Los órganos judiciales

En la experiencia de Cuba, aun cuando muchos políticos y autores reconocen que legislar, ejecutar (en el sentido administrativo) y juzgar, son diferentes funciones atribuidas a representantes y funcionarios públicos, tampoco es falso que los límites fundamentales de esas prerrogativas (el equilibrio entre lo justo o lo injusto, entre lo legal e ilegal), como en toda sociedad de clases, no los diseñan esos parlamentarios, ministros o jueces, sino el grupo humano o clase social, cuya hegemonía política le garantiza el control global de los procesos de toma de decisiones.

Son estos, los verdaderos detentadores del poder público, único e indivisible dentro de los Estados, lo que ocurre tanto dentro de los marcos de sistemas políticos capitalistas (aunque muchos de sus defensores no lo reconozcan), como de los socialistas. Y es lo que hace coherente el art. 10 de nuestro nuevo Proyecto Constitucional que, reconociendo el carácter anti oligárquico de nuestro Estado,  establece: “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado…”

Pero para legitimarnos como “Estado de Derecho” y democrático, tampoco es suficiente prescribir que “La Constitución es la norma suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla…” (art.7), establecer que “Todos los órganos del Estado, directivos, funcionarios y empleados, tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad” (art.8) o preceptuar que “Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, están obligados a respetar y atender al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control…” (art.9). Es necesario, además, en particular en un estado socialista como el nuestro, crear todos los mecanismos e instituciones que faciliten el cumplimiento de esas normativas constitucionales, otorgando, realmente, mayor participación directa al pueblo.

En este sentido, si, como parte de nuestro Estado Socialista de Derecho, no queremos que, verdaderamente, nadie quede al margen de la Ley, lo que tiene un respaldo importante en todas las legislaciones complementarias cubanas (entre las que destacan, particularmente, los Códigos penal y civil y sus respectivas Leyes de procedimiento) y, sobre todo, en su espíritu justiciero en general, es necesario que prestemos mayor atención legislativa, a los órganos judiciales, a todos los niveles del Estado, principalmente, a los jueces y fiscales. Son estos, no por casualidad, los funcionarios jurídicos[1]que, desempeñan los roles más importantes en la impartición de justicia y el control de la legalidad.

Aun cuando en los caps. VI y VII del nuevo Proyecto Constitucional, se destacan, respectivamente, las características, prerrogativas e independencia funcional de los Tribunales de Justicia y de la Fiscalía General de la República (FGR), las dos instituciones escapan, totalmente, al control popular. Es decir, no es que “Las sentencias y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictadas dentro de los límites de su competencia” (art.148) o la misión de la FGR de “velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales”, así como el ejercicio del control de la investigación penal y de la acción penal pública (art. 153), no tengan que ser sus funciones específicas y, al mismo tiempo, tampoco deban ser de obligatorio acatamiento por los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos, sino que si no se establece un contrapeso al papel de las dos más importantes instituciones judiciales de nuestro país, los enunciados de los artículos 7, 8 y 9 constituyen una simple formalidad. Aquí el principio, como en otros órganos del Estado, tiene que ser el mismo: “Nadie puede ser juez de sí mismo”.

Por eso, en un contexto donde defendemos la idea de que “Todas las personas son iguales ante la ley…” (art. 40), no parece coherente que continuemos cometiendo errores, imprecisiones u omisiones conceptuales, vinculados a las instituciones judiciales, que ponen en juego nuestra credibilidad como “Estado de Derecho”, máxime dentro los marcos de un proceso cuyo diseño ha estado abandonando una sociedad de privilegios por la construcción de otra que condena la impunidad.

Entre las posibles carencias del nuevo texto constitucional y de las leyes complementarias de la Constitución vigente, analizadas a lo largo de todos sus contenidos respectivos, destacan dos cuestiones esenciales:

Primero, que cuando se habla de “Órganos del Estado”[2]y, en particular de sus obligaciones, no se asume que, así como los ministerios, sus dependencias e instituciones subordinadas y, en general, los componentes de todo el sistema del poder popular son órganos del Estado, en igual medida los Tribunales de Justicia y las Fiscalías (que desempeñan funciones judiciales, pero igualmente estatales), también lo son y, por tanto, asimismo, tienen que ser objeto de control popular constitucional. Nada los hace infalibles a cometer equivocaciones.

El segundo error, imprecisión u omisión, en muchos sentidos coherente con la limitación anterior, consiste en que la Ley de Procedimiento Penal, solo asigna responsabilidad penal (art. 394) a los jueces profesionales y legos y fiscales de los niveles provinciales y municipales. Además, como, por un lado, las legislaciones cubanas, dan total libertad, sin cuestionamientos, a las decisiones del Tribunal Supremo Popular en menesteres de justicia y, por otro, prácticamente, ningún tribunal, casi como principio, cuestiona lo que la FGR, o sus instancias subordinadas, pueda considerar violaciones o no de la legalidad, lo cierto es que hoy, ningún abogado, mucho menos a petición de un simple ciudadano, se aventura a establecer una demanda contra jueces o fiscales[3], por malos procedimientos o errónea interpretación de la ley.

Desde que finalizaron los juicios contra los representantes de la dictadura de Batista, hay muy pocos casos de enjuiciamientos a Presidentes de Tribunales, de Salas, Jueces profesionales y legos, así como a Fiscales, por violación de la legalidad, algo que, desde luego, también puede ser muestra de la seriedad de nuestras instituciones judiciales. Pero no obviemos que, más allá de las profesiones y las características físicas, éticas y psicológicas de los profesionales cubanos, no existen diferencias sustanciales entre un juez y un fiscal, en relación a un médico o un maestro. Todos se gradúan con 3, 4 o 5 puntos, todos se ubican con más o menos experiencia en posiciones de trabajo que tienen que ver con las personas y, por tanto, todos tienen la posibilidad de acertar en sus decisiones y, al mismo tiempo, equivocarse, con la diferencia de que solo los médicos, como los jueces y fiscales, tienen en sus manos la vida y la libertad de los hombres.

En este sentido, y a manera de ilustración de lo expuesto antes, pueden hacerse públicos, al menos, dos ejemplos recientes, vinculados a decisiones de fiscales y jueces que violan la legalidad y, por consiguiente, la constitucionalidad, y que no ha sido posible llevarlos a tribunales penales, pero esto también requiere un espacio de reflexión particular que tendrá que hacerse más adelante…

[1]El término “jurista” incluye a varios profesionales de la ley: jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores, asesores jurídicos.

[2]Que, en el Glosario del nuevo Proyecto de Constitución, se define como “… todos los órganos, organismos e instituciones que permiten el desempeño de las funciones del Estado”,

[3]Esta última conclusión la derivó el autor de varias experiencias personales como delegado y diputado de la ANPP y de una conversación, el pasado martes 31 de julio del año en curso, en la sede de la Asociación Nacional de Bufetes Colectivos, con su Presidente, Cro. Ariel Mantecón. Según las palabras de este último, corroborando los criterios de otros abogados entrevistados anteriormente, para enjuiciar a jueces y fiscales, las pruebas contra estos tendrían que ser más que suficientes.