Desde julio 11 del 2021, cuando ocurrieron grandes protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, Cuba persiste en un estado de agitación. A finales de septiembre y principios de octubre de 2022, hubo disturbios en varios barrios de La Habana y en diversas ciudades y poblados del interior. De acuerdo con el medio El Toque, entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, hubo noventa y dos protestas en treinta y seis municipios, doce de ellos ubicados en el área metropolitana de La Habana.
Estas se debieron en gran parte a los daños causados por el huracán Ian, que incluyó un gran «apagón» extendido a toda la Isla. Muchos cubanos se lanzaron a protestar en las calles, ayudados por la oscuridad que hacía más difícil su identificación por los órganos represivos.
Aunque este corte de electricidad fue muy extenso y duradero, no ha sido el único de los últimos tiempos, motivados por la falta de mantenimiento, negligencia oficial y escasez de combustible, debido en parte apreciable a la reducción de envíos de petróleo de Venezuela. Dicha situación causó que la comida refrigerada de cientos de miles de cubanos se perdiera, agravando la ya crítica situación alimentaria.
La insuficiencia de fuentes de energía y el mantenimiento pobre e inadecuado de las plantas eléctricas en Cuba, es parte de una más amplia crisis económica que ha afectado al país por mucho tiempo. Círculos de la izquierda internacional atribuyen la responsabilidad de tal crisis al bloqueo norteamericano, en vigor desde inicios de los sesenta del pasado siglo.
Sin duda alguna, el bloqueo, que merece ser calificado como criminal, ha dañado a la economía insular, por ejemplo, dificultando las relaciones económicas de Cuba con el exterior por las represalias que los Estados Unidos toman contra inversores capitalistas.
Durante la presidencia de Donald Trump el bloqueo fue profundizado con la restricción del número de vuelos de pasajeros y las transacciones comerciales y financieras entre los Estados Unidos y Cuba, antes permitidas. Adicionalmente, Trump designó a Cuba como «estado patrocinador del terrorismo», grave acusación con consecuencias negativas, tanto políticas como económicas.
Por su parte, el gobierno demócrata de Biden no ha hecho cambios mayores en la política hacia Cuba, al mantener su designación como estado patrocinador del terrorismo. Aunque sí relajó las restricciones al envío de remesas a la isla, y permitió más vuelos y que algunas categorías de ciudadanos norteamericanos pudieran viajar a la Isla.
No obstante, mucho más importante que el bloqueo norteamericano como causa de los problemas de Cuba, es la propia naturaleza del sistema económico que prevalece en la Isla. El mismo promueve la indiferencia, apatía, falta de responsabilidad e incentivos, sean económicos o políticos, como podría ser el control democrático de los trabajadores y de la nación en general, sobre todo en el predominante sector estatal de la economía. La ausencia de incentivos y la apatía se reflejan en que solo el 55% de los cubanos en edad laboral forman parte de la fuerza de trabajo, una de las tasas más bajas en América Latina.
Adicionalmente, las torpes políticas del gobierno cubano han agudizado la gravedad de los problemas económicos. Este fue el caso de la unificación monetaria, pospuesta por muchos años, para que el peso cubano fuera la única moneda en circulación y eliminara al CUC, especie de substituto del dólar y el euro creado en 1994.
El gobierno decretó que la supuesta unificación monetaria ocurriera el 1ro. de enero de 2021, con una tasa de intercambio de 1 por 24 entre el dólar y el peso. Pero esa tasa de intercambio, de hecho muy generosa dado el estado de la economía insular, asumía la ocurrencia de un aumento notable en la productividad del trabajo, que por supuesto no aconteció en ausencia de imprescindibles trasformaciones estructurales.
El cambio monetario ignoraba asimismo la considerable merma de dólares y euros debida al gran descenso del turismo con motivo de la pandemia. Las cifras hablan por sí mismas. En 2017, el turismo en Cuba alcanzó su pico histórico con 4 millones, 143, 000 mil turistas. Las medidas de Trump, que dificultaron los viajes de estadounidenses, fueron el factor principal de un descenso a 3 millones, 651 mil turistas en el 2019.
En 2017, el turismo en Cuba alcanzó su pico histórico con 4 millones, 143, 000 mil turistas. (Foto: Hostertur)
Pero la expansión de la pandemia dio un golpe mortal al turismo cuando las cifras se redujeron dramáticamente: a un millón, 85 mil en el 2020, y solamente 356 mil visitantes en el 2021. No es de sorprender que, debido a los efectos de la pandemia, el PIB descendiera a – 10.9 por ciento en el 2020. Cierto que creció 1.3 por ciento en el 2021, aunque sobre una base más baja.
Ante la situación económica del país a finales de 2020, economistas cubanos como Carmelo Mesa Lago, entre otros, predijeron que la unificación monetaria no tendría éxito y provocaría gran inflación. Efectivamente, la tasa de inflación llegó rápidamente al 77.3 por ciento en 2021. Mientras tanto, la escasez de dólares y euros subió considerablemente sus valores, al grado que mientras escribo estas líneas, a principios de noviembre, ambas monedas son cotizadas a 165 pesos, o sea casi siete veces la tasa oficial original de 24 a 1.
La escasez de dólares y euros tuvo amplia repercusión, social y política. La economía comenzó a depender cada vez más de los cubanos en el exterior, con la creación de las tiendas MLC (Moneda Libremente Convertibles) que solo aceptan monedas como el dólar y el euro. Vale la pena mencionar los altísimos precios que predominan en tales comercios, que se aprovechan de la ausencia de alternativas para los consumidores cubanos. La práctica de obligar a los consumidores a depositar el dinero proveniente de las remesas del extranjero en tarjetas, sirve al propósito de minimizar cualquier filtración de las remesas para otros propósitos no controlados por el estado monopolista y antidemocrático.
Las consecuencias sociales del rol predominante de las remesas son enormes, dado que se calcula que probablemente solo un 40 por ciento de la población cubana las recibe (obviamente en cantidades muy variadas). Ello implica que un 60 por ciento se queda fuera del juego y, por tanto, confronta enormes dificultades en obtener alimentos y artículos de primera necesidad, solo disponibles en divisas. Es de suma importancia notar que la población afrocubana está muy desproporcionadamente representada en ese 60 por ciento.
Es más que evidente que la desigualdad y la pobreza han crecido significativamente en Cuba, aunque esto no se puede documentar con cifras pues hace más de veinte años que las autoridades no las publican. Ante esta situación, uno esperaría un aumento del gasto social para compensar, pero ha ocurrido lo opuesto.
La legalización de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en el 2021, que permite compañías privadas autorizadas a emplear hasta cien trabajadores, han creado un nuevo fenómeno económico y social cuyas consecuencias no podemos todavía apreciar en plenitud. Por lo pronto, hay que tomar nota de los vínculos de algunos de los exitosos nuevos ricos propietarios de las PYMES con el gobierno cubano, y particularmente con la Seguridad del Estado.
Este parece ser el caso de la en apariencia exitosa fábrica de zapatos Jona´s Surl, localizada en la central zona de Camajuaní. Su asesor jurídico es un tal Yoandry Riverón, identificado como el «agente Cristian» de la Seguridad del Estado, involucrado en la expulsión de varios alumnos y profesores de la Universidad Central de Las Villas.
Cualquier parecido en este sentido con lo que sucedió en la URSS, no es nada sorprendente. Como sabemos, los silovikis (hombres fuertes) cercanos a Putin, provienen de los servicios secretos y fuerzas armadas rusas. Es el caso del propio Vladimir Putin, por muchos años agente de la seguridad del estado soviética en Alemania. Este grupo ha desempeñado un rol crítico en el desarrollo del capitalismo autoritario en dicho país.
El Estado rentista
Una de las causas significativas del declive de la economía y sociedad cubanas en los últimos años es su tendencia rentista, que se ha acentuado mucho en los círculos de poder. Podemos entender claramente la naturaleza del rentismo en el caso clásico de los propietarios de bienes raíces en las ciudades, que obtienen ganancias no a través del aumento de la productividad del capital invertido, sino como resultado de los cambios sociales y económicos en el ámbito geográfico dentro del cual existen dichas propiedades.
Como sabemos, las mejoras que un propietario puede hacer a una casa o apartamento forman una parte relativamente pequeña del valor mercantil de dicha propiedad, comparada con el valor del terreno donde se construyó. De ahí la expresión estadounidense location, location, location (ubicación) para referirse al valor de los inmuebles.
Con respecto a la posesión de la tierra, Carlos Marx —que siempre trató de evitar el uso de categorías morales y éticas en sus análisis económicos— no obstante, argumentó en sus Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844, que el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo. En ese contexto, Marx cita por extenso y con aprobación a Adam Smith, en el sentido de que, como indicó el economista escocés, los terratenientes aman cosechar lo que nunca han sembrado y demandan obtener rentas aun para el producto natural de la tierra.
Adam Smith
Tales políticas y actitudes rentistas auspician con frecuencia una actitud de oportunismo económico, pues permiten tomar máxima ventaja de la situación en que los propietarios se encuentren, dado que la tasa de ganancia o lucro mayormente no depende de lo que los dueños hagan para mejorar sus propiedades.
Este fue el caso de los latifundistas cubanos prerrevolucionarios, y también puede reflejarse en una actitud indiferente —sino hostil—, hacia la productividad de la agricultura y de la industria en economías extractivistas como la de los países petroleros. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, una nación rica debido en gran parte al hecho fortuito de poseer grandes reservas de petróleo en su territorio, donde hemos podido apreciar la indiferencia sino el abandono de la agricultura, cuyo origen precede a la crisis económica que ha ocurrido allí en años recientes.
El rentismo en Cuba
Ya para la segunda posguerra, los altibajos económicos creados por los ciclos de consumo internacional del azúcar motivaron en la Isla un clima de incertidumbre que había estado impactando por décadas a todas las clases sociales, aunque obviamente a grados muy diferentes. La mentalidad rentista que resultó de esta situación afectó particularmente a amplios sectores de las clases adineradas, que desincentivaron la toma de riesgos y el emprendimiento.
En 1951, el ya clásico Report on Cuba del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (predecesor del Banco Mundial), señaló que los bancos cubanos tenían un alto grado de liquidez y que las ganancias acumuladas por el capital isleño tenían tendencia a ser exportados o invertidos en bienes raíces o en especulación financiera en la propia Cuba.
Más allá de ese fenómeno, la dependencia de un solo producto o actividad económica alentó una actitud fatalista hacia la diversificación, expresada por el hacendado azucarero José Manuel Casanova en su famosa frase «sin azúcar no hay país». No es de sorprender que esa actitud de parte de secciones importantes de la clase gobernante influyera en la mentalidad popular para reforzar la importancia del azar y la noción de que había que aprovechar al máximo las situaciones favorables en la que la gente se encuentre, aun por razones que ellas mismas quizás no han llegado a comprender. Estas fueron algunas de las manifestaciones principales del rentismo de aquella época.
Es cierto que los primeros años de la revolución fueron testigo de una rebelión contra muchos viejos males, incluyendo el rentismo. Este se pretendió combatir con una reforma agraria que convirtiera a la agricultura en un sector moderno y con justicia social, y con una rápida industrialización basada en los mismos principios. Además, los cambios propuestos para ambos sectores fueron concebidos en el contexto de la creación de un desarrollo económico balanceado para el país sin «tiempo muerto» para los trabajadores rurales o de desempleo masivo para los 50,000 jóvenes que, de acuerdo con los estimados, se unían a la fuerza laboral cada año.
Para finales de los sesenta, sin embargo, y hasta cierto grado facilitada por determinadas ideas y prácticas económicas descabelladas de los gobernantes, así como por la falta de experiencia de la mayoría de los administradores; se impuso la división del trabajo internacional, debido a las presiones poderosas del imperio soviético, que tuvo éxito en convencer al gobierno de Fidel Castro para que Cuba regresara de lleno al reino y culto del azúcar.
Fidel Castro cumplió con su parte del acuerdo, más allá de lo que la URSS hubiera podido esperar, con la desastrosa zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar. Esta no solo fracasó, sino que desarticuló al resto de la economía con el desvío de recursos, como el transporte de materias primas y mercancías, para incorporarlos a la campaña azucarera.
Si bien es cierto que en los años subsiguientes hubo cambios importantes en la industria azucarera, como la mecanización de la recogida de la caña, no hubo asimismo una modernización integral de la industria. Las extensiones de tierra reservadas para el cultivo de la caña fueron maltratadas durante años, incluyendo la etapa inmediatamente anterior a la crisis de los noventa. Como resultado, sufrieron erosión, sobreexplotación, salinidad, acidez alta, drenaje inadecuado y compactación. Las grandes zafras de los ochenta acentuaron dichos problemas.
Las extensiones de tierra reservadas para el cultivo de la caña fueron maltratadas durante años, incluyendo la etapa inmediatamente anterior a la crisis de los noventa. (Foto: Andrey Rudakov / Bloomberg)
El promedio de producción en la primera mitad de la década fue de 7.35 millones de toneladas, mientras en la segunda mitad fue de 7.48 millones. Para ofrecer un ejemplo específico, la zafra de 1988-1989 fue de 8.1 millones de toneladas. Consecuencia de todo esto fue que el 70 por ciento de la tierra arable descendió notablemente en su fertilidad, de acuerdo con la información provista por expertos del Ministerio de Agricultura en noviembre del 2009.
Por tanto, mucho antes de la crisis de los noventa el gobierno cubano había adoptado un tipo de rentismo, quizá porque se acostumbró a recibir y se dieron por sentados los subsidios soviéticos año tras año, que obviamente no contemplaron ni remotamente grandes recortes, y mucho menos su eliminación. Es quizás debido a ese rentismo, que el gobierno hizo esfuerzos insuficientes para diversificar la agricultura durante los relativamente años buenos de los ochenta.
Esto hubiera incluido la producción de energía renovable basada en el bagazo, alcohol, papel, y alimento para animales, aparte por supuesto del etanol, que fue el camino de diversificación de otros gigantes azucareros, como Brasil.
A diferencia de otros estados de tipo soviético, la Cuba fidelista casi nunca tuvo una orientación seriamente desarrollista, y es muy dudoso que actualmente la burocracia política tenga esa inclinación, más allá de la sobrevivencia. Por una parte, esto ha sido positivo pues el país no experimentó una ofensiva sistemática de crecimiento a lo Stalin o a lo Mao Zedong, que ignoraron totalmente el bienestar obrero y popular.
Sin embargo, hay que notar las innumerables campañas del gobierno para extraer mucho más trabajo de obreros y campesinos a través del mal llamado «trabajo voluntario», de la emulación socialista y otras técnicas manipulativas gubernamentales encaminadas a establecer más horas de faena y esfuerzo a la clase obrera y los campesinos cubanos. En gran parte dichas campañas, que aumentaron la tasa de explotación de obreros y campesinos, fueron motivadas no solamente, como argüía el gobierno, por el bloqueo imperialista estadounidense, sino por la sistemática ineficiencia y malgasto de tiempo y recursos de la burocracia política insular.
La gran emigración del 2021 al 2022
En la actualidad, el rentismo gubernamental se expresa en su dependencia y explotación paulatina de las remesas enviadas por el creciente sector de emigrados. Esta política y actitud se reflejan también en la sistemática explotación a que el gobierno somete a los emigrados en lo referido al costo de pasaportes, permisos y licencias de todo tipo. Por ejemplo, los cubanos en el exterior tienen que pagar 225 dólares simplemente para renovar sus pasaportes.
En este contexto vale hacer notar que, desde noviembre de 2021, el gobierno de Nicaragua, muy cercano al de Cuba, permite la libre entrada a los ciudadanos cubanos y se ha convertido en puente indispensable para emprender la costosa y peligrosa travesía a Estados Unidos. Esa liberalidad nicaragüense facilita lo que se ha convertido en una de las olas migratorias más grandes en la historia de Cuba.
En el año fiscal estadounidense —del 1ro. de octubre de 2021 al 30 de septiembre del 2022—, casi 200,000 cubanos ingresaron a los Estados Unidos como asilados o refugiados, lo que supera por mucho los 125,000 emigrados desde el Mariel en la primavera de 1980. Como sucede con las olas migratorias relativamente voluntarias, se marcha la gente más joven y potencialmente más productiva.
Dada la crisis demográfica que Cuba lleva sufriendo por décadas, con una proporción creciente de jubilados y ancianos, la actual oleada migratoria agravará la falta de equilibrio demográfico y, en la misma medida, los problemas económicos. Pero mientras tanto, los 200,000 cubanos que acaban de emigrar enviarán remesas a sus familiares. Sin embargo, algún momento llegará, cuando tantos se han ido, que quedarán muchos menos para esperar, recibir y aún demandar remesas desde Cuba.
¿En qué se invierte en Cuba?
Cuba ahorra e invierte una proporción muy baja del Producto Interno Bruto (PIB), y ciertamente mucho menor de lo necesario para que una economía sostenible crezca y logre mejorar de manera significativa el nivel de vida de la población. Aparte de eso, es notable cómo la distribución de inversiones estatales minimiza las actividades de transformación económica, como agricultura e industria, a favor de la construcción de hoteles, muchos de los cuales serán administrados por empresas extranjeras (sobre todo españolas).
De acuerdo con cifras recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e información (ONEI) del 2021, año en que la pandemia ocasionó los mayores estragos en Cuba, el 35.2 por ciento de las inversiones se realizaron en el área de turismo; 2.9 por ciento en agricultura, ganado y silvicultura; 1.2 por ciento en educación, y 1.7 por ciento en salud pública y asistencia social.
Ese ha sido el patrón usual durante los últimos años. Lo irónico y chocante es que —como apuntara el economista cubano Pedro Monreal—, aunque en los tres anteriores a la pandemia se registró bajas tasas de ocupación hotelera (alrededor del 50 por ciento entre 2016 y 2020), el gobierno cubano mantuvo en crecimiento la inversión turística.
La situación que acabamos de describir nos lleva a varias conclusiones. En primer lugar, la similitud de lo observado por el Report on Cuba a principios de los cincuenta con lo que está ocurriendo ahora en términos de las opciones rentistas seleccionadas por el presente gobierno. En segundo lugar, esas opciones demuestran el gran poder, sin responsabilidad con el pueblo, que han adquirido grupos económicos gubernamentales como GAESA, que administra un enorme emporio económico y juega un papel crítico en la construcción de nuevos hoteles.
Esta institución actúa más para agrandar su poder e influencia que para lograr una mejora notable de la economía cubana. En tercer lugar, y la más importante de las conclusiones, es la manera antidemocrática en que el gobierno toma decisiones que afectarán de manera inmediata el bienestar de la población, especialmente en lo referido a su nutrición, vivienda y otros aspectos claves del nivel de vida.
Aquí podemos apreciar cómo el control democrático desde abajo de las decisiones más importantes, y la protesta pública, constituyen no solamente la verdadera democracia y autodeterminación de la gente, sino una necesidad económica para la clase obrera y el pueblo en general. En lugar de gastar fortunas construyendo hoteles para turistas inexistentes, el gobierno debería ser forzado a mejorar la agricultura, proveer un mejor suministro de energía, y poner en marcha un programa de largo plazo para mejorar la vivienda.
La erosión de la legitimidad del comunismo rentista en Cuba
Existen señales evidentes de que la legitimidad del régimen cubano ha descendido en los últimos años. Hay que tener en cuenta los cambios sustanciales en la composición generacional. Aproximadamente una tercera parte de la población nació desde 1990, cuando el llamado «desmoronamiento» del bloque soviético. Esta generación no ha dejado de atravesar crisis tras crisis.
Sus padres y abuelos también, pero al menos tuvieron la compensación de la movilidad social de las primeras décadas, en especial la población afrodescendiente. Era un orden social muy austero que, sin embargo, garantizaba la satisfacción de las necesidades más básicas.
Al mismo tiempo que ocurre tal cambio demográfico, la generación histórica, poco a poco y por inevitable destino biológico, ha venido desapareciendo. Ese es el caso del mismo Fidel Castro, retirado por motivos de salud en el 2006 y que murió diez años más tarde. Su hermano Raúl Castro, que ya tiene 91 años, lo sustituyo en el poder por un tiempo, y aunque en ocasiones comparece en actos públicos se jubiló de la presidencia de la república en 2018 y del liderazgo del Partido Comunista en 2021.
Otras figuras, como José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés Menéndez, tienen más de noventa años y dejaron de pertenecer al Buró Político del Partido Comunista, aunque el segundo sigue teniendo un alto puesto como vicepresidente del Consejo de Estado. Muchísimos generales de las fuerzas armadas, incluyendo aquellos que combatieron en Angola, Etiopía y otros países africanos, se han jubilado o fallecido.
El actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació después de la victoria de la Revolución, igual que el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Ambos son típicos de la segunda generación de burócratas, que no participaron en la guerra de guerrillas en las montañas o en la aún más peligrosa y difícil lucha urbana contra la dictadura de Batista. Su prestigio y apoyo popular, como el de los otros miembros de su generación, están muy por debajo del de los históricos.
En las explosiones populares que han tenido lugar desde el 2021, miles de cubanos han asociado a Díaz-Canel con una injuria que equivale en Cuba a ser una muy mala persona. Es difícil imaginar a las masas gritando el mismo tipo de insulto a Fidel Castro o aún a Raúl Castro. En resumidas cuentas, ese es el precio que estos dirigentes puramente burocráticos deben pagar al sustituir a los históricos. Por supuesto, mucho más importante es el hecho de que los nuevos líderes no tienen el capital o capacidad política de sus antecesores para mantenerse indefinidamente en el poder.
