economía» que lo requieren para mejorar su gestión productiva. Dos meses después, aún la medida no se ha ejecutado, como si no estuviésemos urgidos de acciones inmediatas.

Siguiendo con el tema de las deudas, en octubre del 2021 el ministro Gil explicó, ante la Asamblea Nacional,  que de las ventas en MLC se habían utilizado más de 300 millones de dólares para surtir la red de comercio en moneda nacional. Y aquí se impone la pregunta: ¿qué significan 300 millones de dólares en materia de alimentos cuando el país requiere desembolsar anualmente más de 2000 millones con ese objetivo?

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Viceprimer ministro cubano y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández. (Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)

¿Valdrá la pena realizar tal ecuación —¡con sus efectos!— por una décima parte de lo que necesita el país solamente para alimentos? ¿Es esta la única opción a mano, o la única que se ha querido ver?  ¿Se tuvo en cuenta la opinión de aquellos que no poseen dichas monedas? ¿Se podrá convencer a esas personas de que esta medida no es una terapia de choque?  

Otra de las deudas palpables, pasados dos años, se relaciona con el turismo y la cantidad de recursos dedicados al desarrollo del sector.  Al respecto, el profesor Juan Triana Cordoví  en su texto del 21 de febrero del 2022 señala que en este año, según el plan de la economía aprobado por la Asamblea Nacional, se proyecta la terminación de 4 mil 607 habitaciones nuevas para alcanzar una cifra de 84 mil 906 en el sector estatal.

Se aprobó también —nos dice el profesor— que 27 443,5 millones de pesos (el 24% de la inversión total del país) se dedicarán al turismo, a pesar de ser una industria riesgosa y requerir de inversiones en áreas de producción de alimentos para recobrar estabilidad en los precios además de una presencia más constante en tarimas.  

Para reafirmar lo erróneo de esta política, el aludido economista explica, en texto del 27 de junio pasado, que según la ONEI  la tasa de ocupación habitacional en el primer trimestre del 2022, para todo el país, fue de apenas 14%. Es decir, el 86% de la capacidad ocupacional en el sector se ha visto inutilizada o con un muy bajo nivel de retorno y, a pesar de ello, se decide continuar construyendo nuevas y lujosas instalaciones.

Tampoco se  ha esclarecido cómo se piensa reajustar el pésimo diseño que realizara la Comisión de implementación de los Lineamientos. Esto implicaría otro ordenamiento, que a la fecha no se vislumbra. La Comisión no solo no cumplió con su mandato, sino que diseñó un sistema salarial y económico causante de una inflación que hasta la fecha no se detiene, y nos coloca entre los países de más alta inflación reconocida.

A la cuantiosa deuda habría que sumar asimismo los salarios y gastos de representación que durante diez años recibieron los miembros de la Comisión para el supuesto diseño efectivo de cambios que nunca sucedieron. Entre estos anunciados cambios sobresale la eliminación de una  dualidad monetaria, que hasta la fecha se mantiene y agrava.

  Si tal comisión, en sus análisis, pensó y defendió la tesis de que la canasta básica era el punto de partida del salario —según enfatizara públicamente Marino Murillo—, hoy nuestros salarios apenas permiten acceder a otros productos que no sean alimentos y aseo y, hasta la fecha, ninguna nueva Comisión se ha expresado sobre la manera de revertir la situación. Esta parte resulta particularmente preocupante, pues se trata de una deuda contraída con la esperanza.

Otra explicación pendiente por parte de las autoridades resulta la presencia de tiendas virtuales, tipo Katapulk o Supermarket 23, que ofertan productos alimenticios desde cuentas foráneas y sacan así, de la escasa oferta de alimentos, a otros productos nacionales que se pudieran vender en la moneda de acceso común.  

Nada más pertinente para concluir este análisis que las palabras del presidente Díaz-Canel cuando alertó que no se pueden seguir aplicando medidas que aumenten la desigualdad social. Me detengo en esta frase porque resulta muy válido que un funcionario, a cualquier nivel en la escala gubernamental, sea capaz de reconocer que eso es precisamente lo que han venido promoviendo las medidas adoptadas en el plano económico. Encontrar soluciones efectivas en plazos de tiempo definidos es lo que más urge al país. Un buen ejercicio para ello sería empezar por responder estas interrogantes y deudas con el propio discurso oficial.

15 julio 2022 16 comentarios 2,3K vistas
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Radicalizaciones y extremismos post 11-J

por Mario Valdés Navia 13 julio 2022
escrito por Mario Valdés Navia

Reza un antiguo proverbio maya: «Existen tres cosas que no tienen marcha atrás: la palabra dicha, la flecha lanzada, la oportunidad perdida». Como todo momento de crisis, el 11-J pudo dar paso a soluciones encaminadas a solventar sus causas; o, en su defecto, agravar aún más la situación de partida.

La intensa forma represiva que adoptó la respuesta gubernamental al estallido popular, no solo hizo que se perdiera tal oportunidad, sino que las palabras dichas, durante y después de los acontecimientos, y las flechas lanzadas a los temporalmente vencidos —protestantes, familiares y simpatizantes—, atizaron el fuego. En el año transcurrido desde entonces, los principales efectos generados son la radicalización de defensores y opositores al Gobierno/Partido/Estado y la adopción de posturas cada vez más extremas en el espectro político.

-I-

Recién ocurridos los hechos afirmé: «Restañar las heridas de estos días y sobrepasar este momento difícil exigirá valor, mesura y tacto político al gobierno y a sus oponentes. La hora actual de Cuba es más para el diálogo y la persuasión que para las redadas y los encarcelamientos». A falta de las condiciones enunciadas, el camino escogido por el Poder sería también el de la continuidad en el empleo de sus instrumentos de violencia física: redadas, detenciones y encarcelamientos.

Además de ellas, desde el primer momento hubo otras actitudes inapropiadas que tiñeron de extremismo la respuesta gubernamental:

— Atribuir los hechos a un intento de alzamiento contrarrevolucionario acorde a un plan subversivo forjado en el exterior y coordinado a través de las redes sociales, en lugar de reconocerlo como un estallido social impulsado por causas inmediatas —incremento exponencial de los enfermos de Covid-19, alta inflación y aumento del costo de la vida como resultado de la «Tarea Ordenamiento», cortes eléctricos y mantenimiento por el gobierno de Biden de las medidas reforzadoras del bloqueo de su predecesor Trump— y mediatas: no aplicación de las reformas anunciadas tres lustros antes, sumada a la discriminación política y la falta de libertades propias del modelo de socialismo burocrático.

La posibilidad de un estallido social había sido anunciada en posts, artículos, entrevistas y ensayos, escritos dentro y fuera de Cuba; todos fueron ignorados por el Gobierno/Partido/Estado, renuente a tomar al menos medidas liberalizadoras de la economía que mitigaran las penurias de la población.

— La convocatoria del secretario-presidente Miguel Díaz Canel en comparecencia pública —donde se olvidó del Estado de Derecho proclamado en la Constitución 2019—, a que los comunistas y seguidores de la Revolución salieran a los espacios públicos a imponer el orden por la fuerza, según el antiguo lema: «La calle es de los revolucionarios».

Aunque fueron pocos los civiles que salieron a cumplir el reclamo presidencial, la respuesta de las fuerzas represivas fue airada. Al estilo de un régimen pretoriano in crescendo, tropas especiales del MINFAR y cadetes de las escuelas militares se unieron a la policía y a los agentes de Seguridad del Estado en el empleo de la fuerza.  

— La suspensión del servicio de Internet en todo el territorio para evitar que se mostrara al mundo los acontecimientos en vivo.

— El apresamiento violento y la vejación bajo custodia de manifestantes detenidos; así como el irrespeto a sus familiares, que recorrieron en su busca, durante días, estaciones de policía, hospitales y prisiones.  

Desde el lado de los manifestantes, el sentimiento más presente en aquellas jornadas fue el asombro en una doble condición: por una parte, fascinación ante su propio gesto de salir a la calle a gritar anhelos constreñidos, sin orden ni concierto; por la otra, estupefacción y temor ante el cariz que tomaron las cosas, tanto la magnitud de la protesta como la represión oficial.

No obstante la inexperiencia, espontaneidad y obstinación que marcaran la actuación de los indignados, existen principios universales que rigen la expresión del derecho ciudadano a protestar y que no deben ser ignorados si se pretende que los actos transcurran en un clima de paz. Entre ellos destaco dos que considero fundamentales: el carácter pacífico, a partir de una actitud de no violencia, principio rector de una conducta cívica; y la no internacionalización del conflicto, menos aún la apelación a una intervención extranjera.

-II-

A tenor con el principio de la no violencia, hay que reconocer que, independientemente de la justeza de los móviles que lanzaron a las calles a miles de ciudadano/as, actuaron mal los que atentaron contra coches de la policía, rompieron y saquearon tiendas en MLC y apedrearon instituciones gubernamentales —aunque el supuesto asalto al hospital de Cárdenas, tan publicitado en los primeros días, terminara siendo sobreseído y desapareciera de los medios oficiales.

Es evidente que la falta de prácticas cívicas callejeras afectó a todos los participantes. En Cuba, donde los desfiles multitudinarios solo ocurren para congratular al Gobierno/Partido/Estado, los ciudadanos no protestaban masiva y públicamente contra el régimen desde el Maleconazo de 1994, veintiséis años atrás. Pero las diferencias entre ambos hechos son notables.

extremismos

Los ciudadanos no protestaban masiva y públicamente contra el régimen desde el Maleconazo de 1994.

El 5 de agosto de 1994, miles de personas salieron a manifestarse en Centro Habana y Habana Vieja y se cometieron actos vandálicos. El clima imperante era de agudización de la confrontación política por los efectos de la crisis del Período Especial y una fuerte influencia subversiva externa, evidenciada en el fomento al secuestro de embarcaciones y aeronaves para la emigración ilegal, y otras acciones violentas que habían provocado varias muertes.

La más relevante fue el intento de secuestrar el remolcador «13 de marzo» en la bahía de La Habana, y su posterior hundimiento tras chocar con lanchas guardafronteras que le cerraban el paso. En el fatal acontecimiento murieron ahogadas treinta y dos personas —veinte de ellas infantes—, y treinta y una fueron rescatadas. La atmosfera social estaba soliviantada por ánimos de violencia.  

En 1994 la reacción gubernamental también fue reprimir violentamente las manifestaciones con grupos de respuesta rápida y policías de civil, aunque sin llegar a las sádicas golpizas del 11-J. La presencia de Fidel en el lugar de los acontecimientos terminó de aplacar los ánimos. Hubo centenares de arrestos; pero casi de inmediato fueron liberados y muy pocos llevados a juicio y encarcelados.

La Crisis de los Balseros (julio-septiembre) terminó cuando el Gobierno firmó un nuevo acuerdo con EE.UU. que amplió la emigración legal; asimismo, implementó un paquete de medidas liberalizadoras que incluían la creación del Mercado Libre Agropecuario y la ampliación de las ventas en USD.

En julio de 2021 no existía tal grado de agudización previa de la confrontación Gobierno-disidentes ni de la intromisión externa; sin embargo, se hizo evidente que los niveles de obstinación —en su acepción cubana de cansancio, agotamiento, agobio— de la ciudadanía, eran tan altos y masivos que las protestas no se circunscribieron a la capital, sino que ocurrieron en unas cincuenta y cinco ciudades y poblados a lo largo del país. En lugar del centro comercial citadino, los escenarios principales fueron poblados y barriadas pobres, que yacían en la penuria agravada por el confinamiento pandémico y los apagones, en medio de la canícula veraniega.

Por eso, y ante la ausencia en el año transcurrido de un informe público oficial sobre los hechos que aporte nuevos datos, reitero que lo ocurrido el 11-J fue una manifestación espontánea de la ira popular que ni siquiera puede catalogarse de sublevación. A contrapelo de la versión oficial, sostengo que sucedió precisamente porque no estaba planificada, ni hubo concierto entre cientos de personas, menos aún integración en un plan subversivo coordinado y dirigido desde el exterior para generar acciones de violencia a nivel nacional.

Su sesgo espontáneo y popular tomó por sorpresa a las autoridades y al propio pueblo. De otra forma, siendo el Servicio de Seguridad interna lo que mejor funciona en el país, difícilmente hubieran podido acaecer hechos como aquellos.

En los doce meses transcurridos, el Poder ha mantenido un alto nivel de represión sobre los manifestantes del 11-J. Este incluye un repertorio diverso de medidas punitivas: vigilancia y acoso a ellos y sus familiares, tratos abusivos, arrestos domiciliarios, arbitrarias detenciones y prohibiciones de salir de la casa y transitar. En octubre/noviembre, de manera extremista, el Gobierno se negó a conceder el permiso solicitado por actores de la sociedad civil para realizar una protesta pacífica en varias ciudades: la Marcha cívica por el cambio.

extremismos

A su vez, el nuevo Código Penal, aprobado en marzo de 2022, fortaleció el arsenal represivo al reformular antiguos delitos contra el Estado como delitos hacia el orden constitucional, en pos de adulterar la aplicación del derecho a la libertad de expresión política. Así, añadió figuras que admiten una amplia gama de interpretaciones extremistas por parte de las autoridades, entre ellas:

— el deliberado «uso abusivo de los derechos constitucionalmente reconocidos, con fines de subvertir el orden político, económico y social de la nación»;

— «el financiamiento de la actividad contrarrevolucionaria, subversiva o cualquier otra que no esté legalmente establecida, a través de sujetos que la realizan en nombre de un gobierno, organizaciones de carácter internacional, no gubernamentales u otras»;

En particular, fue terrible para detenidos y familiares el momento de los juicios y la proclamación de las largas condenas aplicadas a la inmensa mayoría de los más de setecientos que aún permanecían en prisión a fines de año; condenados por delitos de tan difícil probatura como la sedición.

-III-

En el contexto histórico-cultural cubano, no puede ignorarse que el principio de la no internacionalización del conflicto interno adquiere un sentido agónico. El intento de radicalizar cualquier protesta social y presentarla como evidencia de que Cuba es un Estado fallido, incapaz de mantener el orden interior, peligroso para la seguridad regional y, en consecuencia, merecedor de una intervención internacional humanitaria, debería ser inadmisible para cualquier patriota, independientemente de su sesgo ideológico.

El 11-J, la manifestación actual del viejo Síndrome de la Enmienda Platt: el mantra extremista de «la intervención humanitaria», fue repetido por diferentes agencias, políticos y cibernautas, e inundó las redes sociales. También brotó desde la Isla, unas veces por radicalismos ideológicos y otras al calor de la represión violenta y la difusión de imágenes y narraciones de los excesos cometidos.

La cuestión esencial es que el viejo conflicto entre los cubanos que —independientemente de sus ideas políticas y opinión sobre el gobierno—  defienden la independencia y soberanía nacionales, y los que apuestan por la dependencia política respecto a EE.UU., continua vivo tras siglos de existencia. Los que rechazamos el actual modelo de socialismo estatizado, burocrático y militarista, al tiempo que defendemos el derecho de la Isla a la autodeterminación y la soberanía, hemos de lidiar con este fantasma una y otra vez.

Si bien es cierto que el Gobierno/Partido/Estado lo blande como anatema frente a cualquier crítica y/o disidencia, también lo es que destruir al régimen cubano por la fuerza de una intervención militar es una variante presente en el repertorio de opciones, no solo de sectores importantes del US Goverment, sino también de muchos cubanos opositores, tanto emigrados como residentes en la Isla.

Los radicales que prefieren, antes de soportar una Cuba socialista, verla destruida, masacrada y ocupada militarmente por fuerzas extranjeras, asumen una actitud no solo extremista en lo ideológico, sino profundamente antinacional. La historia de dos siglos de luchas del pueblo cubano por constituir una república independiente, ha costado sacrificios sin parangón para venir a terminar en un holocausto cuando el modelo obsoleto de socialismo estatizado no da para más. Solo una invasión extranjera y la consecuente guerra popular de resistencia podrían reservar a este régimen fracasado un final tan heroico e inmerecido como ese.

Por demás, los que clamaron ese día por la intervención humanitaria no deben hacerse ilusiones. La prioridad del actual gobierno norteamericano es disminuir la emigración masiva ilegal y lo menos que desea es una guerra en su inestable frontera sur. El propio Bob Menéndez dejó establecido que aquel país no pretendía intervenir ni permitir un éxodo masivo. Las soluciones tendrán que ser encontradas y aplicadas entre cubanos.

extremismos

-IV-

El Gobierno/Partido/Estado debe garantizar la gobernanza y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a todos los ciudadanos en un entorno de civilidad. Para ello es fundamental la implementación de mecanismos legales encaminados a la organización de actos de protesta y la protección a los participantes. Si a un año del 11-J el artículo constitucional que establece el derecho a las manifestaciones públicas ni siquiera ha sido habilitado, es porque no existe voluntad estatal de aprobar normas al respecto.  

Cuando se proclamó la Constitución en 2019, el Decreto Ley del Consejo de Estado sobre derechos de manifestación y reunión —que regularía el mecanismo para la autorización y realización de manifestaciones y reuniones—, se programó para septiembre 2020. Llegada esta fecha, se planteó que no se aprobaría por la pandemia. Sin embargo, se oficializaron otras normas ligadas a la organización del aparato estatal que ni siquiera estaban en el cronograma inicial. De haber contado con un instrumento legal como este, el pueblo del 11-J quizás hubiera planteado sus demandas en un clima de libertad y tolerancia y no hubiera existido espacio para la violencia callejera y las detenciones masivas.

Por otra parte, a un año del 11-J continúan sin ejecutarse con celeridad una serie de reformas plasmadas en importantes documentos del Partido y el Estado y aprobadas por la voluntad popular. Algunas son leyes programadas por la propia Constitución 2019 y postergadas una y otra vez, como la de Reclamación de los derechos constitucionales ante los Tribunales; otras, como la creación de las mpymes, ya fueron proclamadas, pero su aplicación se dilata absurdamente, a través de un proceso que incluye la aprobación del Consejo de Ministros.

Lo más preocupante en este primer aniversario del estallido social, es que el verano 2022 promete ser aún más difícil que el anterior. La espiral inflacionaria provocada por la «Tarea Ordenamiento» ha alcanzado cifras inimaginables impulsadas por los pobres resultados productivos en las ramas agropecuaria e industrial, la caída de las importaciones y la crisis mundial provocada por la guerra en Ucrania.

La extensión imparable del uso de divisa extranjera —mediante tarjetas MLC, VISA o MASTERCARD—, introduce una distorsión en los mercados que deteriora sin freno el valor del peso cubano y, con él, de los ingresos de las familias trabajadoras. De ahí que la pobreza alcance ribetes extremos en numerosas comunidades urbanas y rurales. Recientemente, manifestaciones airadas en las redes sociales de madres y padres que reclamaban sus derechos conculcados –tanto políticos como económicos−, y la amplia aceptación social que ellas logran, muestran los altos niveles de radicalización alcanzados por amplios sectores sociales.

Ojalá las voces que claman por un diálogo nacional, por la liberalización de la vida económica, la sociedad civil y las opiniones políticas; sean más fuertes que las de los extremistas, de ambos bandos, que se atrincheran en la defensa a cualquier costo de sus dogmas anacrónicos. Es hora de organizar un gran debate nacional con la presencia del Gobierno y actores de la sociedad civil para reorientar los destinos de Cuba hacia una sociedad más plural, democrática y participativa; acorde al modo de producción mixto que se promueve y a los derechos plasmados en la Constitución 2019.

Al odio y la soberbia de los extremismos de cualquier signo político-ideológico, ha de imponerse la voluntad de la mayoría para acabar de sacar a nuestro pueblo de esta sima de odio en la que nos vamos precipitando. El país no es de un grupo particular. Sus campos y ciudades, calles y plazas, no son del Partido/Gobierno/Estado y de los que los respalden: son públicos; es decir, de todo el pueblo cubano.

13 julio 2022 17 comentarios 1,9K vistas
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